CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CASACION. RAD.: 2 1. 1 4 5
LUIS ROBERTO DHAJIL ROCHA
CASACION. RAD.: 2 1. 1 4 5
LUIS ROBERTO DHAJIL ROCHA
Proceso No 21145
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIN PENAL
Magistrado Ponente:
DR. MAURO SOLARTE PORTILLA
Aprobado acta No. 079 Bogot, D.C., veintids de septiembre del ao
dos mil cuatro.
Sera el caso que la Corte resolviera el recurso extraordinario
de casacin interpuesto por el defensor del procesado LUIS ROBERTO
DHAJIL ROCHA, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Valledupar mediante la cual lo conden por
el delito de hurto agravado, si no se observara que ha operado el
fenmeno jurdico de la prescripcin de la accin penal.
Hechos y actuacin procesal.-
1.- Aquellos, ocurridos en Chimichagua, Cesar, fueron declarados
por el juzgador, de la manera siguiente:
Los conocemos porque GERMN MISATH MARTNEZ, administrador de la
finca Los Piones de propiedad de CARLOS MOVILLA VSQUEZ, los denunci
ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Chimichagua el da 15 de
febrero de 1995, relatndolos de la manera que sigue. Que en horas
de la tarde del da anterior, aproximadamente a las 6:30 p.m.,
cuando en compaa del capataz de aquella heredad, seor SEBASTIN
REYES, al terminar de recoger el ganado apastado en esa hacienda,
cuando lo dejaban en el corral destinado al efecto, se haban dado
cuenta que hacan falta algunos de los animales bajo el cuidado de
ellos; por la hora tarda en que se encontraban, cuando reinaba la
oscuridad, resolvieron buscar a los semovientes faltantes en las
primeras horas del da siguiente; hecho lo cual los resultados
fueron negativos, razn por la que sospecharon se trataba de un robo
o que se haban pasado para alguna de las fincas vecinas, por ello
orden al resto de personal a su mando que continuaran la bsqueda,
dieran aviso a los vecinos mientras l iba a denunciar el caso. Fue
as como se dio la denuncia de la prdida de 35 novillos de dos aos y
medio a tres aos y cuatro vacas horras de raza Ceb, Pardo y
Holstein, marcadas con el hierro quemador cuya figura es la de un
avin; su propietario era el mismo MOVILLA VSQUEZ, quien avaluaba el
ganado perdido en la suma de $ 15.600.000.oo porque son de tipo
lechero y eran animales preadas. Anexa con su denuncia el acta en
donde aparece el hierro quemador con la figura del avin expedida
por el oficial mayor de la Alcalda de Chimichagua (Cesar).
Con base en lo denunciado, el Juzgado Promiscuo de Chimichagua,
orden abrir una investigacin previa, con la finalidad de establecer
si en verdad se haba violado la ley penal, quin o quines los
responsables de esa violacin. Despus de 9 das de haber sucedido lo
narrado en la denuncia comentada, una patrulla del Ejrcito Nacional
en un operativo de rutina en la carretera nacional en proximidades
de la cabecera municipal de Pailitas, sorprendi a ESTEBAN ANTONIO
ANGARITA MINORTA al mando de un camin Dodge, modelo 70, de placas
IA 4505, color rojo y blanco, en compaa de JUAN DE DIOS LOBO
CCERES, llevando en el mencionado automotor seis novillas de las
hurtadas en la finca Los Piones marcadas con el hierro quemador
cuya figura es un avin; al ser interrogado LOBO CCERES, manifest
que esos animales los haba comprado a RAL DAZ junto con otros que
tena apacentando en la finca La Rayita, que como su oficio era el
sacrificio de ganado, ya haba sacrificado tres de los mismos; por
esta razn tanto los semovientes como el vehculo en que los
movilizaban y los dos individuos que iban en dicho automotor,
fueron dejados a disposicin de la polica nacional acantonada en la
cabecera municipal de Chimichagua, cuyo comandante a la vez los
puso a disposicin del Juzgado Promiscuo de aquella poblacin, a
donde acudi GERMN MISATH MARTNEZ y formul la denuncia de que
hicimos mencin atrs.
