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Documento de Trabajo N°2
Actividades productivas en la región de Valparaíso Rediseñar y cerrar brechas ambientales y sociales
Cristian Raggio Carvallo
Patricio Herrera González
https://cidep.uv.cl Agosto 2020
2
Actividades productivas en la región de Valparaíso Rediseñar y cerrar brechas ambientales y sociales
Cristian Raggio Carvallo*
Patricio Herrera González**
*Cristián Raggio Carvallo, Ingeniero Comercial, mención economía, Universidad de Chile. Asistente
de Investigación CIDEP [craggio@fen.uchile.cl]
** Patricio Herrera González, Doctor en Historia. Investigador y director CIDEP. Profesor titular de la
Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso [patricio.herrera@uv.cl]
3
PRESENTACIÓN
“La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo”, es una de las
máximas de Paul Krugman (1994) y de la teoría del crecimiento económico. Qué
duda cabe, a través de la historia económica industrial los países han desplegado
sus mejores estrategias de competitividad, innovación y tecnología para producir
bienes y servicios, permitiendo intercambios comerciales en los últimos 50 años
cada vez más estrechos entre países industrializados, emergentes y pobres.
Chile, luego de la transición postautoritaria, ha tenido un desempeño económico
“exitoso”, potenciando sus ventajas comparativas, desarrollando una
institucionalidad política y económica que garantizó la seguridad de los negocios en
los inversionistas, la banca mundial y el establishment. Sus políticas
macroeconómicas y contracíclicas (Ffrench-Davis, 2018), entre 1990-1998, fueron
un incentivo para organizar las prioridades en el modelo de libre mercado,
incrementar la productividad y cerrar las brechas sociales, con casi un 50% de
pobreza, heredadas de la dictadura.
Treinta años después, Chile ha mejorado sustancialmente sus indicadores en
diversos frentes, que lo han situado por al menos dos décadas como el país en
América Latina con mayor ingreso per cápita, menor pobreza y prolongada
estabilidad política. Pero, en paralelo al menos desde el 2010 las cifras dan cuenta
de la caída en la productividad, menor inversión, el incremento de las ganancias de
capital, la insuficiente innovación tecnológica, la multiplicación de la colusión
empresarial, la consolidación de la precariedad laboral, la persistente desigualdad
social y de ingresos, la agudización de los conflictos ambientales y un Estado
minimalista, configurando un escenario menos alentador dado que la política
económica -sin brújula- y los representantes políticos, de diversas sensibilidades,
han tejido intereses ajenos a las reales necesidades de las comunidades y sus
territorios.
El estallido social primero, la pandemia después, han visibilizado los rasgos del frágil
modelo económico construido. Chile retrocederá muchos de sus indicadores
positivos en un corto tiempo. Por tanto, la recuperación de nuestros registros
4
“exitosos” ya no pueden seguir el recorrido de los últimos 30 años. El
neoextractivismo y el rentismo ya tuvieron un importante ciclo de crecimiento y alta
concentración de riqueza en el 1% de la población, pero actualmente no son la
respuesta para promover eficiencia económica, integración social y sustentabilidad.
Hoy carecemos de una estrategia económica que permita identificar dónde estará
Chile en la próxima década. Pero a juzgar por la evidencia no muy lejos de nuestra
actual posición. Si en el largo plazo la productividad “lo es casi todo”, entonces el
Estado tiene que ser protagonista de las decisiones económicas que hoy descansan
primordialmente en el mercado. Las empresas deben invertir más en I+D+i e
incorporar los avances de la ciencia en sus procesos gerenciales y productivos. Las
instituciones deben garantizar confianza y transparencia. La educación y formación
profesional deben ser un polo de know how de innovación y cambio tecnológico.
La región de Valparaíso representa un importante polo de actividades productivas,
concentradas en territorios que hoy se ven afectados por escasez hídrica,
contaminación ambiental, sobreexplotación de recursos, alteraciones de la
biodiversidad, desigualdad de ingresos, un mercado del trabajo informal en
expansión y deficiente distribución de los servicios públicos. Rediseñar sus
estructuras productivas requiere de una estrategia compartida por todos los agentes
económicos, políticos y socioculturales. Ampliar la participación en la toma de
decisiones es fundamental, para reemplazar un modelo lineal de producción
[extraer, fabricar, usar y residuo/emisión] por uno sustentable [eficiente, resiliente,
ciclo continuo y optimizando el valor]. Es ahora el tiempo de avanzar con un pacto
de productividad en esta dirección, para que en el corto plazo cerremos las brechas
ambientales, territoriales y sociales.
5
1. INTRODUCCIÓN1
La región de Valparaíso, según datos del censo 2017, cuenta con un total de
1.815.902 habitantes (51,5% mujeres), de los cuales un 13,6% pertenece al grupo
de 65 años o más, situándose como la región con mayor porcentaje de adultos
mayores en el país y siguiendo la tendencia nacional hacia el envejecimiento. Por
su parte, la población en edad de trabajar (PET, 15 años o más) alcanza los 1.47
millones, equivalente al 80,9% del total, pero de ellos solo declaran trabajar 795.807
personas, es decir, el 54,1% de la PET. A su vez, datos más actualizados de la
Encuesta Nacional de Empleo muestran que la participación laboral en la región
durante el período 2014-2019 ha fluctuado entre el 57,5 y 59%, siempre al menos 1
punto por debajo del promedio nacional. Lo mismo ocurre con la tasa de desempleo
que sistemáticamente es mayor a la del país y el 2019 fue de 7,7% (relativo al 7%
nacional, ambos indicadores sin contar el último trimestre móvil Nov-Dic-Ene).
Ahora con respecto a la distribución sectorial del empleo y tomando los datos para
el 2018 de la misma encuesta, tenemos que el 10,4% de los ocupados trabajan en
actividades primarias como la agricultura y minería, un 18,4% lo hace en el sector
secundario (manufactura, EGA y construcción) y el resto en servicios. En esta última
partida destacan el comercio, donde se encuentra el 17,8% de los ocupados,
transporte y almacenamiento con 8,2%, y las actividades de alojamiento y servicios
de comida ligadas al turismo, que agrupan el 5% del total.
La región se divide en siete provincias (más los territorios insulares) que presentan
diversas características geográficas, determinantes junto a variables socioculturales
de las principales actividades productivas que impulsa cada zona. El gran
Valparaíso2 concentra una parte importante de los servicios financieros y
empresariales, el turismo, y actividades marítimo portuarias (esta última junto con
el puerto de San Antonio); el valle central posee condiciones inmejorables para el
cultivo agrícola, mientras los sectores más cercanos a la cordillera concentran
1 Quisieramos agradecer los valiosos aportes de Mauricio Espinoza, en la sección de nuevos enfoques para actividades económicas en la región. 2 Área metropolitana compuesta por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, de la provincia de Valparaíso y las comunas de Quilpué y Villa Alemana, de Marga Marga.
6
actividades mineras. Sin embargo, otras zonas de la región han visto proliferar
actividades que no necesariamente se ajustan a las capacidades naturales de los
territorios, y por causa de su escala y métodos de producción han generado severos
daños sobre el medio ambiente, comprometiendo los recursos agua, aire y tierra.
