Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales1

El compromiso del gobierno nacional con la dinamización de proyectos y la vinculación de la industria extractiva minera a su estrategia de

desarrollo económico se ha fortalecido en los últimos años. Así quedó eviden-ciado en el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 que presenta al sector minero energético como una de las cinco loco-motoras del desarrollo del país. En este auge de las actividades extractivas, el sector minero-energético ocupa casi el 7% del PIB y más del 50% de las expor-taciones colombianas.2

Junto con el modelo de desarrollo ru-ral, el conflicto armado y las prácticas sociales y culturales discriminatorias, las actividades de extracción minera vienen deteriorando la calidad de vida de las comunidades. Particularmente, contribuyen a la feminización de la po-breza y a la vulneración de los derechos a la tierra y el territorio; los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres rurales, especialmente de campesinas, indígenas y afrodescen-dientes.

En adelante se pretenden evidenciar los impactos que la extracción de car-bón he generado en la vida, cuerpos y derechos de las mujeres rurales, hacien-do un especial énfasis en las mujeres indígenas de la etnia wayuu y a las mu-jeres afrodescencientes en el departa-mento de La Guajira. También, pero en

menor medida, se hará referencia a las mujeres en el departamento del Cesar.

La Guajira es uno de los departamen-tos del país con las cifras mas críticas en relación a la pobreza y la desigualdad: para 2010 el 64,33% de habitantes vi-vían en pobreza, porcentaje superior al promedio nacional que se encuentra en 37,20% y que únicamente es superado por el departamento del Chocó; el índi-ce de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 65,23%, también por enci-ma del promedio nacional; el índice de Desarrollo Humano (IDH) se encuentra en 0,691, por debajo del nacional; el ín-dice de Gini es de 0,615 superior al na-cional que corresponde a 0,5603.

Por Dana Barón*

Junto con el modelo de desarrollo rural, el conflicto armado y las prác-ticas sociales y culturales discrimina-torias, las actividades de extracción minera vienen deterioriorando la calidad de vida de las comunidades. Particularmente, contribuyen a la fe-minización de la pobreza y a la vul-neración de los derechos a la tierra y el territorio; los derechos económicos, sociales y culturales.

Las actividades extractivas del sector minero-energético ocupan casi el 7% del PIB y más del 50% de las exportaciones colombianas.

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Este artículo pretende evidenciar los impactos que la extracción de carbón ha generado en la vida, cuerpos y derechos de las mujeres rurales, haciendo un especial énfasis en las mujeres indígenas de la etnia wayuu y las mujeres afrodescencientes del departamento de La Guajira.

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Feminización de la pobreza y vulneración a los DESC

La violencia económica expresada en baja vinculación laboral de las mujeres -en 2006 las mujeres ocupaban el 19.8% de la fuerza de trabajo del sector mine-ro en el país4-, las precarias condiciones laborales, la vinculación en labores “tí-picamente” femeninas y la sobrecarga de trabajo del cuidado5 generada por la minería, contribuyen a la feminización de la pobreza.

Aunque la minería ocupa una impor-tante proporción del PIB (58%)6 de La Guajira, tan sólo representa el 2,9% del empleo, lo cual indica no sólo que no se ha sustituido el empleo agrícola por la actividad minera7, sino que una impor-tante proporción de personas se encuen-tra desempleada, en su mayoría mujeres.

Por otro lado, las enfermedades res-piratorias, cutáneas, oculares, así como los nacimientos prematuros o interrum-pidos involuntariamente y las infeccio-nes vaginales, evidencian las múltiples afectaciones a la salud de las mujeres rurales generadas por la contaminación, el deterioro y la destrucción que la mi-

nería produce en los recursos naturales, en especial en las fuentes hídricas, ali-mentarias y de producción agropecuaria.

En La Guajira, se incrementó la mor-talidad materna pasó de 79 fallecimien-tos por cada 100.000 nacidos vivos en 2004 a 181,1 en 2011; de estos el 93% pertenece a la etnia wayúu8. De otro lado, la situación nutricional de niñas y niños menores de 5 años es preocu-pante pues se presenta un 11,15% de desnutrición global o bajo peso, en comparación con el 3,43% correspon-diente al nivel nacional9.

