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noviembre - diciembre 2012

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UNASUR:

Una estrategia regional para la gestión soberana de los recursos naturales

Monica Bruckmann

América Latina, y particularmente América del Sur, vive importantes procesos de integra-ción regional que buscan promover una inte-gración y unidad de largo plazo y de carácter multidimensional: económico, político, cul-tural, educacional, de infraestructura, etc. En este contexto, se retoma el debate sobre el desarrollo como proyecto regional. Temas claves como soberanía, recursos naturales e hidro-energéticos, preservación de la biodi-versidad y los recursos bio-genéticos, la Ama-zonía como área de preservación y de disputa, se colocan en el centro del debate político.

La lucha por la soberanía de los recursos natu-rales y el surgimiento de una nueva concien-cia ecológica se han convertido en elementos profundamente movilizadores y dinamiza-dores de los procesos sociales y políticos en nuestro continente. El surgimiento de nuevas visiones teóricas y nuevas prácticas políticas producen también una nueva concepción de la integración regional, encarándola como un proceso más profundo, que coloca como elemento central el principio de la soberanía como el derecho de los Estados y los pueblos a la gestión de sus territorios y de los recursos naturales que estos abrigan.

En el ámbito económico se busca ir más allá de la visión comercial como eje central de la integración para proponer políticas comu-nes de desarrollo regional y de intervención económica internacional. El caso de la Or-ganización de Países Exportadores de Petróleo -OPEP-, que inició un proceso de rearticula-ción y recuperación de su influencia a nivel

global a partir del liderazgo político venezo-lano, es un buen ejemplo en esta dirección. De esta manera se configura una agenda que exige cambios teóricos muy profundos y la elaboración de una visión estratégica regional para viabilizarse.

Una estrategia suramericana para la gestión soberana de sus recursos naturales

El 30 de noviembre pasado, la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de UNASUR aprobó lo que puede ser una de las medidas más tras-cendentes de los últimos tiempos en nuestra región: la elaboración de una estrategia regio-nal orientada al pleno aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo integral de América del Sur.

Los datos muestran que América del Sur posee importantes reservas de recursos naturales considerados estratégicos: minerales fósiles (representa la segunda mayor reserva de pe-tróleo a nivel mundial); minerales no fósiles (posee 96% de las reservas mundiales de litio, 98% de niobio, 44% de cobre, etc.); importan-tes fuentes de agua dulce (aproximadamente 30% de las reservas mundiales); gran concen-tración de diversidad biológica, ecosistemas y bosques, así como todas las fuentes primarias de energía. Una estrategia para el aprove-chamiento de los recursos naturales para el desarrollo pleno de la región significa la apro-piación de la gestión económica, científica, social y ambiental de los mismos.

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a. La gestión económica: La creciente deman-da de la economía mundial en relación a recursos naturales cuyas principales reser-vas están en América del Sur indica que la región posee condiciones de mejorar enormemente los términos de intercambio y negociación de las materias primas que produce y al mismo tiempo desarrollar polí-ticas de industrialización de las mismas. La región tiene la oportunidad histórica de de-jar de ser exportadora de materias primas de bajo o ningún valor agregado y avanzar hacia el desarrollo de políticas regionales de industrialización que busquen aprove-char las complementariedades económicas existentes para atender las demandas del mercado interno, promover el comercio intrarregional y agregar valor a las expor-taciones extra regionales. Esto significa desarrollar matrices industriales de gran envergadura que necesitarán de instru-mentos capaces de viabilizarlas, como el Banco del Sur que garantice la base finan-ciera; la elaboración de una tabla regional de insumo-producto como instrumento de planificación y gestión; la creación de una infraestructura vial y de comunicaciones para integrar los centros de extracción, producción, industrialización y consumo; el desarrollo de proyectos energéticos articu-lados a los proyectos industriales; etc. La gestión económica soberana de los recur-sos naturales significa colocar como prio-ridad el desarrollo regional, aprovechando las reservas y excedentes financieros para agregar valor a las materias primas que la región produce y atender la expansión del mercado interno suramericano. Significa también identificar matrices industriales a partir de la posición estratégica que la re-gión tiene en relación a reservas importan-tes de un conjunto de recursos naturales fundamentales para la economía mundial y sus ciclos de innovación tecnológica.

b. La gestión científica: Como consecuencia de lo anterior y como sustento de cualquier política industrial es indispensable que la región avance hacia una política de apro-piación de la gestión científica de sus re-

cursos naturales, que significa no solo la capacidad de establecer alianzas estratégi-cas que permitan transferencia tecnológica sino también desarrollar investigación cien-tífica de punta e innovación tecnológica en sectores considerados estratégicos. Al mis-mo tiempo, es necesario elaborar instru-mentos teórico-metodológicos capaces de estudiar los ciclos de innovación tecnológi-ca de la economía mundial a partir del uso intensivo de recursos minerales fósiles y no fósiles, que permitan un análisis prospec-tivo, indispensable como instrumento de planificación y de gestión de estos recur-sos, con el objetivo de establecer políticas y tasas de extracción y explotación de los mismos, diseñar políticas regionales de in-dustrialización, etc.

c. La gestión social: Gran parte de los con-flictos sociales y medioambientales en la región están relacionados a la actividad extractiva y la minería. Según datos de la CEPAL1, el 35% de los conflictos en América Latina y el Caribe durante los últimos cin-co años están relacionados a la minería de oro, 23% a la minería de cobre y 15% a la de plata. Se hace indispensable una política regional para disminuir drásticamente las tensiones sociales generadas por una acti-vidad extractiva irracional que, además del impacto devastador al medio ambiente, tiene la capacidad de expulsar poblaciones locales de los territorios donde éstas viven, que son los mismos que detentan reservas importantes de recursos naturales estra-tégicos. Estas poblaciones, en su mayoría indígenas y campesinas son, además, priva-das de los medios de subsistencia económi-ca. Es necesario crear, poner en práctica y perfeccionar mecanismos de consulta a las poblaciones locales en relación a la gestión de los recursos naturales localizados en sus territorios.

d. La gestión ambiental: Es necesario dismi-nuir, al nivel mínimo posible, el impacto

1 BARCENA, Alicia. Gobernanza de los recursos naturales en América Latina y El Caribe. 2012.


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ambiental causado por la minería y la acti-vidad extractiva, así como crear mecanis-mos de compensación y recuperación del impacto ambiental acumulado. Si bien es cierto toda intervención en la naturaleza produce, inevitablemente, un impacto am-biental, está claro que una gestión adecua-da, basada en una visión de preservación del medio ambiente, respeto a las pobla-ciones locales y en el desarrollo de nuevas tecnologías, permite disminuir considera-blemente el impacto mediambiental y so-cial de la actividad minera.

El documento que sustenta la necesidad de una estrategia regional para el aprovecha-miento de los recursos naturales, elaborada por la Secretaría General de UNASUR y pre-sentada a la VI Cumbre de jefas y Jefes de Estado de la Unión, coloca la necesidad de de-sarrollar una visión común de las fortalezas y objetivos, una estrategia y un plan coherente para materializarlos, que permitan a la región aprovechar las potencialidades que represen-tan las enormes reservas de recursos naturales y humanos alojados en América del Sur. El do-cumento hace un llamado a identificar puntos comunes, independientemente de regímenes y políticas nacionales de los países de la UNA-SUR, para desarrollar una estrategia regional que tenga en cuenta los siguientes elementos:

1. La región tiene condiciones reales de ob-tener enormes beneficios a través de una política común basada en el cumplimiento del principio ya establecido por las Nacio-nes Unidas en 1962 (Resolución 1803) sobre la propiedad soberana y permanente de los Estados sobre sus recursos naturales.

2. Es indispensable desarrollar políticas regio-nales de industrialización de los recursos naturales, mediante la creación de empre-sas regionales orientadas a agregar valor a las materias primas y superar el llamado “extractivismo”. Esto permitirá la crea-ción de fuentes de trabajo estable y de calidad, como medio eficaz para combatir la miseria y la pobreza y promover el desa-rrollo social de toda la región.

3. Emprender políticas comunes para el desa-rrollo de ciencia e innovación tecnológica como medio eficaz para minimizar el im-pacto ambiental de la actividad extractiva así como para elevar la productividad en las distintas actividades de transformación e industrialización de los recursos natura-les. Promover la creación de grandes cen-tros de investigación e innovación cientí-fica y tecnológica que den respuesta a los desafíos planteados por un proyecto de esta magnitud.

4. Diseñar un conjunto de medios y acciones que permitan minimizar el impacto am-biental y social de las actividades extrac-tivas, de transformación y transporte así como garantizar el mejor aprovechamiento económico y social, para superar la pobre-za y la miseria, garantizar la estabilidad política y mantener la paz existente en la región.

5. Diseñar una nueva arquitectura financiera regional para atender las demandas de los proyectos extractivos, industriales y tec-nológicos, priorizando la materialización del Banco del Sur como instrumento funda-mental.

6. Formar recursos humanos para la materia-lización de la estrategia propuesta.

7. Aprovechar las potencialidades del mer-cado interno regional a partir de cuatro principios elementales: complementación económica, cooperación, solidaridad y res-peto a la soberanía de los Estados miem-bros. Desarrollar el comercio compensado como uno de los medios para superar las asimetrías existentes entre los países de la región.

Si América del Sur consigue avanzar en la ela-boración y materialización de una estrategia conjunta para la gestión soberana de sus re-cursos naturales orientada al pleno desarrollo de sus pueblos, sin duda estaremos frente a uno de los hechos históricos más importantes de la región a lo largo de los últimos siglos.

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Recursos naturales y desarrollo científico

El sistema mundial basado en la división inter-nacional del trabajo entre las zonas industria-les y manufactureras y los países productores de materias primas, minerales estratégicos y productos agrícolas, consolidó el poder hege-mónico de los países centrales y su dominio en relación a las zonas periféricas o dependien-tes y los espacios económicos que ocuparon una posición de semi-periferia. Así, la elabo-ración industrial de las materias primas que exportaban los países periféricos tendió a ser la menor posible, consolidando y ampliando la dependencia económica, pero también la dependencia científica y tecnológica de estas regiones2.

El proceso de “destrucción creadora” al que se refería Joseph Schumpeter3, entendido como la capacidad intrínseca del capitalismo para crear nuevas estructuras tecnológicas y económicas destruyendo las antiguas, al mis-mo tiempo que produjo avances científicos y tecnológicos sin precedentes en la historia de la humanidad, produjo también amenazas sin precedentes de destruir el propio planeta y la civilización humana. La gran capacidad crea-dora del capitalismo encuentra sus límites en la amenaza de su propia destrucción.

Esto lleva a una necesidad vital de redefini-ción de la relación hombre-naturaleza, que se expresa en una nueva visión del mundo y del uso y gestión de sus recursos naturales, al mis-mo tiempo que recupera una visión humanista que coloca como principal objetivo económico y social el pleno desarrollo del ser humano. El movimiento indígena latinoamericano se ha constituido en una de las fuerzas sociales más activas y movilizadoras en la lucha por la preservación del medio ambiente, el uso

2 SANTOS, Theotonio dos. A politização da na-tureza e o imperativo tecnológico. GREMIMT, Serie 1, N° 7, 2002, 7 p.

3 SCHUMPETER. Joseph. Socialismo, capitalismo y democracia (traducido por Ruy Jungmann). Río de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961, 488 p.

sustentable de los recursos naturales y la de-fensa de la “madre tierra” o “pacha mama”4. Desde la cosmovisión y la praxis indígena, la preservación del medio ambiente corresponde a una postura civilizatoria, que se expresa en una visión del mundo y una forma particular de vivir en él. Esta cosmovisión coloca, como principio fundamental, el cuidado y la conser-vación de la tierra, del espacio donde, como ellos dicen, “nuestros hijos crecen y pueden ser felices”. Desde esta perspectiva, defen-der la preservación del medio ambiente y la naturaleza significa defender el derecho a la felicidad y a la propia vida.

Las constituciones plurinacionales en América del Sur representan los casos más avanzados de redefinición del papel de la naturaleza y de los recursos naturales en el desarrollo social y económico de los países que asumieron este modelo constitucional y que se expresan en una refundación del Estado. Estas plantean un nuevo marco legal que coloca a la naturaleza como sujeto de derechos y crea condiciones para construir mecanismos de gestión social de los recursos naturales, lo que seguramente permitirá también disminuir enormemente la tensión creada por las prácticas de violencia y expulsión de las poblaciones locales, gene-ralmente indígenas, de los territorios produc-tores de recursos naturales. Estos conflictos adquieren una dimensión cada vez más violen-ta, en un proceso donde la disputa por los re-cursos naturales se apoya cada vez más en una política de militarización de los territorios.

El significado del “buen vivir” trasciende la visión económica de la tierra como medio de producción, para colocarla en el lugar del es-pacio territorial donde la vida ocurre, donde se entrelazan la memoria colectiva de los pue-blos y la historia de las civilizaciones origina-rias cuyo largo proceso todavía continúa mar-cando la vida cotidiana de las comunidades indígenas y campesinas de América Latina.

Un análisis teórico de los ciclos de innovación tecnológica en relación a los ciclos económi-

4 Significaenquechua“madretierra”.


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cos, orientado a desarrollar una comprensión más profunda de la dinámica científico-tecno-lógica en el capitalismo contemporáneo, nos ofrece claves importantes para entender la real dimensión de los recursos naturales y la gestión de la naturaleza en este proceso. De esta manera, los recursos naturales dejan de presentarse bajo la forma única de commodi-ties en el análisis económico, para asumir un papel mucho más amplio.

La expansión de las multinacionales, transna-cionales y empresas globales conducen a des-equilibrios crecientes que desarticulan la eco-nomía mundial. El mismo capitalismo que es capaz de producir fuerzas colosales de crea-ción e innovación, necesita destruir dramáti-camente aquello que produce y la propia base natural en que produce para garantizar el pro-ceso de acumulación. Esta cuestión nos coloca frente a otro dilema, la necesidad de pensar los ciclos de innovación científico-tecnológi-ca y los ciclos económicos en relación al uso, transformación, apropiación y consumo de los recursos naturales. La forma en que esta re-lación se encamine, representa una cuestión estratégica para la civilización humana plane-taria y para las naciones que la conforman.

Ciertamente, se trata de una confrontación entre dos modelos de desarrollo, uno basado en la planificación y uso sustentable de los re-cursos naturales orientado a atender las nece-sidades de la mayoría de los actores sociales y el otro basado en la explotación y expropia-ción violenta y militarizada de estos recursos y de las fuerzas sociales y los pueblos que los detentan.

La financierización de los recursos naturales

El análisis económico y político de los recur-sos naturales nos conduce, inevitablemente, a una cuestión central del capitalismo con-temporáneo: la sustentabilidad del medio am-biente, de la naturaleza y, a fin de cuentas, la viabilidad del planeta. La ecología económica crítica viene llamando la atención enfática-

mente sobre el carácter insostenible del modo de producción y de consumo actual.

La “capitalización de la naturaleza” no sólo expresa su mercantilización, sino que crea un nuevo campo de acumulación y de valoriza-ción que se nutre de la destrucción acelerada de los recursos naturales que, a través de un cierto “derecho a contaminar”, provocan da-ños irreversibles a la biósfera. Ya la teoría neoclásica sustentaba la transformación de la naturaleza en “capital natural”, a través de la creación de derechos de propiedad privada que ofrece a sus tenedores garantía de una renta combinada con una plusvalía en capital5.

Durante las últimas décadas, las materias pri-mas y recursos alimenticios –llamados commo-dities– se han convertido en un tipo de activos financieros. Este proceso de conversión está compuesto de tres elementos: 1. Los mer-cados de las commodities se convirtieron en una esfera de inversión para el sector finan-ciero en búsqueda de lucros elevados después de la desaparición de la burbuja de internet, atraídos por la promesa de lucros elevados y rápidos así como por la diversificación de las carteras. Para las instituciones financieras no bancarias, las commodities cumplieron un rol similar al del sector inmobiliario para los bancos; 2. La integración de los mercados de commodities, como componente de los mer-cados financieros, facilitada por la creación de vehículos de inversión destinados a la es-peculación, como los llamados “mercados fu-turos”. Éstos reforzaron el pasaje entre los mercados de commodities y los mercados bur-sátiles; 3. La fuerte atracción ejercida por los mercados de commodities sobre los inversores financieros estuvo estimulada por la desregu-lación de este sector.

En relación a la gestión económica de los commodities, Serfati define tres categorías de actores económicos: los arbitrageurs y

5 SERFATI, Claude. La mundialización bajo la do-minacióndelafinanza:unatrayectoriainsostenible.En: CORREA, Eugenia et Ali. Capitalismo: ¿Recupera-ción?, ¿descomposición?. Porrúa: México, 2010, p.25 -58.

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hedgers, directamente interesados en la ad-quisición o la venta de productos físicos; los especuladores “tradicionales” que toman, por lo general, una posición de riesgo que los arbitrageurs rechazan; y los “especuladores de índice” (fondos de pensión, fondos especu-lativos, compañías de seguros, bancos, etc.) que no tienen ningún interés por el producto físico, sino exclusivamente por los beneficios potenciales. Razón por la cual estos últimos adoptan, generalmente, posición de compra-dor y especulan sobre un alza en curso, ali-mentando de esta manera un alza permanen-te. La participación de estos “especuladores de índice” en el mercado de futuros no ha de-jado de crecer: pasó de 7% en 1998 a 40% en 2008. Mientras que en el mismo periodo, los arbitrageurs pasaron de 79% a 34% y los “espe-culadores tradicionales” pasaron de 14% para 26%. Es decir, 66% del mercado de futuros de commodities está en manos de especuladores tradicionales y financieros. El autor sostiene que la lógica especulativa que se impuso en el mercado de commodities fue responsable del aumento de los precios de los bienes de alimentos y de materias primas que se produjo entre 2005 y julio de 2008.