2.- El veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y
cinco, el Juzgado Promiscuo Municipal de Chimichagua dispuso la
formal apertura de investigacin (fl. 15), vincul mediante
indagatoria a ESTEBAN ANTONIO ANGARITA MINORTA (fl. 24) y JUAN DE
DIOS LOBO CCERES (fls. 27), y la Fiscala Veintids Delegada ante el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Chiriguan, a donde fueron
remitidas las diligencias, defini la situacin jurdica de LOBO
CCERES con medida de aseguramiento consistente en detencin
preventiva por el delito de receptacin y abstenindose de imponer
medida alguna al primero de los mencionados (fls. 54 y ss.).
Vincul adems, mediante declaratoria de persona ausente, a LUIS
ROBERTO DHAJIL ROCHA (fl. 109) a quien le design defensor de oficio
y defini su situacin jurdica con medida de aseguramiento de
detencin preventiva por el delito de hurto agravado (fls. 114).
3.- Posteriormente, previa clausura del ciclo instructivo (fl.
182), el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis
se calific el mrito probatorio del sumario con resolucin de
acusacin en contra del procesado JUAN DE DIOS LOBO CCERES por el
delito de receptacin y de LUIS ROBERTO DHAJIL ROCHA por el de hurto
agravado, al tiempo que precluy la investigacin respecto de ESTEBAN
ANTONIO ANGARITA MINORTA (fls. 218 y ss.), mediante determinacin
que cobr ejecutoria en esa instancia el 10 de octubre de 1996 (fl.
228) al no haber sido objeto de impugnacin.
4.- El trmite del juicio fue asumido por el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Chiriguan (fl. 321) en donde, despus de haberse
llevado a cabo la vista pblica (fls. 296), el doce de marzo de dos
mil uno se puso fin a la instancia condenando al procesado LUIS
ROBERTO DHAJIL ROCHA a la pena principal de cuarenta (40) meses de
prisin y a JUAN DE DIOS LOBO CCERES las penas principales de doce
(12) meses de prisin y multa en cuanta de cinco (5) salarios mnimos
legales mensuales vigentes, as como la accesoria de interdiccin en
el ejercicio de derechos y funciones pblicas por tiempo igual al de
la pena privativa de la libertad impuesta a cada cual, entre otras
determinaciones, a consecuencia de encontrarlos penalmente
responsables de los delitos imputados en el pliego enjuiciatorio
(fls. 304 y ss).
Apelado el fallo por la defensa de LUIS ROBERTO DHAJIL ROCHA
(fls. 333 y ss.), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Valledupar al conocer en segunda instancia de la impugnacin
interpuesta, mediante sentencia proferida el doce de diciembre de
dos mil dos lo confirm ntegramente (fls. 4 y ss. cno. Trib.).
5.- Contra el fallo de segunda instancia, en oportunidad este
mismo sujeto procesal interpuso recurso extraordinario de casacin
(fl. 26) el cual fue concedido por el ad quem (fl. 18) y dentro del
trmino legal present la correspondiente demanda (fls. 23 y ss.), la
cual se declar ajustada a las prescripciones legales por la Sala
(fl. 5 cno. Corte).
La demanda.-
Con fundamento en la causal primera de casacin, cuerpo primero,
el demandante formula dos cargos contra la sentencia del
Tribunal.
En la primera censura, acusa al fallo de ser violatorio, por va
directa, de disposiciones de derecho sustancial, por aplicacin
indebida de lo dispuesto en el artculo 351 del Cdigo Penal de 1980,
toda vez que, segn sostiene, los hechos que emergen del proceso no
corresponden a los tratados en la hiptesis legal aplicada.
Afirma que en la actuacin no existe prueba demostrativa de que
LUIS ROBERTO DHAJIL ROCHA fue la persona que se apoder de los
semovientes vacunos de la finca Los Piones. Lo que resulta de los
medios, es un punible de receptacin cuya punibilidad permite la
concesin del subrogado de la condena de ejecucin condicional o la
prisin domiciliaria.
