ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA ......COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL Análisis al Informe del Resultado

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL

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AUDITORÍAS PRACTICADAS A ENTES VINCULADOS CON SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UEC-008-2008 Abril de 2008

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Análisis al Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2006

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CONTENIDO

Página PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................ 5

1. CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR FINANCIERO Y LAS FINANZAS PÚBLICAS...…..... 7 1.1 El sector Hacienda y Crédito Público..…………………………………...…………….……. 7 1.2 Presupuesto ejercido en el Sector Hacienda y Crédito Público………………….............. 9

2. ANTECEDENTES DE AUDITORÍAS PRACTICADAS AL SECTOR HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO 2000-2005................................................................................................ 11 2.1 Número y tipo de auditorías practicadas……………………………………………………. 11 2.2 Observaciones-acciones promovidas………………………………………………............. 12 2.3 Avance en la solventación de observaciones-acciones con corte al

31de marzo de 2008….……………………………………………….................................. 14 3. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2006 EN EL

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ……................................................................... 19 3.1 Auditorías practicadas……………………………………………………………………...…. 19 3.2 Observaciones-acciones promovidas……………………………………………………..… 20 3.3 Impacto económico y recuperaciones probables………………………………………….. 21 3.4 Auditorías de desempeño en las entidades del sector Hacienda y Crédito Público….… 22 3.5 Comentarios sobre los resultados de la fiscalización 2006 a entes del

sector Hacienda y Crédito Público…..……………………………………………………….. 24 4. RESULTADOS DE AUDITORÍAS RELEVANTES ………………............................................. 33

4.1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Evaluación de las Finanzas del Sector Público Presupuestario……………………………………………………........... 35

4.2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Evaluación del Otorgamiento de Subsidios para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores Rural y pesquero………………………………………………………………………………………... 37

4.3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Evaluación de la Regulación y Supervisión de las Entidades Financieras de Seguros, Valores, Pensiones y Organizaciones Auxiliares del Crédito………………….……………………….................. 41

4.4 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fiscalizar el Cumplimiento de los Objetivos Contenidos en los programas Federales para representar el Interés de la Federación en Controversias Fiscales y para la Representación Judicial y Administrativa en Juicios o Procedimientos ante los Tribunales de la República y otras Autoridades Competentes y de los Recursos Financieros Aplicados para ese fin……………………………………………………………………….... 44

4.5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa………………………………….......... 47

4.6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero……………………………………………..……………... 49

4.7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Contratación del Préstamo Programático para el Desarrollo de Políticas Financieras y Crecimiento….................... 51

4.8 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Evaluación del Cumplimiento de la Normativa de los Fideicomisos, Mandatos y Análogos en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos……………………………………………………………… 53

4.9 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Evaluación Financiera de los PIDIREGAS………………………………………………………………………………....….. 55

4.10 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Evaluación de los Pasivos Laborales a Cargo de los Gobiernos Estatales y Municipales…………………..……...………………. 58

4.11 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fiscalización de las Obligaciones de la Deuda del Gobierno General y de las Universidades Públicas Estatales………... 61

4.12 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informe Integral sobre Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos……………………………………………………….……... 66



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Página

4.13 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Operación del Fideicomiso del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros…….………………………………………….….. 69

4.14 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recursos Económicos Destinados a la Atención de los Daños Causados por el Huracán Stan en el Estado de Chiapas……………………………………………………………………………………….… 72

4.15 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recursos Fiscales Excedentes ..………...... 74 4.16 BANSEFI. Evaluación de la Situación Financiera del Banco del Ahorro Nacional y

Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, las Garantías que por Ministerio de Ley le Otorga el Gobierno Federal, y el Cumplimiento Normativo de su Sistema de Jubilaciones y Pensiones……………………………….…......................... 76

4.17 BANSEFI. Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios, Generales” ……..... 80 4.18 BANCOMEXT. Evaluación de las Garantías que por Ministerio de Ley Otorga el

Gobierno Federal al Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, y del Cumplimiento Normativo de su Sistema de Jubilaciones y Pensiones ….. 83

4.19 BANOBRAS. Evaluación de las Garantías que por Ministerio de Ley Otorga el Gobierno Federal al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, y del Cumplimiento Normativo de su Sistema de Jubilaciones y Pensiones………………………………….………………………………....... 86

4.20 BANOBRAS. Evaluación de las Obligaciones Garantizadas por el Gobierno Federal a Cargo del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas.………... 88

4.21 BANOBRAS. Deuda Externa Banobras……………………………………………………... 90 4.22 BANOBRAS. Ingresos por Cuotas de Peaje de la Carretera México – Puebla ………… 92 4.23 CNBV. Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores…………………………………………………………………………. 96 4.24 Financiera Rural. Otorgamiento de Créditos y Recuperaciones de Cartera……………. 99 4.25 FIRA. Evaluación de las Obligaciones Garantizadas por el Gobierno Federal a

Cargo de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura…………………… 101 4.26 INEGI. Evaluación de los Sistemas y Servicios de Estadística, e Información

Geográfica………………………………………………………………………………………. 104 4.27 IPAB. Costo Fiscal de los Procesos de Disolución y Liquidación de las

Instituciones de Banca Múltiple: Banco del Sureste, S.A.; del Banco Promotor del Norte, S.A.; y del BNP México, S.A………………………………………………………...... 106

4.28 IPAB. Cuotas Pagadas por Instituciones de Banca Múltiple……………………………… 108 4.29 IPAB. Evaluación de la Conclusión de los Nuevos Programas Banco Mercantil del

Norte, S.A; Banco Nacional de México, S.A; BBVA Bancomer, S.A; y HSBC México, S.A………………………………………..…………………………………… 110

4.30 IPAB. Evaluación de la Emisión de Bonos de Protección al Ahorro…………………….. 113 4.31 IPAB. Evaluación de las Erogaciones para los Programas de Apoyo a

Ahorradores de la Banca……………………………………..………………………………. 114 4.32 IPAB. Evaluación de la Posición Financiera del IPAB……………………………………... 116 4.33 IPAB. Evaluación del Procedimiento para la Enajenación de la Tenencia

Accionaria del Consorcio Aeroméxico, S.A.B de C.V……………………………………… 119 4.34 LOTENAL. Cuentas de Resultados “Premios”……………………………………………… 125 4.35 Nacional Financiera S.N.C. Evaluación de las Garantías que por Ministerio de

Ley Otorga el Gobierno Federal a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, y del Cumplimiento Normativo de su Sistema de Jubilaciones y Pensiones….. 127

4.36 Nacional Financiera S.N.C. Cuentas de Balance Activo “ Cartera de Crédito”…….……. 129 4.37 Nacional Financiera S.N.C. Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del

Artículo 16 de la Ley Aduanera ………………………………………….….……………..… 131 4.38 SAT. Evaluación de las Administraciones Locales..……………………………………..… 133 4.39 SAT. Evaluación del Destino de los Decomisos en Materia Aduanera………………….. 136 4.40 SAT. Fiscalizar el Cumplimiento de los Objetivos contenidos en los Programas

Federales para la Defensa del Interés de la Federación en Controversias Fiscales y de los Recursos Financieros Aplicados para ese Fin…………………………………….... 139

4.41 SAT. Recaudación de Ingresos por Derecho de Trámite Aduanero……………………… 142



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Página

4.42 SAT. Recaudación de Ingresos por el Impuesto Sobre la Renta, Pagos del Ejercicio de las Personas Físicas y Morales.…………………………..………………..…. 144

4.43 SAT. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Aguas, Refrescos y sus Concentrados ………………………………………………………………….………..… 146

4.44 SAE. Evaluación del Control y Seguimiento de los Fideicomisos, Mandatos, y Análogos a Cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.…………... 147

4.45 SAE. Evaluación del Proceso de Disolución y Liquidación del Sistema Banrural....…… 149 4.46 SAE. Proceso de Liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior. S.N.C.……….. 151 4.47 SAE. Evaluación del Proceso de Liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C 154 4.48 SAE. Evaluación del Proceso Utilizado para el Destino de los Bienes Decomisados…. 156 4.49 SAE. Evaluación del Fideicomiso de Pensiones del Sistema BANRURAL…………..….. 158 4.50 Separata. Informe sobre la Fiscalización del Derecho de Trámite Aduanero 1999-2006. 160

ANEXO 1. RESUMEN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA AUDITORÍA

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2006, SEGÚN SECTOR, ENTE AUDITADO Y TIPO DE REVISIÓN…………………… 169

ANEXO 2. RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2006 SEGÚN SECTOR, ENTE AUDITADO Y TIPO DE ACCIÓN………….. 175



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PRESENTACIÓN En atención a los acuerdos tomados por el Pleno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en su décima reunión plenaria, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) preparó el presente documento, que tiene como objetivo apoyar a la Comisión en su atribución de evaluar si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cumple con las funciones que la Ley le confiere, a través del análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 que el órgano fiscalizador rindió a la H. Cámara de Diputados. Dentro de las acciones para evaluar el desempeño de la ASF, la Comisión de Vigilancia acordó llevar a cabo el análisis al Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2006, con base en la revisión de una selección de auditorías relevantes, agrupadas conforme a sus funciones, para lo cual se definieron los siguientes bloques: Sector financiero; funciones de gobierno; funciones de desarrollo económico; funciones de desarrollo social, y auditorías a entidades federativas y municipios. Con este documento, se inicia el trabajo de análisis sectorial a los resultados de las 754 auditorías practicadas por la ASF. En éste se analizan y comentan los aspectos centrales de las auditorías practicadas por la entidad de fiscalización superior de la Federación a entidades de la Administración Pública Federal que por su función genérica se encuentran vinculadas con el Sector Hacienda y Crédito Público. El documento hace referencia a las 83 auditorías practicadas a los 15 entes del sector Hacienda y Crédito Público, entre los cuales figuran: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Lotería Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguro y Fianzas (CNSF), instituciones de la Banca de Desarrollo (Bansefi, Bancomex, Banobras, Nafin, Finar) Pronósticos para la Asistencia Pública y el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Es importante hacer mención de que en forma específica, de las 83 auditorías del sector, se revisó con un mayor detenimiento una selección de 52 auditorías relevantes y la separata sobre el Informe de Fiscalización del Derecho de Trámite Aduanero 1999-2006. En la revisión de estas auditorías se tocan temas de trascendencia camaral como son las finanzas del sector público presupuestario; los fideicomisos, mandatos y contratos análogos; PIDIREGAS; pasivos laborales de gobiernos estatales y municipales; fondo de estabilización de ingresos petroleros; recursos fiscales excedentes; regulación y supervisión de entidades financieras; subsidios a los sectores rural y pesquero; cumplimiento de objetivos de la CNBV y de los sistemas y servicios del INEGI; cuotas



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pagadas por instituciones de banca múltiple; administraciones tributarias locales; destino de decomisos en aduanas; ingresos por el ISR; y controversias fiscales, entre otros. Respecto de la organización de contenido, el documento está estructurado en cuatro apartados. El primero tiene que ver con un diagnóstico sobre la importancia del sector en el contexto de la Administración Pública Federal (APF) destacando las metas trazadas al inicio de la administración 2001-2006 y los principales logros durante el último año. El segundo apartado, desarrolla los antecedentes de las auditorías practicadas al sector en el periodo 2000-2005, así como las observaciones y acciones promovidas y el avance en su solventación. El tercer apartado, expone de manera global los resultados de las auditorías practicadas al sector en la revisión de la Cuenta Pública 2006, que incluyen comentarios en cuatro niveles: sobre el desempeño de la ASF, sobre la fiscalización al sector, sobre las auditorías de desempeño y sobre la muestra de auditorías relevantes. En la cuarta sección, se presentan resúmenes de los resultados particulares de las auditorías seleccionadas del sector, así como comentarios concretos para cada auditoría analizada. En la parte final del documento, se incluyen dos cuadros anexos que hacen referencia a las auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2006 y a las observaciones-acciones promovidas por la ASF en la misma revisión. Con este documento, la UEC busca contribuir en la ampliación de los alcances del trabajo de análisis que los integrantes de la Comisión de Vigilancia realizan sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2006.



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1. CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR FINANCIERO Y LAS FINANZAS PÚBLICAS

1.1 El sector Hacienda y Crédito Público

La función básica del sector radica en definir la política económica del país en materia financiera, fiscal, de gasto e ingreso públicos, de deuda pública, así como de estadísticas nacionales, entre otros. Constituye una parte importante que sustenta el financiamiento y define la estrategia de política económica para habilitar el crecimiento y el desarrollo económico y social del país. Durante el periodo 2001-2006, se definieron como principales retos: la necesidad de apuntalar el crecimiento económico para crear los suficientes empleos que la sociedad demanda; abatir los índices de pobreza; avanzar en la igualdad de oportunidades entre regiones, empresas y hogares; consolidar la estabilidad para planear sin sobresaltos; invertir con menor riesgo y tomar decisiones con mayor certidumbre; y asegurar la recuperación de los salarios reales, manteniendo bajas tasas de inflación y de interés; y fomentar la expansión del crédito. En materia de finanzas públicas, el Gobierno se propuso conducir de manera ordenada y eficaz el gasto público, reconocer los pasivos de largo plazo, transparentar el uso de la hacienda pública, fomentar un sector financiero solido y competitivo, alentar un marco regulatorio claro y promover las reformas estructurales necesarias para lograr una mayor eficacia en los sectores de la economía. Bajo esas premisas, el Gobierno Federal propuso en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, cinco grandes objetivos rectores: conducir responsablemente la marcha económica del país; elevar y extender la competitividad; asegurar el desarrollo incluyente; promover el desarrollo económico regional equilibrado, y crear condiciones para un desarrollo sustentable. En el periodo 2001-2006, los resultados de las principales variables macroeconómicas revelan menores logros de los programados, salvo el año 2006 en el cual el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó a una tasa anual de 4.8% en términos reales, ritmo superior al previsto en el programa económico y al observado un año antes en 1.2 y 2.0 puntos porcentuales, respectivamente. En términos sectoriales, el dinamismo productivo fue balanceado, al elevarse tanto la actividad agropecuaria, como la industria y los servicios. Al cierre de ese mismo año, el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incrementó en 895 mil 504 personas aseguradas, respecto del mismo mes de 2005.



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Por su parte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento anual de 4.05%, lo que implicó superar en 0.72 puntos porcentuales lo reportado en el mismo mes de 2005. Por su parte, el tipo de cambio cerró el año en 10.88 pesos por dólar, mientras que el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación se situó en 53.1 dólares por barril, cifra 16.6 dólares por arriba de lo estimado al inicio del año. Las reservas internacionales netas se redujeron en 989.2 millones de dólares, por lo que al cierre de 2006 mostraron un saldo de 67 mil 679.7 millones de dólares. En el sector financiero, durante 2006 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisó un total de 1 mil 516 entidades del sistema financiero, de las cuales 928 fueron entidades financieras, 313 empresas emisoras de valores y 275 entidades integrantes del sistema financiero. Por su parte, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas supervisó 103 instituciones, de las cuales 67 fueron de seguros, 12 de seguros especializadas en salud, 11 de seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social y 13 de instituciones de fianzas. En ese mismo año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) proporcionó un total de 329 mil 099 servicios en materia de consultas, orientación, quejas, reclamaciones, asesoría, protección, defensa, conciliación y arbitraje a usuarios de servicios financieros. En materia de Ahorro, al cierre de 2006, el Ejecutivo informó que las AFORE alcanzaron un total de 37.4 millones de cuentas individuales en administración, cifra superior en 6.0% a la registrada un año antes. De esta manera, los fondos acumulados en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, (SAR 92 y AFORE) se ubicaron en un billón 211 mil 250.5 millones de pesos, con lo que se rebasó en 14.8% real lo observado un año previo; en tanto que su participación en el producto, se situó en 13.2%. Conforme a lo enterado en la Cuenta Pública, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) enajenó y maximizó los valores de recuperación y enajenación de bienes por un monto de 3 mil 788 millones de pesos, derivado de la enajenación de las subsidiarias pertenecientes a Cintra por 3 mil 157.6 millones de pesos, sin embargo, únicamente se concretó la venta de Grupo Mexicana, recibiendo el Instituto 626.9 millones de pesos. En relación a los bienes corporativos, se logró una recuperación de 1 mil 391 millones de pesos y en bienes muebles e inmuebles se recuperaron 2 mil 026 millones de pesos. Por parte de carteras crediticias, se generaron recursos por 438.2 millones de pesos derivados de la cobranza de los bancos y administradoras y de un proceso de subasta pública celebrado el 28 de febrero de 2006. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), informó que el número de bienes recibidos en 2006 fue de 48 mil 017 contra la recepción 36 mil 300 bienes programados. El importe de los bienes enajenados fue de 1 mil 286.4 millones de pesos, de 940.0 millones de pesos estimados originalmente.



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En lo que hace al fomento al sector empresarial, Nacional Financiera (NAFIN) informó que se beneficiaron durante 2006 a 743 mil 295 empresas con los productos y servicios que esta institución ofrece, como resultado de los esquemas de financiamiento, principalmente de cadenas productivas y programas especiales de microcrédito. De igual forma, destacó que el monto de financiamiento a empresas del sector privado alcanzó los 170 mil 421.3 millones de pesos, lo que obedeció a la demanda de recursos del sector privado, básicamente operaciones de segundo piso, en donde destacaron los esquemas de cadenas productivas, garantías y descuento tradicional. NAFIN constituyó en ese año, 17 fideicomisos en lugar de los 20 programados, estos negocios fiduciarios le permitieron incrementar sus ingresos. Por su parte, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) otorgó financiamiento al sector privado por 3 mil 159.0 millones de dólares, lo que equivale al 65.8% del universo de cobertura programado inicialmente. De igual forma, Bancomext concedió servicios de promoción del comercio exterior que ayudaron a generar exportaciones por 2 mil 597.0 millones de dólares, así como la captación de 1 mil 639.0 millones de dólares de inversión extranjera a través de sus oficinas de representación comercial en México y en el extranjero.

