Análisis Nacional sobre Gobernanza y Cumplimiento de la Legislación en el

Sector Forestal en Honduras

Elaborado para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras por Laura Furones Fragoso

Este informe ha sido elaborado por Laura Furones Fragoso, en nombre de la ONG británica Global Witness, para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Su producción ha sido posible gracias al financiamiento del Banco Mundial. Las opiniones expresadas en este documento son las de la autora, y no reflejan necesariamente las opiniones de las instituciones participantes.

Índice de contenidos Resumen Ejecutivo .............................................................................................................1 1. Introducción...................................................................................................................2 2. Estado Actual de la Tala Ilegal y Otros Aspectos del Cumplimiento de la Legislación del Sector Forestal .............................................................................................................5

2.1 Definición de la tala ilegal.......................................................................................5 2.2 Tipos de tala ilegal...................................................................................................8 2.3 Volumen de tala ilegal y otras actividades ilegales ...............................................15 2.4 Temas sobre comercio transfronterizo...................................................................16 2.5 Impacto en finanzas del tesoro público.................................................................18 2.6 Impacto en las comunidades indígenas, la población rural en condiciones de pobreza, y el medio ambiente ......................................................................................20 2.7 Impacto a la industria forestal................................................................................26

3. Análisis Institucional del Sector Forestal ....................................................................31 3.1 Marco de política ...................................................................................................31 3.2 Marco Legal...........................................................................................................37 3.3 Sistemas de Monitoreo y Control ..........................................................................43

4. Causas Subyacentes o Estructurales ............................................................................45 5. Transparencia, rendición de cuentas y administración y control del conocimiento e información ......................................................................................................................49 6. Conclusiones y Recomendaciones ...............................................................................51 8. Anexos .........................................................................................................................59

Anexo 1: Enfoques y las causas más sobresalientes de la problemática forestal........59 Anexo 2: matriz de seguimiento a los informes de CONADEH .................................59 Anexo 3: Objetivos y metas del PRONAFOR vinculados directamente a objetivos nacionales ....................................................................................................................60

Referencias ......................................................................................................................61

Abreviaturas AAV – Acuerdo de Asociación Voluntaria AFE-COHDEFOR - Administración Forestal del Estado – Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal1 AHPAAF - Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales AMADOH – Asociación de Madereros de Honduras ANETRAMA – Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Madera CCI – Comité Consultivo Interinstitucional del proyecto de MFI CIP – Centro para las Políticas Internacionales - Center for International Policy CONADEH - Comisionado Nacional de Derechos Humanos d.a.p. – diámetro a la altura del pecho DATA – Departamento de Auditoría Técnica y Ambiental de la AFE-COHDEFOR EEUU – Estados Unidos de América EIA – Agencia de Investigación Ambiental - Enviromental Investigation Agency ERP – Estrategia para la Reducción de la Pobreza FANO – Frente Ambientalista del Norte de Olancho FAO - Organización para la Alimentación y la Agricultura FEHCAFOR FEMA – Fiscalía Especial del Medio Ambiente FIDE - Fundación para las Inversiones y Desarrollo de las Exportaciones IPH –Índice de Pobreza Humana LMDSA – Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola MAC – Movimiento Ambientalista de Catacamas MAO – Movimiento Ambientalista de Olancho MFI - Monitoreo Forestal Independiente OIMT/ITTO – Organización Internacional de las Maderas Tropicales/International Tropical Timber Organization) ONG – Organización No Gubernamental PARN – Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales PFN – Programa Forestal Nacional PLANFOR – Plan de Acción Forestal POA – Plan Operativo Anual PRONAFOR – Programa Nacional Forestal REMBLAH –Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras RHBRP - Reserva del Hombre y la Biosfera de Río Plátano SAG – Secretaría de Agricultura y Ganadería SERNA – Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SSF – Sistema Social Forestal

1 La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) se creó en 1974. Posteriormente, con la LMDSA de 1992, se estableció la Administración Forestal del Estado (AFE). En la práctica, a partir de entonces la institución quedó como AFE-COHDEFOR. A efectos de este informe, y en aras de una mayor simplicidad, siempre que se haga referencia a la autoridad forestal hondureña, se hablará de AFE-COHDEFOR.

Resumen Ejecutivo El presente informe pretende proporcionar un análisis y evaluación objetiva de los desafíos a los que se enfrenta el sector forestal hondureño en términos de gobernanza y cumplimiento de la ley. En particular, se presenta como un trabajo de sistematización y consolidación de la información ya existente sobre la problemática de la tala ilegal, en espe cial los esfuerzos hechos en los últimos años, que incluyen, pero no se limitan a, los estudios publicados por REMBLAH-FEHCAFOR-ODI, Verifor, Puembo II, la Agencia de Investigación Ambiental-Centro para las Políticas Internacionales, la Organización Internacional de Maderas Tropicales y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH)-Global Witness. Se busca, además, identificar los vacíos de información que aún existen, y se proporcionan recomendaciones sobre posibles acciones que puedan contribuir a la lucha contra este flagelo que afecta de forma dramática al país. El trabajo se enmarca pues dentro del objetivo de apoyar una mejora en el cumplimiento de la ley como uno de los elementos claves para lograr el manejo sostenible de los bosques hondureños. Dicho objetivo es una prioridad para el CONADEH, para cuyo cumplimiento se ha contado con el apoyo financiero del Banco Mundial. Se presenta este análisis dividido en ocho secciones. A la Sección 1 introductoria le sigue la Sección 2, en la que se resume el estado en que se haya en la actualidad el tema de la tala ilegal en Honduras y los aspectos relacionados con la aplicación de la ley forestal, así como los impactos que se derivan de ello. La Sección 3 presenta un análisis institucional del sector forestal, tanto en lo referente a políticas como al marco legislativo y los sistemas de monitoreo y control. La Sección 4 analiza las causas subyacentes o estructurales que posibilitan la existencia de actividades forestales ilegales. La Sección 5 expone los aspectos relativos a la administración y control del conocimiento e información sobre actividades ilegales. La Sección 6 versa sobre la competitividad del sector forestal. Finalmente, la Sección 7 presenta una serie de conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis aquí presentado. La Sección 8 incluye anexos de relevancia a la temática del documento.

1. Introducción Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio occidental, como ilustra el hecho de que forma parte tanto de la Iniciativa para la Cuenca Caribeña como del listado de Países Pobres Altamente Endeudados producido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. También la Estrategia para la Reducción de la Pobreza reconoce que “el desarrollo de actividades de subsistencia en suelos de vocación forestal guarda una relación directa con la elevada pobreza en áreas rurales”1. Se trata igualmente de un país con graves problemas de fondo: debilidad de las instituciones, corrupción, desigualdad en la distribución de la riqueza, etc. Al mismo tiempo, la riqueza que se genera en el país no se distribuye de forma equitativa entre la población. Honduras tiene un total de 7.5 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 1.5 millones, es decir un 40%, viven en áreas rurales con vocación forestal. Estas gentes utilizan de forma directa el recurso bosque como medio de subsistencia y/o de desarrollo económico, mediante la obtención de diversos productos a través de la explotación maderera o productos para ser utilizados en la ganadería extensiva y las actividades agropecuarias de subsistencia 2. No obstante esta situación, no ha existido institucionalmente un reconocimiento formal de que parece existir una paradójica relación entre la pobreza y la disponibilidad de recursos forestales: el índice más alto de Pobreza Humana (IPH) de Honduras ocurre en la región con mayor cantidad de recursos forestales, el Departamento de Gracias a Dios, con IPH de 53.0. Por contra, los índices más bajos se presentan en los departamentos con mayor industrialización (IPH de 25.0 a 27.1)3.

Los niveles de pobreza en el país continúan efectivamente siendo extremadamente elevados, especialmente en zonas rurales. Según un diagnóstico sobre la competitividad de Honduras hecho en 2003, “cerca de 3.5 millones de hondureños (53% de la población) viven por debajo de la línea de pobreza. Un 24,3 % de los habitantes viven con un dólar al día y un 45.1% lo hace con dos dólares al día, porcentajes muy elevados aún si se compara con la mayoría de países latinoamericanos”2. La industria forestal hondureña emplea casi al 5% de la población activa3.

La importancia del recurso forestal en materia económica se evidencia en la participación del sector en el PIB agrícola que fluctúa entre 6 y 10%. Esto, sin embargo, no refleja la contribución real, debido a que el sistema de cuentas nacionales no registra la mayoría de los bienes y servicios provenientes del bosque, considerando solamente el mero aporte de la silvicultura, conforme a la clasificación del Banco Central de Honduras4. Existe además una limitada participación de la sociedad civil en las decisiones y poco acceso de las comunidades a los beneficios económicos del bosque, ya que únicamente se tiene registros de 302 grupos agroforestales incorporados al Sistema Social Forestal (SSF), representando 8622 beneficiarios directos y 51,732 indirectos, equivalente al 3.2% de la población que vive en los bosques.

2 “Documento Borrador. Diagnóstico del Sistema de Verificación de la Legalidad en el Sector Forestal de Honduras”. Mauricio Sánchez, Guillermo Navarro, Carlos Sandoval. Borrador, 08 de marzo de 2007. 3 Segundo Informe PNUD sobre las Metas del Milenio en Honduras será publicado en diciembre del 2006. PNUD 2006. 4 Documento Oficial Programa Nacional Forestal PRONAFOR Honduras 2004-202. Pág. 22.

Así pues, a pesar de su riqueza natural, entre la que se encuentran los recursos forestales, Honduras no ha sido capaz de aprovechar de forma sostenible y equitativa estos recursos para, con ello, contribuir al alivio de la pobreza. Las debilidades del sector forestal son reconocidas dentro del Programa Forestal Nacional (PRONAFOR), que afirma que éstas “están referidas a la baja capacidad de los ecosistemas para amortiguar los impactos de los fenómenos naturales y la incapacidad del Subsector para responder a las expectativas del desarrollo económico y social del país, como resultado de decisiones de políticas no congruentes con la magnitud de dichas expectativas”4. El Programa también presenta las causas más sobresalientes de la problemática forestal del país, que aquí se incluye en el Anexo 1. Centrándonos en el recurso mismo y sus características, los últimos datos de la FAO5 sitúan la cobertura forestal hondureña en el 41.5% del territorio del país, equivalente a 4.648.000 hectáreas. La misma fuente cita un cambio anual de dicha cobertura de 3.1% entre los años 2000 y 2005, que suponen una pérdida de156.000 hectáreas de bosque al año, aunque fuentes gubernamentales sitúan esta estimación en una cifra mucho menor, con 80.000-100.000 hectáreas anuales6. Datos, en cualquier caso, sin duda alarmantes, y a los que contribuyen varias causas, entre las que cabe destacar la expansión de la frontera agrícola y ganadera, el desarrollo de la camaricultura, el cultivo del café y otros productos agrícolas de exportación, los incendios (un promedio de 2,000 al año en el quinquenio 2000-2004, afectando un área promedio anual de 50,000 ha 7), y la tala y comercio ilegal de madera. En estos procesos es frecuente que campesinos pobres constituyan, mediante diferentes arreglos o mecanismos, la mano de obra para las actividades de desmonte o extracción, pero el motor son las inversiones de empresarios interesados en usos alternativos del suelo o en “capturar la renta” de los bosques naturales. Desde el punto de vista económico la causa subyacente es el desequilibrio entre el costo de oportunidad de dejar tierra con un bosque bajo manejo y el diminuto beneficio económico que se recaba. En este documento se hará un mayor énfasis sobre el último aspecto mencionado, o sea la captura de la renta económica de los bosques naturales a través de la tala y comercio ilegal de madera. Se dan en e l país cuatro tipologías de ecosistemas forestales: bosque de pinos, bosque latifoliado, bosque nuboso y manglares. Más de tres cuartas partes del país está compuesto por terrenos cuya pendiente supera el 25%8, lo cual contribuye a definir el potencial de los mismos como forestal frente a otros usos, en particular la agricultura. El Plan de Acción Forestal (PLANFOR) cifra en 9.8 millones de hectáreas el área de vocación forestal, lo cual equivale al 87% del territorio nacional9. En Honduras hay tres tipos de bosques: nacionales (que suponen un 47 % del total, y que se encuentran a menudo ocupados por personas con derechos de propiedad pero sin títulos legales), ejidales (que suponen un 23% del total, y están a menudo desatendidos por los municipios a los que pertenecen, a pesar de que existe normalmente un mayor control sobre la ocupación espontánea que en los terrenos nacionales) y privados (que suponen un 30% del total, y donde la mayoría de los propietarios no transforman la madera directamente, sino que la venden) 10. El Cuadro 1 refleja la superficie forestal en Honduras según lo establecido en el Plan de Acción Forestal (PLANFOR) 1996-2015.

Cuadro 1: Área forestal en Honduras Pino Superficie (ha) 2,797,800 % Nacional 1,270,310 45.4 Ejidal 660,234 23.6 Privado 867,256 31.0 Latifoliado Superficie (ha) % Nacional 2,559,065 77.8 Ejidal 216,351 6.6 Privado 514,548 15.6 Total Superficie (ha) % Nacional 3,829,375 62.9 Ejidal 876,585 14.4 Privado 1,381,840 22.7 Un reciente informe de la Organizac ión Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) hace la siguiente afirmación sobre la degradación de los bosques de hoja ancha, que tal vez también podría extenderse en mayor o menor medida a los bosques de pino: “[…] se debe a varias causas, pero la ta la y comercio descontrolados de productos forestales es un elemento importante en el proceso. Se trata de un fenómeno complejo que causa enormes pérdidas económicas al país, erosiona las prácticas de buena gobernanza y es un fuerte desincentivo para las actividades de manejo forestal sostenible. Las causas, dinámicas e impactos de estas actividades informales aún no son bien conocidos o sufic ientemente reconocido s a los niveles políticos más altos. Como resultado de ello, no se han implementado acciones específicas de manera sistemática, y no se han establecido grupos de la sociedad civil para buscar una solución permanente a este problema”11. El cumplimiento de la legislación en el sector forestal en Honduras viene siendo un reto desde hace años. El país se enfrenta a una problemática compleja, que, a pesar de los muchos esfuerzos realizados por diversos actores, sigue sin ser resuelta. En particular, el flagelo que supone la tala ilegal ha resultado en grandes pérdidas económicas y ambientales, y además ha estado al centro de serios conflictos sociales. Existen en Honduras limitados ejemplos exitosos de manejo forestal que esté orientado a un aprovechamiento sostenible y responsable del recurso, y de forma que contribuya al alivio de la pobreza. Son, sin embargo, muchos los ejemplos de malas prácticas que han provocado daños ambientales, sociales y económicos muy significativos. Con una población que supera los seis millones de habitantes, la demanda de madera y productos forestales se incrementa de manera incesante. Ello ejerce una creciente presión sobre los cada vez más escasos recursos. Un reciente artículo para el Journal of Sustainability Science12 caracteriza en el sector forestal de Honduras en la práctica como un sector con una proporción sustancial de bosques declarados como áreas protegidas, sin capacidad de manejarlos; corrupción y tala ilegal desenfrenada; un movimiento ambientalista cada vez más atrevido; y un sector agroforestal ampliamente marginado. Siempre según el mismo artículo, la realidad hondureña ha desembocado en varias perspectivas y discursos muy polarizados, y el enfrentamiento de los mismos ha resultado en serios conflictos sociales.

En los últimos años, Honduras ha experimentado un crecimiento considerable en términos de concienciación sobre la escala y seriedad del problema de la tala ilegal. La sociedad civil cada vez está haciendo oír su voz de forma más clara, reclamando un manejo sostenible de sus recursos forestales. El gobierno ha reconocido que el reto al que se enfrenta es complejo, y el tema ha pasado a ser una prioridad de la administración. Ya en su discurso de investidura, el actual Presidente Manuel Zelaya Rosales hizo mención al tema afirmando: “Vamos a marcar la frontera agrícola para que no se siga destruyendo nuestra foresta, no más tala ilegal de bosques en el país”13. Igualmente anunció que el 1% del presupuesto anual del Estado sería destinado a la creación de un Fondo de Reforestación, con el fin de “proteger nuestras cuencas hidrográficas para que haya oxígeno, agua y vida en el país”14. El hecho de que en el momento actual en Honduras haya posiblemente mayor conciencia sobre la necesidad de proteger los bosques que nunca antes es claramente una oportunidad única para abordar y eliminar el problema de la tala ilegal. La reciente aprobación de la nueva Ley Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre constituye la expresión más evidente de estas oportunidades, ya que debería abrir el camino hacia una gestión más participativa y consensuada del sector forestal del país. Para que esto se concretice será fundamental la reglamentación adecuada de la nueva ley. Otra prioridad es apoyar, in diferentes áreas del país, el desarrollo de iniciativas piloto para el establecimiento de los Consejos Consultivos Comunitarios, Municipales y Departamentales , previstos en la nueva ley. Se trata de estructuras clave para promover una mayor participación de los actores locales en la implementación de l nuevo marco legal y en la gestión del sector forestal en su área , pero al mismo tiempo se trata de algo nuevo, cuyo establecimiento constituirá un desafío relevante para muchas comunidades, municipios y departamentos. Es por lo tanto difícil sobreestimar la importancia de concentrar esfuerzos en desarrollar, experiencias exitosas y replicables en diferentes contextos sociales, económicos y ambientales del país15.

2. Estado Actual de la Tala Ilegal y Otros Aspectos del Cumplimiento de la Legislación del Sector Forestal 2.1 Definición de la tala ilegal

Definir qué es la tala ilegal no resulta tarea sencilla, pues lo que es considerado legal en un país puede ser considerado ilegal en el país vecino. Más aún, incluso dentro de un mismo marco legal como el de Honduras, la línea que separa lo legal de lo ilegal a menudo se encuentra lejos de estar claramente definida. La actividad legal y la ilegal son más bien los extremos blanco y negro de un espectro que está lleno de grises donde la madera es legalizada o blanqueada por diversos mecanismos. La Figura 1 ilustra esta situación, que es además claramente el caso que se desprende de la realidad del sector hondureño como se verá más adelante. La actual ley forestal hondureña (Decreto no.85-71) incluye en su artículo 120 los supuestos que constituyen delitos forestales, entre los que se menciona el “aprovechar, dañar, destruir, o extraer ilegalmente productos forestales de un área forestal pública o privada con ánimo de lucro o bien empleando violencia o intimidación de las personas o fuerza en las cosas”5.

5 Artículo 120 (d) Decreto 85 -71

El tema de la tala ilegal y la falta de una verificación del origen de la madera producida en Honduras han sido identificados por algunos autores como el principal problema que enfrenta la gobernabilidad del sector forestal16.

Fuente: La producción forestal no controlada en Honduras: ¿Qué es? ¿Cuánta es? ¿Y cuánto cuesta? Unas respuestas preliminares – Filippo Del Gatto, REMBLAH-COSPE, 2003. No obstante la creciente preocupación que existe a nivel internacional sobre el problema de la tala ilegal, lo cierto es que sigue habiendo una incertidumbre significativa sobre la escala exacta del problema, aunque hoy día pocos dudan de su gravedad. Un estudio de 2003 sobre los impactos de la ilegalidad y las barreras a la legalidad para los casos de Honduras y Nicaragua17 presenta un marco interesante y forma una base valiosa sobre la que es posible elaborar estudios de casos individuales más detallados, con el objetivo de ir dilucidando cada vez con más detalle las causas subyacentes de la tala y comercio ilegales y sus impactos en las economías nacionales. Sin embargo, e incluso a pesar de los importantes avances en el conocimiento sobre este tema, la compleja realidad en el campo no hace sino dificultar aún más la búsqueda de soluciones adecuadas. Efectivamente, a pesar de la distinción realizada previa mente sobre las posibles modalidades de producción (legal, legalizada e ilegal), dicha distinción rara vez puede ser delimitado claramente dentro de una de estas modalidades. Lo que sucede de forma más común es que en los diferentes pasos de la cadena de producción forestal se mezclan actividades clandestinas, legalizadas y legales. Más aún, los productos de actividades clandestinas pueden ser legalizados (lavados) en alguno de los puntos y entrar con ello a la cadena legal de custodia. El Monitoreo Forestal Independiente (MFI) llevado a cabo por el CONADEH, ha permitido por un especio de un poco más de dos años documentando objetivamente actividades dentro de estas modalidades: ilegales y legalizadas. Estos informes de MFI han sido llevados a cabo en diversas de aprovechamiento forestal zonas del país, tanto en bosque de coníferas, como el bosque latifoliados.

