ADICCIÓN A DROGAS ILEGALES Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Domingo COMAS ARNAU INTRODUCCIÓN Las diversas contribuciones aparecidas desde la perspectiva que nos aporta la

visión teórica de la exclusión social, en el entorno del análisis de la estratificación social, nos han abierto nuevas formas de enfocar algunos fenómenos sociales particulares en los cuales no acababan de encajar con ciertos conceptos como pobreza, vulnerabilidad y marginación social. En este sentido la cuestión del “comportamiento desviado” ha supuesto para la sociología una caja negra que muchos, desde Engels a la teoría de la elección racional pasando por Durkheim y Merton, han tratado de explorar pero que apenas han logrado entreabrir y ofrecernos explicaciones parciales. En todo caso la acumulación, más o menos ordenada o sistematizada, de todas estas aportaciones teóricas conforma la supuesta descripción sociológica de los “fenómenos de la desviación social”1. La extrema debilidad de la explicación sociológica en relación a tales fenómenos ha pesado sobremanera a la hora de interpretar los procesos sociales relacionados con la adicción a drogas.

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La idea de observar la realidad de la estratificación social desde un esquema de dualidades o polaridades conceptuales, al margen de sus equivalencias cuantitativas, posee una larga tradición en la sociología y nos permite atisbar salidas para las crecientes dificultades con las que se venia enfrentando el tema de la estratificación social, el cual había sido, durante decenios, la espina dorsal de la investigación social. En este sentido contraponer “exclusión” e “inclusión” posibilita avances significativos no sólo en el análisis de la constitución de los roles sociales sino también en la explicación de los procesos que conducen a la diferenciación de estatus. Justamente la noción de “exclusión social” se configura a partir de la acumulación de una serie de fenómenos sociales particulares, entre los que la adicción a drogas es uno más2.

Los excluidos no adquieren dicha identidad porque aparezcan como tales en un

estudio empírico directo, ya que entre ellos hay casos que van desde la pobreza severa hasta la carencia de habilidades sociales, pasando por una minusvalía, la falta de figuras de apoyo o la pertenencia a una familia multi-problemática, sino que pensamos que son excluidos porque reúnen ciertas características sociales, propias de un determinado momento histórico, que les colocan en uno u otro lado de la línea que diferencia la exclusión social de la plena ciudadanía.

Se objetará que esta es una definición que deja al albur del investigador trazar la

línea de la diferenciación y esto es, al menos en parte, cierto y nos obliga a ciertas cautelas. Pero a la vez la condición de excluido está muy clara tanto en el imaginario social como en la percepción de los propios excluidos, que tienen una evidente conciencia de su situación. De hecho las modernas definiciones de adicción hacen especial hincapié en la conciencia de los sujetos en torno a su dependencia y los problemas sociales que la misma les ocasiona3. Existe por tanto en la noción de exclusión una serie de componentes subjetivos, en la determinación del investigador y en la conciencia del sujeto, que no debemos olvidar. Pero a pesar de todo ello la propia noción de una sociedad dual nos obliga a realizar ciertos avances en nuestro análisis. Por ejemplo la respuesta a la pregunta ¿son los adictos a drogas un grupo social excluido? nos permite responder a la vez que en cuanto tales no son excluidos, pero que la adicción constituye un poderoso factor para alcanzar dicha condición. Es decir, para aportar nuevos elementos en la explicación de la adicción viene muy bien el marco conceptual que nos ofrece la exclusión social porque nos obliga a distinguir situaciones y a diferenciar procesos, al tiempo que tratamos de aislar los elementos causales que subyacen tras las mismas. Así la idea de la exclusión revuelve las aguas, elimina las explicaciones demasiado simplistas y nos conduce hacia descripciones más realistas de los fenómenos sociales4.

En esta descripción tenemos que identificar a aquellos que son excluidos, tenemos

que determinar aquello que les ha conducido o les mantiene en esta situación y tenemos que diferenciarlos de aquellos que gozan plenamente de sus derechos de ciudadanía. En el terreno de la adicción a drogas este reto conceptual y empírico nos abre una serie de posibilidades, en un momento en el que la tensión entre los viejos paradigmas teóricos y los nuevos datos empíricos, no hacían otra cosa que aumentar el grado de desconcierto.

Como consecuencia la noción de exclusión social nos ofrece una oportunidad que

no podemos desechar, porque nos permite replantear una serie de dilemas que estaban

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creando mucha confusión en el campo de la investigación social en torno a las adicciones. Por otra parte podemos imaginar que algunas aportaciones desde el terreno de las adicciones pueden ayudar a avanzar a la propia teoría de la exclusión social.

Este doble planteamiento es por tanto el objetivo con el que se emprende este

trabajo. Se trata por una parte, de explorar las posibilidades que nos ofrece el concepto de exclusión social para intentar dar una salida a los problemas con los que se enfrenta el análisis social del fenómeno de las adicciones, al tiempo que tratamos de contribuir a perfilar mejor el fenómeno de la exclusión social. Pretendo, por tanto, realizar un análisis deductivo y teórico que trascienda anteriores trabajos más empíricos5, al tiempo que resituó los datos disponibles en una nueva perspectiva.

1- EL ANÁLISIS DE LAS ADICCIONES DESDE LA EXCLUSIÓN SOCIAL: VENTAJAS Y DIFICULTADES. 1.1.- La sociología y las drogas: balance de un desencuentro. Una somera revisión de la literatura y la teoría sociológica6 sobre drogas muestra

en la actualidad la pervivencia de cuatro líneas interpretativas que, en una forzada convivencia, tratan de dar cuenta de los aspectos sociales de la cuestión. La primera línea mantiene una cierta continuidad con la tradición marxista, o al menos con Engels, relacionando adicción y alienación, afirmando que son las condiciones de vida, la extrema pobreza y la precariedad de las clases mas desfavorecidas, amén del interés de las clases dominantes o de su Estado por mantener la pasividad de las masas7, es lo que explica la presencia, origen y distribución de las adicciones en nuestras sociedades.

La segunda línea, que muestra una cierta hegemonía tanto en el ámbito

académico de la sociología como en las doctrinas jurídicas y criminológicas, recopila el canon Durkheiniano de la anomia y a través de Merton y los interaccionistas de la Escuela de Chicago, nos conduce al conjunto de teorías que se inscriben bajo el rótulo de desviación social. Para dichas teorías la adicción supone, tanto si la consideramos un hecho social como una construcción social, un comportamiento individual resultado de complejos procesos de aprendizaje y asignación que conforman modelos de predestinación social8.

En los últimos años ambas líneas han confluido en torno a un discurso articulado

por los medios de comunicación y que se refleja claramente en las opiniones de los ciudadanos, para los cuales la adicción es un proceso individual de desviación pero que ciertas circunstancias, como pobreza o marginación, contribuyen a reforzar o facilitar. Sin embargo tal coincidencia ha aparecido en el momento en el que la tercera línea, conformada por investigaciones empíricas procedentes del ámbito de la epidemiología, la salud pública, la evaluación de la intervención social y los estudios de seguimiento, realizadas básicamente a partir de los años 70, ponían seriamente en aprietos algunas de

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las afirmaciones teóricas que seguían sosteniendo los cánones clásicos, ya que mostraban cómo una parte sustancial de estos adictos no cumplían con ninguna de las condiciones antedichas, sino que procedían de otros ámbitos sociales, mostrando trayectorias que en nada encajaban con estas previsiones sociológicas populares9. A la vez otros estudios mostraban como una proporción importante de individuos, que acumulaban todas las posibles circunstancias de riesgo social, mostraban una feroz oposición al destino prescrito y seguían trayectorias de integración social.

En la década de los años 60 apareció una cuarta línea, que adoptaba las

posiciones liberales más radicales aunque sus activistas se situaban en diversos lugares del espectro político, para sostener que la adicción es sólo una consecuencia del status legal de las sustancias que se clasifican como drogas, lo que implica que el cambio de status evitaría la adicción y lógicamente sus consecuencias. Se trata de una opción que utiliza de una forma parcial los modelos teóricos de la desviación social para justificar sus propuestas10. En realidad estamos ante una serie de argumentos, algunos de indudable interés, que expresan una determinada actitud cultural frente a las drogas. Pero tales argumentos no se conforman en el campo de conocimiento de la sociología sino más bien en el terreno de las opciones ideológicas lícitas, lo cual no evita que gocen de un gran predicamento en los ámbitos sociológicos11, en una gran medida porque actualmente este ideal liberalizador representa la opción cultural mayoritaria de la generación hegemónica en el ámbito de la sociologíca.

Este entorno hegemónico ha impuesto además una serie de referentes empíricos e

históricos sostenidos por una metodología basada exclusivamente en la recopilación documental, obtenidos en unos lugares y momentos históricos determinados, como la Inglaterra industrial del siglo XIX o la sociedad americana de mitad de siglo XX, para establecer un canon sociológico en torno a las drogas, que se ha despreocupado tanto de posteriores análisis empíricos de la realidad, como de las diferencias que pudieran aportar otros tiempos y otras culturas.

Se ha producido así un grave desencuentro que se sostiene sobre una extraña

paradoja: los resultados de los trabajos empíricos, que por regla general contradicen este canon sociológico, son ignorados o atribuidos a otros profesionales a los que se descalifica como “actores del sistema represivo”. El tema de las adicciones se separa así de la misión sociológica de “desencantar el mundo” para adquirir la categoría de un dogma que permite premiar a los ortodoxos y despreciar a los incautos que aún creen en la misión histórica de la sociología.

Esta grave situación es la que ha permitido el notable avance registrado por una

quinta línea representada por las explicaciones psico-económicas de la teoría de la elección racional. Vaya por delante que la teoría de la elección racional, al menos en sus aportaciones sobre el tema de las adicciones, apenas roza el campo de conocimiento de la sociología. De hecho se limita a utilizar argumentos de la psicología para explicar como los individuos adoptan y mantienen una conducta adictiva. Dichos argumentos le permiten sostener que dicha conducta es “racional” (Gary Becker) o “irracional” (John Elster), para concluir, en ambos casos y desde un análisis económico (la curva de descuento hiperbólico de futuro) que se deberían legalizar las drogas, al tiempo que se privatizan los servicios públicos y se eliminan otros controles del mercado.

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En realidad el éxito de la teoría de la elección racional en el ámbito sociológico

debería atribuirse a varios factores endógenos. El primero, las carencias del propio campo de conocimiento que no ha sido capaz de aproximarse a este tema con un mínimo de plausibilidad, el segundo la incapacidad de los modelos sociológicos para integrar la cuestión de las variaciones individuales en este terreno y el tercer factor la fuerte presión institucional de la agenda del “neo-liberalismo político y económico” para eliminar del imaginario colectivo la necesidad de adoptar políticas de “protección” frente a las mismas12.

Como conclusión podemos sostener que al margen de estas cinco líneas de

trabajo, aunque teniendo en cuenta sus aportaciones, y tras dos largas décadas de trabajo empírico sobre las adicciones, parece posible avanzar en un programa de investigación emprendido a fines de los años 70, proponiendo modelos teóricos o marcos explicativos alternativos, entre los cuales la relación entre las adicciones y la noción de exclusión social puede resultar de interés. 1.2.- Dificultades en una relación compleja. 1.2.1.- Exclusión, empleo y adicción.

Pero para emprender este camino antes tenemos que tratar de despejar algunas dificultades. La primera y la más importante se refiere a la importancia atribuida, en la propia explicación de la exclusión, a la relación privilegiada entre la exclusión social y el empleo13. No se trata de negar dicha relevancia, ya que sin ciertas transformaciones tanto en la estructura del empleo como en la distribución del salario, el fenómeno de la exclusión social al menos se habría configurado de otra forma14. Pero en el análisis particular de la relación entre los problemas que causan las drogas y la exclusión social la cuestión del empleo no es tan relevante o al menos no puede ser abordada de la misma manera15.