1.2 Presupuesto ejercido en el sector Hacienda y Crédito Público El gasto programable del sector Hacienda y Crédito Público forma parte de las erogaciones registradas en los entes vinculados con funciones de Gobierno. En 2006 a estas últimas se les canalizó 132 mil 938.7 millones de pesos, cifra superior en 44.9% a la programada y en 11.0% real a la reportada un año antes. Al interior de las funciones de Gobierno, las vinculadas con Hacienda ejercieron un total de 52 mil 022.7 millones de pesos, monto que representó el 39.1% del total de los recursos ejercidos en el sector funcional y superior en 28.3% a lo ejercido en el mismo renglón durante 2005. Como proporción del PIB, los recursos asignados a Hacienda representaron el 0.6% del Producto, cifra ligeramente mayor al 0.5% registrado un año antes.

Var. % realProgramado Ejercido Diferencia 06e/05* 2005 2006

TOTAL 114,669.7 91,775.9 132,938.7 41,162.8 11.0% 1.4% 1.5%Soberanía 32,079.4 32,031.4 33,456.1 1,424.7 -0.1% 0.4% 0.4%Relaciones Exteriores 5,152.1 4,444.9 5,771.5 1,326.6 7.3% 0.1% 0.1%Hacienda 38,836.8 15,661.9 52,022.7 36,360.8 28.3% 0.5% 0.6%Gobernación 5,002.4 3,734.3 5,614.6 1,880.3 7.5% 0.1% 0.1%Orden, Seguridad y Justicia 21,605.5 25,907.0 24,809.8 -1,097.2 9.9% 0.3% 0.3%Administración Pública 5,493.4 5,509.6 6,029.4 519.8 5.1% 0.1% 0.1%Otros Bienes y Servicios Públicos 6,500.1 4,486.8 5,234.6 747.8 -22.9% 0.1% 0.1%

*Deflactado con las cifras revisadas del Índice de Precios Implícitos del PIB. INEGI SCNM, PIB Trimestral, Febrero, 2008.Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, SHCP.

% del PIB

GASTO PROGRAMABLE EN FUNCIONES DE GOBIERNO( Millones de Pesos )

2005Concepto 2006



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También se destaca que el gasto ejercido en Hacienda, concentró el 88.3% de las ampliaciones netas de este grupo funcional. El dinamismo se atribuye fundamentalmente a las aportaciones realizadas al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) como resultado de la captación de ingresos excedentes, al Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral a fin de extender su vigencia a 50 años, y al SAT con objeto de fortalecer el Fideicomiso para el Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras. En el caso específico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presupuesto ejercido en 2006 fue de 38 mil 023.8 millones de pesos, de los cuales 3 mil 685.4 (9.7%) correspondieron a gasto directo y 34 mil 338.4 millones de pesos (90.3%) a subsidios y transferencias. En este último apartado, destaca que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) absorbe el 32.0% del total de los subsidios, seguido de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con el 14.3%.

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DE LA SHCP(Estructura %)

UCEF 3.4%

INEGI 10.9%

CDI 14.3%

CNBV 3.4%SAT 32.0%

BANCOMEXT 7.1%

CONAVI 10.4%

NAFIN 7.3%SAE 3.1%Otros* 8.1%

* Incluye: CNSF, CONSAR, IFAI, INMUJERES, FOSIR, CONDUSEF, FEGA, BANSEFI, Agrosemex y Financiera Rural.



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2. ANTECEDENTES DE AUDITORÍAS PRACTICADAS AL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 2000-2005

2.1 Número y tipo de auditorías practicadas En la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de 2000 a 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó un total de 364 auditorías a 31 entidades del Sector Hacienda y Crédito Público. En ese periodo, la revisión de la Cuenta Pública 2005 presentó el mayor número de revisiones del sector (78 auditorías), mientras que en la revisión de la Cuenta Pública 2000 se observó el menor número de revisiones (44 auditorías). Por tipo de auditoría, las financieras y de cumplimiento son las que registran una mayor participación en el total de revisiones al Sector con 166 auditorías (45.6% del total). Le siguen las especiales con 151 auditorías (41.5%), las de desempeño con un total de 30 auditorías (8.2%), las de seguimiento con 12 (3.3%) y las de sistemas con 5 (1.4%).

SISTEMAS

TOTAL SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS 30 166 5 151 12 3641 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 11 35 1 45 0 922 AGROASEMEX, S.A. 0 2 0 0 0 23 Aseguradora Hidalgo, S.A. 0 1 0 0 0 14 Baja, Mantenimiento y Operación, S.A. de C.V. 0 1 0 0 0 15 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1 0 0 2 0 36 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 1 4 0 3 1 97 Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. 0 0 0 3 0 38 Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 0 1 0 1 0 29 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 0 11 0 2 1 14

10 Casa de Moneda de México 0 2 0 0 0 211 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2 3 0 1 0 612 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 1 1 0 0 0 213 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 1 1 0 0 1 314 Condusef 0 1 0 0 0 115 Fideicomiso Cajas de Ahorro 0 1 0 0 0 116 Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Aux. de Crédito 0 0 0 3 0 317 Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 0 0 0 3 0 318 Financiera Rural 1 1 0 0 0 219 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 0 3 0 1 0 420 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 0 1 0 0 0 121 Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 0 2 0 0 0 222 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 2 4 0 0 0 623 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 1 1 0 66 2 7024 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 1 15 0 3 0 1925 Nacional Financiera, S.N.C. 0 10 0 3 1 1426 Pronósticos para la Asistencia Pública 1 3 0 1 0 527 Servicio de Administración Tributaria 5 57 4 1 2 6928 Servicio de Administración de Bienes Asegurados 0 1 0 0 0 129 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1 1 0 11 3 1630 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 2 0 2 0 531 Ocean Garden Products, Inc. 0 1 0 0 1 2

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2000-2005, ASF.

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF AL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No. ENTE DESEMPEÑOREGULARIDAD

ESPECIALES SEGUIMIENTO

EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2000-2005

TOTALFINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO



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El ente más fiscalizado del Sector Hacienda y Finanzas Públicas en el periodo que se analiza, fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 92 auditorías, cantidad que equivale al 25.3% del total de auditorías practicadas al sector. Le siguieron el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario con 70 auditorías (19.2%), el Servicio de Administración Tributaria con 69 auditorías (19.0%) y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con 19 (5.2%). Los entes revisados sólo una vez por parte de la ASF en el periodo 2000-2005, fueron: Aseguradora Hidalgo, S.A. de C.V.; Baja, Mantenimiento y Operación, S.A. de C.V.; Condusef; Fideicomiso Cajas de Ahorro; Fondo de Garantìa y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura; y el Servicio de Administración de Bienes Asegurados (no confundirlo con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes).

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF AL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL IRRFSCP 2000-200592

70 69

19 16 14 149 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13

0

10

20

30

40

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80

90

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2.2 Observaciones-Acciones Promovidas Como resultado de las 364 auditorías practicadas en la revisión de las Cuentas Públicas 2000-2005 al Sector Hacienda y Crédito Público, la ASF emitió 1 mil 840 observaciones, las cuales dieron lugar a 2 mil 658 acciones promovidas, de las cuales 1 mil 792 fueron de carácter preventivo (67.4%) y 866 de carácter correctivo (32.6%). De las acciones de carácter correctivo, las que tienen mayor participación en el total son las Promociones de Intervención de la Instancia de Control (PIIC) con 347 (13.1%), seguidas de las Solicitudes de Aclaración (SA) con 206 (7.8%) y las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con 197 (7.4%).



13

En el período 2000-2005, la dependencia con mayor número de observaciones fue el Servicio de Administración Tributaria, con 462 observaciones (25.1% del total). Le siguió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 386 observaciones (21.0%), la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con 231 (12.6%), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario con 201 (10.9%), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con 106 (5.8%), y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. con 51 (2.8%).

SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS 364 1,840 1,792 347 8 206 26 197 1 81 2,6581 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 92 386 389 73 0 38 3 28 0 7 5382 AGROASEMEX, S.A. 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 53 Aseguradora Hidalgo, S.A. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 Baja, Mantenimiento y Operación, S.A. de C.V. 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 35 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 3 11 11 1 0 0 0 7 0 0 196 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 9 43 38 5 0 4 0 2 0 2 517 Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. 3 44 31 24 0 5 1 6 0 4 718 Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 2 6 7 1 0 0 0 0 0 0 89 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 14 51 60 19 0 4 0 7 0 3 93

10 Casa de Moneda de México 2 4 4 7 0 2 0 0 0 0 1311 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 6 45 52 3 1 0 1 0 0 0 5712 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 2 22 25 1 0 4 0 0 0 0 3013 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 3 16 20 1 0 1 0 0 0 0 2214 Condusef 1 9 9 5 0 0 0 0 0 0 1415 Fideicomiso Cajas de Ahorro 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 416 Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Org. Auxiliares de Crédito 3 17 17 1 0 0 0 0 0 0 1817 Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 218 Financiera Rural 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 419 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 520 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Gan. y Avicultura 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 121 Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 222 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 6 42 43 8 0 3 1 0 0 0 5523 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 70 201 212 22 0 41 0 11 0 0 28624 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 19 231 173 60 0 24 2 7 0 39 30525 Nacional Financiera, S.N.C. 14 44 33 11 0 5 1 23 0 7 8026 Pronósticos para la Asistencia Pública 5 29 35 7 0 0 0 0 0 0 4227 Servicio de Administración Tributaria 69 462 484 82 7 47 17 35 0 10 68228 Servicio de Administración de Bienes Asegurados 1 6 6 0 0 1 0 0 0 0 729 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 16 106 87 8 0 20 0 69 1 8 19330 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 5 25 15 4 0 6 0 0 0 0 2531 Ocean Garden Products, Inc. 2 15 17 1 0 1 0 2 0 1 22

1/ Incluye Recomendaciones al Desempeño (RD) .2/ Hasta la revisión de la Cuenta Pública 2004, las PIIC eran denominadas por la ASF como Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control (SIOIC).3/ En la revisión de las Cuentas Públicas 2002-2004, las PEFCF fueron consideradas por la ASF como Solicitudes de Intervención de la Instancia Recaudadora (SIIR).R. RecomendaciónPIIC. Promoción de Intervención de la Instancia de ControlSA. Solicitud de Aclaración-RecuperaciónS. SeñalamientoPEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación FiscalPRAS. Promoción de Responsabilidad Administrativa SancionatoriaDH. Denuncia de HechosPO. Pliego de ObservacionesFuente: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2000-2005, ASF.

DH

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PIIC 2/ SA PEFCF 3/ PRASS PO

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN 2000-2005

No. ENTE REVISIONES OBSERVACIONESACCIONES PROMOVIDAS

TOTALR 1/

Por su parte, Aseguradora Hidalgo, S.A. y el Fondo de Garantìa y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, fueron los entes con menor número de observaciones, contando sólo con una observación en cada caso. Al igual que con las observaciones, los entes con mayor número de acciones promovidas fueron: el Servicio de Administración Tributaria con 682 acciones promovidas (25.7% del total) en el periodo; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 538 (20.2%), la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con 305 (11.5%), el



14

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario con 286 (10.8%), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con 193 (7.3%), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos con 93 (3.5%), Nacional Financiera, S.N.C. con 80 (3.0%) y el Banco Nacional de Comercio Interior, S.NC., con 71 acciones promovidas (2.7%). De la misma forma que con las observaciones, la Aseguradora Hidalgo, S.A. y el Fondo de Garantìa y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, fueron los entes con el menor número de acciones, con una acción promovida en el periodo, respectivamente.

OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF AL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN EL IRRFSCP 2000-2005

462

386

231

201

106

51 45 44 44 43 42

682

538

305

286

193

93 57 71 80 51 55 4229 25 22 17 16 15 11 9 6 6 5 4 4 4 4 2 2 2 1 1

25 30 18 22 22 19 14 8 7 5 5 13 4 4 3 2 2 1 1

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Acciones promovidas

Observaciones

2.3 Avance en la solventación de observaciones-acciones, con corte al 31 de marzo de 2008

De acuerdo con el “Informe semestral sobre el estado de trámite y conclusión de las observaciones-acciones emitidas a las entidades fiscalizadas”, la ASF reporta que al 31 de marzo de 2008 se 8 mil 147 observaciones-acciones a la Administración Pública Federal, las cuales responden a recomendaciones y recomendaciones al desempeño, promoción de intervención de las instancia de control, solicitudes de aclaración, y promoción de la facultad de comprobación fiscal, es decir, su naturaleza no implica de inicio alguna responsabilidad.



15

Dichas acciones se derivan de la revisión de las Cuentas Públicas 2004, 2005 y los informes de avance de gestión financiera 2006 y 2007, lo que implica que a esa fecha, las observaciones-acciones promovidas en cuentas públicas anteriores a 2004 habían quedado solventadas por los entes auditados. Al 31 de marzo de 2008, la ASF reporta que del universo de observaciones-acciones promovidas en la revisión de las cuentas e informes señalados, el 93.2% tenía proceso de seguimiento concluido (7 mil 573 acciones fueron atendidas, 9 fueron sustituidas por una nueva acción y 12 dadas de baja por interposición de demanda). En ese sentido, quedan por atenderse 553 acciones, el 6.8% del total, de las que 329 corresponden a la revisión de la Cuenta Pública 2005.

Absolutos (%)

2004 3,344 3,286 3,266 8 0 12 58 1.7% 14 4 33 0 7 0 0 0

2005 4,478 4,149 4,148 1 0 0 329 7.3% 40 2 255 3 29 0 0 0

IAGF 2006 187 159 159 0 0 0 28 15.0% 4 0 18 3 3 0 0 0

IAGF 2007 138 0 0 0 0 0 138 100.0% 0 0 0 0 129 9 0 0

Total General 8,147 7,594 7,573 9 0 12 553 6.8% 58 6 306 6 168 9 0 0

Porcentaje 100.0% 93.2% 93.0% 0.1% 0.0% 0.1% 6.8% 0.7% 0.1% 3.8% 0.1% 2.1% 0.1% 0.0% 0.0%Nota: No se incluyen pliegos de observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos.Fuente: Elaborado por la UEC, con información de la ASF: "Estados de Trámite y Conclusión de las Observaciones-Acciones Emitidas a las Entidades Fiscalizadas", al 31 de marzo de 2008.

Respuesta en Análisis

Sin Respuesta

Suspensión por Mandato

Judicial

En Espera de Resolución de

Autoridad Competente

Con Dictamen Técnico para Conclusión

Dictamen Técnico para Emisión Nva

Acción

Respuesta Insuficiente

Respuesta Improcedente

Sustituida por Nueva

Acción

Baja por Resolución de


Baja por Demanda

Total en procesoCuentaPública Emitidas Total Atendidas o

Promovidas

ACCIONES PROMOVIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. CUENTAS PÚBLICAS 2004 A 2007CORTE AL 31 DE MARZO DE 2008

Con proceso de seguimiento concluido En proceso de atención o promoción

Además de las 8 mil 147 acciones comentadas, la ASF reporta otras acciones, cuya naturaleza se resuelve por la vía jurídica debido a que implican probables responsabilidades. En este caso, la ASF señala que existen acciones emitidas que datan desde la revisión de la Cuenta Pública 1998 y que de manera acumulada a la Cuenta Pública 2006, se han promovido 1,660 acciones de ese tipo, las cuales corresponden a pliegos de observaciones (772), promoción de fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias (881), fincamiento de responsabilidades resarcitorias (51), y denuncias penales (26). Al 31 de marzo de 2008, de las 1 mil 660 acciones promovidas, habían solventado y/o concluido su proceso 1 mil 075 acciones, lo que representa un avance del 64.8% del total, de las cuales corresponden a 597 (55.5%) pliegos de observaciones, 461 (42.9%) a promociones para el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias, 15 (1.4%) a promociones de fincamiento de responsabilidades resarcitorias y 2 (0.02%) denuncias penales.



16

TIPO DE ACCIÓN PERIODO / O AÑO EMITIDAS SOLVENTADAS EN PROCESO2001 26 25 1

2002 104 96 82003 192 160 32

2004 316 220 962005 134 96 38

TOTAL 772 597 1752001 2 2 02002 30 14 162003 37 31 62004 336 288 48

2005 392 122 270

2006 14 4 10

TOTAL 811 461 3502001 3 3 0

2002 14 7 7

2003 16 3 13

2004 18 2 16

2005 0 0 0

TOTAL 51 15 361998 1 0 1

1999 11 1 10

2000 2 1 1

2001 0 0 02002 0 0 0

2003 1 0 1

2004 4 0 4

2005 3 0 3

2006 4 0 4

TOTAL 26 2 241,660 1,075 585

100.0% 64.8% 35.2%

DENUNCIAS PENALES

TOTAL GENERAL 1998-2006

Fuente: ASF: "Estados de Trámite y Conclusión de las Observaciones-Acciones Emitidas a las Entidades Fiscalizadas",de 2004 a 2007.

ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF QUE SE RESUELVEN POR LA VIA JURIDICACIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2008

PLIEGOS DE

OBSERVACIONES

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVASSANCIONATORIAS

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS

Solventación de observaciones-acciones en sector Hacienda y Crédito Público En lo referente a las entidades vinculadas con el sector Hacienda y Crédito Público, en el periodo de análisis, la ASF emitió 607 observaciones-acciones, que representa el 0.7% del total reportado. De este total, más de la mitad (56.0%) se concentra en 2 de los 24 entes que lo conforman, siendo estos el Servicio de Administración Tributaria con 173 (28.5%) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 167 (27.5%). En contraste, los sectores con menor cantidad de acciones emitidas son Banjercito y FIRA con 1 (0.02%) cada una, CMM, CNSF y SHP con 2 (0.03%) respectivamente, BANSEFI y CONSAR con 3 (0.05%) cada una.