La reducción del acceso y la calidad de las fuentes alimentarias y producti-vas y la transformación de los modelos de producción y las prácticas propias y ancestrales, históricamente conservadas por las mujeres, en particular las indíge-nas y afrodescendientes, también afec-tan el derecho a la alimentación en la medida en que favorece la malnutrición de mujeres y niñas.

En cuanto al derecho a la educa-ción, la oferta de educación superior está dirigida especialmente a suplir las necesidades de la explotación minera, dejando de lado el fortalecimiento de la vocación agrícola y artesanal y de los conocimientos y saberes tradicionales ancestrales de las mujeres indígenas y afrodescendientes. A ello se suman los obstáculos de acceso de las niñas, niños y jóvenes a la educación secundaria y superior generados por la falta de recur-sos, la precaria infraestructura y la au-sencia de servicio de transporte, entre otras razones.

La explotación minera profundiza la situación de violencia económica que afecta a las mujeres, ya que no genera incremento de empleo ni remuneración

La explotación minera profundiza la situación de violencia económica que afecta a las mujeres, ya que no genera incremento de empleo ni re-muneración digna para las mujeres, y promueve no sólo la sobrecarga de trabajo del cuidado sin reconocimien-to y remuneración, sino también los estereotipos laborales.

Grupo de mujeres wayuu en Encuentro de mujeres rurales y minería.

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digna para las mujeres, y promueve no sólo la sobrecarga de trabajo del cuida-do sin reconocimiento y remuneración, sino también los estereotipos laborales. Además, incide en que prácticas tradi-cionales como la agricultura, la artesanía y el trueque se transformen en prácticas mercantilizadas, en productos que se intercambian por dinero. Lo anterior su-mado a la vulneración al derecho a la salud, la educación y la alimentación, favorece en últimas en la feminización de la pobreza.

Vulneración del derecho a una vida libre de violencias

En las zonas de explotación minera se incrementan los casos de violencia sexual y física, en especial las redes de trata de personas, explotación sexual y prostitución forzadas. En Bosconia, de-partamento del Cesar, en el que explo-ta principalmente Drummond, se han identificado 40 casos de prostitución in-fantil relacionados con la minería10.

Como lo señaló recientemente una investigación periodística, “desde Carta-gena, Pereira, Medellín, Armenia y Cali se mueven ‘oficinas de enganche’ de menores y prostitutas de hasta 26 años (…) estas redes criminales han montado campamentos, cerca de las minas, para prestar servicios de entretenimiento a los trabajadores”11.

Por otro lado, producto de la violencia política, las mujeres son excluidas -en mayor proporción que los hombres- de la toma de decisiones sobre política mi-nera. Además, por medio de amenazas, desaparición forzada, asesinatos y vio-lencia sexual se debilitan sus procesos organizativos y se vulnera su derecho a defender los derechos humanos. Mues-

tra de esto es el caso de Adelina Gómez Gaviria, lideresa campesina y defenso-ra de derechos humanos, asesinada el pasado 30 de septiembre, en la vereda Cortaderas del municipio de Almaguer, Cauca. Ella hacía parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y había sido amenazada tras impulsar el Foro Minero y Ambiental en el que participaron alrededor de 1.500 campesinos, campesinas e indígenas12.

Afectaciones al derecho a la tierra y el territorio

Al impacto ambiental y el carácter marginal de la propiedad femenina de la tierra13, se suma el despojo de tie-rras cuya destinación posterior está relacionada con industrias extractivas, precedido por desplazamiento forzado y reasentamientos involuntarios en los que las mujeres y niñas son las princi-pales afectadas por los impactos des-proporcionados14 que dichos hechos les generan.

Con la reducción de resguardos y te-rritorios colectivos, la explotación mi-nera contribuye al bajo uso y decisión que tienen las mujeres rurales en estos

Al impacto ambiental y el ca-rácter marginal de la propiedad femenina de la tierra, se suma el despojo de tierras cuya destinación posterior está relacionada con in-dustrias extractivas, precedido por desplazamiento forzado y reasen-tamientos involuntarios en los que las mujeres y niñas son las prin-cipales afectadas por los impactos desproporcionados.