Este es el caso del valle de Petorca, donde la explotación irrestricta del agua
sumado al deterioro de las condiciones biológicas de los suelos producto del uso de
químicos han llevado a una situación de sequía extrema (Fundación Terram, 2018).
Similar, pero con distintos matices ocurre en la zona de Quintero-Puchuncaví, donde
se han levantado complejos industriales que sostienen principalmente actividades
de refinamiento de petróleo y generación de energía en centrales termoeléctricas.
Varios autores han reconocido en la literatura reciente las limitantes del modelo
económico-productivo chileno para asegurar un crecimiento sostenible y equilibrado
con otros ámbitos del bienestar social. Para Canales y Canales-Cerón (2016), los
logros alcanzados gracias a la inserción de productos locales en el comercio
mundial se sustentan en actividades rentistas y primario-exportadoras, que tienen
un bajo potencial de generación de valor agregado ya que la abundante riqueza
natural ha ocultado la necesidad de mejoras en productividad. Estos autores
además postulan que esta forma de organizar la producción está a la base de la
desigualdad social y económica de la población. Asimismo, Svampa y Viale (2014)
concuerdan que este tipo de actividades siguen una lógica extractivista donde
prevalece un patrón de acumulación basado en la sobre explotación de recursos
naturales, consolidándose físicamente en enclaves territoriales que generan
escasos encadenamientos productivos con otras industrias y provocan una fuerte
fragmentación social y regional.
Por cierto el crecimiento soportado en una matriz productiva poco diversificada y
dependiente de la explotación de recursos naturales es altamente vulnerable a las
fluctuaciones de los precios de la materias primas, así como a los cambios
tecnológicos (Calderón y Gajardo, 2019). Estas han sido las principales (sino las
únicas) falencias que ha intentado aplacar la política económica en los últimos años,
sin embargo, también existen y en la actualidad son críticas las limitantes socio-
7
ecológicas derivadas del proceso de producción. Es por esto que consideramos
urgente ampliar la mirada desde los resultados económicos, que como se expondrá
ya muestran limitaciones estructurales, hacia un análisis holístico que le dé igual o
mayor importancia al contexto socioambiental, en vista de su inminente deterioro.
De esta manera, en el presente documento de trabajo estudiaremos cómo la
estructura del modelo económico chileno, reflejado en la actual matriz productiva de
la región de Valparaíso, afecta negativamente el desarrollo integral del territorio y
pasa a ser una estrategia insostenible desde el punto de vista económico, ambiental
y social en el largo plazo. Para lograr este acometido, primero haremos un
diagnóstico del sector productivo de la región de Valparaíso, acompañado de una
breve descripción del modelo económico imperante. Luego pasamos a un análisis
crítico de la economía regional a partir de dos conceptos usualmente tratados en la
teoría económica tradicional como motores del crecimiento: productividad e
innovación. Una vez expuestas las dificultades para renovar y reactivar el aparato
productivo, nos vamos a posicionar en el campo de lo psico-social para argumentar
que la separación entre el ser humano y la naturaleza está en la base de la crisis
ecológica actual, relevando así la necesidad de transformar valores y
comportamientos para promover el surgimiento de nuevas formas de hacer
economía. Finalmente, para no quedarnos solo en la crítica, proponemos en la
última sección nuevas actividades productivas que nos permitan transitar hacia el
desarrollo sostenible de la región.
2. RASGOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
Desde la perspectiva de la producción, el modelo económico instaurado en Chile
durante el régimen militar define una particular forma de asignar los recursos,
apostando por la capacidad del mercado para cumplir esta tarea y proporcionando
libertad para que entes privados se encarguen de invertir en los sectores donde el
país posea ventajas comparativas, o bien donde estimen que exista rentabilidad
suficiente para sus negocios. Bajo este sistema, el Estado pasa a jugar un rol más
bien pasivo respecto de las decisiones concernientes al crecimiento y desarrollo de
las actividades productivas del país. Prueba de esto es la privatización de gran parte
8
de las empresas públicas creadas por la CORFO y la entrega de una serie de
facilidades a empresas extranjeras para apropiarse y explotar nuestros recursos
naturales, a lo que cabe agregar la extensión de la lógica de mercado y el lucro en
los ámbitos de la salud, educación y pensiones. Estas políticas de corte neoliberal
son sustentadas por lo que conocemos como Estado “subsidiario”, cuya función
principal es asegurar un clima macroeconómico estable para la creación de
negocios, mientras que a nivel micro está encargado de regular (con más de alguna
deficiencia) las fallas del mercado: monopolios o mercados incompletos, asimetrías
de información, externalidades negativas, colusiones, entre otras; a la vez que
busca corregir los resultados sociales que genera este último, como la pobreza,
desigualdad o la seguridad social (Saavedra, 2014).
Esta configuración económica se mantuvo e incluso profundizó con la vuelta a la
democracia en el año ´90, estableciéndose las condiciones propicias para
consolidar una estructura productiva ligada por un lado a la extracción de recursos
naturales y su posterior exportación a mercado mundiales, y por el otro al desarrollo
del mercado financiero y el comercio, en desmedro de las actividades secundarias
de la economía, como la industria manufacturera. Al respecto, la matriz productiva
existente en la región de Valparaíso es un fiel reflejo de este modelo, dada su
diversificación y orientación principalmente exportadora, aunque es posible
destacar algunas diferencias en relación a la composición del PIB nacional.
Como vemos en el gráfico 1, Valparaíso muestra una economía bastante
diversificada y similar al perfil del país, sin una actividad específica que se lleve un
alto porcentaje del producto, como sí ocurre en las regiones mineras del norte, o
con los servicios financieros y empresariales en Santiago. En general, lo que más
destaca es el liderazgo del sector secundario (manufactura, EGA y construcción),
que en 2017 aportó el 28,5% del PIB (para el país fue de 21,3%), mientras que el
servicio de transporte también aparece por sobre el promedio nacional debido a la
intensa dinámica exportadora de materias primas y alimentos a través de los
distintos puertos de la región. En efecto, según datos del Servicio Nacional de
Aduanas para 2018, el 16,5% de la carga (toneladas) de exportación salió desde
9
Valparaíso, e ingresó el 45,6% del total nacional. Estos movimientos se reflejan en
las cifras de comercio exterior, ya que en 2018 la región acumuló el 31,9% del total
de exportaciones, equivalente al 8,1% del PIB nacional en el mismo periodo. Las
principales salidas son de cobre y otros productos mineros (más de un tercio del
total regional), seguido por frutas y nueces (21,6%), que a su vez representa el 88%
del total exportado nacional de esta partida, mientras que el 99% de las bebidas
alcohólicas tuvieron salida por Valparaíso3.
