Agenda de - defensa.gob.ec · de un trabajo conjunto y metodológico del ente articulador del Consejo Sectorial de Seguridad (MI-DENA); el ente rector de la planificación nacional

Agenda deCoordinación IntersectorialDE SEGURIDADGRAD. (S.P.) OSWALDO JARRÍN ROMÁNMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

DRA. MARÍA PAULA ROMOMINISTRA DEL INTERIOR

DR. PAÚL GRANDAMINISTRO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS (E)

LCDA. ALEXANDRA OCLESDIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

CRNL. (S.P.) JORGE COSTADirector General del Centro de Inteligencia Estratégica

MG. JOSÉ AGUSTO BRIONESSECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GRAB. WASHINTONG BUÑAYSUBSECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL

CPNV. (S.P.) JAIME DÁVALOSSECRETARIO AD-HOC DEL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

Grupo Técnico de Trabajo MIDENABRIG. GEOVANNY ESPINEL P.TCRN. EM. MARIO CAJAS R.LCDA. ANDREA CÁRDENASLCDA. CRISTINA FLORESING. DAVID VILLALBA

GRUPOS TÉCNICOS DE APOYOMINISTERIO DEL INTERIORMINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOSCentro de Inteligencia EstratégicaSERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIASSERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ING. MARCELO ARGOTI PÁEZDISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

FUENTES FOTOGRÁFICAS• MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL• MINISTERIO DEL INTERIOR• MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS

Y CULTOS• SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y

EMERGENCIAS• Centro de Inteligencia Estratégica• SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO• FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR

• SGOP. JOSÉ JIMÉNEZ - DIR.COM. MIDENA

QUITO - ECUADOR

IMPRESIÓNIGM

2018

ContenidoPRESENTACIÓN 7

INTRODUCCIÓN 11

1. ANTECEDENTES 151.1. Marco normativo 161.1.1. Agenda de Coordinación Intersectorial 161.1.2. Conformación del Consejo Sectorial de Seguridad 161.1.3. La Defensa y la Seguridad 171.1.4. Inteligencia 191.1.5. Gestión de Riesgos y Emergencias 191.1.6. Rehabilitación Social y Derechos Humanos 211.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” 231.3. Planificación del desarrollo intersectorial 251.4. Metodología de trabajo 291.5. Seguimiento y evaluación 301.6. Otras instituciones que apoyan al Consejo Sectorial de Seguridad 31

2. ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES DE SEGURIDAD 332.1. Políticas de defensa 342.2. Políticas para proveer seguridad pública 372.3. Políticas para derechos humanos y rehabilitación social 422.4. Política para la gestión de riesgos y emergencias 442.5. Política para la gestión de inteligencia 48

3. ALINEAMIENTO DEL SECTOR SEGURIDAD CON EL PND 2017-2021 493.1. Responsables y corresponsables de las políticas de seguridad del PND 2017-2021 503.2. Responsables y corresponsables de las metas de seguridad del PND 2017-2021 513.3. Matriz de la Agenda de Coordinación Intersectorial de Seguridad 2017 – 2021 52

4. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS 834.1. Glosario de términos 844.2. Acrónimos 86

5. BIBLIOGRAFÍA 89

Presentación

Consejo Sectorial de Seguridad

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Agenda de Coordinación Intersectorial de Seguridad

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El Ministerio de Defensa Nacional es el órgano político, estratégico y administrativo de la Defensa Na-cional, el cual forma parte del Sistema de Seguridad Pública y del Estado conforme a lo establecido en la Ley.

Desde la concepción política de la Defensa y la Seguridad Pública, el Ecuador fomenta la convivencia pacífica en el marco del respeto y la aplicación de la normativa legal, lo que permite la interrelación entre los diferentes sectores que tienen la corresponsabilidad en el ámbito de la defensa y seguridad que se articulan a través de la Agenda de Coordinación Intersectorial (ACI).

En este contexto la ACI 2017 – 2021, constituye una herramienta para la planificación y orientación del cumplimiento, armonización y gestión de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) a tra-vés de estrategias que respondan y solventen las necesidades territoriales.

Los Consejos Sectoriales conformados por diferentes entidades gubernamentales complementan y viabilizan la implementación de políticas públicas, acorde con el PND; que, a través de proyectos de corto y mediano plazo, buscan garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial, garantizar

Palacio de la Exposición - Ministerio de Defensa Nacional


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y proteger los derechos humanos, libertades, gobernabilidad, justicia social y seguridad integral. De-mocratizar espacios públicos, la cooperación vecinal y regional, el control de los espacios territoriales, así como, promover el principio de igualdad, no discriminación y una cultura de gestión integral de riesgos, entre otros.

Las actuales amenazas y riesgos incrementan hechos de violencia de carácter nacional, interna-cional e interméstico que afectan al Estado ecuatoriano, lo que exige a los organismos de defensa y seguridad coordinar e implementar estrategias que permitan enfrentarlas, por lo que su diseño requiere de un trabajo conjunto y metodológico del ente articulador del Consejo Sectorial de Seguridad (MI-DENA); el ente rector de la planificación nacional (SENPLADES) y colectivamente con las instituciones que conforman el Consejo.

En el proceso de elaboración de la ACI 2017 – 2021, se considera el marco normativo vigente, que toma en cuenta cuerpos legales que permiten efectivizar tanto el goce como el ejercicio de derechos constitucionales.

Las estrategias señaladas en la ACI de Seguridad, están diseñadas de acuerdo a las determinantes sociales, económicas y ambientales identificadas; establecen responsables y corresponsables para la implementación, seguimiento y evaluación de estrategias, planes, programas y proyectos, lo que servirá para la retroalimentación interinstitucional, al igual que la consolidación de estrategias que co-adyuven a materializar los objetivos del PND, enfatizando en los ámbitos de protección de la soberanía nacional, la seguridad integral del ser humano, la naturaleza, la paz y el desarrollo nacional.

