Fundación Rigoberta Menchú Tum

Condena y repudia la Masacre ocurrida en el Municipio de

San Juan Sacatepéquez, Guatemala

La Fundación Rigoberta Menchú Tum, condena y repudia la masacre ocurrida en laAldea Los Pajoques y Loma Blanca, municipio de San Juan Sacatepéquez,departamento de Guatemala; con la cual se promueve el terror en la comunidad y enla población en general como advertencia contra aquellos que luchan por el derechoa la tierra y a sus territorios.

Esta masacre y otros hechos violentos ocurridos recientemente contra los pueblosindígenas en diferentes partes del país, son indicios de que por la vía violenta sebusca imponer el silencio y la implementación de medidas gubernamentales como elEstado de Prevención, que lo único que busca es amedrentar aún más a lapoblación, dejando en el olvido las legítimas demandas y la búsqueda de solucionespor medio del diálogo, que por más de siete años las comunidades de San JuanSacatepéquez han buscado tanto con el gobierno anterior como con el actual.

Expresamos nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas y las comunidadesque viven con el asedio de la represión de manera sistemática.

La Fundación Rigoberta Menchú Tum exige:

Al Estado y al Gobierno el respeto de la vida de todas las personas de lascomunidades durante el periodo de tiempo del Estado de Prevención, así comoasumir su responsabilidad en buscar la resolución a la conflictividad por la vía deldiálogo franco y transparente.

Al Ministerio Público, una investigación imparcial y científica para realizar lapersecución penal que conduzca a la captura y enjuiciamiento a los criminales deeste horrendo crimen.

Solicitamos al Procurador de los Derechos Humanos realizar una investigación en elmarco de su mandato constitucional que contribuya en el esclarecimiento de estamasacre, así como, el acompañamiento a las comunidades durante el tiempo quedure el Estado de Prevención, con la finalidad de evitar abusos y violaciones a losderechos humanos de parte de las fuerzas de seguridad del Estado y sancionar a lasinstituciones que por negligencia no hayan actuado con prontitud cuando lasautoridades comunitarias lo requirieron.

Guatemala, 23 de septiembre de 2014.