Gráfico 1. PIB por actividad económica 2017
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile
Lo que tienen en común las dos actividades que más aportan al PIB regional, dígase
manufactura y transporte, es que sus procesos se alimentan mayoritariamente de
la producción proveniente del sector primario, es decir, de las actividades
silvoagropecuarias y mineras. Hacemos este punto para recalcar el hecho de que
la economía de la región está impulsada fuertemente por dos actividades que no
solo tienen graves efectos sobre el medio ambiente y las comunidades locales, dado
3 Anuario Estadístico 2018, Servicio Nacional de Aduanas.
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
Agropecu
ario-si
lvíco
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esca
Minería
Industria
Manufac
turera
Electr
icidad
, gas,
agua y
gdr
Construcci
ón
Comercio, re
stauran
tes y
hoteles
Transp
orte, in
f. y co
municacio
nes
Servi
cios f
in. y empresar
iales
Servi
cios d
e vivi
enda
Servi
cios p
ersonale
s
Administrac
ión pública
Chile Valparaíso
10
su carácter extractivista, sino que además son lideradas por empresas con un alto
poder de mercado. En el caso de la minería esto pareciera darse de manera natural
ya que el proceso productivo requiere de una gran inversión y desarrollo tecnológico
que difícilmente puede ser alcanzado por una PYME. No obstante, la concentración
de mercado en el agro genera una serie de externalidades negativas, tanto por la
erosión del suelo producto del monocultivo y aplicación indiscriminada de
fertilizantes químicos, como sobre los pequeños agricultores y campesinos, que se
ven incapacitados de competir con los precios que logran las grandes empresas
debido a su escala de producción. Para tener una idea de la distribución de terrenos
agrícolas, el 80,7% de las explotaciones son de un tamaño inferior a 20Ha, pero
solo representan el 4% de la superficie total explotada, mientras que el 7,7% de los
predios dedicados al cultivo son de más de 100Ha y estos abarcan el 89,7% de la
superficie total4.
Finalmente, si bien no es posible identificar el aporte del turismo como actividad
separada del comercio a la economía local, creemos importante relevar algunas
cifras sobre el turismo nacional y extranjero en la región. Los datos más recientes
del SERNATUR5 son para el año 2016 y muestran que a nivel país, Valparaíso
concentra el 13,7% de los establecimientos de alojamiento turístico, el 13,8% de
habitaciones, el 14% de las camas y el 10,5% de los restaurantes. Además, a partir
de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico, se observa que durante el 2018
llegaron 1.576.752 turistas (13,1% del total nacional), los cuales reportaron una
estancia media de 1,87 noches y más de 3 millones de pernoctaciones,
posicionando a la región como un polo turístico consolidado y el con más
movimiento después de Santiago.
3. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA REGIONAL
Al revisar la evolución del PIB regional por actividad económica podemos acotar
que todas han visto un incremento en su producción, destacando el crecimiento que
han tenido las actividades de servicios en general, liderados por el transporte, el
4 ODEPA (2018), en base a información del VII Censo Agropecuario y Forestal 2007. 5 Anuario de Turismo 2016, Servicio Nacional de Turismo.
11
comercio, y los servicios personales, mientras que electricidad, gas y agua (EGA) y
minería parecen haber entrado en un período de estancamiento, al igual que la
manufactura en menor medida. Luego, como el crecimiento económico está
fuertemente determinado por la productividad entendida como el rendimiento de los
factores productivos, nos interesa revisar algunos indicadores que permitan
desentrañar las tendencias de la economía regional en éste ámbito.
Gráfico 2. Evolución del PIB por actividad económica Valparaíso
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile
3.1 Productividad
Existen estudios actualizados sobre el decrecimiento sostenido de la productividad
en diversos sectores de la economía. El informe anual 2018 de la Comisión Nacional
de Productividad (CNP, 2018), que mide la productividad total de factores6 en cada
sector productivo del país, destaca a la minería que lidera este déficit desde el año
6En sus siglas PTF, se refiere a variaciones del producto que no son explicadas por cambios en los factores de producción tradicionales, es decir, capital y trabajo.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Agropecu
ario-si
lvíco
la y p
esca
Minería
Industria
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icidad
, gas,
agua y
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Construcci
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Comercio, re
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e inmobilia
rios
Servi
cios p
ersonale
s
Administrac
ión pública
2009 2013 2017 2018
12
2005 en adelante, lo cual viene explicado en gran parte por una disminución en las
leyes del metal. Otras actividades que aparecen a la baja son la construcción, EGA,
y la industria manufacturera, mientras que solo el transporte y el comercio han
evidenciado una evolución positiva de su productividad en los últimos años. Esta
tendencia también la sustenta el índice de PTF obtenido por el CLAPES7, el cual
muestra cifras negativas desde el 2013, pasando por un breve crecimiento en 2018
para volver a decaer en los primeros dos trimestres de 2019. Los informes
generados por este centro también incluyen una medida de la productividad media
laboral, que indica la cantidad de producción generada por cada trabajador8, y a
diferencia del indicador PTF, reporta cifras positivas al menos a nivel general de la
economía nacional, aunque el crecimiento anual promedio fue solo de 0,94% y
fluctúo entre -1,45 y 3,4% en el periodo 2010-2018. Por otro lado, al separar el
análisis entre las distintas actividades no es posible apreciar tendencias claras de
la productividad laboral, reportando tanto el sector primario como el secundario altas
variaciones en breves períodos de tiempo, sobre todo las actividades más
productivas como son minería y EGA. Por último destaca el comercio y el transporte,
que al igual que en el análisis por factores de la CNP presenta índices más
alentadores.
Bajo esta misma línea, Chile se posiciona como el segundo país con menor
productividad laboral de la OCDE, con un producto por trabajador de USD 47.894,
superando solo a México y lejos del promedio de los países miembros de la
organización, que es de USD 83.7169. A su vez, un reciente estudio del Ministerio
de Economía con datos de la 4ta Encuesta Longitudinal de Empresas estableció
que las empresas grandes de la OCDE son un 40% más productivas que las
empresas grandes en Chile, brecha que se acorta entre las microempresas (menos
7 Informe de Productividad, Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales. Disponible en: https://clapesuc.cl/indicador/indice-de-productividad-clapes-uc/ 8 En la práctica se obtiene del cociente entre el PIB y número de trabajadores en el mismo período. Se cree que esta medida es más apropiada que la PTF por ser más directa y no incorporar información difícil de monitorear, como es el capital instalado. Además es la más utilizada en comparativas internacionales (Cabrera, 2017). 9 Datos oficiales 2018 obtenidos de https://stats.oecd.org/. Cifras consideran paridad de poder adquisitivo.
13
de 5%), pero aumenta en el caso de las pequeñas y medianas (alrededor de 40 y
50%, respectivamente). El documento evidencia además la heterogeneidad en
productividad por tamaño de empresa dentro de cada sector, siendo las grandes en
promedio casi 6 veces más productivas que las microempresas y 2 veces más que
las medianas.
Ahora bien, el análisis de la productividad laboral en la región no dista mucho del
país, observándose un magro crecimiento a nivel general y bastantes fluctuaciones
en cada sector, las que cabe mencionar son propias de este indicador, ya que tanto
la producción como el número de trabajadores varía en función de diferentes
factores como la tecnología, el costo de la mano de obra relativo a un sustituto, así
como efectos internos y externos de la economía (CLAPES, 2019). Esto explica los
grandes saltos de productividad que se aprecia de un año a otro en distintas áreas,
como transporte, EGA y la minería.
Al 2017 las actividades más productivas de la región bajo esta métrica (después de
los servicios financieros y empresariales y los servicios de vivienda e inmobiliarios),
fueron minería y EGA, ambos con un producto medio por trabajador cercano a los
49 millones de pesos, seguidos por la manufactura con 31,3 millones de pesos. Por
otro lado el comercio y el sector silvoagropecuario reportan los menores índices de
productividad, con 4,8 y 7,5 millones respectivamente. Estas diferencias radican
principalmente en la intensidad de participación del capital y el trabajo, ya que
industrias como la de EGA al ser intensivas en el uso de capital para sus procesos,
requieren de un número de trabajadores relativamente menor para producir cierta
cantidad de producto, mientras que la agricultura que es una rama intensiva en
mano de obra naturalmente reportará menores índices de productividad.