GRAD. OSWALDO JARRÍN ROMÁNMinistro de Defensa NacionalArticulador del Consejo Sectorial de Seguridad

Introducción


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Evolución de la Planificación Político-Estratégica

En 1954 inicia la planificación estatal en el Ecua-dor por medio de la Junta Nacional de Planifica-ción y Coordinación Económica (JUNAPLA), en 1979 fue remplazada por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y en 1998 se crea la Ofi-cina de Planificación (ODEPLAN). La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLA-DES) se constituye en el año 2004, este orga-nismo, al igual que sus predecesores, orientó la planificación mediante Objetivos Nacionales Per-manentes.

A partir del año 2007, SENPLADES se fusiona con el Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM) y la Secretaría Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM). Es en este momento que la planificación del Ecuador cambia y se ejecuta a través del Plan Nacional de Desarrollo; siendo el primero el Plan de Desarro-llo 2007-2010, posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2013 del “Buen Vivir”, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 “Del Buen Vi-vir” y finalmente el plan vigente para este periodo, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”1.

Actualmente, SENPLADES es la entidad encar-gada de la formulación del PND, que orienta la inversión pública y las transformaciones institu-cionales necesarias dentro de la función ejecuti-va que permitan alcanzar el buen vivir, mediante

1 SENPLADEShttp://www.planificacion.gob.ec/resena-historica

el diseño de políticas públicas que articulen las perspectivas sectoriales y territoriales, estable-ciendo objetivos nacionales sustentados en pro-cesos de información, investigación, capacita-ción, seguimiento y evaluación.

El PND se constituye como la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplica-ción de la política pública. Es la herramienta so-bre la cual se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos, al igual que la programación y ejecución del presupuesto del Estado; la inver-sión y la asignación de los recursos públicos; su observancia es obligatoria. La elaboración del PND está a cargo de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planifica-ción Participativa y la SENPLADES.

Los Consejos Sectoriales son cuerpos cole-giados de obligatoria convocatoria institucional, que tienen competencia sobre la revisión, articu-lación, coordinación, armonización y aprobación de la política ministerial e interministerial dentro de su sector. Por lo tanto, el Consejo Sectorial de Seguridad tiene la responsabilidad de formular y aprobar la Agenda de Coordinación Intersecto-rial de Seguridad, de la cual se desprenden los Planes Sectoriales (PS) de cada institución que conforma el sector; así mismo, se debe tomar en cuenta la política sectorial, la cual se promulga como un instrumento de política pública como es la Política de Defensa Nacional.

El gráfico a continuación detalla la secuencia de la planificación nacional desde el nivel político al estratégico, identificando los diferentes niveles y los instrumentos guías en este proceso.


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Gráfico N° 01: Planificación Nacional de la Defensa y Seguridad Pública

NIVEL POLÍTICO NIVEL ESTRATÉGICO

Plan Nacional de Desarrollo

Agenda de Coordinación

Intersectorial de Seguridad


Plan Sectorial

Plan Estratégico Institucional

Instituciones del sector seguridad

Consejo Nacional de

Planificación

Fuente: Normativa vigente

Elaborado por: Ministerio de Defensa


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Ministerio de Defensa Nacional

Centro de InteligenciaEstratégica

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Ministerio del Interior

1. Antecedentes


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1.1. Marco normativo

La Defensa y Seguridad se traducen en un con-junto de derechos, garantías, deberes y res-ponsabilidades para todos los ciudadanos que habitan el territorio, según lo establece la Consti-tución de la República del Ecuador y las normas inherentes al sector seguridad, bajo este con-texto la ACI del sector seguridad se fundamenta en la siguiente estructura legal que legitima su accionar.

1.1.1. Agenda de Coordinación Inter-sectorial

La ACI se desarrolla en base a la normativa vi-gente que establece como deber de las entida-des de Defensa Nacional y Seguridad, desarrollar mecanismos de coordinación, para fortalecer la eficacia y eficiencia en servicio a la colectividad y en cumplimiento a sus objetivos. A continua-ción se detalla la base legal para la coordinación intersectorial.

Constitución de la República del Ecuador

Artículo 226.- “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que ac-túen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la constitución”.

Artículo 227.- “La administración pública cons-tituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, trans-parencia y evaluación”.

Decreto Ejecutivo 439, del 14 de junio del 2018

Artículo 2.- “Los Consejos Sectoriales son ins-tancias de obligatoria convocatoria institucional, destinados a la revisión, articulación, coordina-ción, armonización y aprobación de la política ministerial e interministerial dentro de su ámbito y su sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. De-berán coordinar sus acciones con la Secretaria General de la Presidencia”.

1.1.2. Conformación del Consejo Sec-torial de Seguridad

El Decreto Ejecutivo 439, del 14 de junio de 2018, señala:

Artículo 9.- Se establecen los siguientes Con-sejos Sectoriales: 9.3 El Consejo Sectorial de Seguridad estará conformado por los siguientes miembros plenos:

a) El titular del Ministerio de Defensa; quien articu-lará.

b) El titular del Ministerio del Interior;c) El titular del Ministerio de Justicia, Derechos Hu-

manos y Cultos;d) El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos;e) El titular de la Secretaría de Inteligencia.


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1.1.3. La Defensa y la Seguridad

La norma vigente relacionada a defensa y seguri-dad determina como responsabilidad y deber de todos los habitantes del territorio nacional cola-borar para la consecución de ambas, a fin de ga-rantizar el pleno ejercicio de derechos, garantías y libertades. A continuación se detalla la base le-gal de defensa y seguridad ciudadana.

Constitución de la República del Ecuador.

Artículo 3.- “Son deberes primordiales del Estado: 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. (…) 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

Artículo 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin per-juicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 3. Defender la integridad territorial del Ecua-dor y sus recursos naturales. 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento”.

Artículo 158.- “Las Fuerzas Armadas y la Poli-cía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciuda-danos (…)”.