17

Atendidas o Promovidas

Sustituida por Nueva

Acción

Baja por Resolución de


Baja por Demanda

Total en Proceso

Con Dictamen Técnico para Conclusión

Dictamen Técnico para Emisión Nva

Acción

Respuesta Insuficiente

Respuesta Improcedente

Respuesta en Análisis

Sin Respuesta

Suspensión por Mandato

Judicial

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 607 503 2 0 0 102 7 0 79 2 14 0 0BANCOMEXT 13 10 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0BANJERCITO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BANOBRAS 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BANSEFI 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BNCI 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0CMM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CNBV 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CNSF 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0CONSAR 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FEFA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FICAH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FIRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FOVI 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0INEGI 10 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0IPAB 26 16 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0LOTENAL 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0NAFIN 12 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0PAP 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SAE 78 53 0 0 0 25 3 0 15 0 7 0 0SAT 173 149 0 0 0 24 2 0 15 2 5 0 0SHCP 167 134 2 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0SHP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TESOFE 23 22 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Total General 607 503 2 0 0 102 7 0 79 2 14 0 0Nota: No se incluyen pliegos de observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de HeFuente: Elaborado por la UEC, con información de la ASF: "Estados de Trámite y Conclusión de las Observaciones-Acciones Emitidas a las Entidades Fiscalizadas", de 2004 a 2007.

ACCIONES PROMOVIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. CUENTAS PÚBLICAS 2004 A 2007

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2008

SECTOR / ENTE Emitidas

Con proceso de seguimiento concluido En proceso de atención o promoción


Con respecto a la solventación de las observaciones-acciones, la ASF reporta que al 31 de marzo de 2008, de las 607 emitidas, el 83.2% se encuentran con el proceso de seguimiento concluido. Cabe mencionar, que la mayoría (503) fueron atendidas o promovidas, y solamente 2 fueron sustituidas por nueva acción. En tanto, queda pendiente de solventar el 16.8% de las observaciones-acciones, que en su gran mayoría (74.4% de las acciones pendientes) están concentradas en la SHCP, el SAT y el SAE. Además de las 607 acciones comentadas, la ASF reporta que en el sector Hacienda y Crédito Público, se promovieron 90 acciones que implican probables responsabilidades que deben resolverse por la vía jurídica. De ellas, 71 corresponden a promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 15 pliegos de observaciones, 2 denuncias de hechos, y se adicionan 2 responsabilidades administrativas resarcitorias.

Emitidas Concluidas En proceso Emitidas Solventadas En proceso Emitidas Solventadas En procesoHACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 71 11 60 15 7 8 2 1 1 88 19 69

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02004 12 3 9 11 5 6 2 1 1 0 0 02005 59 8 51 4 2 2 0 0 0 0 0 02006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUENTE: Elaborado por la UEC, con información de la ASF: "Estado de tràmite y conclusiòn de las observaciones-acciones emitidas con motivo de la revisiòn de las cuentas pùblicas".

ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF QUE SE RESUELVEN POR LA VÍA JURÍDICAREVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 1998-2006

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOCIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2008

TIPO DE ACCION GRAN TOTAL

Responsabilidades Admvas. Sancionatorias

Pliegos de Observaciones

Responsabilidades Admvas.Resarcitorias

Emitidas

Solventadas y/o

concluidas En proceso



18

El cuadro anterior revela el cambio en la estrategia de atención que daba la ASF a este tipo de acciones promovidas, pues no es sino hasta el año 2004 cuando se empiezan a tener registros de ellas, situación que se asocia a las recomendaciones que la Comisión de Vigilancia le formuló a la ASF en el sentido de ejercer plenamente sus facultades de sanción. Lo que también se comprueba es que este tipo de acciones presentan un largo proceso para su solventación, pues en el caso de las 71 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, únicamente se han concluido 11 y quedan pendientes 60 de ellas. Por su parte, en el caso de los 15 pliegos de observaciones, el avance es inferior al 50% pues aún quedan por resolverse 8 pliegos promovidos. El resto de las acciones (2 denuncias y 2 responsabilidades resarcitorias) tienen un avance en la solventación del 50%. En suma, al 31 de marzo de 2008, de las 90 acciones emitidas que se resuelven por la vía jurídica, solamente el 22.2% se encuentra solventado y/o concluido y quedan por resolverse 70 acciones que se encuentran en proceso de atención.



19

3. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2006 EN EL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

3.1 Auditorías practicadas Durante la revisión de la Cuenta Pública 2006, la ASF practicó 83 auditorías a 15 entidades del sector Hacienda y Crédito Público. De ese total, 37 (44.6%) fueron revisiones especiales, 35 (42.2%) auditorías financieras y de cumplimiento, 9 (10.8%) auditorías de desempeño, 1 (1.2%) de seguimiento y 1 (1.2%) revisión de situación excepcional solicitada al IPAB. En el caso de las revisiones especiales, éstas se concentraron en su mayoría en la SHCP y el IPAB, entes que agruparon 24 auditorías. Es interesante mencionar que las revisiones especiales al sector, significaron el 64.9% de la totalidad de auditorías especiales efectuadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2006. Por su parte, las auditorías financieras y de cumplimiento se concentraron en cuatro entidades, el SAT con 10 revisiones, SHCP con 6, BANOBRAS con 5 y NAFIN con 4, equivalentes al 69.4% del total de auditorías de este tipo en el sector.

ENTE EDOS MPIOS

TOTAL CUENTA PÚBLICA 2006 72 176 95 125 219 57 8 2 754

SUBTOTAL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 9 35 0 0 0 37 1 1 83% respecto al total Cuenta Pública 2006 12.5% 19.9% 0.0% 0.0% 0.0% 64.9% 12.5% 50.0% 11.0%

Sector Hacienda y Crédito Público 9 35 0 0 0 37 1 1 831 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3 6 12 212 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1 1 23 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 1 1 24 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 5 2 75 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 1 1 26 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 1 1 27 Financiera Rural 1 18 Fondo de Garantía y Fomento para la Agric., Gan. y 1 1 29 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1 1 210 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 12 1 1311 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 1 112 Nacional Financiera, S.N.C. 4 1 513 Pronósticos para la Asistencia Pública 1 114 Servicio de Administración Tributaria 3 10 2 1515 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1 1 5 7

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, ASF.


TOTAL

BLOQUE I. SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO SITUACIÓN EXCEPCIONAL

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DEL IAGF Y LA CUENTA PÚBLICA 2006

No. SECTOR DESEMPEÑOFINANCIERAS Y

DE CUMPLIMIENTO

OBRA PÚBLICA E INV. FÍSICA

APORTACIONES FEDERALES A: ESPECIALES

Por su parte, las nueve revisiones de desempeño se distribuyeron de la siguiente manera: 3 a la SHCP, 3 al SAT, 1 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 1 al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y 1 al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Entre los temas que se abordaron en estas auditorías destacan: la recaudación de ingresos (incluyendo las derivadas con las controversias fiscales), el control de los fideicomisos, la calidad de gestión de los reguladores y supervisores financieros, la



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eficacia en el otorgamiento de subsidios a rubros especiales (apoyos al fomento tecnológico del sector rural) y la consolidación de la información estratégica que requieren los agentes públicos y privados para su toma de decisiones. La ASF practicó al sector hacendario –por primera ocasión desde la revisión de la Cuenta Pública 1999–, una auditoría de seguimiento. La revisión de este tipo tuvo como objetivo evaluar, para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el impacto de la solventación de acciones promovidas en la revisión de la Cuenta Pública 2003. Finalmente, es de destacarse que la ASF incorporó en 2006 una revisión de situación excepcional al sector hacendario, para evaluar el procedimiento de enajenación de la tenencia accionaria del Consorcio Aeroméxico S.A.B. de C.V., la cual fue solicitada por la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

3.2 Observaciones-acciones promovidas Como resultado de las 83 auditorías practicadas al sector, se determinaron 390 observaciones, de las cuales derivaron 542 acciones promovidas: 386 de carácter preventivo, es decir recomendaciones, y el resto (156 acciones) de carácter correctivo, entre las que destacan, 91 promociones para el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias, 28 solicitudes de aclaración, 26 solicitudes de promoción de intervención de los Órganos Internos de Control, 8 pliegos de observaciones y 3 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

ACCIONES QUE LA ASF FINCA

ENTETOTAL CUENTA PÚBLICA 2006 754 7,182 6,655 217 357 27 555 4 316 8,131

SUBTOTAL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 83 390 386 26 28 3 91 0 8 542Estructura Porcentual 11.0% 5.4% 5.8% 12.0% 7.8% 11.1% 16.4% 0.0% 2.5% 6.7%

Sector Hacienda y Crédito Público 83 390 386 26 28 3 91 0 8 5421 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 21 117 143 9 10 8 1 1712 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 2 7 2 7 93 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 2 22 13 5 3 6 1 284 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 7 30 36 7 3 6 2 545 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2 3 4 46 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 2 1 1 1 27 Financiera Rural 1 2 2 28 Fondo de Garantía y Fomento para la Agric., Gan. y Avicultura 2 2 2 29 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 2 21 27 27

10 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 13 6 6 611 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 1 6 5 1 612 Nacional Financiera, S.N.C. 5 24 15 4 5 7 1 3213 Pronósticos para la Asistencia Pública 1 014 Servicio de Administración Tributaria 15 57 59 1 3 10 7315 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 7 92 72 5 47 2 126

R. RecomendaciónPIIC. Promoción de Intervención de la Instancia de ControlSA. Solicitud de Aclaración-RecuperaciónPEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación FiscalPRAS. Promoción del Fincamiento Responsabilidad Administrativa SancionatoriaDH. Denuncia de HechosPO. Pliego de ObservacionesFuente: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, ASF.

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2006

PEFCF PRAS DH PO

BLOQUE I. SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS


No. SECTOR REVISIONES OBSERVACIONESACCIONES QUE LA ASF PROMUEVE FORMULA

O PRESENTA TOTAL DE ACCIONESR PIIC SA



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Los entes con más número de observaciones-acciones fueron la SHCP a quien se le determinaron 117 observaciones que generaron 171 acciones (143 de carácter preventivo); el SAE con 92 observaciones por las cuales se promovieron 126 acciones (72 de carácter preventivo); y el SAT al que se le promovieron 57 observaciones que motivaron 73 acciones (59 de carácter preventivo).

3.3 Impacto económico y recuperaciones probables La cuantificación monetaria de las observaciones determinadas en el sector ascendió a 2 mil 476.3 millones de pesos que representó el 7.5% del monto determinado por la ASF para la totalidad de la revisión de la Cuenta Pública 2006.1 Este impacto económico, se concentró esencialmente en 5 entes: SHCP con 1 mil 103.4 millones de pesos (44.5% del monto total observado), Bancomext con 842.7 millones de pesos que representó el 34.0%, Banobras con 391.7 millones (15.8%), SAE con 85.2 millones (3.4%), y CNSF con 50.7 millones (2.0%).

Concepto Millones de pesos Estructura %

TOTAL 2,476.3 100.0%SHCP 1,103.4 44.6%BANCOMEXT 842.7 34.0%BANOBRAS 391.7 15.8%SAE 85.2 3.4%CNSF 50.7 2.0%Otros 2.6 0.1%

CUANTIFICACIÓN MONETARIA DE LAS OBSERVACIONES AL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DERIVADAS DEL IRRFSCP 2006

Fuente: Resumen Ejecutivo, p. 85, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, ASF.

Es importante destacar que como lo señala el órgano de fiscalización superior de la Federación, esta cuantificación monetaria de las observaciones, no implica necesariamente resarcimientos o daños patrimoniales al erario, o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias, pues su situación definitiva será establecida una vez que los entes fiscalizados entreguen, en el lapso de 45 días hábiles, las evidencias y documentación soporte respectiva. Las recuperaciones probables importan la cantidad de 1 mil 283.1 millones de pesos, distribuidas de la siguiente manera: Bancomext con 435.3 millones de pesos (33.9% del monto total de recuperaciones probables), Banobras con 390.7 millones (30.4%), SHCP con 306.6 millones de pesos (23.9%), SAE con 85.2 millones (6.6%), y la CNSF con 50.7 millones (3.9%), las restantes cantidades corresponden a LOTENAL, NAFIN y SAT. 1 En la revisión especial Fiscalización de las Obligaciones de la Deuda del Gobierno General y de las Universidades Públicas Estatales, el órgano fiscalizador consignó un importe observado de 7 mil 732.3 millones de pesos, cantidad equivalente en 3.1 veces el monto observado para todo el Sector de Hacienda y Crédito Público.



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3.4 Auditorías de desempeño en las entidades del sector Hacienda y Crédito Público

Uno de los propósitos centrales de las revisiones de desempeño es promover gestiones públicas de calidad, transparentes y con rendición de cuentas efectivas y oportunas, en donde se determine con suficiente rigor, si el programa o el ente cumplen con los objetivos, y se precise el grado de eficiencia con el que se lleva a cabo la tarea. En el sector Hacienda y Crédito Público se practicaron 9 auditorías de desempeño a 5 entes (SHCP, CNVB, INEGI, SAT y SAE), las cuales versaron sobre tres ejes temáticos: recaudación fiscal, supervisión bancaria, y temas específicos estratégicos. Los temas abordados en este tipo de revisiones estuvieron constituidos por los subsidios para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores Rural y Pesquero, evaluación de los cumplimientos de objetivos y de la regulación y supervisión a entidades del sector financiero, los juicios y controversias fiscales, revisión a los destinos de los decomisos en materia aduanera y sobre el control y seguimiento de los fideicomisos, mandatos y análogos a cago del SAE, entre otros.

No. SECTOR ENTE TÍTULO

1 Evaluación del Otorgamiento de Subsidios para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores Rural y Pesquero

2 Evaluación de la Regulación y Supervisión de las Entidades Financieras de Seguros, Valores, Pensiones y Organizaciones Auxiliares del Crédito

3

Fiscalizar el Cumplimiento de los Objetivos Contenidos en los Programas Federales para Representar el Interés de la Federación en Controversias Fiscales y para la Representación Judicial y Administrativa en Juicios o Procedimientos ante los Tribunales de la República y otras Autoridades Competentes y de los Recursos

Financieros Aplicados para ese Fin

4 Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

5 INEGI Evaluación de los Sistemas y Servicios de Estadística, e Información Geográfica

6 Evaluación de las Administraciones Locales

7 Evaluación del Destino de los Decomisos en Materia Aduanera

8 Fiscalizar el Cumplimiento de los Objetivos contenidos en los Programas Federales para la Defensa del Interés de la Federación en Controversias Fiscales y de los Recursos Financieros Aplicados para ese Fin

9 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Evaluación del Control y Seguimiento de los Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes


I. AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO EN EL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Servicio de Administración Tributaria

Recaudación fiscal En las tres auditorías analizadas en este grupo Evaluación de las Administraciones Locales, Evaluacion de los destinos de los decomisos, y fiscalizar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales para la defensa del interés de la Federación en Controversias Fiscales y de los recursos financieros aplicados a ese fin, llama la atención los siguientes hechos: el SAT no acreditó contar con mecanismos para medir la incidencia de las administraciones locales en materia de auditoria fiscal, y para evaluar el impacto de las acciones de asistencia al contribuyente que realiza; Son



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preocupantes las deficiencias en el control interno de las aduanas revisadas, si se consideran las cuantiosas transferencias de mercancías que llevan a cabo, por ejemplo la Aduana de Nuevo Laredo transfirió al SAE 2.7 millones de mercancías y vehículos, detectándose una diferencia entre lo entregado y los reportado de 67,700 bienes. En general las tres revisiones de desempeño practicadas al SAT evidenciaron que el ente no cuenta con indicadores para evaluar su desempeño.

Supervisión y Regulación De gran interés son las dos revisiones practicadas por la ASF al desempeño de los entes de supervisión y regulación financiera: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y Unidad de Seguros, Valores y Pensiones (USVP) entidad adscrita a la SHCP. En la primera, el órgano fiscalizador determinó que la CNBV cumplió razonablemente con las disposiciones normativas generales en el desempeño de sus objetivos. Sin embargo, la revisión que en principio era de gran alcance, dejó fuera aspectos esenciales relacionados con los objetivos de la auditoría y cuya falta de cumplimiento constituye un gran riesgo para la estabilidad financiera, como lo evidenció la crisis hipotecaria que estalló en los Estados Unidos en 2007, con amplias repercusiones mundiales, y costos elevados de más 950 mil millones de dólares según el FMI. La auditoría a la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones (USVP), es relevante asimismo, debido a que la ASF no pudo comprobar el cumplimiento (por el ente fiscalizado) de la estrategia de fortalecer el sistema financiero para convertirlo en un instrumento promotor del ahorro y llevar a estándares internacionales la supervisión y regulación de México.