De entrada, los primeros pasos en los procesos de adicción no aparecen de una

forma preferente en aquellas situaciones de carencias laborales que se vinculan a la exclusión, sino más bien entre aquellos jóvenes que apuestan pronto y muy agresivamente por insertarse en los núcleos sociales laboralmente privilegiados16.

En este momento sabemos muy bien que la adicción no emerge tanto en el ámbito

de la propia carencia como en el de los retos y los objetivos sociales y se manifiesta como una consecuencia de los mismos. Es decir los procesos que sostienen la adicción se inician como una apuesta para superar una determinada situación social, la cual comporta tal nivel de exigencias que el fracaso no devuelve al punto de partida sino que conduce hacia la exclusión. Se bebe alcohol o se consumen drogas para “formar parte” o “estar presente” y así, especialmente los jóvenes que pretenden ascender socialmente con rapidez17, comienzan a trabajar y a consumir alcohol y drogas con mayor frecuencia y a una edad más temprana, lo que les permite formar parte y sin pasar por el arduo trámite de los estudios y posteriores precariedades laborales, en una categoría sociolaboral que, al

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menos de entrada, les abre el camino hacia mayores ingresos, más autonomía personal y mayor capacidad de consumo.

Es cierto que una parte de estos jóvenes proceden de ámbitos sociales con

carencias, pero aún en este caso la parte más significativa de aquellos que acaban teniendo problemas con las drogas pertenecen al grupo más activo. En este sentido se puede observar cómo la trayectoria de los adictos más problemáticos de un determinado ámbito marginal, incluye el abandono del grupo, el éxito laboral y económico, el consumo compulsivo, la adicción y la vuelta al grupo de origen cuando el deterioro personal y social ha alcanzado un cierto nivel18. Conviene resaltar que esta trayectoria sólo afecta a una determinada proporción de estos emigrantes ya que la mayoría consiguen, gracias al éxito obtenido, integrarse en la nueva sociedad.

1.2.2.- Problemas en la recogida, elaboración y producción de datos. La segunda dificultad se refiere a la posible utilidad de los datos disponibles.

Ocurre, en primer lugar, que el tipo de conceptos que reflejan los datos producidos en el ámbito especializado de los problemas relacionados con el alcohol y las drogas son difícilmente aplicables al actual debate sobre exclusión social.

Este no es un hecho banal, sino que ha sido una de las causas que impedido

desarrollar de una forma adecuada el análisis de los aspectos sociales de las adicciones. En realidad disponemos de un notable cúmulo de datos en torno a la cuestión de las adicciones, pero se trata de datos concebidos para responder a determinadas preguntas relacionadas con objetivos epidemiológicos. Sin duda tales datos son importantes a la hora de determinar las políticas de salud relacionadas con el colectivo, pero casi todo el mundo está de acuerdo que el fenómeno de la adicción no puede limitarse a sus componentes sanitarios, pero si los datos se recogen exclusivamente desde dicha óptica por profesionales de la epidemiología, ciertas cuestiones, por ejemplo la estratificación social, quedan siempre al margen o expresadas de tal forma que impiden un verdadero análisis sociológico19.

Encajar la perspectiva de la exclusión social en los datos disponibles no va a

resultar demasiado fácil, pero a la vez va a poner en evidencia las limitaciones de dichos datos y la necesidad de ciertas modificaciones si efectivamente pensamos que las adicciones son también un problema social. De forma clara se puede observar cómo otros fenómenos sociales analizados en este foro, como pobreza, paro de larga duración, inmigrantes recientes, ciertas minusvalías u hogares monoparentales en precariedad, permiten un análisis muy directo a partir de datos sociológicos relevantes20. En cambio el tema de las adicciones presenta ciertas dificultados ya que los datos no son directamente utilizables.

La importancia de este hecho se percibe con claridad si tenemos en cuenta que

estamos ante un problema que también ha afectado de forma radical, aunque no lo reconozcan de forma explicita, al conjunto de líneas teóricas que han tratado de explicar el fenómeno de la adicción, bien se trate de la teoría de desviación social, de la alineación marxista, de la propuesta legalizadora o de la elección racional, ya que ninguna de ellas

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puede explicar satisfactoriamente, y con los datos disponibles, la aparente incongruencia de hechos como la existencia de adictos perfectamente integrados con el uso que, de las mismas drogas, hacen grupos marginales.

En todo caso tenemos que reconocer que en términos de inferencia estadística

sabemos que, especialmente entre los jóvenes, a mayor disponibilidad económica aparece un mayor consumo y de drogas de mayor coste, lo que es indicativo de mayores niveles de adicción. También sabemos que la mayor parte de los adictos presentan altos niveles de deterioro social, psicológico, así como un mal estado de salud. Entre ambas realidades podemos suponer la existencia de una trayectoria que conduce al adicto, aunque proceda de una familia privilegiada o muy integrada, hacia la exclusión. Como consecuencia resulta evidente que los conceptos tradicionales de alienación y desviación social que establecían una correspondencia simple entre estratificación y adicciones, poseen muy poca capacidad explicativa. Por tanto no debemos caer en las mismas simplificaciones si queremos realizar un análisis más adecuado desde la perspectiva de la exclusión social. Pero para ello debemos tratar de resolver el problema de los datos disponibles.

El contenido meramente epidemiológico de los datos permite que aquella línea

teórica que atribuye la adicción a una consecuencia del status legal, no tenga que enfrentarse al hecho de la presencia masiva, al volumen de problemas generados y al número de adictos que producen en nuestra sociedad las drogas legales como el alcohol y el tabaco. En este caso la incongruencia suele evitarse limitando los argumentos exclusivamente a las drogas ilegales, sin entrar a considerar las posibilidades comparativas que ofrece la existencia de adictos a drogas legales, aprovechando el hecho de que los datos referidos a unas u otras se recogen mediante procedimientos muy distintos.

La reciente aparición de la línea teórica de la exclusión social nos permite

reformular esta lógica y proponer otro tipo de densidad analítica, ya que por una parte ubica a las drogas (tanto legales como ilegales), así como los problemas que producen, sobre trayectorias que relacionan procesos sociales más amplios, en los que aparecen no sólo exclusión sino también vulnerabilidad, marginación y por supuesto integración social, y por otra parte nos permite resaltar la importancia de la combinación de los factores que conforman a la vez la estigmatización social y el resultante de la pérdida de la condición de ciudadano, una combinación que aparece como componente esencial tanto de la adicción como de la exclusión social.

Pero, en segundo lugar, si bien los datos disponibles nos producen numerosas

dificultades, no son menos los problemas que nos va a ocasionar el acceso del tema de las adicciones al ámbito especializado en el que se debate la cuestión de la exclusión social. En general se tiende a establecer simplificaciones, del tipo “los adictos son excluidos” cuando esto, como hemos visto, ni es cierto ni es falso, y en todo caso es lo que habían afirmado las anteriores líneas teóricas que nos han conducido al actual embrollo explicativo.

Aunque disponemos de innumerables ejemplos que ponen en evidencia esta

visión simple de la relación entre exclusión social y adicciones, voy a referirme a uno de los más relevantes por la entidad y la calidad del texto, que es sin duda uno de los que

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mejor ha visualizado empíricamente la exclusión social en España21. Pues bien, en dicho texto aparece, tanto por los datos manejados como por los comentarios realizados en relación a los mismos, una absoluta opacidad en todo lo relativo a alcohol y a drogas ilegales. Se trata además de un caso especialmente significativo porque representa una de las más importantes aportaciones teóricas y empíricas a la cuestión de la exclusión social en relación a la reducción de las prestaciones del Estado de Bienestar. ¿Qué pasa con las redes de atención e integración social de adictos? ¿Cómo es que no están presentes en este debate a pesar de su importancia presupuestaria y su impacto mediático?

Estoy absolutamente convencido de que tras una parte importante de las 60.000

familias consideradas en dicho estudio que han percibido un Ingreso Mínimo de Integración, desde mujeres solas con hijos, hasta varones transeúntes, pasando por las familias multi-problemáticas, se encuentran problemas de alcohol y drogas22, pero el impacto de esta realidad aparece subsumida en otras categorías conceptuales que se supone conforman el esqueleto de la exclusión social, lo cual es a la vez lógico porque ni todos los adictos son excluidos o producen exclusión en su entorno y además los datos que se refieren a los adictos no suelen incluir información relevante sobre estas cuestiones.

Obviamente de todo ello se deduce la necesidad de una doble estrategia ya que si,

por una parte, para integrar el concepto de exclusión social en el análisis sociológico de las adicciones debemos reformular los instrumentos de recolección de datos en torno a los problemas relacionados con el alcohol y las drogas, al mismo tiempo, por otra parte, la investigaciones sobre pobreza y exclusión social no pueden seguir manteniendo en la invisibilidad el impacto de tales problemas.

1.2.3.- La relación entre adicciones y exclusión social y la autonomía de ambos conceptos. La tercera dificultad, que en realidad es una consecuencia de las dos anteriores

afirmaciones, se refiere al hecho de que por una parte es cierto que la adicción a alcohol o drogas representa uno de los principales mecanismos que contribuyen a conformar la reciente fracción social de los excluidos23 aunque los propios expertos que participaron en el Delphi sobre tendencias en estratificación y desigualdad social no llegan a mencionarlo24, lo cual implica que el tema de la exclusión social no puede tratarse sin tener en cuenta la cuestión del impacto del alcohol y las drogas. Pero por otra parte y como ya también se ha dicho, la adicción a las drogas y el alcohol no supone necesariamente la ubicación en el sector de los excluidos, lo que supone que un análisis sociológico completo de la adicción no puede hacerse sólo desde la visión que ofrece la exclusión social, de la misma manera que no podía hacerse desde el concepto de alienación, desde las teorías de la desviación social o desde la Elección Racional.

En resumen, la vinculación entre adicción y exclusión social, permite por una

parte completar el análisis de la exclusión social, y por otra parte nos abre un camino alternativo para el análisis sociológico del tema de las adicciones, en un momento en el que este aparecía teóricamente bloqueado, es un camino, además, cuajado de nuevas

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posibilidades, pero esto no debe llevarnos a postularlo como una especie de “solución total” al estilo de otras conceptualizaciones como alienación, desviación social, elección racional o desregulación legal, sino más bien como oportunidad para dar cuenta de ciertos hechos que los trabajos empíricos vienen proporcionándonos en los últimos decenios.

2.- PREVALENCIA, INCIDENCIA, TRAYECTORIAS INDIVIDUALES Y CONSECUENCIAS SOCIALES. 2.1.- Algunas cuestiones en torno a la delimitación del colectivo. No es el momento de entrar en una definición de exclusión social, tarea que

corresponde a otras ponencias de este Foro, pero sí señalar que se compone de dos elementos, el primero que se refiere a la dualidad estructural del concepto determina la condición de excluido en relación a las posibilidades objetivas y subjetivas que definen el grupo social que no accede a los derechos y oportunidades que goza la contraparte de los integrados sociales25, el segundo elemento, más empírico, trata de circunscribir mediante indicadores y contabilizar utilizando los datos disponibles, la extensión y las características de los colectivos socialmente excluidos. En esta tarea también se puede tratar de determinar las circunstancias que producen exclusión social.

El principal problema, aparte de lo ya señalado en apartados anteriores sobre las

carencias de los datos disponibles, se refiere en el caso de los adictos a drogas ilegales, a las dificultades de definición de la condición de adicto y por tanto a la delimitación del colectivo, lo que puede explicar parcialmente la opacidad con la que se trata el tema en una mayoría de investigaciones sobre pobreza o exclusión. Por ejemplo la condición de minusválido, lo mismo que la de emigrante o parado, se sustentan sobre definiciones administrativas, que a la vez se establecen sobre protocolos formales, lo que a su vez permite la delimitación sociológica de cada uno de estos colectivos26.