14
Gráfico 3. Productividad laboral por sectores, región de Valparaíso
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Centra y el INE
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sector primario (Recursos Naturales)
Agropecuario-silvícola y pesca Minería
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sector secundario (Industria)
Industria manufacturera Electricidad, gas, agua y gdr Construcción
-10,0%-5,0%0,0%5,0%
10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sector terciario (Servicios)
Comercio, restaurantes y hoteles Transporte, inf. y comunicaciones
15
Un reciente estudio de la OCDE (2018), reafirma que el desempeño de la
productividad en Chile está vinculado a una fuerza laboral con déficit en
competencias básicas, la brecha existente en infraestructura (formación y uso de
capital físico) y bajos niveles de inversión en I+D, lo que a su vez se relaciona con
una matriz productiva dependiente de la extracción de recursos naturales con poca
especialización tecnológica y empleo precario. Luego, de no reformar
estructuralmente estos fundamentos del crecimiento económico, la producción
entrará a un periodo de estancamiento, sobre todo en las actividades primarias y
secundarias de la región, donde ya hay indicios de esta tendencia (ver gráfico 2).
Por su parte, French-Davis y Díaz (2019) señalan que si bien la formación bruta de
capital fijo es decisiva para el crecimiento, se requiere de innovación para superar
los obstáculos que genera una productividad decreciente, al tiempo que contribuye
con el desarrollo de productos y procesos que permiten el surgimiento de nuevos
sectores productivos, mientras que para Fuentes y García (2014) un incremento en
la productividad de la empresa se logra a través de la adopción de nuevas
tecnologías innovadoras, que sean capaces de eliminar las ineficiencias del proceso
productivo.
3.2 Innovación
A pesar de la inminente necesidad de fomentar la inversión en I+D el país reporta
el menor gasto en esta materia dentro de la OCDE, alcanzando durante el 2017 el
0,36% del PIB, lo que equivale a cerca de 640 mil millones de pesos, mientras que
el promedio de la organización fue del 2,37% para el mismo periodo. Este monto
prácticamente no ha sufrido variaciones desde que se tiene medida (en 2007 fue de
0,31% y en 2012 también fue de 0,36% del PIB), evidenciando la limitada labor de
la política pública para este fin10.
10 Fuente: OECD Science, Technology and R&D Statistics: Main Science and Technology Indicators. Disponible en: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
16
Gráfico 4. Inversión total en I+D como porcentaje del PIB. Chile y países OCDE, 2017
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la OCDE
Datos de la misma fuente evidencian que la tendencia general de los países
miembros de la OCDE es que las empresas lideren la inversión en I+D, con un
promedio de 68% del monto total, seguido por las instituciones de educación
superior (17,5%) y el Estado junto a instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL)
que acumulan solo el 13,3%. Para Chile en cambio, datos de la Encuesta sobre
Gasto y Personal en I+D con referencia al año 2017 reportan que el 34% de la
inversión es realizada por empresas, mientras que el 45,8% está en manos de la
academia y el 19,9% lo ejecuta el Estado con las IPSFL. Además, al igual como
mencionamos diferencias en productividad por tamaño de empresa, el gasto en I+D
se concentra en un 76% en las grandes empresas, cifra que se ha ido reduciendo
paulatinamente en el último lustro a favor del gasto de micro y pequeñas empresas,
que pasó del 6% el 2012 a ser el 16% del total en 2017. Por último, destacamos el
hecho que Chile es por lejos el país miembro de la OCDE con menor cantidad de
investigadores por trabajador (1 por cada 1.000, a diferencia de los 7,7 promedio
OCDE).
Dentro de este contexto nacional, la región de Valparaíso ejecutó el 8,2% del gasto
total en I+D, es decir, 52.759 millones de pesos. Este monto es el 3ro más alto
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5KO
RIS
RSW
ESW
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PRT
EST
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ESP
GRC
POL
TUR
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SVK
LVA
CHL
17
después de la región Metropolitana y Biobío, sin embargo, al revisar lo gastado por
habitante vemos que con $29 pesos la región se posiciona por debajo del promedio
nacional de $36. Así las cosas, el gasto regional se distribuye en las siguientes
proporciones:
Gráfico 5. Distribución del gasto en I+D, región de Valparaíso
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta sobre Gasto y Personal en I+D
Las cifras nos muestran la limitada acción de las empresas para llevar a cabo
proyectos de innovación, generando un rezago de competitividad al no contar con
las herramientas necesarias para desarrollar nuevos polos productivos ni recibir
transferencia tecnológica con vista a mejorar sus procesos. Al mismo tiempo, vemos
una notable concentración de esta actividad en las universidades y centros de
investigación, relevando la capacidad de estas entidades para desarrollar
soluciones a las problemáticas de los territorios que conforman la región. Se percibe
entonces una desarticulación entre las instituciones de educación superior que
lideran los procesos de investigación y las empresas que necesitan de estos
conocimientos para innovar y así mejorar su productividad. Por lo tanto, debemos
reflexionar sobre cómo hacer para que esta investigación se vincule efectivamente
6,5%
50,9%16,4%
26,3%
Promedio 2013-2015-2017
Estado IES IPSFL Empresas
17,0%
62,9%
5,5%
14,6%
2017
Estado IES IPSFL Empresas
18
con los distintos sectores productivos y comunidades locales, algo que la Estrategia
Regional de Desarrollo (2012) fue muy clara en exponer:
“Si se relaciona este potencial de investigación científica que tiene la región con su
contribución concreta para enfrentar, por ejemplo, los desafíos de mayor
competitividad económica y productividad regional, se observa que existen bajos
niveles de transferencia de investigación y desarrollo desde el mundo universitario
hacia las empresas y hay un escaso desarrollo de la cooperación en I+D. Los
factores anteriores, junto a niveles de gasto en I+D+i situados por debajo del
promedio nacional, entre otros, explicarían el bajo porcentaje de innovaciones
tecnológicas (de producto y de proceso) en el tejido empresarial”.
Dado el carácter de bien público que tiene el conocimiento, es complejo para las
empresas apropiarse de los resultados de su inversión en investigación, lo cual
explica en parte los porcentajes del gráfico 5. Por otro lado, el acceso restringido al
crédito sobre todo para las PYME´s también afecta directamente los procesos de
innovación, mientras que el déficit de capital humano avanzado, muchas veces
adjudicado a las universidades, también es consecuencia de la poca demanda de
profesionales para cumplir este tipo de labores. Todo lo anterior indica que la
innovación debe entenderse como un proceso sistémico que no puede poner la
atención únicamente en el entorno empresarial o las instituciones de investigación,
sino que es necesario abordarlo de manera integral, incorporando el rol del sector
público en ámbitos como la educación, legislación, sistema financiero, entre otros,
y cómo estos elementos interactúan en un ambiente dinámico (Cabrera y Goya,
2012). En este sentido, la Estrategia Regional de Innovación (2015), que busca
apoyar la articulación de actores del Sistema Regional de Innovación, promueve
una visión integral donde la innovación se incorpora no solo en lo netamente
productivo, sino que en la gestión de todos los recursos estratégicos para la
competitividad económica y el desarrollo sostenible del territorio. A partir de esta
definición se busca atacar las debilidades que presenta el sistema de manera
conjunta, atendiendo los ámbitos educativos, institucionales y culturales que se
identifican como frenos para la transferencia y aplicación del conocimiento.