Temas estratégicos específicos. Tres revisiones correspondieron a este grupo temático, una corresponde a la SHCP, una al SAE, y otra al INEGI. En la revisión del Otorgamiento de Subsidios para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores Rural y Pesquero, la conclusión más relevante señaló que entre 2001 y 2006, el Sistema Fira redujo de manera sensible en todos sus programas el monto real de recursos otorgados: en tasa de interés (-38.6%), para la formación de sujetos de crédito (-58.5%), tecnológicos para capacitación empresarial y transferencia de tecnología (-16.8%) y para asistencia técnica (-24.7%), el Sistema Fira es insuficiente ya que sólo se atiende a la séptima parte de su mercado objetivo, por lo que es necesario que la SHCP redefina la estrategia financiera de fomento e incluya en sus propuestas el aumento de recursos para apoyar este segmento de productores. En la revisión relacionada con el Cumplimiento de los Objetivos Contenidos en los Programas Federales para representar el interés de la Federación en Controversias



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Fiscales y para la Representación Judicial y Administrativa en Juicios o procedimientos ante los Tribunales de la república y otras Autoridades Competentes y de los Recursos Financieros Aplicados para ese fin, el resultado principal de la revisión establece que el ente fiscalizado no cuenta con la información suficiente que permita evaluar la eficiencia y eficacia con que cumple las actividades a su cargo. Evaluación del Control y Seguimiento de los Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Cargo del Servicio de Administración Tributaria. La ASF, observó que el SAE en 2006, participó en 41 figuras jurídicas y operó activos por un monto total de 28 miles de millones de pesos. El SAE fue eficiente en las figuras que coordinó indirectamente, pero no fue así en las que coordinó directamente debido a que no contó con un sistema de información que permitiera realizar una función eficiente de fiscalización. Evaluación de los Sistemas y Servicios de Estadística e Información Geográfica. La información ha sido un componente clave para el desarrollo económico y social. En este sentido, un pilar importante para el desarrollo de México es la Consolidación de los Sistemas y Servicios de Estadística e Información Geográfica, tarea a cargo del INEGI. El resultado más significativo hallado por el órgano fiscalizador sobre el particular fue que el INEGI para el 2006 careció de un sistema de medición para evaluar el avance en la Consolidación de los Sistemas y Servicios de Estadística e Información geográfica.

3.5 Comentarios sobre los resultados de la fiscalización 2006 a entes del sector Hacienda y Crédito Público

Del análisis de las auditorías practicadas al Sector de Hacienda y Crédito Público, con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2006, se observa una mejora en la labor de revisión de la ASF, lo que se ve reflejado en algunos de los temas objeto de fiscalización que ofrecen una perspectiva más global e integral acerca de la calidad de la gestión gubernamental en el sector.

⎯ Destaca como ejemplo de la afirmación anterior, las evaluaciones horizontales sobre temas como las obligaciones garantizadas, los pasivos contingentes y la sustentabilidad financiera, en los que fueron considerados varias entidades del sector. Así, la estrategia de revisión seguida por la ASF apunta hacia una reorientación, aún gradual e incipiente, del enfoque de fiscalización superior, el cual se caracteriza por la elección de áreas y temas críticos y especializados para su fiscalización al desempeño, bajo un enfoque integral. En este contexto, es de reconocerse el esfuerzo de la ASF por tratar de atender la recomendación de la Comisión de Vigilancia en el sentido de que la labor de fiscalización superior enfatice la evaluación estructural y estratégica de la gestión pública.

⎯ No obstante lo anterior, subsisten situaciones susceptibles de ser mejoradas en

el desempeño de la ASF. Por ejemplo, algunas de las revisiones practicadas al



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sector hacendario, observan temas y objetivos repetitivos o equivalentes, mismos que, en algunos casos, muestran resultados coincidentes y, en otros, muestran resultados contrapuestos. Sería pertinente que la entidad de fiscalización superior revisara su estrategia para integrar esfuerzos y recursos en las temáticas de las revisiones, de manera que se eviten las revisiones que persiguen objetivos similares sobre un mismo programa, ente, y/o dependencia.

⎯ Otro aspecto que destaca en cuanto al desempeño de la entidad de fiscalización

superior, es la disparidad que se encontró en algunas revisiones –en particular de Desempeño y Especiales. En efecto, en algunos casos, los temas y propósitos enunciados despertaron expectativas de contenidos relevantes, que, sin embargo, al examinar con detenimiento el desarrollo de la revisión, se encontraron más bien verificaciones de procedimientos normativos, dejando de lado los propósitos centrales de las auditorías, con lo cual se diluyó su relevancia.

⎯ La ASF continuó por sexto año consecutivo con la revisión a programas y temas

críticos (rescate bancario, recaudación, liquidación de entidades financieras, evaluación de la banca de desarrollo), lo que constituye un acierto, dadas las implicaciones de tales asuntos sobre la vida nacional. También, por segunda ocasión, la ASF realizó un informe especial e integral de fiscalización, bajo la forma de una separata. El tema abordado en esta ocasión el Derecho de Tramite Aduanero. El anterior informe integral en forma de separata, versó sobre el Rescate Bancario, el cual fue presentado en la revisión de la Cuenta Pública 2004. Sería conveniente que la ASF diera continuidad anual a la realización de estos informes especiales en temas relevantes del sector financiero.

⎯ Como ya se había adelantado en el documento de Comentarios Generales

recientemente entregado a la Comisión de Vigilancia, por tercer año consecutivo, no fue posible que la ASF realizara una evaluación general de la eficiencia del gasto gubernamental, en virtud de que la Cuenta Pública no presentó la asignación del gasto a nivel de indicadores meta-gasto, y tampoco se pudo dar seguimiento a indicadores que fueran comparables por los cambios a la estructura programática efectuados por la SHCP. Sería prudente que la ASF se coordinara con la SHCP a efecto de que en los subsiguientes informes de Cuenta Pública y de revisión de ésta, se incluyan tales indicadores y evaluaciones, respectivamente.

⎯ Se sigue observando en algunas revisiones una falta de consistencia entre las

irregularidades determinadas y los dictámenes emitidos. Lo anterior se reflejó en que persistiera en varias auditorías practicadas al sector financiero, la emisión de dictámenes favorables a pesar de la existencia de numerosas y diversas observaciones y acciones promovidas por el órgano fiscalizador.



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⎯ A lo largo de las auditorías practicadas al Sector, se percibe la preocupación de la ASF por señalar las operaciones en que la entidad fiscalizada inobservó los principios básicos de Contabilidad Gubernamental, y en consecuencia la acción que el órgano de fiscalización promovió para evitar la recurrencia y corregir las irregularidades.

Sobre la fiscalización al sector

⎯ La ASF practicó en 2006, 83 revisiones al sector de Hacienda y Crédito Público,

significando el 11% del total de auditorías realizadas en la Cuenta Pública 2006. Por sí solo, este sector fue ampliamente revisado, pues el número de auditorías practicadas fue superior al grupo de funciones de Gobierno y de Desarrollo Social.

⎯ El sector hacendario fue objeto de 390 observaciones, de las cuales se derivaron

542 acciones, mismas que representaron respectivamente el 5.4% y 6.7% del total de las observaciones-acciones promovidas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2006.

⎯ Los entes auditados del sector fueron objeto de un menor número de

observaciones y promoción de acciones, que el registrado en las revisiones de las Cuentas Públicas pasadas, especialmente para los casos del IPAB y la SHCP. También predominaron las recomendaciones de carácter preventivo por sobre las correctivas.

⎯ Como consecuencia de las revisiones, el Sector de Hacienda y Crédito Público

recibió del órgano de fiscalización superior de la Federación en promedio 4.7 observaciones por auditoría, y se le promovieron 6.5 acciones por auditoría, que contrasta favorable con respecto al promedio general del total de revisiones, que fue de 9.5 y 10.8, respectivamente.

⎯ Aunque hay una mayor incidencia de irregularidades en la revisión de la totalidad

de la Cuenta Pública 2006, en lo que se refiere al sector financiero, la incidencia se redujo, particularmente en entes fuertemente fiscalizados como IPAB, SAT y SHCP. En la revisión de esta Cuenta Pública, se incrementó la cantidad de dictámenes limpios o con bajo número de irregularidades emitidos por la ASF. Lo anterior no significa necesariamente que la calidad de la práctica gubernamental realizada por los entes fiscalizados haya mejorado. Aún es muy apresurado señalar que hay una tendencia en el sector financiero a la disminución de la recurrencia en irregularidades. Hay que considerar, en primer término, que la reducción de las irregularidades en algunos entes del sector financiero, fue producto de factores externos, como el impacto de los resultados de las controversias constitucionales que emprendió el gobierno ante la Corte para recusar los pliegos de observaciones emitidos por la ASF en los casos



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relacionados con el rescate bancario y los Derechos de Trámite Aduanero. Los dictámenes de la corte en estos asuntos implicó que el órgano de fiscalización tuviera que eliminar las observaciones y acciones correspondientes objeto de la controversia. Otro factor a considerar tiene que ver con los avances en los procesos de saneamiento (carretero, bancario, liquidación de bancos, entre otros), los cuales en muchos casos están en su fase última, quedando atrás los procesos más complicados que son los generadores de irregularidades. Lógicamente, al estar en los procesos de saneamiento financiero, las irregularidades tienden a decaer. Esta revisión mostró que aumentaron las irregularidades en los procesos de fiscalización de programas y entes del sector que están en su fase inicial, o cuando es continua su operación. Entes como INEGI, y los bancos activos de desarrollo, son un ejemplo de lo anterior.

⎯ Los entes con mayor porcentaje de observaciones fueron: SHCP (30%), SAE (23.2%) y SAT (14.6%). Destaca la participación reducida del IPAB en el número de observaciones, no obstante que se le practicaron varias revisiones.

⎯ Respecto de las acciones promovidas por la ASF, la participación de las

acciones preventivas fue elevada (71.2%); en tanto, la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias significó el 16.8%, correspondiéndole al SAT la mitad de éstas. Destacan por su reducida proporción, las acciones que le correspondieron a la ASF fincar directamente, como fue el caso de los Pliegos de Observación, que sólo significaron el 1.4%. Los entes con mayor proporción de acciones promovidas fueron: SHCP (31.5%), SAE (23.2) y SAT (13.5%).

⎯ La cuantificación monetaria de las observaciones en el Sector Hacienda y

Crédito Público ascendió a 2 mil 476.3 millones de pesos, es decir, el 7.46% del monto total observado por la ASF en su revisión de la Cuenta Pública 2006. El órgano fiscalizador aclara puntualmente que ello no implica resarcimientos, recuperaciones o responsabilidades. Una perspectiva más exacta se tendrá una vez que se agote el plazo de los 45 días hábiles que la Ley establece para que los entes auditados ofrezcan evidencias y documentación por otras vías.

⎯ En este sector, la ASF concentró su fiscalización superior en las revisiones de

regularidad y especiales. De las 83 auditorías practicadas al mismo, 35 fueron de regularidad (42.2% del total) y 37 especiales (44.6%). Sólo una de cada 10 auditorías fue de desempeño (10.8%). En comparación con la revisión de la Cuenta Pública 2005, se observa una disminución de 7.8 puntos porcentuales de la importancia de las auditorías de regularidad y un aumento de 7.4 puntos de la proporción de auditorías especiales, quedando prácticamente igual la proporción de las auditorías de desempeño (10.8% en 2006 vs. 10.2% en 2005).



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⎯ Destacan dos innovaciones en la fiscalización al sector: la inclusión de un análisis de cumplimiento de objetivos y metas -aunque no siempre fuera posible hacer la evaluación por la carencia de indicadores-, y la integralidad horizontal de algunas revisiones.

⎯ Las auditorías especiales se enfocaron predominantemente en los temas de

rescates financieros y de evaluación de la deuda y pasivos contingentes, de ahí su amplitud numérica (sólo este sector fue objeto del 65% del total de auditorías especiales). El IPAB destacó con doce revisiones especiales para evaluar distintos aspectos relacionados con su posición financiera, las emisiones de deuda bursátil y su impacto en el mercado financiero, las ventas de cartera y de inmuebles, el seguimiento de los apoyos a los programas de rescate a los ahorradores y deudores, y el Nuevo Programa que implicó la conversión de los pagarés Fobaproa por instrumentos de pago IPAB garantizados por el gobierno, así como la liquidación de instituciones bancarias. En este mismo sector se practicaron doce auditorías especiales a la SHCP, cinco a la banca de desarrollo, dos al SAT y una a FIRA.

⎯ En este sector se efectuaron 9 auditorías de desempeño, una auditoría más que

en el Informe anterior, y se enfocaron a temas estratégicos, tales como la eficiencia de la recaudación fiscal, la supervisión de intermediarios bancarios y no bancarios, los apoyos a sectores estratégicos como el rural, y la emisión de información pública relevante para la sociedad. Debe comentarse, que en algunos casos las auditorías tuvieron alcances limitados por carecer de indicadores de desempeño, o por generar un enfoque en el que la evaluación no atiende aspectos medulares del ente auditado.

⎯ Sólo se practicó una auditoría de seguimiento en el sector. En virtud de que la

finalidad de este tipo de revisiones es evitar la recurrencia de las irregularidades para mejorar la práctica gubernamental, sería pertinente que la ASF incrementara el número de este tipo de revisiones en las subsiguientes revisiones a la Cuenta Pública. También se incluyó una revisión de situación excepcional relacionada con el Procedimiento para la Enajenación de la Tenencia Accionaria del Consorcio Aeroméxico, en el marco de una solicitud de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Sobre auditorías relevantes

⎯ Evaluación de las Finanzas del Sector Público Presupuestario. La ASF determinó

que el sector público presupuestario obtuvo durante el ejercicio fiscal 2006 ingresos adicionales en montos sin precedente por 310 mil 102.5 millones de pesos. El órgano de fiscalización señaló más ampliamente que a pesar de haber obtenido el sector público presupuestario, ingresos anuales excedentes durante el periodo 2001-2006, México registró un crecimiento económico mediocre en una comparación internacional.



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⎯ Fondo petrolero y evaluación financiera de los PIDIREGAS. La revisión al Fondo Petrolero (FEIP) y a la parte financiera de los Pidiregas, adquirió un carácter sistemático en el trabajo anual de la ASF. De lo detectado por el órgano de fiscalización superior, destaca el exceso de discrecionalidad en el manejo de los recursos del petróleo, que en 2006 dio lugar a que la SHCP no transfiriera 12.8 miles de millones de pesos al FEIP, ni el monto por 2.9 miles de millones del último trimestre que debió pagarse en enero de 2007, por concepto de la recaudación por derechos de hidrocarburos. Destaca también el exceso de discrecionalidad de las Reglas de operación del FEIP.

⎯ Recursos fiscales excedentes. En la revisión a los recursos fiscales excedentes, la ASF determinó que la SHCP en el ejercicio fiscal 2006 redujo 13.1 miles de millones de pesos de los ingresos excedentes para compensar montos no recaudados (4.8 miles de millones) del Derecho sobre Hidrocarburos para el FEIP y para traspasar recursos del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas a diversos ramos de la Administración Pública para pago del ISR y del Impuesto sobre Productos del Trabajo.

⎯ Recaudación de Ingresos por Derecho de Trámite Aduanero (DTA). El órgano

fiscalizador determinó que el SAT registró indebidamente en el rubro de Derecho de Trámite Aduanero devoluciones en efectivo por 679.2 millones de pesos, tal procedimiento afectó en forma negativa el importe neto de los ingresos del DTA presentado en la Cuenta Pública 2006.

⎯ Recaudación de Ingresos por el Impuesto sobre la Renta, Pagos del Ejercicio de Personas Físicas y Morales. La revisión determinó como resultado fundamental que 58 pagos efectuados por contribuyentes por 1 mil 445.1 millones de pesos, se presentaron en forma extemporánea.

⎯ IPAB. Evaluación del Procedimiento para la Enajenación de la Tenencia Accionaria del Consorcio Aeroméxico, S.A. de C.V. Esta revisión de carácter excepcional, fue solicitada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la H. Cámara. A su vez, la ASF solicitó al IPAB un informe con carácter excepcional sobre el proceso de enajenación de la tenencia accionaria propiedad del Gobierno Federal del Consorcio Aeroméxico. El IPAB en tiempo y forma entregó al órgano de fiscalización el informe correspondiente. Por su parte, la ASF señaló que evaluaría el informe para determinar la procedencia de practicar una auditoría al proceso de enajenación de las acciones en poder del Gobierno del Consorcio Aeroméxico.

⎯ Evaluaciones de la Conclusión del Nuevo Programa (Banco Mercantil del Norte,

Banamex, BBVA Bancomer y HSBC). De los Programas de Apoyo al Ahorro Bancario, solamente faltaba por concluir el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC). Con la celebración por parte del IPAB y los Bancos del



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Nuevo Programa de Banamex, BBVA Bancomer, HSBC y Banorte, concluyeron todos los programas originales de apoyo al Ahorro. En las cuatro revisiones especiales practicadas por la ASF en el 2006 sobre el Nuevo Programa, la ASF emitió un dictamen favorable. Determinó también que el costo fiscal de los 4 programas ascendió (con fecha de diciembre de 2006) a 121 mil 900 millones de pesos. La ASF señala que derivado de la fiscalización y la rendición de cuentas al PCCC, se recuperaron para el erario 11 mil 024 millones de pesos. Sin embargo, subsisten los efectos económicos (y sociales) cuya gravitación para las finanzas públicas es importante, el costo global estimado del rescate bancario determinado por la ASF es de 1.4 billones de pesos a diciembre de 2006, quedando aún pendientes de pago 677 mil 700 millones de pesos.

⎯ Costo Fiscal de los procesos de Disolución y Liquidación de las Instituciones de Banca Múltiple: Banco del Sureste, S.A,; Banco Promotor del Norte, S.A.; y BNP México, S.A, Esta revisión especial es relevante pese a que no generó observaciones, en virtud de que llegaron a la disolución y liquidación de tres entidades bancarias. La ASF determinó un costo de liquidación al 31 de diciembre de 2006 de 1 mil 983.9 millones de pesos, para Banco del Sureste; 267.4 millones de pesos para Pronorte, y para BNP México, la ASF determinó que no hubo costo fiscal.

⎯ Bonos de Protección al Ahorro. Desde el año 2000, la ASF ha fiscalizado las emisiones de bonos IPAB, los cuales muestran una tendencia al crecimiento. El saldo de Bonos IPAB en el 2000 fue de 73 mil 360 millones de pesos, para el 2006 el saldo ascendía a 596 mil 855 millones de pesos y representaba el 79.7% del pasivo FOBAPROA.

⎯ Cuotas Pagadas por las instituciones de Banca Múltiple al IPAB. La conclusión

principal de la revisión señala que a diciembre de 2006, el IPAB tenía un déficit en la reserva de protección del ahorro de 1 mil 084 millones de pesos, por lo que el Instituto no cuenta con recursos para enfrentar una contingencia de parte del sistema bancario.