Artículo 393.- “El Estado garantizará la seguri-dad humana a través de políticas y acciones in-tegradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación

y la comisión de infracciones y delitos. La plani-ficación y aplicación de estas políticas se encar-gará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

Ley de Seguridad Pública y del Estado: ga-rantiza la seguridad de las personas (Art. 3), prin-cipios de la seguridad pública y del Estado (Art. 4, literales a al f), los órganos ejecutores (Art. 11, literales a al d), órganos permanentes de coordi-nación, apoyo técnico y asesoría (Art. 12, Art. 13, Art. 14) participación ciudadana en el Sistema de Seguridad Pública (Art. 45).

1.1.3.1. La Defensa Nacional

El Ministerio de Defensa Nacional (como órgano político, estratégico y administrativo) diseña y emite políticas para la Defensa y administración de las Fuerzas Armadas, con el propósito de garantizar y mantener la soberanía e integridad territorial; además, apoya al desarrollo nacional con su contingente.

La normativa vigente referente a defensa na-cional señala la responsabilidad constitucional del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Arma-das en respuesta ante actores que pongan en riesgo la soberanía e integridad territorial. A continuación se detalla la base legal de la De-fensa Nacional.


Artículo 3.- “Son deberes primordiales del Es-tado (…) 2. Garantizar y defender la soberanía nacional”.


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Artículo 83.- “Son deberes y responsabilida-des de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley (…) 3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento”.

Artículo 158.- “Las Fuerzas Armadas (…) son instituciones de protección de los derechos, li-bertades y garantías de los ciudadanos (…). Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamen-tal la defensa de la soberanía y la integridad terri-torial y, complementariamente, apoyar en la se-guridad integral del Estado de conformidad con la ley (…)”.

Y en otras leyes como:

Ley Orgánica de la Defensa Nacional: misión de las Fuerzas Armadas (Art 2).

Ley de Seguridad Pública y del Estado: órgano ejecutor de la defensa en el Sistema de Seguridad Pública y del Estado (Art. 11, literal a), zonas de seguridad (Art. 38).

1.1.3.2. La Seguridad

El Ministerio del Interior garantiza la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en el marco del respeto a los derechos fundamenta-les, la democracia y la participación ciudadana con una visión integral que sitúa al ser humano en su diversidad como sujeto central para alcan-zar el Buen Vivir.

Para prevenir la violencia en todos sus niveles, la comisión del delito y fortalecer la convivencia pacífica de los habitantes del Ecuador, se requie-re una participación integral, sustentada en las responsabilidades constitucionales de cada una de las entidades públicas, así como la participa-ción de la ciudadanía. A continuación se detalla la base legal de la seguridad.


Artículo 3.- “Son deberes primordiales del Estado (…) 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

Artículo 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjui-cio de otros previstos en la Constitución y la ley (…) 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 5. Respetar los derechos huma-nos y luchar por su cumplimiento”.

Artículo 158.- “(…) la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, li-bertades y garantías de los ciudadanos (…). La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y res-ponsabilidad de la Policía Nacional (…).”

Artículo 393.- “El Estado garantizará la seguri-dad humana a través de políticas y acciones in-tegradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La plani-ficación y aplicación de estas políticas se encar-


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gará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.


Ley de Seguridad Pública y del Estado: ga-rantiza la seguridad de las personas (Art. 3), prin-cipios de la seguridad pública y del Estado (Art. 4 literales a al f), participación ciudadana en el Sistema de Seguridad Pública (Art. 45).

Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público: misión de la Poli-cía Nacional (Libro I Policía Nacional, Art. 60).

Ley de Seguridad Pública y del Estado: órgano ejecutor del orden público en el Sistema de Seguridad Pública y del Estado (Art. 11, literal b), órganos ejecutores de la prevención (Art. 11, literal c), la seguridad ciudadana para garantizar los derechos humanos (Art. 23).

1.1.4. Inteligencia

El Centro de Inteligencia Estratégica ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Inteligencia. Ge-nera inteligencia estratégica para alertar y aseso-rar en la toma de decisiones al más alto nivel y contribuir con la Seguridad Integral del Estado.

Para enfrentar las amenazas y riesgos que afecten a la Defensa y Seguridad del Estado, es fundamental la anticipación estratégica que per-mita fortalecer el proceso para toma de decisio-nes que contribuya a una convivencia pacífica y libre de violencia. A continuación se detalla la base legal de inteligencia.

Ley de Seguridad Pública y del Estado

Artículo 14.- “Para efectos de esta ley se entende-rá por: a) Inteligencia, la actividad consistente en la obtención, sistematización y análisis de la informa-ción específica referida a las amenazas, riesgos y conflictos que afecten a la seguridad integral. La información de inteligencia es sustancial para la toma de decisiones en materia de seguridad (…)”.


Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado: órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia (Art. 8).

Decreto Ejecutivo 526, del 21 de septiembre del 2018: crea el Centro de Inteligencia Estra-tégica CIES (Art. 2), transfiere al Centro de In-teligencia Estratégica las competencias de la extinta Secretaría de Inteligencia (Art. 4).

1.1.5. Gestión de Riesgos y Emergen-cias

El Servicio de Gestión de Riesgos y Emergen-cias lidera el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Garantiza la protección de personas y colectividades de los efectos ne-gativos de desastres naturales o antrópicos, me-diante la generación de políticas, estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre.

La normativa vigente de gestión de riesgos y emergencias propende a garantizar la protección


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de personas frente a los efectos de desastres de origen natural antrópico, para lo cual es necesa-rio que las entidades públicas y privadas incor-poren en sus procesos de gestión, planificación y desarrollo la gestión de riesgos. A continuación se detalla la base legal de gestión de riesgos y emergencias.

Ley de Seguridad Pública y del Estado

Artículo 11.- “Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, preven-ción y gestión de riesgos, conforme lo siguiente:

d) De la gestión de riesgos.- La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos”.