Asimismo se puede determinar el nivel de ingresos, el tipo de vivienda, la

composición de la familia o la duración del desempleo, pero la adicción es un comportamiento individual, que integra determinaciones de carácter biológico y cultural27, y que produce consecuencias diversas, sin que exista un consenso general que nos permita identificar a los adictos en cuanto tales, en parte porque el diagnóstico clínico de la adicción será distinto según cual sea el profesional que lo realice (médico, psiquiatra, trabajador social o psicólogo) y la orientación teórica de cada uno de ellos28.

Obviamente esta imprecisión se extiende en todo aquello que tenga que ver con

la adicción, así para determinar si un sujeto puede ser “objeto de intervención asistencial”, se recurre en ocasiones a opciones muy amplias. En ciertos casos la red asistencial atiende como adicto a cualquiera que realice una demanda y sea consumidor al margen de su nivel real de dependencia, y en otros casos exige en cambio pruebas muy estrictas muy estrictas, por ejemplo el sistema judicial sólo concede medidas alternativas a la pena a aquellos que puedan “acreditar la dependencia a sustancias psicoactivas”

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(artículo 87 del CP), lo que en última instancia dependerá del tipo y la orientación del profesional que realice el informe pericial, o de las “habilidades” del abogado defensor.

Incluso en las estadísticas públicas y en los estudios generales, tanto sanitarios29

como sociales30, el colectivo de adictos, a pesar de su importancia cuantitativa y cualitativa, no suele aparecer, lo que nos obliga a referirnos siempre a fuentes de datos sectoriales o estudios realizados desde el colectivo de investigadores que se han especializado en el tema de las adicciones.

Se comprende así que dilucidar tanto el volumen como la distribución del

colectivo de adictos al alcohol y a las drogas resulta una tarea complicada, ya que según sea la definición que adoptemos del mismo, el colectivo se amplia o se reduce como un acordeón.

Ocurre además que una parte importante de los adictos adoptan estilos de vida

marginal sin que tales sujetos sean estrictamente marginales, o mejor dicho su adicción los coloca, más o menos voluntariamente, en un ámbito marginal, en el que se mantienen con un buen nivel de información31 y un perfecto conocimiento de los recursos sociales, lo que les permite abandonar este estilo de vida de una forma casi automática en el momento en que lleguen a controlar el consumo, pudiendo entonces incluso “volver” con su familia y círculo social de origen, conseguir apoyos y recuperar gran parte de una trayectoria social “normalizada” que abandonaron. Obviamente adoptar este estilo de vida supone un enorme riesgo de cara a la exclusión social, pero en sí misma no es exclusión social.

En un antiguo debate32, con anterioridad a la emergencia de la noción de

exclusión social, ya aprendimos a distinguir con algunos profesionales de la asistencia, utilizando la terminología que habían creado los internos en una Comunidad Terapéutica, entre los “marginados” a los que sólo había que ayudar a superar la adicción y después sabían “buscarse la vida” perfectamente y los “pringados” para los que superar la adicción no era nada porque había que proporcionarles las informaciones más esenciales para poder relacionarse socialmente. El problema es que utilizando indicadores corrientes como nivel de consumo, tipo de convivencia, actividad delictiva, situación sanitaria, etc.. no podemos distinguir entre unos y otros ya que su perfil formal es muy similar.

2.2.- Problemas en torno a la dinámica del colectivo. Pero además en el tema de las adicciones debemos distinguir entre la incidencia y

la prevalencia. La adicción es un proceso que tiene un inicio en un momento determinado del ciclo vital, en general la adolescencia y la juventud, una duración variable (corta, larga o permanente) y una posible doble conclusión (muerte o abandono). Tal proceso implica por tanto “entradas”, “permanencias” y “salidas” en un ciclo infinito que se va renovando y rellenando de imágenes sucesivas, parecidas pero nunca idénticas.

Dos conceptos procedentes del ámbito de la epidemiología nos ayudan a

entenderlo mejor, por incidencia se entiende el número de “entradas” en un periodo

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determinado, por ejemplo un año, mientras que por prevalencia debemos entender el número total de casos que “permanecen” en la situación de adicción en un momento dado. Resulta fácil captar la idea de que la incidencia puede estar disminuyendo al tiempo que aumenta la prevalencia porque el volumen de “salidas de la condición de adicto” es inferior al de entradas. Asimismo puede ocurrir que la prevalencia este disminuyendo a pesar de aumentar la incidencia porque el número de “salidas” es muy grande.

Asimismo la lógica del proceso, contemplado desde una perspectiva individual,

adopta formas muy distintas en función de algunas variables entre las que conviene citar : 1) El momento y el punto de partida social y familiar. 2) El tiempo de la adicción, las sustancias utilizadas y los hábitos de consumo

adquiridos. 3) El tipo de apoyos recibidos durante el proceso. 4) La incidencia de otros factores: rasgos de personalidad, delincuencia,

prostitución y deterioro del nivel de salud. Ninguna de estas variables resulta determinante por sí misma, pero todas ellas

contribuyen de una forma u otra a configurar un proceso en el que, a la vez, la flecha de su influencia puede ser muy distinta, por ejemplo la pertenencia a un grupo social de alto status con un buen bagaje educativo posibilita ciertamente una “salida” más fácil porque encuentra mejores apoyos, pero también puede ser la causa de un deterioro irreversible de la salud mental asociado a las mayores facilidades para el consumo. A la inversa la pertenencia a un grupo marginal puede dificultar la “salida” por falta de apoyos pero también puede ocurrir, y de hecho ocurre, que la red asistencial específica ofrece posibilidades y alternativas de integración social a las que, por su condición de marginal, nunca hubiera accedido.

3.- LA DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL CONSUMO Y LA

ADICCIÓN. Una parte sustancial de la documentación y bibliografía sobre drogas, en especial

aquella más ajena a la investigación empírica, en la que destacan los ensayos y artículos periodísticos, aunque también una cierta literatura filosófica, sociológica o psicológica, así como los discursos sociopolíticos y los materiales o folletos editados por administraciones públicas u ONGs, dan por hecho la existencia de una relación positiva entre pobreza, marginación o exclusión y mayores niveles de consumo y adicción a las drogas. Es decir sostienen que un bajo status socioeconómico favorece la adicción, mientras un status elevado (con el que se asocia un mejor nivel cultural y educativo) actuaría como un factor de protección.

En general, dicha literatura, no suele dejar muy claro si dicha relación se

corresponde con un factor de riesgo o se refiere a las consecuencias de la adicción, pero lo que si resulta evidente es que pretende situar a las drogas en un “lugar social” diferenciado al ámbito de la “normalidad social”. Se trata de un lugar social imaginario,

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situado en el territorio de “los otros”, el cual se mantiene gracias a la relación entre la representación social de las drogas y el impulso proporcionado por los Medios de Comunicación Social que al redundar sobre la propia representación social obtienen así credibilidad33.

En cambio en la literatura más empírica domina una imagen bien diferente,

mucho más compleja y matizada,. Se trata de una imagen en la que los sectores sociales antes mencionados “recogen” una gran parte de los problemas que causan las drogas, pero como tales no conforman un “ámbito de riesgo diferencial”, porque los verdaderos factores de riesgo se ubican sobre elementos de tipo psicosocial y cultural más propios de las clases y los grupos sociales más integrados. Conviene reiterar aquí lo dicho en el punto primero, es decir que el canon sociológico clásico, amparándose en elementos teóricos que van desde el marxismo y la ecología social clásica de Chicago, hasta la teoría de la elección racional y por supuesto todas las teorías del intercambio social, adoptan el punto de vista mecanicista de la representación social, quizá porque resulta más fácil mantenerse en el rumbo de “un constructo socialmente asumible”.

Frente a esta representación social podemos manejar los datos empíricos

disponibles, una parte de los cuales se refieren al simple consumo, siendo el método de recogida de datos más utilizado la encuesta específica sobre consumo de drogas, la primera de las cuales de ámbito nacional se realizó en España en 1979 y a partir de dicha fecha se han venido realizando entre dos y tres por año. Ciertamente hasta 1993 tales datos no conforman series34 pero la reiteración de las mismas o similares preguntas nos permiten manejar un esquema bastante exacto de la evolución del consumo y la distribución social del mismo. A partir de 1993 el Sistema Estatal de Encuestas Continuas sobre Drogas (SEECD)35 nos permite establecer series bianuales para población general y para escolares respectivamente.

En conjunto se puede afirmar que las encuestas no sólo desdicen el lugar social

imaginario de las drogas en la representación social sino que muestran unos niveles de consumo y una distribución social prácticamente lineal. Obviamente las encuestas minusvaloran los niveles de consumo, en especial de ciertas drogas (por ejemplo la encuesta a población general del SEECD en los diversos años que ha sido realizada afirma que han probado alguna vez en la vida heroína en torno a 150.000 españoles lo que es a todas luces, y como veremos, poco exacto), pero tal minusvaloración no se hace a costa de ninguno de los estratos que componen la muestra por lo que podemos considerar las distribuciones resultantes bastante correctas.

Además poseemos, a este efecto, una fuente de datos mucho más exacta, relativa a

la población que acude a la red asistencial de la que tenemos numerosas fuentes de datos, tanto de Comunidades Terapéuticas36, como de Programas Regionales de Drogas37, de redes completas38 o de Estudios de Seguimiento39, confirmándonos todos ellos, sin excepción, que: 1) el punto de partida social de los adictos muestra una distribución lineal, con una mayor presencia de las clases medias, 2) que el proceso de adición deteriora al individuo y a su entorno familiar especialmente cuando se trata de sectores sociales vulnerables o cuando el adicto había formado su propia familia y tenía hijos40, y 3) que la mayor parte de los adictos, cuando realizan una demanda asistencial, se encuentran en una situación de marginación o exclusión social, 4) que una parte de estos

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adictos consigue integrarse de nuevo en la sociedad en una operación de ida y vuelta, siendo los factores que más contribuyen a lograr esta posibilidad: a) el mantenimiento de la abstemia durante periodos prolongados, b) el apoyo familiar en especial de la familia de origen, d) el acceso al trabajo41. Conviene destacar que el acceso a prestaciones sociales no siempre resulta positivo para dicho colectivo42

Un último dato se refiere a las familias que declaran, en diversas encuestas, haber

tenido problemas de alcohol o drogas en alguno de sus miembros. Esta cuestión fue planteada por vez primera para el municipio de Madrid43 con una muestra muy amplia y una distribución según status social y distrito muy distinta a la esperada por la representación social y una estimación de alrededor del 2% de las familias para el alcohol y algo menos las drogas ilegales. Un panorama que una encuesta más reciente no ha desdicho44.

4. UN MODELO DE REFERENCIA. Con estos elementos venimos tratando, al menos desde 198545, de elaborar un

modelo de referencia que nos proporcione una primera aproximación teórica, a modo de hipótesis falsable, sobre la distribución social de las adicciones en España.

Trabajar empíricamente sobre el “caso español” supone indudables ventajas,

primero porque se puede partir de una “situación cero” en la que sólo estaba presente el consumo tradicional de alcohol, segundo porque las incorporaciones, tanto de hábitos culturales como de sustancias, fueron paulatinos, iniciándose el proceso histórico con la Cannabis (y el LSD) entre 1968-1970, seguidos de la heroína a partir de 1973, que adoptó una forma epidémica hacia 1978-79, a la que se superpuso el consumo de cocaína y las nuevas formas de consumo de alcohol ya en los 80, y tercero porque a pesar de constituir fenómenos muy novedosos para la sociedad española adquirieron con rapidez una extensión equiparable a la de muchos países del centro y norte de Europa en los que tales fenómenos poseían ya una cierta historia, hasta el punto de que, ya en los 90, la ola de las llamadas “drogas de síntesis” se inició primero en España y luego alcanzó otros países europeos46.

El “caso español” nos permite formular una doble hipótesis, que se sostiene sobre

el hecho de que las diferentes drogas, sus modos y hábitos de uso, los tipos de poblaciones afectadas, sus complejos culturales asociados y, por tanto, los problemas que producen, se incorporan a la realidad social en diferentes momentos históricos, en un proceso en el que confluyen elementos propios de cada realidad social y amplios movimientos de carácter internacional. Por tanto la incorporación de cada droga se produce sobre situaciones de estratificación social diferentes y cada una de estos momentos conforma relaciones distintas entre drogas y estratificación social y en particular entre estas y la exclusión social47.