⎯ Evaluación de la Posición Financiera del IPAB. La ASF concluye que el saldo

nominal de la deuda manejada por el IPAB no se ha reducido; que el IPAB no cuenta con reservas financieras que le permitan enfrentar contingencias; que el costo de administración de los pasivos a cargo del instituto es creciente; y que el costo financiero de la deuda del IPAB ha sido superior a la alternativa de consolidar los pasivos con la deuda interna del gobierno.

⎯ Evaluación de las Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. Debido al agotamiento de los activos que tiene el IPAB para enajenar, la ASF estima que se incrementarán las transferencias presupuestarias anuales al Instituto después de 2009 en un rango de 500-700 millones de pesos.



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⎯ SAE. Al SAE se le practicaron siete auditorías en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2006. De ellas, sobresalen las relativas a las liquidaciones de bancos de desarrollo y la del Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural:

⎯ Liquidación del Sistema Banrural. En el proceso de disolución, la ASF informa

que el SAE no cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas para los procesos de licitaciones públicas de cartera de crédito e inmuebles, adjudicaciones directas y subasta pública electrónica de inmuebles. La entidad fiscalizada incurrió en diversas irregularidades en la venta de activos e incurrió en discrecionalidad excesiva en la toma de decisiones; comercialización de activos sin precios de referencia y falta de análisis costo-beneficio, entre otros.

⎯ Liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior. Se estimó que al 31 de

diciembre de 2006, el costo de liquidación del banco ascendía a 2 mil 218.3 millones de pesos. La revisión arrojó un número significativo de observaciones.

⎯ Liquidación de Financiera Nacional Azucarera. Esta auditoría se seleccionó entre

otras razones por el costo fiscal de la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (FINASA), que ascendió a 12 mil 305.3 millones de pesos. En contraste a las auditorías relativas a la liquidación de Banrural y de BNCI, la ASF determinó que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el SAE cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las actividades relativas al proceso de liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., de las operaciones examinadas.

⎯ Banca de Desarrollo. La Auditoría Superior de la Federación, practicó 19 revisiones a las instituciones financieras de fomento, incluidas la Financiera Rural y los Fideicomisos instituidos en relación con la Agricultura (FIRA), estos dos últimos, conceptuados como agencias de desarrollo. En términos generales, se detectaron esquemas financieros prácticamente inoperantes y altos riesgos derivados de la incapacidad de las instituciones para generar ingresos propios suficientes para apoyar financieramente a sectores económicos que no son atendidos por la banca comercial. Sobresalen los siguientes resultados:

⎯ Nacional Financiera. Destaca la auditoría especial relativa a la Evaluación de las

garantías. El aspecto más relevante de esta auditoría muestra que al 31 de diciembre de 2006, NAFIN dispone de reservas que cubren el 100% del pasivo en virtud de que recibió transferencias de recursos por parte del Gobierno Federal, que en 2006 ascendieron a 2 mil 500.0 millones de pesos. De no haber sido así, se hubiese presentado un déficit en los tres planes que comprenden el pasivo.



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⎯ Bancomext. La ASF practicó a BANCOMEXT una auditoría de tipo especial denominada Evaluación de las garantías que por Ministerio de Ley otorga el Gobierno Federal al BANCOMEXT, y del Cumplimiento Normativo de su Sistema de Pensiones y Jubilaciones. La ASF encontró que los pasivos garantizados por el Gobierno Federal en el 2006 representaron 90.4% del monto del activo total de la institución. Sin embargo, en los últimos años, Bancomext ha reportado pérdidas de operación y su cartera vencida continúa creciendo; a ello se adiciona el riesgo que implica mantener un déficit de operación en su balance. Asimismo, el Gobierno Federal tendrá que seguir capitalizándolo como lo viene haciendo desde el 2002. No obstante, persiste la inequidad en el personal operativo en la perspectiva que podrían presentar las pensiones, ya que se observa una diferencia de 34.5 veces entre la pensión máxima y la pensión mínima.

⎯ Financiera Rural. La ASF efectuó una revisión financiera y de cumplimiento al

programa crediticio de la entidad (Otorgamiento de Créditos y Recuperación Crediticia), que se justifica por el significativo impacto de los recursos canalizados a la actividad primaria por la Financiera Rural (FR). La ASF, reveló que las entidades federativas, Sinaloa y Sonora, absorbieron la mayor proporción (23.7% del total) de créditos canalizados a nivel nacional. Hay que señalar, que esta institución financiera de fomento presenta un desempeño muy favorable en el cumplimiento de financiar a su sector objetivo y que sus créditos han reportado un fuerte dinamismo desde que ingresó al mercado en 2003. No obstante, debe considerarse que los recursos crediticios otorgados podrían ser aún mayores si se incorporara a sus programas el monto tan importante de inversiones financieras que ha venido operando. En 2006, representaron el 41.7% de los activos totales, mientras que la cartera de crédito representó 55.4%.

⎯ Separata: Informe sobre la Fiscalización del Derecho de Trámite Aduanero

1999-2006. Este informe reviste un alto interés en virtud de que presenta diversas facetas de la complejidad de la fiscalización en sectores de la Administración Pública Federal, cuando los entes ejecutores de gasto público utilizan vehículos financieros, que pretenden sustraerse a la acción fiscalizadora. La separata presenta un informe detallado sobre la fiscalización del Derecho de Trámite Aduanero para el periodo 1999-2006. Entre los diversos resultados presentados en el informe destaca lo siguiente:

⎯ Derivado de las acciones fiscalizadoras, se lograron devoluciones para el erario,

realizadas por NAFIN en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Aduanas 1, entre mayo y diciembre de 2005, por 2 mil 456.8 millones de pesos. Como resultado de las controversias constitucionales emprendidas por el ente fiscalizado relacionadas con la formulación de Pliegos de Observaciones por la ASF al SAT en 4 de los 7 años revisados, por un monto observado de 9 mil 985.9 millones de pesos, la resolución de la SCJN determinó la invalidez de los citados Pliegos de Observaciones, lo que evitó recuperaciones mayores para el erario por un monto de 7 mil 529.2 millones de pesos.



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4. RESULTADOS DE AUDITORÍAS RELEVANTES En esta sección se exponen los resultados de 52 auditorías del sector hacendario, seleccionadas de un total de 83 revisiones (equivalentes al 62.7%). Además se incluye la separata sobre el informe de fiscalización del derecho de trámite aduanero en el periodo 1999-2006. Las auditorías seleccionadas incluyen 13 de los 15 entes revisados por la ASF al sector. Las revisiones son las siguientes:

No. ENTE TÍTULO TIPO1 Evaluación de las Finanzas del Sector Público Presupuestario Especial

2 Evaluación del Otorgamiento de Subsidios para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores Rural y Pesquero Desempeño

3 Evaluación de la Regulación y Supervisión de las Entidades Financieras de Seguros, Valores, Pensiones y Organizaciones Auxiliares del Crédito Desempeño

4Fiscalizar el Cumplimiento de los Objetivos Contenidos en los Programas Federales para Representar el Interés de la

Federación en Controversias Fiscales y para la Representación Judicial y Administrativa en Juicios o Procedimientos ante los Tribunales de la República y otras Autoridades Competentes y de los Recursos Financieros Aplicados para ese Fin

Desempeño

5 Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Especial

6 Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero Especial

7 Contratación del Préstamo Programático para el Desarrollo de Políticas Financieras y Crecimiento Especial

8 Evaluación del Cumplimiento de la Normativa de los Fideicomisos, Mandatos y Análogos en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos Especial

9 Evaluación Financiera de los PIDIREGAS Especial

10 Evaluación de los Pasivos Laborales a Cargo de los Gobiernos Estatales y Municipales Especial

11 Fiscalización de las Obligaciones de la Deuda del Gobierno General y de las Universidades Públicas Estatales Especial

12 Informe Integral sobre Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Especial

13 Operación del Fideicomiso del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros Financiera y de Cumplimiento

14 Recursos Económicos Destinados a la Atención de los Daños Causados por el Huracán Stan en el Estado de Chiapas Financiera y de Cumplimiento

15 Recursos Fiscales Excedentes Financiera y de Cumplimiento

16Evaluación de la Situación Financiera del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, las Garantías que por Ministerio de Ley le Otorga el Gobierno Federal, y el Cumplimiento Normativo de su

Sistema de Jubilaciones y PensionesEspecial

17 Egresos presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" Financiera y de Cumplimiento

18BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,

S.N.C.

Evaluación de las Garantías que por Ministerio de Ley Otorga el Gobierno Federal al Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, y del Cumplimiento Normativo de su Sistema de Jubilaciones y Pensiones Especial

19 Evaluación de las Garantías que por Ministerio de Ley Otorga el Gobierno Federal al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, y del Cumplimiento Normativo de su Sistema de Jubilaciones y Pensiones Especial

20 Evaluación de las Obligaciones Garantizadas por el Gobierno Federal a Cargo del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas Especial

21 Deuda Externa Banobras Financiera y de Cumplimiento

22 Ingresos por Cuotas de Peaje de la Carretera México-Puebla Financiera y de Cumplimiento

23COMISIÓN NACIONAL

BANCARIA Y DE VALORES

Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Desempeño

24 FINANCIERA RURAL Otorgamiento de Créditos y Recuperación de Cartera Financiera y de Cumplimiento

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FONDO DE GARANTÍA Y FORMENTO PARA LA

AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

Evaluación de las Obligaciones Garantizadas por el Gobierno Federal a Cargo de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura Especial

SELECCIÓN DE AUDITORÍAS. SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS

FINANCIEROS, S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS, S.N.C.




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No. ENTE TÍTULO TIPO26 INEGI Evaluación de los Sistemas y Servicios de Estadística, e Información Geográfica Desempeño

27 Costo Fiscal del Proceso de Liquidación del Banco del Sureste, S.A.; del Banco Promotor del Norte, S.A., y del BNP México, S.A. Especial

28 Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple Especial

29 Evaluación de la Conclusión del Nuevo Programa de Banco Mercantil del Norte, S.A. Especial

30 Evaluación de la Conclusión del Nuevo Programa de Banco Nacional de México, S.A Especial

31 Evaluación de la Conclusión del Nuevo Programa de BBVA Bancomer, S.A. Especial

32 Evaluación de la Conclusión del Nuevo Programa de HSBC México, S.A. Especial

33 Evaluación de la Emisión de Bonos de Protección al Ahorro Especial

34 Evaluación de las Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca Especial

35 Evaluación de la Posición Financiera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Especial

36 Evaluación del Procedimiento para la Enajenación de la Tenencia Accionaria del Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V. Situación Excepcional

37 LOTENAL Cuentas de Resultados, "Premios" Financiera y de Cumplimiento

38 Evaluación de las Garantías que por Ministerio de Ley Otorga el Gobierno Federal a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, y del Cumplimiento Normativo de su Sistema de Jubilaciones y Pensiones Especial

39 Cuentas de Balance-Activo, "Cartera de Crédito" Financiera y de Cumplimiento

40 Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera Financiera y de Cumplimiento

41 Evaluación de las Administraciones Locales Desempeño

42 Evaluación del Destino de los Decomisos en Materia Aduanera Desempeño

43 Fiscalizar el Cumplimiento de los Objetivos Contenidos en los Programas Federales para la Defensa del Interés de la Federación en Controversias Fiscales y de los Recursos Financieros Aplicados para ese fin Desempeño

44 Recaudación de Ingresos por Derecho de Trámite Aduanero Financiera y de Cumplimiento

45 Recaudación de Ingresos ppor el Impuesto Sobre la Renta, Pagos del Ejercicio de Personas Físicas y Morales Financiera y de Cumplimiento

46 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de Aguas, Refrescos y sus Concentrados Financiera y de Cumplimiento

47 Evaluación del Control y Seguimiento de los Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Desempeño

48 Evaluación del Proceso de Disolución y Liquidación del Sistema Banrural Especial

49 Evaluación del Proceso de Liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. Especial

50 Evaluación del Proceso de Liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. Especial

51 Evaluación del Proceso Utilizado para el Destino de los Bienes Decomisados Especial

52 Evaluación del Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural Financiera y de Cumplimiento

53 SAT Informe sobre la Fiscalización del Derecho de Trámite Aduanero 1999-2006 Separata

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE

BIENES

SELECCIÓN DE AUDITORÍAS. SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL

AHORRO BANCARIO

De la muestra seleccionada, destaca la revisión de las 9 auditorías de desempeño, de las cuales, 3 corresponden a la SHCP, 3 al SAT y 3 más distribuidas entre la CNBV, INEGI y el SAE. Se incluyen para su análisis, 28 auditorías especiales, la mayor parte de ellas corresponden a la SHCP (9), el IPAB (9) y el SAE (4). Se presentan también los resultados de 14 auditorías financieras y de cumplimiento, de las cuales en su mayoría se localizan en la SHCP, el SAT, BANOBRAS y NAFIN. Entre las revisiones con un mayor grado de importancia respecto de los resultados encontrados por la ASF, destacan la auditoría de situación excepcional al procedimiento para la enajenación de la tenencia accionaria del Consorcio Aeroméxico, S.A.B de C.V., en el que participaron IPAB, NAFIN, la SCT y la Junta de Gobierno del Consorcio; así como la revisión de seguimiento a la CNSF y la SEPARATA que informa sobre la fiscalización de los recursos públicos generados por los Derechos de Trámite Aduanero.



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4.1 AUDITORÍA 06-0-06100-06-175. SHCP: “EVALUACIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO”.

⎯ Objetivo. Evaluar las causas de las variaciones entre lo autorizado por el

H. Congreso de la Unión y lo ejercido por el Ejecutivo Federal, en relación con el balance del sector público presupuestario, el ingreso y el gasto, así como la evolución de la deuda pública.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una auditoría especial que se

seleccionó para atender la recomendación de la Comisión de Vigilancia, en relación con el objetivo de evaluar la gestión del sector público presupuestario reportado en la Cuenta Pública 2006. El universo corresponde a la variación entre la meta de equilibrio presupuestario y el superávit alcanzado de 9 mil 109.6 millones de pesos, auditándose el 100% del universo seleccionado. Las áreas revisadas fueron las unidades de Política y Control Presupuestario, y de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. A pesar de que el sector público

presupuestario durante el ejercicio fiscal 2006, obtuvo ingresos adicionales en montos sin precedente por 310 mil 102.5 millones de pesos (el equivalente a los ingresos estimados por la actual administración con la reciente reforma fiscal aprobada para todo el periodo 2008-2012), y de que macroeconómicamente fue el año en que se obtuvieron los mejores resultados del sexenio, aún las tasas de crecimiento real y per cápita siguen siendo bajas en comparación con el ámbito internacional.

El órgano de fiscalización señaló más ampliamente que a pesar de haber obtenido el sector público presupuestario ingresos anuales excedentes durante el periodo 2001-2006 y de obtener los ingresos que se habían planteado en la reforma fiscal propuesta en 2002 (120 mil millones de pesos), con lo cual de acuerdo al Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE), 2002-2006, se hubiera propiciado un crecimiento promedio de 5.2%, la realidad fue que ni siquiera se alcanzó un crecimiento de 3.4%. La ASF en esta importante evaluación consideró que el escaso crecimiento económico fue producto de la forma en que se asignaron los recursos, al no privilegiar programas y proyectos con mayor racionalidad económica y rentabilidad social. Respecto al tema de la deuda pública y pasivos contingentes, destaca el crecimiento en un punto porcentual del PIB de la deuda total directa del Sector Público Presupuestario (la cual no incluye pasivos contingentes) al representar un saldo de 24.3 % del PIB en 2006, cuando en el 2005 fue de 23.3 %. Los ingresos del sector público presupuestario durante 2006 tuvieron un incremento sustancial de 15.9% respecto de 2005. Los ingresos presupuestados



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en la Ley de Ingresos correspondiente, fueron superados por los ingresos realmente obtenidos en 2.5 puntos del PIB. El incremento de los ingresos del gobierno se asoció fundamentalmente al desempeño obtenido por los ingresos no petroleros, hecho que se debió al crecimiento económico observado en el año; los ingresos petroleros; a ingresos no recurrentes (venta de acciones de los grupos del Centro-Norte y del Pacífico) y a ingresos adicionales (ingresos del IMSS e ingresos de la CFE). Por su parte, el Gasto neto presupuestario ejercido fue superior en 15.1% al presupuesto aprobado por la Cámara. Los rubros que más destacaron con incrementos sustantivos del gasto neto del sector público presupuestario de acuerdo a la clasificación administrativa fueron: Previsiones Salariales y Económicas; Energía; Programas de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; Turismo; y PEMEX. De acuerdo a la clasificación económica los rubros más significativos correspondieron al gasto corriente destacando en orden descendente: Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; Capítulo 3000 “Servicios Generales”; Capítulo 1000 “Servicios Personales”; Pensiones, por el incremento en el salario base de cotización y en el número de pensionados y las aportaciones al Fondo Laboral de Pemex; y Subsidios y transferencias. La ASF reportó que para el 2006, no fue posible realizar la evaluación general de la eficiencia del gasto gubernamental a través de indicadores, debido a que a partir de 2004 ya no se presenta la asignación del gasto por indicador (relación meta-gasto) sino por actividad institucional. Tampoco fue posible valorar para algunos indicadores la eficacia de la acción gubernamental, en virtud de que el órgano fiscalizador no dispuso de la información necesaria. Asimismo, no se reportaron suficientes indicadores estratégicos que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de la acción gubernamental en el uso de los recursos públicos. Respecto a los indicadores por actividad institucional, se presentaron en Cuenta Pública 1,137 indicadores, de los cuales 961 se consideraron sujetos a evaluación y 176 no fueron evaluados. De esos indicadores, 42.5% superó la meta, 42.2% alcanzó la meta y el 15.3% no la cumplió.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitió una observación que generó

una recomendación. ⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación considera que, en

términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas aplicables y presentó razonablemente los resultados de las finanzas públicas y las explicaciones de ingreso, gasto y deuda pública de las operaciones examinadas.