En el segundo cargo, sostiene que en el presente caso oper el
fenmeno jurdico de la prescripcin de la accin penal, si se toma en
consideracin que con posterioridad a la ejecutoria de la resolucin
de acusacin han transcurrido ms de seis aos.
Con fundamento en lo expuesto, solicita de la Corte casar la
sentencia recurrida y proferir la que en derecho corresponda (fls.
23 y ss. cno. Trib.).
Concepto del Ministerio Pblico.-
El Procurador Tercero Delegado para la Casacin Penal observa que
en el presente evento las acciones penales se hallan prescritas, y,
en consecuencia, solicita que ello sea declarado por la Corte. Esto
por cuanto a partir de la resolucin de acusacin transcurri un
trmino superior al normativamente establecido para que opere dicho
fenmeno jurdico en relacin con los delitos de hurto agravado y
receptacin (fls. 7 y ss.).
SE CONSIDERA:
En materia penal el fenmeno prescriptivo de la accin opera en un
tiempo igual al mximo de la pena privativa de la libertad prevista
para el delito imputado, tenidas en cuenta las circunstancias
sustanciales modificadoras de la punibilidad concurrentes, sin que
en ningn caso pueda ser inferior de cinco aos o superior de veinte,
salvo las excepciones que la propia normatividad establece
(Artculos 80 del Cdigo Penal anterior y 83 del nuevo estatuto).
Dicho trmino se interrumpe con la resolucin de acusacin o su
equivalente debidamente ejecutoriada. Cuando esto acontece, debe
comenzar a correr de nuevo desde entonces, pero el fenmeno se
consolida en la mitad del tiempo respectivo, sin que pueda ser
inferior a cinco aos, ni superior de diez (Artculos 84 del Cdigo
Penal anterior y 86 del actual).
En el presente caso, el procesado LUIS ROBERTO DHAJIL ROCHA fue
acusado por el delito de hurto agravado de conformidad con lo
dispuesto en los artculos 349, 351-8 y 372-1 del Cdigo Penal de
1980, vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos.
La primera de las normas adscriba como sancin una pena privativa
de la libertad de uno (1) a seis (6) aos, la segunda, permita el
incremento de la pena de una sexta parte a la mitad, en tanto que
la ltima lo aumentaba de una tercera parte a la mitad cuando el
delito recaa sobre cosa cuyo valor fuese superior a cien mil pesos
o en la cantidad equivalente a 18.83 salarios mnimos legales
mensuales vigentes a tono con la jurisprudencia constitucional.
Segn las operaciones aritmticas, se establece que la pena mxima
fijada para el delito de hurto agravado por concurrir las
circunstancias previstas en el artculo 351 y por la cuanta a tenor
de lo dispuesto por el artculo 372-1, frente a la referida
normativa es de trece (13) aos y seis (6) meses y que el trmino
prescriptivo sera, en consecuencia, en el mismo tiempo (13 aos 6
meses) durante la fase de la instruccin y de seis (6) aos nueve (9)
meses (la mitad) durante la etapa del juicio.
De otra parte, al procesado JUAN DE DIOS LOBO CCERES se lo acus
por el delito de receptacin de conformidad con lo dispuesto en el
artculo 177 del Decreto 100 de 1980, que adscriba pena de prisin de
seis (6) meses a cinco (5) aos, por lo que el trmino prescriptivo
para este comportamiento, en la fase del juicio, es en dicho evento
de cinco aos.
La resolucin de acusacin en el caso sub judice caus ejecutoria
el 10 de octubre de 1996, segn constancia que sobre dicho
particular corre a folio 228. Contados desde entonces los cinco (5)
aos para el delito de receptacin, se constata que se cumplieron el
10 de octubre del 2001, esto es, antes de proferirse la sentencia
de segunda instancia.
Asimismo, contados los seis (6) aos y nueve (9) meses en relacin
con el delito de hurto agravado, se establece que se cumplieron el
10 de julio de 2003, es decir, despus de haber sido proferida la
sentencia de segunda instancia, y antes de que se hubiere dispuesto
sobre la admisibilidad de la demanda.