La explotación minera profundiza la situación de violencia económica que afecta a las mujeres. En La Guajira las mujeres del pueblo wayuu hantransformado prácticas culturales propias y ancestrales a causa de la extracción minera.

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descendientes, y transforman prácticas tradicionales como el trueque, a razón de que disminuyen las posibilidades de intercambiar sus productos agropecua-rios y artesanales.

No obstante lo anterior, en las recien-tes sentencias de restitución de tierras, las y los jueces determinan medidas precarias para las mujeres rurales. Por ejemplo, de 25 sentencias analizadas, sólo una establece medidas específicas para las mujeres relacionadas con el cumplimiento de la Ley 731 de 2002 so-bre mujeres rurales.15

Algunas recomendaciones

Pese a los compromisos jurídicos del Estado adquiridos especialmente en los artículos 11, 13, 14, 15 y 16 de la CEDAW

-Convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la elaboración de un plan de pre-vención de violencias con el Ministerio de Minas -hasta ahora desconocido en su formulación e implementación, y el Programa Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que se limita a brindar apoyo productivo y formativo a un muy bajo porcentaje de mujeres, son insuficientes estas me-didas frente a la magnitud de las pro-blemáticas de las mujeres rurales en las zonas de explotación minera.

Para las mujeres rurales de La Guaji-ra entrevistadas, vivir sin la explotación de carbón significaría mejor calidad de vida, es decir, ampliar los años de vida, tener una vida tradicional, autónoma y saludable, libre de contaminación, ca-lentamiento global y pérdida de la na-turaleza ancestral: “los animales serían más sanos y no hubiera tanta mortalidad en las especies ancestrales”, “estuviéra-mos enriquecidas por nuestros cultivos, conservaríamos nuestra riqueza ecoló-gica y tendríamos menos enfermedades en nuestra comunidad”.

Dado que estos hechos constituyen una grave violación a los derechos de las mujeres, se hace necesario que tanto el Estado como las empresas elaboren in-

Para las mujeres rurales de La Guaji-ra entrevistadas, vivir sin la explotación de carbón significa mejor calidad de vida, es decir, ampliar los años de vida, tener una vida tradicional, autónoma y saludable, libre de contaminación, ca-lentamiento global y pérdida de la natu-raleza ancestral.

territorios, pese a que la propiedad es de carácter colectivo (es el caso de las co-munidades indígenas y afrosdecendien-tes). Así, además de afectar los derechos a la propiedad colectiva, la explotación minera vulnera el derecho a la consulta autónoma y a la autodeterminación de dichos pueblos, para quienes la tierra es la fuente de toda forma de vida.

Adicionalmente, la extracción minera transforma los territorios y las prácti-cas culturales propias y ancestrales que históricamente han sido preservadas por las mujeres. Impide, por ejemplo, el acceso a sitios sagrados y reduce las plantas y animales medicinales usados tradicionalmente por las mujeres indí-genas y afrodescendientes para la cura-ción de enfermedades y el bienestar en la comunidad. Esto dificulta las labores desarrolladas por las parteras y soñado-ras, que en el caso del pueblo wayuu han disminuido su accionar en los res-guardos y asentamientos.

La reducción de la materia prima para las artesanías y las dificultades de acceso a los alimentos para la manu-tención propia y de sus familias debi-do al deterioro del ecosistema, impiden el desarrollo de las prácticas producti-vas agrícolas y artesanales propias de mujeres indígenas, campesinas y afro-

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Dibujo elaborado por una mujer rural sobre lo que sería su vida sin El Cerrejón.

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Notas

1 Basado en el Informe del Proyecto “Mujeres rurales, minería, tierra y territorio: estudio de caso de La Guajira”. Elaborado por Jazmin Romero Epiayú, investigadora de Sütsüin Jieyuu Wayúu - Fuerza de Mujeres Wayúu y Sergio Cor-onado, Zohany Arboleda y Dana Barón Romero del Equipo de Tierras y Derecho al Territorio del CINEP/PPP, en el marco del Acuerdo de Sub-vención de la ILC NES 1310 CINEP. Presentado en la 56ª sesión y en la reunión sobre Mujeres Rurales del Comité de Expertas de la CEDAW el 7 de octubre de 2013 en Ginebra, Suiza.