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⎯ Impactos de la fiscalización. No se determinó impacto monetario. La ASF emitió 1 acción, orientada principalmente a asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. No se reportaron comentarios del ente

auditado.

⎯ Comentarios de la UEC. Durante 2006, el sector público presupuestario registró por vez primera desde 1994, un superávit fiscal por 9 mil 109.6 millones de pesos. Este resultado, sin embargo, se diluye por las siguientes razones: al cierre del 2006, el saldo de la deuda del sector público creció 9% en términos reales respecto del año anterior. Este crecimiento no da cuenta del endeudamiento adicional relacionado con los pasivos contingentes que no están registrados como deuda pública directa. Las auditorías practicadas durante 2006 por la ASF sobre el estado de las obligaciones del sector público dan cuenta de la relevancia estratégica del tema y de los riesgos latentes para el equilibrio futuro de las finanzas públicas. Por lo anterior, sería conveniente que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia, solicite a la SHCP las estrategias para enfrentar esos riesgos y las acciones que ha estado implementando para hacer frente a las observaciones-recomendaciones efectuadas por la ASF desde 2001 a la fecha. El crecimiento sustantivo del gasto neto presupuestario ejercido por el gobierno durante el 2006, se concentró de manera significativa en el gasto corriente. Al respecto, sería conveniente que la ASF realizara un diagnóstico, en forma de una revisión, sobre el comportamiento histórico del gasto corriente. Fue preocupante comprobar que como resultado de la revisión, la ASF careciera de los indicadores estratégicos suficientes para evaluar la calidad de la gestión gubernamental, por lo que sería recomendable que la propia ASF proceda a elaborar indicadores propios como lo ha hecho para algunas auditorías de desempeño.

4.2 AUDITORÍA 06-006100-07-188. SHCP. “EVALUACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO FINANCIERO Y TECNOLÓGICO A LOS SECTORES RURAL Y PESQUERO”.

⎯ Objetivo. Evaluar la eficacia de las acciones sobre el otorgamiento de subsidios

para el fomento financiero y tecnológico de los sectores rural y pesquero; la eficiencia en los créditos, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, así como las recuperaciones de los créditos otorgados; la economía de los recursos asignados; la competencia del personal,



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y la calidad con la que se ofrecieron los servicios de financiamiento a la población atendida.

⎯ Características de la Revisión. La ASF realizó una auditoría de desempeño que fue seleccionada con base en lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, que dispuso promover las condiciones para que el sistema financiero mexicano fuera competitivo en el ámbito internacional, estableciendo las bases para su capitalización y expandiendo el financiamiento a los sectores que no son atendidos por los intermediarios privados. Con esta revisión, la ASF inició un ciclo de auditorías de desempeño sobre los entes que integran el sistema financiero de fomento, a fin de promover la mejora en la gestión pública de los fideicomisos públicos y las sociedades nacionales de crédito. Se seleccionó una muestra de 746.9 millones de pesos que corresponde al gasto corriente erogado por los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), en el otorgamiento de créditos. Las áreas revisadas fueron las direcciones generales adjuntas de Administración y Jurídico; de Crédito; de Finanzas; de Promoción de Negocios; de Sistemas y Operaciones, de Inteligencia Sectorial, y la Unidad de Seguimiento Normativo y Evaluación Institucional del FONDO.

⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. La ASF evaluó la eficacia de los

programas sobre otorgamiento de subsidios para el fomento financiero y tecnológico de los sectores rural y pesquero; la eficiencia en los créditos, garantías de crédito, servicios de capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología, así como de las recuperaciones de los créditos otorgados, entre otros, del Sistema FIRA, integrado por cuatro fideicomisos: FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA. La ASF encontró que en 2006 los fondos de fomento apoyaron a 14.8% (443.6 miles de productores) del mercado potencial a ser atendido en los sectores agropecuario y pesquero que ascendió 2 millones 995 mil productores.

Asimismo, destacó que el Sistema FIRA no acreditó las metas programadas del número de acreditados atendidos y que a pesar de que las tasas de interés ofrecidas venían siendo inferiores a las de mercado, durante 2006 se registró la tasa anual promedio más alta ofrecida por los fondos en los últimos años, ya que comparada con la del mercado la diferencia fue de sólo 0.9 puntos porcentuales. Por otra parte, sobresale el hecho de que entre 2001 y 2006, el Sistema FIRA prácticamente en todos sus programas redujo de manera sensible el monto real de recursos otorgados: subsidios en el fomento financiero a tasas de interés (-38.6%), para la formación de sujetos de crédito FEGA (-58.5%), tecnológicos para capacitación empresarial y transferencia de tecnología (-16.8%) y para asistencia técnica (-24.7%).



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El insuficiente otorgamiento de recursos financieros de fomento a los sectores rural y pesquero, se explica por la débil situación financiera de los fideicomisos de fomento cuyos activos y utilidad neta disminuyeron en el periodo y debido a que este tipo de intermediarios rechazan un alto volumen de solicitudes de crédito, fundado en el riesgo de la actividad agropecuaria y al incumplimiento de requisitos por parte de los productores. La ASF determinó que los fondos del Sistema FIRA en los últimos seis años han ajustado su plantilla de personal a la baja, sobre todo en las áreas operativas en detrimento de las funciones relativas al otorgamiento de subsidios financieros y tecnológicos. Finalmente, sobresale el análisis que se obtuvo de la aplicación de encuestas para evaluar la percepción de los intermediarios financieros sobre la suficiencia y oportunidad en la entrega de los subsidios, donde los índices más altos correspondieron a las SOFOLES y SOFOMES (100%) y los más bajos para el Agente Procrea y banca comercial. Con respecto a la eficiencia del Sistema FIRA, destaca que sus activos se redujeron a una tasa anual de 0.6%, de 109 mil 304.0 millones de pesos en 2003 a 107 mil 505.0 millones de pesos en 2006. Sin embargo, sus costos de operación registraron una mejoría, al pasar de 27 pesos por cada mil operados a 14 pesos, entre 2001 y 2006, aspecto que la ASF atribuye a la reducción de la plantilla de personal y al incremento en el número de descuentos que se registra.

⎯ Acciones Promovidas. La ASF emitió 7 observaciones que generaron 8

acciones, que correspondieron a 3 recomendaciones 5 recomendaciones al desempeño.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que, en términos generales y respecto

de la muestra antes señalada, la SHCP por medio de los fondos que integran el Sistema FIRA, cumplieron razonablemente con su objetivo de otorgar a productores de los sectores rural y pesquero, que no son atendidos por intermediarios financieros, subsidios para el fomento financiero en tasa de interés y para la formación de sujetos de crédito, así como subsidios de fomento tecnológico para capacitación empresarial y transferencia de tecnología, y servicios de asistencia técnica, excepto por los resultados antes mencionados.

⎯ Impacto de la Fiscalización. Derivado de la revisión, la ASF reporta como

impacto de las observaciones, repercusiones en el control de la entidad fiscalizada, puesto que no se identificaron en el Programa Anual de Trabajo del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura de 2006 metas sobre el número de productores agrícolas que serían atendidos con el otorgamiento de los subsidios para el fomento financiero y tecnológico, lo que impidió evaluar la eficacia de los fondos de fomento.



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⎯ Comentarios de la Entidad fiscalizada. La entidad fiscalizada mencionó que la reducción de plazas se debió a que hubo vacantes de diferentes puestos en la estructura, lo que permitió escalar y desarrollar al personal.

⎯ Comentario de la UEC. No obstante que la ASF dictaminó que los fondos que

integran el Sistema FIRA cumplieron razonablemente con su objetivo, los indicadores de cobertura a productores de la entidad indican que los apoyos otorgados a la meta del mercado objetivo son insuficientes, puesto que sólo se atiende a la séptima parte de este mercado y que el monto de los recursos otorgados representa en el programa más crítico, menos de la mitad de lo asignado en 2001. El FIRA no tiene elementos para conocer el efecto de sus programas sobre la bancarización de sus beneficiarios, de manera que no podría argumentar que la tendencia a la baja de sus operaciones se haya debido a una disminución de la necesidad de realizarlas. De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno de la presente administración, el financiamiento al sector agropecuario otorgado por la banca ha disminuido tanto en términos absolutos como relativos y los espacios que ha dejado la banca de desarrollo no han sido cubiertos por la banca comercial. En el año 2001 ambas aportaban vía sector agropecuario, un porcentaje similar al crédito total (3.76% y 3.6%, respectivamente); en el año 2006, la participación de la banca comercial se ha había reducido a 1.55% y la de la banca de desarrollo a 0.28%. Adicionalmente, con la revisión se detectó que las tasas aplicadas en sus programas fueron muy similares a las de mercado, por lo que es probable que los productores no hayan recibido los beneficios originalmente establecidos. El Sistema FIRA enfrenta una débil situación financiera mostrada por el fuerte descenso de sus activos y de la cartera crediticia (ver revisión especial del Sistema FIRA), debido a que enfrenta compromisos de pago de pasivos muy elevados, contraídos fundamentalmente con Banco de México. Consecuentemente, sería pertinente que la SHCP redefina la estrategia financiera de fomento e incluya en sus propuestas el aumento de recursos para apoyar este segmento de productores y se creen nuevas instancias de financiamiento de fomento que incrementen las metas del mercado objetivo. Sería recomendable que la ASF hubiera considerado como uno de sus referentes a la Ley de Desarrollo Rural sustentable la cual contempla en el artículo 22 fracción VIII la conformación de un sistema nacional de financiamiento rural del cual los fondos del FIRA forman parte y cuya operación se establecen en el capítulo 11 artículos 116 a 122 una serie de criterios que consideran prioridades no sólo por tipo de productor sino por tipo de producto ( privilegiando a los que se definen en la Ley como básicos y estratégicos), por zonas



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(priorizando a las de menor desarrollo económico y social) y por tipo de proyecto (en función de su aporte a la generación de empleo y otros aspectos).

4.3 AUDITORÍA: 06-006100-07-238. SHCP: “EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUROS, VALORES, PENSIONES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO”.

⎯ Objetivo. Evaluar la contribución de las políticas formuladas para las entidades

financieras de seguros, valores, pensiones organizaciones auxiliares de crédito, orientadas a promover esquemas de regulación y supervisión eficaces; fortalecer a los intermediarios no bancarios, e impulsar la eficiencia en el mercado de valores, en el marco de la reforma integral del sistema financiero mexicano.

⎯ Características de la Revisión. La ASF practicó una revisión de desempeño

que fue seleccionada por la importancia estratégica que revisten para el desarrollo del país las funciones de regulación y supervisión del sistema financiero que el Estado ejerce por medio de las dependencias y programas asignados, lo que se direcciona con lo planteado por el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, en el sentido de establecer esquemas de regulación y supervisión eficaces y fortalecer a los intermediarios financieros, e impulsar el mercado de valores. La muestra seleccionada para la revisión consideró el 100.0% del presupuesto ejercido en 2006 por la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones (USVP) que ascendió a 43.7 millones de pesos. Las áreas revisadas fueron las direcciones generales adjuntas de Seguros y Fianzas; de Pensiones y Organizaciones Auxiliares del Crédito; de Normatividad y Coordinación Sectorial; de Análisis de Riesgos, y de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la USVP; y las direcciones generales de Recursos Financieros, y de Recursos Humanos, de la SHCP.

⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. La ASF constató que las atribuciones

conferidas a la USVP en 2006 fueron congruentes con el objetivo rector de conducir responsablemente la marcha económica del país; no obstante, la USVP no acreditó haber elaborado su programa de actividades 2006 con las metas correspondientes. Asimismo, careció de indicadores que permitieran evaluar en qué medida las acciones de regulación y supervisión contribuyeron con las estrategias de promover esquemas de supervisión eficaces, fortalecer a los intermediarios no bancarios e impulsar la eficiencia del mercado de valores. La ASF no pudo comprobar el cumplimiento de la estrategia de fortalecer el sistema financiero para convertirlo en un instrumento promotor del ahorro y llevar a estándares internacionales la supervisión y regulación; en contraste, señaló



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que la USVP formuló y emitió políticas de regulación y supervisión de las entidades financieras de su competencia, con base en estándares internacionales; verificó que a fin de abrir el espectro de posibilidades a una gama más amplia de instrumentos financieros y permitir su sana competencia, el número de entidades financieras competencia de la USVP, se incrementó en 367 unidades, al pasar de 864 en 2001 a 1,234 en 2006, donde el sector de mayor crecimiento fue el bursátil, por el mayor número de sociedades de inversión, seguido del de Seguros y el de SAR. Comprobó también que a pesar de que entre 2001 y 2006 se registró un menor número de emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores, la operatividad del mercado tuvo una tendencia creciente en términos del volumen de acciones colocadas y del aumento del IPC; y que el ahorro financiero se incrementó 87.4% en términos nominales en ese periodo y que como proporción del PIB aumentó de 44.1% en 2001 a 51.7% en 2006, donde el Sistema de Ahorro para el Retiro mostró el mayor dinamismo. La ASF verificó que la USVP realizó diversas autorizaciones relativas a fusiones, establecimiento de oficinas de representación en el extranjero y de organización y funcionamiento de los intermediarios y sobre la concesión a la empresa operadora de la Base de datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.


acciones, de las cuales corresponden 5 a recomendación y 1 a recomendación al desempeño.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que la SHCP por medio de la USVP,

cumplió con el objetivo de la política pública de regular y supervisar a las entidades financieras que son de su competencia, al promover modificaciones del marco normativo para fortalecer la modernización del régimen de las entidades financieras no bancarias y fomentar así el ingreso de nuevos participantes en el mercado, ofreciendo a los ahorradores e inversionistas mayores instrumentos de inversión; contribuir a mejoras en los esquemas regulatorios de esas entidades conforme a estándares internacionales; e impulsar la eficiencia del mercado de valores, mediante el acceso de empresas al mercado de capital de riesgo y el mejoramiento de la organización y funcionamiento de las sociedades anónimas bursátiles; excepto por los resultados con observaciones.

⎯ Impacto de la Fiscalización. La ASF presenta como impacto de las

observaciones la falta de un Programa Anual de Actividades de la USVP, situación que no permite identificar las metas programadas sobre las acciones de promoción, desarrollo y supervisión de las entidades financieras no bancarias.



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⎯ Comentarios de la Entidad fiscalizada. Al señalar la ASF que la USVP no acreditó haber elaborado su Programa Anual de Actividades 2006, la entidad fiscalizada mencionó que sólo es una unidad administrativa que depende de la SHCP, en donde sí se elaboró el programa respectivo. También la entidad señala que sí reportaron las metas programadas y alcanzadas, pero el sistema sólo reportó las actividades prioritarias. Sobre las metas de las propuestas de decretos y reformas a las disposiciones legales aplicables a las entidades financieras no bancarias, la USVP comentó que son atribuciones exclusivas de la dependencia y no de una unidad administrativa; y que las metas sobre las asistencias a las juntas de gobierno y comités consultivos y de vigilancia, no pueden ser programadas debido a que existe una Comisión que realiza la convocatoria.

⎯ Comentario de la UEC. A pesar de que el dictamen de la ASF fue favorable

respecto a las tareas de supervisión y regulación de la USVP, queda de manifiesto la falta de una valoración exhaustiva del impacto de las atribuciones normativas del ente en el crecimiento equilibrado de los intermediarios financieros que integran el sector (y que de acuerdo con estándares internacionales, algunos de ellos muestran rezagos importantes). La composición de las inversiones, los costos de operación, las comisiones y el margen de operación de las administradoras de los fondos para el retiro, no muestran indicadores favorables, de acuerdo al enorme volumen de recursos que potencialmente están disponibles para el ahorro y para la configuración de esquemas viables de pensiones. Así por ejemplo, los costos sobre activos son superiores al promedio regional de América Latina (AL); la competencia se promueve con base en los ingresos netos de las AFORES y no como debiera ser, con base al riesgo ajustado; en 2006, del total de afiliados, sólo 36.8% realizó sus aportaciones; los ingresos por comisiones con relación al salario, son de las más altas en AL; los gastos operativos de las administradoras mexicanas, también son de los más elevados. Otro aspecto importante lo constituye el mercado de valores, donde un volumen importante de operaciones con derivados se realiza fuera de la norma OTC (over-the-counter),2 y con una escasa transparencia. Esto es así, debido a que los controles regulatorios son limitados y no es posible evaluar sus riesgos, que por lo general son elevados; el desarrollo comercial de derivados del mercado doméstico MexDer –el mercado formal– es mucho más pequeño y poco uniforme y representa menos de la sexta parte del mercado OTC; finalmente, las comisiones que cobran los intermediarios financieros por el uso de los servicios financieros, no están suficientemente reguladas, permitiendo en la gran mayoría de los intermediarios márgenes muy superiores a los estándares de otros mercados.

2 Un derivado OTC es un contrato negociado en forma privada ofrecido directamente por los distribuidores (dealers) a los usuarios finales, en comparación con los contratos estandarizados vendidos en las bolsas, los derivados bursátiles o listados en bolsa.