La primera parte de la doble hipótesis nos dice que tomando los elementos de

realidad que nos aportan la incorporación de las drogas ilegales en el periodo posterior a 1973 en España, no cabe duda de que dicha incorporación se produce justamente en el

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periodo de mayor expansión de las clases medias48 lo que nos permite sostener no sólo que puede existir algún tipo de relación entre ambos fenómenos49 sino que además debemos interpretar, ambos acontecimientos, como subproductos del cambio social global que se inicia en España a partir de 196050. La hipótesis afirma entonces que fue precisamente el cambio social y cultural ligado a la desaparición de una estructura piramidal de tipo patrimonial, en la que una mayoría de la población eran “clases pobres” y su sustitución por una sociedad de consumo con una fuerte presencia de clases medias, el contexto en el que se produjo la irrupción de las drogas en nuestra sociedad.

En cuanto a la segunda parte de la hipótesis afirma que aquellos sujetos o familias

que se vieron afectadas por las drogas, singularmente la heroína, perdieron oportunidades de ascenso social justo en el momento histórico que comenzaron a manifestarse las nuevas situaciones de exclusión social, lo que en parte puede explicarse por determinantes comunes51. Asimismo parece lógico suponer que una parte de tales familias o individuos ha configurado estas nuevas situaciones de exclusión social, sin que, superada la década de los años 90 y con un sistema de estratificación social más estable, parezca posible que puedan recuperar ya el ritmo de las oportunidades perdidas.

Finalmente cabe decir que si bien este doble proceso histórico (clases

medias/drogas, drogas/exclusión social) parece estructuralmente cerrado no podemos darlo por concluido porque hay que esperar la incorporación de nuevos adictos y nuevas pautas sociales de consumo y por tanto una posible ampliación del colectivo de los adictos en situación de exclusión social. Quedan, de una parte, importantes bolsas de candidatos, formadas por los consumidores o adictos a nuevas sustancias y por los colectivos que aún han sido poco afectados (en especial mujeres), cuyas tasas de incidencia serán indudablemente menores que las conocidas años atrás pero que se irán incorporando, en términos de prevalencia, a un colectivo que además se expandirá ya que, por otra parte y como veremos, las nuevas estrategias asistencial están ralentizando su extinción física.

5.- UNA COMPARACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El modelo de referencia y la hipótesis contenida en el mismo, pueden visualizarse

de alguna manera sobre el perfil socio-económico que nos ofrecen las distintas Comunidades Autónomas, tal y como aparece en la tabla I en la que se muestran distribuidas por Comunidades algunas magnitudes, tratando de presentar la idea, ya manejada en algún otro trabajo52 de que el dispar punto de partida, evolución y situación actual de cada una de ellas permite, por la vía del análisis comparativo, considerarlas como representativas de determinadas situaciones sociales presentes en el modelo de referencia. Los datos se refieren a mitad de los años 90, ya que así se pueden comparar con evoluciones regionales posteriores, en todo caso el uso que se hace de los indicadores del SEIT no puede actualizarse ya que, como veremos en el próximo apartado, la propia metodología del SEIT ha contribuido a reducir la visibilidad del grupo de adictos excluidos.

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Las dos primeras columnas se refieren al Producto Interior Bruto per cápita de los

años 1960 y 1997, en miles de pesetas corrientes de 199753 y la tercera columna indica el crecimiento de la magnitud con base 100 en 1960. Se ha elegido este periodo porque son los años en los que se producen las transformaciones sociales que forman parte de la hipótesis y se ha elegido el dato del PIB per cápita porque refleja, mucho mejor que la evolución general del PIB, los cambios en el grado global de bienestar de la población española en este periodo, observándose como, a pesar del crecimiento generalizado y la incidencia de las migraciones interiores, mantienen casi estables las diferencias entre los más ricos y los más pobres aunque con importantes cambios de posiciones.

De hecho las series a largo plazo de Eurostat54 nos muestran como España es el

país de la actual UE cuyo PIB per cápita ha crecido más desde 1960, por lo que de continuar la tendencia podría situarse sobre la media europea hacia el año 2.010. Por regiones en 1980 todas estaban por debajo de la media europea, mientras que en 1995 cuatro Comunidades Autónomas, por este orden, Baleares, Madrid, Navarra y Cataluña la superan y todas las demás, salvo el bloque compacto del norte formado por Asturias, Cantabria y el País Vasco que se mantienen con una ligera pérdida, han avanzado posiciones, en especial Canarias que es una de las regiones europeas que más ha crecido en el periodo 1977-1997.

La tabla refleja a continuación los índices de pobreza correspondientes a los años

1980 y 1990, obtenidos con la misma metodología para ambos años a partir de la EPF55, con criterios uniformes para todas las Comunidades Autónomas. Los años elegidos son los únicos que configuran una serie con la misma metodología en nuestro país, al tiempo que se sitúan en una posición intermedia de las distintas investigaciones y estimaciones56. Por otra parte la década de los 80, como ya he explicado, es el momento explosivo de las drogas en nuestro país y también el momento en el que se inician los estudios sobre pobreza con resultados que confirman la evolución de la serie citada. En la misma se muestra una reducción global de los niveles de pobreza, que crece en las Comunidades Autónomas cuyo PIB per cápita crece menos y disminuye en aquellas en las que el PIB per cápita crece más, con la única excepción de Asturias quizás debida al tipo de prestaciones que se facilitan a su sector minero.

Seguidamente aparece el revelador dato del gasto propio de cada Comunidad

Autónoma en Servicios Sociales, en pesetas per cápita, así como la proporción sobre cien de este gasto en relación al Valor Añadido Bruto de cada Comunidad Autónoma. Se trata de unos datos referidos al año 90 en parte porque es el último sobre el que aparece publicado este dato para todas y cada una de las Comunidades Autónomas57, pero esto no es problema porque se trataba de reflejar la diferentes sensibilidades territoriales en un momento en el que el nivel de transferencias en esta materia era ya similar en todas ellas. Una parte del gasto, especialmente en algunas Comunidades, son transferencias corrientes del Estado, pero también debería ser, al menos en términos sociológicos, muy obvio que, ya en 1990, el monto global de los gastos de las Comunidades Autónomas respondía a criterios de reparto más que a demandas sectoriales, por lo que la elección de las prioridades internas puede ser perfectamente atribuida a diferencias de sensibilidad tanto de los responsables políticos como de las propias poblaciones58.

TABLA I DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS

DE LAS MAGNITUDES CITADAS PIB per capita POBREZA según

EPF Gastos Soc.

1990 EDIS ALCOHOL DROGAS SEIT SIDA

1960 1997 100% 1980 1990 100% P. C. VAB P/1997 Famil Person Famil Person 1988 1996 1997 Andalucía 580 1.352 233 29,2 26,3 90 8.519 1,09 30,2 3,5 0,9 3,4 1,1 3,8 14,5 1.047 Aragón 877 2.035 232 15,3 19,8 129 3.096 0,30 22,3 3,5 1,1 1,7 0,5 5,1 8,2 785 Asturias 818 1.628 199 19,7 13,7 69 3.907 0,43 16,2 5,0 1,5 5,3 1,8 5,9 11,8 857 Baleares 1.075 2.797 260 15,3 9,8 64 4.571 0,36 18,6 7,7 2,4 5,9 2,3 6,5 13,8 1.926 Canarias 730 1.899 260 30,3 26,8 88 10.328 1,02 27,1 7,9 2,1 5,2 1,6 5,4 17,5 787 Cantabria 903 1.717 190 15,0 15,7 104 5.003 0,54 17,7 6,5 1,7 3,2 0,9 3,3 8,5 868 Castilla-Ma. 633 1.640 259 35,3 24,0 67 3.592 0,40 30,7 2,8 0,8 1,8 0,6 0,8 6,2 615 Castilla-Le. 717 1.794 250 24,6 24,6 100 4.864 0,54 25,5 3,2 1,0 2,2 0,7 1,1 8,1 678 Cataluña 1.084 2.321 214 9,5 8,8 92 6.655 0,56 16,1 6,3 1,8 4,5 1,4 5,2 13,4 1.876 C. Valencian 880 1.876 213 15,6 17,1 109 4.464 0,46 24,5 3,1 0,9 3,8 1,2 3,2 10.2 1.009 Extremadura 554 1.376 248 41,2 39,0 94 9.972 1,52 45,6 3,6 0,9 2,7 0,8 3,0 19,0 527 Galicia 627 1.576 251 30,6 24,6 80 4.639 0,59 21,3 3,9 1,1 5,2 1,8 3,8 15,0 902 Madrid 1.128 2.414 224 8,2 6,2 75 7.066 0,60 11,1 2,6 0,8 3,9 1,4 5,3 13,5 2.485 Murcia 636 1.490 234 20,5 22,0 110 5.795 0,62 30,5 2,6 0,7 2,5 0,7 6,2 12,4 811 Navarra 948 2.192 231 9.8 6,1 62 8.560 0,71 11,0 4,1 1,2 4,1 1,3 4,4 3,4 1.120 Pais Vasco 1.120 2.128 190 6,7 10,0 149 1.609 0,13 12,6 3,3 0,9 4,2 1,1 8,2 9,6 1.816 La Rioja 957 2.249 235 13,3 17,7 133 4.643 0,37 15,2 3,8 1,0 3,6 1,0 3,9 6,7 1.183 TTOOTTAALL 881166 11..889944 223322 1199,,66 1177,,99 9911 77..333322 00,,7799 2222,,11 44,,00 11,,11 33,,77 11,,11 44,,33 1133,,66 11..330055 1) Contabilidad Nacional de España, Elaboración propia, 2) Ruiz Huerta, J. y Martinez, R. (1994), “La pobreza en España: ¿Qué nos muestra la EPF?” Documentación Social nº96. 3) Barea, J. (1998), El gasto público en servicios sociales en España, Madrid. M.A.T y A.S. 4) EDIS (1998), Las condiciones de vida de la población pobre en España, Madrid FOESSA. 5) Memorias 1996 del PNsD y del SEIT 6) Registro Nacional del Sida, MSC.

El hecho es que cuatro Comunidades, dos pobres (Extremadura y Andalucía), una

intermedia que es la que más ha crecido (Canarias) y una de las más ricas (Navarra) muestran un buen nivel de sensibilidad social, del que carecen llamativamente algunas de las más ricas (Baleares y Aragón), mientras las demás se sitúan en posiciones intermedias. Hay más relación entre gasto social y pobreza pero también con matices, ya que siendo cierto que la mayor parte de los que tienen más necesidades sociales gastan más también hay alguna excepción (Castilla la Mancha, Castilla-León, Murcia y Galicia) quedando en el lado opuesto Navarra.

El último grupo de datos, relaciona estas realidades con el alcohol y las drogas,

aunque se comienza con los índices de pobreza obtenidos en el estudio EDIS-199759, que lógicamente no pueden compararse con los anteriores ya que se trata de conceptos y metodologías distintas pero que en todo caso muestran una distribución similar por Comunidades Autónomas. El dato de EDIS nos sirve para introducir las siguientes cuatro columnas que muestran la distribución por Comunidades de “la proporción de entrevistados que formando parte del porcentaje de población pobre atribuido a cada Comunidad Autónoma manifiestan que entre las personas que viven en la casa (incluido el que contesta) alguna persona tiene problemas de alcoholismo o drogadicción”.

Vemos como las mayores tasas de alcoholismo y adicción a las drogas entre los

pobres se dan en aquellas Comunidades Autónomas en las que se dan menores índices de pobreza y/o las que más ha descendido la misma, destacando el caso de Baleares, seguido de Navarra, Cataluña, Canarias, Cantabria y Asturias. Mientras que las Comunidades Autónomas con mayores índices y/o pobreza creciente tienen menores tasas de adicción, con casos llamativos como Andalucía para drogas ilegales y Castilla la Mancha para el alcohol.