Artículo 34.- “De la coordinación en caso de de-sastres naturales.- En caso de desastres naturales la planificación, organización, ejecución y coordi-nación de las tareas de prevención, rescate, re-mediación, asistencia y auxilio estarán a cargo del organismo responsable de la defensa civil, bajo la supervisión y control del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, preservando el mantenimiento del orden público y el libre ejerci-cio de los derechos y libertades ciudadanas garan-tizados en la Constitución.

El organismo responsable de la defensa civil ac-tuará en coordinación con los gobiernos autóno-

mos descentralizados y la sociedad civil, también contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas y otros organismos necesarios para la prevención y protección de la seguridad, ejecutará las medidas de prevención y mitigación necesarias para afron-tarlos y minimizar su impacto en la población”.

Decreto Ejecutivo 534, del 03 de octubre del 2018

Artículo 1.- “Transfórmese a la Secretaría de Gestión de Riesgos en Servicio Nacional de Ges-tión de Riesgos y Emergencias, como entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa, operativa y financiera, encargada de la gestión, seguimiento y control de las políticas, regulaciones y planes aprobado por su órgano gobernante.”

Artículo 3.- “El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias será dirigido por el/la di-rectora/a General, funcionario/a de libre nombra-miento y remoción, con rango de Ministro, quien será designado por el Presidente de la República”.

1.1.6. Rehabilitación Social y Dere-chos Humanos

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, garantiza la vigencia de los derechos hu-manos; vela por el acceso a una justicia opor-tuna, independiente y de calidad; asegura la rehabilitación y su reinserción social en las per-sonas adultas privadas de libertad y el desarrollo integral en adolescentes infractores o en conflic-to con la ley penal, mediante normas, políticas, programas, proyectos y actividades coordinadas


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con sus unidades territoriales desconcentradas y las instituciones relacionadas.

Las entidades estatales a cargo de la defensa y seguridad ciudadana velan por la vigencia de los Derechos Humanos y la mejora de la rehabilita-ción social, para garantizar la reinserción social. A continuación se detalla la base legal de la reha-bilitación social.


Artículo 11.- “El ejercicio de los derechos se regi-rá por los siguientes principios: 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos huma-nos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, admi-nistrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o re-quisitos que no estén establecidos en la Constitu-ción o la ley. Los derechos serán plenamente justi-ciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, in-divisibles, interdependientes y de igual jerarquía”.

Artículo 51.- “Se reconoce a las personas pri-vadas de la libertad los siguientes derechos:

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad.

4. Contar con los recursos humanos y mate-riales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de liber-tad.

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenti-cias y recreativas.

6. Recibir un tratamiento preferente y especia-lizado en el caso de las mujeres embaraza-das y en período de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad”.


Código Orgánico Integral Penal: medidas de protección (Art. 559), Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social ( Art. 674 y 677), Centros de Privación de Libertad ( Art. 678 al 688), Régimen de medidas cautelares personales y Rehabilitación Social (Art. 690 al 712), Régimen de Visitas (Art. 713 al 730), Re-patriación (Art. 727 al 730).

Código de la Niñez y Adolescencia: protec-ción en caso de maltratos (Art. 72 y 73), Im-putabilidad de los adolescentes (Art. 305 al 310), Derechos y Garantías de Juzgamiento (Art. 311 al 322), Medidas Cautelares (Art. 323 al 368), Medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad (Art. 370 al 423), Pre-vención de la infracción penal de adolescentes (Art. 424).


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Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público: cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (Art. 264 al 266), Régimen Disciplinario Especifico del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (Art. 293).

Ley de Cultos, publicada con Decreto Supremo 212, Registro Oficial 547 de 23 de julio de 1937.

Ley de Reparación a Víctimas Judicialización de Violaciones a los Derechos Humanos, publica-da en el Registro Oficial 143, del 13 de diciembre de 2013.

Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, publicada en el Registro Oficial 283, del 7 de julio de 2014.

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicada en el Registro Oficial 175, del 5 de febrero de 2018.

Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en el Registro Oficial 365, del 20 de enero de 2000.

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, publicado en el Registro Oficial 695, del 20 de febrero de 2016.

Reglamento a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicado en el Registro Oficial 254, del 4 de junio de 2018.

1.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”

El PND 2017 – 2021 tiene tres ejes, nueve objetivos, 81 políticas públicas y 149 metas e intervenciones emblemáticas. Estos tres últimos elementos fueron acogidos para la formulación de la agenda, a más de otros aportes de autoría de cada institución.

Las entidades que conforman los distintos Consejos son responsables de:

1. Identificar los determinantes sociales, ambientales, económicos y culturales que afectan o impiden la realización de la meta.

2. Mapear los bienes y servicios que proveen y que coadyuven a la consecución de la meta.

Las instituciones del sector seguridad (según sus diferentes atribuciones y funciones) alinean sus estrategias a dos de los ejes del PND y específicamente a los siguientes objetivos:


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Gráfico Nro. 02: Alineación de las estrategias a los ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

Derechos para todos durante toda la vida.

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

EJE 1

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.

Más sociedad, mejor Estado.

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

EJE 3

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”Elaborado por: Ministerio de Defensa

La ACI es un instrumento de planificación que propicia la coordinación entre consejos (intersectorial) y al interior de los mismos (intrasectorial), para asegurar el cumplimiento de los objetivos del PND.

Recoge las políticas públicas y metas contenidas en el mismo sector; así como, aquellas que se originen en el seno de otros consejos, con la finalidad de identificar los determinantes, elaborar estra-tegias, proveer bienes y servicios de acuerdo con las necesidades y características del territorio.

Su vigencia está sujeta a la del PND y por consiguiente, propicia generar un seguimiento al cumpli-miento de las metas por parte del Consejo Sectorial.


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La característica transversal de la defensa y seguridad sujeta a las entidades de este consejo a ali-nearse a dos de los tres ejes del PND y por consecuencia requieren de la colaboración de miembros de los otros consejos.