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La regulación y supervisión de estas entidades financieras, debe buscar alternativas para mejorar su papel en la supervisión de las compañías de seguros, en la promoción de nuevos vehículos de inversión y adecuación de las operaciones del mercado de valores; y, de manera especial, en la administración de los fondos de pensiones. Ni en la USVP, la SCHP y la CNBV, se detecta una preocupación por desarrollar una nueva arquitectura de regulación para el sistema financiero mexicano acorde con la dinámica de la globalización mundial (supervisión integral consolidada), que evite los conflictos de interés entre los funcionarios encargados de la regulación y los intermediarios, que promueva precios más competitivos para los productos financieros, que evite el arbitraje regulatorio, y que aumente la oportunidad de la rendición de cuentas de los supervisores con instrumentos apropiados, incluyendo los del mercado. Al respecto, cabe hacer mención que en los Estados Unidos de Norteamérica, como consecuencia de la crisis financiera, el Departamento del Tesoro está promoviendo una reforma integral de supervisión y regulación para su sistema financiero, en los términos anteriormente citados. En el arribo a nuevo esquema normativo en el Sistema Financiero de México, la participación del Congreso sería fundamental. Al respecto, es necesaria la valoración de crear una Comisión de Moneda y Banca especializada en asuntos monetarios, en el Congreso de la Unión, para apoyar y proteger a los usuarios de los factores adversos vinculados con los productos financieros, y que anticipadamente revele los aspectos esenciales de los nuevos riesgos en que incurren los intermediarios financieros.

4.4 AUDITORÍA: 06-0-06100-07-943. SHCP: “FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS FEDERALES PARA REPRESENTAR EL INTERÉS DE LA FEDERACIÓN EN CONTROVERSIAS FISCALES Y PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA EN JUICIOS O PROCEDIMIENTOS ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA Y OTRAS AUTORIDADES COMPETENTES Y DE LOS RECURSOS PARA ESTE FIN”.

⎯ Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los

programas federales por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, al representar el interés de la Federación en controversias fiscales; en el ejercicio de los derechos, acciones, excepciones y defensa de los intereses de la SHCP en los juicios o procedimientos ante los tribunales de la República y otras autoridades competentes, y en la interposición de los recursos procedentes y en la resolución de los recursos administrativos en materia fiscal que sean de su competencia, así como de los recursos financieros aplicados en la defensa y representación del interés de la Federación y de la SHCP.



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⎯ Características de la revisión. Se realizó una auditoría de desempeño, que fue solicitada por ser aspectos o temas específicos sobre los que la sociedad ha manifestado su interés. Para ello se determinó revisar una muestra de 81.4 millones de pesos, que representan el 29.1% del universo seleccionado. La auditoría tuvo lugar en la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos (SFFA).

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La entidad no incluye en la Cuenta

Pública ni en sus informes de avance programático, información sobre los resultados obtenidos en los juicios a su cargo (ganados, perdidos, donde interpone recursos, etc.), así como el impacto de sus resultados en la defensa y representación del interés de la Federación, a efecto de que se cuente con la información suficiente que permita evaluar la eficiencia y eficacia con que cumple las actividades a su cargo,

Se determinó que el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Procesos (SISEP) presenta algunas inconsistencias en la información respecto del estado de los juicios, por falta de captura oportuna, por lo que no es una referencia confiable para la toma de decisiones y la evaluación de las actividades realizadas. El propio sistema no incluye información sobre las causas por las que la SFFA gana o pierde un juicio, ni aquellas disposiciones jurídicas que impactaron negativamente en la defensa y representación del interés fiscal de la Federación en controversias fiscales.

Existe rezago en la depuración de archivos, lo que se contrapone a los objetivos establecidos en el Programa de Conclusión en el Área de Archivo de la Oficialía de Partes de la Subprocuraduría; lo que también limita el control y seguimiento de los asuntos que mantiene realmente como activos en cada ejercicio fiscal. Se observó que no existen mecanismos que aseguren que los documentos relativos a los procedimientos de juicios, recursos o procedimientos en que interviene la SFFA, se integren en los expedientes, a fin de conocer la situación que tienen en cada instancia procesal, y que sean foliados, a fin de prevenir posibles extravíos de la documentación que los integra.

La entidad revisada no dispone de los mecanismos que aseguren la adecuada integración, registro, seguimiento y conclusión de los expedientes; ni verifica que los expedientes que son dados por concluidos contengan todas las constancias correspondientes al desarrollo de los juicios, particularmente las que acrediten su conclusión, aspecto que se destaca en los expedientes de los juicios de amparo.

En materia de recursos humanos y capacitación, la SFFA no cuenta con un catálogo específico donde se señale el perfil que debe cubrir el personal que se contrata para la representación y defensa del interés de la Federación en



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controversias y juicios fiscales. No fue posible evaluar el impacto de la capacitación otorgada al personal en 2006, toda vez que se carece de un programa específico de capacitación, y porque no se dispuso de la información relativa al tiempo de capacitación y los resultados de las evaluaciones practicadas.

La ASF concluyó que se requiere de una mayor capacitación del personal en materia fiscal, tributaria y constitucional, relacionada con reformas fiscales, para mejorar la atención de los juicios de amparo que competen a la SFFA. De igual manera, también recomendó capacitar al personal encargado de operar el SISEP, a efecto de que se realice una adecuada clasificación, registro y seguimiento de los asuntos que recibe la PFF, y de que se actualice y amplíe la capacidad del sistema.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitieron 15 observaciones que generaron 16 acciones, de las cuales 11 son recomendaciones y 5 recomendaciones al desempeño.

⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra fiscalizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, cumplió con las disposiciones normativas, aplicables a la defensa y representación de la Federación y de la SHCP.

⎯ Impacto de la fiscalización. Sobre el particular, la ASF afirma que: “Los indicadores de que dispone la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, no permiten evaluar su desempeño en las actividades de defensa y representación de la Federación en controversias y juicios fiscales, no obstante que éstas son sus actividades sustantivas; existen diversas inconsistencias en la integración, registro y seguimiento de los expedientes de los juicios y ausencia de constancias judiciales que acrediten el estado que guardan éstos; en su sistema de registro no está actualizado el estado real de todos los juicios en que interviene, debido a la falta de registro oportuno; y se requiere realizar una depuración de aquellos asuntos que ya no reportan actividad procesal o de trámite, para un adecuado control, registro y seguimiento de los asuntos en que interviene la Subprocuraduría en cada ejercicio fiscal”.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. La SFFA formula sus argumentos

acompañados de documentos, para atender lo observado y dar respuesta en 19 de los 31 expedientes donde la ASF detectó falta de uno o varios documentos que muestren el estado procesal del juicio y el seguimiento que la SFFA dio a los mismos, como son: acta de celebración de audiencia constitucional y de la resolución, así como el acuerdo donde se declare que la resolución ha causado ejecutoría; acuerdo de admisión y sentencia del recurso de revisión; informes



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previo y/o justificado; acuerdo de admisión de la demanda de amparo; constancias de lo actuado en el juicio, etc.

⎯ Comentarios de la UEC. Llama la atención que de los indicadores revisados por la ASF, ninguno evalúe el sentido y estado que guardan los juicios en que intervino la SFFA, ni su resultado, y ni tampoco el impacto de éste tuvo en la defensa y representación del interés de la Federación, no obstante que éstas son sus actividades sustantivas. La existencia de este vacío en la evaluación, llama la atención sobre dictamen de la ASF, en el sentido de que la entidad “cumplió con las disposiciones normativas, aplicables a la defensa y representación de la Federación y de la SHCP en juicios y controversias fiscales ante los tribunales de la República y otras autoridades competentes”. Por otra parte, si bien las 15 observaciones determinadas no generaron un efecto económico cuantificable, en conjunto, las irregularidades determinadas evidencian deficiencias importantes en la calidad operativa del ente revisado, mismas que se reflejan en las diferentes etapas del proceso que siguen los asuntos a su cargo y, desde luego, en el resultado de los mismos. El alto grado de deficiencias operativas mostradas por la entidad auditada, exige de menos un seguimiento detallado por parte de la entidad de fiscalización superior para garantizar el estricto cumplimiento de las acciones preventivas formuladas.

4.5 AUDITORÍA 06-0-06100-06-319. SHCP: “ACUERDO DE APOYO FINANCIERO Y FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA”.

⎯ Objetivo. Comprobar que los recursos que destinó el Gobierno Federal al

Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME), se ejercieron de conformidad con la legislación y normativa.

⎯ Características de la Revisión. La ASF efectuó una revisión especial cuya

selección es de carácter estratégico, por ser parte de los programas implementados por el Gobierno Federal para apoyar a las instituciones del sistema financiero y a sus deudores a fin de salvaguardar el sistema nacional de pagos. La revisión abarcó el 100.0% del universo seleccionado referente al presupuesto total ejercido en 2006 para el FOPYME de 5.6 millones de pesos. Las áreas revisadas fueron la Unidad de Crédito Público (UCP) de la SHCP, con la participación de la Dirección General de Operaciones de Protección y Resoluciones Bancarias (DGOPRB) del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y de la Dirección General de Análisis y Riesgos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la entrega de documentación.



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⎯ Resultados relevantes de la revisión. En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 (PEF 2006), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre de 2005 se establece que para los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca (PADB) se autorizaron recursos por 36 mil 972.8 millones de pesos, de los cuales 8.8 millones de pesos correspondieron al Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME).

Se revisó el control, registro y aplicación de los 5.6 millones de pesos que corresponden al presupuesto asignado modificado al FOPYME en el ejercicio fiscal de 2006, que representan el 100.0% de los recursos reportados por ese concepto en la Cuenta Pública del mismo año, no habiéndose encontrado irregularidades en el proceso.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. No se emitieron.

⎯ Dictamen de la ASF. En la revisión practicada a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, en relación con el Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el ente fiscalizado cumplió con las disposiciones normativas para la aplicación, registro y control de las operaciones examinadas.

⎯ Impacto de la fiscalización. No se registró impacto alguno en razón de que no

se hallaron irregularidades.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. No se reportaron.

⎯ Comentarios de la UEC. Un elemento a destacar de la revisión es la profunda inequidad existente en el monto destinado al FOPYME en el marco de los Programas de Apoyo a Deudores (8.8 millones de pesos), respecto del monto global autorizado para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca (PADB) que en el ejercicio 2006 significó 36 mil 972.8 millones de pesos.3

Otro aspecto de la revisión que llama fuertemente la atención es el subejercicio de 3.2 millones respecto de los 8.8 millones autorizados al FOPYME, sobre todo en el contexto en el que las PYMES (las que más empleos generan en el país) enfrentan una elevada cantidad de factores adversos a su supervivencia y crecimiento.4 En este sentido, indagar sobre las causas que motivaron dicho subejercicio, propiciaría el establecimiento de medidas preventivas pertinentes y

3 A los Programas de Apoyo a Ahorradores a través del IPAB se les asignaron recursos por 33 mil 456.8 millones, que representan más del 90 % del total de los recursos aprobados para los PADB. 4 De acuerdo a estudios empíricos para México, el 63.0% de las nuevas empresas quiebran al término de dos años de su existencia.



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sanciones más contundentes por parte del órgano de fiscalización superior. Por lo que toca a la asignación presupuestal, cabe mencionar que el monto de los apoyos a las empresas pequeñas y medianas, es, invariablemente, un indicador preciso sobre el grado de compromiso gubernamental no sólo con este importante sector, sino con la generación de empleos productivos.

4.6 AUDITORÍA: 06-0-06100-06-317. SHCP: “ACUERDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO (FINAPE)”.

⎯ Objetivo. Comprobar que los recursos destinados por el Gobierno Federal al

Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE), se ejercieron de conformidad con la legislación y normativa.

⎯ Características de la Revisión. La ASF practicó una revisión de tipo especial que fue seleccionada considerando que es un tema de carácter estratégico por ser parte de los programas implementados por el Gobierno Federal para apoyar a las instituciones del sistema financiero y a sus deudores a fin de salvaguardar el sistema nacional de pagos. La muestra auditada ascendió a 15.9 millones de pesos que representó el 100.0% de los recursos asignado al FINAPE en el ejercicio fiscal de 2006. Las áreas revisadas fueron la Unidad de Crédito Público (UCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la participación de la Dirección General de Operaciones de Protección y Resoluciones Bancarias (DGOPRB) del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y de la Dirección General de Análisis y Riesgos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la entrega de documentación.

⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. En el Presupuesto de Egresos de la

Federación de 2006, se estableció que para los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca (PADB), se autorizaron recursos por 36 mil 972.8 millones de pesos y en la Cuenta Pública de ese año se reportó como ejercicio un monto por 38 mil 600.1 millones de pesos, donde el Programa de Apoyo a Ahorradores del IPAB concentró 33 mil 456.8 millones y los PADB, 5 mil 143.6 millones. De este último, se asignó 16.5 millones al Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE), 8.8 millones al Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME) y 5 mil 121.9 millones a vivienda.

En el caso del FINAPE, de los 771.6 miles de deudores que participaron, 730 mil liquidaron sus adeudos, por un monto de 63 mil 146 millones de pesos. El costo fiscal total del FINAPE a 2006, fue de 17 mil 173.5 millones de pesos a valor presente. La banca asumió como costo 6 mil 844.9 millones. En el FOPYME,



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ocurrió algo equivalente, participaron 215.9 miles de deudores y liquidaron sus adeudos 215.8 miles de deudores, por prácticamente la totalidad de los 60 mil 674 millones de pesos. El costo fiscal total del FOPYME a 2006 fue de 20 mil 820.6 millones de pesos a valor presente y de 8 mil 329.3 millones, a cargo de la banca.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. No se determinaron.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que en términos generales la SHCP cumplió con las disposiciones normativas para la aplicación, registro y control de las operaciones examinadas.

⎯ Impacto de la Fiscalización. No se reportó ningún impacto en la fiscalización.

⎯ Comentarios de la Entidad fiscalizada. No se reportaron comentarios del ente

auditado.

⎯ Comentario de la UEC. Los acuerdos aludidos tuvieron una vigencia aproximada de 10 años y aunque parece que cumplieron su propósito de apoyar a un gran número de deudores de la banca, el sistema bancario, principalmente el comercial, no está disponible para otorgar nuevos créditos al nivel que requieren estos este tipo de sectores. El desarrollo de sus metodologías de riesgo, que son instrumentos para calificar a los deudores, se volvieron más sofisticados y efectivos para seleccionar sujetos de crédito de bajo riesgo y altamente rentables. Una vez reestructurados los pasivos de los beneficiarios del FINAPE, la banca comercial está atrayendo clientes de los segmentos de la agroindustria que presentan proyectos de negocio con alto retorno de la inversión. Por lo anterior, una línea de trabajo legislativo es la promoción del diseño de políticas y estrategias para que las entidades reguladoras y supervisoras del sistema bancario instrumenten una normatividad prudencial que incentive a los intermediarios financieros a canalizar recursos crediticios suficientes a los sectores productivos de la actividad económica y a buscar otras alternativas de financiamiento, de otra manera, dadas las normas de capitalización prudencial internacional (Comité de Basilea) que suelen seguir los bancos extranjeros que operan en México, el crédito a esos sectores esenciales no fluirá con la intensidad que requiere el país.



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4.7 AUDITORÍA 06-0-06100-06-325. SHCP: “CONTRATACIÓN DEL PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS FINANCIERAS Y CRECIMIENTO”.

⎯ Objetivo. Evaluar que la contratación del préstamo programático para el

desarrollo de políticas financieras y crecimiento, contratado con el Banco Mundial, para apoyar el proceso de mejora del marco regulatorio en materia financiera, se ajustó a la Ley General de Deuda Pública y demás legislación y normativa.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una revisión especial que fue

seleccionada por su carácter estratégico, ya que conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND), las finanzas públicas sanas se ubican entre las prioridades nacionales para permitir a la economía y para consolidar la estabilidad del entorno macroeconómico en el mediano y largo plazo. El Banco Mundial (BM) informó que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó un préstamo al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para "contribuir al crecimiento sostenible y al alivio de la pobreza" por 501.3 millones de dólares estadounidenses equivalentes a 5 mil 734.7 millones de pesos, a un tipo de cambio de 11.44 por dólar con fecha 26 de junio de 2006. La muestra auditada fue de 5 mil 734.7 millones de pesos, que es el 100% del financiamiento otorgado por el BIRF. La auditoría se desarrolló en la Unidad de Crédito Público (UCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

⎯ Resultados relevantes de la revisión. Se constató que la UCP no cuenta con la

información y documentación que fue presentada a la consideración del Comité de Crédito Externo que sirvió de apoyo para analizar la programación, el presupuesto y el ejercicio del préstamo número 7363-ME, en incumplimiento del artículo 86 del Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pública Federal. El 6 de junio de 2006 se celebró un Contrato de Mandato y de Ejecución del Primer Programa de Desarrollo de Políticas Financieras y de Crecimiento, entre el Gobierno Federal, a través de la SHCP, como mandante, y NAFIN, como mandataria, en su carácter de agente financiero del Gobierno. Del análisis de dicho contrato y según consta en oficios, la ASF concluyó que el préstamo apoyó acciones que ya habían sido cumplidas por el Gobierno Federal antes de su suscripción, es decir, se formalizó sobre acciones previamente efectuadas, por lo que no contó con erogaciones destinadas a rubros específicos de aplicación, situación que se confirmó con la inexistencia de un sistema de información, seguimiento y control de compromisos contractuales, ayudas de memoria y minutas de trabajo. Sólo se dispuso de reportes de la SHCP para junio y julio de 2006, en los que no hay referencia a la aplicación de los recursos



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contratados, a los problemas en la ejecución del programa, a los asuntos pendientes y demás compromisos asentados en el contrato de mandato. Por lo anterior, la ASF solicitó al OIC en la SHCP: “que resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión contrataron y destinaron el préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por un monto de 500.0 millones de dólares estadounidenses… ya que, por procedimiento, la Unidad de Crédito Público de la SHCP se sirvió del mismo, con la finalidad de complementar las estimaciones de recursos establecidas por el Gobierno Federal y no se destinó a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo Federal, que generen los recursos suficientes para el pago del crédito”. NAFIN transfirió los recursos del préstamo a la cuenta de la TESOFE, por un monto de 500.0 millones de dólares, equivalentes a 5 mil 720.3 millones de pesos, netos de la comisión por apertura al BIRF, que fue de 1.25 millones de dólares. Los 2 depósitos identificados en el estado de cuenta presentado por la TESOFE, suman 506.3 millones de dólares, por lo que no se identificó el monto neto depositado, ni se aclaró el motivo del excedente. La UCP no realizó estudios de rentabilidad del programa, con lo cual la ASF comprobó que no existieron los análisis de los distintos escenarios alternativos de riesgos de las tasas de interés y el tipo de cambio, de los estudios de costo-beneficio para determinar la tasa de interés aplicable y el tipo de cambio esperado, aspecto que es recomendado como una práctica prudente en la gestión de la deuda. Finalmente, la entidad de fiscalización superior de la Federación determinó que el cálculo de intereses por parte de la SHCP no se ajusta a lo estipulado en el contrato de préstamo, ya que consideran una tasa mayor en 2.06 puntos porcentuales a la LIBOR, lo que si bien da un margen de cobertura ante el riesgo de aumento en la tasa de interés, también puede implicar pagos en exceso durante los 15 años de vigencia del crédito.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitieron 7 observaciones que

generaron 8 acciones, que correspondieron a 6 recomendaciones, una solicitud de aclaración recuperación y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación dictaminó que, en términos generales, la SHCP no cumplió con las disposiciones normativas aplicables Contratación del Primer Préstamo Programático para el Desarrollo de



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Políticas Financieras y Crecimiento, mediante el Contrato de Préstamo número 7363-ME, que suscribió el 24 de abril de 2006, en representación del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por un monto de 501.3 millones de dólares, equivalentes a 5 mil 734.7 millones de pesos.