Imagen No. 1: Mapa de los departamentos de Honduras donde se han elaborado los 50 informes de MFI

Fuente: CONADEH. Proyecto MFI. 2007

El Cuadro 2 presenta un compendio de actividades forestales ilegales, tal y como fueron observadas por el monitor independiente durante 50 misiones de campo en Honduras. La Imagen 1 ofrece un mapa de los departamentos del país donde se llevaron a cabo dichas misiones. En 43 de las mismas se documentaron prácticas contrarias a la ley. Definir la legalidad o ilegalidad de los productos forestales revierte aún mayor complejidad cuando, como sucede en Honduras, existe una grave problemática alrededor de la inseguridad sobre tenencia de la tierra. En efecto, se da a menudo la circunstancia de que muchos grupos de población se ubican en tierras sobre las que no tienen una clara titularidad, bien porque pertenecen teóricamente al Estado o porque sus derechos de propiedad no han sido reconocidos por diversas causas. Es común, además, que esto sea el inicio de encarnizados enfrentamientos: “…cuando la AFE-COHDEFOR aprueba un plan de manejo, subasta un lote de madera o entrega un documento de usufructo, los ocupantes presentes se sienten denegados de sus derechos y tienden a resistir las decisiones de la AFE-COHDEFOR, generando conflictos con aquellos actores a los cuales se les ha adjudicado los derechos de aprovechamiento forestal”18. Como se verá más abajo, situaciones comple jas como éstas a menudo acaban marginando e incluso criminalizando a individuos o grupos de población, alimentando la percepción de que la ley es injusta y se aplica de forma arbitraria. Resulta también fundamental señalar que el hecho de que una actividad forestal sea legal no asegura necesariamente que ésta sostenible. Legalidad y sostenibilidad no son aún sinónimos en las leyes forestales de muchos países, y de hecho son muchos los casos en los que se ha talado de forma totalmente irracional pero sin salirse de la legalidad. Aunque cada vez existe una mayor conciencia sobre la necesidad de ir un

paso más allá de la mera legalidad y alcanzar un uso de los bosques que sea realmente sostenible y equitativo, queda en el caso de Honduras bastante por hacer en este sentido. La actual ley forestal habla de un “aprovechamiento racional y rendimiento sostenido”6, del “máximo aprovechamiento sostenido”7 y de una “producción o rendimiento sostenido ”8, lo cual es esclarecedor teniendo este documento más de tres décadas de antigüedad. Aunque desde entonces no se haya promulgado una nueva ley – el proyecto de la misma continúa sin ser aprobado – sí ha habido, tanto en Honduras como en el resto del mundo, un extraordinario aumento en la conciencia sobre la necesidad de un aprovechamiento sostenible. El futuro de los bosques de Honduras, en gran parte depende de lograr dicha sostenibilidad del recurso.

2.2 Tipos de tala ilegal

En Honduras, uno de los esfuerzos más notables hechos en los últimos años con vistas a la documentación de actividades ilegales en el sector forestal ha sido la iniciativa de MFI iniciada en 2005 por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y la ONG internacional Global Witness con la anuencia de la AFE-COHDEFOR. La Sección 3.3 sobre sistemas de monitoreo y control describe más en detalle este trabajo, y el Anexo 2 presenta una matriz de seguimiento de los informes, incluyendo las conclusiones y recomendaciones presentadas por el monitor, así como las acciones de seguimiento llevadas a cabo por las diferentes instituciones encargadas de aplicar la legislación forestal. Estos informes obedecen a misiones de campo llevadas a cabo en las principales regiones de aprovechamiento en madera de pino y latifoliada del país, como lo son Olancho, Francisco Morazán, Atlántida, Colon y Yoro.

6 Artículo 6 (a) Decreto 85-71. 7 Artículo 2 (b) Decreto 85-71. 8 Artículo 73 Decreto 85-71.

Cuadro 2. Tipo de actividades ilegales documentadas por el Monitor Independiente Fuente: Proyecto Monitoreo Forestal Independiente III Informe General de Actividades (documento en proceso de elaboración por parte del CONADEH)

50 Informes de MFI publicados9 Observaciones Nos.

Informes Total % Frecuencia

1. Administración forestal 1.1 Fallas administrativas u omisiones (a nivel central, regional y local)

• Fallas en el cumplimiento de trámites administrativos

1,2,38 3 6 6

• Irregularidades en el otorgamiento de permisos 5,21,22, 26,33,42, 43

7 14 4

• Abuso de poder de parte de autoridades 14,42 2 4 7 1.2 Cumplimiento de funciones

• Incumplimiento de inspecciones 2,16,17,18,19,21,22,24,25, 26,33,34,35,41,42,43,47

17 34 1

• Fallas técnicas, irregularidades o incumplimiento de la normativa (sobre todo ambiental) en la autorización de permisos

41, 1 2 8

2. Operadores forestales 2.1 Incumplimiento de la normativa técnica

• Irregularidades en la preparación de POAs y ventas locales

5,21,22,2633,41,42, 43

8 16 3

• Área intervenida incongruente o mayor del área autorizada

3,6,26,30, 41 5 10 5

• Marcación faltante o incompleta de árboles, límites externos y áreas de protección

43 1 2

• Incumplimiento de la normativa técnica (construcción de caminos, el aprovechamiento en pendientes, medidas de post-aprovechamiento de prevención y control de la erosión)

12,40,47

3 6 6

• Incumplimiento a normativa para control de plagas

16,17,18,19,26,29,30,41,42,43

10 20 2

2.2 Fallas en trámites administrativos • Inicio de operaciones sin el permiso

correspondiente 13,6, 43

3 6 6

• Inicio de operaciones antes de realizar los pagos correspondientes

1,2,6, 3 6 6

• Uso fraudulento o incorrecto de los permisos de transporte

4,7 2 4 7

• Presencia de madera indocumentada en aserraderos o industrias

6,24,25, 28,31 5 10 5

• Utilización de organizaciones locales para obtener permisos de aprovechamiento

15,45 2 4 7

2.3 Tala no autorizada • Tala en áreas de protección (fuentes de agua) 11,12,47 3 6 6 • Tala de un volumen mayor a lo autorizado 3,6,

21,22,35 5 10 5

• Tala sin autorización 43,45,50 3 6 6 3. Otras autoridades • Abuso de poder de otras instituciones 8,9,32 3 6 6

La documentación sistemática de actividades ilegales realizada por el MFI ha permitido evidenciar diversas tipologías y mecanismos ilícitos, que describimos a continuación en base a los distintos actores involucrados19,20:

Por la Autoridad Forestal

Este es el principal actor en la gobernabilidad del sector, ya que es la administrador a del recurso forestal autorizando, supervisando y controlando las actividades. Las categorías de irregularidades cometidas por la Autoridad Forestal se refieren a las inspecciones para autorizar los aprovechamientos y su control y las labores administrativas que esto conlleva.

• Incumplimiento de Inspecciones: esta es la infracción de mayor ocurrencia documentada en los informe de MFI con 34% (17/50) de los informes. Esto se debe principalmente a la alta discrecionalidad otorgada a técnicos de campo que realizan estas inspecciones para la aprobación de permisos sin haberlas realizado, o aun realizándolas, son deficientes. Elaborando el respectivo dictamen autorizando el aprovechamiento forestal, pero al realizar la comprobación, esta difiere de la realizada en el campo previamente. Esto no sólo viola la ley, sino que en ocasiones han potenciado las actividades ilegales de forma realmente preocupante. Esto debido a la falta de controles de parte de otras instancias dentro de la Autoridad Forestal en el proceso de aprobación de permisos.

Estrechamente relacionado a la aprobación de instrumentos legales (como Planes Operativos Anuales, ventas locales para control de plagas, y otros) de forma irregular, es decir sin la correspondiente inspección es una práctica comúnmente documentada. Además se ha documentado casos en los que aparentemente se han realizado la correspondiente supervisión y al hacer la verificación por el MFI se encuentran situaciones que no corresponden a lo dictaminado. Efectivamente, la aprobación de resoluciones que autorizan el aprovechamiento de maderas muertas (por causas naturales como el Huracán Mitch o por plagas como el caso del gorgojo de la corteza del pino) ya ha tenido consecuencias perversas en ocasiones anteriores, cuando amparándose en dichas resoluciones se ha aprovechado madera recién cortada, incluso en ocasiones sacada de áreas protegidas 21. Se han documentado casos de posibles abusos de autoridad por parte de AFE-COHDEFOR22. Los últimos casos documentados, a los que hace alusión la referencia recién citada, son aún más graves dado que no es la primera vez que los mecanismos ahí descritos suceden.

Imágenes No. 2 y 3: Dos tipos de irregularidades en permisos para el control de plaga autorizados irregularmente

Imagen 2: Mapa del Brote no. San Esteban-027/2005. Informe de MFI

No. 05

Imagen 3: Venta Local Y-095 -2006 otorgada para el control de gorgojo del pino, sin embargo durante una inspección no se encontró afectación de la plaga en este bosque. Informe de MFI No. 21

• Fallas administrativas: este es el segundo tipo de infracción de mayor ocurrencia, cometido por la Autoridad Forestal, documentado en los informes de MFI, con 24% (12/50) de los informes. Las normativas forestales vigentes establecen que la Autoridad Forestal deberá velar por el cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes para el aprovechamiento del recurso forestal. Los informes de MFI han documentado el incumplimiento de lo anterior.

Por los Operadores Forestales

En este segundo grupo de actores se han documentado nueve mecanismos diferentes de irregularidades en tres categorías: incumplimiento a la normativa técnica, fallas en trámites administrativos y la tala no autorizada. Las principales irregularidades se describen a continuación:

• Deficiencia en el cumplimiento en la normativa técnica. Esta es la principal evidencia documentada de irregularidades de todos los informes elaborados por el Monitor Forestal, con 22 casos documentados (44% de los informes). Siendo la principal irregularidad las documentadas para el control de plagas, en áreas de pino el gorgojo (Dendroctonus frontalis) hace grandes estragos en muchas regiones, de acuerdo al Anuario Estadístico Forestal en 2006 esta plaga afectó 155,531.0 m³ de madera de pino en 3,690.0 Has distribuidos en 544 brotes detectados, siendo Olancho y Yoro las regiones de mayor incidencia. Para tratar de controlar y evitar la propagación de esta plaga, existe una normativa específica10 la que señala medidas y procedimientos para la detección, control y saneamiento, que, entre otras acciones, implican el aprovechamiento de la madera afectada. Sin embargo, esta medida, tan necesaria para una buena salud y manejo de los bosques, a menudo se ha convertido en un mecanismo para promover cortes ilegales de ma dera al no realizarse a cabalidad las medidas de control establecidas evitando un control efectivo de la plaga.

Imagen 4. Madera en rollo encontrada en una industria sin la documentación que avale que la misma viene de planes de manejo.

Imagen 5. Madera aserrada de caoba encontrada en una industria exportadora de muebles, la cual tenía procedencia ilegal. Informe MFI No. 31

• Irregularidades en la preparación de permisos para aprovechamiento (POAs y ventas locales) Las prácticas documentadas a este respecto incluyen tanto el uso de permisos de madera plagada para cortar árboles perfectamente sanos dentro del mismo área como para cortar árboles fuera de la misma, incluso en zonas no sujetas a planes de manejo 23.

• Incumplimiento de normas técnicas: la violación de las normas técnicas orientadas a disminuir el impacto ambiental ocasionado por las operaciones forestales de extracción de los planes operativos. Éstas implican, por ejemplo, la construcción de ramales o bacadillas no contemplados en los documentos autorizados. La situación se complica, pues muchos casos pertenecen al mundo de los grises, es decir, su legalidad o ilegalidad es difícil constatar de forma definitiva. Esto es así en parte porque la ley es a veces poco clara y deja la puerta abierta a una aplicación discrecional por parte de los técnicos, como se explica más en detalle en la Sección 3.2 sobre el marco legal.

• Tala fuera del área de los planes de manejo : esta práctica, que va en contra de la legislación forestal, ha sido documentada por el Monitor Forestal en tres de los 50 informes, lo que mina los posibles esfuerzos de alcanzar un manejo sostenible y responsable del recurso forestal. Es una de las modalidades más obvias y abusivas de tala ilegal, y por tanto, en principio, una de las más sencillas de detectar24. Sin embargo, precisamente por ello, la falta de acción ante estas infracciones envía un preocupante mensaje a los operadores ilegales de que reina la impunidad, motivándolos a continuar con sus actividades ilícitas. Estas acciones además resultan muy a menudo en la tala de un volumen mayor al volumen autorizado (cinco de 50 informes) que puede tener variaciones de acuerdo al tipo de aprovechamiento.

Imagen 6: Mapa de aprovechamiento forestal en áreas de protección de una fuente de agua. Informe de MFI No. 11,

Imagen 7 Mapa de aprovechamiento forestal fuera de los limites. Informe de MFI No. 05

• Aprovechamiento en zonas protegidas dentro de los planes de manejo: la legislación forestal vigente prohíbe expresamente el corte de árboles a menos de 250 m. de los nacimientos de agua y a menos de 150 m. a ambos lados de cualquier curso de agua permanente11, se han documentado casos en los que se ha violado este precepto. En ocasiones, esto es debido a que dichas zonas no han sido consideradas en la preparación de los planes por la autoridad forestal, y por tanto no han sido delimitadas en el terreno, lo cual constituye una violación a lo establecido en la ley25.

• Aprovechamiento en reservas naturales: la tala ilegal dentro de áreas protegidas es un crimen (delito) forestal que viene siendo documentado en distintas investigaciones. Recientemente, por ejemplo, se ha estimado que, en la Reserva del Hombre y la Biosfera de Río Plátano (RHBRP), en un año se han talado un millón de pies ta blares26 de madera de caoba (Swietenia macrophylla ) utilizando diferentes mecanismos, tales como la aprobación de instrumentos legales que contradicen la legislación forestal, la manipulación de organizaciones locales, la falsificación de marcas de identificación, y hasta la manipulación de subastas públicas, entre otros.

Con el consiguiente deterioro de los recursos forestales de esta importante zona protegida, la mayor en el país y eslabón fundamental del corredor biológico mesoamericano. Esta madera, ade más podría haber llegado a reportar US$5,000,00027 en el mercado internacional, aunque evidentemente la ilegalidad de la extracción y comercialización de esta madera también ha resultado en su nula contribución a la mejora de las condiciones de vida de la población local. El hecho de que esta actividad se haya desarrollado de forma impune durante tanto tiempo ha puesto en evidencia las claras debilidades en el sistema de la aplicación de la ley forestal en Honduras, que permiten que, a pesar de los esfuerzos en la lucha contra la tala ilegal hechos por el gobierno, la situación de progresivo expolio de la madera de la Reserva continúe a día de hoy.

• Procesamiento de madera indocumentada en aserraderos: el procesamiento de la madera en aserraderos precisa hacerse guardando un registro de la madera que

entra y sale de los mismos. Sin embargo, se han documentado casos en los que se ha encontrado madera sin sus correspondientes documentos28. Esta actividad ilícita es uno de los mecanismos de lavado más efectivos (No sera que es debido a que no se hace un control efectivo del abastecimiento de materia prima a la industria de procesamiento primario y secundario?) , pues una vez procesada, es prácticamente imposible conocer el origen, y por tanto la legalidad, de la madera.

Otras instituciones vinculadas

En este tercer grupo de actores se ha documentado tres diferentes mecanismos de irregularidades orientados al abuso de poder y a la intimidación de funcionarios que realizan labores de control de la tala ilegal.

• Otros casos de corrupción institucional: la evidencia anecdótica y denuncias de individuos y organizaciones de la sociedad civil apuntan a que detrás de muchas actividades de tala y comercialización ilegal de madera hay una connivencia de la autoridad, que, por acción u omisión, o mediante prácticas corruptas y abusos de poder, dan luz verde a dichas actividades. Este tipo de corrupción es a menudo difícil de probar y documentar, pues por su misma naturaleza permanece en la sombra y no aparece escrito en ningún documento. Como ocurre en la realidad, para así identificar intervenciones efectivas). Además, cuanto más poderosos son los intereses detrás de estas actividades, más peligrosa resulta su denuncia, sobre todo para individuos u organizaciones hondureñas, que pueden volverse por ello el blanco de amenazas que tristemente a veces se materializan. Como el caso del informe de MFI No. 31 en el que la policía “secuestró” en horas de la noche a un funcionario de la Autoridad Forestal que realiza actividades de control de la tala ilegal, sin que existiera alguna denuncia en su contra. Es opinión de muchos que la tala ilegal en Honduras en gran parte acabará cuando acabe la corrupción institucional.

Figura No. 2: Distribución por actor y categorías de infracciones documentadas por el MFI en 50 informes a septiembre 2007.

2.3 Volumen de tala ilegal y otras actividades ilegales

La cuantificación de la tala y comercio ilegales es siempre un reto dada la naturaleza ilícita, y por tanto normalmente no documentada, de dichas actividades. Resulta igualmente complejo poder producir análisis completos de las estadísticas de producción y exportación de madera, ya que a menudo los datos no se encuentran disponibles o no resultan totalmente confiables. En Honduras ha habido diversos esfuerzos y trabajos encaminados a ponerle cifras a esto. Uno de los documentos más comúnmente citados en los últimos años ha sido un estudio de Filippo Del Gatto29, quien estimó que el 75% -85% de la extracción anual de maderas latifoliadas (equivalente a 125.000-145.000 m3) y el 30%-50% de la extracción anual de madera de pino (equivalente a 350.000-600.000 m3) se realizan de forma clandestina, es decir, sin contar con ninguna autorización, ningún tipo de control de parte del Estado y evadiendo los pagos de impuestos respectivos.

Cuando se habla de producción no controlada, las cifras son inexactas; sin embargo, para tener referencia del impacto que esta actividad puede significar para Honduras, tomando como base la pérdida neta de cobertura forestal de 58,000 hectáreas por año y considerando un volumen de madera de 134.8 m3/ha resultados del inventario de bosques y árboles 2005-2006, para árboles con d.a.p.12 mayor a 10 cm), la pérdida de volumen por año es de 7.82 millones de metros cúbicos; en cambio, la producción oficial reportada es menor a los 800,000 m3 para el año 2005. Esto implica que de forma general, Honduras tiene posiblemente una tala sin control de siete millones de metros cúbicos por año, de la cual una parte de este volumen entra al mercado. 13

Estas cifras son, en términos absolutos, sustancialmente bajas si se comparan con otros países. Como afirma un estudio de Chatham House, seis países (Indonesia, Malasia, Brasil, Bolivia, Camerún y Gabón) suman entre ellos el 60-80% de la producción de madera tropical a nivel mundial30. Si bien Honduras no alcanza ni mucho menos los

niveles de producción forestal de estos países, no es menos cierto que el buen manejo forestal es un elemento crucial para los medios de vida de muchos hondureños, y que la tala ilegal causa considerables daños sociales, ambientales y económicos. El Programa Nacional Forestal 2004-2021 reconoce la necesidad de luchar contra este flagelo y marca como una de sus metas reducir el aprovechamiento y comercio ilegal de maderas en un 20% a 5 años, 50% a 10 años y 80% a 15 años. Igualmente, establece como una de sus acciones la implementación de una estrategia para reducir el aprovechamiento y comercio ilegal de madera.

2.4 Temas sobre comercio trans fronterizo

El paso ilegal de madera a través de las fronteras del país camino a mercados de otros países es un elemento que alimenta más aún esta actividad ilícita. Es conocido por todos que desde Honduras sale madera clandestina hacia otros destinos, aunque su cuantificación detallada es tarea complicada. Ha habido sin embargo algunos estudios que han tratado de poner números a dicho comercio. Uno de ellos reporta discrepancias en ocasiones exorbitantes entre las exportaciones declaradas por Honduras y las importaciones declaradas por los países donde llega la madera, lo cual parece indicar la existencia de un comercio clandestino transfronterizo. El Cuadro 3 extraído de este estudio presenta dichas comparaciones para el trienio 1997-1999. Siempre según este informe, posiblemente existen también flujos de madera ilegal hacia otros países de la región, como es el caso de Costa Rica. De igual forma, el comercio transfronterizo se emplea como mecanismo de lavado de madera, exportando madera ilegal (en especial a Nicaragua) y reimportándola como madera legal. De acuerdo a un reciente estudio del CATIE, las zonas neurálgicas de trasiego transfronterizo conciernen los ex-bolsones en la frontera con El Salvador y la frontera con Nicaragua en los Departamentos de Olancho y Gracias a Dios. No existen datos confiables sobe el volumen de dicho trasiego, pero se estima que en términos relativos respecto a la producción total del país no debería ser un porcentaje muy significativo. Cuadro 3: Comparación de datos estadísticos sobre las exportaciones de madera aserrada de pino de Honduras31 País importador Exportaciones de

Honduras (datos de Honduras, m3)

Importaciones desde Honduras (datos del país importador, m3)

Diferencia (3 -2, %)

El Salvador 2,254 9,100 +304% Guatemala 884 1,129 +28% Nicaragua 259 795 +207% EE.UU. 62,699 65,782 +5% Fuente: FAOSTAT 2002 Notas: 1. Las cifras reportadas corresponden a la suma del trienio considerado (97-99) 2. En el caso de El Salvador las cifras para el 1997 son particularmente discordantes, lo que hace suponer un posible error de datos. Si se excluye este año y se considera solo el bienio 1998-99, las diferencias entre los datos se reducen a +83%, que de todos modos representa un porcentaje muy significativo. Pero además existen documentos que señala n las implicaciones de madereros hondureños en prácticas ilícitas más allá de las fronteras del país. Es el caso del reciente informe “Emergencia en el bosque” sobre la tala ilegal en Nicaragua, que afirma que

una empresa hondureña, Millworks International, fue la que proporcionó la mayor parte de los fondos para la extracción de caoba del río Kung Kung32, un reciente caso de tala ilegal de muy alto perfil que llevó a la aprobación de un Decreto de Emergencia Económica vigente hasta el día de hoy. Imagen No . 8 Mapa de posibles rutas de comercio ilegal transfronterizo de productos forestales

Además, el comercio de productos forestales ilegales ha sido ligado en algunas zonas del país al comercio de drogas. Es el caso de la zona de la Mosquitia y del valle de Sico-Paulaya, al noreste del país. Según estudios publicados, estas zonas constituyen un anillo fundamental del comercio de drogas de Sudamérica a EEUU. Ligado a este negocio hay problemas de consumo de drogas, corrupción, lavado de dinero, violencia, etc, así como otras actividades ilícitas, tales como el tráfico de maderas preciosas, animales silvestres, ganado robado y armas33. El informe de la Agencia de Investigación Ambiental y el Centro para las Políticas Internacionales afirma que “las zonas más apartadas e inaccesibles del este de Honduras se han convertido en sitios atractivos para empresas delictivas que trascienden el comercio ilícito de la madera. Son regiones que se caracterizan por una ausencia casi total del Estado, en las que se ha ido infiltrando un número creciente de grupos criminales implicados en el tráfico de narcóticos y de armas. Según la Dirección Antidrogas de Estados Unidos (DEA), cada año, Honduras sirve de puente para el traslado de unas 100 toneladas de cocaína proveniente de Sudamérica con destino a Estados Unidos. […] la extracción de madera ilícita se ha convertido en un negocio alternativo conveniente para los carteles, que además puede servir para el lavado de activos provenientes del narcotráfico. […] la tarea de identificar a los narcotraficantes se complica debido a su táctica de ocultar las drogas en los cargamentos de madera”34. Argumentando en la misma línea, un informe de Arnoldo Contreras-Hermosilla continúa afirmando que “en Honduras, el incremento

del flujo de dinero creado por el tráfico de droga ha aumentado la capacidad de los grupos ilegales de acceder y explotar los valiosos recursos del bosque”35. También en la prensa han aparecido noticias haciéndose eco de esta problemática. Según un artículo publicado por e l diario El Heraldo, el tráfico ilegal de madera que se lleva a cabo en la reserva de la Biosfera de Río Plátano parece estar ligado al narcotráfico, así como al comercio ilícito de especies de fauna silvestre36. De hecho, a menudo resultan ser las mismas personas quienes trafican con madera, droga y otras mercancías ilícitas. Por ejemplo, se han denunciado casos en los que se acusa a ganaderos de la zona de estar vinculados a redes internacionales de tráfico de madera y drogas37. El destino de muchas de estas mercancías trasciende las fronteras del país.

