Estructura institucional para la gestión de los recursos hídricos en algunos países de la región Andina

Viviana Vargas1 y Angélica Maya2

1Universidad Nacional de Colombia –Sede Palmira y 2Universidad del Valle y

Resumen

Para una adecuada gestión de los recursos hídricos el arreglo institucional es uno de los aspectos fundamentales, el cual está compuesto por el conjunto de reglas e incentivos que genera el marco para la participación y toma decisiones en cada país. Este artículo presenta la estructura institucional y organizativa actual de cuatro países de la región: Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, a la luz del marco de análisis de la gestión integral del recurso hídrico. Incluye la descripción de las principales normas relacionadas con la gestión del agua y la estructura organizativa para la gestión del recurso hídrico. Se presentan las principales debilidades de estos esquemas organizativos y normativos, destacándose la inestabilidad y descoordinación institucional en la región y en algunos casos excesiva y confusa normatividad. Este estudio se desarrollo en el marco del proyecto Basin Focal Project (BFP) el cual hace parte del Challenge Programme on Water and Food. A continuación se describe un primer resumen de los principales aspectos institucionales de cada uno de los países estudiados:

Colombia, es un país que cuenta con una amplia legislación ambiental, siendo una de las más extensas incluso dentro de Latinoamérica. Para la gestión del recurso hídrico se cuenta con diferentes instituciones de orden Nacional, Regional y Municipal. Dentro de esta estructura existe el SINA, Sistema Nacional Ambiental, que tiene como objetivo promover la coordinación institucional y el flujo de información entre instituciones de orden nacional y regional. La responsabilidad ejecutora de la gestión ambiental son las Autoridades Ambientales Competentes (AAC), dentro de las cuales se encuentra el grupo de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Aquí se cuenta con diferentes instrumentos de planificación, ordenamiento territorial y económicos, entre los que se destacan: planes de desarrollo, CONPES, planes de ordenamiento territorial (POT), planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas (POMCHS) e instrumentos de orden económico como las tasas retributivas y licencias ambientales. Sin embargo, gran parte de la normatividad se encuentra focalizada en temas de cobertura de agua potable, sin abordar la gestión integral del recurso hídrico. En la política y gestión del agua no se involucran sectores de alto impacto como el sector agrícola y de energías y minas. Los instrumentos de planificación no están articulados, ni las instituciones encargadas de los procesos de planificación.

Ecuador, el modelo organizacional en Ecuador, establece un sistema descentralizado de gestión ambiental, que involucra varias instituciones, con competencias y dependencias de la gestión ambiental del recurso hídrico. Varios ministerios se organizaron a partir de 2008, en el Ministerio de Coordinación donde se encuentra el Ministerio Ambiental. Se creó la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), como ente principal de gestión del agua, el cual fusiona al

Consejo Nacional Ambiental y al Instituto Nacional de Recursos Hídricos, pero en su creación, no se especifica el mecanismo de coordinación intersectorial y que jerarquía tiene frente a otras instituciones de gestión del agua. A nivel Regional se encuentran los Consejos Provinciales y Municipales, con autonomía propia en la gestión del agua. Así mismo, existen las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CRD) que son entidades de gestión de aspectos relacionados con los recursos hídricos, las cuales están actualmente en proceso de reestructuración. En este país, el sistema institucional para la gestión de los recursos hídricos es muy complejo y presenta una gran inestabilidad por las múltiples reformas al sistema organizacional. Se presenta alta dispersión de la gestión del agua con ambigüedad, duplicidad de funciones y competencias, sin claros mecanismos de coordinación intersectorial o de asignación de responsabilidades.

Perú, el modelo organizacional en la gestión de los recursos hídricos involucra a organizaciones descentralizadas a nivel Nacional, Regional y Local. En el 2008, se crea el Ministerio del Ambiente, que incorpora el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (INRENA). A nivel Ministerial, la gestión del agua se encuentra dentro del Ministerio de Agricultura, al cual se encuentra adscrito la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sin embargo esta gestión está en gran medida enfocada al uso del agua para riego. Aquí las constantes estructuraciones han generado una institucionalidad débil para la gestión del agua. No existe un sistema de políticas que armonice la gestión de los recursos hídricos.

Bolivia, Hasta el año 2008 la estructura institucional para la gestión del ambiente, estaba representado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible(MDS), el cual fue fraccionado en tres ministerios: planificación del desarrollo, desarrollo rural, agropecuario y medio ambiente y el Ministerio del Agua. Este se estructura en tres Viceministerios: cuencas y recursos hídricos, riego y servicios básicos. Aun no se cuenta con mecanismos claros de coordinación con otros ministerios, ni la operación propia de este ministerio. Aquí las Organizaciones No Gubernamenales (ONG) tanto internacionales como nacionales, tienen una alta injerencia sobre las políticas, programas y proyectos de la gestión del agua, generando una alta dependencia de ayuda y cooperación internacional, lo que resta autonomía en la toma de decisiones.

Producto de este análisis se destaca que no es evidente en los países estudiados la importancia estratégica del agua para la seguridad nacional, salvo Bolivia que en el 2009 crea el Ministerio del Agua; la necesidad de una visión de largo plazo sobre la administración del agua; la incorporación efectiva del concepto del manejo integral del agua y la necesidad de crear una nueva cultura sobre la administración del agua, entre otros aspectos, que permitan incorporar la problemática del agua como un tema fundamental dentro de las agendas gubernamentales de cada país. El análisis realizado en este estudio sugiere la necesidad de establecer un sistema integral de instituciones coordinadas y razonablemente estables que gestionen el recurso hídrico y que afronten los principales retos actuales de la región, entre los que se incluyen: crecimiento demográfico, deforestación, degradación de los suelos y el cambio climático.