1.3. Planificación del desarrollo intersectorial

Las ACI y los PS son instrumentos de planificación que orientan el cumplimiento de las políticas esta-blecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las entidades que conforman cada consejo diseñan las agendas de coordinación intersectorial y los planes sectoriales cada cuatro años, los cuales constituyen una hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacionales, en el marco de sus atribuciones y competencias.

Por tanto, la ACI y los PS materializan la política nacional del eje de seguridad e involucran a las en-tidades responsables de proveer servicios de: defensa, seguridad ciudadana, inteligencia, gestión de riesgos y justicia en el ejercicio de los derechos humanos y rehabilitación social.

La ACI 2017-2021 del sector seguridad es un instrumento que se formula para la consecución de la seguridad pública y del Estado, que se fundamenta en la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009), componente esencial del desarrollo nacional. La seguridad pública y del Estado se logra a través de la protección integrada de todas las dimensiones del ser humano, la naturaleza y el Estado.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009) considera dos dimensiones de la seguridad pública: la seguridad de los habitantes, a través de la seguridad ciudadana; y la seguridad del Estado en sus dimensiones territorial e institucional.

En este sentido, proveer seguridad implica garantizar y proteger tanto los derechos humanos como las libertades de los ecuatorianos, la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la de-mocracia, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas.

Así, la Seguridad Pública y del Estado (teniendo en cuenta las atribuciones del sector) se concentra en cuatro ejes: defensa nacional, seguridad ciudadana, derechos humanos y rehabilitación social, así como gestión de riesgos. A ellos se suma el aporte de los órganos permanentes de coordinación, apoyo técnico y asesoría como: el Centro de Inteligencia Estratégica y la Dirección Nacional de Movili-zación; también se le incluye como una entidad de apoyo al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.


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Gráfico Nro. 03: Ejes de Seguridad Pública y del Estado

EJES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO Y ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y APOYO

Defensa nacional Seguridad ciudadana Derechos humanos y rehabilitación social Gestión de riesgos

Inteligencia

Movilización Nacional

Servicio Integrado

de Seguridad ECU 911

Fuente: Ley de Seguridad Pública y del Estado y Decreto 439 del 14-JUN-2018Elaborado por: Ministerio de Defensa

La ACI de este sector, es la guía para la acción en temas de defensa, seguridad ciudadana, dere-chos humanos y rehabilitación social, así como gestión de riesgos; la misma se compone de esfuer-zos e iniciativas de todos los actores del sector.

En este sentido, las estrategias de este consejo (para conseguir las metas planteadas en la agen-da) se fundamentan en la ejecución de proyectos a corto, mediano y largo plazo, que permiten al-canzar las competencias orientadas a fortalecer los ejes de la Seguridad Pública y del Estado.

Por la naturaleza de este proceso, la formulación de políticas debe estar acompañada de segui-miento y evaluación permanente.

Para alcanzar la Seguridad Pública y del Estado (según lo planteado en la ACI) las entidades del sector se alinean a las políticas que se describen en la Gráfico Nro. 4:


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Gráfico Nro. 04: Políticas Públicas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

Defensa Política 9.1 Promover la paz sostenible, y garantizar servicios eficientes de seguridad integral

Política 9.5 Fomentar la cooperación vecinal y regional, el control efectivo de los espacios acuáticos, terrestres, aéreos, así como la defensa de los intereses marítimos, manteniendo la integridad territorial y la defensa de la soberanía del Estado.

Política 7.7 Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles y efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.

Seguridad ciudadana y

orden público

Política 1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus manifestaciones.

Política 1.12 Asegurar el acceso a la justicia, la seguridad integral, la lucha contra la impunidad y la reparación integral a las víctimas, bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Política 7.7 Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles y efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.

Derechos humanos

y rehabilitación social

Política 1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus manifestaciones.

Política 1.12 Asegurar el acceso a la justicia, la seguridad integral, la lucha contra la impunidad y la reparación integral a las víctimas bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Política 1.13 Garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y de adolescentes infractores, y fortalecer el sistema penal que fomente la aplicación de penas no privativas de libertad para delitos de menor impacto social, coadyuvando a la reducción del hacinamiento penitenciario, la efectiva rehabilitación, reinserción social y familiar y la justicia social.

Política 2.6 Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, el fortalecimiento organizativo comunitario, las visiones de desarrollo propio y la sostenibilidad de sus recursos, y proteger la vida e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.


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Gestión de riesgos

Política 1.11 Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático.

Inteligencia Política 9.1 Promover la paz sostenible y garantizar servicios eficientes de seguridad integral.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”Elaborado por: Ministerio de Defensa

1.4. Metodología de trabajo2

El proceso de elaboración de la Agenda de Coordinación Intersectorial (ACI), requiere el trabajo con-junto del ente articulador del Consejo Sectorial de Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional (MI-DENA) con la Secretaría de Planificación Nacional y Desarrollo (SENPLADES) y las instituciones que conforman el Consejo Sectorial de Seguridad que son el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC), Ministerio del Interior (MDI), Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), sumado a otras entidades que aportan para la consecución de las metas como el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Cabe mencionar que para la construcción de la ACI de Seguridad se consideraron todos los enfo-ques de los Consejos Nacionales para la Igualdad3. La construcción de la ACI se realizó en la matriz de trabajo que generó SENPLADES, la cual se empleó para todos los Consejos Sectoriales. De igual manera, SENPLADES proporcionó el direccionamiento técnico para la elaboración de la agenda.

La matriz de trabajo contiene siete variables que permitieron desarrollar estrategias alineadas con las políticas públicas del PND, las cuales se detallan a continuación:

2 Directrices Técnicas para la elaboración de la Agenda de Coordinación Intersectorial 2017 e instructivo para la elaboración de la Agenda de Coordinación Intersectorial.3 Art 6. de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.