2.5 Impacto en finanzas del tesoro público

Dado que resulta difícil estimar el volumen de tala ilegal dada la naturaleza ilícita de esta actividad, no resulta posible calcular el impacto concreto que produce la misma en las finanzas del tesoro público. Uno de los estudios más recientes sugiere que el valor económico bruto de los productos forestales obtenidos ilegalmente asciende a 55-70 millones de dólares. Ello redunda en unas pérdidas de entre 11 y 18 millones de dólares anuales en concepto de impuestos de producción, impuesto sobre la renta y desperdicio del gasto público. El mismo estudio considera que las pérdidas totales, una vez se incluyen las indirectas, posiblemente ascienda a varias veces esta cantidad38. El Cuadro 4 resume las estimaciones presentadas en este estudio. Cuadro 4: resumen de las pérdidas anuales de impuestos de producción a nivel central y municipal

Fuente: La producción forestal no controlada en Honduras: ¿Qué es? ¿Cuánta es? ¿Y cuánto cuesta? Unas respuestas preliminares – Filippo Del Gatto, REMBLAH-COSPE, 2003. Las pérdidas para el Estado se sufren tanto a nivel central como en los gobiernos locales. Uno de los estudios más completos sobre estas pérdidas hace la siguiente distinción: (i) impuestos forestales nacionales, para los que se estiman US$7.4 millones de pérdidas anuales, (ii) gastos públicos y de ayuda internacional, para los que esta misma estimación es de US$4.5; (iii) impuestos sobre la renta, con US$1.45 millones; y

(iv) ingresos municipales, con US$1.3 millones39. El mismo estudio señala también que existen igualmente otras pérdidas financieras que, a pesar de resultar más difíciles de cuantificar, son sustanciales. El Cuadro 5 resume tales pérdidas. Otras estimaciones recientes incluyen la realizada por el Fiscal General del Estado, que calculó que, sólo de la RHBRP y de los municipios del norte y del este de Olancho, entre 2003 y 2004 se sacaron aproximadamente dos millones de pies tablares de caoba, con una pérdida total de más de US$3 millones40. Más recientemente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, estimó en US$70 millones las pérdidas anuales directas y en US$1.500 millones las indirectas 41. Aún una fuente más estima que el gobierno central de Honduras pierde US$2.5 millones al año en concepto de impuestos de tronconaje no abonados, y esto sólo para el caso de las maderas duras. Por su parte, los gobiernos locales pierden entre US$150.000 y US$250.000 al año de impuestos municipales impagos. Las pérdidas del comercio de maderas blandas, más significativas en volumen, son aún mucho más elevadas42.

Cuadro 543: algunas pérdidas financieras no cuantificadas de las actividades de tala ilegal Clases de pérdidas Ejemplos documentados Falsificación de especies Caoba declarada como piojo (Tapirira

guianensis) en el valle del Río Paulaya 44 Pérdida de impuestos o tarifas de exportación

Sub-declaración de volúmenes

Impago de tasas forestales Uso por parte de madereros de permisos destinados a comunidades, que no pagan tasas de tronconaje por ser para uso doméstico

Costos al sistema judicial, policía y otras fuerzas de cumplimiento de la ley

Costos asociados a la investigación de casos, implementación de operativos , levantamiento de denuncias, tramitación legal, juicios, etc.

Mayor nivel de desperdicio de madera Desperdicios debidos a que la madera es más barata, por lo que sale rentable incluso si no se aprovecha al máximo

Reducción de valores del precio de subastas

Confabulación entre participantes en subastas para no ofertar más del precio base establecido, las conocidas como subastas arregladas

Contaminación de aguas, degradación de suelos

Disminución de cantidad y calidad de cauces de agua, bajada del nivel freático, lavado de suelos

Pérdida de productos forestales no maderables

Con la tala de árboles se pierden resinas, medicinas, ornamentos

Pérdida de otros usos del bosque Pérdida del bosque para usos religiosos, lúdicos, sociales

Desincentivo para la inversión El clima de inestabilidad e inseguridad aleja la inversión en el sector para lograr un manejo sostenible

Desastres naturales, cambio climático Contribución de la tala ilegal al cambio climático, mayor vulnerabilidad a desastres naturales

2.6 Impacto en las comunidades indígenas, la población rural en condiciones de pobreza, y el medio ambiente

Los bosques son un recurso natural que se diferencia de otros por algo fundamental: mucha gente, desde las comunidades indígenas hasta campesinos y demás población local, vive en ellos y de ellos depende para su supervivencia. Son estos grupos los que más sufren el impacto de la actividad ilegal, tanto por la pérdida del recurso (y de los beneficios económicos derivados) como por la degradación ambiental y los conflictos sociales que a menudo resultan de estas actividades. Muchas de estas personas viven en situación de pobreza extrema y a menudo no tienen garantizada la tenencia de la tierra en la que viven. Si bien es cierto que los recursos forestales en H onduras no son tan importantes cuantitativamente como en otros países, estos sí constituyen un elemento importante en la vida y economía de las poblaciones rurales del país. Se estima que uno

de cada cuatro hondureños vive en zonas cubiertas por bosques. Además, existen hasta siete grupos étnicos con presencia en el país, como refleja el Cuadro 6. Algunos de estos grupos han perdido en gran parte su lengua y costumbres, que se han mezclado con otras, pero otros aún mantienen su identidad cultural. Como es de esperar, este cambio cultural ha acontecido en mayor forma en los pueblos indígenas que viven en los departamentos centrales y occidentales del país, donde históricamente ha habido más presencia e influencia de la colonización española y subsecuentemente de la población ladina de origen mixta. Evaluar el impacto de la tala ilegal sobre los pueblos indígenas va más allá de los objetivos de este documento, pero en forma general se podría argumentar que ha sido más fuerte en el caso de los Pech y Tolupanes, ya que viven en los departamentos de mayor producción forestal, como son Olancho, Yoro y Francisco Morazán. Quizás el ejemplo más claro de explotación para fines madereros de poblaciones indígenas se ha dado en el caso de la etnia Tolupan. La mayoría de las tribus de esta etnia tienen títulos legales de dominio pleno sobre sus territorios. Esto ha frecuentemente atraído el interés de madereros, ya que la tenencia privada de estas tierras ofrece “ventajas” de gestión y de costos al momento de tramitar los permisos de aprovechamiento con la AFE-COHDEFOR. En las décadas pasadas han habido muchos casos de acuerdos entre líderes de estas tribus y madereros para la venta de madera en pie. Aunque han existido casos positivos, la mayoría ha tenido implicaciones ne gativas, como la sobreexplotación de los recursos forestales, la corrupción de los líderes indígenas, el incumplimiento de los acuerdos de parte de los madereros y la evaporación de los supuestos beneficios para la población indígena. Cuadro 6: grupos étnicos en Honduras Grupo étnico Departamento en que se ubican Pech Colón y Olancho Tawahkas Olancho y Gracias a Dios Misquitos Gracias a Dios Garífunas Colón, Atlántida, Cortés y Gracias a Dios Lencas Lempira, Ocotepeque, Intibucá y La Paz Chortís Copán y Ocotepeque Tolupanes Yoro y Francisco Morazán

Imagen 9: Mapa de distribución de las etnias presentes en Honduras

La Estrategia de Reducción de la Pobreza identifica el desarrollo de actividades de subsistencia en suelos de vocación forestal como una actividad directamente ligada a los elevados niveles de pobreza de las áreas rurales del país. Siempre según esta Estrategia, el ciclo comienza con la quema de bosques para hacer disponible áreas para prácticas agrícolas, que debido a su falta de vocación para estos usos no son capaces de sostener dichas prácticas, lo que lleva al abandono de las mismas y la búsqueda de nuevas tierras donde el ciclo se repite45. Esta voracidad en la búsqueda de nuevas áreas de cultivo amenaza seriamente las condiciones de vida tradicionales de las poblaciones locales en muchas áreas del país, y crea un círculo vicioso de pobreza que desemboca en deterioro medioambiental, que a su vez lleva a mayor pobreza. La búsqueda de nuevas tierras para cultivar ha hecho que las poblaciones migren progresivamente hacia zonas cada vez más frágiles desde un punto de vista ecológico, en particular los bosques latifoliados de los departamentos menos poblados del país (Colón, Olancho y Gracias a Dios), donde se ubican las reservas forestales más importantes del país46. Sin embargo, los campesinos pobres no son sino mano de obra barata utilizada para quemar los bosques, no los responsables directos de la deforestación, pues su búsqueda de tierras para cultivos de subsistencia no resulta menos comparada con la mucho más importante búsqueda de tierras para ganado, actividad en la que los campesinos más humildes no tienen participación directa, ni mucho menos obtienen beneficios de la misma. Las poblaciones locales a menudo quedan también a merced de grupos más o menos organizados de operadores ilegales, como los documentados por el Monitor Forestal en los informes de MFI No. 15, 36, 45 en la Biosfera de Río Plátano, en donde grupos económicos financian las actividades de tala del bosque utilizando las organizaciones

locales para legalizar la madera. Muchos de estos operadores cuentan con patios de acopio situados cerca de los grandes centros urbanos y promueven la actividad ilegal a través de la demanda estos productos, que compran a pequeños productores individuales, cooperativas y otros actores locales. Se asiste en estos casos a menudo a una criminalización de los pobres, eslabón más débil de la cadena, que a menudo son más perseguidos como autores materiales de la tala ilegal, sin que los autores intelectuales, o los que alimentan estas actividades a través de la demanda de estos productos, sean condenados. Un informe de la Agencia de Investigación Ambiental y el Centro de Políticas Internacionales 47 documenta cómo la industria forestal está sumergida en elevados niveles de corrupción y permanece en manos de un número contado de actores poderosos. El Sistema Social Forestal (SSF), creado en 1974, pretendía permitir y alentar a las comunidades locales a participar en el manejo de bosques a través de cooperativas organizadas. Sin embargo, la realidad ha estado bastante lejos de estos objetivos, y se ha documentado cómo las cooperativas han sido empleadas de forma fraudulenta por parte de élites locales que las emplean para encubrir sus actividades ilícitas 48. Además del riesgo de criminalización de las empresas de base comunitaria, otra consecuencia de este uso fraudulento de las cooperativas es que, al verse usadas meramente para servir intereses económicos externos, se pierde la voluntad de los miembros de dichas cooperativas de llevar a cabo un buen manejo y frenar la actividad ilegal49. A pesar de que Honduras es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce derechos de propiedad y posesión de tierras a los pueblos indígenas y tribales que tradicionalmente las han ocupado50, lo cierto es que se han titulado pocas tierras a favor de grupos indígenas. En zonas ricas en recursos, en particular la zona de la Mosquitia, el gobierno ha titulado tierras a la AFE-COHDEFOR que las comunidades indígenas consideraban suyas. Por ejemplo, en la Reserva de la Biosfera Tawahka Asangni, de las 230,000 hectáreas que comprende este territorio únicamente 5,100 fueron tituladas a favor de las comunidades, que dando el resto en manos de la AFE-COHDEFOR51. Por otra parte, aunque a menudo como consecuencia de lo anterior, los habitantes rurales y comunitarios en general no conocen el valor de sus bosques y no participa en su protección y manejo. Se crea un peligroso círculo vicioso: la marginalización de estas poblaciones en la participación en las actividades y beneficios del sector forestal resulta en una falta de interés, que a su vez impide un conocimiento y preocupación profundos por la preservación y uso sostenible de los mismos. Normalmente, los habitantes locales se limitan a ver camiones cargados de madera pasando por delante suyo, sin que les llegue ningún beneficio. Como ilustra un comentario de un habitante de Olancho, “después de años de ver pasar rastras, a los olanchanos sólo nos queda polvo en las orejas”. En los últimos años se está asistiendo sin embargo a un incremento en la concienciación y acciones de parte de la sociedad civil con el fin de proteger sus bosques y recursos ligados al mismo, como es el caso del agua. Uno de los departamentos más activos a este respecto es el de Olancho, donde son ya varios los grupos que, en mayor o menos medida, se han conformado. Ejemplos de ello son el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), el Frente Ambientalista del Norte de Olancho (FANO) o el

Movimiento Ambiental de Catacamas (MAC). Para todos estos grupos el objetivo principal es la conservación del agua. La lucha contra la extracción industrial de madera es vista como un medio para tratar de alcanzar este objetivo principal. En rasgos generales, se puede habar de tres tipos de impactos de la tala ilegal sobre las comunidades indígenas o grupos locales: impactos sociales, ambientales y económicos. Impactos sociales En Honduras se vienen presenciando conflictos sociales desde hace años, y el problema, lejos de mejorar, parece cada vez más intrincado. La situación es particularmente tensa en el Departamento de Olancho, donde los enfrentamientos entre el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) y los madereros de la zona se han cobrado vidas humanas, las dos últimas en diciembre de 2006, cuando dos activistas de dicho grupo de sociedad civil fueron asesinados tras enfrentar meses de amenazas y no cesar en su trabajo de defensa de los bosques. A pesar de la detención y acusación de los supuestos autores del crimen, desde MAO se viene solicitando el procesamiento no sólo de los autores materiales, sino una investigación conducente a identificar y procesar a los autores intelectuales52. Hay, en definitiva, un reconocimiento de que existen poderosos intereses, a menudo ocultos, tras el tráfico ilegal de madera. A día de hoy la situación sigue deteriorándose, y hay temores de que el ambiente se torne bélico, sobre todo a la luz del reportado rearme al que se está asistiendo en la zona y las constantes protestas y enfrentamientos 53. El hecho de que el gobierno haya optado por implicar a las fuerzas militares en las áreas de bosques ilustra la conciencia que existe sobre el problema de la tala ilegal y los conflictos ligados a la misma. Incluso si se aplicara la legislación forestal a cabalidad, sería preciso prestar mucha más atención a las implicaciones sociales que esto tendría, pues, como se ha discutido ya, a menudo la ley margina a las comunidades más pobres, que encuentran todo tipo de trabas burocráticas, técnicas y económicas para lograr un acceso al uso de los bosques, como por ejemplo la falta de derechos a largo plazo sobre los recursos forestales, los atrasos (a veces de años) en la aprobación de los planes de manejo o planes operativos, y la persistencia de una actitud negativa de parte de ciertos funcionarios gubernamentales. Existe una a veces fundada percepción de que la ley es injusta y se aplica más duramente con los pequeños productores que con las grandes empresas. Las comunidades locales quedan así en una situación de impotencia y vulnerabilidad. Como afirman Víctor Meza y otros autores en su libro sobre corrupción y transparencia en Honduras, “no hay instancias internas […] donde el público puede ir a denunciar el abuso de autoridad, la extorsión o el chantaje; en el peor de los casos, cuando se decide a denunciar se encuentra con una red de corrupción interna donde cualquier denuncia choca con la complicidad de los funcionarios”54. Las realidades, necesidades y limitaciones de las poblaciones locales y comunidades indígenas deberían tenerse mucho más en cuenta a la hora de ordenar el sector forestal, de forma que se alcance el necesario equilibrio entre la conservación y uso sostenible del recurso y las comunidades que viven del mismo.

Impactos ambientales La destrucción del recurso bosque resulta en una degradación ambiental de gran escala, que se extiende más allá del recurso en sí. Como impactos negativos más significativos ha de destacarse la pérdida de suelo a través de su erosión y lavado, ya que una vez eliminados los árboles, éste se queda en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. También la vida silvestre se ve afectada por la tala ilegal y consecuente destrucción de su hábitat. Honduras es muy rica en especies animales y vegetales, y esta riqueza natural se está poniendo en serio peligro, sobre todo teniendo en cuenta la irreversibilidad de muchos de los daños causados. Igualmente grave es el caso del recurso agua, cuyo deterioro está íntimamente ligado a la destrucción del bosque, en particular, a la tala de árboles cerca de fuentes de agua, práctica común que ha sido documentada por organizaciones como la Agencia de Investigación Ambiental y el Centro para las Políticas Internacionales55 y CONADEH-Global Witness56. Estos impactos negativos contribuyen a aumentar aún más las tensiones sociales y polarizan posturas de las comunidades locales frente a los madereros. Como en el caso del municipio de Salamá, Olancho, en donde estos grupos se han enfrentado casi permanentemente por espacio de varios años. En las áreas más pobres, además, la dependencia del recurso forestal es muy significativa, como ya se ha mencionado con anterioridad. La degradación del medio ambiente impacta directamente en su capacidad de supervivencia. La cuenca del Río Telica, por ejemplo, se incluye en una región que solía conocerse como “el granero de Centroamérica” por su alta productividad agrícola. De esta cuenca dependen 43.000 personas, y en ella se siguen sufriendo los impactos negativos de la pérdida del recurso forestal, pese a que en el 2006 el gobierno prohibió la tala en la zona 57. Como en otras áreas del país, la deforestación de esta cuenca ha sido vinculada principalmente a la expansión de la ganadería, vinculada a su vez a la agricultura de subsistencia, el uso indiscriminado del fuego como mecanismo de regeneración de pastos, etc. En definitiva, la degradación de los ecosistemas forestales conlleva una pérdida significativa de servicios ambientales, como es el caso del control de erosión, regulación de la hidrología local, microclimas particulares, etc. A más amplia escala, es necesario mencionar también lo que ya es un hecho indudable: la pérdida del recurso forestal contribuye de forma significativa al cambio climático, y de hecho la deforestación ha sido identificada como uno de los mayores causantes de desprendimiento de dióxido de carbono a la atmósfera. Todo ello cobra aún más relevancia al tomar en cuenta que, según el Tyndall Centre, Honduras está considerado como el segundo país más vulnerable del mundo, después de Bangladesh, ante dicho cambio climático58. Impactos económicos Es claro que las comunidades locales también sufren pérdidas económicas sustanciales por las actividades de tala ilegal. Éstas son aún más críticas considerando que las poblaciones que dependen de los bosques se encuentran a menudo entre las más pobres del país. A pesar de la existencia de mecanismos como el SSF, como ya se ha visto a menudo estos no tienen los resultados y beneficios esperados. Un estudio reciente en el

valle del Paulaya, una de las escasas áreas del país, fuera de las áreas protegidas, donde aún queda caoba, ha comparado los costos de producción y transporte de un metro cúbico de madera legal de caoba frente al mismo volumen de madera ilegal. El primero se estimó en US$ 165, y el segundo en US$ 120-12559. Este mismo estudio estimó en 11.000 metros cúbicos la producción de caoba en el bienio 2000-2001, con un valor de mercado en San Pedro Sula de casi 2,2 millones de dólares. Teniendo en cuenta que al menos un 20-25% de la producción fue clandestina, las pérdidas económicas son sustanciales. Como concluye el estudio, “buena parte de estos ingresos (por lo menos el 50-60%) en realidad fue aca parada por personas de afuera (intermediarios, motosierristas y muleros) o por las personas más influyentes de las comunidades, reduciendo las entradas potenciales (que posiblemente llegaron a ser solamente el 25-30% del total) para las personas menos favorecidas, sin los activos físicos (motosierras y mulas) para jugar un rol importante en la producción”. Una consecuencia aquí observada también, y que es una situación común, es el endeudamiento progresivo de las comunidades, que se meten en un círculo vicioso de pagos atrasados, incertidumbre económica e incapacidad de planificar para el futuro, lo que les deja muy pocas opciones alternativas a continuar talando y les hipoteca de por vida con los poderosos intermediarios, que usurpan los derechos de las com unidades y defraudan el SSF, muchas veces sin que los habitantes de las comunidades puedan hacer nada o sean siquiera conscientes de los derechos que en teoría les han sido conferidos. Por último, es importante mencionar la relevancia de los productos no maderables en las poblaciones rurales. Efectivamente, éstas hacen un uso de los bosques muy diverso, que va mucho más allá de una mera producción de madera. Los productos forestales no maderables se emplean como materia prima para la producción de medicinas, alimentos, artesanías y otros productos para mercados locales y nacionales. En zona de pino, además, es común la extracción de resinas y aceites. Todos estos productos, se ven amenazados por la tala irracional de los bosques, como también lo hacen los demás usos y bienes tangibles e intangibles que las poblaciones obtienen de los mismos (como protección de fuentes de agua, como espacios de recreo, para usos sociales, religiosos, etc.). Además, estos usos del bosque, tan cruciales para las poblaciones que en ellos habitan, han recibido muy poca atención por las políticas forestales.