19
4. EL MODELO ECONÓMICO LINEAL Y SUS RESTRICCIONES
Como pudimos evidenciar, la productividad de los sectores primario y secundario se
encuentra estancada y esto tiene relación directa con una baja y poco efectiva
inversión en innovación. En este sentido, se podría postular que la situación puede
ser superada a través de una mejor asignación de los recursos públicos en esta
materia, o bien generando alianzas estratégicas entre el sector privado y la
academia, que en el caso de Valparaíso posee la capacidad instalada pero carece
de vínculos concretos con el entorno empresarial. Ahora bien, sin restarle validez a
esta visión técnica-económica, creemos que el desafío para la economía regional
en el contexto de crisis actual es mucho más complejo y por lo tanto las soluciones
no pueden limitarse a buscar una mayor eficiencia en los procesos productivos, ya
que podríamos estar construyendo sobre un modelo que cada día parece más
insostenible desde la perspectiva socioambiental y que en vista del análisis ya
expuesto también deja entrever deficiencias económicas estructurales.
Si vamos a la base del modelo productivo chileno, orientado principalmente a la
extracción y posterior exportación de materias primas, prevalece un concepto que
se conoce como el paradigma del crecimiento económico. Este relato fue
construyéndose en el mundo occidental desde finales de la década del ´50 y
básicamente postula que para que una nación alcance el status de “país
desarrollado” los esfuerzos deben estar dirigidos al crecimiento, y a través de sus
rentas solucionar problemas como la pobreza o distribución de la riqueza, en
desmedro del enfoque de desarrollo hacia el bienestar humano (Gudynas, 2011).
Así fuimos revalidando una forma de organizar la producción que históricamente se
ha replicado en varios países de Sudamérica, y cuyo eje es la expansión de los
sectores extractivistas tradicionales, como la minería y los combustibles fósiles, pero
también se suman los productos agrícolas y forestales en monocultivo (Burchardt,
2014). A partir de este contexto, Chile ha desarrollado un esquema económico que
depende de las exportaciones de recursos naturales y agro-industria por el lado de
la oferta, y de la inversión privada junto al consumo por el lado de la demanda
agregada (Solimano, 2017). La matriz productiva de Valparaíso responde a esta
20
misma lógica y tiene su motor en las actividades mineras y agropecuarias, las cuales
a su vez impulsan otras actividades secundarias como la generación de energía, el
procesamiento de alimentos, fabricación de papel y productos minerales, y también
terciarias como el transporte o los servicios financieros y empresariales.
El problema o punto de quiebre es que este paradigma carece de un valor ético
acerca del entorno que rodea el proceso de crecimiento y por ende no cuestiona los
mecanismos que se utilizan para lograr ciertos niveles de producción,
presuponiendo la errónea idea de que los recursos naturales son infinitos y se
encuentran a plena disposición para el desarrollo (Espinoza et. al, 2015). Puesto
así, el vínculo humano-naturaleza se torna de carácter unidireccional ya que esta
se coloca al servicio del primero, pero el ser humano no tiene una obligación de
retribuir los servicios que la naturaleza le aporta, generándose una relación que no
profesa reciprocidad alguna. En suma, esta separación jerárquica corresponde a un
dualismo que está a la base de la crisis ecológica actual y de la idea de la
supremacía humana sobre la naturaleza presente en nuestra cultura (Escobar,
2013).
Como vemos, existe una visión antropocéntrica subyacente a la teoría económica
que no permite conciliar los métodos utilizados para la producción de bienes y
servicios con el desarrollo integral de los ecosistemas, poniendo en peligro la vida
de innumerables especies habitantes de la tierra. En la actualidad se suministran
más alimentos, energía y materiales que nunca antes en la historia del ser humano,
pero se hace hipotecando cada vez más la capacidad de la naturaleza para hacer
esas contribuciones, y con frecuencia en detrimento de muchos de los servicios
ecosistémicos (IPBES, 2019). Este último documento, elaborado por un organismo
dependiente de la ONU y ratificado por 104 naciones de todo el mundo, destaca la
urgencia de realizar una reorganización fundamental de todo el sistema, que
abarque los factores tecnológicos, económicos y sociales, incluidos paradigmas,
objetivos y valores, haciendo imperativo la incorporación del valor de la
biodiversidad y funcionamiento de los ciclo biológicos en la toma de nuestras
decisiones económicas.
21
La transformación de la estructura productiva regional toma aún más
preponderancia cuando notamos que esta sigue un modelo lineal basado en tomar
grandes cantidades de recursos naturales y energía de bajo costo para producir
mercancías que luego son desechadas sin mediar un proceso de revalorización. Un
fiel reflejo de esta dinámica es la actividad minera, cual es intensiva en el uso del
agua y consumo energético para extraer un pequeño porcentaje de mineral,
disponiendo grandes cantidades de relaves (residuos) tóxicos. Luego, es
preocupante reconocer por ejemplo, que la demanda de agua en esta actividad
seguirá en crecimiento, como lo demuestra el estudio sobre la proyección del
consumo de agua en la minería del cobre (COCHILCO, 2018), que estima para el
período 2018-2029 un incremento del 56% en el consumo de este recurso
(alcanzando los 25,35 m3/segundo), donde el uso de agua de mar crecerá
notablemente en un 230%. Sin embargo, esta medida supuestamente sustentable
no hace frente al problema de fondo y tampoco estamos considerando las
repercusiones que puede tener la extracción de agua en la biodiversidad marina ni
las consecuencias poco exploradas de producir tal desequilibrio hídrico (Espinoza
et al., 2015). En Valparaíso por su parte, solo se proyecta consumo de agua
continental, con un incremento de 1,2 a 1,4 m3/segundo para el mismo período de
tiempo, lo que no deja de ser contraproducente dada la presión a la que están
sometidas actualmente las cuencas y reservas hídricas.
A lo anterior se suma una matriz energética regional cuya capacidad instalada de
generación depende preferentemente de combustibles fósiles que suman el 89,8%
del total (la solar fotovoltaica alcanza solo el 3,7%), mientras que en el caso de la
generación eléctrica mensual la concentración es aún más severa: el gas natural se
lleva el 56,1 y el carbón el 40,7% del total. Separando la electricidad para el servicio
público y consumo del hogar, la gran mayoría de esta energía va dirigida a
abastecer la minería y la industria de la región. Por otro lado, tanto el transporte
(marítimo y terrestre) como las actividades de refinería y extracción de petróleo y
22
gas natural utilizan altas cantidades de hidrocarburos para sus procesos
productivos11.