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1. Identificación de políticas públicas y me-tas del PND por Consejo Sectorial

En esta variable se identifican las políticas del PND a las cuales el Consejo Sectorial se alinea para el periodo 2017 – 2021 y las metas del PND a las que se vinculan. Así también, se determinan las Estrategias Territoriales Nacionales respecti-vas en concordancia con las políticas identifica-das. A continuación se detallan los contenidos de este bloque de la matriz.• Políticas públicas y metas del PND corres-

pondientes al Consejo Sectorial (CS).• Políticas públicas y metas propuestas en el

seno de los CS.• Código y enunciado del lineamiento de la Es-

trategia Territorial Nacional (ETN).

2. Identificación de determinantes

Esta variable se refiere a la identificación de de-terminantes para cada una de las políticas del PND que se determinaron en el punto anterior. Los determinantes son factores de una situación o circunstancia (problema –causas) que se quie-re modificar o resolver a través de una estrategia o intervención de política pública, en función de las cuales se define una meta.

3. Estrategias con enfoque territorial

A partir del análisis de determinantes, en esta va-riable se define una o varias estrategias, sin per-der de vista las metas a las que están vinculadas. En este ejercicio se deben identificar estrategias que engloban acciones macro de responsabili-dad y corresponsabilidad de varias entidades.

4. Identificación de bienes y servicios

En esta variable se identifican los bienes o servi-cios que permitan el cumplimiento de las estrate-gias planteadas. Este ejercicio permite la defini-ción de los bienes y servicios de cada sector que formarán parte del Plan Sectorial.

5. Ubicación

En esta variable se identifica el lugar de imple-mentación de la estrategia con el mayor detalle posible que puede ser: zona, distrito, circuito, provincia, cantón y parroquia.

6. Pertinencia territorial

La variable se refiere a la consideración de las particularidades sociales, culturales, ambientales y el entorno físico del lugar, relacionada con las estrategias planteadas.

7. Identificación de responsables y corres-ponsables de las estrategias

En la variable se identifica a las entidades que formarán parte de la ejecución de las estrategias, con base a sus competencias.

1.5. Seguimiento y evaluación

Con el objetivo de medir los efectos de las es-trategias implementadas en la ACI de Seguridad 2017-2021, se realizará el seguimiento y evalua-ción de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 439 del 14 de junio de 2018. El cual establece que los Consejos Sectoriales son


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responsables del seguimiento y evaluación de la ACI de su sector, de acuerdo a los lineamientos esta-blecidos por SENPLADES. Del mismo modo, determina que el funcionario encargado de la articulación de cada Consejo Sectorial deberá coordinar los mecanismos de seguimiento y evaluación.

El proceso está liderado por el organismo articulador del sector seguridad (MIDENA), quien a través de la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa, coordinará con las áreas responsables de cada una de las instituciones que conforman el Consejo Sectorial de Seguridad el levantamiento de la información, metodologías y los resultados, que serán entregados en base a los lineamientos determinados por la SENPLADES.

1.6. Otras instituciones que apoyan al Consejo Sectorial de Seguridad

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 es un componente de apoyo y coordinación entre las instituciones del Consejo Sectorial de Seguridad, para la respuesta ante emergencias ciudadanas.

Este servicio está vinculado con el Consejo, a través del Comité Intersectorial del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, que preside la máxima autoridad del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias; también forman parte de este Comité las máximas autoridades del Ministerio de De-fensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, así como el Centro de Inteligencia Estratégica. Por medio de este comité se asegura el nexo entre la autonomía de gestión del ECU 911 y la política sectorial de las en-tidades que los conforman.


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2. Estrategias Intersectoriales de Seguridad


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Las estrategias desarrolladas en la ACI de Seguridad se construyeron a partir de las políticas conteni-das en el PND 2017 – 2021 según determinan las atribuciones del sector seguridad. Una estrategia se constituye en una herramienta de planificación para la toma de decisiones orientada al cumplimiento de estas políticas, permitiendo superar factores adversos existentes o que se pueda presentar.

A continuación se detalla las políticas del PND y las estrategias generadas para las mismas que garantizan al Estado ecuatoriano, la defensa nacional, la seguridad y el derecho a una cultura de paz.

2.1. Políticas de defensa

Las políticas 7.7, 9.1 y 9.5 del PND 2017 – 2021 se fundamentan en la defensa, que es uno de los cuatro ejes en los que se concentra la seguridad pública y del Estado.

La defensa es una función atribuida al Ministerio de Defensa (MIDENA). Por tanto, esta entidad es responsable de la consecución de las metas alineadas a estas políticas.

En este contexto, las otras entidades del Consejo de Seguridad actúan como corresponsables, al igual que otras entidades fuera del sector, especialmente el MREMH.

A continuación se detallan las estrategias y las instituciones responsables del cumplimiento para cada política.


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Nota: El ítem “Metas PND / Metas ACI” se denominó así en las tablas porque algunas de las metas presentadas no constan en el PND 2017-2021, pero fueron incluidas en la ACI de Seguridad en base a la necesidad establecida por las instituciones correspondientes (Protocolo para la solicitud de inclusión de nuevas metas en las Agendas de Coordinación Intersectorial).


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Las estrategias del MIDENA, alineadas a las políticas 7.7, 9.1 y 9.5 se concentran en mejorar y modernizar sus procesos internos, fortalecer las acciones de defensa y desarrollar investigación en el ámbito de la defensa.

En este sentido, el MIDENA es la entidad que lidera estas estrategias y, por lo tanto, es el responsa-ble de cumplir las metas alineadas con las políticas que aportan directamente a la defensa.

2.2. Políticas para proveer seguridad pública

Las políticas 1.10, 1.12 y 7.7 del PND 2017 – 2021, se fundamentan en la seguridad ciudadana y el orden público, uno de los cuatro ejes que construye la seguridad pública y del Estado. Si bien todas las entidades del Consejo se encargan de fortalecer el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, el Ministerio del Interior (MDI) y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) adoptan estas políticas y son los responsables de la consecución de las metas alineadas a las mismas.

En este contexto, otras entidades del Consejo de Seguridad actúan como corresponsables; así como, otras entidades fuera del sector, especialmente las vinculadas al Consejo de lo Social: MIES, MSP, MINEDUC y MDT.