2.7 Impacto a la industria forestal

El PRONAFOR afirma de la industria forestal que “es uno de los cuatro sectores identificados por el gobierno como prioritarios, junto a textiles, turismo y cultivos no tradicionales y para su desarrollo se cuenta con la Estrategia Nacional de Competitividad. En cuanto al desarrollo de la industria forestal, la Estrategia determina su potencialidad en base a los siguientes factores: (i) la existencia de abundantes terrenos forestales; (ii) grandes extensiones de terrenos aptos para la reforestación con especies de rápido crecimiento; (iii) un potencial significativo del incremento de la productividad forestal; (iv) posibilidad de aprovechar “mercados verdes” por medio de la certificación; (v) instituciones académicas y profesionales con amplia experiencia en el sector”60. La industria forestal hondureña está concentrada sobre todo en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. La mayor asociación a nivel nacional es la Asociación de Madereros de Honduras (AMADOH), que agrupa a 40 de las 120 industrias registradas en AFE-

COHDEFOR, incluyendo las seis industrias más grandes a nivel nacional (representante de AMADOH, comunicación personal). Según el documento del Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (Pro-Bosque)61 producido por el Banco Interamericano de Desarrollo, “en Honduras cerca de mil PyMEs [Pequeñas y Medianas Empresas, entendidas como empresas con menos de US$3 millones de ventas anuales] forestales1, de las cuales 282 participan en la producción primaria, 511 en la transformación y el resto en la comercialización. Estas empresas están distribuidas en casi todo el territorio, pero con una mayor concentración en el eje central. El sector es altamente informal y en la mayor parte de los aprovechamientos continúan prácticas artesanales, más pronunciadas en el bosque Latifoliado”. De nuevo según el mismo informe, “los 138 aserraderos registrados en la AFE procesan alrededor de 1 millón de m3 de madera por año. Los aserraderos destinan la mayor parte de su producción a la exportación, y producen aproximadamente 570.000 m 3 de madera aserrada”. De acuerdo al Anuario Estadístico Forestal de 2006, existen 1,317,705 hectáreas de bosque bajo planes de manejo, con una corta anual permisible de 2,682,910 metros cúbicos. Los siguientes tres cuadros, pertenecientes también al mismo documento, presentan datos de importancia relacionados con el aprovechamiento forestal hondureño. El Cuadro 7 incluye un resumen histórico del aprovechamiento de madera en rollo de bosque de pino y latifoliado, desde 1974 hasta 2006, que refleja las tendencias a incrementar o disminuir la producción que se han experimentado en el país. El Cuadro 8 contiene los datos sobre el volumen de madera en rollo reportado para el año 2006, subdividido de acuerdo a la región forestal y tipo de bosque, y el Cuadro 9 ofrece las estadísticas más recientes sobre las exportaciones de madera aserrada. Como se puede ver a partir del Cuadro 7, entre 1974 y 2006 la producción anual media registrada de madera de pino constituye alrededor del 97% de la producción total. Por otro lado, de la información del Cuadro 8 se desprende que en el 2006, el 82.8% de la producción nacional de madera registrada se concentró en tres Departamentos: Olancho (35.2%), Francisco Morazán (32.7%) y Yoro (14.9%). El Cuadro 9 muestra una tendencia decreciente en las exportaciones en términos de volumen, con un mínimo en 1995. A partir de entonces, se observa una recuperación en la actividad de exportación, aunque sin alcanzar los niveles de los años 70 y primeros años 80.

Cuadro 7: Resumen histórico de aprovechamiento de madera en rollo de pino y latifoliado 1974 -2006 (miles de m 3) Año Pino Latifoliado Total m3 1974 813.7 19.4 833.1 1975 831.0 43.0 874.0 1976 1,073.3 39.8 1,113.1 1977 1,162.6 34.1 1,196.7 1978 1,108.9 24.3 1,133.2 1979 1,125.2 35.8 1,161.0 1980 1,041.5 41.1 1,082.6 1981 1,029.8 27.3 1,057.1 1982 916.6 15.5 932.1 1983 851.7 21.5 873.2 1984 799.7 18.4 818.1 1985 817.2 21.4 838.6 1986 768.0 26.2 794.2 1987 920.7 37.7 958.4 1988 888.6 39.4 928.0 1989 828.5 50.9 879.4 1990 708.6 43.6 752.2 1991 667.6 37.1 704.7 1992 502.5 36.0 538.5 1993 584.5 5.6 590.1 1994 603.0 3.8 606.8 1995 469.8 4.8 474.6 1996 613.0 32.2 645.2 1997 673.2 41.2 714.4 1998 748.9 31.8 780.7 1999 820.5 32.4 852.9 2000 743.9 11.6 755.5 2001 817.0 15.2 832.2 2002 948.7 22.5 971.2 2003 779.8 20.9 800.7 2004 897.9 22.0 919.9 2005 920.2 15.3 935.5 2006 852.2 20.9 873.1 Total 27,328.3 892.7 28,221.0 Fuente: AFE-COHDEFOR, Anuario Estadístico Forestal 2006.

Cuadro 8: Volumen total reportado de madera en rollo aprovechado, por tipo de bosque según su región forestal (miles de m3), 2006 Regiones Pino trozas Latifoliado trozas Total Atlántico - 6.9 6.9 Comayagua 58.0 0.2 58.2 El Paraíso 29.4 1.3 30.7 Fco. Morazán 285.8 - 285.8 La Mosquitia 2.4 0.5 2.9 Nor-occidental 24.4 3.3 27.7 Occidente 12.6 1.1 13.7 Olancho 306.6 0.9 307.5 Pacífico 5.9 0.8 6.7 Río Plátano - 3.3 3.3 Yoro 127.1 2.6 129.7 Total 852.2 20.9 873.1 Fuente: AFE-COHDEFOR, Anuario Estadístico Forestal 2006. Cuadro 9: Exportaciones de madera aserrada (1974-2006)

Años Miles de Pies Tablares Miles de Dólares 1974 193,582 39,688 1975 192,757 38,494 1976 182,426 40,732 1977 189,184 47,296 1978 151,746 42,291 1979 141,327 41,802 1980 114,864 36,363 1981 122,696 43,153 1982 131,192 45,825 1983 111,048 40,389 1984 92,054 32,898 1985 81,620 30,692 1986 79,956 27,729 1987 78,455 28,236 1988 73,740 28,413 1989 59,784 24,784 1990 36,849 16,140 1991 30,616 14,235 1992 36,000 15,434 1993 61,900 25,021 1994 51,900 18,242 1995 25,900 4,857 1996 52,300 20,860 1997 42,267 21,199 1998 51,749 29,853 1999 55,266 29,121 2000 58,862 31,670 2001 78,022 40,731 2002 80,046 38,431 2003 76,518 38,060 2004 64,433 33,164 2005 71,550 36,573 2006 64,888 37,001

Fuente: CIEF, AFE/COHDEFOR, 2007

Por otra parte, el Servicio de Información de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales afirma que más del 90% de toda la producción de madera de Honduras proviene de las áreas de bosques de pino (Pinus spp.), y constituye una importante fuente de divisas extranjeras. El resto de la producción proviene de bosques latifoliados. En cualquier caso, la mayoría de la producción de madera del país es para consumo interno, empleada sobre todo como leña y carbón vegetal. Parece además probable que el consumo de materia prima por parte de la industria forestal hondureña siga aumentando, ya que la capacidad de la industria transformadora primaria excede significativamente los actuales niveles de producción62. En este sentido, se ha incentivado el uso de otras especies forestales actualmente menos explotadas, así como el incremento de la exportación de productos forestales con valor agregado. Sin embargo, queda mucho por hacer para alcanzar un manejo forestal sostenible, y se han evidenciado prácticas perversas y abusivas al respecto, como es la clasificación falseada de especies latifoliada s, por ejemplo, declarando piojo (Tapirira guianensis) en lugar de caoba (Swietenia macrohylla ) con el objetivo de pagar menos impuestos de tronconaje (ver Cuadro 5). Es innegable que la madera ilegal tiene costos de producción más bajos que la madera producida legalmente y, por tanto, sujeta a tramitología de permisos y planes de manejo, pago de impuestos 63, etc. Esto impacta de forma muy negativa en la industria forestal, tanto en términos de pérdidas de ingresos por la competencia desleal que constituye la madera ilegal como por el ambiente de inseguridad, y por tanto el desincentivo de inversión a largo plazo en el sector. De acuerdo a un diagnóstico de la competitividad de Honduras, “el alto nivel de crimen organizado, el marco de leyes y regulaciones que enfrentan los empresarios, la poca independencia del poder judicial y el favoritismo del Gobierno en decisiones contractuales de proyectos públicos, así como corrupción en los trámites para pagos de impuestos son algunas de las debilidades”64. Siempre según el mismo informe, “un marco de inseguridad ciudadana como el actual no solamente pone en peligro el equilibrio social, sino que afecta directamente las actividades empresariales, la clasificación crediticia del país y la atracción de inversiones, entre otros aspectos. […] mucha inversión potencial es aplazada por temores de seguridad”. La tala ilegal también ha resultado en la necesidad de tomar medidas drásticas para prevenir la desaparición de los bosques, como es el caso de la veda forestal impuesta en 2006 en el municipio de Salamá y todas las áreas de protección del Río Telica en los municipios de El Rosario, Jano, Silca y Manto, en el Departamento de Olancho. Dicha veda, recibida como un triunfo por parte de los ambientalistas65, supuso sin embargo un duro golpe para la industria maderera, que expresó su temor sobre su posible desaparición como consecuencia de la misma, pues, según AMADOH, fomentaría aún más el corte ilegal, desincentivaría la inversión y crearía un ambiente de inseguridad jurídica. 66. Por otra parte, es preciso mencionar el impacto en términos de imagen o reputación del sector, que se ve seriamente afectado por las actividades de tala ilegal en su conjunto, a pesar de su heterogeneidad en el cumplimiento de la ley: algunas empresas operan totalmente fuera de la misma, mientras que otras hacen esfuerzos notables por mantenerse dentro de la legalidad. El informe de la EIA sugiere que el problema de la ilegalidad es transversal a los diferentes tipos de industria forestal, tanto en madera latifoliada como de pino, y tanto para el mercado nacional como para el de exportación. Además de las responsabilidades de la autoridad forestal en acabar con la tala ilegal,

una industria con vocación sostenible y creíble debería ser la primera interesada en limpiar su imagen. La reputación del sector importa no sólo a nivel nacional sino también en términos de exportación a otros países, en especial dado que Honduras tiene interés en explorar otros mercados para sus productos, según recomendó la Funda ción para las Inversiones y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE) en 2004, debiéndose poner especial atención al mercado salvadoreño, el mayor importador de la región centroamericana 67. Por último, es claro que la tala ilegal fomenta la destrucción del recurso y va en contra de todo esfuerzo que conduzca a un manejo sostenible. A pesar de los posibles incentivos de la tala ilegal, su objetivo de obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible, es decir, su visión cortoplacista, minaría en gran medida el futuro del sector.

3. Análisis Institucional del Sector Forestal En Septiembre de 2007 ha sido aprobada, después de un proceso de debates y consultas durado casi ocho años, la nueva Ley Forestal, de Áreas Protegidas y de Vida Silvestre. Se trata de un hito fundamental para el sector forestal del país. Sin embargo, al momento de la redacción final de este informe el texto definitivo de la nueva ley todavía no había sido publicado y difundido. Por lo tanto, en esta sección se hace referencia al marco institucional todavía vigente, sin especular sobre todos los cambios institucionales que prevé el nuevo texto.

3.1 Marco de política

En las últimas tres décadas se han desarrollado en Honduras importantes procesos gubernamentales en relación con la política forestal. P or lo general, estos se encuentran implícitos en diferentes instrumentos legales, que han generado impactos en el desarrollo forestal del país. Dichos procesos incluyen:

Ø Promulgación de la Ley Forestal vigente con el Decreto No. 85 de 1971.

Ø Establecimiento de la Administración Forestal del Estado (AFE) en 1992.

Ø Creación de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) en el año 1974 hasta la fecha, a través del Decreto Ley No. 103.

Ø Nacionalización del suelo forestal en el año 1974.

Ø Restablecimiento de la propiedad de los bosques a los propietarios de la tierra, mediante la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) de 1992.

Ø Liberalización de la comercialización interna y externa de productos forestales (LMDSA).

Ø Introducción de las subastas de madera en pie como mecanismo para acceder al aprovechamiento de los bosques nacionales de parte de las empresas privadas (LMDSA).

Ø La AFE-COHDEFOR asume solamente funciones normativas en bosques privados y ejidales, y de administración del bosque nacional a través de la LMDSA 1992.

Ø Creación del Plan de Acción Forestal PLANFOR 1996-2015.

Ø Estrategia de Reducción de la Pobreza 2001.

Ø Aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial 2003.

Ø Creación del Programa Nacional Forestal PRONAFOR Honduras 2004-2021

Ø Aprobación de la Ley de Propiedad en 2004, que abre la posibilidad de titular pequeñas áreas de tierras nacionales de vocación forestal (ello en aparente contradicción con la LMDSA que prohíbe explícitamente la titulación de dichas tierras).

Ø Incorporación del MFI, ejecutado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y Global Witness en coordinación con la Administración Forestal del Estado en el año 2005.

En este período se han alcanzado importantes progresos en la formación de recursos humanos en el campo forestal, avances en el conocimiento científico y el reconocimiento estatal y social sobre la importancia de los recursos forestales y la necesidad de implementar y coordinar políticas multisectoriales en áreas claves tales como forestería comunitaria, manejo de cuencas hidrográficas, gestión de áreas protegidas, apoyo a la consolidación y competitividad de un parque industrial significativo, mayor participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones y consolidación de un sistema de verificación y MFI, entre otras.

Como parte de los avances en materia de compromisos de políticas tanto a nivel del Estado, como de la sociedad y la comunidad internacional es menester tener como referencia base la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP)14, que refleja los compromisos adquiridos por el gobierno y la sociedad hondureña tomando en cuenta particularmente tres de sus ejes o metas para el año 2015 intrínsicamente interrelacionadas: la disminución de la vulnerabilidad ambiental y su impacto en la pobreza, la implementación de una estrategia para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en las zonas rurales. Para lograr estas metas, la ERP contempla medidas encaminadas a fortalecer las instituciones e instancias responsables de la gestión ambiental y de riesgo a través del fortalecimiento de los aspectos legales, institucionales, de planificación y aplicación de los instrumentos necesarios para mejorar la función coordinadora y normativa de las mismas. Así también, se consideran medidas enfocadas a propiciar la participación ciudadana tanto en la elaboración de políticas ambientales como en su involucramiento en la protección del ambiente, la prevención y la mitigación de desastres naturales.

Como acciones concretas para la implementación de una estrategia para el desarrollo sostenible destacan la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, la nueva ley forestal y la ley de gestión de riesgo. Se trata igualmente de lograr que las diferentes municipalidades integren en su plan de acción la protección ambiental y la gestión de riesgos. Otro factor de importancia fundamental en la ejecución de la ERP es el reconocimiento de que lograr cualquier meta en el contexto de la realidad hondureña sólo será posible a través de acciones encaminadas a reducción de la pobreza en las zonas rurales.

A pesar de estos importantes avances, sin embargo, es necesario mencionar que las diferentes iniciativas relacionadas con la creación e implementación de políticas forestales a menudo han acusado una falta de visión a largo plazo, a lo que se ha sumado que a menudo los esfuerzos han quedado en el papel sin ser realmente implementados. Ello también ha favorecido que cada nuevo gobierno haya considerado los programas forestales como algo heredado de gobiernos anteriores y, con ello, no les

hayan dado la continuidad necesaria. En definitiva, se ha perdido el impulso inicial de muchas iniciativas, sustituyéndolas por “nuevas ideas” que, de nuevo, no han llegado a producir los cambios profundos y de largo alcance deseados.

Por otra parte, en Honduras, al igual que en la mayoría de los países de la región Centroamericana, se ha pensado y planificado la política forestal en función casi exclusiva mente del aprovechamiento económico de la madera, en concreto de los rubros de producción y exportación de madera en trozas, madera aserrada, muebles, aprovechamiento de raleo, bosque con especies de rápido crecimiento, plantaciones, etc. Efectivamente, no se ha visto al recurso bosque de forma integral, de manera que no se valoran ni contabilizan otros usos del bosques, en particular los bienes y servicios ambientales provenientes del mismo, como por ejemplo desde la perspectiva de su valor ecológico, medicinal, cultural, alimenticio, investigativo, de ocio, etc. Falta también mayor trabajo en explorar la posibilidad de aprovechar “mercados verdes” por medio de la certificación, así como el valor de los bosques como sumideros de carbono. A pesar de esta infravaloración del recurso y del sector – que ni siquiera tiene tal categoría , pues se considera sub-sector – a lo largo de la últimas dos décadas, y particularmente con la Creación del Programa Nacional Forestal PRONAFOR 2004-2021, se empieza a reconocer institucionalmente la creciente importancia del sector forestal, con el consiguiente reconocimiento de la necesidad de contar con políticas claras e inversión en temas transversales tales como descentralización, acceso a la justicia, competitividad y apoyo a las microempresas y cooperativas forestales, entre otros, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Se evidencia además la necesidad de orientar la planificación operativa de los diferentes actores del sector forestal y el impacto/relación de esto con la disminución de la pobreza rural y manejo sostenible del recurso forestal. En tal sentido, se reconoce tanto de parte del Estado como de los diferentes actores involucrados la necesidad de elaborar acciones estratégicas para tratar conciliar las necesidades de la población rural, las demandas del mercado y el uso del recurso de manera sostenible. Los objetivos y metas planteados en el PRONAFOR se presentan en el Anexo 3. Pese a los loables esfuerzos e iniciativas en el sector forestal, el balance del desarrollo forestal generado como resultado de la implementación de las políticas forestales no se puede catalogar como satisfactorio. En la actualidad, y como ya se ha mencionado anteriormente, la alta tasa de deforestación, la degradación de los ecosistemas terres tres, el avance de la frontera agrícola y el aprovechamiento no controlado de los recursos forestales – debidos a fallas de políticas y de mercado que reducen la rentabilidad del manejo forestal y aumentan el costo de oportunidad de las áreas con bosque – continúan siendo temas de preocupación no sólo para la sociedad hondureña, sino también a nivel internacional, donde se reconoce que estos problemas obedecen a diversos orígenes de carácter social, económico, institucional y político. En tal sentido, las soluciones a los mismos son igualmente multidisciplinarias y a diferentes niveles y esferas tanto políticas, económicas como sociales.

Debilidades institucionales identificadas en la problemática forestal:

A. Incertidumbre en cuanto a la tenencia de la tierra:

Según la Ley Forestal, Decreto No. 85-71, por su régimen de propiedad, las áreas forestales se clasifican en:

• Áreas Forestales Públicas; éstas a la vez se clasifican en Áreas Forestales Estatales (poseídas por el Estado a nombre de la nación) y Áreas Forestales Ejidales (poseídas por las municipalidades).

• Áreas Forestales Privadas; a éstas corresponden las Áreas Forestales de propiedad particular, poseídas por personas naturales o jurídicas privadas y no tuteladas por el Estado, y las Áreas Forestales en Fideicomiso poseídas por las comunidades tribales bajo la tutela del Estado.

La Constitución de la República , en el Artículo 107, también incluye la propiedad “Comunal”, régimen que no se encuentra reflejado en la Ley Forestal vigente. Este tipo de contradicciones legales, entre otros factores, ha traído consigo constantes confusiones en relación con la tenencia, uso y aprovechamiento de la tierra y las consecuentes obligaciones para el titular de la misma. Cuando no es clara la propiedad o la posesión, tampoco es claro a quién imputar las consecuencias del mal manejo de la misma, incluyendo el aprovechamiento de los recursos contenidos en ella.

La tenencia de la tierra en Honduras esta caracterizada por la informalidad y la inseguridad: aunque la mayoría de las tierras están clasificadas como públicas (del Estado o de las municipalidades), se encuentran en gran parte ocupadas por individuos o comunidades que no poseen títulos de propiedad formales. Esta falta de reconocimiento legal de sus derechos de propiedad coadyuva a que el titular de la tierra no se responsabilice por mantenerla en buen estado, ni proteger los recursos de la misma. Más al contrario, normalmente fomenta la deforestación, el cambio de uso de los suelos y, en los peores casos, el aprovechamiento ilegal del recurso violando el estado de derecho y provocando en algunas regiones del país serios conflictos sociales como ya se ha discutido con anterioridad.