El panorama de la agricultura y ganadería no es más alentador considerando la
situación de sequía que azota la región desde hace ya un par de décadas y que
está teniendo consecuencias directas sobre la producción de alimentos. Esta
situación fue prevista anticipadamente por diversos estudios entre los cuales
destaca el del CIREN (2010), que en un minucioso trabajo fueron capaces de
identificar el porcentaje de suelos degradados a nivel regional, provincial y comunal,
donde Valparaíso aparece como la 2da región del país con mayor porcentaje de
suelos erosionados (57% del total) y presentó el mayor índice de riesgo de erosión
potencial severo o muy severo, con un 75,8% de la superficie en riesgo. A pesar de
la inminente necesidad de abordar esta problemática, no se han tomado las
medidas correspondientes para mejorar la fertilidad de los suelos, que son los
grandes receptores del carbono atmosférico y permiten la infiltración de agua para
promover el correcto desarrollo de su ciclo biológico. El relativo éxito de la
agroindustria no está determinado por el uso de nuevas tecnologías ni por una alta
productividad laboral, como se evidenció en la sección anterior, sino más bien recae
en su capacidad para extraer rentas de la tierra a través del monocultivo, con
amplias facultades proporcionadas por el Estado para la explotación desigual de los
recursos hídricos y sin una regulación pertinente que controle prácticas que afectan
gravemente los ecosistemas aledaños, como los cultivos en laderas de cerros y uso
desproporcionado de fertilizantes químicos en la producción.
La presión que genera este modelo productivo sobre recursos vitales para los seres
vivos es también causa de conflictos socioambientales en las comunidades que se
ven afectadas directamente por las faenas extractivas y también con aquellas
ubicadas en lugares estratégicos para la generación de energía que soporta sus
procesos. En la región existen varios conflictos que responden a esta problemática,
siendo los más representativos el de la sequía en Petorca y la zonas de sacrificio
en Quintero-Puchuncaví. Ambos relevaron las inflexiones del neoliberalismo y sus
11 Fuente: Energía Abierta. http://datos.energiaabierta.cl/
23
impactos socioambientales, promoviendo en las comunidades una comprensión de
sus derechos en torno a la recuperación de bienes comunes como el agua y el
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (Bolados, 2016). De
esta manera, se ha ido gestando una conciencia ciudadana que llevó a la
conformación de diversos movimientos sociales críticos del modelo extractivista y
que exigen justicia ambiental en sus territorios, pero hasta la fecha no han tenido la
atención suficiente por parte de organismos del Estado para prevenir el impacto
negativo de estas actividades y menos pensando en darle un nuevo enfoque
productivo a la economía, superando el modelo extractivista y desarrollando nuevos
sectores con base en procesos sustentables, circulares y/o regenerativos.
Todo lo anterior evidencia las dificultades que implica continuar con estas
trayectorias de crecimiento, que si bien han generado riqueza, ha sido a costa de la
devastación de los ecosistemas y el tejido social, marginando de sus beneficios a
grupos mayoritarios de la población y perpetrando la desigualdad (Desiguales,
2017). Queda de manifiesto que el modelo de producción lineal con base en
actividades extractivistas ha llegado a un límite y es necesario desplazar ciertos
paradigmas para centrar nuestros esfuerzos en el desarrollo y ejecución de
actividades productivas que busquen responder a las necesidades reales de los
territorios, sin poner en riesgo la salud de los ecosistemas.
5. REDISEÑAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Antes de entrar en la propuesta de enfoques y actividades productivas que
incorporen sus principios, consideramos apropiado definir una política de desarrollo
que sea pertinente con los desafíos actuales y le entregue sostenibilidad a los
diferentes proyectos, programas y políticas públicas que se ejecuten en la región.
Afortunadamente, ya se ha avanzado en esta etapa del proceso gracias a la
Estrategia Regional de Desarrollo (2012), documento que resulta de un trabajo
participativo entre el sector público y representantes de organizaciones sociales,
culturales, empresariales y académicas del territorio, y que logró establecer un
marco conceptual común para guiar las iniciativas locales en función de los
principios de desarrollo sostenible y desarrollo endógeno.
24
El primer concepto es clave ya que pone el énfasis en el uso racional de los recursos
disponibles para asegurar su renovación en el tiempo y de esta forma no
comprometer las necesidades de las próximas generaciones. Sin embargo, los
resultados económicos y socioambientales discutidos anteriormente dan cuenta que
aún no está internalizado en los procesos del sector productivo. Por su parte, el
desarrollo endógeno no solo considera el uso eficiente de los recursos, sino también
la creación y difusión de las innovaciones en el sistema productivo y a nivel
institucional, la organización flexible de la producción, la generación de economías
de aglomeración (clusters productivos), y las acciones del gobierno local en
materias de política de desarrollo (Quispe y Ayaviri, 2013). De esta manera, aunque
ambas concepciones conversan y se complementan entre sí, la teoría del desarrollo
endógeno nos entrega una marco más amplio e integral sobre el cual trabajar. En
la misma línea, Vásquez Barquero (2007) argumenta que el desarrollo endógeno es
una interpretación que considera el desarrollo humano como la referencia que está
en el centro de los procesos de transformación de la economía y la sociedad, es
decir, que el bienestar social tiene prioridad por sobre los resultados económicos,
relevándose a la vez la importancia de la participación directa de actores locales en
la toma decisiones, a diferencia de los enfoques tradicionales de desarrollo
impulsados por el gobierno central o “desde arriba hacia abajo”.
Tomando como base este marco conceptual y considerando lo expuesto en el
apartado anterior, creemos necesario proponer y desarrollar actividades productivas
con enfoques alternativos en la región, en términos de:
• El grado de explotación e impacto que se genera en los sistemas
naturales
• Administración efectiva de recursos de uso común
• Rol activo de las comunidades en la gestión y desarrollo del territorio
• Innovación social e institucional para su aplicación
Los desafíos llaman a la integración entre actividades productivas y la conservación
de las capacidades naturales que nos proveen de múltiples servicios ecosistémicos,
haciendo posible reorientar la fuerza de trabajo desde la productividad técnica-
25
económica hacia una productividad sistémica-integral, mientras que el surgimiento
y proyección de estas iniciativas está condicionado a la generación de un entorno
cultural, normativo y económico que pueda soportarlas.
5.1 Economía circular
Según Ellen McArthur Foundation, importante referente de las políticas públicas
diseñadas y aplicadas bajo el lineamiento de economía circular en la ONU:
“La economía circular es aquella que es restaurativa y regenerativa a propósito y
que trata de que los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y
valor máximo en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Se
concibe como un ciclo de desarrollo positivo continuo que preserva y mejora el
capital natural, optimiza los rendimientos de los recursos y minimiza los riesgos del
sistema al gestionar reservas finitas y flujos renovables”12.
Este enfoque requiere de desafíos multisectoriales, ya que plantea la necesidad de
innovar para el rediseño de ciclos productivos bajo una perspectiva sistémica,
integrando conceptos de ecología y economía, lo que implica cerrar ciclos
productivos, agregar valor a residuos y eliminar el concepto de “desecho” al
transformarlos en materias primas no convencionales (MPNC). En este escenario
es posible generar encadenamiento productivo, fomentando una industria de
rescate, rediseño y reutilización de componentes para el desarrollo de productos y
servicios a base de MPNC.