Tales resultados nos permiten afirmar que aquellos casos en los que la pobreza es

menor y/o ha descendido más desde la etapa del desarrollismo, que coinciden con aquellos en los que el PIB ha crecido más, que a su vez coinciden con aquellas regiones en las que se ha producido un mayor desarrollo de las clases medias, son las que concentran una mayor problemática de adicciones en este sector de población. Pero además los dos casos más llamativos, Baleares y Navarra, adoptan, quizás por sus notables diferencias en la estructura productiva, actitudes muy distintas en relación a este hecho, en Navarra los excluidos son especialmente atendidos, en Baleares especialmente ignorados.

A continuación las dos columnas encabezadas por el término SEIT, reflejan las

tasas sobre 10.000 de las demandas asistenciales por consumo de heroína, opiáceos y cocaína recogidas por el Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT) para los años 1987 (el primero en el que el Sistema estaba más o menos implantado) y 1996. Precisamente cuando el “impacto de la cronificación” comienza a desvalorizar el sistema de información ya que el SEIT es un sistema de notificación de casos nuevos en el año que registra las demandas de asistencia en los centros públicos y privados subvencionados o concertados (alrededor del 80% de la red sin diferencias territoriales),

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lo que implica que los crónicos que ya están en el sistema dejan de estar contabilizados. Vemos como las demandas se han incrementaron considerablemente en aquellos ocho años, alcanzando el 0,13% de la población en 1996, con cambios relevantes en el orden de importancia de las distintas Comunidades Autónomas, pero lo más llamativo es que los mayores niveles de demanda se concentran en Extremadura, Canarias y Andalucía, lo que coincide, salvo Canarias, con aquellas que teniendo muchos pobres no tienen especiales problemas de drogas en dicha población, pero en cambio dedican más recursos a los programas sociales.

De nuevo resulta llamativa la diferencia entre Navarra y Baleares, la primera con

mucho más gasto social tiene menos demanda mientras que la segunda con menos gastos sociales tiene mayor demanda, quizás porque no atiende las necesidades sociales del colectivo de excluidos. Por su parte Canarias constituye un caso particular porque ha crecido mucho y muy rápido, aunque conservando amplios espacios de pobreza clásica en los que además se han instalado consumos de drogas particulares, hábitos “americanos” como el crack desconocidos en la península, los cuales conviven con una pujante y también reciente clase media.

Para acabar de confirmar todo lo dicho se ha incluido una última columna con las

tasas de casos de SIDA, acumulados al primer trimestre de 199860, por millón de habitantes, que nos demuestran que el lugar destacado que ocupa España en el contexto Europeo se debe al peso específico de cuatro comunidades autónomas, Madrid, Baleares, Cataluña y País Vasco en este orden, mientras los demás se sitúan por debajo de la media Europea, lo que de nuevo nos permite relacionar SIDA ( y drogas) con nivel de desarrollo en relación a un modelo endógeno español.

Conviene retener que el lugar tan destacado que ocupa Madrid como la primera

región europea por incidencia del Sida, de hecho debería ser comparado con la provincia de Barcelona (2.079 casos por millón de habitantes) para conformar, con Baleares, este pelotón a la cabeza de Europa. El mismo argumento cabe aplicar al caso andaluz, que parece romper el constructo que relaciona crecimiento, urbanización, predominio clases medias y SIDA, ya que en Andalucía se puede diferenciar por provincias, desde los 1485 y 1389 casos de Málaga y Cádiz, hasta los 410 casos de Jaén 598 de Granada y 670 de Córdoba que están entre los más bajos del país.

La situación descrita a mitad de los años 90 ha producido efectos interesantes que

encuentran una cierta confirmación en la tabla II, que presenta la distribución territorial de la experiencia con cannabis y cocaína en el año 2002. Se puede observar como los consumos experimentales se concentran en aquellas regiones que tenían mayor grado de desarrollo, mientras que las regiones más pobres arrojan tasas de consumo muy inferiores, asimismo podemos ver como las diferencias por género son mayores en las regiones más pobres, mientras que aquellas que tienen mayor grado de desarrollo hay menores diferencias entre varones y mujeres. Este esquema global aparece sin embargo matizado por dos factores, el nivel de gasto social que disminuye la prevalencia y la “rapidez” del crecimiento económico que aumenta la prevalencia.

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TABLA II Distribución territorial de la experiencia con las drogas citadas

Alguna vez Cannabis Alguna vez Cocaína Varones Mujeres Varones Mujeres Andalucía 28,9 27,0 6,0 4,0 Aragón 55,5 44,7 12,0 8,2 Asturias 33,2 25,5 6,9 2,9 Baleares 42,1 36,4 7,8 5,7 Canarias 33,3 25,5 7,4 3,6 Cantabria 44,2 34,9 11,6 5,0 Castilla Mancha 38,7 38,3 10,8 6,5 Castilla León 43,6 34,5 9,6 3,8 Cataluña 45,2 39,2 6,8 6,7 C. Valencia 52,2 43,8 17,4 15,8 País Vasco 46,4 45,6 7,8 6,4 Extremadura 36,2 29,3 6,3 3,1 Galicia 34,0 28,8 8,3 3,2 Madrid 39,4 39,3 6,9 7,2 Murcia 41,2 34,1 12,1 7,1 Navarra 54,7 50,8 7,0 7,2 Rioja 48,7 41,9 7,1 6,9 Ceuta y Melilla 17,7 15,1 3,3 1,1

Fuente: Base de datos de la Encuesta domiciliaria del PNsD 2002. Por su parte la tabla III en la que se muestran indicadores más directamente

relacionados con la adicción, como la evolución de la tasa de prevalencia de cocaína los últimos 30 días entre 1995 y 2002, la tasa de admisiones a tratamiento por 10.000 habitantes en 2001 y la tasa de bebedores excesivos de alcohol en el 2001, nos permite realizar algunas matizaciones. Aunque se mantiene la relación entre mayor desarrollo menos gasto social y mayor consumo, en especial en la evolución del consumo de cocaína, está claro que existen algunas excepciones, siendo la más llamativa Navarra, pero en este caso también se puede observar que las tasas de admisiones a tratamiento en la red específica de drogas son menores, lo que implica que en aquellos lugares en los que dicha red especifica ha sido incrustada con más fuerza en las redes generales, tienden a presentar un pronóstico más desfavorable.

Asimismo la tasa de bebedores excesivos, que aparte del nivel de desarrollo

podemos relacionar con otros factores de tipo cultural, es muy coherente con los otros resultados y nos ofrece un territorio muy compacto de problemas con el alcohol formado por País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla León y Valencia que contrasta abiertamente con un territorio menos compacto formado por Asturias, Cantabria, Canarias y Cataluña en el que el consumo problemático es muy inferior.

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TABLA III Distribución territorial de las variables citadas

Prevalencia últimos 12 meses Admisiones Bebedores 1995 2002 Tasas por %00 Tasas por % Andalucía 5,0 6,5 145,7 7,5 Aragón 4,8 5,7 67,7 9,8 Asturias 6.0 7,0 72,7 3,2 Baleares 9,1 10,8 112,7 7,2 Canarias 6,7 6,9 349,7 3,6 Cantabria 6,2 7,3 66,6 5,6 Castilla Mancha 6,3 4,7 63,0 7,9 Castilla León 4,9 6,5 75,2 12,4 Cataluña 8,5 8,3 111,6 5,0 C. Valencia 7,3 6,8 138,2 13,1 País Vasco 9,7 7,7 66,0 17,2 Extremadura 1,6 5,9 113,8 9,8 Galicia 2,5 3,5 116,8 8,4 Madrid 10,6 11,6 147,3 7,6 Murcia 4,6 7,2 109,4 9.8 Navarra 9,8 14,8 23,0 11,6 Rioja 7,2 7,8 50,4 7,4 Ceuta y Melilla 7,3 3,6 124,6 5,2 Fuente: Base de datos de la Encuesta domiciliaria del PNsD 2002 y Memoria del Observatorio Español sobre Drogas

Este conjunto de datos nos permite, al menos, sostener que nuestra hipótesis de

referencia se ajusta sin demasiadas incoherencias a la evolución social y económica de las distintas Comunidades Autónomas, así como a las políticas sociales desarrolladas en cada una de ellas.

6.- EL PERFIL DE LOS ADICTOS EXCLUIDOS. Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores podemos ahora formular con mayor

fundamento la pregunta ¿quienes y como son los adictos excluidos?, sabiendo que no resulta fácil describirlos y cuantificarlos, pero teniendo también claras las razones para considerar que sólo una parte de los adictos son excluidos sociales.

A la vez también sabemos que el simple consumo experimental tiene poco que

ver con la exclusión, ya que es más bien un comportamiento de sujetos perfectamente integrados en los que incluso prima una cierta capacidad económica. Esto no impide

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reconocer que también aparecen consumidores procedentes de ámbitos marginales o de familias pobres que, ciertamente, corren un mayor riesgo de convertirse en adictos excluidos. Además sabemos que tratar de diferenciar aquellos excluidos que lo son por su condición de adictos, de aquellos adictos que ya eran previamente excluidos, o incluso de los excluidos sociales que consumen drogas sin ser adictos, no es fácil. Finalmente sabemos que todos estas circunstancias y procesos son muy sensibles a las políticas sociales en el contexto de modelos culturales de relación con las drogas que, a pesar de que estamos ante un típico fenómeno de la globalización, son en el plano local bastante peculiares.

Por otro lado también hemos aprendido que los adictos excluidos se conforman al

menos a partir de tres realidades, en primer lugar aquellos sujetos que partiendo de una situación de marginación o exclusión previa han incorporado la drogas a su no-vida, en segundo lugar los adictos procedentes de otros estratos sociales a los que su adicción les ha conducido a una situación de exclusión social y finalmente aquellos adictos institucionalizados en la red asistencial, a los que podemos considerar en términos individuales excluidos porque, al menos una parte de los mismos, se mantiene bajo el paraguas protector de una familia no excluida.

Este último grupo merece nuestra especial atención ya que en el caso de las

drogas la tendencia general muestra una convergencia hacia la conformación de un segmento central de adictos excluidos formada por sujetos institucionalizados. Esta fracción se ha venido constituyendo a partir de la modificación de las políticas sobre drogas que supuso la puesta en marcha de los Programas de Reducción del Daño y singularmente de los programas de sustitutivos con metadona. Aunque de hecho tales programas que eran muy necesarios debido al intenso deterioro del estado de salud del colectivo, no tenían porque producir dichas consecuencias.

Pero las políticas sobre drogas, comenzaron a principios de los años 90 a obviar la

“cuestión de la adicción”, que aparecía sometido a fuertes controversias ideológicas y a desacuerdos profesionales, para dedicarse a paliar las consecuencias sociales (en especial la inseguridad ciudadana) y sanitarias (en especial el SIDA) que las drogas producen. Es decir el Estado asume su responsabilidad en relación a los adictos (en una posición que no comparto ni para las drogas legales ni para las ilegales) desde la perspectiva de las consecuencias de la adicción pero no desde la adicción misma.

En la práctica esto supuso dotar a la red asistencial de una impronta sanitaria (lo

que era muy necesario) y aprovechar la ocasión para prescindir de los objetivos de integración social (lo que no tenía ninguna justificación). En este cambio se produjo además una delegación de las tareas no-sanitarias hacia la sociedad civil con constantes llamamientos a la participación ciudadana, trasladando hacia el sector no lucrativo incluso algunas intervenciones profesionales muy especializadas61, lo que implica la emergencia de un importante colectivo de adictos excluidos y cronificados cuya institucionalización no se produce sobre esquemas clásicos (cárceles, manicomios, albergues y otros centros residenciales) sino bajo la vigilancia de la “sociedad civil” que además así se dedica y se entretiene con este “importante problema social” olvidando otras actividades más reivindicativas.