Este traslape de derechos de propiedad entre Estado y ocupantes de facto se da también en el caso de los bosques nacionales adjudicados a través de subastas. Entonces, cuando la AFE-COHDEFOR asigna el lote de madera, los ocupantes presentes se sienten denegados de sus derechos y tienden a resistir las decisiones de la AFE-COHDEFOR, generando conflictos con los empresarios a los cuales se les ha adjudicado los derechos de aprovechamiento forestal. El resultado es que para poder extraer la madera los empresarios deben convenir un pago adicional por metro cúbico con los ocupantes. Esta situación crea un incentivo perverso a cortar lo más posible lo más pronto posible, para compensar los costos adicionales y además porque el ambiente de falta de control sobre los recursos claramente no garantiza la continuidad del acceso al recurso.

En Honduras se pueden señalar dos casos con conflictos de tierra de importante relevancia: el primer caso es la Mosquitia, donde existe traslape de territorios indígenas sobre los que se tienen derechos ancestrales por cada etnia, además de la contradicción entre estos límites y los establecidos administrativamente por seis nuevos municipios. Afortunadamente hasta la fecha esta situación no ha tenido implicaciones significativas en el tema de la ilegalidad, pero la falta de fronteras claras para dichas etnias podría transformarse en un desincentivo muy relevante para el desarrollo de experiencias de manejo forestal. El segundo caso es el de Nahuanterique, Departamento de La Paz, que es un territorio recuperado por Honduras, mediante Fallo de la Corte Internacional de la

Haya, pero que aún está en manos de ciudadanos de El Salvador, quienes poseen títulos de tierra salvadoreños y no inscritos en Honduras, a lo que se une la falta de definición jurisdiccional municipal de esas tierras 68. Esta situación ha dado origen a un grave problema de trasiego clandestino de madera hondureña hacia el vecino El Salvador, que en ocasiones ha dado origen a confrontaciones violentas entre traficantes de madera y Fuerzas Armadas de Honduras.

B. Falta de planificación y ordenamiento terr itorial:

A pesar que en 2003 se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, las consecuencias de tantos años sin una política clara de ordenamiento territorial, sumadas a una situación de pobreza aguda , han provocado el desarrollo de actividades de subsistencia en suelos de vocación forestal en todo el territorio nacional. La deficiente planificación e implementación participativa de planes de manejo forestal (áreas protegidas, cuencas hidrográficas, y bosques productivos) han propiciado cambios en el uso de la tierra y abusos de la biodiversidad, creando un ciclo que comienza con la tala y quema de bosques para desarrollar actividades agropecuarias en suelos no aptos, lo que ha acelerado la degradación ambiental, con impactos en la baja productividad agrícola, creando un círculo vicioso de pobreza-deterioro ambiental-mayor pobreza. Estos fenómenos han interesados todo el país, en pasado principalmente en las zonas central, occidental y sur del país, mientras en la actualidad sobre todo en la parte nororiental (Departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios) y en la Cosa Norte.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, se estima que entre 80,000 y 100,000 ha se pierden anualmente debido a la ampliación de la frontera agrícola, incendios forestales y tala ile gal, especialmente en bos ques latifoliados, lo que representa 4.1 millones de ha de tierras deforestadas, particularmente en los Departamentos de Olancho, Colón, Atlántida y Gracias a Dios. El bosque de coníferas, aunque aparentemente más estable en su cobertura, ha sufrido una reducción en su capacidad productiva y calidad genética, como producto, principalmente, de los incendios y plagas forestales, así como de los aprovechamientos selectivos69.

Las corrientes migratorias, en los últimos años, se han dado principalmente hacia zonas rurales de constante atracción pero de gran fragilidad por sus características ecoló gicas, como son los bosques latifoliados de los departamentos menos poblados del país (Colón, Olancho y Gracias a Dios), que contienen las reservas forestales más importantes del país. La búsqueda de tierra para cultivos es el principal motor de la migración en las zonas rurales del país, pero es sobre todo la actividad ganadera la que fomenta el avance de la frontera agrícola. El uso desordenado del territorio acelera la vulnerabilidad ambiental, la degradación de los recursos y el deterioro y/o desaparición de ecosistemas.

C. Falta de controles institucionales-legales eficaces:

Como ya se ha discutido, cuando se habla de producción no controlada, las cifras son inexactas; sin embargo, para tener referencia del impacto que esta actividad puede significar para Honduras, tomando como base la pérdida neta de cobertura forestal de 58,000 hectáreas por año y considerando un volumen de madera de 134.8 m3/ha, la pérdida de volumen por año es de 7.82 millones de metros cúbicos; en cambio, la producción oficial reportada es menor a los 800,000 m3 para el año 2005. Esto implica que de forma general, Honduras tiene posiblemente una tala sin control de siete millones de metros cúbicos por año, de la cual una parte de este volumen entra al mercado70. Esto sugiere que el problema más grave desde el punto de vista ambiental es la deforestación. La tala ilegal puede contribuir a la deforestación en varias formas, por

ejemplo creando vías de acceso a zonas forestales remotas y reduciendo la viabilidad económica del manejo forestal responsable, pero en Honduras hay poca evidencia que sea una importante causa directa del cambio de uso del suelo.

El fenómeno de la tala ilegal, al igual que las irregularidades registradas en el sector forestal, se podría atribuir esencialmente a dos causas de origen institucional-legal:

1. Falta de mecanismos institucionales y legales eficaces, que fomenta las actividades ilegales. Esto se refiere principalmente a:

• La falta de mecanismos ágiles de control y supervisión en las actividades de uso y explotación del recurso forestal, que resultan en un “bajo riesgo” de los operadores ilegales de ser detectados y sancionados. Esta debilidad es generalizada en las distintas etapas de la cadena productiva, pero se podría argumentar que es particularmente grave en los sitios de aprovechamiento, debido a su lejana y/o dificultad de acceso.

• Las debilidades institucionales que enfrenta la Administración Forestal debido a la falta de recursos presupuestarios y técnicos para hacer aplicar la ley.

• Se observa en muchos casos la presencia del flagelo de la corrupción institucional a todos los niveles de la administración pública. Asimismo, existe un creciente temor y desmotivación por parte de las comunidades afectadas a denunciar actos ilícitos.

2. Obstáculos o barreras para cumplir la legislación71:

• Altos costos para realizar las transacciones forestales. En Honduras, los trámites de permisología son muy engorrosos, y esto fomenta en gran medida la ilegalidad. La aprobación de un plan de manejo puede, por ejemplo, tomar más de dos años. Aunque estos costos perjudican a todos los operadores del sector forestal, frecuentemente afectan en forma más grave a la s organizaciones comunitarias, sobre todo por la actitud de algunos funcionarios gubernamentales que tienden a priorizar trabajos ligados a intereses influyentes a expensa de los que conciernen grupos más marginados.

• Existencia de un marco legal confuso, en algunos aspectos contradictorios e inviable. Por ejemplo, tanto el marco legal pasado (aún vigente al momento de la redacción de este informe) como la nueva Ley Forestal enfocan su atención en bosques naturales y plantaciones, sin considerar el tema del aprovechamiento de árboles individuales en sistemas agroforestales o fincas silvopastoriles. El aprovechamiento de árboles individuales constituye una alternativa económica importante para muchos hogares rurales, pero la falta de mecanismos legales ágiles para autorizar este tipo de aprovechamiento los obliga a operar clandestinamente.

• Procesos judiciales sumamente lentos y falta de coordinación entre los actores responsables (AFE-CODEHFOR, Fiscalía y Procuraduría), debidos en parte a desconfianza institucional y en parte a ineficiencias en el flujo de información entre estas entidades.

Cuadro 10: Principales debilidades institucionales identificadas.

• Prácticamente en todas las áreas rurales ricas en recursos forestales existe confusión o incertidumbre sobre la tenencia de la tierra: indefinición en la tenencia de la tierra en áreas forestales.

• Falta de una política de ordenamiento territorial: e nfoque de desarrollo agropecuario poco sostenible en tierras no aptas para sostener dichas actividades.

• Fallas/contradicciones/vacíos identificados en el propio marco regulador: políticas inestables y de corto plazo y marco legal disperso y poco aplicable . Por ejemplo la falta de derechos de usufructo a largo plazo para las organizaciones comunitarias del SSF que tienen asignada un área de bosque nacional. Esta falla debería ser resuelta con la nueva Ley Forestal, que establece los contratos de manejo forestal comunitario. .

• Debilidad institucional en las autoridades pertinentes: preeminencia del poder político sobre el marco de competencias institucionales que se evidencia en la poca transparencia de los procesos de gestión y fomenta la corrupción institucional. Quizás el ejemplo más evidente de esto es representado por el Consejo Directivo de la AFE-CCOHDEFOR, cuyas deliberaciones han sido continuamente caracterizadas por la falta de transparencia y la influencia de sectores de la industria maderera, en contubernio con el poder político de cada momento.

• Factores económicos: falta de voluntad política para el apoyo financiero necesario para el cumplimiento de las responsabilidades institucionales legalmente asignadas.

• Bajo nivel de riesgos en la aplicación de sanciones y mecanismos de control: deficientes mecanismos de coordinación interinstitucional.

Fuente: Adaptado de información obtenida del estudio“The forestry sector in Honduras: the legal barriers”. Publicado por Filippo del Gatto, Adrian Wells, Michael Richards, Ibis Colindres y Arnoldo Contreras-Hermosilla y del Documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Multiphase Sustainable Forest Development Program Pro-Bosque”.

3.2 Marco Legal

El marco legal del sistema de control forestal hondureño tiene como principales instrumentos legales la Ley Forestal vigente y su respectivo Reglamento, la Ley de Creación de la AFE-COHDEFOR , la Ley de la Procuraduría Ambiental, Ley de la Fiscalia Ambiental, CITES y otras leyes complementarias que se muestran en el Cuadro 11 correspondiente al marco jurídico forestal vigente a diciembre de 2006. Las autoridades legalmente establecidas y delegadas con competencias administrativas en materia de derechos y obligaciones directamente relacionadas con el control, supervisión y verificación de la legalidad en el sector forestal y sus actores son las siguientes:

• La Administración Forestal del Estado, con el establecimiento de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR): esta institución ha sido desde 1974 la institución rectora del sector forestal del país. Hasta 1992 la AFE-

COHDEFOR concentraba una multiplicidad de funciones, incluyendo las funciones de producción y comercialización en todos los bosques del país (independientemente de la tenencia). En 1992, con la aprobación de la LMDSA, sus funciones cambiaron radicalmente, transformándose en una institución normadora del sector forestal y además administradora de los bosques nacionales. No obstante estos importantes cambios, la AFE-COHDEFOR conservó múltiples funciones, sin tener los recursos húmanos y financieros para poderlas llevar a cabo adecuadamente. Además la LMDSA no cambió la forma de financiamiento de la institución, que siguió con la obligación de generar su propio presupuesto a través las ventas de madera, perpetuando así un conflicto de interés que ha tenido implicaciones negativas a lo largo de toda la historia de esta institución. Más abajo se toca nuevamente este tema, explicando el importante cambio que al respecto introducirá la nueva Ley Forestal.

• La Policía Nacional con funciones vinculadas a la Dirección General de

Investigación Criminal:

• El Ejército Nacional: garantiza con su presencia en áreas de interés el control y supervisión del recurso bosque.

• La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA): entidad rectora de la

protección de los Recursos Naturales.

• La Procuradur ía del Ambiente y Recursos Naturales (PARN): actúa como abogado del Estado y sus acciones están en los ámbitos penales, civiles y administrativos, en dónde deben de llevar a cabo las investigaciones pertinentes cuando se ha actuado en perjuicio del Estado hondureño, incluyendo en menoscabo de los recursos naturales y el ambiente como un patrimonio del Estado.

• La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA): actúa como abogado del

público en general (personas naturales y jurídicas) y sus acciones están delimitadas en el ámbito penal a través de la acusación penal y la apertura de procesos penales. La FEMA coordina acciones con la PARN de manera que cruza información, se coordinan juicios conjuntos y se comparten expedientes, entre otras acciones.

• Las Municipalidades: tienen por ley el gobierno, administración y gestión de sus

municipios, incluyendo el manejo de los recurso naturales.

Cuadro 11. Normas legales aplicables al Sub-Sector Forestal

Número de Decreto o Ley

Nombre o Descripción Fecha de Publicación en La Gaceta

Decreto 113 Ley de Expropiación Forzosa 9 de mayo de 1914

Decreto 85 Ley Forestal 4 de Marzo de 1971 Decreto Ley 103 Decreto Ley 199-83

Creación de COHDEFOR Reformas Decreto Ley 103

10 de Enero de1974 25 de Noviembre de 1983

Decreto Ley 170 Ley de Reforma Agraria 8 de enero 1975 Decreto 981 Zona Libre de Puerto Cortés 06 de agosto de 1980 Acuerdo 634 Reglamento General Forestal 17 de Julio de 1984

Decreto 87-87 Ley de Bosques Nublados 5 de agosto de 1987 Decreto 74-91 Traslado de las Áreas Protegidas y

Vida Silvestre a la COHDEFOR

18 de Junio de 1991

Decreto 31-92 Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola

6 de abril de 1992

Acuerdo 1039-93 Reglamento al Capítulo de Aspectos Forestales del Decreto 31-92

20 de julio de 1993

Acuerdo 1088-93 Reglamento de Sanciones por incumplimiento a la Legislación Forestal

20 de julio de 1993

Decreto 163-93 Ley de Incentivos a la Forestación, Reforestación y Protección del Bosque

29 de Marzo de 1994

Decreto 199-95 Ley de Protección a la actividad caficultora

1 de marzo de 1996

Acuerdo 03-96 Reformas al Acuerdo 1039-93 8 de Mayo de 1996 Decreto 323 Creación del Fondo de Fomento

Forestal 18 de Febrero de 1999

Decreto 12-2000 Ley para el Desarrollo Rural Sostenible

5 de mayo de 2000

Acuerdo 1036-2000 Reglamento de la Ley para el Desarrollo Rural Sostenible

5 de septiembre de 2000

Decreto 118-03 Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento

8 de octubre de 2003

Decreto 180-03 Ley de Ordenamiento Territorial 30 de diciembre de 2003 Decreto 82-04 Ley de Propiedad 29 de junio de 2004 Fuente: adaptado y ampliado de: Perez,O; Vallejo Larios, M. 2005. Análisis comparativo entre la legislación forestal vigente y la propuesta de la nueva ley forestal, de las áreas protegidas y la vida silvestre.

Desde hace ya bastantes años, en Honduras se encuentra en fase de discusión una nueva Ley Forestal, pues la actual, que data de 1971, ha quedado obsoleta en muchos de sus artículos. Sin embargo, a pesar de que este proceso se inició ya a finales de los años 90, ha sufrido continuas demoras, y hasta la fecha no se ha materializado su aprobación.

Dos años después de la promulgación de la actual ley, en 1974, se creó, mediante el Decreto Ley no. 103, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), institución encargada del control y la administración de los bosques públicos y privados de Honduras, además de las actividades de conservación, reforestación, aprovechamiento, industrialización y comercialización de los productos forestales. Desde sus inicios, sin embargo, se evidenciaron graves problemas operacionales de este organismo, que resultaron en un manejo inadecuado de los recursos forestales. En un intento de mejorar la situación, a partir de 1992 se estableció un sistema de venta de madera en pie, sistema que, no obstante, también ha ocasionado problemas. En los siguientes años continuaron las reformas dirigidas a tratar de mejorar la institución, incluyendo una Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrario (Decreto 31-92) que transfiere nuevas competencias a AFE-COHDEFOR (como la administración de las Áreas Protegidas) pero no le asigna una partida presupuestaria del Estado adecuada para llevar a cabo sus funciones. Ello relega a la institución a depender de la venta de madera de bosques nacionales, empujándola a otorgar más ventas de madera de las que esta ría en capacidad de administrar y supervisar adecuadamente . Afortunadamente este conflicto de interés debería ser eliminado con la nueva Ley Forestal, que prevé el financiamiento de los costos operativos de la nueva autoridad forestal (Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, IFC) a través de partidas presupuestarias transferidas de parte de la Secretaría de Finanzas. Los años 90 vieron cómo la comunidad internacional comenzó a preocuparse por el estado del sector forestal en el país, y se llevaron a cabo múltiples iniciativas para apoyar la mejora del mismo. A pesar de las puntuales mejoras, permanece la problemática no sólo de un marco le gal anticuado sino de una aplicación débil y sesgada del mismo. El Monitor Forestal Independiente habla de un sesgo estructural y una excesiva discrecionalidad de la AFE-COHDEFOR, tanto a nivel central como local, a la hora de aprobar planes de manejo u operativos. La sección 4 sobre causas subyacentes o estructurales de la tala ilegal habla más en detalle de este tema. Debilidades institucionales y legales identificadas: A. Centralización en los procesos forestales: La AFE-COHDEFOR fue creada en 1974 con competencias legales fundamentalmente para ejercer el control de los bosques localizados en áreas forestales públicas y privadas incluyendo su conservación, reforestación, explotación, industrialización y comercialización de los productos derivados de los mismos. La AFE-COHDEFOR se podía considerar en tal sentido como la “propietaria” de los recursos forestales del Estado. Para el caso de las tierras de dominio privado, los propietarios recibían los beneficios derivados de la comercialización de los productos forestales de acuerdo a las directrices de la AFE-COHDEFOR. En 1992, sin embargo, con la aprobación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), esta situación cambió drásticamente con el retorno del vuelo forestal a los propietarios de la tierra y la AFE-COHDEFOR pasó de jugar rol de propietario y administrador a ser supervisor, con funciones además no generadoras de ingresos como la aprobación de los planes de

manejo de los bosques en terrenos privados y la coordinación de las subastas de madera de bosques nacionales. Con la devolución del vuelo forestal a los propietarios privados de la tierra se otorgó a éste sector el derecho al libre aprovechamiento, la industrialización y la comercialización interna y externa de la madera y demás productos forestales. Previo a la promulgación de esta ley, la relación entre la AFE-COHDEFOR y otras instituciones, así como con actores privados, grupos comunales y la sociedad civil, era más vertical; pero a partir de 1992, la forma de relacionarse de parte de la AFE-COHDEFOR se volvió más horizontal, y de igual forma se requirió que las demandas de coordinación fueran ampliada a mayor cantidad y tipos de actores e instituciones, para lo cual la AFE-COHDEFOR no estaba preparada ni estructural, ni técnica ni presupuestariamente. Para ilustrar un poco la situación, valga mencionar que los recursos financieros y logísticos de la AFE-COHDEFOR están concentrados en un 38% en su sede de Tegucigalpa, y tomando en cuenta las cuatro regiones más importantes del país (Yoro, Olancho, El Paraíso y el norte de Francisco Morazán, que producían más del 92% de la madera en rollo nacional), los recursos asignados eran menores al 24% del total de los recursos totales72. Esta situación inviable e irrealista en cuanto a la asignación de recursos humanos, logísticos y presupuestarios a las regiones más distantes de Tegucigalpa y con mayor potencial forestal ha originado una excesiva y engorrosa centralización administrativa que ha conllevado entre otras, las sig uientes situaciones:

• Centralización en la toma de decisiones, haciendo que el uso del sistema de administración forestal para cualquier tipo de trámite y/o gestión sea sumamente engorroso, complicado y caro para el usuario.

• Poca interacción por parte de los representantes de los departamentos y actores

relevantes del sector en la discusión, elaboración y aprobación de políticas administrativas forestales, ya que para los departamentos, ubicados a gran distancia de Tegucigalpa, es muy caro y difícil intervenir en los procesos de revisión y aprobación de los planes de manejo y planes operativos, existiendo en muchos casos una falta de coordinación y duplicación del trabajo.

• Centralización y falta de seguimiento y control a los procesos administrativos y

judiciales. La mayoría de las denuncias por faltas, incumplimiento y mal manejo del recurso forestal se suscitan en los departamentos y son identificadas, investigadas y si procede interpuestas por el delegado regional de la AFE-COHDEFOR. La denuncia es entonces trasladada a asesoría legal de la AFE-COHDEFOR en Tegucigalpa, donde se encargan de darle trámite e iniciar los procesos respectivos. Sin embargo, un alto porcentaje de los casos no son investigados por falta de recursos para movilizarse y garantizar el contacto del funcionario administrativo con la persona investigada, razón por la cual se cae en una situación de atraso administrativo que fomenta en mucho de los casos la ilegalidad y el sentimiento de “impunidad” del que explota el recurso15.

• Carencia de un sistema de información que logre integrar datos que sirvan para

la toma de decisiones y para reducir la discrecionalidad de los funcionarios, lo cual es un agravante en el actual sistema de administración forestal73. El establecimiento de un sistema de este tipo ya está previsto como parte del

programa Pro-Bosque , por lo que sería importante asegurar que dicho sistema ya previsto contenga información relativa a las empresas industriales y comunitarias activas en el sector, los permisos otorgados y su implementación de parte de los agentes beneficiarios. Si esta información fuese accesible al público por Internet, podría permitir una mayor participación de la sociedad civil en el monitoreo del sector forestal.