Pensamiento estratégico e integración regional

La disputa global por los recursos naturales y su gestión económica y científica, abre un amplio campo de intereses en conflicto en la región evidenciando, por lo menos, dos pro-yectos en choque: la afirmación de la sobe-ranía como base para el desarrollo nacional e integración regional y la reorganización de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el continente, que encuentra en los trata-dos bilaterales de libre comercio uno de sus principales instrumentos para debilitar el pri-mero.

Este proceso no puede ser entendido fuera de un contexto de redefinición de las estructuras de poder hegemónico mundial. La emergen-

cia de nuevas potencias indica la constitución de un mundo multipolar, que coloca nuevos desafíos, haciendo evidente la necesidad de superar la visión eurocéntrica y su modelo de civilización para avanzar hacia la constitución de una civilización planetaria.

El proyecto de reorganización de la hege-monía estadounidense en América Latina es parte de un proceso complejo de dominación que asume múltiples dimensiones y que busca garantizar sus “intereses vitales” colocando el acceso, la apropiación y la gestión de los recursos naturales como cuestiones de segu-ridad nacional. Este proyecto de reorganiza-ción hegemónica está sustentado en un pen-samiento estratégico que se manifiesta en los diferentes niveles de gobierno y del Estado y que orienta la política externa de Estados Uni-dos y las acciones de sus agencias nacionales en todos los niveles. Se trata, por lo tanto, de una estrategia de dominación multidimen-sional que tiene desdoblamientos económicos, políticos y militares.

Sin el desarrollo de un pensamiento estratégi-co que se afirme en el principio de la sobera-nía y en una visión de futuro de largo plazo, los países latinoamericanos tienen menos con-diciones de hacer frente a las enormes presio-nes generadas por esta situación de disputa, donde está en juego, en última instancia, la capacidad de re-organización de proyectos hegemónicos y la emergencia de proyectos contra-hegemónicos. Es claro que este con-flicto de intereses tiene como telón de fondo visiones societarias y proyectos civilizatorios en choque.

Monica Bruckmann es Socióloga, Doctora en ciencia política, profesora del Departamento

de Ciencia Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ-Brasil) e

investigadora de la Cátedra y Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre

Economía Global y Desarrollo Sustentable - REGGEN. Es coeditora de esta entrega No. 480-481 de América Latina en Movimiento.


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Entrevista a Alí Rodríguez Araque

UNASUR: Garantía de equilibrio mundial

Monica Bruckmann, Osvaldo León

La Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) nace en mayo de 2008, al calor de la oleada de cambios que se registran en la región ante la pérdida de hegemonía de la retórica neo-liberal y el entendimiento de que rescatar la perspectiva integracionista es una condición ineludible para gravitar realmente en un mun-do globalizado, con posiciones, metas y senti-dos comunes.

Hoy, la Secretaría General de este organismo está a cargo de Alí Rodríguez Araque, abogado y diplomático venezolano, quien entre otras dignidades ha ocupado los cargos de ministro de Economía y Finanzas, Relaciones Exterio-res, y Energías y Minas, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Pe-tróleo (OPEP), y presidente de Petróleos de Venezuela.

Para tomarle el pulso a este proceso de UNA-SUR, días antes a su VI Cumbre que tuvo lugar en Lima, Perú, el 30 de noviembre de 2012, presentamos al Secretario General de este organismo una pauta de interrogantes, cuyas respuestas siguen a continuación.

- Osvaldo León (OL) - Mirando la crisis en la Zona Euro, ¿cuáles son las lecciones princi-pales que podemos sacar de cara a los pro-cesos de integración de nuestra región?

Recordemos que la “Zona Euro” es una expre-sión de la Unión Europea y que ésta tiene su origen en el Tratado del Acero y el Carbón (dos recursos naturales) suscrito entre Alemania y Francia.

Luego de un proceso suficientemente conoci-

do, se llega a tal grado de integración que se establecen distintas instituciones que adquie-ren rango supranacional. Pero el hecho más relevante es el poder abrumador que alcanzó –y mantiene- el capital financiero que, literal-mente, se convierte en el factor organizador de toda la economía de esa región. Ya sabemos cómo ese poderoso sector se inclinó cada vez más por la actividad especulativa, más que por la actividad de intermediación que debería ser su razón de ser. Obviamente, este fenómeno tiene que ver con los trastornos que viene con-frontando el sector real de la economía en el actual sistema económico mundial, particular-mente en los países más desarrollados.

En nuestro caso, cuando hablamos de proce-sos de integración, tenemos un largo camino lleno de posibilidades como pocas regiones en el mundo. La primera es el impresionante acervo de recursos naturales que comprenden desde todas las fuentes primarias de energía que abundan en la región, pasando por prácti-camente todos los minerales en gran parte in-dispensables en las industrias modernas, agua dulce en abundancia, bosques con la Amazonía como el pulmón vegetal más grande del mun-do, hasta la abundancia de tierras para produ-cir alimentos suficientes, ya no solo para ali-mentar los más de trescientos millones de seres que habitan esta región, sino muchos millones más en el mundo.

Si en Europa todo comenzó con dos recursos naturales, aquí contamos con eso y mucho, mucho más. De manera que la posibilidad cierta de coincidir en políticas comunes que aborden cómo obtener el mejor provecho con el menor impacto ambiental posible, ya no

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solo en la actividad extractiva, sino en la de transformación y transporte, representa de entrada, un poderoso factor para estimular la intermediación dirigida a la reproducción de los recursos invertidos en la economía real y no deslizarnos hacia la especulación que ex-plota la codicia de multiplicar riqueza sin es-fuerzo productivo. La lección más dramática se expone todos los días en las pantallas de te-levisión: los grandes especuladores, causantes de la actual crisis, reciben miles de millones de dólares o de euros para evitar su colapso y, con ellos, de todo el sistema. Pero ¿quiénes pagan la cuenta? Pregúntele a un griego o a un español. Pagan los trabajadores y un denso sector de la clase media que se han visto en condición de pobreza de la noche a la mañana.

- Monica Bruckmann (MB) - En la última dé-cada China se ha convertido en el primer aliado comercial de casi todos los países de la región. Sin embargo, los datos mues-tran que la composición de exportaciones de América Latina hacia China se ha in-tensificado en materias primas sin valor agregado ¿Cuáles son los desafíos que se presentan para América del Sur en relación a China?

Que en el intercambio con China predominen las exportaciones de materias primas de Amé-rica Latina, es parte de una de las muchas pa-radojas en que nos movemos: si analizamos el intercambio intrarregional, veremos que los productos manufacturados predominan sobre las materias primas. Pero, en el comercio extra-regional, ocurre lo contrario. Y no solo con China. La conclusión es muy sencilla: re-querimos de una estrategia y un plan que tie-nen como corazón que lleve oxígeno a todas nuestras actividades económicas, multiplicán-dolas. Ese corazón está representado por lo ya expresado, una política común sobre nuestras gigantescas reservas de recursos naturales y su transformación con las implicaciones que esto tiene en tecnología, finanzas, empleo de cali-dad y estable, etc.

Para mejor ilustración, miremos el ejemplo histórico de la OPEP, basado en el ejercicio de

la propiedad soberana sobre un recurso natu-ral, el petróleo.

- OL - ¿Se contempla una negociación como bloque frente a ese país?

El planteamiento que se discute en la UNA-SUR, es algo de lógica elemental: mejor nego-ciar unidos que separados. Pero no olvidemos que la integración es un proceso y no un acto de magia, aunque no deja de tener un algo de ésta. En ese proceso se resolverá el enor-me desbalance entre grandes corporaciones mundiales que tienen una sola estrategia y un mando único en relación con nuestros países que actúan por separado y sin una política co-mún. Resuelto esto, se habrá dado un paso de grandes proporciones al poner en juego una fuerza que aún no ha despertado del todo, la fuerza de la unión y de los enormes recursos sobre los cuales ésta puede materializarse.

- MB - Las mayores reservas de recursos na-turales estratégicos se encuentran en el sur del Planeta. Al mismo tiempo, casi todas las guerras, desde la segunda mitad del siglo pasado, tuvieron y tienen como escenario este hemisferio. ¿Cómo pensar y actuar en la dirección de una cooperación Sur-Sur que se afirme en la paz y la gestión soberana de sus recursos naturales?

Nuestra América tiene la fortuna de ser un te-rritorio de paz. A ello se agrega el hecho ex-traordinario de ser una de las regiones bastan-te pobladas que se han declarado como zona sin armas nucleares. Estos son bienes intan-gibles, pero tan preciosos que debemos cuidar todos los días. Tal es una de las misiones más trascendentes de la UNASUR.

Al contar con una masa inmensa de recursos naturales que pueden aprovecharse para su-perar la pobreza y avanzar hacia niveles cada vez mayores de estabilidad social y política, desde luego que esta región se convertirá en un factor muy importante en el largamente anhelado proceso de cooperación Sur-Sur y, más aún, en un factor activo y creciente para garantizar el equilibrio mundial y actuar siem-


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pre en pro de la paz tan necesaria, hoy desga-rrada en tantas regiones del mundo.

- OL - ¿Cómo valora el camino recorrido por los Consejos que se han conformado en UNASUR?

Creo que los ocho Consejos existentes vie-nen adelantando un trabajo muy positivo. El simple hecho de que se hayan conformado y actúen ya como instituciones de la UNASUR, es un éxito notable. Por supuesto que, en la medida en que se articulen más entre ellos y madure aún más este proceso que es bastante joven, las labores y resultados de los Consejos actuales, y los que puedan crearse, irán mul-tiplicando sus buenos resultados.

- MB - Los tratados bilaterales de inversión entre los Estados de la región y las empre-sas transnacionales concedieron, de mane-ra unilateral, el derecho a éstas últimas de demandar al Estado de los países signata-rios en tribunales internacionales de arbi-traje, renunciando al fuero nacional para dirimir las diferencias. ¿Qué impacto tie-ne esta situación en los derechos soberanos de los Estados y gobiernos de la región en relación a sus recursos naturales?

Creo que este fenómeno ocurrió en las muy particulares condiciones creadas en el mundo y que Fukuyama consideró “El Fin de la Histo-ria”, afirmación que luego corrigió a la luz de los hechos.

Yo podría hacer una larga relación de nuestra experiencia en Venezuela pues no osaría opi-nar sobre la experiencia de otros países. Por ejemplo, durante el breve reinado de la lla-mada “Apertura Petrolera”, se impusieron en el extinto Congreso de la República, modelos contractuales que eliminaban las regalías en el caso de los petróleos de la más grande reserva del mundo, la Faja del Orinoco. En el caso de los crudos livianos, las regalías se amarraban a la tasa interna de retorno. El Presidente Chávez fue elevando progresivamente las re-galías hasta un 30%, echando por tierra la afir-mación de que con el 16,66% que establecía

la Ley de Hidrocarburos vigente para los días de la apertura, ninguna empresa invertiría en Venezuela. Hoy el número de empresas que participa en las actividades petroleras de Ve-nezuela, va creciendo en flecha, incluyendo muchas empresas de nuestra región.

Esa política implicó también la reducción de impuestos y la abdicación de la soberanía de nuestros tribunales para dirimir dudas y con-troversias de conformidad con las leyes ve-nezolanas cuando se tratara de contratos de interés nacional.

Los tratados de protección de inversiones in-troducen, sin excepción, cláusulas de esa mis-ma naturaleza. Pero ¿cuál de nuestros países tiene el monto de inversiones y en sectores estratégicos de las grandes potencias?

Tomen en cuenta que la mayor cuantía de inversiones extranjeras, se concentra funda-mentalmente en la explotación de recursos naturales, muchos de ellos considerados es-tratégicos.

Si se examinan los reclamos arbitrales inter-nacionales que abundan, se encontrará una realidad: la casi totalidad de las acciones em-prendidas, han sido por grandes consorcios internacionales contra Estados o empresas na-cionales. Algo más que una simple casualidad.

Seguramente esto será un tema de discusión entre los representantes de los países miem-bros de la UNASUR.

- OL - Tanto las asimetrías entre países como la enorme desigualdad socio- económica, que se traduce en poder político, han sido señaladas entre los factores adversos a las dinámicas integracionistas, ¿qué linea-mientos hay en UNASUR para, en sentido contrario, construir relaciones más iguali-tarias y solidarias?

El Tratado Constitutivo de la UNASUR, tiene entre sus principios “eliminar la desigualdad socio-económica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la demo-

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cracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independen-cia de los Estados”. Y esto es perfectamente posible. En muchos casos, el defecto se puede convertir en virtud. Algunas asimetrías pue-den dar lugar a políticas de complementación, uno de los principios cardinales de cualquier proyecto integrador de carácter humanista, junto a la cooperación, la solidaridad y el es-tricto respeto a la soberanía de cada país.

El comercio compensado es un mecanismo donde cada quien aporta lo que tiene y recibe lo que no tiene, compensando las cuentas que pueden equilibrarse o reducirse considerable-mente. Quiero decir que ya hay muy buenos ejemplos que revelan esta posibilidad como ha ocurrido, para citar un solo caso, entre Ar-gentina y Venezuela.

- OL - El expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva plantea que necesitamos “una doctrina sobre la integración”. Si está de acuerdo, ¿cuáles serían las premisas bási-cas que Ud. propondría?

Coincido completamente con el Presiden-te Luis Inacio Lula da Silva. Un proyecto de esta dimensión requiere, obviamente, de una doctrina. Esta comprende una lectura de lo mucho que tanta gente lúcida ha venido ela-borando a lo largo de siglos sobre este tema, como la interpretación actual de nuestras realidades y hacia donde apuntar los cambios que esas mismas realidades reclaman. Con la reflexión que han dejado para los pueblos y sus liderazgos las experiencias de las últimas décadas, creo que hay mucha materia para ir elaborando esa doctrina que representa tam-bién un proceso.

- OL - Bajo la premisa del divide para ven-cer, en nuestros países se ha instalado en-tre unos y otros una desconfianza, cuando no rechazo, inducidos por las élites que solo miran al Norte, para lo cual cuentan con un control casi total de los medios de comunicación que de manera articulada sostienen una virtual línea periodística de desintegración. ¿En qué términos se está abordando esta problemática en UNASUR?

Con motivo de la VI Reunión Ordinaria del Con-sejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, realizada en Lima el 30 de noviem-bre de 2012, el Secretaría General presentó el documento “Los recursos naturales como eje di-námico en la estrategia de integración y unidad de nuestros países”1, donde afirma que: “Con la firma del Tratado Constitutivo de la UNASUR, los doce países que la integran dieron un paso de dimensiones históricas. Se trata, nada más y nada menos, que de hacer efectiva la decisión de reu-nir las partes, hoy separadas, de una gran nación. Porque eso somos, una gran nación: por tener un territorio y un origen histórico comunes, por te-ner una cultura y creencias que nos son también

1 Ver el documento completo en: http://alainet.org/active/60027

comunes, por compartir igualmente afinidades lingüísticas que nos permite una comunicación fluida y, no menos importante, por enfrentar pro-blemas similares”.

Y a continuación, al plantear la interrogante ¿dónde radica la principal fortaleza que puede convertir a la UNASUR en un proceso exitoso e irreversible? constata que, si bien no es potencia militar, ni industrial, ni tecnológica, ni nuclear, en cambio lo que sí le confiere a Suramérica “fuerza centrípeta en lo interno y gravitación en el ámbito mundial” es su impresionante reserva de recursos naturales. ¿Y qué es lo que no tiene? “Nos falta una visión común de nuestras fortalezas y objeti-vos, una estrategia y un plan coherente para ma-terializarla, que nos permita aprovechar la gigan-tesca potencialidad que representan las enormes

Un eje dinámico para la estrategia de integración


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Ciertamente, la desconfianza atizada desde fuera y por algunos sectores desde la propia región, ha sido un factor subjetivo que ha con-tribuido a la separación. Pero la firma de un Tratado como el de la UNASUR y, por supues-to, el Tratado de la CELAC, son demostracio-nes muy estimulantes de los cambios que van ocurriendo en nuestra región pues los mismos no son otra cosa que una gran demostración de confianza mutua entre los miembros de lo que, en verdad, objetivamente hablando, conforma una gran nación, por su origen his-tórico común, por su cultura, sus creencias, su lengua, en fin, los distintos rasgos que con-figuran una nación. La confianza mutua es un componente subjetivo fundamental, una suerte de catalizador de las enormes poten-cialidades que ya mencionamos.

- MB - Uno de los elementos de mayor com-plejidad en los procesos de integración re-gional en desarrollo en América Latina es, tal vez, que la integración de los Estados ocurre en una dinámica compleja de inte-gración de los pueblos y los movimientos sociales con creciente capacidad de arti-culación continental y presión en relación

a sus gobiernos. ¿Cómo avanzar en el pro-yecto de unidad suramericana teniendo en cuenta estas dos esferas de acción política, a veces integrada, a veces en choque?

El proceso de integración comprende dos gran-des vertientes que forman parte de un mismo torrente: el liderazgo y los pueblos. Son ab-solutamente interdependientes. La una sin la otra no va a ningún lado. Para que el proceso de integración y de unidad resulte exitoso, de-pende de un liderazgo muy lúcido, capaz de prestar oído a los ecos que vienen de la entra-ña popular y de pueblos con un creciente nivel de conciencia y de sentido de pertenencia. De allí la importancia enorme que representa el objetivo de ciudadanía e identidad que apa-rece en el Tratado Constitutivo de la UNASUR. Cuando cualquier ciudadano, no importa el lu-gar que haya nacido dentro de nuestra región, pueda desplazarse y trabajar en igualdad de condiciones en cualquier rincón de la UNASUR, y cuando ese ciudadano se sienta miembro de esta gran nación, habremos dado un salto “de siete leguas”. Y hacia allá marchamos, con toda seguridad.

reservas de recursos naturales y humanos aloja-dos en esta riquísima región”, responde.