El ciclo técnico consiste en la gestión de materias finitas, a través de la recuperación
y restauración de recursos para luego ser integrados en alguna etapa del proceso
productivo o como input para el desarrollo de otros productos. Luego, un caso
representativo donde es aplicable este enfoque es en la actividad minera, la cual
representa más del 8% del PIB regional y donde aproximadamente un 98% del
mineral extraído es descartado como desecho a lo largo del proceso productivo.
Estos residuos, conocidos también como relaves, son acumulados en depósitos que
12 Ellen Macarthur Foundation. Ver documento: “Hacia una economía circular: motivos económicos para una transición acelerada”, en www.ellenmacarthurfoundation.org
26
generan múltiples efectos negativos sobre los ecosistemas aledaños, y el marco
normativo solo establece medidas de rehabilitación de estos espacios en la etapa
de cierre (Ginocchio y León, 2011). No obstante, los relaves contienen elementos
químicos que luego de un proceso de estabilización pueden ser extraídos y servir
como MPNC para manufacturas electrónicas, mientras que el material restante
también puede ser utilizado en obras de construcción. Así es como la revalorización
de estos residuos podría llevar al desarrollo de modelos de negocios orientados al
rescate y extracción de materias que luego estarían disponibles para una insurgente
industria electrónica. Sin embargo, para que esto ocurra la regulación debe ser
mucho más rigurosa (y a esto nos referimos con la necesidad de abordar de manera
integral estos temas), de tal forma que se generen los incentivos para innovar en
técnicas de tratamiento de relaves que mitiguen sus riesgos ambientales y a la vez
permita la obtención de MPNC para otros usos.
El ciclo biológico en cambio comprende los flujos de materias renovables, como por
ejemplo los sistemas de alimentación. La reducción de residuos en la cadena
productiva de la agricultura y la restauración de los nutrientes en el suelo incrementa
el valor de la tierra, respondiendo a la vez al principio de regeneración de este
enfoque. La recolección y tratamiento de residuos orgánicos es tremendamente
beneficioso en términos económicos y ambientales, ya que por un lado representan
un alto porcentaje de los residuos domiciliarios, y por ende existiría un ahorro
monetario si estos no son dispuestos en vertederos o rellenos sanitarios, y a la vez
los productos derivados de su tratamiento, tales como el compost y el humus, son
materias primas valiosas para fertilizar suelos y regenerar terrenos erosionados.
Considerando el potencial de las actividades agrícolas y el nivel de erosión en la
región, además de la crisis hídrica, el desarrollo de una iniciativa de esta índole, ya
sea liderada por el gobierno local o empresas sociales, toma fuerza para cumplir
con numerosos beneficios para la sociedad: creación de empleo, disminución de
desechos que liberan gases tóxicos, ahorro en el gasto público, fomento de la
productividad y recuperación de los suelos.
27
5.2. Economía creativa
Más allá de un enfoque en particular de hacer economía, este concepto se utiliza
para agrupar actividades económicas que representan los ciclos de creación,
producción y distribución de los bienes y servicios que tienen como base
fundamental la creatividad y el capital intelectual (Olmedo-Barchello, 2017). Además
es considerado un factor relevante en el desarrollo de la economía local por su
impacto positivo en la preservación y potenciamiento de los elementos de identidad
recogidos en los centros históricos, tales como el arte, la cultura y el patrimonio, y a
través de ellos hacia el emprendimiento y el comercio local, proporcionando de esta
forma valor añadido a otros sectores económicos (Paya, 2017). Una ciudad creativa
es capaz de atraer turistas, talento y empresas (Evans y Foord, 2008).
La historia, arquitectura y desarrollo urbano de la ciudad de Valparaíso, capital
regional, han resultado en su distinción como patrimonio de la humanidad entregado
por la UNESCO, mientras que en 2019 ingresó a la red de ciudades creativas en la
categoría de ciudad musical. Además, desde su creación en el año 2016, el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene sede en la ciudad,
respondiendo a la gran oferta de actividades culturales y su potencial de integrar
estas iniciativas en industrias creativas. El trabajo articulado entre las instituciones
públicas y actores de los diferentes rubros generadores de los contenidos creativos:
música, literatura, artes, teatro, cine, etc. tienen un impacto sobre otros sectores
que emergen o amplían su radio de acción para cubrir las demandas de esta escena
(publicidad, medios de comunicación, estudios de grabación, escuelas/facultades
de artes y oficios, entre otros). Todo lo anterior junta las condiciones necesarias
para el surgimiento de un cluster productivo que permita la generación y difusión de
conocimiento para el desarrollo de estas actividades, desde el proceso de creación
artística hasta su puesta en valor a través de la gestión y profesionalización de la
escena cultural local.
Ya existen avances de la política pública en este ámbito, los cuales comienzan a
configurarse de manera más formal con el Plan Nacional de Fomento a la Economía
Creativa (CNCA, 2017), una agenda de trabajo cuyo propósito es generar el tejido
28
institucional que logre fomentar la economía creativa en el país. A nivel regional, el
programa “Valparaíso Creativo” busca el desarrollo de las industrias creativas
locales y desde su gobernanza emergió la corporación del mismo nombre, cuyos
miembros provienen del mundo académico, privado, público y también desde la
sociedad civil, entregándole un carácter integral necesario para movilizar el entorno
a partir del cual surgen estas industrias.
A priori lo que se observa es una variedad de actividades con alto potencial de
escalamiento, en particular las relacionadas con la música y el turismo creativo, sin
embargo, es necesario poner énfasis en acciones que contribuyan a disminuir las
brechas de capital humano, por ejemplo actualizando la oferta formativa para
incorporar programas/contenidos relacionados con la gestión cultural, así como
también las restricciones de acceso a financiamiento privado. En suma, a pesar de
que aún hay mucho camino que recorrer, por las capacidades y el potencial artístico
de Valparaíso es posible vislumbrar en la economía creativa una alternativa
concreta de crecimiento económico, en línea con la estrategia de desarrollo
sostenible y endógeno de la región.
5.3 Economía social y solidaria
Si bien existen varias definiciones y experiencias vinculadas con La Economía
Social y Solidaria (ESS), esta se refiere principalmente a las relaciones de
producción y distribución que están organizadas por el principio de solidaridad y no
persiguen el lucro (CLACSO, 2009). Las diferentes iniciativas que surgen bajo este
enfoque comparten elementos comunes como la gestión democrática, equitativa y
participativa en la toma de decisiones de la organización, una orientación hacia las
necesidades humanas pero con sostenibilidad ambiental, y el compromiso con la
comunidad a través de la inclusión, creación de empleo y prestación de servicios
sociales. La ESS es por tanto un modelo alternativo de entender las relaciones
inmersas en el proceso productivo, y sus organizaciones: cooperativas, mutuales,
ONG´s, fundaciones, empresas sociales, pueden estar presentes en todos los
sectores de la economía. Aquí expondremos acerca de dos tipos de organizaciones
29
que creemos juegan un rol central en el desarrollo de este modelo en la región: las
cooperativas y las empresas sociales.
Con respecto a las primeras, destaca el hecho que los mismos asociados que se
encargan de su gestión son los beneficiarios directos, y sus utilidades son re
invertidas en la organización o bien distribuidas de manera equitativa entre sus
miembros, es decir, coexisten al mismo tiempo la autogestión y la
autosustentabilidad en sus procesos. Esta figura legal permite, por ejemplo, la
asociación de vecinos de una comunidad para proveer el servicio de abastecimiento
y distribución de agua potable, energía eléctrica y también para la construcción de
viviendas. Estos tres son casos particulares donde ni el mercado ni el Estado han
sido capaces de asegurar la provisión de estos servicios (o si lo han hecho ha sido
de manera desigual y con efectos sobre el ecosistema), y los ciudadanos pueden
organizarse para dar respuesta a sus necesidades través de la innovación social.