• Concentración de tareas del Departamento de Auditoria Técnica y Ambiental

(DATA) de la AFE-COHDEFOR, quien por ley corresponde verificar y determinar la legalidad en la actividad forestal en cualquier parte del país. No obstante, la mayor parte de los recursos se encuentran centralizados en Tegucigalpa y aunque existen Oficinas Regionales, por lo general no cuentan con los recursos técnicos ni humanos adecuados para realizar este trabajo. De acuerdo con este Departamento, un 90% de lo auditado presenta algún tipo de anomalías (en mayor o menor grado), y sin embargo solamente un 3% de los casos se resuelven debido a la maraña legal existente, a irregularidades de los actores en los procesos, a negligencias o a la falta de voluntad a lo interno de la Administración74.

B. Necesidad de mayor control y protocolo de actuación:

• No se identifica la existencia de un código de actuación o manual de procedimiento específico para casos de denuncias en materia forestal a lo interno de cada una de las instituciones involucradas, ni tampoco un manual de coordinación entre ellas mismas (AFE-COHDEFOR - PARN – FEMA - Ejército - Policía) en donde claramente se establezcan los tiempos, responsabilidades y acciones de cada institución y a lo interno de ellas mismas para investigar denuncias y dar seguimiento a los procesos.

• Lo anterior, conjuntamente con la falta de controles cruzados conlleva, entre

otras cosas, un fortalecimiento de la impunidad y una desmotivación de los ciudadanos y afectados en general para denunciar, además de favorecer el clima de impunidad. Esto se debe a la escasez de recursos económicos y humanos de las instituciones competentes, a la falta de cooperación y a la existencia de una actitud de competencia entre ellas. La presencia de controles cruzados sería particularmente relevante en el proceso del otorgamiento de derechos de aprovechamiento de parte de la AFE-COHDEFOR (en particular subastas, ventas locales y licencias no comerciales) y en el seguimiento y sanción de las infracciones detectadas.

• La FEMA señala que uno de los principales problemas de ilegalidad es debido al

hecho que la AFE-COHDEFOR entrega a los beneficiarios de los permisos de aprovechamiento facturas en blanco para el transporte de productos forestales, firmadas y selladas por la misma institución. Dada la escasa capacidad de monitoreo y control, esto permite el uso repetido y fraudulento de estas facturas de parte de los operadores , por ejemplo omitiendo la fecha de transporte y así posibilitando el uso de la factura en repetidas ocasiones.

• Además, la FEMA considera que la AFE-COHDEFOR no tiene un protocolo

definido para realizar las auditorías y no existen controles. En teoría, el libro de

control de ingresos de madera de la industria debería corresponder con la factura que respalda la compra de esta madera, pero hay varios mecanismos (por ejemplo, despacho de madera sin facturas de la industria, utilización de facturas duplicadas, facturas alteradas , etc.) que permiten un flujo de madera de origen ilegal que no es fácilmente detectable por la auditoría de AFE-COHDEFOR. Como ejemplo se menciona que una auditoría que realizó a la FEMA le ha tomado casi tres meses realizarla, mientras que a la AFE-COHDEFOR le tomó un día y medio completarla 75. En consecuencia, se debe realizar una revisión del DATA con la participación del Ministerio Público, para compatibilizar las metodologías de ambas instituciones.

• Los lazos de coordinación entre las instancias del sector forestal, como son la

industria y el comercio, son muy débiles, pues no existe un sistema que facilite el intercambio y el manejo de información estandarizada como por ejemplo oferta y demanda de madera, importaciones y exportaciones, mercados y productos, etc. Una situación similar se da entre las instituciones gubernamentales del sector (AFE-COHDEFOR, FEMA, PARN, SERNA, Fuerzas Armadas, Municipalidades y otros). Por ello, es muy común que los datos que se manejan en una institución sean diferentes a las de otras instituciones y organismos nacionales e internacionales.

• En el caso de las dos especies forestales listadas en los apéndices CITES

(Swietenia macrophylla en el Apéndice II y Cedrela spp. en el Apéndice III) , la autoridad administrativa encargada (SAG) otorga los permisos respectivos de exportación únicamente sobre la base de los documentos de la AFE-COHDEFOR, que sin embargo no garantiza la procedencia del origen legal de la madera ni mucho menos sus sostenibilidad, por lo que es necesario un sistema más confiable de verificación de la cadena de custodia por lo menos para madera de estas dos especies con la partic ipación coordinada de ambas instituciones.

• Como muestra el informe de la EIA publicado en 2005, hay sistemas de colusión

que distorsionan los mecanismos de competencia en las subastas de la AFE-COHDEFOR, reduciendo los ingresos de la institución por la ve nta en pie de bosques nacionales. Además, las subastas otorgan derechos de aprovechamiento por períodos muy breves (menos de un año), por lo que no ofrecen ningún incentivo para el operador que gana la subasta de cuidar el recurso para futuras cosechas.

3.3 Sistemas de Monitoreo y Control

Llevar a cabo un monitoreo y control de las actividades forestales (otorgamiento de los derechos de aprovechamiento, extracción forestal, transporte, comercialización y exportación) es un elemento crucial a la hora de lograr una aplicación de la ley efectiva. Un sistema de aplicación de la ley con mecanismos robustos a este respecto desincentivará a los operadores ilegales. En Honduras, compete a la AFE-COHDEFOR llevar a cabo el control de las operaciones forestales a lo largo de toda la cadena productiva. En su sede central de Tegucigalpa se encuentra el Departamento de Auditoría Técnica y Ambiental (DATA), que es el responsable de coordinar y realizar auditorias a diferentes niveles, actuando a

nivel de todo el país. El Cuadro 12 presenta las auditorías técnicas llevadas a cabo por este Departamento a lo largo del año 2006. Cuadro 12: Auditorías Técnicas 2006 Región Forestal

Auditorías a la industria

Supervisión a plagas forestales

Evaluación planes de manejo

Supervisión a planes operativos

Auditorías a las áreas protegidas

Operativos de control de transporte

Atlántico 4 Comayagua El Paraíso Fco. Morazán

4 1 1

La Mosquitia

Nor-occidental

1

Occidente Olancho 2 26 4 Pacífico Río Plátano Yoro 3 17 3 1 Total 13 43 8 3 Fuente: AFE-COHDEFOR. Anuario Estadístico Forestal 2006 El control de las actividades forestales continúa sin embargo presentando evidentes deficiencias que permiten que la tala ilegal continúe siendo un problema significativo. Estas se deben tanto a la falta de recursos humanos y financieros disponibles como a problemas de corrupción e intereses poderosos. En el primer caso, cabe citar como ejemplo que en el Municipio de La Unión solamente hay destinado un técnico de la AFE-COHDEFOR, que además no cuenta con carro, lo que como es evidente limita tremendamente su capacidad de supervisar las 120.000 hectáreas de área forestal de que consta este municipio 76. En el segundo caso, es innegable la existencia de problemas arraigados de corrupción institucional, que suponen posiblemente el mayor reto a la buena gobernanza forestal. Estos aspectos se discuten con más detalle en la Sección 4 sobre causas subyacentes o estructurales. El reconocimiento de la necesidad de mejorar el sistema de monitoreo y control se hace patente en los lineamientos definidos por los programas de la cooperación internacional. Así, por ejemplo, el Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible del BID (Pro-B osque) plantea como su segundo objetivo “mejorar la gestión y monitoreo de las tierras forestales (nacionales, municipales y privadas) regularizando su tenencia y adoptando mecanismos competitivos para la participación del sector privado” 77. Más específicamente, hace referencia a la necesidad de contar con un monitoreo y control del corte y tráfico ilícito de la madera y productos no maderables de los bosques, para lo cual “el Programa apoyará a la AFE, otras instituciones nacionales (Fiscalía, SERNA, Procuraduría del Ambiente, Policía Preventiva) y los gobiernos locales en el establecimiento de un programa interinstitucional descentralizado y eficiente para el

monitoreo, detección y procesamiento de casos de infracción de la normativa vigente para combatir el corte y comercialización ilícitos de la madera”78. Recientemente, además, se ha desarrollado una iniciativa de MFI, que tomó primeramente, en 2005, la forma de un proyecto piloto implementado conjuntamente por el CONADEH y Global Witness, y que desde entonces sigue siendo implementada y continua ampliando su área de acción, siendo Olancho y Yoro los departamentos donde más se ha centrado el trabajo de MFI. Esta iniciativa tiene como objetivo observar y apoyar el sistema oficial de implementación de la ley en el sector forestal, para lo cual CONADEH cuenta con el beneplácito y colaboración de la AFE-COHDEFOR, aunque siempre proporcionando una visión independiente de la misma. Hasta la fecha, el trabajo de MFI ha producido y publicado 50 informes de campo documentando casos concretos de actividades ilegales 79. El Anexo 2 presenta un cuadro resumen de los lugares donde se realizaron los trabajos de campo, los asuntos investigados y los resultados obtenidos. La consolidación de esta iniciativa se ha hecho evidente en los últimos meses, con la notable creación de un Comité Consultivo Interinstitucional (CCI) en mayo de 2007. Este Comité tiene la función de asegurar la coordinación interinstitucional en el seguimiento de los informes, en particular entre la FEMA y la PARN, que tienen las competencias en materia penal, y la AFE-COHDEFOR, que tiene las competencias en materia administrativa, mientras las otras instituciones miembros del comité aseguran una transparencia y amplia representación de diferentes actores del sector. El CONADEH, siempre con el apoyo de Global Witness, está llevando a cabo un programa de capacitación dirigido a municipalidades y actores de la sociedad civil.

4. Causas Subyacentes o Estructurales Existen pocas dudas sobre la existencia de causas subyacente s que permiten la perpetuación de las prácticas ilegales. La tala y comercio ilegales están estrechamente relacionados con la economía política del país en general y del sector forestal en particular. En este sentido, resulta absolutamente crucial tratar de entender la estructura subyacente de esta economía política, y más aún, tratar de cambiarla y adecuarla en la medida de lo posible para no permitir la perpetuación de la ilegalidad o de los climas de impunidad que reinan en el sector forestal entre quienes tienen poder o influencias suficientes para evadir la ley. Este aspecto no se limita a Honduras, sino que es un componente común en todos los países que sufren debilidades significativas en la gobernanza forestal. Se trata de uno de los elementos sin duda más importantes a atacar, pero a la vez uno de los más difíciles de combatir. No es el objetivo de este estudio el analizar a fondo las causas subyacentes de la tala ilegal, pero sí se tratará de dar algunas pinceladas sobre las más destacables. Corrupción institucional e intereses poderosos La primera de las causas subyacentes hay que buscarla en la existencia de prácticas corruptas a todos los niveles. De hecho, la corrupción viene afectando a toda la región centroamericana desde hace años, hasta el punto de haber sido definida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como uno de los “siete pecados” de la región 80. De igual manera, en el barómetro de corrupción global establecido por Transparencia Internacional en 2005 se encontró que el parlamento, la policía, la

magistratura y el fisco eran percibidos como extremadamente corruptos en toda la región. No cabe duda de que todo ello es en gran parte cierto para el caso de Honduras, donde los niveles de corrupción institucional han resultado en una aplicación de la ley limitada. Esto se debe en buena parte a la falta de balances y contrapesos entre las instituciones y la sociedad civil. Por ejemplo, esto se evidencia de forma emblemática en la limitada atención que el sistema judicial ha puesto en el tema de la tala ilegal, que a su vez se ha traducido en que en muy pocos casos han sido enjuiciados y condenados los responsables de actividades ilícitas. De igual forma, la falta de un sistema judicial efectivo y realmente independiente se ha traducido en que han sido muy pocos los enjuiciados y condenados por actividades ilícitas. Ello a su vez retroalimenta la ya existente cultura de impunidad con respecto a las infracciones cometidas en la tala y comercio ilegales. Víctor Meza y otros afirman lo siguiente sobre el funcionamiento de la corrupción: “Desde la percepción ciudadana, la corrupción funciona a través de varios procedimientos, donde prevalece el vínculo de la política partidista con la función pública, vínculo que se traduce en complicidad, tolerancia y permisividad de los sectores que utilizan y se apropian de los bienes del Estado para beneficio personal. La corrupción funciona con acciones encubiertas que le dan un carácter casi legal, ello dificulta la investigación y la sanción. […] los trámites lentos, burocratizados y extensos son más propensos a generar corrupción: por su parte, los usuarios de estos sistemas ofrecen, con el propósito de acelerar la gestión, “pagos o gratificaciones” a los funcionarios”81. El hecho de que las violaciones de la ley tengan tan baja probabilidad de resultar en condenas hace también que sean comunes las intimidaciones, amenazas e incluso asesinatos de quienes se saben impunes hacia las poblaciones locales o cualquier otra persona que se atreva a denunciar los hechos. Además, a menudo los hechos no son reportados por la autoridad forestal tanto por la falta de medios para hacerlo como, a veces, por la falta de voluntad e incluso también el miedo a las represalias, que afecta también a funcionarios del gobierno. Incluso cuando se reportan los casos, la falta de personal adecuadamente capacitado, las graves limitaciones de recursos financieros, la falta de motivación del personal y la corrupción hacen que sea improbable que se les de el adecuado seguimiento a dichos casos. No existe además un sistema eficiente que permita dicho seguimiento, de forma que es común que los casos iniciados se atasquen en la maraña burocrática y no progresen hasta su resolución. Igualmente, la falta de dicho sistema dific ulta mucho la disponibilidad de una información transparente y actualizada sobre el progreso o falta del mismo de casos individuales. Insistiendo sobre el tema de la corrupción institucional, es evidente que ésta afecta a altos funcionarios del Estado, que bien por intereses ocultos privados o por presiones externas – de mafias madereras, de políticos, de personas poderosas, etc. - muchas veces hacen la vista gorda sobre las actividades ilegales. Pero también a otros niveles se puede apreciar este flagelo. En particular, es evidente que la falta de incentivos y remuneraciones adecuadas de los agentes forestales les pone en una situación claramente susceptible de corruptibilidad. En muchas áreas rurales de Honduras, la vulnerabilidad a las presiones externas de los funcionarios locales de la AFE-

COHDEFOR es exacerbada por las intimidaciones personales en un contexto de violencia e inseguridad que existe en dichas áreas. La presencia endémica de la corrupción y su traslape con otras problemáticas sociales (pobreza, inseguridad, etc.) claramente implican la necesidad de un enfoque estratégico en la búsqueda de alternativas de soluciones. Indudablemente, un paso prioritario es aumentar el acceso del público a la información sobre el sector y poner más atención en las demandas y prioridades de los grupos de la sociedad civil sobre el sector (que enfatizan mucho más los servicios ambientales de los bosques que la producción de madera de forma industrial). Este clima es el caldo de cultivo ideal para los individuos y empresas que llevan a cabo actividades ilícitas. Si bien es cierto que hay madereros que tratan de operar dentro de lo estipulado por la ley, son también muchos quienes aprovechan este vacío institucional para campar a sus anchas de forma ilegal. La existencia de intereses poderosos detrás de la industria maderera, que actúan fuera del marco de la ley, ha sido documentada, entre otros, por la Agencia de Investigación Ambiental y el Centro para las Políticas Internacionales, cuyo informe insiste en que “la corrupción es uno de los problema más graves que enfrenta el país en general, y se manifiesta con especial intensidad en el sector forestal a través de una larga cadena de sobornos, conflictos de interés, abuso de la autoridad, actividades fraudulentas e impunidad. El resultado es una epidemia de tala ilícita que está despojando al país de sus recursos naturales y defraudando al gobierno y al pueblo de ingresos que necesitan con urgencia”82. En definitiva, la gobernanza débil y los elevados niveles de corrupción emergen como las claras causas estructurales que permiten que las actividades ilegales en el sector forestal prevalezcan a día de hoy. Esto ha sido reconocido por los organismos internacionales implicados en el país. Así, por ejemplo, el Banco Mundial incluye la mejora en la gobernanza como uno de los pilares de su programa en Honduras83, mientras que el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) ha llamado la atención sobre la necesidad de incrementar la capacidad del Estado para gestionar los recursos de forma transparente y con una rendición de cuentas adecuada84. Desde dentro del país también se han alzado voces de preocupación en este sentido. El monitor independiente concluyó en un informe que “existe considerable evidencia anecdótica sobre el hecho de que las decisiones oficiales sobre manejo forestal se ven afectadas por personas o compañías con influencia y poder económico. […] existe una excesiva discrecionalidad – tanto a nivel local […] como a nivel central […] en el momento de aplicar los criterios para la aprobación de planes de manejo y/u operativos”. A pesar de que, en su inciso 17, las normas técnicas dicen que “la AFE-COHDEFOR, tendrá un máximo de 60 días para resolver la aprobación o denegación de un plan de manejo ”85, en la práctica se observa que “estos procesos de aprobación pueden durar meses o hasta años, y ser extremadamente exigentes, cuando los documentos son presentados por organizaciones comunitarias de productores forestales (que no están ligadas a un patrono externo influyente); sin embargo, tienden a ser mucho más expeditos cuando conciernen directa o indirectamente a personas o empresas reconocidas e influyentes, incluso cuando los documentos presentan significativos vacíos o anomalías”. Y continúa: “Es la totalidad del marco legal e institucional del sector forestal del país la que está sesgada a favor de actividades comerciales forestales llevadas a cabo por el sector industrial, a menoscabo de la

forestería comunitaria y de los derechos de acceso de la población local al recurso forestal” 86. Pobreza y tenencia de la tierra Ya se ha mencionado con anterioridad que Honduras es un país con elevados niveles de pobreza, y cómo la misma está relacionada con el desarrollo de actividades de subsistencia en suelos de vocación eminentemente forestal. La tala ilegal de madera es también una actividad a la que a menudo se ven abocados los pobres. Sin embargo, resulta erróneo y peligroso culpabilizar a los pobres del problema de la tala ilegal. Sacar conclusiones de esta índole obvia un análisis más profundo de la relación entre tala ilegal y pobreza. Efectivamente, buscando más allá se evidencia que detrás de las actividades de tala ilegal llevadas a cabo por los pobres se encuentra una mezcla de una falta de opciones alternativas de empleo y una demanda de los productos ilegales a la que responden ante la necesidad de ingresos a corto plazo para satisfacer sus necesidades básicas, y que a su vez siguen incentivando estas actividades ilícitas. Ello explica e n parte también que las zonas más pobres del país sean las que sufran mayores problemas en este sentido. Centrar los esfuerzos por aplicar la ley en los pobres que talan ilegalmente es tratar los síntomas de la enfermedad, pero no la enfermedad en sí. Esto es particularmente evidente en el bosque latifoliado, donde no hay extracción a gran escala hecha por industrias madereras, sino que todo el aprovechamiento forestal es hecho por campesinos locales para los cuales dicha actividad es una de las pocas alternativas de ingresos económicos. Pero el vínculo entre pobreza y tala ilegal existe también en bosque de pino. Por ejemplo, en Olancho, Yoro y otros departamentos, además de la extracción hecha por industrias madereras, hay también miles de lechuceros que se dedican a la extracción informal de madera como fuente de ingresos . También se ha discutido ya el tema de la tenencia de la tierra, y como la incertidumbre que lo rodea supone una oportunidad para las actividades ilícitas. La aplicación de la ley se com plica y se abre un espacio para la arbitrariedad, que alimenta además el rechazo de las poblaciones rurales a la misma, pues la perciben como injusta. A pesar de que se han dado avances importantes en el país en lo tocante a titulación de tierras y la modernización del Registro de la Propiedad, queda aún mucho por hacer: la FAO estima que aún faltan por titular 1.5 millones de hectáreas de tierras nacionales y ejidales de uso agrícola y ganadero87. Causas históricas Otra importante causa subyacente se puede encontrar en la historia del país, en concreto la relativa al manejo de los recursos forestales, que aún hoy en día arrastra concepciones erróneas y tremendamente perjudiciales. En este sentido, Sandoval Corea afirma que “históricamente se ha tenido la falsa percepción de que el bosque es un recurso que siempre existirá: que se recupera y regenera por obra de la naturaleza; en consecuencia, el hombre sólo lo interviene, lo aprovecha. No se considera que en este proceso el recurso se degrada y se destru ye. No existen iniciativas para protegerlo ni manejarlo en forma racional. Aún más, se ha desarrollado y diseminado el sistema de tala -roza-quema como práctica de la agricultura migratoria y de subsistencia, aparte de la ganadería extensiva, como una actividad que forma parte del ciclo de preparación de las tierras para cultivo y manejo de pastizales”88. Efectivamente, en el país aún queda un gran remanente de la creencia establecida durante generaciones de

que las tierras boscosas no tienen uso y es preciso transformarlas en tierras agrícolas, ignorando la clara vocación forestal que la mayoría de las mismas tienen en Honduras. Se sigue viendo por tanto un beneficio en continuar expandiendo la imparable frontera agrícola y ganadera, que en muchas ocasiones sólo deja tierras agotadas y erosionadas a su paso, que son abandonadas en busca de nuevas tierras. Esta mentalidad es una de las causas subyacentes que siguen alimentando el corte ilegal de árboles. La cultura de destruir bosques en pos de tierras para cultivar sigue muy enraizada en muchas partes del país. A todo ello, además, no ayuda que el sub-sector forestal, como se le considera en Honduras, se encuentre bajo la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Los conflictos de intereses entre los diversos usos de las tierras son evidentes, y la actividad agrícola y ganadera es a menudo favorecida frente a la forestal. Esto es también cierto en términos de recursos destinados: ya se ha mencionado anteriormente cómo uno de los problemas a los que se enfrenta la lucha contra la tala ilegal es la escasez de recursos destinados a la misma. En definitiva, aunque no cabe duda de que Honduras es un país eminentemente forestal, en la mayoría de la población que vive en el área rural predomina la cultura agríc ola, lo cual viene generando desde hace décadas un conflicto con respecto al uso del suelo y la agricultura migratoria. Aunque, en este sentido, en 1992 se aprobó la LMDSA, que incluyó aspectos forestales, ésta no contribuyó en la realidad a un adecuado desarrollo forestal del país.