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De hecho, en 1997 las CCAA reconocían tener a unos 155.000 adictos bajo algún

tipo de control, de ellos 55.000 en Programas de Mantenimiento con Metadona, y aunque últimamente hay algunas confusiones con estas cifras porque no se publican formalmente a nivel estatal, en este momento el número de adictos bajo algún tipo de control se sitúa en torno a los 250.000 de los cuales unos 85.000 participan en PMM. Expresado en otros términos en torno a un 0,7% de la población adulta española permanece ingresada en un “manicomio” virtual, gestionado por las familias y las organizaciones sociales, con la ayuda de las prisiones y algunos dispositivos que “atienden temporalmente” a los adictos permitiendo que mientras tanto los primeros “descansen algunas temporadas”.

La tabla IV escenifica un elemento clave en este proceso, ya que mientras el

número de adictos cronificados en los recursos de la sociedad va aumentando, el de los casos atendidos en la red asistencial va disminuyendo, desde un máximo de 48.300 en 1996 hasta los 41.300 del año 2001. La disminución no ha sido mayor por la irrupción de los casos de cocaína, una parte de los cuales son antiguos casos de heroína con un diagnóstico más correcto. Asimismo la media de edad ha pasado de 24 años en 1988 a 33 años en 2001 y por si fuera poco, aunque estamos hablando de los casos nuevos en la red asistencial desde 1996 la proporción de los que han tenido un tratamiento previo es ya más de la mitad y representa el 75% de los casos de heroína y el 34% de los de cocaína.

TABLA IV TIPO DE DEMANDA Y ASISTENCIA RECIBIDA

CASOS ANUALES SEIT Heroína Previo Cocaína Previo 1987 10.038 197 1988 16.007 278 1989 18.159 418 1990 24.263 600 1991 30.137 13.296 989 262 1992 37.232 15.956 1.343 367 1993 37.073 16.703 1.695 431 1994 37.243 17.526 1.832 491 1995 40.077 20.369 1.990 516 1996 45.520 28.690 2.832 937 1997 43.166 30.173 4.531 1.402 1998 42.623 30.756 5.012 1.838 1999 36.504 26.031 8.702 2.576 2000 34.563 26.412 8.272 2.773 2001 32.305 24.844 9.023 3.048

Fuente: Memorias del SEIT y del Plan Nacional sobre Drogas de cada uno de los años.

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Todo esto significa que mientras otros colectivos con problemas están cada vez más y mejor atendidos en las redes públicas, en el caso de los adictos a drogas ilegales, son cada vez más abandonados al albur de la familia y la beneficencia de las ONGs (aunque ciertamente todas ellas cuentan con recursos públicos para realizar esta tarea), al tiempo que el volumen de atendidos con objetivos puramente sanitarios en la red asistencial se va reduciendo. Sin duda el hecho de que el año 1996 marque un cambio en la tendencia no es casual.

Sin duda los argumentos para realizar algunos cambios en las políticas sobre

drogas eran muy poderosos, así los resultados de las investigaciones sobre la situación asistencial en los años 8062, que mostraban cómo los adictos atendidos recaían con frecuencia, pero que tras un periplo asistencial en ocasiones muy complejo, se producía una “salida” dividida en tres tercios, el primer tercio mantenía la abstemia o un cierto control y una parte del mismo se integraba socialmente con éxito, otro tercio recaía en el consumo una y otra vez para convertirse en un “usuario crónico de diversos recursos asistenciales” (porque entonces no solían admitirse a los recaídos en el mismo dispositivo) y finalmente el último tercio fallecía. Al principio la mayor parte de los fallecidos eran por sobredosis y a partir de 1988 por SIDA, aunque nunca faltaron los fallecidos por violencia, accidentes u otras enfermedades.

Justamente la existencia de este último tercio, aparte que se pensaba que muchos

adictos no accedían a unos servicios asistenciales demasiado rígidos y exigentes, es lo que explica la apuesta por los programas de reducción del daño, singularmente Programas de Mantenimiento con Metadona (PMM), cuya imprescindible implantación ha disminuido drásticamente tanto la morbilidad como la mortalidad del colectivo, ya que de 4.843 casos de SIDA en ADVP diagnosticados en el año 1994 que representaban el 70% del total de los casos de SIDA, se ha pasado a 1.270 en 2001 que representan apenas el 27% del total de casos de SIDA. Lo que viene a significar que de haberse mantenido la cifra de 1994, en estos ocho años se han evitado, teniendo en cuenta el descenso de diagnósticos año por año, alrededor de 18.000 nuevos casos de SIDA.

Claro que este argumento exige también sus matices, ya que las cifras absolutas

de de VIH+ y SIDA en ADPV parece muy lejanas de los 250.000 adictos cronificados lo que implica que los modelos de estimación realizados a principios de los años 90 quizá no fueran muy exactos. Además el porcentaje de VIH+ en adictos apenas se ha reducido en estos años pasando, en los casos notificados al SEIT, de un 37,1% en 1996 a un 34,7% en 2001. Lo cual nos permite dudar sobre cuales han sido las verdaderas variables que han intervenido en el proceso. Asimismo la distribución por CCAA de casos de VIH+ en adictos añaden más dudas. De entrada el modelo se confirma porque Madrid, con un 48% arroja la cifra más alta y es la CCAA que más tarde implanto los PRD en general y los PMM en particular, mientras que Asturias que fue la pionera muestra una proporción muy baja de VIH+ en adictos a drogas ilegales (14%). Pero en Andalucía, Cataluña y País Vasco que también fueron pioneras en la implantación de PMM son las que siguen a Madrid en la tasa de VIH+ en adictos, mientras que en Cantabria, Aragón y Castilla la Mancha donde la implantación de PRDs fue muy tardía muestran la proporción más baja de todo el Estado (12%).

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¿Cuál es la explicación? No hay trabajos sobre este tema, pero parece cada vez más evidente que una serie de factores culturales, como la proporción de género entre los adictos, las facilidades para “buscarse la vida” o el acceso a las prestaciones sociales, pesan en este tema tanto como las políticas asistenciales específicas. En todo caso parece claro que la implantación de los Programas de Reducción del Daño salvaron la vida de miles de adictos, pero a la vez convirtieron, no sólo a estos supervivientes sino a una parte importante del colectivo de adictos y sin que hubiera necesidad de hacerlo, en sujetos cronificados y situados en la exclusión social.

Claro que también podemos imaginar que reimplantando políticas de integración

social podríamos pensar en “sacarles” de la exclusión social, a pesar de que los cambios producidos en la “cultura asistencial” para poner en marcha los PMM nos lo hayan puesto difícil. Fueron cambios que rompieron el necesario equilibrio entre lo social y lo sanitario, disolviendo el dilema entre la idea de la universalidad incondicionada de las prestaciones y las prestaciones ligadas a condiciones y en última instancia entre derechos individuales y derechos de la colectividad, al apostar por la lógica del sistema sanitario general y su opción universalista, incondicionada, precaria y acostumbrada a manejar, sin resolver, las situaciones de cronicidad63.

En este sentido la adscripción, de forma progresiva en la última década, de una

fracción social importante de adictos a drogas ilegales en el ámbito de la exclusión social debe atribuirse más a las metodologías asistenciales propiciadas por las políticas sobre drogas que a las consecuencias directas de la adicción. Sin duda estas políticas han salvado muchas vidas, pero no existía ningún motivo para dirigir al colectivo hacia la exclusión social. En todo caso, la cadencia de los acontecimientos en el ámbito de las políticas sobre drogas constituye un buen ejemplo del tipo de políticas sociales y económicas que han ido conformando el modelo de la exclusión social en la última década del siglo XX.

7.- A MODO DE SÍNTESIS. Como conclusión estoy proponiendo un modelo socio-histórico en el que, en la

relación entre adicciones y estratificación social, se producen cuatro momentos sucesivos, con matices según la ubicación de cada Comunidad Autónoma en los procesos generales de desarrollo social y económico (esquema 1), pero que transcurren en un claro paralelismo con la evolución tanto de las representaciones sociales, como del consumo y los cambios culturales asociados al mismo64, lo que a su vez proporciona itinerarios arquetípicos para las familias afectadas por las drogas (esquema 2).

Podemos suponer que en un primer momento (hasta los años 60) nos

encontraríamos con una sociedad caracterizada por la amplia presencia de clases pobres, de campesinos sin tierra y proletariado industrial, que malviven al borde de la subsistencia, frente a los que las clases patrimoniales mantienen sus privilegios. Sólo se consume alcohol, pero más bien como hábito gastronómico, y aunque este consumo

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produce problemas de alcoholismo, tales problemas sólo se perciben sanitariamente en situaciones puntuales.

Al llegar el segundo momento coincidiendo con el periodo álgido de la

expansión de las clases medias y los desajustes, tanto culturales como sociales, que el cambio en el sistema de estratificación provoca, se inicia la epidemia de drogas a finales de los años 70, con altas tasas de incidencia las cuales incrementan la prevalencia total. No hay apenas demanda asistencial pero en todo caso los tratamientos son poco efectivos. Los jóvenes consumidores crean graves conflictos familiares, pero el status familiar recientemente logrado no se resiente de entrada demasiado, a pesar de que una parte de los adictos comienza a adoptar un estilo de vida marginal.

Durante el tercer momento, concluida la transformación del sistema de

estratificación social a fines de los 80, se inicia un proceso de normalización, durante el cual las tasas de incidencia del consumo de drogas como la heroína comienzan a disminuir pero no así la prevalencia que alcanza su umbral, aunque el ritmo de crecimiento se va también ralentizando. Asimismo se consolida la demanda asistencial y comienzan a obtenerse buenos resultados sobre un determinado sector de adictos que se reinsertan socialmente, mientras se dispara la mortalidad, atribuible, aunque sólo en una cierta parte, al SIDA. En este mismo momento aparece un sector de adictos que se mueve, y en ocasiones conduce a sus familias, hacia situaciones de exclusión social.

Finalmente el cuarto momento se inicia hacia la mitad de los años 90, cuando en

parte por la “lógica de las supuestas necesidades del mercado” en un país que ha alcanzado un buen nivel de desarrollo, se invierte la tendencia hacia la igualación social y se recrean nuevas fórmulas de desigualdad. En una primera fase, la incidencia, especialmente de las drogas consideradas más peligrosas parece disminuir, aunque la tasa de prevalencia se mantiene estable, en parte gracias a la expansión de los Programas de Reducción del Daño (PRD) que reducen la mortalidad y la morbilidad. Como consecuencia se va conformando un amplio grupo de excluidos sociales controlados indirectamente por el sistema asistencial y con un perfil de crónicos.

En este mismo momento la representación social de las drogas pierde sus aristas

más dramáticas y estos excluidos comienzan, como otros tipos de excluidos sociales, a ser invisibles. Es decir el volumen de adictos a opiáceos controlados por el sistema asistencial, las familias y las ONGs, nunca había sido tan amplio pero a la vez se supone que “ya no hay problemas con la heroína” porque a los ciudadanos ya no les molestan “los yonkis en las calles”. En este sentido la invisibilidad de la heroína es un buen paradigma del modelo de la exclusión social en la sociedades tecnológicas avanzadas.

Pero en una segunda fase, a partir de 1998-2000, este relajo social en torno a las

drogas va a producir varios efectos paradójicos. El primero un notable incremento del consumo experimental, medido en las encuestas del SEECD como “alguna vez en la vida” o “alguna vez en los últimos 12 meses”, de prácticamente todas las drogas salvo el alcohol y la heroína. Algunas como el cannabis prácticamente duplican su tasa de prevalencia en los últimos 4 años, y otras como la cocaína, las pastillas y anfetaminas la tasa crece en torno al 60%, asimismo aparece un núcleo importante de consumidores de

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inhalantes, la mayoría de ellos situados en ámbitos marginales y además España se convierte en el único país de la UE en el que las cohortes jóvenes no disminuyen el consumo de tabaco e incluso lo incrementan. Pero además si atendemos al indicador del consumo de cocaína los últimos 30 días por género y edad, se observa un crecimiento aún más espectacular, ya que entre los jóvenes y adolescentes ha crecido alrededor de un 400% y entre los 30 y los 49 años en torno a un 300%. Este crecimiento del consumo de drogas, ocurrido entre el año 2000 y el 2004, es el mayor ocurrido en la historia de la España democrática.