El documento arriba a las siguientes conclusio-nes:

1. El éxito de la UNASUR pasa por el diseño y apli-cación de una estrategia y un plan que tenga como base de sustentación su principal fortale-za.

2. La principal fortaleza de la región que com-prende la UNASUR, radica en la vastedad y va-riedad de sus recursos naturales así como de su potencial humano.

3. El óptimo y racional aprovechamiento de tales recursos es el medio más eficaz para superar los altos niveles de pobreza y para crear las ba-ses para superar desigualdades y asimetrías.

4. Una estrategia para el desarrollo integral de la región y su concreción en un plan de mediano y

largo plazo, pasa por el desarrollo de una políti-ca regional de industrialización de las materias primas, de desarrollo tecnológico, de financia-miento con sus respectivos instrumentos, así como por la elaboración de un inventario de los recursos existentes, de un mapa con la ubica-ción de reservas estimadas y probadas, de las actividades extractivas y de transformación. A todo lo cual se suman los medios de transporte y comunicación.

5. Resulta indispensable un estudio sobre las po-tencialidades del mercado interno surameri-cano y del aprovechamiento de posibilidades existentes en otros mercados, comenzando por los países del sur, que sirvan para expandir la cooperación y las relaciones económicas, so-ciales y culturales, en igualdad de condiciones. La creciente importancia y dinamismo de las economías del sur están impactando profunda-mente la economía mundial.

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Integración: fenómeno de larga duración

Theotonio dos Santos

Con este artículo pretendemos demostrar una tesis central: la integración suramericana –que se convirtió en el principal objetivo de la actual política externa brasileña– es más que una cuestión económica, la integración es un fenómeno de larga duración, expresión de un destino histórico. El continente americano, antes de la llegada truculenta de Cristóbal Colón, albergaba una población de cincuenta a setenta millones de habitantes que estaban relativamente integrados, sobre todo a través de las conquistas Aztecas en el sur de América del Norte y del avance del imperio Inca en la región Andina. Hoy sabemos también que la región amazónica comprendía cerca de cinco millones de habitantes y había una alta co-municación de estos imperios en su interior, entre ellos y entre los pueblos que no estaban incorporados a ellos.

La violenta colonización española y portugue-sa (además de las incursiones de otros cen-tros imperiales europeos) buscó administrar esta vastísima región articulándola demográ-fica, económica, social y culturalmente bajo una dirección única, a la vez que reorientó sus economías hacia el mercado mundial en expansión del siglo XV al XVIII bajo la égida del capitalismo comercial-manufacturero. En las regiones de menor densidad habitadas por poblaciones originarias, asistimos al fenómeno del comercio de esclavos, traídos de África en condiciones infrahumanas.

La lucha por la liberación de las Américas rom-pió esta dimensión continental. Las colonias inglesas consiguieron su liberación en el siglo XVIII, inspiradas en una ideología liberal y re-publicana que vino a revolucionar el mundo a finales del siglo, a través de la Revolución Francesa y su expansión por toda Europa y sus

colonias, particularmente en el Caribe. La onda democrática por ella desencadenada lle-gó a la América española y portuguesa bajo la forma de la invasión napoleónica que condujo a la gesta independentista que cumple ahora 200 años. A pesar de iniciarse en los cabildos de las colonias españolas, ella recorrió toda la región con una concepción unitaria de la cual Bolívar fue el intérprete máximo. En Brasil con la llegada de la corte portuguesa en 1808 se mantuvo la unidad en torno al príncipe por-tugués que declaró la independencia.

No debemos olvidar las variadas rebeliones indígenas como la tentativa de Tupac Amaru de reconstruir el imperio Inca o las revueltas afro-americanas bajo la forma de los quilom-bos, cuya expresión más representativa fue la de Zumbi de los Palmares. No faltaron tampo-co brotes de rebeldía contra la colonización o incluso propuestas independentistas lideradas por una ya poderosa oligarquía local (Tiraden-tes).

Dos proyectos

América Latina surgió unida, pero se dejó di-vidir por los intereses de las oligarquías ex-portadoras locales, de la expansión británica sobre el comercio de la región y en función de los intereses de Estados Unidos recién forma-dos. El conjunto de estas fuerzas vino a forta-lecer las articulaciones regionales orientadas hacia el comercio y apoyadas en el liberalismo económico.

La región se dividió así entre dos grandes doc-trinas. De un lado, el bolivarismo buscó pre-servar la unidad continental en la búsqueda de la formación de una gran nación, por lo menos suramericana. Del otro lado, la doctrina Mon-


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roe buscó alejar la presencia británica y euro-pea en general bajo la consigna de “América para los americanos”.

De un lado, Bolívar fue derrotado, pero el bolivarismo continuó desarrollándose como expresión de esta historia secular y multidi-mensional (hoy día, los descubrimientos ar-queológicos de la ciudad sagrada de Caral nos remiten a una civilización altamente desarro-llada hace cinco mil años, cuya continuidad es realmente impresionante al ser preservada, aunque secretamente, por sus descendientes indígenas actuales).

Del otro lado, Estados Unidos no pudieron ser fieles a su pretensión pan-americana. Cum-pliendo la previsión de Bolívar, según la cual los Estados Unidos estaban destinados a con-frontar a América Latina, invadió México en la mitad del siglo XIX y se apropió de la mitad de su territorio; realizó varias intervenciones militares en Centroamérica y en el Caribe (la participación de Estados Unidos en la guerra de independencia de Puerto Rico y Cuba dio origen a la incorporación de Puerto Rico como una colonia y, al fracasar la ocupación de Cuba, al establecimiento de la base militar de Guantánamo, la mayor de sus miles de bases militares esparcidas por el mundo).

El mismo papel desempeñó la construcción del canal de Panamá que separó esta región de Colombia y tantas otras intervenciones bru-tales en la región que fueron desplazándose inclusive a América del Sur en la medida en que las ambiciones imperialistas de Estados Unidos se fueron ampliando. Fue así como Es-tados Unidos tuvo que renunciar en la práctica a su doctrina panamericana convirtiéndose en el monstruo que Martí, Hostos, Mella, Sandi-no y otros tantos pensadores latinoamericanos identificaron.

Nuestras oligarquías exportadoras o aquellas ligadas al capital internacional perciben a Es-tados Unidos como un aliado casi incondicio-nal pero los pueblos de la región se sienten mucho más identificados con la visión boliva-riana. Así también se sienten los nuevos em-

presarios, sobre todo industriales, inclinados al mercado interno de la región. Continúan actuando así las fuerzas que aspiran a una ma-yor integración de la región. Fueron ellas las que, en 1947, se unieron en torno a la idea de formar en las Naciones Unidas una Comi-sión Económica de América Latina (CEPAL), a la que se opuso inútilmente el gobierno esta-dounidense. La CEPAL no solamente sirvió de base para iniciativas diplomáticas sino que se convirtió en el centro de un pensamiento al-ternativo que se diferenciaba teórica y doc-trinariamente de la Organización de los Esta-dos Americanos (OEA), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Fue bajo su inspiración que se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960. Iniciativa a la que Estados Unidos responde con la creación del Banco Interame-ricano de Desarrollo (BID), con la Alianza para el Progreso, la USAID y otras iniciativas diplo-máticas y de seguridad (contra insurgencia).

A partir de este momento podemos contar una historia muy interesante de la resisten-cia latinoamericana más o menos radical. Varios estudios nos cuentan buena parte de esta historia al presentar de manera didácti-ca los antecedentes y las perspectivas de un esfuerzo integracionista regional que avanza a pasos agigantados a pesar de la tentativa sistemática de un pensamiento dependiente y subordinado que insiste en ignorar todos estos pasos que forman una interesantísima acumu-lación de experiencias que ganó una intensi-dad extremadamente rica estos últimos años, que en parte es consecuencia de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos sobre la econo-mía mundial. Es así que asistimos, inclusive, a una presencia constante de otras regiones antes totalmente ausentes de nuestra historia como la de China, que se está convirtiendo en el principal socio comercial e incluso inversor de casi todos países de la región.

Brasil y América Latina

La creciente incorporación de Brasil en este frente latinoamericano, tan despreciada his-tóricamente por nuestra oligarquía, es un

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factor decisivo para viabilizar este proyecto histórico. Toda la región espera de Brasil que asuma un liderazgo histórico a favor de la in-tegración regional. Una parte significativa de la población brasileña ya adhirió a esta idea y el gobierno Lula da Silva consiguió concre-tar esta meta histórica con la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el apoyo al Banco del Sur y el asumir posicio-nes políticas siempre favorables a los intere-ses regionales.

El gobierno Dilma Rousseff viene dando conti-nuidad a estos cambios, buscando darles ma-yor eficiencia y eficacia. La Constitución bra-sileña ya había consagrado nuestra definición estratégica por una relación privilegiada con América Latina, seguida de África. Camina-mos así hacia una política de Estado a favor de la integración regional así como fortalecemos nuestra decisión histórica de ejercer un papel unificador de las dos orillas del Atlántico Sur.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil está buscando definir con mayor precisión lo que llama como las prioridades de nuestra po-lítica de integración. Él define la relación con la Argentina y, consecuentemente, con el Mer-cado Común del Sur (MERCOSUR) como priori-dad “A”. Le sigue, como prioridad “B”, la in-tegración de América del Sur, que tiene como su máxima expresión a la UNASUR, en pleno proceso de institucionalización. Así también debería priorizar el Banco del Sur, pero éste viene sufriendo la oposición del capital finan-ciero nacional e incluso de los bancos públicos de inversión del país que aspiran a financiar directamente las inversiones, sobre todo para infraestructura de la región. En tercer lugar, encontramos la integración de Latinoamérica y el Caribe en su conjunto, que encuentra en la CELAC su expresión máxima y que podría dar pasos significativos con el restablecimien-to de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, pues le será muy difícil abandonar, en esta coyuntura, la pos-tura programática histórica de este partido a favor de la unidad latinoamericana. Se debe tomar en cuenta que los problemas emigrato-rios con los Estados Unidos y las dificultades

registradas en las relaciones comerciales pre-ferenciales con ese país y, finalmente, las di-ficultades surgidas de la demanda estadouni-dense de las drogas y la acción singular de la DEA en el “combate” al tráfico de drogas, todo esto lleva al PRI a la necesidad de rever su desvío derechista hacia el neoliberalismo que le desplazó del poder.

Se abre pues un contexto cada vez más favo-rable para la integración regional. Falta, sin embargo, que nuestras universidades y nues-tra enseñanza en general tomen en serio su papel en la creación de una conciencia regio-nal. De la gran prensa podemos esperar poco. Ella es propiedad de las más retrógradas oli-garquías regionales, que se oponen radical-mente a la integración regional y al avance de ésta, a toda costa. La oligarquía tradicional y la oligarquía financiera, que tienen especial interés en la dispersión de los intereses regio-nales a favor de los centros de poder finan-ciero mundial, se parecen muy claramente a las oligarquías regionales que, en las puertas de la independencia de la región, continuaban atrapadas en la sumisión a los imperios ibé-ricos. Estos sectores económicos están cada vez más ausentes de las necesidades de la po-blación de sus países y tienden a perder lide-razgo ante un enfrentamiento serio con ellos.

Es hora que las fuerzas progresistas de la re-gión se unan para promover un nuevo estilo de desarrollo socioeconómico, ecológicamen-te sostenible, con profundo sentido social y humano. Para esto, además de los avances políticos y económicos, tienen que crear y ar-ticular una prensa escrita, hablada y virtual que cuide de los intereses de la región y de sus pueblos. El ejemplo de la Telesur ha demos-trado la utilidad de esta propuesta, a pesar del poco apoyo que ha recibido de gobiernos como el brasileño.

Establecer un gran frente

Las tareas son cada vez más complejas, pero esto es una consecuencia de los avances que hemos tenido. Pues, mientras avanzamos mo-deradamente en la integración de las zonas de


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predominio de políticas de altas concesiones a nuestro pasado colonial y a la decadente ofen-siva neoliberal, vemos que la propia CEPAL reconoce los resultados positivos alcanzados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La unión de los países de orientación socialista en la región, inspirados sobre todo en la cooperación y la solidaridad, presenta una ventaja derivada de la unidad política de estos países y del peso de sus políticas públicas en todos los campos.

Para espanto de los economicistas “realistas”, apoyados en el individualismo posesivo del si-glo XVIII, son los “idealistas” y románticos co-lectivistas los que presentan mejores resulta-dos. Ellos no aprendieron nada de la victoria del Socialismo sobre el Nazismo en la Segunda Guerra Mundial, que afectó tan intensamente las políticas económicas de la posguerra, ni del Movimiento de Liberación Nacional anti-colonial y anti imperialista. Regresaron en los años 70 del siglo pasado con su carga reaccio-naria a favor del “libre” mercado y del llama-do “Estado mínimo” y con el canto de sirena del “equilibrio” de los fundamentos del mer-cado como el gran objetivo económico.

Tras reinar por 30 años entraron en una crisis definitiva: el legado de sus políticas fue un Es-tado deudor máximo, sumergido en una crisis fiscal colosal para defender la supervivencia de una esfera financiera especulativa que vive a costa de la transferencia de recursos públi-cos; nos entregaron un mundo de crisis econó-micas y de déficits comerciales, fiscales y de anarquía monetaria.

Si no dejamos que nos tomen las reservas fi-nancieras que acumulamos los últimos años y

aplicamos nuestros recursos a la creación de un poderoso mercado regional, sustentado por políticas industriales que reestructuren nues-tra participación en la división internacional del trabajo, al lado de las zonas emergentes en el mundo, estaremos listos para dar un sal-to civilizatorio que nos coloque al frente de la articulación de una nueva economía mundial. Esta afirmación tendría que complementarse con nuevos estudios sobre los cambios civili-zatorios que se imponen en el mundo contem-poráneo.

Ellos crearon, por lo tanto, las condiciones para establecer un gran frente, similar al que se creó a partir de 1935 contra el fascismo y por la participación de un Estado de base po-pular en la atención de las necesidades hu-manas. Las interacciones regionales son una parte esencial de este cambio político al es-parcir por todo el mundo una nueva fase de desarrollo científico y tecnológico en la cual las nuevas naciones podrán ejercer un papel cada vez más activo. La promesa de los BRICS de convertirse en polos económicos cada vez más importantes se hace realidad cada día.

Y una América Latina unida podrá hacer mu-cho más. Si las oligarquías no están dispuestas a cumplir este papel, los sectores populares no dudarán un sólo instante en asumirlo. Esta es la tarea fundamental para transformar en realidad el sueño histórico de nuestros ante-pasados. (Traducción ALAI)

Theotonio dos Santos es profesor emérito de la Universidad Federal Fluminense,

Presidente de la Cátedra UNESCO-ONU sobre Economía Global y Desarrollo Sostenible.

theotoniodossantos.blogspot.com.br

Asamblea Continental de Movimientos Sociales

Sao Paulo, 18 - 23 de enero de 2013Escuela Nacional Florestan Fernandez - MST

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Pistas y desafíos en la geopolítica latinoamericana

Ana Esther Ceceña

I

¿Construyendo la economía-mundo del Pacífico?

El teatro de operaciones de Estados Unidos en la zona del Medio Oriente y Asia Central, ya de suyo complejo, ha multiplicado sus aristas geopolíticas y ha diversificado los frentes. Ex-tendido hasta el África mediterránea, y en una ofensiva voraz hacia los territorios que hacen la bisagra entre los tres continentes que co-lindan con este mar (Siria y Gaza sobre todo), ha obligado a medir fuerzas y equilibrios con todas las potencias regionales en disputa.

De diferentes maneras, China, Rusia, Irán e India marcan los límites y los objetivos del desplazamiento en el que el petróleo y gas de la región definen sus rumbos posibles y la re-lación de vulnerabilidades relativas en el ta-blero mundial.

El Atlántico cedió primacía en favor del Me-diterráneo, donde el juego involucra las de-ficiencias del territorio europeo y limita sus ímpetus de competencia, y del Pacífico, que apunta al flanco más abierto y fluido de la Asia profunda.

América, lejana geográficamente y aparente-mente desligada, nuevamente se erige como el parteaguas. Casi podríamos decir el meri-diano cero de una hegemonía multidisputada -pero hasta ahora reafirmada-, desde donde se intenta intervenir hacia los dos extremos de la masa tricontinental Europa-Asia-África.

En este nivel, la apuesta en América parece dirigirse a la consolidación de un eje territo-rial de seguridad de punta a punta del conti-

nente, que se ha venido constituyendo bajo el nombre de Alianza del Pacífico.

Las líneas estratégicas de esta Alianza son tres:

1. Materialmente se trata de un complejo o franja geográfica a manera de dique, que separa o cerca los países con procesos de transformación democrática o de reivin-dicación de soberanías fuera de las líneas hegemónicas pretendidas universales. Su conformación inicial puede claramente re-lacionarse con la necesidad de detener la expansión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y las otras iniciativas paralelas de integración como Petrocaribe o Banco del Sur, que em-pezaban a despertar expectativas entre los países y pueblos de América Latina y suspi-cacias o irritación en los ámbitos de la Casa Blanca.