5. Transparencia, rendición de cuentas y administración y control del conocimiento e información La transparencia en el sector forestal es un elemento clave a la hora de asegurar una buena gobernanza en el mismo. Conocer cómo se está manejando el recurso es también fundamental para que puedan existir mecanismos efectivos y creíbles de rendición de cuentas. Otra de las barreras que enfrenta el sector forestal en Honduras es tanto la falta de información actualizada como la falta de diseminación de la información que sí se encuentra disponible. Esto es cierto tanto dentro de las instituciones gubernamentales, que no siempre comparten de forma eficiente sus datos, como de los flujos de información hacia la sociedad hondureña. Com o se ha descrito en páginas anteriores, es preciso promover un mayor acceso del público a la información, como planes de manejo, POAs aprobados, inventarios forestales, autorizaciones o permisos forestales, guías de transporte, volúmenes talados, procesados y comercializados y exportados, incluyendo los permisos CITES para caoba y cedro. Efectivamente, la falta de información fue identificada como una de las barreras a la legalidad en un estudio reciente, en el que se afirma: “El conocimiento que existe no siempre es diseminado y utilizado adecuadamente. Por ejemplo, frecuentemente el flujo de información entre instituciones gubernamentales es extremadamente lento. El resultado son tomas de decisiones a menudo contradictorias. […] Este problema además [se da] también adentro de una misma institución, por ejemplo entre técnicos de campo y funcionarios centrales. […] La limitada transparencia hacia el público de varias instituciones representa otra limitante”89.

De forma análoga a como se hacía referencia en el apartado de sistemas de monitoreo y control, existe igualmente un reconocimiento de la comunidad internacional que apoya la mejora de la gobernanza en el sector forestal hondureño de la necesidad de mejorar el conocimiento y acceso a la información. Así, por ejemplo, en el Programa Pro-Bosque se prevén componentes como la creación de una base de datos a la que puedan acceder las oficinas regionales de la AFE-COHDEFOR, así como un portal de Internet “con información principalmente para el sector privado, sobre producción, precios, calidades, importación, exportación y esquemas de financiamiento; oportunidades de negocios; normatividad e instrumentos legales; registro de proveedores de servicios acreditados; y modelos para el inventario y planes de manejo fo restal”90. Desde enero de 2007 se encuentra vigente una nueva Ley de transparencia y acceso a la información (Decreto 170-2006), que da base legal a las exigencias sobre la demanda de información. Esta ley, sin embargo, ha recibido críticas de representantes de la sociedad civil por la posibilidad que contempla de clasificar documentos como reservados, lo que podría resultar en la no publicación de mucha información bajo este pretexto91. En cualquier caso, parece positivo que se estén dando este tipo de avances, incluso con sus limitaciones, pero igualmente, si no más importante, es asegurar que la ley se aplica, pues en Honduras, como en tantos otros países, contar con un marco legal adecuado no es garantía de una mejora en la gobernanza y, en este caso concreto, de una mejora en el acceso a la información. La voluntad política para que las leyes se apliquen sigue constituyendo el elemento esencial. A esto se suman importantes barreras, que recientemente se han identificado como “la corrupción generalizada en la sociedad y la mutua desconfianza entre los gobiernos y la sociedad civil”92. De igual forma se afirma que los retos del acceso de información se centran en las dificultades para conseguirla, así como la incertidumbre de la sociedad civil de qué hacer con la información cuando se consigue, y el hecho de que existe poca apropiación por la dificultad en transformarla en un insumo útil para la incidencia. Martínez (2003) afirma que todas estas limitantes se evidencian aún más cuando se habla del sector forestal y la valoración de los bienes y servicios del bosque y del manejo forestal sostenible. Este autor reporta que un 73% de la población considera que la mayoría de la información requerida por la sociedad no existe o no ha sido generada. Además, un 93% de la población no sabe adónde se encuentra la información 93. La falta de información es también identificada como uno de los obstáculos a la legalidad en el sector forestal de Honduras por la Iniciativa Puembo II, que cita los siguientes elementos fundamentales relacionados con este aspecto: el limitado conocimiento de los recursos forestales (datos de base), y sobre todo de su evolución a través del tiempo (monitoreo); el inadecuado flujo de información entre instituciones gubernamentales y también al interno de cada una, con consecuentes decisiones a menudo contradictoria s; y la limitada diseminación de la información hacia los usuarios del bosque94. Lo anterior enfatiza una vez más el rol fundamental de la sociedad civil bien organizada y fuerte, con capacidad operativa para que para que en forma independiente use la información, le de seguimiento sostenible a los casos y problemas y denuncie, exija transparencia y asegure rendición de cuentas.

6. Conclusiones y Recomendaciones El trabajo de consolidación y análisis de algunos de los trabajos más actuales y significativos del sector forestal en Honduras permite hacer algunas reflexiones y extraer algunas conclusiones y recomendaciones para abordar la problemática de la tala ilegal, que se presentan a continuación: Sobre leyes y políticas, y sobre su aplicación

• Resultaría sin duda beneficioso aprender de experiencias que han resultado exitosas en la reforma de políticas forestales en otros países. Honduras no es el único caso donde hay una evidente debilidad institucional a diferentes niveles y a pesar de que los retos para superarla son muchos, es posible hacerlo si existe la voluntad de los actores involucrados. Esta reforma debe además ser consensuada entre las distintas partes y necesariamente resultar de un proceso de consulta con la sociedad hondureña, asegurando que ésta participe de forma significativa y que sus puntos de vista sean tomados en cuenta.

• Los marcos legales y políticos deben en todo momento buscar una sostenibilidad del recurso y un reparto equitativo de los beneficios derivados del manejo. Se deben analizar los datos actualizados sobre los recursos forestales disponibles y lograr así establecer límites de corta apropiados. Debe equipararse además la madera legal a la madera sostenible, de forma que al aplicarse la ley se asegure también que se está favoreciendo el uso adecuado de los bosques.

• El desarrollo de nuevos marcos políticos y legales, así como la implementación de la ley en la práctica, deben llevarse a cabo con un mayor grado de conciencia de la realidad que vive el país. En particular, se debe prestar especial atención a no marginar ni excluir del sector, su manejo y su preservación, a las comunidades locales que viven del mismo, priorizando su acceso a los derechos de aprovechamiento forestal y prestando más atención a las prioridades que la gente local tiene sobr e los recursos (quienes en general enfatizan el beneficio de los servicios ambientales, en particular el agua, respecto a la madera). La alienación de estas comunidades minaría el futuro de los bosques de Honduras.

• Se debe considerar la conveniencia de iniciar un proceso de desconcentración de las instituciones competentes y readecuación de recursos presupuestarios y humanos en los territorios. Uno de los problemas actuales para lograr estabilidad en la buena gobernanza forestal regional es la baja presencia efectiva de las diversas instituciones de Gobierno en muchos sectores del territorio nacional. La AFE-COHDEFOR es una de las instituciones con mayor representación regional; teóricamente es amplia, pero realmente es muy baja la presencia territorial a nivel nacional. Otras instituciones vinculadas al subsector, como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el Ministerio Público, etc., tienen aún menor presencia. La gobernanza forestal se verá por tanto fortalecida en la medida que las instituciones tengan mayor presencia y las municipalidades se conviertan en verdaderos impulsores de este objetivo. Particularmente, se requiere mayor esfuerzo de gobernanza, en zonas fronterizas, entre las que tienen alta prioridad las zonas denominadas recuperadas en la frontera con El Salvador y en la frontera entre Honduras y Nicaragua, específicamente en los Departamentos de Gracias a Dios y Olancho

• En este sentido, el proceso de municipalización impulsado con la creación del Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Municipal, en 1994, ha venido a contribuir considerablemente a este aspecto. Hasta la fecha se han experimentado importantes avances en el pr oceso de descentralización, pero sin embargo, se debe reconocer que en el ámbito forestal aún falta mayor apropiación de las municipalidades, considerando las competencias que el marco jurídico les otorga.

• El marco legal hondureño establece principios relacionados con la autonomía,

transparencia, regulaciones y supervisión y otorga potestad y diversos roles a varios entes del Estado, para asegurar, entre otros, el manejo sostenible de los recursos forestales, que deben hacerlo en forma complementaria entre sí. Para ello se requiere poner en ejecución un sistema con un mecanismo ordenado, confiable y transparente sujeto a las leyes y a la constitución y con verdadera independencia de los intereses políticos y/o partidarios.

• Una mejor aplicación de la ley es un elemento clave en la lucha contra la tala y

comercio ilegales de madera. En concreto, el Estado de Honduras debería dedicar más recursos para poder llevar a cabo estas actividades, en especial las relativas al monitoreo de las actividades forestales que se llevan a cabo en los departamentos más importantes desde el punto de vista de la producción forestal (Olancho, Yoro, Francisco Morazán, EL Paraíso, Atlántida, Colón, Gracias a Dios y Comayagua). Dado que los recursos serán siempre limitados una vez se conociera los recursos con lo que se podría contar resultaría imprescindible asegurar que no se otorgan más permisos forestales de los que se pueden controlar.

• Sin resta importancia a la necesidad de tener un marco legal y político adecuado,

un aspecto crucial es lograr llevar adelante casos contra personas y empresas que están operando ilegalmente. Esto sin duda tendría un gran impacto y enviaría un claro mensaje de que las reglas del juego están cambiando y la impunidad no se tolera. Especialmente importante sería la imputación de operadores ilegales de poder y peso político, dada su mayor capacidad de actuar (y por tanto de destruir el recurso y defraudar en el pago de impuestos). En definitiva, si bien las actividades ilegales son siempre punibles, evidentemente no causa el mismo impacto (en los bosques, en el clima de impunidad) perseguir a lechuceros que a los grandes madereros a los que muchas veces aquellos abastecen. Es crucial también perseguir a los autores intelectuales, es decir, quienes se e ncuentran realmente detrás de todo el entramado de actividades ilícitas.

• Resulta igualmente fundamental asegurar que la ley incluya desincentivos

poderosos para las actividades ilegales, como por ejemplo mayores sanciones administrativas y penales, de forma que, al aplicarse la misma, se pueda definitivamente erradicarlas. Análogamente es preciso establecer incentivos para quienes operan dentro del marco de la ley, por ejemplo ofrecimiento de capacitación y asistencia técnica, reducción de los trámites administrativos, y posiblemente rebaja de la carga tributaria). Especialmente importante es dar cabida dentro de la misma a las organizaciones de base comunitaria, que a menudo encuentran dificultades para aportar la capacidad técnica y económica para acceder al manejo de bosques. Se debe proporcionar mecanismos viables

para incorporar a dichas comunidades al sector y permitirles un uso sostenible de los mismos que revierta en beneficios económicos y en una conservación del recurso a largo plazo.

• Como se ha visto previamente, un elemento que viene a complicar las

actividades de tala ilegal es la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra. Resulta fundamental llevar a cabo un proceso de titulación de tierras, particularmente en Yoro, Olancho, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, con un proceso de consulta y participación activa de las comunidades locales. Como afirman Molnar et al. (2004), “[la] tenencia apropiada es aquella que respecta los derechos y que provee la estructura de incentivos adecuada para el manejo [forestal] deseado”95.

• Se debe procurar una mayor movilización en forma independiente de la sociedad

civil, así como una mayor inclusión del sector privado, las comunidades, y los gobiernos municipales, en la formulación de políticas de Estado, incluyendo el tema de políticas forestales, y para ello es importante continuar fortaleciendo y legitimando los mecanismos de consultas y participación ciudadana que ya se han venido dando en las últimas dos décadas. Es importante no ver a la consulta ciudadana como una simple “formalidad” sino como un mecanismo de participación real en la formulación de las políticas. Análogamente, no hay duda de que la sociedad civil organizada y activa debe tener un rol fundamental en el control social del sector forestal. Por ejemplo, debería promoverse una mayor apropiación del MFI de parte de grupos de la sociedad civil y ONGs.

Sobre el tráfico de madera ilegal

• Es evidente que la madera ilegal existe porque hay un mercado que la demanda . Quienes la adquieren lo hacen en ocasiones desconociendo que el producto que compran ha sido obtenido violando las leyes del país, y en otros casos, más preocupantes, sabiéndolo. Para el primer caso, es crucial que existan campañas efectivas de información y concienciación del consumidor, paralelamente a una facilitación de información que permita conocer el origen de la madera y por tanto poder tomar decisiones discernidas. En el segundo caso, es necesario diseñar (cuando no existan) y aplicar medidas que permitan tomar las acciones administrativas, civiles y penales pertinentes contra quienes adquieren productos ilegales. Existen en este sentido experiencias y leyes en otros países que podrían tomarse como modelos. El Lacey Act96 de Estados Unidos, por ejemplo, establece sanciones para una amplia variedad de violaciones a la ley, entre las que se encuentra el comercio de especies animales y vegetales que han sido obtenidas, transportadas o vendidas de manera ilegal.

• Es conocido en el sector que el mecanismo de las subastas no está funcionando

como debiera y que los amaños de las mismas son comunes. Para que el comercio de la madera tenga credibilidad, tanto en el país como mirando hacia la exportación, debe urgentemente establecerse un mecanismo de subastas de madera que sea abierto y transparente, y posiblemente de más largo plazo, de forma que se asegure la sostenibilidad. Otra prioridad es la regularización de la tenencia de la tierra de los bosques nacionales. Ello va no sólo en beneficio del Estado y la población del país, sino también de l mismo sector maderero, que

ante un mercado que cada vez más reclama madera de origen legal, precisa adaptarse o será eventualmente excluido del mismo.

• El comercio transfronterizo ilegal de madera es un tema que se debe abordar de

forma coordinada y siné rgica entre los países de la región afectados. El Gobierno de Honduras y sus homólogos vecinos deben buscar estrategias comunes y apoyarse para luchar contra esta problemática. Como ya se ha mencionado, y como afirma el estudio VERIFOR para Honduras, principalmente esto debería centrarse en la frontera con El Salvador (Nahuanterique) y Nicaragua (La Mosquitia y Patuca)97. Esto podría incluir, entre otras actividades, un fortalecimiento de las autoridades aduaneras, incluyendo tanto un incremento del personal como un programa a nivel regional de capacitación del mismo, de forma que mejoren su capacidad de detección de madera ilegal e impidan su exportación o importación. Ello debería aplicarse especialmente en el caso de las especies incluidas en el caso de las especies incluidas en los apéndices CITES.

• Actualmente existe un creciente reconocimiento de la problemática de la tala

ilegal que se ha materializado en una serie de procesos a nivel regional conocidos como “Aplicación de la Ley y Gobernanza”. Estos procesos se han concretado inicialmente a través de conferencias ministeriales a nivel regional. En 2001 se celebró una conferencia de esta naturaleza en Bali (Indonesia), en un proceso para el Este de Asia; en 2003 en Yaundé (Camerún) para África. Actualmente otras regiones, como el norte de Europa y Rusia, están también realizando avances en este sentido. A nivel de la Unión Europea también se ha desarrollado, en 2003, un Plan de Acción para la aplicación de la ley, gobernanza y comercio forestales conocido como FLEGT por sus siglas en inglés98. Parece efectivamente existir un buen momentum para abordar el tema de la tala ilegal a un nivel más alto. En este sentido, sería interesante para Honduras y la región centroamericana en general plantearse la posibilidad de sumarse a estas iniciativas, tal vez a través de una conferencia interministerial como ha sucedido en otras regiones. Parecen existir discusiones preliminares sobre esta posibilidad, pero hasta la fecha nada se ha materializado. Recientemente, en junio de 2007, se llevó a cabo un taller sobre tala y comercio ilegales de madera en la ciudad de San Pedro Sula, en el que tuvieron ocasión de participar todos los Directores de las instituciones forestales de la región centroamericana. Como colofón a este evento se elaboró una Declaración que podría considerarse semejante a otras declaraciones ministeriales llevadas a cabo en años anteriores en otras regiones del mundo (tales como las Declaraciones de Bali, en 2001, y de Yaundé , en 2003). Este pudiera ser ta l vez considerado como un primer paso hacia un proceso FLEGT a nivel mesoamericano, y sería importante darle el seguimiento y peso específico adecuado para lograr un cumplimiento de los compromisos adquiridos.

• Otra iniciativa a tener en consideración es la Iniciativa Presidencial contra la

Tala Ilegal promovida desde Estados Unidos en el año 2003. Centroamérica es tá incluida en dicha iniciativa, aspecto que se podría aprovechar, en especial dado que las estrategias en que se centra dicha estrategia incluyen aspectos clave para Honduras, como es el tema de la gobernanza. Sería también una buena oportunidad para establecer acuerdos con el país que colaboren a la lucha

conjunta contra la tala ilegal, lo cual revierte especial relevancia dado que Estados Unidos es uno de los mercados más importantes de exportación de madera hondureña.

Sobre bosques y comunidades

• La nueva ley forestal en proceso de aprobación dedica un capítulo a la forestería comunitaria y otros mecanismos de inclusión de la sociedad en el manejo de los recursos naturales. Es esencial que esta provisión se refleje en la realidad y se asegure la participación significativa de las comunidades tanto en la planificación como en la implementación de actividades de manejo forestal sostenible. Es igualmente importante que se apoye a las comunidades y se las proteja de abusos de poder o de mecanismos perversos (por ejemplo, como la limitación de un máximo de aprovechamiento de 200m 3 en bosque latifoliado y 1,000m3 en bosque de pino por año establecida en pasado para las organizaciones adscritas al Sistema Social Forestal de la AFE-COHDEFOR) que no les permitan beneficiarse del uso de sus bosques. Hay en el mundo experiencias positivas de manejo comunitario de las que podrían sacarse lecciones para el caso hondureño, e igualmente hay experiencias que no han prosperado de cuyos errores se debería aprender para no repetirlos.

• Se debe hacer una profunda revisión del Sistema Social Forestal con vistas a una

introducción de salvaguardas organizativas. Este mecanismo, que tiene como origen la loable meta de permitir a comunidades locales de campesinos asociadas y organizadas en cooperativas el acceso al manejo de los bosques, en la práctica ha estado plagado de problemas, como anteriormente se ha descrito. Resulta esencial asegurar que se elimina la posibilidad de que existan abusos de autoridad y usos fraudulentos de dichas cooperativas, práctica habitual hasta la fecha. Los mecanismos revisados deben apoyar las organizaciones de base comunitarias con un compromiso real de manejar sosteniblemente sus bosques, facilitando a las mismas apoyo para lograrlo y excluyendo a cooperativas establecidas con intereses ilícitos. Una forma de lograr esto podría ser proveyendo asistencia técnica apropiada y mecanismos de financiamientos ágiles por un lado, y por el otro, estableciendo salvaguardas organizativas que reduzcan la posibilidad de infiltración y manipulación por parte de intereses externos.

• La solución a la problemática de los lechuceros debería buscarse tanto en una

reforma de políticas que aborde el problema más amplio, en concreto la demanda de madera ilegal a la que responden, así como en la toma de medidas socio-económicas que apoyen a estas personas a salir de la clandestinidad a la que a menudo se ven abocadas, particularmente, en los Departamentos de Olancho y Yoro y en la Costa Norte. Las alternativas de solución deberían incluir procesos organizativos de estos aserradores y además una simplificación radical de los trámites administrativos para lograr derechos legales de acceso al recurso, complementada en este caso también por salvaguarda s que reduzca el riesgo de abuso por parte de élites locales.

• La cultura hondureña sigue fuertemente influenciada por la primacía de intereses

ganaderos sobre forestales. Es preciso concienciar a la población sobre la

vocación forestal de los suelos de Honduras y apoyar iniciativas que permitan un uso sostenible y que a la vez permita obtener ingresos a las poblaciones locales. En particular, el cambio de uso de tierras forestales a pastizales constituye un serio problema, y uno muy intrincado en la mentalidad ganadera. Debe hacerse una ordenación racional y adecuada del territorio a estos efectos.

• Sería de gran interés poder contar con una mayor participación ciudadana en la

toma de decisiones, mecanismos efectivos de fiscalización y rendición de cuentas por parte del gobierno. Esto debería incluir programas de concienciación y capacitación, en paralelo con un sistema transparente de seguimiento de casos que permita una fiscalización apropiada por parte de la ciudadanía , por ejemplo mediante la publicación de los informes de investigación y avances en el seguimiento de los casos por parte de la AFE-COHDEFOR y otras instituciones, en forma similar a lo que hace actualmente el proyecto de MFI. Existen modelos interesantes de sistemas de seguimiento de casos basados en sistemas informáticos en otros países, cuyas fortalezas, debilidades y lecciones aprendidas podrían resultar de utilidad para diseñar un sistema apropiado en Honduras. Por ejemplo, en Camerún se ha diseñado una base de datos oficial que proporciona información detallada para el seguimiento de los casos de delitos forestales.