A continuación se detallan las estrategias y las instituciones responsables del cumplimiento para cada política.


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Las estrategias de las entidades del Consejo se concentran en mejorar y modernizar sus procesos internos y fortalecer el enfoque de género y de poblaciones vulnerables dentro de su accionar.

El MDI y MJDHC son las entidades que lideran estas estrategias y son responsables de cumplir las metas alineadas con las políticas 1.10, 1,12 y 7.7 que aportan directamente a la seguridad ciudadana.

2.3. Políticas para derechos humanos y rehabilitación social

Las políticas 1.13 y 2.6 del PND 2017-2021 se construyen alrededor de los derechos humanos y rehabilitación social, que es uno de los cuatro ejes que construyen la seguridad pública y del Estado.

La plena vigencia de los derechos humanos y la rehabilitación social es una función atribuida al Mi-nisterio de Justicia (MJDHC), Derechos Humanos y Cultos. Esta entidad es responsable de la conse-cución de las metas alineadas con estas políticas.

En este contexto, otras entidades del Consejo de Seguridad actúan como corresponsables, al igual que otras entidades fuera del sector, especialmente las entidades del Consejo de lo Social: el MSP, MINEDUC y SENESCYT.

A continuación se enlistan las estrategias que deben ser implementadas por la institución responsa-ble de cada política.


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Las estrategias del MJDHC, alineadas a las políticas 1.13 y 2.6, desarrollan factores de protección y mejoran los procesos internos de la institución, para proveer mejores servicios.

Por tal razón, el MJDHC lidera estas estrategias y es responsable de cumplir las metas alineadas con las políticas 1.13 y 2.6, que aportan directamente a la protección de los derechos humanos y rehabilitación social.

2.4. Política para la gestión de riesgos y emergencias

La política 1.11 del PND 2017 – 2021 se fundamenta en la gestión de riesgos, la respuesta y atención a todo tipo de emergencias, que es uno de los cuatro ejes que construye la seguridad pública y del Estado.

Esta función se atribuye a la Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), que es apoyada por el SIS ECU 911. Estas son las entidades responsables de la consecución de las metas alineadas con esta política.

En este contexto, otras entidades del Consejo de Seguridad actúan como corresponsables, al igual que otras entidades fuera del sector, especialmente los GADs.


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A continuación se enlistan las estrategias que deben ser implementadas por la institución responsa-ble de cada política.


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Las estrategias del SNGRE, con el apoyo del SIS ECU 911, alineadas con la política 1.11, se con-centran en mejorar y modernizar sus procesos internos. Estas entidades lideran estas estrategias y son responsables de cumplir las metas alineadas con la política 1.11, que aporta directamente con la gestión de riesgos y la respuesta y atención a todo tipo de emergencias.

2.5. Política para la gestión de inteligencia

El proceso de inteligencia se constituye en un eje transversal del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Esta función es atribuida al Centro de Inteligencia Estratégica, a través de la política 9.1 del PND 2017-2021, con base en la aplicación de la capacidad de anticipación estratégica frente a riesgos y amenazas que pueden afectar la paz sostenible y la seguridad integral.

A continuación se detallan las estrategias desarrolladas que deben ser implementadas por la institu-ción responsable de cada política.

3. Alineamiento del sector seguridad con el PND 2017-2021


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3.1. Responsables y corresponsables de las políticas de seguridad del PND 2017-2021


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3.2. Responsables y corresponsables de las metas de seguridad del PND 2017-2021


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3.3. Matriz de la Agenda de Coordinación Intersectorial de Seguridad 2017 – 2021


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4. Glosario y acrónimos


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4.1. Glosario de términos4

Bien público: aquel cuyo consumo es indivisible y que puede ser consumido por todos los miem-bros de una comunidad, sin excluir a ninguno, como el alumbrado de calles, parques, defensa nacional o políticas de medio ambiente, entre otras cosas.

Los bienes públicos tienen tres propiedades que les diferencian de los bienes de propiedad privada: • Se consumen conjuntamente, dando utilidad

a más de un consumidor. • No se puede excluir a un individuo o a un co-

lectivo de su consumo. • El consumo no es rival: que lo consuma un

nuevo individuo no afecta o limita el consumo al resto de consumidores.

Ciclo de la Política Pública: comprende 3 fa-ses: formulación, implementación y seguimiento y evaluación.

• Formulación. Proceso en el que se definen estrategias y acciones que permitirán atender una problemática.

• Implementación. Ejecución de las estrate-gias y acciones definidas en la etapa de for-mulación, mediante actividades concretas y operativas.

• Seguimiento y Evaluación. Monitoreo o ve-rificación del cumplimiento de las acciones

4 Directrices técnicas para la elaboración de la Agenda de Coordinación Intersectorial 2017, instructivo para la elaboración de la Agenda de Coordinación Intersectorial y Decreto Ejecutivo 439 del 14 de junio de 2018. Nacionales para la Igualdad.

programadas en la etapa de formulación y el análisis de los resultados obtenidos de la ges-tión realizada en la implementación.

Consejo Sectorial: instancias de coordinación intersectorial de obligatoria convocatoria institu-cional para las entidades de la Función Ejecutiva. Están conformadas por sectores que tienen en-tre sí mayor proximidad para la implementación de una política pública, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, así como la consecución de un objetivo gubernamental.

En estos espacios se revisa, articula, coordina, armoniza y aprueba las políticas y gestiones cuya intervención amerite la concertación intersecto-rial y complementaria entre los sectores que lo conforman.

Cada Consejo Sectorial está articulado por un consejero presidencial, ministro (a) rector u otra autoridad, designado por el Presidente de la Re-pública.

Los miembros de un consejo forman parte de él, en calidad de miembros plenos o asociados, de-pendiendo de ello su participación.

Determinantes: factores de una situación o cir-cunstancia que se quiere modificar o resolver, a través de una acción específica y de enfoque te-rritorial.