Sobre la base entonces, de la prescripcin de la accin penal por
los referidos delitos, la Sala declarar la cesacin de
procedimiento, no sin antes recordar que la forma de determinacin
del mximo punitivo para el delito de hurto agravado, ha tenido
variaciones en la jurisprudencia, como as se puso de resalto en el
pronunciamiento de la Sala que a continuacin se reproduce:
La jurisprudencia de la Sala ha estimado que para la agravacin
del hurto por razn de la cuanta que contemplaba el artculo 372.1
del Decreto 100 de 1980 (hoy 267.1 de la Ley 599 de 2000) se deba
de tener como soporte los extremos punitivos sealados para el tipo
de hurto que reglaba el artculo 349 del citado Decreto 100 de 1980
(actual 239) o del hurto calificado que describa abstractamente el
artculo 350 ibidem (hoy 240), segn el caso, para posteriormente
realizar de all el incremento del artculo 372 (actual 267). Se haba
llegado a tal conclusin con los siguientes argumentos:
a) Que el artculo 351 del Decreto 100 de 1980 tan solo contempla
circunstancias de agravacin para los delitos de hurto y hurto
calificado, razn por la cual no se puede formar especies dentro del
gnero del delito ni puede modificar su estructura.
b) Que el artculo 372 slo seala circunstancias genricas de
agravacin, remite el incremento a los delitos descritos en los
captulos anteriores, es decir, que agrava la pena bsica nicamente
de las normas que describen tipos penales.
c) Que si se hace el incremento por razn de la agravante de la
cuanta sobre la sumatoria de los extremos del hurto agravado,
comportara una violacin del principio de non bis in idem.
Ante estos puntuales asertos la Corte, en providencia del 20 de
febrero de 1991, haba dicho:
Los trminos del artculo 372 que se estima violado por el censor,
no dan lugar a otorgar alcances diferentes, si l dispone que las
penas para los delitos descritos en captulos anteriores, se
aumentarn de una tercera parte a la mitad, entre otras, cuando
concurran circunstancias como la que se presentan en este caso,
consistente en la realizacin del hecho sobre cosa cuyo valor es
superior a cien mil pesos, no cabe duda que la lgica de
funcionamiento del sistema es la de que el incremento establecido
por esta disposicin, se aplique, de manera independiente, sobre la
pena prevista para el hurto simple, hurto calificado, abuso de
confianza, estafa, o cualquier otro atentado contra el patrimonio
econmico, pero, en ningn caso, como lo entendi el Tribunal, sobre
un computo preestablecido, fruto de la conjugacin de diferentes
factores.
Este criterio, fijado legislativamente, y en virtud del cual el
incremento punitivo previsto por la disposicin errneamente
interpretada no opera sobre la pena imponible, sino sobre la fijada
en el respectivo tipo, demandaba del sentenciador de segunda
instancia haber tomado como punto de partida la pena bsica del
hurto simple artculo 349- y a partir de ella, con prescindencia de
las dems circunstancias de agravacin de carcter especfico que
concurrieren, haber deducido el incremento por la cuanta del objeto
hurtado a que hace referencia la circunstancia de mayor punibilidad
del artculo 372, ya mencionada.
Lo anterior no significa, como creen entenderlo el casacionista
y el Ministerio Pblico, que incrementar la sancin del respectivo
tipo por razn de la circunstancia del artculo 372, debe serlo con
carcter fijo en la tercera parte del mnimo. Al decir de la
disposicin, en los trminos antes transcritos, que la pena por
concepto de las circunstancias all previstas se aumentarn de una
tercera parte a la mitad, dio al sentenciador margen para que, en
ejercicio de la discrecionalidad judicial y de acuerdo con los
criterios que la rigen, se mueva dentro del parmetro indicado al
momento de aplicar un tal agravante.
Ms recientemente, en decisin fechada el 26 de junio de 2002, se
adujo:
Retomando la argumentacin atrs esbozada, tngase presente que el
delito de hurto calificado, al tenor del artculo 350 del Cdigo
Penal anterior, disposicin preexistente al ilcito materia de
investigacin y juzgamiento en estas diligencias, tena sealada la
pena privativa de la libertad de dos (2) a ocho (8) aos de prisin,
que aumentada en la proporcin sealada ante la concurrencia de las
circunstancias agravantes del artculo 352 ibdem, cifrara el linde
mximo de punibilidad en doce (12) aos, correspondiente al
igualmente deducible de conformidad con los artculos 240 y 241 de
la Ley 599 de 2000.