Sobre la industria y el mercado

• La industria forestal con vocación sostenible debería ser la primera interesada en limpiar la imagen del sector, a menudo asociada a la tala ilegal. Uno de los elementos fundamentales en este sentido debería ser promover una mayor transparencia en el sector, de forma que el público interesado pueda acceder fácilmente a sus registros, actividades, ingresos y gastos. Ya existen algunas iniciativas en este sentido, como el convenio establecido entre la Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales (AHPAAF) y AMADOH, por el que se acuerdan, entre otros aspectos, a “permitir que miembros de la Ahpaaf, acompañados de técnicos de COHDEFOR y fiscales del ambiente, visiten los aserraderos de la Amadoh, sin previo aviso y revisar los libros de entrada y salida de madera así como los sitios donde realizan cortes”99. El acceso se debería extender a todo tipo de información (mapas, documentos, lugares de aprovechamiento y transformación, etc.) y al público en general.

• Los países consumidores de productos extraídos de los bosques son co-

responsables de asegurar un manejo legal y sostenible de los mismos. Es la demanda de madera ilegal la que provoca que exista una oferta, y los consumidores deben tomar un papel proactivo en la lucha contra este flagelo. Ello debería incluir, en el caso del mercado internac ional, el establecimiento de controles efectivos en las fronteras, junto con legislación apropiada que prohíba la importación de madera y productos derivados de la misma de origen ilegal. El Lacey Act, al que ya se ha hecho referencia más arriba, podría proporcionar un insumo interesante. Otras iniciativas a nivel internacional, como el ya también citado proceso FLEGT de la Unión Europea, o la Iniciativa Presidencial contra la Tala Ilegal de los Estados Unidos, podrían igualmente ser aportes interesantes y apoyar en el avance en este sentido.

• Para mejorar la aplicación de la ley, deben establecerse acciones conjuntas entre

Honduras como país exportador y los países que importan sus productos. Ello debe incluir el intercambio eficiente de la información nece saria para lograr identificar la madera ilícita, y, mejor aún, una coordinación de esfuerzos en las aduanas. Aunque Honduras no exporta mucha madera a la UE, debería evaluarse la potencial utilidad de establecer un Acuerdo de Asociación Voluntaria (AAV) con la misma, lo que, al menos, debería facilitar la presencia de recursos de la cooperación internacional para mejorar el sistema de verificación de la legalidad en el país.

• Se deben fomentar instrumentos de mercado, tales como la certificación de

madera con sellos de probada credibilidad y otros mecanismos apropiados de verificación de la legalidad del origen de la misma.

Sobre la información disponible

• Para poder proteger y permitir un uso sostenible de los recursos forestales de Honduras, es necesario contar con información geográfica fidedigna y actualizada de los mismos. Honduras no cuenta con información detallada y al día en este sentido, lo cual dificulta tremendamente esta labor. Los datos más actuales muchas veces no pasan de estadísticas generales y de poca utilidad a escala local. El Gobierno de Honduras, con la ayuda de la comunidad internacional, debería realizar un estudio comprehensivo de los recursos forestales del país que permitiera conocer en detalle la extensión y características de los bosques hondureños.

• Dicha información debería además ser puesta a disposición del público en aras

de una mayor transparencia. Las personas deben conocer sus derechos y sus deberes con respecto a esta información, con el fin de contribuir de manera activa en un manejo adecuado de los bosques y exigir al gobierno una rendición de cuentas apropiada.

Sobre herramientas existentes para luchar contra la tala ilegal

• El MFI significa un apoyo real a la institución, pero falta mejorar la capacidad técnica interna de la AFE-COHDEFOR a través de una mayor capacitación y más recursos humanos. Los informes de CONADEH y Global Witness han servido como herramientas para ilustrar la problemática, pero para que puedan ser utilizados como pruebas en los juicios, el Ministerio Público debe confirmar la información como órgano competente. Se puede igualmente establecer una cooperación entre el Ministerio Público y CONADEH para capacitar el equipo de MFI en aspectos como la diferenciación entre faltas administrativas y delitos y otros (asesoría legal). Sin embargo, es necesario resaltar que los informes de MFI llegan a conocimiento del fiscal y proveen pautas para iniciar las investigaciones de forma oficiosa. Una debilidad sigue siendo el seguimiento de los casos, como muestra la información presentado en el Cuadro 2 de la Sección 2 de este informe.

• Al momento de escribir este informe, está siendo finalizado un estudio de caso para Honduras por parte del proyecto VERIFOR sobre opciones para la verificación forestal. Con este trabajo se intenta desarrollar un portafolio de opciones institucionales para la verificación y el control social de la aplicación de la ley forestal que puedan ser implementados por el país en cuestión. Es de desear que en los próximos meses se empiece a sentir el impacto positivo de esta iniciativa en Honduras.

• Como ya se ha mencionado, se debe procurar una mayor inclusión de la

sociedad civil, el sector privado, las comunidades, y los gobiernos municipales, en la formulación de políticas de Estado, incluyendo el tema de políticas forestales y para ello es importante continuar fortaleciendo y legitimando los mecanismos de consultas y participación ciudadana que ya se han venido dando en las últimas dos décadas. Es importante no ver a la consulta ciudadana como una simple “formalidad” sino como un mecanismo de participación real en la formulación de las políticas.

8. Anexos

Anexo 1 : Enfoques y las causas más sobresalientes de la problemática forestal

Fuente: PRONAFOR 2004-2021.

Anexo 2: matriz de seguimiento a los informes de CONADEH

Esta matriz se encuentra disponible solicitándola a CONADEH.

Anexo 3 : Objetivos y metas del PRONAFOR vinculados directamente a objetivos nacionales

Referencias 1 Gobierno de la República de Honduras, “Estrategia para la Reducción de la Pobreza: un compromiso de todos por Honduras”, 2001, p.III. 2 Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones – FIDE, y Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, “ Diagnóstico de la competitividad de Honduras ”, marzo 2003. 3 Servicio de información de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. http://www.ittis.org/profiles/profile_la_ho.htm 4 Programa Nacional Forestal – PRONAFOR, Honduras 2004-2021. 5 FAO, “State of the World’s Forests 2007” Anexo p.114. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0773e/a0773e10.pdf 6 AFE-COHDEFOR, “Política Forestal, de las Áreas Protegidas y Silveste”, http://www.cohdefor.hn/documentos/politica_forestal.shtml (visitado en mayo 2007). 7 Programa Nacional Forestal – PRONAFOR, Honduras 2004-2021. 8 Servicio de información de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. http://www.ittis.org/profiles/profile_la_ho.htm 9 Plan de Acción Forestal – PLANFOR, 1996. 10 Banco Interamericano de Desarrollo, “Honduras: Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (Pro.Bosque)”, 2003. http://www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=423474 11 ITTO, “ Illegal logging and forest law enforcement in Honduras”, preparado por AFE-COHDEFOR, 20-23 July 2004. 12 Anne M. Larson y Jesse C. Ribot, “The poverty of forest policy: double standards on an uneven playing field”. Pendiente de publicación en el Journal of Sustainability Science, vol. 2, no. 2. 2007. 13 Discurso de Investidura del Presidente entrante Manuel Zelaya Rosales, 27 enero 2006. 14 Discurso de Investidura del Presidente entrante Manuel Zelaya Rosales, 27 enero 2006. 15 Cabe anotar que aunque la nueva Ley Forestal haya sido aprobada el 13 de Septiembre de 2007, al momento de la redacción de este informe todavía no había sido publicado el texto definitivo de la misma. 16 PUEMBO II, José Guillermo Flores Rodas, José Arnoldo Santos Zelaya, “Análisis de los procesos y principales resultados del Programa Forestal Nacional PFN en Honduras”, Honduras, Octubre 2006. p.viii. 17 Aroldo Contreras -Hermosilla, “Barreras a la legalidad en los sectores forestales de Honduras y Nicaragua”, 2003. 18 Filippo Del Gatto y REMBLAH-COSPE, “Barreras a la legalidad en el sector forestal de Honduras ”, 2003. 19 CONADEH y Global Witness, “Proyecto Piloto de Monitoreo Forestal Independiente: Primer Informe General de Actividades, mayo – julio 2005”, http://www.globalwitness.org/media_library_get.php/317/primer_informe_general.pdf. 20 CONADEH y Global Witness, “Monitoreo Forestal Independiente en Honduras: Segundo Informe General de Actividades, mayo 2005 – abril 2006”, http://www.globalwitness.org/media_library_get.php /318/segundo_informe_general.pdf 21 Filippo Del Gatto, “¡El magnate de la madera soy yo! Defraudando el Sistema Social Forestal en el Valle del Río Paulaya”, FEHCAFOR-REMBLAH-MOPAWI-ODI-DfID, julio 2002. www.talailegal-centroamerica.org/downloads/case%20studies/estudio_combinado.pdf 22 Ver el informe 14 de MFI. http://www.globalwitness.org/data/files/projects_honduras_downloads/es/Informe%20014(Es).pdf 23 Ver, por ejemplo, los informes de MFI números 5 y 6, y 16 a 20. http://www.conadeh.hn/informes_monitoreo_forestal.htm 24 Ver, por ejemplo, los informes de MFI números 2, 3, 5, 6, 11, 12, 26 y 30, http://www.conadeh.hn/informes_monitoreo_forestal.htm 25 Ver, por ejemplo, el informe 12 de MFI. http://www.globalwitness.org/data/files/projects_honduras_downloads/es/Informe%20012(Es).pdf 26 CONADEH, “Informe No. 36: Mecanismos utilizados en el Mercado Ilegal de Madera de Caoba de la Reserva del Hombre y la Biosfera de Río Plátano (RHBRP), 28 febrero 2007 http://www.conadeh.hn/informes_monitoreo_forestal.htm . 27 Ibid. 28 Ver, por ejemplo, los informes 6, 13, 24, 25, 28 y 31 de MFI. http://www.conadeh.hn/informes_monitoreo_forestal.htm.

http://www.globalwitness.org/data/files/projects_honduras_downloads/es/006(es).pdf 29 Filippo Del Gatto y REMBLAH-COSPE, “La producción forestal no controlada en Honduras: ¿qué es? ¿Cuánta es? ¿Y cuánto cuesta? Unas respuestas preliminares” 2003. http://www.catie.ac.cr/BancoMedios/Documentos%20PDF/(5)%20produccion_honduras_filippo_sp5_v9_web.pdf 30 Duncan Brack y Gavin Hayman, “Intergovernmental Actions on Illegal Logging – Options for intergovernmental action to help combat illegal logging and illegal trade in timber and forest products. A Scoping study prepared for UK Department for International Development” , marzo 2001. http://www.illegal-logging.info/uploads/Illegalloggingfinalreport.pdf ” 31 Filippo Del Gatto y REMBLAH-COSPE, “El comercio no documentado de madera en Centro América: Comparación de datos estadísticos y evidencia anecdótica”, 2003. http://www.talailegal-centroamerica.org/downloads/spanish/8commercio_regional_sp8_v3%20with%20Annex%201.pdf 32 Center for International Policy y Centro de Investigación de la Comunicación, “Emergencia en el Bosque, resumen ejecutivo”, Conferencia Internacional “Gobernabilidad y Transparencia en el sector forestal de Nicaragua”, Managua, 17 octubre 2006. 33 Filippo Del Gatto, “¡El magnate de la madera soy yo! Defraudando el Sistema Social Forestal en el Valle del Río Paulaya”, FEHCAFOR-REMBLAH-MOPAWI-ODI-DfID, julio 2002. www.talailegal-centroamerica.org/downloads/case%20studies/estudio_combinado.pdf 34 EIA/CIP, “ La crisis de la tala ilegal en Honduras”. 2005. 35 Arnoldo Contreras Hermosilla, “ Barreras a la legalidad en los sectores forestales de Honduras y Nicaragua”. 2003. 36 El Heraldo, “’Narcos’ detrás del tráfico de madera”, 23 febrero 2005. 37 El Heraldo, “Ganaderos vinculados a red de traficantes de madera”, 18 febrero 2005. 38 Filippo Del Gatto y REMBLAH-COSPE, “La producción forestal no controlada en Honduras: ¿qué es? ¿Cuánta es? ¿Y cuánto cuesta? Unas respuestas preliminares”, 2003. http://www.catie.ac.cr/BancoMedios/Documentos%20PDF/(5)%20produccion_honduras_filippo_sp5_v9_web.pdf 39 Michael Richards, Filippo Del Gatto y Gilberto Alcocer López, “ El Costo de la Tala Ilegal en Centroamérica. ¿Cuánto Están Perdiendo los Gobiernos de Honduras y Nicaragua?”, 2003. http://www.talailegal-centroamerica.org/downloads/spanish/9costo_tala_ilegal_sp9_v4_web.pdf 40 El Heraldo, “Sigue latrocinio del bosque”, 28 febrero 2005. 41 CONADEH, “Custodio urge luchar por una política forestal”, 6 diciembre 2006. http://www.conadeh.hn/noticias/urgepolitica_forestal.htm 42 ODI. Governance and Poverty Impacts of the Illegal Timber Trade in Central America http://www.odifpeg.org.uk/activities/environment al_governance/s0092/ppsS92.pdf 43 Adaptado y ampliado de Michael Richards, Filippo Del Gatto y Gilberto Alcocer López, “ El Costo de la Tala Ilegal en Centroamérica. ¿Cuánto Están Perdiendo los Gobiernos de Honduras y Nicaragua?”, 2003. http://www.talailegal-centroamerica.org/downloads/spanish/9costo_tala_ilegal_sp9_v4_web.pdf 44 Filippo Del Gatto, “¡El magnate de la madera soy yo! Defraudando el Sistema Social Forestal en el Valle del Río Paulaya”, FEHCAFOR-REMBLAH-MOPAWI-ODI-DfID, julio 2002. www.talailegal-centroamerica.org/downloads/case%20studies/estudio_combinado.pdf 45 Estrategia para la Reducción de la Pobreza 2001-2015. 46 Programa Nacional Forestal – PRONAFOR, Honduras 2004-2021. 47 EIA/CIP, “ La crisis de la tala ilegal en Honduras”. 2005. 48 Ver el informe 8 de MFI. http://www.globalwitness.org/data/files/projects_honduras_downloads/es/Informe%20008(Es).pdf 49 CONADEH y Global Witness, “Monitoreo Forestal Independiente en Honduras: Segundo Informe General de Actividades, mayo 2005 – abril 2006”, http://www.globalwitness.org/media_library_get.php/318/segundo_informe_general.pdf 50 Organización Internacional del Trabajo, “Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, adoptado el 27 de junio de 1989 y en vigor desde el 5 de septiembre de 1991. 51 Georg Grünberg, “Tierras y territorios indígenas en Centroamérica”. URACCAN Managua, 2003. 52 MAO, “ Comunicado no. 32 del Movimiento Ambientalista de Olancho”, 12 febrero 2007. 53 El Heraldo, “Autoridades temen rearme en Salamá”, 14 febrero 2007. 54 Víctor Meza, Juliera Castellanos, Oscar Ávila, Tamón Romero y Leticia Salomón, “Corrupción y transparencia en Honduras”, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), 2002. p. 33. 55 EIA/CIP, “ La crisis de la tala ilegal en Honduras”. 2005.

56 CONADEH y Global Witness, “Monitoreo Forestal Independiente en Honduras: Segundo Informe General de Actividades, mayo 2005 – abril 2006”, http://www.globalwitness.org/media_library_get.php/318/segundo_informe_general.pdf 57 Eva Sanchís, “Guerra en los bosques de Honduras”, El Diario La Prensa, 21 mayo 2007. 58 Tyndall Centre for Climate Change Research, http://www.tyndall.ac.uk/ 59 Filippo Del Gatto, “¡El magnate de la madera soy yo! Defraudando el Sistema Social Forestal en el Valle del Río Paulaya”, FEHCAFOR-REMBLAH-MOPAWI-ODI-DfID, julio 2002. www.talailegal-centroamerica.org/downloads/case%20studies/estudio_combinado.pdf 60 Programa Nacional Forestal – PRONAFOR, Honduras 2004-2021. 61 Banco Interamericano de Desarrollo, “Honduras: Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (Pro-Bosque)”, 2003. http://www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=423474 62 Servicio de información de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. http://www.ittis.org/profiles/profile_la_ho.htm 63 Luca Tacconi, “Verification and Certification of Forest Products and Illegal Logging in Indonesia”, Illegal Logging. Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade. Earthscan Publicatios, 2007. 64 Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones – FIDE, y Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, “ Diagnóstico de la competitividad de Honduras ”, marzo 2003. 65 Ver Comunidado No. 13 del Movimiento Ambientalista de Olancho. 66 El Heraldo, “Veda forestal acabaría con industria maderera”, 18 marzo 2005. 67 El Heraldo, “Industria maderera debe explorar otros mercados”, 24 julio 2004. 68 Documento Borrador. “Diagnóstico del Sistema de Verificación de la Legalidad en el Sector Forestal de Honduras”. Mauricio Sánchez, Guillermo Navarro, Carlos Sandoval. Borrador, 08 de marzo de 2007. 69 Documento Oficial Programa Nacional Forestal PRONAFOR Honduras 2004-2021. Pág. 28. 70 “The forestry sector in Honduras: the legal barriers”. Publicado por Filippo del Gatto, Adrian Wells, Michael Richards, Ibis Coindres y Arnoldo Contreras-Hermosilla. 71 “The forestry sector in Honduras: the legal barriers”. Publicado por Filippo del Gatto, Adrian Wells, Michael Richards, Ibis Coindres y Arnoldo Contreras-Hermosilla. 72 Descentralización de la gestión forestal en Honduras: Mirando hacia el futuro. Informe de la Comisión Interventora de COHDEFOR Luís Eveline, 2004. 73 Documento Borrador. “Diagnóstico del Sistema de Verificación de la Legalidad en el Sector Forestal de Honduras”. Mauricio Sánchez, Guillermo Navarro, Carlos Sandoval. Borrador, 08 de marzo de 2007. 74 Documento Borrador. “Diagnóstico del Sistema de Verificación de la Legalidad en el Sector Forestal de Honduras”. Mauricio Sánchez, Guillermo Navarro, Carlos Sandoval. Borrador, 08 de marzo de 2007 75 Documento Borrador. “Diagnóstico del Sistema de Verificación de la Legalidad en el Sector Forestal de Honduras”. Mauricio Sánchez, Guillermo Navarro, Carlos Sandoval. Borrador, 08 de marzo de 2007 76 CONADEH y Global Witness, “Monitoreo Forestal Independiente en Honduras: Segundo Informe General de Actividades, mayo 2005 – abril 2006”, http://www.globalwitness.org/m edia_library_get.php/318/segundo_informe_general.pdf 77 Banco Interamericano de Desarrollo, “ Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (Pro-Bosque)”. 78 Banco Interamericano de Desarrollo, “ Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (Pro-Bosque)”. 79 Los informes individuales de campo se pueden ver en http://www.conadeh.hn/informes_monitoreo_forestal.htm. 80 UNDP, "Democracy in Latin America: Towards a Citizens' Democr acy", 2004 81 Víctor Meza, Juliera Castellanos, Oscar Ávila, Tamón Romero y Leticia Salomón, “Corrupción y transparencia en Honduras”, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), 2002. p. 31. 82 EIA/CIP, “ La crisis de la tala ilegal en Honduras”. 2005. 83 World Bank, ”Honduras country br ief”. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/H ONDURASEXTN/0,,contentMDK:21035522~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295071,00.html 84 DFID, Latin America Regional Assistance Plan 2004 -2007 85 AFE-COHDEFOR, 1999. Normas técnicas y reglamentarias para la elaboración de planes de manejo forestal en bosques de coníferas, mixtos, naturales y plantaciones. Resolución No.GG-PMF-020-99. 86 CONADEH y Global Witness, “Monitoreo Forestal Independiente en Honduras: Segundo Informe General de Actividades, mayo 2005 – abril 2006”, http://www.globalwitness.org/media_library_get.php/318/segundo_informe_general.pdf

87 FAO, “Tenencia de la tierra en Honduras ”, información de la página digital http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/derprop/tenenhon.htm 88 Rigoberto Sandoval Corea, “Evolución de un bosque en proceso de extinción”. Ed. Guaymuras, Honduras, 2006. p. 53. 89 Filippo Del Gatto y REMBLAH-COSPE, “Barreras a la legalidad en el sector forestal de Honduras ”, 2003. 90 Banco Interamericano de Desarrollo, “ Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (Pro-Bosque)”. 91 SNV, “Transparencia y gobernabilidad – Honduras: ley de transparencia y acceso a la información pública causa polémica”. 21 febrero 2007. http://www.snv-la.org/noticia/Honduras?idnoticia=47 92 José Luis Espinoza M. y José Filadelfo Martínez H., “ Ver para creer: la transparencia y rendición de cuentas de la sociedad civil en Honduras”, Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), febrero 2007. 93 José Filadelfo Martínez, “Ver para Creer: La información pública ciudadana en América Central. Un estudio desde la sociedad civil”, Fundación Acceso e IDRC., San José, Costa Rica. 2003. 94 José Guillermo Flores Rodas y José Aroldo Santos Zelaya, “ Análisis de los procesos y principales resultados del Programa Forestal Nacional PFN en Honduras”, Inici ativa Puembo II, octubre 2006. 95 Molnar, A., Scherr, S.J., and Khare, A. 2004, “Who Conserves the World’s Forests? A New Assessment of Conservation and Investment Trends”, Forest Trends, Washington, D.C. 96 Lacey Act 16 U.S.C. §§ 3371-3378. 97 Mauricio Sánchez, Guillermo Navarro, Carlos Sandoval, “Diagnóstico del sistema de verificación de la legalidad en el sector forestal de Honduras ”, CATIE, 2007. 98 FLEGT – Forest Law Enforcement and Trade. 99 AHPAAF - AMADOH, Convenio de 24 de octubre de 2006.