También es cierto que se trata de un consumo más “normalizado”, es decir han

aumentado de forma considerable tasas de consumidores esporádicos, pero las tasa de consumidores habituales no lo han hecho en la misma proporción, lo que implica un mayor grado de auto-control, aunque a la vez, hablando de sustancias que al menos en un cierto plazo producen dependencia, está claro que el número de nuevos adictos también puede aumentar en los próximos años. Aunque obviamente serán adictos un tanto invisibles, menos conflictivos en su comportamientos, especialmente los delictivos, con un mejor estado de salud, pero no por ello menos excluidos.

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ESQUEMA 1

MODELO EVOLUTIVO DE LA RELACIÓN ENTRE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y DROGAS SEGÚN AREAS DE

DESARROLLO

MODELO CENTRAL DE DESARROLLO Y CRISIS

MODELO PERIFÉRICO DE SUBDESARROLLO Y CRECIMIENTO

Con un PIB por encima de la media y un modelo de estratificación típico de la sociedad industrial se consumen pocas drogas

Con un PIB por debajo de la media y un modelo de estratificación preindustrial se consumen pocas drogas.

El PIB crece y las clases medias asumen la hegemonía social, disminuye la pobreza y aumenta espectacularmente el consumo de drogas

El PIB crece a menor ritmo, se mantiene una estructura de clases más rígida y clásica, con un umbral de pobreza alto y un consumo de drogas moderado

CONVERGENCIA DEL PIB PER CAPITÁ Y UNIVERSALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

Hay más problemas de drogas entre los pobres que van conformando núcleos de excluidos

Hay menos problemas de drogas entre los pobres que se sienten muy vulnerables

Hay menos problemas de drogas en la población integrada que se siente segura y confortada

Hay más problemas de drogas en la población integrada que busca diferenciarse en el consumismo.

PUNTO DE LLEGADA

PROCESO

PUNTO DE PARTIDA

DESARROLLISMO Y

EMIGRACIÓN

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ESQUEMA 2

ITINERARIO ARQUETÍPICO INTERGENERACIONAL DE FAMILIAS AFECTADAS POR LAS DROGAS

GENERACIÓN 1

GENERACIÓN 2

GENERACIÓN 3

MOMENTO HISTÓRICO OPCIONES SOCIALES CAMBIOS CULTURALES

Los pobres dignos se plantean la posibilidad de mejorar su situación (¿Seguir en la indigencia o trabajar duro para conseguir un piso?)

Podemos alcanzar nuevos estándares de bienestar

Los hijos de la sociedad de consumo no saben parar (¿propiedad o diversión?)

Vamos a converger todos hacia una sociedad de clases medias

No se puede poner en riesgo los beneficios alcanzados (Hay que elegir ¿Dentro o fuera? )

Tracemos de nuevo los criterios de pertenencia

Del bien limitado al consumo universal

Del consumo universal a la diferenciación

De la diferenciación consumista a la reconstrucción de las diferencias sociales

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1 Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, La nueva criminología, contribución a una teoría social de la conducta desviada, Buenos Aires, Amorrortu, 1977. 2 José Félix Tezanos, Tendencias de dualización y exclusión social en las sociedades avanzadas. Un marco para el análisis, Madrid, Departamento de Sociología III, UNED, 1998. José Félix Tezanos (2001), Clase, estatus y poder en las sociedades emergentes, Madrid, Fundación Sistema. Domingo Comas, “Exclusión social y adicciones: condensando sinergias negativas” en REVISTA DE OCCIDENTE, nº 215 (1999). 3 Aparte de determinados rasgos físicos las consideraciones de tipo relacional y aquellas que hacen referencia a la percepción subjetiva del sujeto siguen dominando los criterios de diagnostico que aparecen en la última versión en español del DSM IV publicado por Masson en 2003. 4 De hecho el concepto y la teoría de la exclusión social en el contexto del sistema general de la estratificación social, y en paralelo a las obras de Harrington y Lewis sobre la “cultura de la pobreza”, ya fue formulada en los años 60, pero fue la imposibilidad de trascender este marco teórico, lo que la relegó a un cuestión peculiar y poco relevante, David Matza, “Los pobres despreciables” en Reinhard Bendix y Seymour Lipset, Clase, status y poder, Tomo II, Madrid, Euramérica, 1972, de la que ha ido emergiendo muy lentamente, a pesar del apoyo de figuras como Giddens, tal y como muestra José Felix Tezanos, “Las infraclases en la estructura social”, en SISTEMA , número 131, Madrid, Fundación Sistema, 1996. Resulta evidente que el último peldaño que falta a la teoría de la exclusión social es el ajuste con resultados empíricos la mayoría de los cuales están ya disponibles, evitando así mantenerse en el limbo de los marcos teóricos . 5 Esta visión empirista domina claramente mi capítulo “Las drogas en la sociedad española” en el libro colectivo dirigido por Salvador Giner, España, sociedad y política, Madrid, Espasa, 1990. 6 Domingo Comas, Los jóvenes y el uso de drogas en la España de los años 90, Madrid, INJUVE, 1993, en especial el capítulo IV “Las teorías sociológicas sobre el fenómeno de las drogas”, 7 Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, Madrid, Akal, 1976 8 Taylor, Walton y Young (1977), Op Cit. 9 Domingo Comas (1993), Los jóvenes y las drogas desde la perspectiva de los años 90, Madrid, INJUVE. 10 Emilio Lamo de Espinosa, Los delitos sin víctimas. Orden social y ambivalencia moral, Madrid, Alianza, 1989. 11 En este sentido se pueden entender la presencia de los artículos de Antonio Escohotado, “Adicción”, “Alcoholismo” y “Drogas” en Giner, S; Lamo de Espinosa, E y Torres, C (1998), Diccionario de Sociología, Madrid, Alianza. De los que puede deducirse que el tema carece de cualquier interés sociológico, ya que nada ha ocurrido más allá de un cierto debate en el ámbito de la filosofía política provocado además por los “intereses institucionales” empeñados en usarlo como chivo expiatorio. 12 La cuestión ha sido claramente expresada por el propio Gary Becker: el programa liberal no alcanzará sus últimos objetivos si la opinión pública sigue sosteniendo que ciertos ámbitos, como las drogas, requieren algún tipo de control normativo que desdiga el “gran argumento” de la

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máxima eficacia del equilibrio natural del mercado. Por este motivo los autores de la teoría de la elección racional han dedicado tantas páginas al tema de las drogas y la Fundación George Soros ha financiado tantas investigaciones y programas experimentales, destinados a demostrar que la legalización no sólo es una opción legítima sino que resulta más eficaz en términos de “reducción de los problemas”, obviamente ninguno de estos trabajos ha tenido en cuenta la cuestión del alcohol y mucho menos la del tabaco. 13 Los cambios en el mercado de trabajo, en especial el aumento de las tasas de paro y la aparición del fenómeno del paro de larga duración, en especial en bolsas de pobreza o vulnerabilidad sostienen la emergencia del fenómeno de la moderna exclusión social, el cual se completa con otros factores como vivienda, desajustes familiares, inmigración y crisis en los esquemas de “sociabilidad”, Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado, Buenos Aires, Paidos, 1997. Manuel Castells, La estructura social de la era de la informática: la sociedad red, Madrid, Departamento de Sociología III, UNED, 1998. José Felix Tezanos, 1998, Op. Cit. 14 Sin embargo, con ser importante, esta es una cuestión en la que hemos avanzado poco en España y que no podemos interpretar en los términos que propone Castel (Castel, 1997, Op. Cit) cuando afirma que su análisis vale para “toda la Europa al este del Elba” porque esto no es cierto. De hecho sobre varios cientos de ejemplos históricos que aparecen en el libro de Castel ni uno sólo se refiere a España, al tiempo que los pocos italianos se limitan al valle del Po y en el caso de Portugal la única cita esta tomada de Tocqueville para afirmar que la exclusión en el antiguo régimen aparece, en los países católicos del Mediterráneo, de forma muy distinta que en el resto de Europa. Pero Castel una vez enunciada esta diferencia no extrae las consecuencias pertinentes, sino que vuelve a “Europa” para proponer desde Francia una visión chauvinista de la totalidad muy lejos de los espíritus más críticos que optan por dejar a España y Portugal (y en parte Italia) al margen de otras generalizaciones sobre el sistema de estratificación “europeo” (Michel Mann, Las fuentes del poder social, Madrid, Alianza, 1996 y 1998). Ciertamente en España, a pesar de intentos como los de Maravall u Octavio Paz, nos queda mucho para categorizar con claridad el sistema de estratificación social del antiguo régimen, el perfil cultural de la sociedad del Barroco y las consecuencias de una contrarreforma perfectamente efectiva en lo microsocial, (Henri Kamen, Cambio cultural y sociedad en el siglo de oro, Madrid, Siglo XXI, 1998), para poder además vincular este punto de partida con la estructura social española de los siglos XIX y XX (Comas, 1993, Op. Cit. Domingo Comas, “La familia española y las drogas: una perspectiva generacional” en Autores Varios, Primer Congreso Nacional, Vitoria, Asociación Proyecto Hombre, 1995), pero tales carencias no deben hacernos perder de vista las diferencias con una “Europa al este del Elba” que en este tema se acaba en los Pirineos. 15 De hecho en la conceptualización de la exclusión social que proponemos en la línea de lo señalado en la ponencia introductoria a este apartado, la exclusión social no debe captarse como un sumatorio de carencias, sino como un constructo teórico que se sostiene sobre una imagen dual del sistema de estratificación. En este sentido si el tema de las adicciones permite desvincular a la relación mecánica entre empleo y exclusión, resulta un ámbito, muy útil desde el que reforzar la propia noción de exclusión social. 16 Javier Elzo, Los jóvenes y su relación con las drogas, Vitoria, Gobierno Vasco, 1989. Domingo Comas, Perfil psicosocial de los residentes 1994, Madrid, Asociación Proyecto Hombre, 1995. Josune Aguinaga y Domingo Comas, Perfil Psicosocial de los usuarios 1995, Madrid, Asociación Proyecto Hombre, 1996. Josune Aguinaga y Domingo Comas, Características de los ingresos durante 1996, Madrid, Asociación Proyecto Hombre, 1997. 17 Domingo Comas, “No es oro todo lo que reluce: ¿Que hace la juventud durante el fin de semana?”, En REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD , nº 37, Madrid, INJUVE, 1996.