Ahora bien, aplicado el incremento sealado en el artculo 372.1
del derogado estatuto punitivo, coincidente con el recogido a su
vez en el artculo 267-1 de la codificacin actual, pues tal
circunstancia tambin fue deducida en la acusacin por razn del valor
del bien objeto del ilcito apoderamiento, el lmite mximo de la
sancin imponible queda determinado entonces en diecisis (16) aos
prisin.
Sin embargo, la Sala, en providencia del 13 de febrero de 2001,
de manera tcita, consider procedente para determinar la pena por
razn de la cuanta del valor de lo apropiado, realizarlo sobre la
sumatoria de los extremos para el delito de hurto calificado y
agravado, ya que al momento de dosificar la pena realiz la
siguiente operacin: Primero se determinar el marco punitivo de ese
delito base, dentro del cual se puede mover el juzgador en su
reglada discrecin. En la resolucin de acusacin se imput el delito
de hurto calificado (art. 350 C.P) y agravado (art. 351 ib), en
cuanta superior a la derivada del artculo 372-1 del Cdigo Penal, lo
que hace determinar as la pena mnima: 24 meses y 4 (1/6) =28 y 9
meses y 10 das (1/3)= 37 meses y 10 das de prisin; y la mxima as:
96 (8 aos) y 48 (1/2) =144 +48 (1/2) = 144 +72 (1/2) = 216
meses.
Por consiguiente, se advierte que la Sala ha oscilado frente al
tema, en el sentido que ha acogido las dos distintas posiciones en
precedencia reseadas, razn por la cual considera oportuno hacer
unas precisiones en torno al debate, a fin de fijar una sola
posicin al respecto. Estas son las razones:
Para efecto de la determinacin judicial de la pena, es claro que
el servidor pblico debe tener en cuenta los fundamentos reales de
la misma que no son otra cosa que la demostracin del soporte de
hecho que describe abstractamente la norma escogida para la
individualizacin de la sancin, a la que se llega con base en los
datos que obran en el proceso y los fundamentos modificadores de la
punicin (agravantes o atenuantes), esto es, aquellos que alteran,
ya sea para disminuir o para exceder los lmites de los extremos del
marco de la sancin.
En esas condiciones, es evidente que las circunstancias de
agravacin punitiva para el delito de hurto que estipula el artculo
241 del nuevo Cdigo Penal (antes 351 del Decreto 100 de 1980)
modifican los extremos punitivos para las conductas punibles de
hurto y hurto calificado. Por ello, la expresin las penas para los
delitos descritos en los captulos anteriores, se aumentarn de una
tercera parte a la mitad que contiene el artculo 267 de la Ley 599
de 2000, deben recaer no solo sobre las descripcin bsica sino
tambin con sus respectivas circunstancias agravantes o atenuantes
porque ellas, como qued visto, hacen parte de la conducta punitiva
y, consecuentemente, para la determinacin de los extremos de la
pena.
As, entonces, no es procedente afirmar que cuando se van a
realizar los incrementos punitivos para las conductas punibles
contenidas en los captulos anteriores por razn de las
circunstancias previstas en el citado artculo 267, los mismos no se
puedan hacer, en tratndose de la conducta punible de hurto, sobre
los guarismos arrojados, pues las circunstancias modificadoras de
la punibilidad integran la conducta punible, no solo dndole nuevos
ingredientes al tipo, sino que tambin le otorga nuevos extremos de
punicin, sin que ello implique desconocimiento de los tipos
subordinados.
Por consiguiente, las circunstancias modificadoras del injusto
tpico modifican el contenido descriptivo de la conducta y los
extremos de la pena, razn por la cual resulta atinado deducir
cualquiera de las agravantes previstas en el artculo 267 del nuevo
Cdigo Penal (antes 372) sobre los extremos punitivos del hurto
agravado y del hurto calificado y agravado.