La Alianza del Pacífico tiene un carácter ambiguo que la desliza de lo económico a lo militar, y los cuatro países principales en su constitución están abiertamente com-prometidos con las políticas hemisféricas emitidas por Washington: Colombia (Plan Colombia con 6 bases militares además de un conjunto de políticas contrainsurgentes hacia dentro del país y hacia la región cir-cundante, Convenio para el establecimien-to de 7 nuevas bases militares y reciente-mente Tratado de Libre Comercio); México (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Alianza para la Seguridad y Prosperi-dad de América del Norte, Iniciativa Mérida y “guerra contra el narco”); Chile (Tratado de Libre Comercio, colaboración estrecha en el campo militar y nueva base militar


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para capacitación en conflictos urbanos en Concón); y Perú (territorio de realización de los ejercicios militares más masivos en el continente y recientemente Tratado de Libre Comercio).

En conjunto es un área de complicidad de espectro amplio, lo mismo en el terreno de las políticas económicas, las inversiones de grandes transnacionales y el funcionamien-to financiero, que en el de las políticas de seguridad y las normas de contrainsurgen-cia, que se ha constituido como bloque frente a su entorno, y que va sumando formal o informalmente a otros integran-tes como Panamá, Costa Rica y por supues-to Honduras, al tiempo que corta el paso entre los países de la ALBA o de estos con otros que intentan mantener relaciones confluyentes.

2. Simultáneamente la Alianza del Pacífico funciona como frontera de control de las relaciones económicas entre Asia y Amé-rica, limitando la libertad de penetración para las inversiones chinas y cerrando las salidas directas al Pacífico para la zona in-dustrial de Suramérica.

Si Brasil podía presentar algún tipo de de-safío en el terreno de la distribución de poderes, le será mucho más complicado abrirse campo con un control de paso para sus enlaces con Asia Pacífico.

3 Y como contraparte esta región del Pacífi-co americano que abarca casi completa la costa que mira a Asia, es a la vez un área de grandes riquezas en biodiversidad con toda la gama de ecosistemas conocidos, en petróleo, en minerales de alto aprecio, e incluso en agua, conteniendo las fuentes generadoras del río Amazonas. Es decir, no sólo es una franja de especial importancia desde el punto de vista de la seguridad, sino también desde el económico por sus condiciones de alta diversidad estratégica y su potencial productivo.

II

Actualizando las redes de control

Si hace tan solo cinco años Estados Unidos ha-bía montado ya una red de bases militares que le permitían un macrocontrol sobre América Latina y el Caribe, de entonces a la fecha la situación ha dado un salto enorme a través de un conjunto de convenios, iniciativas, ejerci-cios, ocupaciones “humanitarias” y desplaza-mientos.

La ocupación militar de la cuenca grancaribe-ña es ya apabullante y está preparada para un trabajo de sofocamiento instantáneo por su desmedido poderío bélico. A bases fijas se han sumado bases itinerantes, drones, estaciones de telecomunicaciones y de centralización y procesamiento de información conectadas con los centros controladores en territorio nor-teamericano. (Ver mapa).

El Plan Colombia, y la descomposición social que le es consustancial, ha sido replicado, e incluso en ciertos campos perfeccionado, en el territorio mexicano, de manera que la secu-ritización del continente y la conculcación de la democracia mediante prácticas de violencia desatada y de una naturalización de la impu-nidad se van convirtiendo en parte del paisaje latinoamericano.

La saturación de posiciones en la cuenca gran-caribeña ha dado paso, en el último año, a una extensión de la red militar hacia el Cono Sur que empieza a delinear una franja que cu-bre tanto el área más poblada e industriali-zada como los yacimientos de agua, gas, oro, litio y algunas otras riquezas significativas de la zona.

La implantación del miedo, que ha tenido efectos paralizadores y ha sembrado la des-esperanza va siendo, no obstante, remontada por los movimientos o colectivos que poco a poco inventan nuevos caminos para recuperar los espacios públicos y las posibilidades de la democracia.

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III

América Latina, tan diversa, no deja de sentirse incómoda con los supuestos de la doc-trina Monroe y se rebela por todos los huecos que el poder hegemónico deja en el descui-do, o por los que va horadan-do con sus variados ritmos, estilos y tenacidades. No se detiene pero se obstaculiza el avance de los megaproyectos; se denuncian y se combaten las bases militares; se retrasa la instalación de las mineras; se resisten los cambios de le-gislación; se investiga a las transnacionales; se defienden las otras formas de vida, las otras concepciones del mundo y de la pacha mama.

Una permanente mosca en la sopa que requiere controles locales más conocedores de su dinámica y más cercanos en todos los sentidos, de ma-nera que una de las modalida-des que se impulsa con fuerza actualmente es la correspon-sabilidad activa y una especie de subcontratación, no sólo en los ámbitos privatizados más amplios cada vez, sino en la delegación de tareas de capa-citación, monitoreo, diseño, entrenamiento y disciplinamiento a los socios regionales, con el fin de disminuir costos, tareas y, de pasada, aumentar las complicidades.

No obstante, la ofensiva latinoamericana no deja de mover fichas en el tablero. Con dis-tintas intensidades y capacidades transfor-madoras destacan los procesos de integración que han dejado fuera el área anglosajona del continente. Y aunque en algunos casos Estados Unidos, sus intereses y políticas están clara-mente presentes a través de sus socios cer-canos; en otros la distancia y la perspectiva independentista es mucho mayor.

Con todas sus limitaciones, estos espacios son indudables piezas maestras del rompecabezas geopolítico continental cuya mayor virtud es no dejar de moverse. La apuesta, por supues-to, vale todos los esfuerzos; la apuesta es por la vida.

Ana Esther Ceceña, economista mexicana, es investigadora en el Instituto

de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM) y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica

www.geopolitica.ws


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El Banco del Sur y la nueva arquitectura

financiera regionalJaime Estay

En noviembre de 2012, se está cumpliendo casi un quinquenio desde que siete países de la Unión de Naciones Suramericanas firmaron el Acta Fundacional del Banco del Sur en di-ciembre de 2007, y más de tres años desde que esos países en septiembre de 2009 firma-ron el Convenio Constitutivo de dicho Banco. Si a lo anterior, se agrega que hasta la fecha el Banco aún no inicia actividades a pesar de que en abril de 2012 entró en vigor su Convenio Constitutivo al quedar ratificado por cinco de los 7 países fundadores del Banco, resulta evi-dente que en el proceso de creación del Banco la superación de las diferencias entre los go-biernos de los países fundadores ha resultado más larga y difícil de lo esperado.

En una primera etapa, una vez firmada el Acta Fundacional, los temas a acordar, y las diferen-cias en relación a varios de ellos, se centraron en las definiciones básicas de funcionamiento del Banco, tales como el carácter que éste de-bería tener; la incorporación o no de funciones de fondo de estabilización en los objetivos del Banco; el monto, la composición y las fuentes de los aportes de capital; el tratamiento de los países según su distinto tamaño; el otorgamien-to o no de financiamientos no reembolsables; y, los mecanismos de votación y de toma de deci-siones. Todos estos puntos, entre otros, corres-pondía plasmarlos en el Convenio Constitutivo, y el tiempo tomado para llegar a acuerdos so-bre ellos implicó que la firma de ese Convenio, de los dos meses inicialmente planteados en el Acta Fundacional, se alargara a 21 meses.

En dicho Convenio, en el cual no se incluye para el Banco del Sur la función de fondo de estabilización –o de prestamista de última ins-

tancia-, se definen el objeto, las funciones, el monto y la composición del capital, así como la estructura y las modalidades de funciona-miento del Banco, con los siguientes conteni-dos principales:

- El objeto del Banco, es “financiar el de-sarrollo económico, social y ambiental de los países miembros, en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro intra y extraregional; fortalecer la integración; y, reducir las asimetrías y promover la equi-tativa distribución de las inversiones entre los Países Miembros”.

- Entre las funciones del Banco se define en primer lugar la de financiar en cualquier país miembro, a órganos estatales, entida-des autónomas, empresas mixtas, empresas privadas, cooperativas, empresas asociati-vas o comunitarias, con base en proyectos para cuya evaluación se tendrán en cuenta los avances que el proyecto genere con re-lación a la soberanía alimentaria, energéti-ca, de la salud, de los recursos naturales y del conocimiento.

- Otras funciones del Banco son: promover y facilitar asistencia técnica para la pre-paración y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo; otorgar fianzas, avales y otras garantías al financiamiento de proyectos que promuevan el desarrollo; emitir bonos y otros títulos; actuar como agente de títulos emitidos por los países miembros; prestar servicios de administra-ción de carteras y favorecer el proceso de integración suramericana.

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- Además de las anteriores, en el Conve-nio Constitutivo se identifican otras dos funciones, para las cuales se contempla financiamiento “reembolsable o no reem-bolsable”: la creación y administración de un “fondo especial de solidaridad social” y la creación y administración de un “fon-do especial de emergencia” ante desastres naturales. En estos dos fondos, el Convenio establece que “el Banco no podrá utilizar su capital integrado ni el Fondo Estatutario de Reserva”.

- El tipo de proyectos que el Banco podrá financiar son aquellos dirigidos al desa-rrollo de sectores clave; aquellos en sec-tores sociales; proyectos relacionados con infraestructura, y con cadenas productivas regionales; y, proyectos orientados a la re-ducción de asimetrías.

- El monto de Capital Autorizado del Banco se estableció en 20 mil millones de dólares y el Capital Suscrito por los países firman-tes en 7 mil millones, distribuyéndose el capital en tres tipos de acciones: Clase A, de las que podrán ser titulares los Estados de UNASUR; Clase B, de las que podrán ser titulares los Estados que no integran UNA-SUR; y Clase C, de las que podrán ser titu-lares Bancos Centrales, entidades financie-ras y organismos multilaterales de crédito.

- Tanto para la asignación de aportes de ca-pital, como para los plazos de integración del capital suscrito y para la asignación de límites de endeudamiento, en el Convenio los países firmantes (así como los restantes países de UNASUR, en lo que respecta a los aportes de capital) se agrupan en cuatro categorías, asignándose a los países más grandes (Argentina, Brasil y Venezuela) los mayores aportes de capital (2000 millo-nes), los menores tiempos para integrarlos (5 años) y los menores límites de endeu-damiento en relación al respectivo capital suscrito (endeudamiento máximo equiva-lente a cuatro veces el capital suscrito), y en el otro extremo, los países más peque-ños (Guyana, Surinam, Bolivia y Paraguay)

se ubican en la categorías tres y cuatro, con menores aportes, mayores plazos para integrarlos y mayores límites de endeuda-miento.

- Se define al Consejo de Ministros y al Con-sejo de Administración como órganos de gobierno, y al Directorio Ejecutivo como el órgano ejecutivo del Banco, estable-ciéndose para cada uno de esos órganos la periodicidad de sus reuniones ordinarias, la duración de los mandatos (excepto los miembros del Consejo de Ministros), los mecanismos de toma de decisiones y las funciones y atribuciones.

- El Directorio del Banco, como órgano en-cargado de la administración general del Banco, funcionará con base en resoluciones adoptadas por mayoría simple de los repre-sentantes de los países con Acciones Clase A, con una excepción: “en los casos […] de las operaciones […] que involucren montos superiores a setenta millones de dólares estadounidenses (US$ 70,000,000) o al uno por ciento (1%) del Capital Pagado al mo-mento de la votación, el que resulte mayor […], se requerirá el voto afirmativo de las dos terceras (2/3) partes de los Directores que representen asimismo, más del sesenta y seis por ciento (66%) del capital de las Acciones Clase A”.

En una segunda etapa, una vez firmado el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, las negociaciones y las diferencias han estado vinculadas a los aspectos operativos de fun-cionamiento del Banco, cuyo tratamiento se ha venido dando en tres Grupos de Trabajo que se crearon desde los primeros meses del año 2010: Grupo 1, de “Lineamientos estraté-gicos” coordinado por Ecuador; Grupo 2, de “Gestión Financiera, Crediticia y de Riesgos” coordinado por Brasil; y Grupo tres, de “Orga-nización, Administración y Métodos” coordina-do por Venezuela.

En términos generales el grupo con el avance más lento de los temas a su cargo ha sido el segundo, si bien los desacuerdos han estado


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presentes en temas específicos vinculados a cada uno de los tres Grupos, abarcando una variedad de puntos que van desde la relación entre el Banco y la UNASUR y las funciones de las distintas subsedes y de la sede del Banco, hasta el cronograma de los aportes de capital para el periodo de arranque y la designación de las autoridades del Banco.

Esta segunda etapa en los hechos no está aún superada, y es por ello que la reunión de mi-nistros de economía de julio de 2012, al no llegar a los acuerdos necesarios para el inicio de actividades del Banco, tuvo que postergar ese inicio, anunciando que él ocurrirá a co-mienzos de 2013.

La posición de Brasil

Paralelamente, y muy vinculado a todo lo an-terior, a lo largo del proceso de negociación del Banco del Sur ha habido por parte del go-bierno y otros sectores de Brasil una actitud de reticencia expresada en distintos momen-tos incluso a través de posiciones públicas de altos funcionarios de dicho gobierno. Dichas reticencias, si bien han ido disminuyendo conforme ha avanzado la negociación -y en la medida en que como resultado de ésta se han ido incorporando al Banco característi-cas propuestas por Brasil-, todavía a la fecha permiten entender que dicho país no haya ra-tificado aún el Convenio Constitutivo, con lo cual Brasil terminará siendo el último de los países fundadores del Banco en ratificar dicho Convenio, si se considera que la otra ratifica-ción pendiente era la de Paraguay, cuya par-ticipación en el Banco –y en el conjunto de la UNASUR- quedó suspendida desde junio de 2012 como consecuencia de la destitución del Presidente Lugo.

En el plano más general, en esa actitud brasile-ña parecen haber jugado un lugar principal –si bien decreciente- las dudas respecto al papel que desde la perspectiva de ese país le cabría al Banco, dada la existencia en Brasil del Ban-co Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el cual además de su considerable ta-maño realiza operaciones a nivel internacional

y en la región, de captación de recursos y de apoyo a la internacionalización de empresas brasileñas –aunque no a socios extranjeros de empresas brasileñas que estén invirtiendo en la región–, a tal punto que en 2008 se creó el Área Internacional del BNDES como parte de la estructura organizacional de dicho Banco.

En tal sentido, y teniendo presente los 7000 millones de dólares de capital inicial (inclui-dos 100 millones de Paraguay) con que fue creado el Banco del Sur, cabe mencionar que a fines de 2011 el BNDES, con una planta de más de 2700 empleados, tenía activos totales por 628 mil millones de reales (309 mil millones de dólares) y en ese año realizó desembolsos por 139.7 miles de millones de reales, equivalen-tes a aproximadamente 68.8 miles de millones de dólares. Así también, para fines de ese año el patrimonio neto del BNDES era de 61 mil millones de reales (alrededor de 30 mil millo-nes de dólares), a lo que se están agregando fuertes inyecciones de capital, por 55 mil mi-llones de reales, que el gobierno brasileño ha venido haciendo al Banco durante 2012.

Desafíos

Lo hasta aquí expuesto, respecto de los dis-tintos problemas que han retrasado notoria-mente la puesta en marcha del Banco del Sur, por cierto que no se corresponde con la obvia necesidad de que él sea finalmente una reali-dad. Dicho Banco continúa siendo un compo-nente central en la creación de una arquitec-tura monetaria y financiera que permita, en lo que respecta al Banco del Sur, contar con un instrumento que otorgue los financiamientos que se requieren, cuya entrega responda a las necesidades que hoy se desprenden de las es-trategias presentes en los países participantes del Banco y en los esfuerzos de integración de esos países, con base en principios como los arriba reseñados, y buscando de manera ex-plícita la mayor autonomía posible en relación a las fuentes tradicionales de financiamiento, y en particular respecto de las Instituciones Financieras Internacionales y de los criterios de condicionalidad que éstas imponen en el otorgamiento de créditos.

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La puesta en marcha de esa arquitectura mo-netaria y financiera, que además de un Ban-co verdaderamente de desarrollo abarque un Fondo de Estabilización y genere mecanismos monetarios que limiten el uso del dólar, de-bería permitir a los países que participen en ella –en un plazo medio, de ser posible a la totalidad o la gran mayoría de los países de América Latina y El Caribe–, una recupera-ción sustancial de márgenes de ejercicio de autonomía nacional y regional frente al actual orden económico internacional, disminuyendo la vulnerabilidad externa de los países ante dicho orden, e incrementando en general la capacidad de aplicación de políticas para con-cretar estrategias de desarrollo y para hacer frente de manera soberana a los problemas y desequilibrios externos, así como captando el ahorro de los países que frecuentemente se invierte en instituciones financieras de los países del norte bajo la forma de reservas in-ternacionales o depósitos privados.

Todo ello, además, ha multiplicado su perti-nencia en el contexto de la actual crisis mun-

dial iniciada en 2008. En efecto, a la luz tan-to de las causas y el desenvolvimiento de la crisis, como de lo insuficiente de las medidas que a nivel multilateral –y en particular en el Grupo de los veinte– se han venido tomando para enfrentarla, resulta evidente la necesi-dad de que los graves problemas y desequili-brios que caracterizan al orden monetario y financiero internacional sean enfrentados a través de acciones que en el plano regional avancen hacia una arquitectura monetaria y financiera para América Latina y el Caribe. Es en esa dirección, que en el ámbito de la Unión de Naciones Suramericanas el Banco del Sur constituye un importante paso, el cual para ser finalmente dado requiere que los gobier-nos participantes atiendan de una vez la exi-gencia de superar obstáculos y reticencias.

Jaime Estay es profesor-investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico

y Social, Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,

México.