Entidad rectora: es una entidad de la Función Ejecutiva que asume el rol de autoridad nacional del sector, ejerce la dirección y rectoría del mis-mo, entendida como la facultad para establecer


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políticas, lineamientos y regulaciones que orien-ten la ejecución del ámbito de su competencia, así como el desarrollo de mecanismos de arti-culación y relacionamiento con otras entidades y actores para la gestión y logro de los objetivos y metas de desarrollo regidos por la planificación nacional.

Además, se encarga de la formulación de planes, programas y proyectos, así como de su ejecu-ción desconcentrada y territorial. Tiene compe-tencia para el despacho de todos los asuntos inherentes al sector que dirige.

Enfoque Territorial: enfoque territorial para que las estrategias, intervenciones y acciones sec-toriales e intersectoriales se realicen para hacer efectiva la política pública, tengan una localiza-ción, cobertura y pertinencia con respecto al te-rritorio (pertinencia territorial).

Estrategia: conjunto de acciones y su relaciona-miento encaminadas a alcanzar el fin propuesto; la estrategia englobará todas aquellas acciones que las instituciones prevén llevar a cabo para cumplir con las metas del PND.

Estrategias Inter-sectoriales: engloban accio-nes de responsabilidad y corresponsabilidad de varias entidades, mismas pertenecen a diferen-tes Consejos Sectoriales, a otras funciones del Estado y/o a otros niveles de gobierno.

Estrategias Intra-sectoriales: engloban accio-nes de responsabilidad y corresponsabilidad de varias entidades pertenecientes al mismo conse-jo sectorial.

Meta: expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un período definido. Esta debe ser: alcanzable, precisa, medible y debe contener al menos un indicador.

Objetivo Sectorial: indica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuer-zos para cumplir un resultado esperado con-forme la visión sectorial planteada por las entidades rectoras de política en un tiempo determinado.

Los objetivos sectoriales incluirán también una visión territorial, para asegurar que guar-den concordancia con las realidades locales.

Pertinencia Territorial: particularidades, so-ciales, culturales, ambientales y el entorno físico que garanticen el aprovechamiento, op-timización de recursos y sostenibilidad de las intervenciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Por ejemplo, el tipo de construcción y carac-terísticas de una escuela del milenio no deben ser las mismas en la Sierra que en la Amazonía.

Plan: conjunto de orientaciones técnicas y políticas que conducen las acciones hacia la consecución de objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo.

Planificación: curso de acción que permite construir un futuro deseado, que propenda al desarrollo y a la reducción de desigualda-des, previendo los recursos necesarios para el efecto.


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Política Pública: conjunto de decisiones y es-trategias adoptadas por una autoridad legítima para resolver problemas públicos complejos (Aguilar, 1993).

Una política pública es una directriz general que refleja la prioridad y voluntad política del gobier-no, para modificar una situación determinada. En la práctica, las políticas públicas funcionan como instrumentos que permiten al Estado ga-rantizar los derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades sociales de corto plazo con una visión política a mediano y largo plazo, para eliminar inequidades (ver Art. 85 de la Constitución). La interrelación de las decisio-nes de los distintos actores públicos5.

Sector: ámbito de emisión y acción de polí-tica pública de la Función Ejecutiva, dirigido por una entidad rectora, secretaría o secreta-ría nacional, cuya autoridad es designada por el Presidente de la República. Un sector está integrado por la autoridad rectora, entidades adscritas y dependientes que se vinculen al ámbito sectorial.

Servicios: conjunto de recursos y actividades que buscan responder a las necesidades de la sociedad y que terminan en un producto o bien, tangible o intangible, que recibe el usua-rio. Considera la existencia de servicios desti-nados a garantizar derechos de la ciudadanía y aquellos servicios relacionados con las atri-buciones.

5 Guía para la Formulación de Políticas Públicas Sectoriales, políticas públicas sectoriales: definición y justificación, página 10. Quito – Ecuador 2011.

4.2. Acrónimos

ACI: Agenda de coordinación Intersectorial.

CIES: Centro de Inteligencia Estratégica.

CJ: Consejo de la Judicatura.

EMZITT: Estación de monitoreo en la zona intan-gible Tagaeri-Taromenane.

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado.

MDI: Ministerio del Interior.

MDT: Ministerio de Trabajo.

MIDENA: Ministerio de Defensa Nacional.

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y So-cial.

MINEDUC: Ministerio de Educación.

MJDHC: Ministerio de Justicia Derechos Huma-nos y Cultos.

MREMH: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

MSP: Ministerio de Salud Pública.

PIAV: Pueblos indígenas en aislamiento volunta-rio.

PN: Policía Nacional.


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PND: Plan Nacional de Desarrollo.

PNEVG: Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres.

PPL: Persona privada de la libertad.

PS: Plan Sectorial.

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planifica-ción y Desarrollo.

SIS ECU 911: Servicio Integrado ECU-911.

SNDPP: Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

SNGRE: Servicio Nacional de Gestión de Ries-gos y Emergencias.

SNMLCF: Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

ZITT: Zona intangible Tagaeri-Taromenane.

5. Bibliografía


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1. Código de la Niñez y Adolescencia.2. Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.3. Código Orgánico Integral Penal.4. Constitución de la República del Ecuador.5. Decreto Ejecutivo No. 439, del 14 de junio de 2018.6. Decreto Ejecutivo No. 988, del 29 de diciembre de 2011.7. Directrices Técnicas para la Elaboración de la Agenda de Coordinación Intersectorial 2017.8. Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales de 2011.9. Instructivo para la Elaboración de la Agenda de Coordinación Intersectorial.10. Ley de Cultos.11. Ley de Reparación a Víctimas y Judicialización de Violaciones a los Derechos Humanos.12. Ley de Seguridad Pública y del Estado.13. Ley Orgánica de la Defensa.14. Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.15. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.16. Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida.17. Reglamento a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.18. Reglamento de Cultos Religiosos.19. Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.


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