En consecuencia, en manera alguna se puede afirmar que realizar
el incremento de pena sobre el hurto agravado y el hurto calificado
y agravado, conduce necesariamente a crear un nuevo tipo bsico,
pues, se repite, esas circunstancias modifican no solo la
estructura del tipo sino el marco de la pena, contrario a lo que se
vena sosteniendo, conforme con los argumentos expuesto en
precedencia., siendo, por ende, parte integradora del mismo.
Si lo anterior es as tampoco resulta acertado predicar que hacer
dicho incremento sobre las pluricitadas conductas punibles puede
conllevar a la violacin del postulado non bis in idem, pues en
manera alguna se estara agravando dos veces por el mismo hecho.
Como lo ha dicho la Corte, con ponencia de quien hoy funge como
tal, el principio de la doble valoracin prohibe a los funcionarios
judiciales juzgar dos veces o aplicar doble sancin por unos mismos
hechos cuando exista identidad de sujeto, objeto y causa que han
sido materia de pronunciamiento definitivo e irrevocable en otro
proceso
Con apego en dicha definicin resulta obvio la improcedencia de
la citada premisa, puesto que realizar el incremento con la nueva
propuesta de la Sala no se estara juzgado dos veces un mismo hecho,
ya que, como qued visto, la circunstancia de agravacin lleva a
modificar el injusto tpico de hurto (agravado) y hurto calificado
(agravado), motivo por el cual se puede hacer el incremento
punitivo de cualquiera de las circunstancias de agravacin previstas
en el artculo 267 de la Ley 599 de 2000 (antes artculo 372 del
Decreto 100 de 1980) sobre aquellos guarismos (Cfr. Sent. Cas. de
diciembre 18 de 2003. Rad. 17308. M.P. Dr. QUINTERO MILANS).
Significa lo anterior -y con ello responder el planteamiento del
Procurador Delegado, segn el cual el delito de hurto prescribi
cuando el expediente se encontraba en la Corte para decidir sobre
el recurso de casacin interpuesto-, que, acorde con el anterior
criterio de la Sala en el sentido de que si se realiza el
incremento punitivo por razn de la agravante de la cuanta de la
sumatoria de los extremos del hurto agravado comportara una
violacin del principio de non bis in idem, que el fenmeno
prescriptivo se habra configurado el 10 de octubre de 2002 (seis
aos despus de la resolucin de acusacin), y en este sentido asistira
razn al casacionista en la postulacin del disenso para cuando
formul la demanda.
No obstante, con la tesis jurisprudencial que actualmente rige,
sentada en el pronunciamiento de diciembre 18 de 2003, tambin es
claro que el delito de hurto agravado prescribi con posterioridad
al fallo de segunda instancia.
Pero an, si por va de hiptesis se llegase a considerar que para
la fecha en que se recibi el expediente por la Corte para proveer
sobre la admisibilidad de la demanda (4 de julio de 2003), la tesis
jurisprudencial imperante era la que actualmente rige, de todas
maneras la suerte del proceso estaba condenada al fracaso. Esto si
se da en considerar que de haberse admitido la demanda en esa misma
fecha, sumados el trmino de traslado a la Procuradura, la
elaboracin y registro del proyecto, la intervencin de la Sala y la
notificacin de la providencia respectiva, los seis das que faltaban
para que se cumpliera el lapso prescriptivo, se habran visto
ampliamente superados, mxime si se toma en cuenta la necesidad de
pronunciamiento oficioso en relacin con el delito de receptacin,
cuya prescripcin oper el 10 de octubre de 2001, es decir, con
antelacin al proferimiento del fallo de segunda instancia.