- realidad regional actualizada diariamente- dinámicas sociales- noticias, opinión y análisis- más de 60 mil documento clasificados- búsquedas por tema, autor, fecha, país, palabra

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Los recursos naturales en América Latina (AL) han tenido ventajas comparativas que varían según la disponibilidad y las condiciones eco-nómicas del mercado. Las crecientes deman-das de recursos naturales (en parte debido al crecimiento de la economía china) ha confir-mado la importancia de los recursos natura-les. Sin embargo, el creciente aumento de la demanda contrasta con la débil participación relativa del sector cuaternario, de Investiga-ción, Desarrollo e Innovación (I+D+i), base de la sociedad del conocimiento1, lo que obstacu-liza la integración de los recursos naturales y el escalamiento en las cadenas productivas de los países de la región.

Ante la reprimarización y el contexto eco-nómico contemporáneo se hace más urgente acelerar la revolución tecnológica de la socie-dad del conocimiento, lo que implica elaborar políticas industriales en los países de AL que impliquen el crecimiento del sector cuater-nario. Primero, se describe la reprimarización en países de AL, segundo las capacidades del sector de conocimientos para concluir sobre la premura de construir relaciones económicas, científicas y tecnológicas con el impulso de los recursos naturales. Los países en reprimariza-

1 El sector cuaternario comprende los servicios in-tensivos de conocimiento y los servicios innovadores.

ción reconocen por el pensamiento cepalino la necesidad creciente de la formación de una sociedad del conocimiento teniendo una cre-ciente participación de la inversión en I+D en el PIB. Los esfuerzos para lograr la evolución a una sociedad del conocimiento deben de ve-nir acompañados de políticas integrales para lograr el arrastre de los sectores y el aprove-chamiento de las ventajas coyunturales para potencializar el desarrollo en la región2.

La pérdida de competitividad y la reprimarización en América Latina

El crecimiento de la industria en Asia, en par-ticular China en el periodo 2000-2007, ha lle-vado a un aumento de la demanda de materias primas superior a su oferta mundial, lo que se ha traducido en un incremento sustancial de los precios mundiales de diversas commodi-ties (IMF, 2012; p.125) y en una mejora de los términos de intercambio para los países ex-portadores (Gráfico 1). En 2012 los términos de intercambio han aumentado en 48% para AL en comparación con los niveles de 19913 (BM-WDI, 2012). En comparación del promedio

2 América Latina en su diversidad presenta ciertas generalidades que aquí se expresan para la re-primarización y la sociedad del conocimiento, sin embargo, para profundizar estos temas es necesario considerar las particularidades de cada país y región, las cuales rebasan los límites de este artículo.

3 El incremento en los términos del intercambio ha sido distinto con países de AL alcanzando incremen-tos de más del 100% para países de América del Sur, aunque son negativos para el Caribe en el periodo 1991 2012 (Ibídem).

Recursos naturales, ciencia y tecnología y políticas industriales

América Latina ante la reprimarización y la sociedad del conocimiento

Leonel Corona, Remzi Xhemalce

Leonel Corona es profesor del Posgrado de Economía de la Universidad Nacional de

México (UNAM) Remzi Xhemalce es miembro del CEPCYT,

Centro de Economía y Prospectiva de la Ciencia y la Tecnología, FE-UNAM.

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de 1991 a 2000, se duplicó la renta en recursos naturales (RN) en AL de 2001 a 2010, en gran medida debido al incremento de 230% en ex-tracción de minerales y 153% en extracción de gas natural (BM-WDI, 2012).Algunos de estos bienes son estratégicos para diversas economías latinoamericanas, otros han establecido actividades de explotación de RN que eran marginales o inexistentes4 (Tabla 1). El proceso de “reprimarización5” es per-ceptible en la región, pero ha variado desde casos fuertes (Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina), medianos (Brasil, Colombia), dé-biles (México, Costa Rica).

La reprimarización, genera nuevas aproxima-ciones, y “revive viejos debates de desarrollo en la región” (García y Sánchez, 2008) que se contraponen a la hipótesis Prebisch-Singer6.

4 Se pueden mencionar como actividades impul-sadas por el crecimiento en Perú minerales y gas natural, en Bolivia minerales, petróleo y gas natural, Ecuador minerales, Colombia petróleo; o reforzando actividades existentes en Argentina minerales, gas natural, agricultura y en Chile los minerales.

5 La reprimarización se expresa en el incremento en el porcentaje del PIB de los recursos naturales que se ha dado desde 1998 en AL, es decir, es “la importancia que han recuperado los sectores prima-rios… ramas de actividad encargadas de la produc-ción de materias primas, productos básicos (com-modities) y los bienes intermedios poco elaborados. Esdeseableincluirenesaclasificaciónalaindustriamaquiladora.” (Nadal, Alejandro, 2009).

6 La hipótesis se basa en los términos decrecientes en el mediano y largo plazo del intercambio en el que los precios de las materias primas cada vez son

Tabla 1. América Latina Incremento porcentual en Actividades Primarias (1991-2000 versus 2001-2010).

Recursos Minerales Δ % Petróleo Δ % Gas

Natural Δ % Agricultura Δ %

Ecuador 10252* Argentina 240 Perú 651 Argentina 63Bolivia 1142* Bolivia 168 Argentina 430 Colombia -43Perú 853 México 55 Bolivia 415 Chile -43Chile 127 Colombia 45 Ecuador 89 México -34

*Actividad no existente (o no estimada) en años del periodo anterior. Fuente: Elaboración propia en base a World Development Indicators, Banco Mundial, Naciones Unidas COMTRADE.

Los argumentos de Fajnzylber retoman fuer-za, si se parte de una inserción en la economía global mediante recursos naturales, conside-rando de manera central la innovación y la for-mación de recursos humanos en los países en desarrollo (Véase Fajnzylber, 1992). La CEPAL reconoce, en línea con este pensamiento, que el cierre de la brecha tecnológica entre países se logra al asignar recursos de forma eficiente para la I+D+i en actividades que generen una capacidad de arrastre entre los sectores78.

Ante una expectativa de mantenimiento de la demanda y, por ello, de precios altos (FMI-WEO, 2012) y términos del intercambio favo-rables (BM-WDI, 2012), las desventajas de la reprimarización pueden quedar poco claras. Históricamente el sector primario es de poco arrastre y es incapaz de generar las capacida-des para el crecimiento de la productividad y del escalamiento en la división del trabajo internacional de los países de la región. Lo anterior se debe principalmente a un sector

menores en relación con los precios de los bienes manufacturados.

7 Laeficienciaschumpeterianaserefierea“sec-tores con mayor difusión de conocimientos y capa-cidades.., y que lideran el proceso de innovación, impulsando los aumentos de productividad, tanto en su propio sector como hacia otros sectores” (CEPAL, 2012; p. 17)

8 Esta“eficienciaschumpeteriana”sedebecomplementarconla“eficienciakeynesiana”.Laconjuncióndeambasllevaala“eficienciadinámica”en la que la productividad y el empleo crecen a la par (CEPAL, 2012a; p.17, 67).


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primario exclusivamente extractivo, de baja intensidad tecnológica, volcado a la expor-tación y controlado por oligopolios o agentes que inhiben la utilización para el bien social de los excedentes captados. Sin embargo, los países de AL que han incrementado las rentas por recursos naturales, aumentan sus inversio-nes en I+D con respecto a su PIB (Gráfico 2). Lo que se contrapone a las tendencias históri-cas en la región (y en el mundo9) en la que la dependencia de RN llevaba a una baja en I+D. La hipótesis Prebisch-Singer es un hecho em-píricamente reconocido para el periodo 1900 a 2000 en Latinoamérica (Ocampo y Parra, 2003; Harvey et al. 2008); sin embargo puede ser cuestionada para el contexto de los últimos diez años a partir del comercio Sur-Sur y de la tecnificación de los sectores primarios por la sociedad del conocimiento. En resumen, se observan los siguientes cambios:

9 Por lo general, los países que han dependido de la exportación de sus recursos naturales como parte fundamental de su desarrollo han enfrentado rela-tivamente menor generación de capacidades para el desarrollo económico, con niveles inferiores de inversión, comercio, educación y equidad (Gylfason, 2004). Desde una perspectiva histórica, de manera similar, no se puede distinguir una relación conclu-yente entre la disponibilidad de recursos naturales y el crecimiento económico (Stinjs, 2000).

i) Cambios en el comercio internacional, dada una relativa escasez de materias primas por el incremento acelerado de la demanda, lo que favorece los términos de intercambio a favor de los oferentes de RN. A su vez la pérdida de ventajas comparati-vas de otros países en desarrollo (como el aumento de salarios en China), permite el mantenimiento de los términos y el even-tual aprovechamiento de éstos para conso-lidar un sector cuaternario, alrededor de las industrias extractivas. AL ha sido menos afectada por la crisis del 2008 y la salida de la misma ha sido relativamente positiva, en comparación a otras regiones, en par-ticular en I+D (Gráfico 2). Nuevas alianzas comerciales permiten el crecimiento de la región centrada en la exportación de RN con proyectos de integración Sur-Sur regio-nal (ALCA, ALBA, Mercosur) e interregional (WTO, APEC).

ii) Nuevas posibilidades del desarrollo del sec-tor cuaternario mediante la incorporación tecnológica al sector primario: biotecnolo-gía, energías renovables y nanotecnología abren “ventanas de oportunidad” para el desarrollo de tecnología en AL lo que lle-va a un mayor arrastre del sector primario potencializando las posibilidades de inte-

Gráfico 1a. Cambio relativo en los términos de Intercambio (1991=100)

Gráfico 1b. Reprimarización* economías AL.*Incremento de los ingresos por recursos naturales como proporción del PIB. ( %).

Fuente: Elaboración propia en base a World Development Indicators, BM y CEPALSTAT, NU.

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grar los demás sectores. La reestructura-ción productiva en AL puede evolucionar positivamente desde el sector primario de-pendiendo del arrastre que éste tenga con la incorporación de biotecnología y tecno-logías en energía renovable; concentrando una ventaja comparativa y generando ven-tajas competitivas para las empresas de la región. Esto se expresa en el crecimiento relativo de la I+D, a pesar de la crisis inicia-da en 2008 (Grafico 2); en efecto Perú y Ar-gentina han aumentado tanto su I+D como el crecimiento de la economía primaria10.

10 Países que han aprovechado sus ventajas com-parativas en recursos naturales para hacer crecer su I+D+i, y sector cuaternario en general, han alcan-zado mayores niveles de crecimiento económico (como Noruega con sus recursos energéticos fósiles o Botsuana con recursos minerales, entre otros; Torvik, 2009).

A pesar de los puntos mencionados, el aumento de los términos de intercambio y la productivi-dad en el sector primario, “no ha contribuido a la generación de capacidades tecnológicas” en AL (CEPAL, 2012b; p.97). Lo que muestra, por lo menos en parte, que hace falta un largo camino en la asignación productiva de los ex-cedentes y una política industrial volcada a la I+D+i y la generación de una sociedad del co-nocimiento. Los gobiernos de la región deben de ejercer una mayor presión para llevar a la I+D+i en el sector primario para vincularlo con los demás sectores de la economía, donde la calidad puede ser clave en el contexto latino-americano. Por otro lado, Latinoamérica está en una “trampa de desigualdad” del ingreso (UNDP, 2010; p.95), lo que implica escasez de excedentes para canalizarlos a la consolida-ción de un sector cuaternario. Por tanto, la sociedad del conocimiento indiscutiblemen-te se requiere de una política para reducir la desigualdad11.

La sociedad del conocimiento en AL

La “sociedad del conocimiento” comprende un conjunto de procesos interrelacionados de las crecientes capacidades informáticas y de su acceso social, el cual depende de las ca-pacidades humanas para su utilización tanto para la producción como para el consumo y la cultura12. En este contexto se pueden dis-tinguir 3 componentes principales (Corona, L. 2011):

1) Las tecnologías de información y comu-nicaciones (TIC).

2) Conformación del sector cuaternario de servicios de conocimientos.

3) Las interrelaciones del ciclo ciencia-pro-ducción- circulación (mercado-finanzas).

11 Basarse en un incremento en la productividad forjada en la educación y el fortalecimiento del capital social. Debe de complementarse en aumen-to en la productividad con aumento en la demanda mediante la distribución del ingreso.

12 El término de “sociedad del conocimiento” fue propuesto por Peter Drucker (1969) basado en los análisis de Fritz Machlup (1962) sobre la “sociedad de la información”.

Gráfico 2. Promedio Ponderado, I+D como porcentaje del PIB, crecimiento Relativo en AL

en Reprimarización y Asia en Desarrollo. Índice (1996=100) ***

*Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile. **Brasil, México, Colombia, Uruguay, Costa Rica. ***China, India, República de Corea, Singapur. ****Algunos datos estimados. Las líneas marcan crisis regionales -- (Asiática 1997, Argentina 2001) y mundiales - (2008). Fuente: Elaboración propia con base en UNData, A world of Information y CEPALSTAT, Naciones Unidas.


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1) Las TIC son el aspecto más visible, con im-pacto amplio pues afectan tanto a la pro-ducción como al consumo. Sin embargo, es importante distinguir las capacidades de producción y de su uso. El indicador de TIC para 2012 (o el dato más reciente), señala a Uruguay (7) como el mejor dotado en tér-minos relativos para su población, seguido por Argentina (6.4) y Brasil (6.2). Este úl-timo, Perú, Colombia y Ecuador mejoran ligeramente su posición respecto al 2000. Los demás países disminuyen su posición relativa en dicho periodo, lo que se refleja en una caída de 5.8 a 5 para la región lati-noamericana (Gráfico 3)

2) El sector cuaternario se con-forma dentro del sector ser-vicios, y agrupa varias acti-vidades relacionadas con la generación, almacenamien-to, transmisión y uso del co-nocimiento. Comprende a) las actividades intensivas en el uso de conocimientos tec-nológicos y científicos, tales como educación, salud, ser-vicios financieros, media, gobierno, y, b) las activida-des innovadoras, donde el conocimiento se convierte en nuevos dispositivos, procesos

y servicios, tales como teleco-municaciones, servicios empre-sariales, computación y servicios profesionales. Esta clasificación atiende a una intensidad entre el uso y las innovaciones, aun-que de hecho se realizan, con intensidades diferentes, en to-das las actividades del sector cuaternario.

Considerando algunos indicado-res relacionados con el sector de conocimientos del 2008, Bra-sil sobresale en América Latina con 1.19% del PIB para I+D, el 43% de las patentes y 75% de los doctores graduados (en ciencias

naturales y exactas, ingeniería, medicina y agricultura). En segundo lugar, México con 0.4% del PIB en I+D, con casi la cuarta par-te de las patentes solicitadas de la región (24%) y el 16% de los doctores; y tercero, Argentina (0.6%, 8%, y 5%, respectivamen-te). En efecto, estos 3 países abarcan el 80% de las patentes solicitadas y el 96% de los doctores graduados (Gráfico 4).

3) El aspecto central son las relaciones de la ciencia y la tecnología con la producción, el mercado y el financiamiento. Es decir, se

Gráfico 3. Las TIC en América Latina, reducción

Fuente: Elaboración propia datos Banco Mundial, con base en Knowledge Assessment Methodology.

Gráfico 4 Indicadores de Conocimiento en AL, 2008

Fuente: Elaboración propia con datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Ricyt.

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espera que la productividad científica au-mente y a la vez se acorten los tiempos de sus aplicaciones productivas y al bienestar. ¿Cómo lograr acortar el ciclo? La respues-ta podría encontrarse en aquellos sectores que han logrado tiempos menores como es el caso de la electrónica (semiconduc-tores), la química, los nuevos materiales. Por tanto, la sociedad del conocimiento está en ciernes, por lo que es de esperarse acelerar, y por tanto acortar el tiempo, del ciclo ciencia-producción, al mismo tiempo que se generan nuevas condiciones socia-les.

Para ejemplificar este aspecto, se pueden mencionar algunos casos sobresalientes en las interrelaciones del ciclo ciencia produc-ción: Biodiesel en Brasil13, energía nuclear en Argentina14, catalizadores para los pro-cesos petroquímicos de México15, la papa en Perú (CIP), la astronomía y el cobre en Chile, el carbón en Colombia16, las tecnolo-gía de telecomunicaciones en Venezuela17.

13 Ver CEPAL (2011) Políticas sobre desarrollo insti-tucional e innovación en biocombustibles en América Latina y el Caribe CEPAL, Santiago, el 28 y 29 de marzo de 2011

14 Argentina tiene 3 centros donde se realiza inves-tigación y desarrollo en actividades relacionadas con: energía nuclear y seguridad nuclear y ambiente. Ha completado las actividades del “ciclo del combusti-ble nuclear: producción de uranio, concentración y purificacióndelosóxidosdeuranio,enriquecimientode uranio, producción de agua pesada, producción del combustible nuclear, tecnología de gestión de los combustibles gastados y residuos. Se inaugura Atucha II, en el 2011 y se anuncia una nueva inversión. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) impulsa el uso de la energía nuclear en actividades relacionadas con la industria, la medicina nuclear y la aplicación de las radiaciones ionizantes en la mejora de la calidad de vida.

15 Desarrollados por el Instituto Mexicano del Petró-leo (IMP).

16 Este aspecto es considerado por el Instituto Colombiano del Carbón, Energía y Medio Ambiente, fundado por un grupo de productores y consultores del área de carbón con miras a la optimización de la utilización del recurso dentro de un ámbito de soste-nibilidad social y medio-ambiental.

17 El Centro Nacional de Desarrollo e Investigación

Ejemplos que señalan posibilidades de in-tegrar los recursos naturales con las activi-dades científicas, tecnológicas de innova-ción y difusión.