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18 Domingo Comas, La experiencia terapéutica de los adictos de Castilla la Mancha, Toledo, Junta de Comunidades, 2004. 19 En ocasiones el lenguaje utilizado nos permite desenmascarar algunas paradojas divertidas. Así en la Memoria del Observatorio Español sobre Drogas aparece un capítulo titulado “Indicadores sociológicos”, en el que se recogen los meros datos epidemiológicos de la distribución de las frecuencias de consumo obtenidos mediante encuestas y cuyo valor sociológico, más allá de las grandes tendencias temporales, es limitado. Pero en la misma Memoria aparece otro capítulo con los “Indicadores asistenciales” de indudable interés sociológico, pero presentados siempre de forma que parecen ser útiles sólo a los profesionales de la sanidad. ¿Por qué se llaman sociológicos a los primeros?, pues seguramente porque la técnica de recogida de datos es, en esta cuestión, poco fiable. 20 Un aspecto particular de tales dificultades se refiere al hecho de que la red de intervención social que se ocupa de los problemas de las adicciones ni forma parte de los servicios sociales generales ni de la red sanitaria, sino que se sitúa, de una forma paralela entre ambas, lo que implica que los datos sobre adicciones no son recogidos ni por la una ni por la otra, sino que se elaboran de forma ad-hoc. 21 Mario Gaviria, Manuel Aguilar y Miguel Laparra, La Caña y el Pez, Madrid, FOESSA, 1995. 22 El único concepto relacionado es, “desintoxicación”, algo poco relevante en los procedimientos asistenciales y que sólo se utiliza en una parte mínima de los casos y por tanto de las familias afectadas. 23 En realidad hace algo más que “contribuir” ya que en la escala elaborada por Víctor Renes sobre las diez combinaciones que producen mayores índices de malestar, el tema de las adicciones aparece como el más relevante, ya que forma parte de cuatro de las combinaciones y además las más destacadas, en concreto la primera combinación (con desesperanza y pesimismo y un 67%), la segunda (con desintegración personal y un 65%), la cuarta (con paro y un 59%) y la sexta (con falta de salud o minusvalía y un 59%). Victor Renes, “Pobreza, exclusión y desintegración social” en Autores Varios, Pobreza, necesidad y discriminación, Madrid, Fundación Argentaría, 1996. 24 José Félix Tezanos, Tendencias en estratificación y desigualdad social en España 1997, Madrid, Fundación Sistema, 1997. 25 José Felix Tezanos, Op. Cit. 1998. De especial interés a efectos del colectivo de adictos a sustancias psicoactivas resulta el concepto de “indigencia integrada” tal y como lo formula Castel y lo relaciona Tezanos con la noción de “Ciudadanía”. El excluido es aquel que permanece funcionalmente inmóvil, que forma parte estructural de un sistema que a la vez requiere la presencia de individuos o colectivos fuera del sistema y que además no lo cuestionen. En este sentido “excluido” implica carecer de una conciencia de “alteridad reivindicativa” (que quizás se relaciona más bien con los marginales) y por supuesto del temor a perder algo que caracteriza la vulnerabilidad. 26 José Manuel Montero, De la exclusión a la integración, un ensayo sobre la situación social de los minusválidos, Madrid, Escuela Libre, 1998. 27 En este foro se ha ubicado el tema de las adicciones sobre el subsistema cultural, siguiendo la línea propuesta por José María Tortosa, La pobreza capitalista, Madrid, Tecnos, 1993, pero esto sólo es posible si somos, por una parte, capaces de relacionar el perfil cultural de la adicción con los cambios en la base social y económica y por otra parte podamos entender que las políticas sobre drogas modifican estos patrones culturales, es decir, los adictos a la heroína

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conformaran rasgos culturales diferentes si la red asistencial que los atiende se basa sólo en Programas Libres de Drogas o si les ofrecemos Programas de Mantenimiento con Metadona. 28 Aunque en los últimos años se ha producido una cierta confluencia a partir del DSM IV, pero lo cierto es que no todos los profesionales aplican los mismos criterios y además la “detección de los casos” obedece a mecanismos complejos que crean “áreas de discriminación” en la que los sujetos no son diagnosticados, Gloria García Lalinde, Los programas “bola de nieve” con adictos a drogas, Madrid, GID, 2004. 29 Para las estadísticas sanitarias españolas la adicción no existe e incluso ciertas patologías orgánicas relacionadas con la misma se presentan y se analizan como problemas físicos que aparecen como “caídos del cielo” biomédico. 30 Como los casos de Demetrio Casado, La pobreza en la España de los 80, Madrid, Acebo, 1989 o el más reciente ya citado Mario Gaviria et alt (1996), Op. Cit. 31 En este sentido no son en absoluto los excluidos del mundo (Manuel Castells, Op. Cit, 1998) sino aquellos que viven en los márgenes pero observando lo que pasa e incluso utilizando a su favor la globalización, las nuevas tecnologías y por supuesto los recursos sociales a los que tienen acceso. 32 GID, “Las salidas del laberinto”, Madrid, GID, 1990. 33 Domingo Comas, “El discurso social sobre <<la droga>>” en Autores Varios, Guía para realizar programas de formación para mediadores, Madrid, INJUVE, 1989. Domingo Comas y Manuel Espín, Drogodependencias, guía para el profesional de los medios de comunicación, Madrid, INJUVE, 1990. 34 Domingo Comas (1993), Op. Cit. 35 El SEECD fue diseñado por este mismo autor y probado por el CIS en 1993 (Estudio 2.005), el cual realizó la encuesta de 1994, seguidas por las realizadas por EDIS (1995), CUANTER (1996), SIGMA DOS (1997) y CUANTER (1998) y estas y otras empresas a partir de dicho año. Se trata de macroencuestas (con una n entre 12.000 y 22.000 casos), representativas a nivel de cada una de las Comunidades Autónomas, la de los años pares dedicada a la población escolar y la de los impares a población general. 36 Casi todas las entidades con una o varias CCTT que fueron homologadas por la APCTT (en total 35) publican anualmente memorias en las que recogen las características de la población acogida y algún estudio de seguimiento de la misma, dicho material, lo mismo que el relacionado en las notas siguientes se encuentra disponible en el Centro de Documentación del INDID en la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (www: fad.es) 37 Los datos europeos se recogen por el Observatorio Europeo de Drogas (EMCDDA) sito en Lisboa, con una amplia línea de publicaciones de datos empíricos. A nivel nacional el Observatorio Español sobre Drogas ha comenzado a andar muy recientemente y su primer informe recoge datos que ya eran publicados, y más extensamente, en las Memorias del PNsD y en los Informes SEIT, por lo que se está perdiendo información. Conviene también resaltar, entre otros, la existencia del Centro Andaluz de Documentación sobre Drogodependencias y el observatorio Vasco de Drogodependencias. En todo caso las varias docenas de informes emitidos por estos organismos sobre datos de consumo, asistencia y problemas asociados, no nos ofrecen, por las razones indicadas en los párrafos precedentes datos significativos en torno a la “exclusión social”. 38 Un ejemplo claro lo constituye la serie de informes ya citados de Aguinaga y Comas, para la Asociación Proyecto Hombre

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39 GID, Los estudios de seguimiento. Una experiencia metodología, Madrid, Fundamentos, 1990. 40 Un hecho sorprendente es que la fecundidad media de las parejas en las que uno de los miembros es adicto, es superior a la media de sus mismas edades, Aguinaga y Comas, 1997, Op. Cit. 41 Domingo Comas, La experiencia terapéutica de los adictos de Castilla la Mancha, Toledo, Junta de Comunidades. 42 Domingo Comas y Alfonso Ramírez de Arellano, La integración social de adictos a drogas, Madrid, GrupoGID, 2004. 43 Francisco Alvira y Domingo Comas, El consumo de drogas en el municipio de Madrid, Madrid, Ayuntamiento, 1990. 44 EDIS, Estudio del consumo de drogas y factores asociados en el municipio de Madrid 1997, Madrid, Ayuntamiento, 1998. 45 Domingo Comas, El uso de drogas en la juventud, Madrid, INJUVE, 1985. 46 Los componentes históricos del modelo han sido desarrollados en los módulos “El proceso de incorporación de las drogas, sus representaciones y respuestas sociales en España”, “ Revisión histórica de los modelos de intervención aplicados” en el Master ON-LINE en drogodependencias de la Universidad de Barcelona, realizados por este mismo autor. 47 Debemos situar, y diferenciar, esta hipótesis en relación al discurso constructivista que cada vez ocupa un lugar más referencial en el ámbito especializado de los investigadores y profesionales que trabajan en el tema de las drogas. Obviamente el tema de las drogas se conforma de manera muy relevante como una construcción social, pero no es sólo una construcción social, sino también una realidad con la que conviven adictos, familias, profesionales y ciudadanos. En este sentido las adicciones no representan un tipo de construcción social “especial” como afirman muchos teóricos, que pretenden haber encontrado en el tema el ejemplo de “pura construcción social”, todo lo contrario, las adicciones implican una construcción social tan elaborada como la lepra, la música clásica o la información meteorológica, pero todas ellas, lo mismo que las adicciones también producen consecuencias sobre la salud, sentimientos, orientan la vida cotidiana y nos informan a la hora de relacionarnos con el mundo. Por tanto cuando hablamos de adicciones también estamos ante una construcción social pero equivalente a cualquier otra realidad social. 48 José Felix Tezanos, “Clases sociales” en Salvador Giner (dir), España, Política y Sociedad, Madrid, Espasa, 1990. 49 Domingo Comas, “Las drogas en la sociedad española” en Salvador Giner (dir), España, Política y Sociedad, Madrid, Espasa, 1990. 50 Lluis Flaquer, Salvador Giner y Luis Moreno, “La sociedad española en la encrucijada”, en Salvador Giner (dir), Op. Cit., 1990. 51 Benjamin Oltra, “Los nuevos y los viejos pobres” en Demetrio Casado, Sobre la pobreza en España 1965-1990, Barcelona, Hacer, 1990. 52 Domingo Comas y Faustina Ibañez, La red de salud mental y los drogodependientes en España, Madrid, GID, 1996. 53 INE, Contabilidad Nacional de España, Series históricas, Madrid, INE, 1997. 54 EUROSTAT, Per Cápita GDP the regions of the European Union, Bruselas, UE, 1998

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55 Javier Ruiz-Huerta y Ramón Martínez, “La pobreza en España: ¿Qué nos muestran las EPF?” en Documentación Social, número 96, Madrid, Cáritas, 1994. 56 Fundación FOESSA, Informe sociológico sobre la situación social en España, Madrid, FOESSA, 1994. 57José Barea y otros, El gasto público en servicios sociales en España, Volumen II, Cuentas satélites de los servicios sociales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997. 58 Hay que hacer una excepción importante con la cifra del País Vasco en la que no están incluidas las partidas que gestionan directamente las Diputaciones Forales a partir de sus propios ingresos. Tales datos, más comparables con otras CCAA, deberían también corregirse en el caso de Baleares y Canarias con ingresos y gastos procedentes de los Cabildos insulares. 59 EDIS, Las condiciones de vida de la población pobre en España, Madrid, FOESSA, 1998. 60 Se ha elegido esta fecha porque a partir de las misma comenzó el descenso de casos de SIDA, al tiempo que perdía relevancia la proporción de casos entre adictos usuarios de la vía endovenosa. También hay que considerar algunos cambios metodológicos y el hecho de que a partir de 1998 comenzara a reducirse el número total de casos aunque se han mantenido las diferencias en la distribución territorial. En este sentido la distribución territorial de los datos del SIDA se atribuyen de una forma más precisa manteniendo la fecha de 1998. 61 De hecho una parte sustancial de la intervención asistencial en alcohol y drogas se presta por parte de entidades no lucrativas bajo régimen de subvención o concierto, o por entidades privadas bajo régimen de convenio o contrato, lo que en algunos casos ha resultado positivo porque ha permitido poner en marcha programas que de otra forma las instituciones públicas no habrían sido capaces de desarrollar, pero de forma global ha supuesto una doble perversión, de un lado las ONGs han tenido que profesionalizarse para poder atender a los requerimientos públicos y de otra las obligaciones del Estado se han resuelto con los esfuerzos (y los recursos) mínimos de las subvenciones. La participación social se ha resentido y el Estado ha aprendido que esta es una vía de privatización a bajo coste que además, por el capital simbólico atribuido a las ONGs nadie discute, Autores Varios, El sector no lucrativo en España, Madrid, Escuela Libre Editorial, 1993. 62 GID, Op. Cit., 1990. Domingo Comas, Las Comunidades Terapéuticas y el tratamiento de las drogodependencias, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1989. 63 De hecho, esta opción ya se explicita en la literatura médica, bajo la etiqueta de “estabilización del consumo de drogas a largo plazo como respuesta a una condición crónica” Ward, J. y otros (1998), “Terapia de Mantenimiento con metadona para la dependencia a Opiáceos: Guía para su uso adecuado” en Revista de Toxicomanías, nº16 64 Domingo Comas, “Representaciones sociales y estrategias sobre drogas: el caso español” en Autores Varios, Aprender y cambiar. Balance y perspectivas de futuro de la intervención sobre drogas en Europa, Barcelona, ITACA, 1996.