Es de anotar, finalmente, que la Sala no desconoce la postura
jurisprudencial, segn la cual cuando la prescripcin de la accin
penal ocurre durante la etapa sumarial o en el perodo de la causa,
de todas maneras, antes de proferirse la sentencia de segunda
instancia, recurrida sta en casacin y admitida la respectiva
demanda por cumplir con los requisitos formales sealados en la ley
(arts. 212 y 132 P.P., antes 225 y 226) lo procedente es casarla,
an de oficio, si, como en este caso, no fue objeto de especfica
acusacin, pues resulta incuestionable que fue dictada respecto de
una accin, que por el fenmeno prescriptivo aludido, ya no poda
proseguirse. La presuncin de legalidad que ampara los fallos de
instancia, se quiebra ante la vulneracin del debido proceso, dado
que no pueden culminar las instancias mediante decisiones que
jurdicamente no pueden proferirse y, como quiera que, por la
calificacin y admisin de la demanda se ha iniciado el debido
proceso de la casacin, ste debe culminar en sentencia que le ponga
fin.
Situacin distinta se presenta cuando la prescripcin de la accin
es sobreviniente a la sentencia del ad quem, caso en el cual, a la
sentencia de segunda instancia no se le puede atribuir ilegalidad
alguna, pues el Estado conservaba inclume su facultad punitiva para
dictarla, por consiguiente, en dicha situacin, lo indicado es
acudir a la cesacin de procedimiento (Cfr. Cas de 24 de octubre de
2003, Rad. 17.466.M.P. Dr. HERMAN GALN CASTELLANOS).
No obstante, como en el presente evento el fenmeno prescriptivo
respecto del delito de receptacin se configur antes del
proferimiento de la sentencia de segunda instancia, y en relacin
con el de hurto agravado oper con posterioridad a sta, carecera de
sentido casar parcial y oficiosamente la sentencia del Tribunal
para declarar la prescripcin del atentado contra la administracin
de justicia, y posteriormente volver a adoptar similar medida en lo
concerniente al punible contra el patrimonio econmico. Por tal razn
lo procedente es adoptar una sola decisin que cobije ambas
situaciones, pues tampoco hay lugar a dejar vigente parte del fallo
recurrido en sede extraordinaria.
En mrito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE
CASACION PENAL,
RESUELVE:
1.- DECLARAR PRESCRITA la accin penal respecto de los delitos de
hurto agravado y receptacin, imputados en el pliego enjuiciatorio a
los procesados LUIS ROBERTO DHAJIL ROCHA y JUAN DE DIOS LOBO
CCERES, respectivamente. Ordenar, en consecuencia, la cesacin del
procedimiento adelantado en su contra por razn de estas conductas
punibles.
2.- Devolver la actuacin al Tribunal de origen, el cual,
proceder a cancelar las rdenes de captura que se encuentren
vigentes y las cauciones que hubieren sido prestadas.
Contra esta decisin procede el recurso de reposicin.
NOTIFQUESE y CMPLASE.
HERMAN GALN CASTELLANOS
SIGIFREDO ESPINOSA PREZ ALFREDO GMEZ QUINTERO
EDGAR LOMBANA TRUJILLO ALVARO O. PREZ PINZN
MARINA PULIDO DE BARN JORGE L. QUINTERO MILANS
YESID RAMREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
TERESA RUIZ NEZ
Secretaria
Sentencia del 15 de septiembre de 1987. M. P. Dr. Jorge Carreo
Luengas.
Sentencia citada en precedencia y en el mismo sentido la del 20
de febrero de 1991. M. P. Dr. Ddimo Pez Velandia
Autos del 27 de mayo y del 24 de agosto de 2003 M. P. Dr. Hermn
Galn Castellanos.
Sentencia del 20 de febrero de 1991. M. P. Dr. Ddimo Pez
Velandia. En ese mismo sentido, ver sentencias del 15 de septiembre
de 1987. M. P. Dr. Jorge Carreo Luengas y del 11 de agosto de 1989
M. P. Dr. Guillermo Duque Ruiz .
Rad 9926. M. P. Dr. Edgar Lombana Trujillo. Sobre el marco
punitivo, ver sentencia del 21/08/2003. M.P. Dr, Carlos Augusto
Glvez Argote.
M. P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
Sentencia del 17 de septiembre de 2003.
Cfr. Sala de Casacin Penal. R. 19960. Auto de XII- 5/02. M.P.
HERMAN GALN CASTELLANOS.
PGINA
18