Conclusiones

La transición a una sociedad del conocimiento se presenta como el factor clave en el apro-vechamiento de los términos crecientes del intercambio18 para garantizar el desarrollo a largo plazo de la región. La sociedad del cono-cimiento tiene que ser fortalecida en AL. Las políticas para alcanzar la “eficiencia dinámi-ca”, en la que la productividad y el empleo crecen a la par (CEPAL, 2012a; p.17, 67), de-ben incluir el aprovechamiento de los térmi-nos del intercambio en el contexto de la re-primarización y la sociedad del conocimiento mediante:

1) Una mayor utilización de los excedentes de los términos crecientes del intercambio para el desarrollo tecnológico y la educa-ción superior. Esto se logra con una mejor tributación y mejor distribución de los re-cursos para áreas estratégicas que permi-tan que los sectores tengan una integración por medio de la I+D+i y las TIC.

en Telecomunicaciones (CENDIT) impulsa un desarro-llo integral del sector.

18 China ha basado su desarrollo, en una primera etapa, en ventajas comparativas de bajos costos salariales (entre otros factores), sin embargo esta ventaja disminuye al igual que sus términos de intercambio. China se encuentra ya en el proceso del catch-up donde “los salarios del sector secun-dario comienzan a incrementarse sustancialmente” (UNCTAD, 2012; p.85). Con las expectativas de aumento salarial (IMF, 2012), y como medida para mantener el alto crecimiento, China ha empren-dido una carrera tecnológica y en los últimos años ha pasado a ser el segundo lugar en publicaciones científicasanivelmundial(Véase,TRS,2011);enenergías renovables (el país líder en energía eólica), en nanotecnología (tercer lugar mundial en publica-ciones) (Wilsdon y Keeley, 2007), en biotecnología, en industria automotriz, entre otras de alta tecnolo-gía (como la aeroespacial). Así, con un avance en la sociedad del conocimiento, China pretende sustentar su desarrollo cuando pierda la ventaja comparativa de bajos salarios.


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2) Mayor vinculación y cooperación entre los sectores y países de la región para poten-cializar sus ventajas comparativas. Las asi-metrías en la sociedad del conocimiento son muy marcadas en la región. La coor-dinación permite generar capacidades de negociación en bienes específicos como el cobre y la soja. Así como la distribución de tecnología para aumentar la competitivi-dad regional.

3) Políticas para la atracción de IED a los paí-ses del Sur. La cooperación entre los países de AL y de Asia en desarrollo tiene un po-tencial para lograr un crecimiento de am-bos aprovechando sus ventajas comparati-vas y competitivas (Véase CEPAL, 2012b). La sociedad del conocimiento puede gene-rar capacidades para la absorción y adap-tación de tecnologías desarrolladas en los países del Sur.

Las asimetrías entre los países de AL en sus reservas de recursos naturales son aún más severas respecto a sus capacidades científi-cas y tecnológicas. Si se toman en cuenta los problemas de distribución y equidad así como de la deuda ecológica es posible que la región latinoamericana tome ventaja de la reprima-rización para fortalecer su sector cuaternario y llevar a un desarrollo económico sustenta-do. Esta ventaja viene dada por la evolución de la sociedad del conocimiento en la región. El progreso de la sociedad del conocimiento en las economías latinoamericanas es esencial para el incremento de la productividad y la inclusión de valor en sus vastos recursos na-turales. Si se toman medidas para aprovechar las ventajas en los términos de intercambio, la reprimarización resultará con impactos po-sitivos en el mediano y largo plazos.

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Venezuela: El petróleo como fuente rentística internacional y soberanía

Bernard Mommer

La soberanía es un concepto originariamente territorial. Cuando de recursos naturales se trata, los derechos que los individuos puedan reclamar sobre los mismos nunca dejan de estar sujetos al dominio eminente del Estado y a su poder regulatorio. De hecho, la mayor parte de los componentes del territorio nacio-nal no dejan de ser propiedad pública y, en particular, ello se aplica a la gran mayoría de los minerales.

El régimen concesionario

Asignar tales derechos es la función más ele-mental del Estado soberano. Sin embargo, cuando se trata de componentes del territorio nacional muy codiciados internacionalmente como ocurre con los minerales, las compañías mineras internacionales y los países consumi-dores correspondientes – al fin, los viejos colo-nizadores – siempre han tratado de minimizar y hasta negar tales derechos soberanos. Ello llevó a los gobiernos latinoamericanos a in-troducir en sus legislaciones mineras disposi-ciones mediante las cuales las concesionarias extranjeras tuvieron que comprometerse a no recurrir a sus respectivos gobiernos de origen, y a no pedirles que respaldaran sus causas y las llevaran a arbitrajes internacionales. Así, en Venezuela, el Código de Minas de 1910, en su Artículo 23, establecía que:

…las dudas o controversias de cualquiera naturaleza que puedan suscitarse con mo-tivo de la concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los Tri-bunales de Venezuela de conformidad con

sus leyes, sin que por ningún motivo ni por ninguna causa puedan ser origen de recla-maciones extranjeras.

Es decir, el régimen concesionario estaba so-metido a la exclusiva jurisdicción nacional. No obstante, en este mismo artículo se compro-metía la soberanía impositiva del Estado:

Todo título de concesión minera reviste el carácter de contrato celebrado entre el Gobierno Nacional y el concesionario, res-pecto a los derechos y obligaciones esta-blecidos por la presente Ley, inclusive los impuestos…

Le tomó a Venezuela 33 años liberarse de esta limitación inaceptable de su soberanía impo-sitiva. En el contexto de la Reforma Petrolera de 1943, en la nueva Ley de Hidrocarburos (a la cual tuvieron que someterse todas las con-cesionarias) se reconoció el carácter contrac-tual de los impuestos mineros específicos –es decir, las rentas y regalías– definidos tanto por esta Ley como por los títulos de concesión como ‘ventajas especiales’ (Artículo 46), pero se dejó igualmente en claro que las concesio-narias estarían sujetas a la soberanía impositi-va del Estado en general:

Además… los concesionarios pagarán todos los impuestos generales, cualquiera que sea su índole...

En 1967, Venezuela creó su primera compañía petrolera estatal, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Con su ayuda, el Estado venezolano exploró nuevas formas contrac-


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tuales con las compañías extranjeras, las cuales serían más ventajosas para el Estado que las concesiones tradicionales. Ello llevó, en 1967, a la reforma del Artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos de 1943, con dos propósitos: uno, definir condiciones mínimas para los con-venios que iba a suscribir la CVP, superiores a las establecidas para las concesiones; dos, ga-rantizar que la empresa estatal siempre esta-ría sujeta a la exclusiva jurisdicción nacional:

En los convenios se insertará la siguiente cláusula: “Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitar-se con motivo de este convenio y que no puedan ser resueltas amigablemente, se-rán decididas por los Tribunales competen-tes de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones ex-tranjeras”.

Obviamente, el propósito de esta cláusula era prevenir que se desarrollaran relaciones contractuales entre la empresa estatal y sus socios privados tales que pudieran menosca-barse los derechos soberanos del Estado.

En resumen, desde 1943, Venezuela era un país petrolero moderno. El recurso natural se concebía como una propiedad nacional y so-berana, de manera que el Estado estaba en condiciones favorables para recaudar toda ga-nancia extraordinaria que pudiera generar el recurso natural en los mercados mundiales, si esto se consideraba conveniente.

El régimen de la compañía nacional

Este proceso desembocó, sorpresivamente, en la nacionalización de la industria petrolera, la cual se hizo efectiva el 1º de enero de 1976. Hasta fines de 1973, en Venezuela nadie se había planteado la posibilidad de nacionali-zar las compañías petroleras. Fueron las con-cesionarias que se adelantaron con tal pro-posición, en diciembre de 1973, después de haberse producido los acontecimientos en el Medio Oriente que conformaron la ‘Revolución de la OPEP’, con la cual los países petroleros

del Medio Oriente hicieron valer sus derechos soberanos como Venezuela lo venía haciendo desde 1943.

En Venezuela, las compañías tuvieron éxito en desviar el rumbo de la política petrolera na-cional, y adelantarse con su proyecto de na-cionalización. En 1975, la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidro-carburos –popularmente conocida como Ley de Nacionalización– puso fin, formalmente, al régimen concesionario. Tal régimen ya no serviría de base mínima. Asimismo, se eliminó a la CVP, que ya no serviría como brazo ejecu-tor del Ministerio de Petróleo. En cambio, las concesionarias se iban a convertir en sendas compañías por acciones propiedad del Estado: la Creole (Exxon) se convirtió en Lagoven; la Shell de Venezuela en Maraven; la Mene Gran-de (Gulf) en Meneven; etc. Todas estas nuevas empresas del Estado quedaron bajo el control firme del antiguo tren ejecutivo venezolano de las concesionarias extranjeras, convirtién-dose así en una verdadera caballería troyana. Las sucesoras de las concesionarias se conci-bieron, además, como filiales de una sociedad de cartera, Petróleos de Venezuela, S.A. (PD-VSA), a la cual se encargó del control, super-visión y coordinación de las mismas. Ya no las iba a controlar, supervisar o coordinar el Mi-nisterio de Petróleo, como había sido el caso con las concesionarias extranjeras. En cambio, las funciones del Ministerio de Petróleo, con la nacionalización, se redujeron a las de una gestoría de PDVSA ante el gobierno nacional.

La Ley de Nacionalización preveía la posibi-lidad, en condiciones muy restringidas, de convenios operativos y de asociaciones, estos últimos sujetos a la aprobación del Congre-so Nacional. Cuando a partir de 1989, PDVSA adelantó la política de Apertura Petrolera y presentó al Congreso varios proyectos de tales asociaciones, entre las condiciones exigidas se encontraba que a PDVSA se le liberara de la exclusiva jurisdicción nacional y, en cambio, aceptara el arbitraje internacional ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París. Ello iba a la par con un régimen fiscal

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por virtud del cual la tasa de regalía se reba-jaría al uno por ciento – en el régimen conce-sionario el mínimo había sido un sexto – y se aplicaría la tasa de impuesto sobre la renta no petrolera (una tasa del 34%, en vez del 67,7% que se aplicaba a PDVSA). En otras palabras, el régimen fiscal aplicable sería más o menos el mismo que el régimen aplicable a cualquier negocio ordinario. Todo ello, además, con el propósito de que PDVSA asumiera el papel de rehén y garantizara a los socios extranjeros, dentro de ciertos límites, una indemnización en el caso de que el Estado llegara a tomar, a lo largo de los próximos 35 a 40 años, medidas fiscales definidas como ‘discriminatorias’ en los convenios de asociación.

Al mismo tiempo, muy discretamente y sin que jamás se llegara a relacionarse pública-mente con el tema petrolero, PDVSA promovió la firma de Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs). De particular importancia iba a ser el tratado con Holanda. De acuerdo a éste, Ho-landa y Venezuela acordaron que sus naciona-les (en su calidad de inversionistas en el te-rritorio del otro Estado contratante), tendrían el derecho de acudir al arbitraje internacional en contra del Estado anfitrión, ante el Cen-tro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Banco Mundial en 1965. Ahora bien, el Tratado Holandés se definía lo que se consideraba una “inversión” y, en consecuencia, lo que podría dar lugar a un arbitraje internacional. Tal de-finición incluye:

[Los] derechos otorgados bajo el derecho público, incluyendo derechos para la pros-pección, exploración, extracción y explo-tación de recursos naturales.

Por otra parte, calificar estos tratados como bilaterales es muy engañoso. El Tratado Ho-landés define a las “personas jurídicas” que califican como holandesas por el solo hecho de haberse constituidas “bajo las leyes” de la parte correspondiente. Ahora bien, para cual-quier empresa que así lo desee, cuesta muy poco intercalar entre su casa matriz y su filial en Venezuela una empresa constituida en Ho-

landa, con lo cual la filial en Venezuela califi-ca como empresa holandesa. De acuerdo con las leyes holandesas, no se necesita mucho más que un buzón de correo en Holanda, aten-dido por un bufete local de abogados. Así, en Venezuela se han presentado como empresas holandesas la italiana ENI; las estadouniden-ses Conoco Phillips, Chevron y ExxonMobil; la china CNPC; la noruega Statoil; y –¡vaya sor-presa!– la Royal Dutch-Shell.

PDVSA ya había presentado su primer proyecto de asociación en 1991, y también en 1991 se habían terminado las negociaciones en torno al Tratado Holandés. Sin embargo, hubo resis-tencia, y ésta sólo se pudo superar con la sali-da de la Presidencia de la República de Carlos Andrés Pérez (quien en mayo de 1993 cayera víctima de un golpe de Estado jurídico que se lanzó desde la Corte Suprema de Justicia). Pé-rez se refirió entonces, en su último discurso como Presidente, a la “rebelión de los náu-fragos”, al hecho de que todos sus oponentes históricos habían logrado de alguna manera organizarse en una acción orquestada para destituirlo cuando sólo le faltaban ocho me-ses para terminar su período constitucional. En retrospectiva, y a la luz de la experiencia de dos posteriores golpes de Estado fracasa-dos (uno militar y otro económico), ambos promovidos abiertamente por PDVSA, no es difícil llegar a la conclusión de que el jefe de orquesta de este primer golpe de Estado tam-bién debe buscarse en aquella cúpula del tren ejecutivo de PDVSA, la cual estaba decidida a imponer a diestra y siniestra la Apertura Pe-trolera (es decir, la globalización del recurso natural). Además, la Corte Suprema de Justi-cia estaba comprometida desde el principio con tal política.

El hecho es que, durante los pocos meses de la presidencia interina de Ramón J. Velásquez, se aprobó el TBI con Holanda por el Congreso Nacional, se ratificó por el Presidente de la República, y se publicó debidamente en la Ga-ceta Oficial. Asimismo, se autorizaron los tres proyectos de asociación presentados por PDV-SA, con las condiciones señaladas. Más aún, se reformó la Ley de Impuesto sobre la Renta de


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manera que estos proyectos calificaran como proyectos no petroleros y, en consecuencia, sólo estuvieran sujetos a la tasa de impuesto sobre la renta correspondiente. Finalmente, en junio de 1993, Venezuela firmó el Convenio del CIADI.

El Congreso aprobó este Convenio en 1994, y el Presidente de la República, Rafael Caldera, lo ratificó en 1995. Sobre la base de éste, a un laudo arbitral del CIADI se le reconoce la máxima jerarquía posible dentro del ordena-miento legal de cada país miembro:

Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar den-tro de sus territorios las obligaciones pe-cuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. (Ar-tículo 54)

La Apertura Petrolera siguió adelante, en este mismo riel, con diez asociaciones más y, tam-bién, con unas docenas de convenios operati-vos (que finalmente iban a seguir las mismas pautas). Su norte era la globalización del re-curso natural, por una parte, y la privatización de la producción, por la otra, más no la priva-tización de PDVSA propiamente dicha: la so-ciedad de cartera que no produce ni petróleo ni gas, no se privatizaría, sino que se converti-ría en el nuevo ente regulador, en sustitución del Ministerio de Petróleo, el antiguo ente re-gulador durante el régimen concesionario. Los promotores de esta política llegaron incluso a imponer su visión en la nueva Constitución de 1999, con el Artículo 303:

Por razones de soberanía… el Estado con-servará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria pe-trolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones…, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de nego-cios de Petróleos de Venezuela, S.A. (Itáli-cas nuestras)

Cuando el viejo régimen político aceptó esta estructura, que suponía no solamente que la empresa nacional se alineara con las compa-ñías petroleras extranjeras en contra del Es-tado, sino también que el Estado mismo con-cediera el arbitraje internacional en su contra y pusiera en entredicho la más elemental ma-nifestación de su derecho soberano –el asig-nar los derechos sobre los recursos naturales y regularlos– no cabe duda que firmó su acta de defunción. El petróleo como fuente rentística internacional, y la posterior distribución de la renta recaudada, habían sido los dos ele-mentos más esenciales de dicho régimen. Por otra parte, el nuevo régimen político promo-vido desde PDVSA, basado en la inversión ex-tranjera, suponía la globalización del recurso natural y la minimización de la renta petro-lera internacional. En otras palabras, era un proyecto esencialmente anti-nacional y, como tal, también estaba destinado al fracaso.

Con el colapso de los precios internacionales del petróleo en 1998, también terminó por colapsar el viejo régimen, pero a éste no le siguió el nuevo régimen ideado por PDVSA. Las elecciones generales en diciembre de 1998 terminaron con una aplastante victo-ria de Hugo Chávez y su Movimiento Quinta República. Y Hugo Chávez, a la cabeza de un vasto movimiento popular, era incontrolable. La vieja PDVSA, desesperada, promovió en-tonces el golpe de Estado militar de abril de 2002, y en diciembre del mismo año se lanzó el golpe de Estado económico, con el sabota-je a las exportaciones petroleras. Fracasados ambos, luego de la segunda derrota el viejo tren ejecutivo de PDVSA perdió sus posicio-nes en la empresa. En un último intento, ya desde afuera, se unieron con todas las fuerzas anti-nacionales promoviendo un Referéndum Revocatorio, en agosto de 2004, con miras a destituir al Presidente Chávez, pero una vez más salieron derrotados.

El gobierno bolivariano siguió entonces su ca-mino, el cual no podía ser otro que revertir las tendencias anti-nacionales de la Apertura Pe-trolera. En un complejo proceso de negocia-ción conocido como Migración, el capital pri-

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vado aceptó una tasa de regalía de un tercio, el papel de socio minoritario con un 40% como máximo, y una tasa de impuesto sobre la renta de 50%. Además, con estas nuevas ‘Empresas Mixtas’ se puso fin a la posibilidad de entablar arbitrajes internacionales (CCI) en contra de PDVSA.