2 Recuperado de: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-te-mas-30/3591-proceso-de-paz-y-sector-minero-energetico.html. Fecha: 18 de agosto de 2013.

3 PNUD. La Guajira - 2012. Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Rioha-cha. 2013.

4 Bermudez, Rosa Emilia (Coord.). Mujer y Minería. Ámbitos de análisis e impactos de la minería en la vida de las mujeres. Enfoque de derechos y perspectiva de género. Sensat Agua Viva. Bogotá, 2011.

5 Una mayoritaria proporción de mujeres rurales que en Colombia asumen la jefatura de hogar, muchas de ellas sin apoyo, trabajan más horas

* Dana Barón Investigadora del CINEP/Programa por la

Paz. Equipo Tierras y Derecho al Territorio.

que los hombres y son la mayoría de las perso-nas pobres del país. PNUD. INDH. Cuaderno Mu-jeres Rurales. Gestoras de esperanza. Bogotá. 2011.

6 “En el período 2006 – 2010 la participación porcentual por ramas de actividad económica en el departamento de La Guajira, se caracteriza por la alta participación promedio de la minería (58%); principalmente de la explotación del carbón mineral, el gas y la sal, en menor escala yeso, y barita. Sin embargo, se aprecia que esta participación ha disminuido, pasando del 58,5% en el 2006 a 57,5% en el 2010.” Red ORMET. Diagnóstico de Mercado laboral de La Guajira. Editorial Universitaria. Universidad de La Gua-jira. Riohacha. 2012. Pág. 14.

7 Suárez Montoya, Aurelio. La minería colonial del siglo XXI. No todo lo que brilla es oro. Ediciones Aurora. Bogotá. 2013.

8 Gobernación de La Guajira. Perfil Epidemiológi-co, La Guajira 2.011. Riohacha, 2012.

9 PNUD. “La Guajira - 2012. Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Rioha-cha, 2013.

10 Recuperado de: http://www.rcnradio.com/noti-cias/mineria-y-desempleo-causan-prostitucion-infantil-en-bosconia-cesar-70239. Fecha: 18 de

formes que determinen el impacto de la explotación minera en las vidas y cuer-pos de las mujeres. Con este insumo se deben diseñar e implementar medidas in-tersectoriales que procuren eliminar las afectaciones generadas a las mujeres ru-rales. Medidas efectivas que permitan el acceso a la justicia de la mano del acce-so y restitución de tierras y la protección del territorio.

. Desarrollo.

agosto de 2013. En Santander se han disparado los casos (http://www.vanguardia.com/san-tander/barrancabermeja/142663-prostitucion-infantil-se-disparo-en-zonas-mineras-de-san-pablo-y-si).

11 Recuperado de: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTE-RIOR-12824463.html. Fecha: 18 de agosto de 2013.

12 Comunicado. Red por la Vida y los Derechos Hu-manos del Cauca. Cima – Cric – Mcc – Codesco – Acader – Ruta Pacífica de las Mujeres - Ordeurca Ascap – Cococauca-. ASESINADA DEFENSORA DE DERECHOS Y LIDEREZA CAMPESINA DEL MACIZO COLOMBIANO. Popayán, 1 de octubre de 2013.

13 “Deere y León (2005: 404) apuntan que la bre-cha de género en la propiedad de los recursos, en particular en la tenencia de la tierra, es significativa en la región”. PNUD. INDH. Cuad-erno Mujeres Rurales. Gestoras de esperanza. Bogotá. 2011. Pág. 46 y 47.

14 Tal como fue afirmado por la Corte Constitu-cional en el Auto 092 de 2008 sobre mujeres, conflicto armado y desplazamiento forzado.

15 Observatorio de Restitución de Tierras. CINEP/PPP. Julio, 2013.

Así mismo, medidas de seguridad social, económica y alimentaria; de par-ticipación y representación política en la toma de decisiones sobre la política minera; de protección de la vida e in-tegridad de las defensoras de derechos humanos; de erradicación de todas las formas de violencias, y de prevención y promoción de la salud sexual y repro-ductiva. Todo en procura de garantizar

los derechos humanos, mejorar las condiciones de vida y eliminar los ries-gos y afectaciones que padecen las mujeres rurales generados por las in-dustrias extractivas.

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