Por otro lado, existen las cooperativas de trabajo que tienen como objetivo la
producción de bienes y servicios para la comunidad. En esta categoría, la
agrupación de pequeños productores agrícolas (que conforman una masa
importante de fuerza laboral en la región) aparece como una buena alternativa para
reducir los costos de producción al compartir la inversión en los activos, mientras
que el trabajo asociativo contribuye a una mayor difusión y transferencia del
conocimiento.
Las empresas sociales, por su parte, funcionan en su orgánica de manera similar a
una empresa tradicional, pero con la diferencia que persiguen fines sociales y no la
maximización de ganancias. Los recursos económicos generados son un medio
para impactar de manera sostenible en las comunidades y por lo tanto, todo
excedente será reinvertido en el propósito de la empresa o directamente en la
comunidad. En función del contexto socioambiental descrito a lo largo de este
documento, el campo de acción para el desarrollo de estas empresas es muy amplio
e incluye actividades dirigidas a la captación de carbono, el restablecimiento de
corredores biológicos, la generación de alimentos de buena calidad, energía
renovable, tratamiento de residuos, entre muchas otras. En general, todas las
30
actividades que hemos sugerido en esta apartado pueden ser abordadas desde este
enfoque y gestionadas por empresas sociales.
Un caso ejemplar de este tipo de organización es la Banca Ética, uno de los pilares
fundamentales de la ESS. Este tipo de instituciones financieras buscan generar
rentabilidad de los depósitos como cualquier banco, pero se rigen bajo otros
principios. El primero es la aplicación de criterios éticos de inversión, es decir, dirigir
el dinero a iniciativas que generen un impacto positivo sobre el bienestar social (y
no en instrumentos especulativos, especialmente vulnerables a las crisis
económicas); el segundo tiene que ver con la transparencia total de los movimientos
realizados, y el tercero es que los trabajadores no reciben bonificación por créditos
entregados, desincentivando el endeudamiento de las personas. Así, la Banca Ética
se alza como un intermediario funcional a los desafíos socioambientales que
enfrenta el país y la región, reforzando las necesidades de financiamiento privado
para iniciativas conscientes. Si bien aún no se encuentra instaurada, desde el 2016
existe una plataforma nacional que se encarga de vincular empresas y proyectos de
esta índole con inversionistas, proyectando su formalización en el sector bancario
para el año 202213.
Con todo, una estrategia de desarrollo sostenible para la región está directamente
relacionada con cada uno de los enfoques que expusimos, ya que estos promueven
el surgimiento de actividades que conllevan efectos positivos sobre la economía
regional, como la diversificación de la matriz productiva, el fomento de la innovación
(social y productiva), y ser fuente de nuevos empleos, al mismo tiempo que se
preservan las identidades culturales y restauran/regeneran los ecosistemas
naturales.
13 Hablamos de Doble Impacto. Ver en: https://www.dobleimpacto.cl/
31
6. CONCLUSIONES Las evidencias -datos, actividades económicas, impactos socioambientales- nos
permiten reafirmar que la región de Valparaíso necesita rediseñar sus actividades
productivas, para garantizar cohesión social e integración territorial.
Como bien sabemos, la economía de la región -y el país- posee una matriz
productiva concentrada en commodities, dependiente de los shock de demanda y
vulnerable a las fluctuaciones de los precios en el mercado financiero internacional,
todos factores externos que se han vuelto aún más volátiles con guerras
comerciales entre las potencias económicas mundiales, y que han tenido efectos -
en el PIB, el tipo de cambio, la balanza comercial, el empleo, la inflación, la inversión
o el gasto público- mayores de los esperados, resultado de una macroeconomía
nacional que en la última década ha sido excesivamente procíclica.
La agroindustria y la minería, actividades que son un motor de la economía regional,
han tenido un impacto ambiental/social acumulativo sobre los territorios y las
comunidades, cuestión que se expresa en 4 hechos observables:
1.Explotación intensiva de recursos naturales no renovables, tales como energías y
metales.
2.Alteración de los ciclos biológicos de múltiples especies y sobreexplotación de las
mismas, impactando fuertemente la biodiversidad regional.
3.Modificación del mundo natural, creando productos inexistentes o transformando
su proporción, como en el caso del CO2, teniendo incidencias sobre la
contaminación, el efecto invernadero y la destrucción de biotopos.
4.Ocupación y alteración de los espacios naturales, con resultados desvastadores
en el suelo fértil, extensión de la desertificación e intensificación de la compactación.
Las actuales limitaciones que se registran en el modelo económico lineal, que hasta
hace poco se defendía como un dogma, son una interpelación para rediseñar las
32
actividades productivas y sus encadenamientos, dada la fuerte carga en la deuda
ambiental, económica y social que han generado el neoextractivismo y el rentismo,
público y privado.
Las fallas del mercado, el Estado subsidiario, la baja inversión en capital físico y
humano, la insuficiente inversión del empresariado en en I+D+i, la decreciente
productividad laboral y gerencial, reglas del juego económico cambiantes,
desconfianza en las instituciones, son algunas de las razones más reiteradas de la
última década para justificar nuestro menor desempeño económico.
Sin embargo, existen todas las condiciones para planificar en la región otra forma
de producir y emprender actividades económicas que consuman menos materia y
energía. El uso de tecnologías que favorecen la sustentabilidad, la rematerialización
de las manufacturas, hacer más con menos, contribuir a una ética sostenible en
materia de producción y consumo, son todas buenas razones para confiar en una
economía solidaria donde se sitúen las comunidades, sus necesidades, sus
relaciones y su entorno en el centro de los encadenamientos productivos.
Estado, gobierno regional/local y empresas debieran coordinar una gobernanza
colaborativa, para que la región de Valparaíso proporcione oportunidades
equivalentes a sus habitantes, tales como: participación de las comunidades en las
decisiones productivas; integración de la mujer en las distintas actividades de la
región; dotar de mejores servicios e infraestructura a los territorios; proteger los
bienes comunes; reformular la educación y formación profesional con identidad
regional; incentivar clústers de I+D+i.
Al finalizar, queremos reafirmar nuestro propósito como CIDEP. Las mejores
políticas públicas necesitan evidencia y opciones de salida, y en este documento de
trabajo se comparten ambas. Ahora el desafío es discutir y ejercer acciones -ojalá
entre múltiples colectivos- concretas para avanzar en un rediseño productivo
innovador a nivel regional.
33
REFERENCIAS Bolados, P. (2016). “Conflictos socio-ambientales/territoriales y el surgimiento de identidades post neoliberales (Valparaíso-Chile)”. Izquierdas, vol. 31, pp. 102- 129.
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Cabrera, F. y Goya, D. (2012). La innovación en Chile, más allá de la ciencia y la tecnología, en Pizarro, C. (editor): “Innovación, algunas dimensiones”, Foro de Altos Estudios Sociales Valparaíso, pp. 9-22, edición especial.
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