Epílogo

Si bien la política de Migración tuvo éxito ex-traordinario, hubo dos compañías que se ne-garon a participar en la misma: ConocoPhillips y ExxonMobil. ExxonMobil atacó primero a PDVSA con un reclamo de 12 mil millones de dólares, y en seguida –paralelamente– atacó al Estado con un reclamo aún mayor. Conoco-Phillips, por su parte, atacó primero al Estado, con un reclamo de 30 mil millones de dólares. Estas cifras, totalmente fuera de proporción con la inversión realizada, demuestra de lo que realmente se tratan estos litigios: se pre-tende negar al Estado venezolano su derecho soberano, como dueño del recurso natural, de recaudar las ganancias extraordinarias gene-radas por el mismo en los mercados mundia-les. Además, Venezuela tiene pendiente varios casos de minería, donde están en juego los mismos principios y que son muy significativos en sus propios términos (aunque mucho meno-res que los casos petroleros).

Durante esta confrontación, el gobierno ve-nezolano denunció el Tratado Holandés en 2008, y al Convenio del CIADI en 2012. Pero no nos equivoquemos. Aparte de que los efec-

tos de tales denuncias no son necesariamente inmediatos, entre 1993 y 2008 Venezuela fir-mó, aprobó y ratificó, 23 tratados bilaterales. Dichos tratados refieren, además, a los más variados foros y reglas de arbitraje interna-cional, y no solamente al CIADI; figuran allí la Cámara de Comercio Internacional de Es-tocolmo así como UNCITRAL. Casi todos estos tratados contienen la misma definición de “in-versión”, con lo cual se califican como dispu-tas de inversión confrontaciones derivadas del ejercicio de los derechos que asisten al país en virtud de su propiedad nacional y soberana sobre los recursos naturales.

Y tampoco debemos equivocarnos sobre la si-tuación en América Latina en general, o más específicamente, en los doce países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNA-SUR). Estos países han suscrito y ratificado un total de 266 TBIs, y casi todos contienen una definición de la “inversión” que cubre el acceso a los recursos naturales. En cuanto al Convenio del CIADI, Brasil y Surinam nunca se hicieron miembros, y antes que Venezuela, ya se habían retirado Bolivia y Ecuador. Pero, con todo, la mayoría sigue siendo miembros del Convenio del CIADI. Y solamente Brasil nunca ha ratificado un TBI. Así, casi toda América del Sur, tan rica en recursos naturales, se encuen-tra atrapada en una densa red de TBIs, lega-do del neocolonialismo neoliberal de los años ochenta y noventa.

Bernard Mommer es Gobernador por Venezuela ante la OPEP


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Minería a cielo abierto

Una mirada argentina sobre los conflictos sociales

y ambientalesElsa M. Bruzzone

Los investigadores Facundo Villar y Hernán Medina elaboraron en 2008 un “Mapa de Con-flictividad Minera de la República Argentina”, donde distinguieron 17 proyectos de mayor con-flictividad social; más de 400 localidades afec-tadas y 17 organizaciones sociales importantes que llevaban una feroz lucha de resistencia. Actualmente este número se ha incrementado y la lucha se ha intensificado. En algunas pro-vincias, como en Catamarca, a los ambienta-listas se les ha aplicado la “Ley Antiterrorista” sancionada por el Congreso Nacional, a pedido del Poder Ejecutivo, en diciembre de 2011; y en La Rioja el gobierno provincial dispuso ade-más la edición de un Manual para las escuelas sobre las bondades de la explotación minera a cielo abierto, con el propósito de contrarrestar a las asambleas ambientalistas, prohibió a las Asambleas Riojanas brindar charlas informati-vas sobre minería en las escuelas provinciales y que en las ferias de ciencias se presentaran trabajos sobre minería e ingresaran docentes que militaran en las Asambleas; y la justicia provincial persigue sin tregua ni descanso a to-dos aquellos que se oponen a la política minera vigente y a las corporaciones transnacionales.

Hoy las transnacionales mineras actúan como un Estado independiente dentro de las provin-cias. Pueden cortar rutas y caminos provincia-les; sólo se ingresa a los yacimientos con per-misos, han alambrado los territorios; poseen sistemas militarizados de seguridad, en los casos de Bajo de la Alumbrera y Agua Rica, cu-bren un perímetro de 10 kilómetros alrededor de ambos, guardias con armas largas y camio-

netas vigilan día y noche; y los pobladores loca-les tienen prohibido el paso. Diversos medios de comunicación, organizaciones sociales y al-gunos legisladores, han denunciado esta situa-ción y además que las transnacionales mineras a través de donaciones, subsidios, ayudas so-ciales y económicas, avisos y “sobres” de todo color y tamaño, manejan las decisiones políti-cas, las universidades, las escuelas, los medios de comunicación, la justicia y la mayoría de las organizaciones no gubernamentales en todas las provincias donde se han instalado. El pa-pel jugado por las universidades nacionales, ha sido y continúa siendo, salvo unas pocas y hon-rosas excepciones, lamentable, ya que se han puesto al servicio de las transnacionales mine-ras lo cual demuestra que la contaminación no es sólo ambiental, también es social, mental e intelectual.

Estas presiones también fueron ejercidas sobre el Congreso de la Nación para evitar la san-ción de la “Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y sobre el Po-der Ejecutivo Nacional para lograr que la Ley fuera vetada, objetivo que consiguieron. Cabe recordar que todos los proyectos mineros que se encuentran en la Cordillera de los Andes están ubicados en zonas glaciares y periglacia-res, justamente donde nacen la mayoría de los ríos argentinos. En agosto de 2010, el geólo-go Ricardo Martínez, Presidente de la Cámara Minera de San Juan e integrante de Argentina Minera SA (AMINSA), socia de la Barrick Gold en Veladero, informó que se realizaban “prospec-ciones en las áreas periglaciales de Calderón,

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Pachón y Los Azules gracias a que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner vetó la Ley de Protección de los Glaciares”. No fue el único, directivos de Malbex Resources han reconocido lo mismo con respecto a sus proyectos. Pese a todo, un año más tarde fue sancionada y regla-mentada una nueva Ley.

Cabe agregar que en los “Informes GEO 2003 y 2006” elaborados por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación conjuntamente con el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) ya se advertía de los efectos nocivos de este tipo de explotación sobre el ambiente, y especialmente sobre el agua. Más lapidarios son los conceptos vertidos en el “Ma-nual de Educación Ambiental”, elaborado en el año 2011 por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente de la Nación, donde se analiza el impacto sobre el agua, suelo, aire, flora, fauna y la salud humana. A ello se suman los accidentes ambientales producidos por Bajo de la Alumbrera, Cerro Vanguardia, San José - Huevos Verdes; y las denuncias por los acciden-tes de trabajo y condiciones laborales en San José - Huevos Verdes, Mina Martha, Manantial Espejo, Cerro Vanguardia, Sierra Grande. To-das las denuncias son sistemáticamente recha-zadas por las empresas y las justicias provincia-les, salvo honrosos casos de jueces y fiscales que cumplen con su deber como corresponde.

Mejorar la calidad de vida

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadís-ticas y Censo (INDEC) realizó diversas Encues-tas Nacionales Mineras. Las mismas determi-naron en 2007 que los trabajadores ascendían a 19.228; en 2009: 23.374; y en 2010: 19.412. Entre 2004 y 2010 realizó Encuestas Nacionales a Grandes Empresas las cuales determinaron que en las minas y canteras trabajaban en el año 2004: 18.315 personas; en 2005: 23.178; en 2006: 23.672; en 2007: 27.325; en 2008: 28.568; en 2009: 28.913; y en 2010: 29.301; y que 39 mineras integraban la cúpula de las 500 firmas principales del país. Si tomamos esta última información y dividimos el total de tra-bajadores por todas las provincias que integran la Nación, observamos que a cada una de ellas

le corresponde 1.274 puestos de trabajo. Estos datos echan por tierra el mito esgrimido por funcionarios públicos y voceros de las empre-sas mineras acerca de que la megaminería es creadora de enormes cantidades de puestos de trabajo. Quizás el ejemplo más claro de ello sea la provincia de Santa Cruz donde de acuer-do a una investigación realizada por el Centro de Estudios IDESA, 4 de cada 10 empleados de-penden del Estado, con lo cual, de no mediar el empleo público, la desocupación provincial sería del 26%.

Debemos agregar el descomunal uso de ener-gía, que se quita a la industria, y agua dulce, que se quita a la agricultura, ganadería y a la población, porque la minería a cielo abierto necesita agua dulce, cuanto más pura mejor; y que cuando la última pizca de mineral se agota y las empresas se van, dejan tras de sí pobreza, destrucción y contaminación.

Los minerales son necesarios. El desafío es conformar una estructura productiva que en última instancia responda a una sociedad regi-da por valores diferentes a los que predominan hoy en las sociedades de consumo, con sus se-cuelas de deterioro y despilfarro del ambiente. Deberá ensancharse la capacidad para adaptar el progreso técnico a nuestra propia estructura de consumo y esto requerirá el apoyo pleno a todo esfuerzo científico y tecnológico que pue-da contribuir al desarrollo de las potencialida-des productivas de nuestras riquezas mineras evitando su despilfarro y deterioro. No se debe ni se puede admitir la utilización de procesos técnicos sucios y contaminantes aún cuando en un primer momento pudieran tener efec-to positivo sobre la producción. La necesidad de mejorar la calidad de vida debe prevalecer frente al mero cálculo económico de beneficio individual; y la sociedad deber tener en ello un papel fundamental.

Elsa M. Bruzzone es profesora de Historia. Especialista en Geopolítica, Estrategia

y Defensa. Miembro del Consejo Asesor del CEEPADE del Ministerio de Defensa de

Argentina y del CEMIDA, es autora de varios libros sobre los temas del agua y la minería.


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Chile: Allende, el cobre y el movimiento de

trabajadores y estudiantesOrlando Caputo

Graciela Galarce

Este documento actualiza el que enviamos con el mismo título a los dirigentes estudiantiles en junio de 2011. Fue ampliamente utilizado en las asambleas estudiantiles en diferentes universidades y en los colegios de enseñanza media. También circuló ampliamente en el país bajo la forma de power point realizado por un estudiante de la Universidad de Con-cepción, con un llamado final a incrementar la lucha estudiantil y por la renacionalización del cobre. Camila Vallejo, Presidenta de la Fe-deración de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2011 y vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) lo utilizó en su propio twitter, en varias entrevistas y espe-cialmente en una larga entrevista en la Tele-visión Nacional que ha circulado ampliamente en YouToube y en otros medios. A continuación reproducimos actualizado el documento men-cionado:

“Con la nacionalización del cobre realizada por el Presidente Allende, el 11 de julio de 1971, el 100% de la producción de la Gran Minería del Cobre, pasó a ser producido por el Estado de Chile, a través de la Corpora-ción del Cobre, CODELCO. El cobre es tan importante en Chile que Allende lo denomi-nó “El sueldo de Chile”.

Sin embargo, con la desnacionalización de nuevos y ricos yacimientos de cobre posibili-tada por la legislación anticonstitucional de la dictadura de Pinochet, que entrega en propie-dad privada los yacimientos mineros, en cir-cunstancias que la propia Constitución chilena afirma categóricamente que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. La desna-cionalización posibilitada por la legislación de Pinochet, se concretó en los gobiernos de la Concertación pos dictadura. Actualmente al-rededor del 70% del cobre es producido por las grandes mineras privadas, principalmente ex-tranjeras y CODELCO, que producía el 100% de la Gran Minería del Cobre, actualmente solo produce el 30%.

Chile es el principal productor mundial de co-bre con alrededor del 30% y también tiene las mayores reservas del mundo estimadas en más de 30%.

Las exportaciones totales de cobre y subpro-ductos del cobre, desde Chile en 2010 son cer-ca del 80% de las exportaciones de petróleo de Venezuela y superiores a las exportaciones de petróleo de México. Venezuela tiene 28 millo-nes de habitantes, México tiene cerca de 108 millones de habitantes y Chile poco más de 16 millones de habitantes.

En el año 2010, las exportaciones agrícolas de Argentina, se estimaban en alrededor de 25.000 millones de dólares. Las exportaciones chilenas de cobre y subproductos del cobre son el doble de las exportaciones agrícolas argentinas. La

Orlando Caputo Leiva es economista de la Universidad de Chile, Investigador de CETES y del Grupo de Economía Mundial de CLACSO y

de la REDEM. Graciela Galarce Villavicencio es economista

de la Universidad de Chile e Investigadora de CETES.

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población argentina es casi el doble de la población chilena. Sin embargo, el 80% de los ex-cedentes del cobre como princi-pal riqueza básica de Chile son captados por las grandes mine-ras privadas, principalmente ex-tranjeras.

En el primer y segundo punto de estas notas hemos resumido un estudio del año 2007 sobre las ganancias de las grandes mineras mundiales en Chile y la relación con sus inversiones realizadas en Chile desde 1974 hasta 2005, con la información oficial disponible en el Banco Central de Chile, Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), y el Comité de Inversiones Ex-tranjeras.

En la tercera parte, en base a los estados fi-nancieros de las Memorias Anuales del Consejo Minero, organismo que agrupa a las grandes mineras en Chile, estimamos las ganancias de las grandes mineras privadas, principalmente extranjeras, desde 2006 hasta el año 2011.

A. Las ganancias de las grandes mineras extranjeras en 2006

Las mineras extranjeras son las más benefi-ciadas con los actuales altos precios del co-bre, obteniendo fabulosas ganancias en Chile.

Las ganancias del total de las empresas ex-tranjeras crecen en los últimos años en forma acelerada, alcanzando en el año 2006, más de 25 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones de dólares corresponden a las ganancias de las mineras extranjeras que se han apropiado de gran parte del “sueldo de Chile”. Como se puede observar en la gráfico 1, las ganancias enviadas al exterior, que eran antes del año 2003 en torno a 4 mil millones de dólares, suben a más de 25 mil millones de dólares en 2006, debido fundamentalmente al incremento de los precios del cobre.

Los 20 mil millones de dólares de ganancias de las mineras extranjeras en 2006, equivalen en dicho año a:- Cerca del 75% del presupuesto del Estado.

- 4 veces el presupuesto del Mi-nisterio de Educación- Y, más que duplican los eleva-dos excedentes de CODELCO.- Las elevadas ganancias de las empresas extranjeras equivalen a 2 veces el Producto Interno Bruto de Bolivia y a 3 veces el Producto Inter-no Bruto de Paraguay.

B. La información del cuadro 1 es ca-tegórica. Las ganancias de las mine-ras extranjeras de un solo año, 2006, son superiores al total de las inversio-

Grafico 1 - Chile: Ganancias remesadas al exterior por las Empresas Extranjeras (IED)

(En millones de dólares)

Fuente: Banco Central de Chile, Balanza de Pagos 2006

Cuadro 1. Ganancias de las Empresas Extranjeras en la minería del cobre en 2006 y las inversiones extranjeras

totales en la minería chilena desde 1974 hasta 2005(Millones de dólares)

Ganancias de las Mineras Extranjeras en el Cobre en 2006

20.000

Inversiones Extranjeras Bruta en la Minería Chilena 1974-2005

19.976

Fuente: Elaborado en base a informaciones del Banco Central de Chile, COCHILCO y Comité de Inversiones Extranjeras.


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nes extranjeras efectuadas en 32 años en la minería chilena, du-rante el periodo 1974-2005. Esto se debe a que, además de las ga-nancias normales, estas mineras se apropian de la elevada “renta minera” en Chile.

C. Las ganancias de las mineras privadas, principalmente extranjeras 2006-2011

El Consejo Minero, organismo privado que agrupa a las grandes mineras en Chile, inclu-ye a CODELCO. La inclusión de CODELCO en el Balance Consolidado del Consejo Minero, no transparenta en muchas de las categorías económicas las operaciones de las grandes mineras privadas. En los balances hay dos mecanismos utilizados para pagar menos im-puestos: los ingresos declarados por ventas se disminuyen y se elevan los costos en forma ex-traordinaria. Nuestras estimaciones sólo están basadas en los costos operacionales, que son los principales costos, y que los incrementan a partir del gran crecimiento de los precios del cobre en porcentajes similares.

Por ejemplo, el precio promedio anual del co-bre se incrementó de 130 centavos de dólar la libra en el año 2004 a 167 centavos en 2005, es decir en un 28%. Increíblemente, los cos-tos operacionales de los Balances del Consejo Minero también los incrementaron en un 28%.

A partir del año 2005 el crecimiento de los precios del cobre es aún mayor. En 2005, como hemos señalado, el precio del cobre fue de 167 centavos de dólar la libra. En 2008, el precio fue 315 centavos de dólar la libra. De 2005 a 2008, los precios se incrementaron en un 89% y los costos operacionales se incremen-taron en un 85%. (cuadro 2)

A partir de lo anterior, y constatando que en-tre los años 2004 y 2010 se dieron pequeñas modificaciones en la producción, aplicamos a los costos operacionales entregados por el Consejo Minero un incremento anual de 10%. En realidad el crecimiento de un 10% prome-dio anual de los insumos es muy elevado en cualquier empresa. Corregimos los excedentes operacionales antes de impuestos de los ba-lances del Consejo Minero, y restamos los ex-cedentes operacionales de CODELCO, también antes de impuestos, los cuales se publican en los balances anuales de CODELCO.

La estimación de los excedentes operacionales de las mineras privadas, principalmente extran-jeras, se presentan en el cuadro 3. En el año 2006, con el precio del cobre que subió a 305 centavos de dólar la libra, los ex-cedentes operacionales o ganancias antes de im-puestos de estas mineras privadas superaron los 25 mil millones de dólares y el promedio anual 2006-

Cuadro 2. Aumento del precio del cobre y aumentos de costos (En porcentajes)

2005/2004 2008/2005Incremento de costos 28 85Incremento de precios 28 89

Fuente. Construcción propia a partir de los balances financieros del Consejo Minero.

Cuadro 3. Las ganancias de las grandes mineras privadas, principalmente extranjeras 2006 a 2011

(Millones de dólares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011Excedentes de mineras privadas 25.405 28.001 23.295 19.424 29.575 34.632

Fuente. Estimaciones a partir de informaciones financieras oficiales del Consejo Minero y de CODELCO. La fuente sobre producción y precios del cobre es COCHILCO.

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2011 supera los 26.700 millones de dólares.

En el año 2010, con un precio promedio anual de 342 centavos la libra, los excedentes ope-racionales o ganancias se aproximan a los 30 mil millones de dólares.

El precio que hemos estimado para este año 2011 es de 415 centavos de dólar la libra, pre-cio menor al precio promedio a la fecha, 16 de junio de 2011, que es de 428 centavos, in-formado por COCHILCO. Para el año 2011, los excedentes operacionales o ganancias estima-das para las mineras privadas, principalmente extranjeras, superan los 34 mil 500 millones de dólares1

1 La producción estimada por Cochilco en junio de 2011 para dicho año, en vez de subir en 350.000 TM, inexplicablemente disminuyó en 250.000 TM aproxi-madamente. El precio promedio anual 2011 estimado por Cochilco en junio 2011, fue 428 centavos de dólar la libra de cobre. En nuestra estimación consid-eramos un precio promedio anual de 415 centavos. En la realidad el precio fue de 399,9 centavos de dólar la libra. Por lo anterior, las ganancias estima-das por nosotros para 2011, de 34 mil 500 millones de dólares deben bajar a niveles un poco superior a los 30 mil millones de dólares. Por lo señalado, las equivalencias con el Presupuesto del Estado tam-bién disminuyen. Por ejemplo, las ganancias de las mineras privadas, fundamentalmente extranjeras, antes de impuesto, en vez de equivaler al 79% del

Con información de COCHILCO se debe tener presente que los precios de los subproductos del cobre fueron los siguientes:

- El precio del oro subió de 604 dólares la onza en 2006 a 1.529 dólares la onza (16/06/2011)- El precio de la plata su-bió de 11,6 dólares la onza en 2006 a 35,5 dólares la onza. (16/06/2011)- El precio del molibdeno que había bajado de 26,7 dólares la libra en 2006 a 10,8 centavos la onza en 2009, se ha recuperado. COCHILCO estima que alcanza-rá un precio promedio anual en 2011 de 18 dólares la libra. - La producción de cobre, que se

había mantenido sin muchas variaciones, se incrementará en cerca de 350 mil TM en 2011 en relación a 2010.

- En nuestras estimaciones actuales no he-mos incorporado el hecho ampliamente co-nocido, de que las mineras privadas, princi-palmente extranjeras, sólo incorporan una parte mínima del oro, plata, molibdeno y otros subproductos contenidos en las ex-portaciones de cobre. A pesar de ser am-pliamente conocida esta situación ninguna institución del Estado chileno investiga a las mineras extranjeras.

Comparando los 34.632 millones de dólares de excedentes operacionales o ganancias antes de impuestos estimadas para 2011 de las em-presas mineras, principalmente extranjeras, con el presupuesto del Estado de Chile tene-mos que estas ganancias equivalen:

- Al 79% del presupuesto público total (Fisco)- A 3,3 veces el presupuesto total del Minis-

terio de Educación.

Presupuesto Público Total, (Fisco) equivalen al 70%. Así también las ganancias promedio anual de 2006 a 2011 de estas empresas, que habíamos estimado en 26.700 millones de dólares baja a 26.000 millones de dólares.

Cuadro 4. 2011. Presupuesto sector público y ganancias mineras privadas, principalmente extranjeras

(Millones de dólares y % o veces)

Gananacia minera privada

Equiv en % o veces

34,632Presupuesto Público-Fisco 43,611 79 %Ministerio de Educación 10,499 3,3 vecesMinisterio de Salud 4,762 7,3 vecesMinisterio de Vivienda 3,001 11,5 vecesEduc+Salud+Vivienda 18,262 1,9 veces

Fuente: Elaboración propia, a partir del Presupuesto de la Nación 2011, Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda

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Participación social, cultura y comunicación

Osvaldo León

Bajo la consigna “del No al ALCA a la Integra-ción Regional”, el pasado 10 de octubre, Ar-gentina fue escenario de múltiples activida-des promovidas por una diversidad de actores políticos y sociales para conmemorar los siete años de la histórica jornada que tuvo lugar en el balneario de Mar del Plata, donde los pueblos y gobiernos latinoamericanos ponen punto final al proyecto estratégico estadouni-dense de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

El No al ALCA constituye un parte aguas en el rumbo y el escenario político de la región que se manifiesta en una mayor autonomía de los países respecto a Washington y el consiguiente impulso a la integración regional y a la auto-determinación. Expresión de esta dinámica de reconexión con los intereses propios es la conformación de la Unión de Naciones Sura-mericanas (UNASUR) y de la Comunidad de Esta-dos Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Un componente gravitante en este desenlace es la “Campaña Continental contra el ALCA”, impulsada por una diversidad de movimientos sociales, que en todos los países del conti-nente logra tanto la confluencia de una gama amplia de sectores económicos, políticos, so-ciales, culturales y otros estamentos, como también desencadenar actividades públicas de todo tipo y movilizaciones emblemáticas, y colocar en agenda la demanda de avanzar hacia una integración popular y soberana.

Para Estados Unidos, entonces presidido por George Bush hijo, el ALCA constituye el nuevo paso estratégico para consolidar la relación de subordinación y dependencia que los go-bernantes de ese país han sostenido respecto a Latinoamérica y el Caribe a través de una se-

cuencia de doctrinas: desde la Monroe (“Amé-rica Latina para los americanos”), pasando por la del Panamericanismo, Gran Garrote, Buen Vecino, Alianza para el Progreso, Seguridad Nacional, contención del comunismo, hasta la del “libre comercio” (ALCA) (1) .

El descarrilamiento del ALCA no solo represen-ta un golpe a los diseños estratégicos de la potencia del Norte, sino también a las élites criollas que permanentemente se han alinea-do con ella, y que en las circunstancias su po-der mediático resultó fallido ante una campa-ña NoAlca que capitalizó la movilización, los espacios de reflexión, y sobre todo la capilari-dad que tienen los movimientos sociales en la reconstrucción de sentidos.

Pero una cosa es reaccionar, movilizarse, ante una amenaza (el ALCA) y otra muy distinta es asumir los retos que plantea el nuevo esce-nario marcado por los procesos renovados de integración que demanda iniciativas, propues-tas, exigencias de participación social para que tales procesos tengan perspectiva de fu-turo, pues la sola voluntad política de los go-bernantes no basta.

Claves culturales

Como el giro político que se registra en la región es expresión del rechazo popular a las políticas neoliberales -cuyas promesas de bienestar no solo que no se cumplieron sino que agudizaron la desigualdad social-, los nue-vos vientos de integración soplan más allá del

1 Un pormenorizado relato de estas relaciones se encuentra en: Luis Suárez Salazar, Madre América: Un siglo de violencia y dolor (1898-1998), Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006.

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factor comercial para propiciar diálogos en términos de cooperación y concertación polí-tica. En esta dinámica se inscribe la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) pues, como precisa Pedro Sassone (2), sociólogo venezola-no integrante de la Secretaría General de este organismo, se trata de “un proceso de cons-trucción a partir de un diálogo político de en-tendimiento y confianza de los Estados frente tanto a los grandes problemas estructurales que tiene Suramérica, como a las grandes po-tencialidades y fortalezas. O sea, UNASUR es un espacio de posibilidades, porque te da la posibilidad de que dentro de la diversidad po-damos construir un consenso, cosa que no es fácil, es un proceso político complejo, pero cuando hay voluntad política se encuentran los espacios de consenso”.

Tras señalar que “los procesos de integración no se consolidan en el tiempo si no hay par-ticipación social”, reconoce que a UNASUR “le hace falta ese componente esencial que la haga irreversible en el tiempo, esa es la vi-sión a largo plazo, que los sectores sociales, los medios de comunicación y las comunidades asuman el proceso de integración. Es un pro-ceso a construir, y las construcciones se dan desde la sociedad”.

A este proceso de integración, reconoce, “le falta un componente social que lo haga irrever-sible en el tiempo, porque estos son procesos que se van estructurando en el tiempo, no son cosas de corto plazo, esa visión de largo plazo se podrá hacer realidad en la medida que la so-ciedad, las comunidades, los sectores sociales, los medios de comunicación también asuman el proceso de integración, que es un proceso a construir, y las construcciones se dan desde la sociedad. Por lo mismo, falta que desde los propios movimientos sociales empiecen a surgir propuestas, iniciativas de participación, que pasen a conformar consensos en la diversidad para construir sus agendas de integración”.

Si bien el tema de la participación está con-templado desde la constitución jurídica del organismo, no es sino hasta el pasado 30 de noviembre, en la VI Cumbre realizada en Lima,

Perú, que se traduce en un mandato expreso. El punto 15 de la Declaración señala: “Que la participación de los actores sociales es un as-pecto sustantivo del proceso de integración suramericana y fundamento de su Decisión de crear un Foro de Participación Ciudadana de UNASUR como espacio específico y propio, e instan a los Consejos Sectoriales, Grupos de Trabajo y demás instancias de UNASUR a esta-blecer, según su propia especificidad y fines, mecanismos de difusión de sus actividades y de recepción de sugerencias e iniciativas” (3).

El curso y contenidos que adquiera este man-dato va a depender, obviamente, de las fuerzas en presencia, pues bien puede ser abordado con un sentido formal, cuando no instrumen-tal, en tanto simplemente se trataría de abrir espacios institucionales –necesarios por cier-to- para que entidades organizadas de la so-ciedad tengan la oportunidad de decir su pa-labra, o bien con un sentido estratégico cuyo desafío pasa porque la integración regional se convierta en un eje político movilizador del campo popular.

Esto último es fácil decirlo, pero en la reali-dad se trata de una tarea cuesta arriba pues lleva a confrontar marcos culturales, ideoló-gicos, sedimentados por siglos de dominación con las políticas colonialistas e imperiales del “divide para vencer” que han repercutido en indiferencia, animosidades, cuando no odios y hasta xenofobia, incluso entre vecinos con raíces comunes distanciados por fronteras ar-tificiales. Esos estereotipos que subyacen en los intersticios sociales donde la dominación reafirma su hegemonía, por lo demás, muy marcada por la extranjerización cultural de nuestras élites.

En una conversación sobre este tema, la filó-sofa e historiadora venezolana Carmen Bohór-

2 Intervención en el Seminario “Medios Sociales: enfoques estratégicos en clave de integración”, or-ganizado por ALAI, Quito, 21 – 24 de noviembre 2012.

3 Declaración: VI Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, http://alainet.org/active/60122


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quez (4), coordinadora de la Red de Intelec-tuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, sostiene: “no solamente precisamos superar la dominación externa, sino también la interna, lo cual pasa por la integración de nuestras so-ciedades, en el sentido real de los términos… (asumiendo) que somos todavía un archipiéla-go de pueblos que no hemos logrado integrar-nos en un proyecto colectivo común. No se trata de borrar la diferencia cultural, porque creo que todos estamos orgullosos de nuestras raíces… sino cómo lograr que esas memorias se unan y pasen a ser memoria de todos”.

Hacia una agenda social de comunicación

El rescate de la memoria histórica, la construc-ción de identidades y de sentidos y horizontes comunes son, entre otros, los desafíos que co-locan en la disputa cultural los procesos de in-tegración. En este plano, uno de los espacios más importantes es el de la comunicación y en ésta, el sistema mediático. Un poder altamen-te concentrado y patrimonialista, que ha pasa-do a ser el paladín de la oposición a los vientos de cambio (ante el descalabro de los partidos de derecha), y por tanto en puntal de los cues-tionamientos a los procesos de integración re-gional, presentando como única opción válida la inserción a la globalización neoliberal.

De manera generalizada, la réplica se ha limi-tado a la denuncia o a la contrainformación, que con ser necesarias resultan insuficientes, siendo que el momento reclama definir agen-das propias para dar impulso a una comunica-ción contrahegemónica que, entre otras cosas, propicie la construcción de relatos alternati-vos en la interacción con los procesos organi-zativos sociales, lo cual pasa por rescatar el sentido mismo de comunicación, que implica diálogo, hoy avasallado por la lógica transmi-siva imperante. Cuestión aún pendiente de debate en los propios procesos de cambio.

Aunque todavía de manera embrionaria, es-tán surgiendo propuestas, o cuando menos señalamientos, para avanzar en la definición

de una agenda social de comunicación en la perspectiva de hacer efectiva una integración con participación de los pueblos. Al respecto se destacan tres ejes: medidas efectivas para democratizar la comunicación, estrategias e iniciativas regionales de comunicación y la in-tegración de infraestructuras y compatibilidad de sistemas.

En la agenda pública de prácticamente todos los países de Suramérica se ha instalado el tema de la democratización de la comunica-ción que hasta hace poco estaba condenado al ostracismo(5), teniendo como epicentro la disputa por el establecimiento de normativas cuando menos para el campo mediático. Este tema que antes estaba circunscrito a actores vinculados a esta actividad (particularmente medios alternativos y populares), cada vez más es asumido socialmente o cuando menos por sectores sociales organizados, en tanto factor estratégico para consolidar la democra-cia y profundizar los cambios sociales.

En esta línea se inscribe el desafío de avanzar en términos propositivos de cara a la integra-ción regional, partiendo de la exigencia de que en ella se incorpore a la comunicación como un eje estratégico institucional y programáti-co, ya que hasta ahora brilla por su ausencia.

En cuanto a las estrategias e iniciativas regio-nales de comunicación, cabe destacar que en el plano de medios públicos se registran avan-ces importantes por acuerdos que se vienen

4 Osvaldo León, “Entrevista a Carmen Bohórquez - somos todavía un archipiélago de pueblos”, Bicen-tenarios: historia compartida, tareas pendientes, América Latina en Movimiento, No 448, ALAI, sep-tiembre 2009.

5 El simple planteamiento para que los conglo-merados mediáticos abran espacios para debatir sobre algo tan elemental como sus responsabilidades democráticas no pasaba de ser un buen propósito. Ahora, aunque en términos muy acotados y a rega-ñadientes incluso los propios medios hegemónicos se han visto forzados a abrir sus espacios a este debate, pero su reacción se ha caracterizado sobre todo por una línea propagandística con la muletilla de la defensa de la libertad de expresión

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estableciendo entre agencias de noticias, ra-dios y TVs, como también por la creación de un medio paradigmático como es Telesur. En el campo de la comunicación alternativa y po-pular también hay voluntades que van en este sentido, como es el caso del Enlace de Medios para la Democratización de la Comunicación (http://enlacemedios.info/) que además de esta causa asume como eje central los proce-sos de integración. Queda por encontrar los caminos conducentes a entendimientos más amplios para lograr un foro de movimientos de comunicación que potencie los debates e intercambios necesarios para la formulación e implementación de propuestas que permitan incidir en los espacios de participación, como el que se ha abierto en UNASUR.

No menos importante es la integración de in-fraestructura y compatibilidad de sistemas, pues ahí se pone en juego la soberanía tec-

- A 7,3 veces el presupuesto del Ministerio de Salud.

- Y, a 11,5 veces el presupuesto del Ministe-rio de Vivienda. (cuadro 4)

- Duplican el presupuesto total de estos tres ministerios claves de Chile: Educación, Sa-lud y Vivienda. (cuadro 4)

Con estos recursos o una parte importante de ellos se pueden financiar todas las reivindica-ciones de los estudiantes y de los trabajado-res chilenos, que han sido formuladas en las masivas marchas recientes en Santiago y en muchas ciudades de Chile.

La desnacionalización del cobre y las elevadí-simas ganancias debido a la apropiación de la renta minera, o la apropiación del “sueldo de Chile”, son inconstitucionales, como hemos señalado dado que la Constitución chilena se-ñala categóricamente que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e im-prescriptible, de todas las minas”.

nológica respecto a un hecho central: el paso del mundo analógico al digital. No se trata solamente de conectividad, sino de políticas públicas para que estos nuevos recursos con-tribuyan a resolver viejos problemas, como los relacionados a la concentración y mono-polización, propiciando una mayor pluralidad y diversidad para que la libertad de expresión no continúe como un privilegio de pocos sino como un derecho del conjunto de la sociedad.

En suma, siendo que hay una multiplicidad de fuerzas que le apuestan a la integración -al tiempo que se multiplican las amenazas del vecino del Norte, puesto que América Latina y el Caribe son considerados como su principal reserva estratégica segura, con el obsecuente alineamiento de que las élites criollas- ¿no será hora de reeditar la confluencia que se alcan-zó cuando la Campaña NoAlca, con los debidos matices que marcan los tiempos, por cierto?

tions/2011/4294976134.pdf

UNCTAD (2012) Trade and Development Report 2012, Policies for Inclusive and Balanced Growth, United Nations Publication, 208pp.

Bases de Datos:

World Development Indicators, 2012 – Banco Mun-dial, World Data Bank, Consulta el 5 de noviembre del 2012. Disponible en Línea: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do

CEPALSTAT– CEPAL, Bases de Datos, consulta el 3 de noviembre del 2012.

Disponible en línea: http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp?carpeta=estadisticas&idioma=i

UNData – Naciones Unidas, Base de Datos, A world of Information, Consulta el 3 de noviembre del 2012. Disponible en línea: http://unstats.un.org/unsd/databases.htm

Comtrade – Naciones Unidas, Commodity Trade Database, Consulta el 4 de noviembre del 2012. Dis-ponible en línea: http://comtrade.un.org/

KAM, Knowledge Assessment Methodology 2012, The World Bank, Consulta el 5 de noviembre del 2012. Disponible en línea: http://web.worldbank.org/

Chile: Allende, el cobre y...viene de la página 40

América Latina ante la reprimarización...viene de la página 29

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