⎯ Impacto de la fiscalización. Las 8 acciones resultantes de esta revisión, se

orientan a promover la sanción de servidores públicos infractores; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. La entidad fiscalizada proporcionó a la

ASF información que afirma que el contrato de préstamo se encuentra dentro del monto de endeudamiento neto externo autorizado por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2006, y que cumple con las disposiciones aplicables, en cuanto a que fue destinado a financiar el presupuesto federal de dicho ejercicio. Sobre la comprobación, se señala que la UCP sí envió a la ASF el estado de cuenta donde consta el depósito efectuado a la cuenta número 06-600-600614-3, que NAFIN mantiene con la TESOFE.

⎯ Comentarios de la UEC. De confirmarse los hallazgos de la ASF, la revisión

pone al descubierto presuntas operaciones realizadas por funcionarios de la SHCP que carecieron del sustento legal en materia de contratación y manejo de la deuda externa. En el informe se resalta la opacidad en la aplicación de los recursos contratados, al afirmarse que no fueron aplicados a un destino específico ni contaron con erogaciones destinadas a rubros precisos de aplicación ya que, por procedimiento, la SHCP los destinó a complementar las estimaciones de recursos establecidas por el Gobierno Federal. Sin embargo, no queda claro cuál es el procedimiento que permite a la SHCP a realizar tal aplicación.

4.8 AUDITORÍA 06-0-06100-06-677. SHCP: “EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS EN EL SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS”.

⎯ Objetivo. Verificar el cumplimiento de la normativa de los fideicomisos,

mandatos y análogos en los trámites de alta, renovación o actualización, extinción y baja de las figuras jurídicas en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos.



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⎯ Características de la revisión. Se realizó una revisión especial que fue seleccionada porque los fideicomisos, mandatos y análogos están identificados como áreas de riego y opacidad; por los importantes montos de recursos públicos que involucran las figuras jurídicas; como complemento de la auditoría número 118 sobre el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos realizada en la revisión de la Cuenta Pública de 2005. La muestra auditada fue de 222 mil 504.2 millones de pesos, integrados por 220 mil 393.0 millones de pesos correspondientes a las disponibilidades de las figuras jurídicas vigentes en 2006, y 2 mil 111.2 millones, de recursos públicos remanentes de las figuras jurídicas que se dieron de baja del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos en ese año. El área revisada fue la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La ASF revisó que los movimientos de

alta, renovación o actualización, extinción y baja de las figuras jurídicas en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, se hiciesen en apego a las disposiciones que regulan la materia.

La revisión determinó que de un universo de 616 figuras jurídicas, 435 fueron sujetas a los trámites arriba mencionados en 2006; en 11 de ellas fueron renovadas y en 1 que se dio de baja de la clave de registro. El resultado más relevante de esta revisión indica que no fue posible al órgano fiscalizador de la Federación el acceso al soporte documental, lo que indica que después de dos años de operación el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos este aún presente problemas.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitió una observación, que generó una recomendación.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que en términos generales, y respecto

de la muestra revisada, la SHCP cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los trámites de alta, renovación o actualización, proceso de extinción y baja de la clave de registro a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos.

⎯ Impacto de la fiscalización. Como resultado de la revisión practicada, la

Auditoría Superior de la Federación emitió 1 recomendación preventiva, orientada a fortalecer los mecanismos de operación y control.


auditado.



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⎯ Comentarios de la UEC. La auditoría es complemento de la realizada en la revisión de la Cuenta Pública de 2005 sobre el mismo Sistema. En esa ocasión, la revisión se efectuó en virtud de que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2003 se encontraron irregularidades en los procesos de inscripción, renovación y baja de la clave de registro presupuestario. En la correspondiente a la Cuenta Pública 2005 se determinó que no existía aún un instrumento de control que garantizara que todas las entidades, sin excepción, dieran de alta en el Sistema dichas figuras jurídicas a las que se les otorgan recursos públicos federales. En específico se observó que no se había podido acceder a la información de cuatro figuras jurídicas registradas en el Sistema.

En la revisión de la Cuenta Pública 2006, la ASF no pudo tener acceso al soporte documental de los trámites en el Sistema, concluyéndose que después de dos años de operación, el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos aún presenta problemas. En estas dos últimas revisiones la ASF promovió acciones preventivas orientadas a fortalecer los mecanismos de operación y control. Con base en lo anterior, es posible derivar que la acción recurrente de la fiscalización superior ha sido insuficiente para propiciar, en este caso, mejoras sustantivas de los mismos, con lo que conviene valorar si la estrategia seguida de promoción de acciones preventivas es la pertinente para asegurar un cabal funcionamiento del Sistema. No obstante, se sugiere que la ASF dé seguimiento puntual al cumplimiento de la recomendación hasta que sea subsanada la observación que la originó.

4.9 AUDITORÍA 06-0-06100-06-192. SHCP: “EVALUACIÓN FINANCIERA DE

LOS PIDIREGAS”.

⎯ Objetivo. Evaluar la sostenibilidad de la deuda de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo, así como verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos adquiridos, conforme a la normativa que regula esas operaciones.

⎯ Características de la Revisión. La ASF practicó una revisión de tipo especial

seleccionada debido a que forma parte de un análisis integral que se lleva a cabo a las distintas obligaciones de deuda directa, contingente y garantizada de los tres órdenes de gobierno, con el fin de verificar que sean sostenibles y se hayan cubierto los compromisos financieros y presupuestarios, conforme a la normatividad aplicable. Además, la ASF considera que estas operaciones son un área de oportunidad, en función de la carga que representa para las finanzas públicas dichas obligaciones, así como los diversos grados de opacidad y riesgo que éstas implican.



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La muestra auditada ascendió a 16 mil 119.3 millones de pesos, integrada por seis proyectos de inversión de un universo por 342 mil 968.9 millones de pesos que corresponde al saldo de pasivos contingentes que registraron conjuntamente los proyectos PIDIREGAS de PEMEX y CFE en 2006. Las áreas revisadas fueron la Unidad de Inversiones, la Unidad de Política y Control Presupuestario, la Unidad de Crédito Público y la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Energía, adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. La ASF corroboró que entre 2001 y 2006 los pasivos directos y contingentes de los PIDIREGAS pasaron de 76 mil 110.8 millones de pesos a 396 mil 135.5 millones de pesos, con una tasa media anual real de crecimiento de 30.5%, por lo que se propuso valorar su rentabilidad, y riesgo fiscal en el que pudieran incurrir al tener que cubrirlos con recursos del Gobierno Federal.

Del saldo acumulado a 2006, PEMEX posee 86.3% y CFE 13.7%; así, mientras el pasivo de PEMEX se incrementó 36.9%, en el periodo, el de CFE lo hizo en 10.2%. También encontró que el pasivo directo crece más rápido que el contingente por lo que se espera que ambas entidades tendrán presiones de corto plazo en la demanda de recursos financieros para cubrir estos compromisos. Por su parte, la inversión impulsada total, financiada y presupuesta, en el periodo, por 851 mil 534 millones de pesos, sólo creció 5.5% a una tasa media anual; la de PEMEX fue de 8.7% y la de CFE fue negativa en 3.5%. De los 134 proyectos vigentes a 2006 en la fase de pago de sus obligaciones, 31 fueron de PEMEX y 103 de la CFE; de ellos, 5 proyectos se han concluido en el primer caso y 87 en el segundo, esto implicará que los pasivos continúen acumulándose hasta que los proyectos concluyan. Al cierre de 2006, se tenían en licitación, en fase de construcción y pendientes de fallo 100 proyectos (94 de CFE y 6 de PEMEX). En lo relativo a la rentabilidad de los proyectos, la ASF encontró que entre 2002 y 2006 los ingresos de los PIDIREGAS fueron superiores en 5.1 veces a sus gastos en PEMEX y 1.9 veces en CFE; que 6 proyectos de PEMEX y 5 de CFE reportaron los más altos niveles de rentabilidad, medidos por su Valor Presente Neto (VPN); que los pasivos de los proyectos crecieron a tasas anuales medias inferiores al crecimiento de los ingresos de los mismos proyectos; y que el VPN de una muestra de cuatro proyectos de PEMEX, neto de obligaciones fiscales, todos resultaron negativos; de esta manera, la relación carga fiscal a flujo neto de efectivo de PEMEX promedió 83.6% en el periodo. La ASF concluyó que estos proyectos, especialmente de PEMEX, dada la elevada carga fiscal que se le ha impuesto, a mediano plazo presentan un elevado riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras, en razón de



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que no cuenta con recursos líquidos para enfrentar sus compromisos; y los proyectos más importantes de la paraestatal tienen obligaciones que vencen entre los años 2022 y 2035, mientras que existe la posibilidad de que las reservas de hidrocarburos se agoten en su totalidad en un horizonte de tiempo menor (2016).

⎯ Acciones Promovidas. La ASF no emitió observaciones ni acciones promovidas.


de la muestra antes señalada, la SHCP cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro de los pasivos directos y contingentes de los PIDIREGAS y las dependencias encargadas de la operación de los proyectos, PEMEX y CFE, efectuaron en tiempo y forma el pago de las obligaciones financieras. Respecto del pasivo directo y contingente, el análisis revela, sobre todo en los PIDIREGAS de PEMEX, que dada la elevada carga fiscal, a mediano plazo existe un riesgo elevado de que no cumpla con sus obligaciones financieras, ya que no cuenta con reservas líquidas para enfrentar esas obligaciones y porque existe la perspectiva de que las reservas de hidrocarburos probadas y probables se exploten en su totalidad en un horizonte de tiempo menor al adquirido para pagar los compromisos financieros contraídos.

⎯ Impacto de la Fiscalización. No se reportó ningún impacto en la fiscalización.

⎯ Comentarios de la Entidad fiscalizada. La entidad fiscalizada reportó que la

ASF debe de tener cuidado con la aseveración de que los plazos promedio de vencimiento de algunos proyectos de PEMEX superan la vida de las reservas 2P; si bien la comparación en lo general pudiera verse importante, en lo particular no lo es. Según la entidad fiscalizada, se debe recordar que se está realizando un análisis “promedio”, es decir, para algunos campos o proyectos las reservas 2P no durarían 25 años sino más, por lo que asegurar que algunos proyectos tienen plazo promedio de vencimiento mayor al plazo de existencia de reservas, no es válido ni confiable, puesto que estos proyectos pueden tener un plazo de vencimiento menor al de la existencia de reservas 2P de sus pozos.

⎯ Comentario de la UEC. Del análisis realizado por la ASF, se desprende que a la

entidad de fiscalización superior sí le fue factible realizar una evaluación de la rentabilidad de los proyectos PIDIREGAS, a través de indicadores como los ingresos y gastos generados, el flujo neto, el monto y pago de los pasivos y mediante un análisis comparativo entre el VPN antes de impuestos y después de obligaciones fiscales, de los proyectos (principalmente de PEMEX).

También se deriva que los proyectos son altamente rentables, aún después de cubrir los gastos y pasivos generados, de lo que se deduce que los PIDIREGAS



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son proyectos altamente recomendables. En su momento, a esta misma conclusión llegaron las dos entidades paraestatales (PEMEX y CFE) cuando en ejercicios fiscales anteriores ellas mismas realizaron la evaluación de la rentabilidad y productividad de esos proyectos. Debido a la imposibilidad normativa de autoevaluarse, la atribución de valorar la productividad y rentabilidad los proyectos recayó en la SHCP y en la SENER, entidades que desde que asumieron ese encargo en 2004 no han emitido ninguna resolución. La valuación de los proyectos requiere al menos de dos factores principales: una base de datos altamente confiable de cada uno de los 31 proyectos de PEMEX y de los 103 proyectos de CFE, y de una metodología reconocida y probada para estimar el flujo de efectivo y en su caso el VPN. Si la ASF en la evaluación de la rentabilidad realizada, utilizó estos dos criterios, es probable reconocer con ella la rentabilidad de los proyectos. Bajo esta perspectiva, dos temas son cruciales: el aumento de las reservas probadas de PEMEX y la modificación de su régimen fiscal. En el trabajo legislativo podrían analizarse esquemas de financiamiento alternos a PEMEX para cubrir el saldo de la deuda generado por estos proyectos; si efectivamente las reservas probadas se agotarán como está estimado, el riesgo soberano implícito tendría que ser asumido por el gobierno federal.

4.10 AUDITORÍA: 06-0-06100-06-190. SHCP: “EVALUACIÓN DE LOS PASIVOS LABORALES A CARGO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES”.

⎯ Objetivo. Evaluar la sostenibilidad de los pasivos laborales a cargo de los

gobiernos estatales y municipales, así como su nivel de riesgo.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una auditoría especial, que forma parte de un análisis integral que se lleva a cabo a las distintas obligaciones de deuda directa, contingente y garantizada de los tres órdenes de gobierno, con el fin de verificar que sean sostenibles y se hayan cubierto en tiempo y forma los compromisos financieros y presupuestarios, de conformidad con la normativa que regula tales obligaciones. Estas operaciones constituyen un área de oportunidad, en función de la carga que representa para las finanzas públicas el hacer frente a dichas obligaciones, así como los diversos grados de opacidad y riesgo que implican.

Como antecedente, el único dato disponible sobre los pasivos estatales laborales, proviene de un estudio realizado en 1998, que cifraba ese monto en alrededor de 381 mil 208 millones de pesos en un escenario conservador. Una



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estimación lineal hasta 2006 lo ubicaría en 561 mil 875.0 millones de pesos. Se estimó conveniente revisar esas obligaciones laborales debido a que se carece de información actualizada sobre el déficit actuarial; la relativa a los flujos anuales erogados por las entidades federativas y municipios para cubrir dichos pasivos es parcial; y se desconoce el riesgo asociado al incumplimiento de sus pagos. La muestra auditada fue de 16 mil 342.5 millones de pesos, que representó 100% del universo conocido, según las erogaciones anuales en materia de pensiones de 25 entidades de las que se dispuso de información proporcionada por los órganos de fiscalización y las secretarías de finanzas y contabilidad de cada gobierno estatal en 2006. El área revisada fue la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) adscrita a la SHCP.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. Esta auditoría enfrentó limitaciones de

información y documentación para llevar a cabo razonablemente el objetivo enunciado, tanto a nivel de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, como de las propias Entidades Federativas y del Distrito Federal. La ASF con el apoyo informativo de las entidades de fiscalización locales, determinó que la erogación por pensiones en 2006, en 25 estados, fue de 16 mil 342.5 millones de pesos, equivalentes al 53.1% del servicio de la deuda y al 11.0% del saldo de la deuda total de dichas entidades. En cuanto al número de pensionados, se determinaron 156 mil 752, en 27 estados para los que se obtuvo el dato. Este número se incrementó en 37.7% entre 2001 y 2006, con una tasa media de crecimiento anual del 6.6%. El Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Baja California, Guanajuato, Yucatán y Chiapas concentraron el 81.1%. De la información proporcionada por el ente auditado, la ASF concluyó que para 2006, el sistema de pensiones estatales muestra un déficit actuarial estimado en 1 billón 110 mil 585.9 millones de pesos. Sin embargo, aclara que la información utilizada por cada estado para obtener tal resultado no es homogénea, ya que las valuaciones o estimaciones parten de diversos supuestos económicos, financieros y biométricos, por lo que las cifras referidas deben considerarse únicamente como un dato informativo. Según la ASF, las entidades federativas que mostraron los montos más significativos en el déficit actuarial fueron: Estado de México, Baja California, Jalisco, Veracruz, Distrito Federal, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Chihuahua, las cuales agruparon el 79.6% del total. La entidad fiscalizada carece de un documento global que valore los riesgos que tienen los sistemas de pensiones estatales para las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios. Ante ello, la ASF recurrió a la calificación que



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otorga Fitch Ratings, determinándose que en 19 estados su sistema de pensiones constituye una situación de riesgo para las haciendas públicas locales y la federal: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Al no contar con la calificación referida y dada la opacidad que se observa, la ASF también adiciona en este grupo a: Baja California, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, por lo que bajo este rubro quedan 25 Estados.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. No se emitieron observaciones, ni se promovieron acciones.

⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación concluyó que, en términos generales y respecto de la muestra seleccionada, la SHCP cumplió en forma limitada con las disposiciones normativas, aplicables a la promoción, integración, análisis y difusión de la información relativa al monto de las pensiones estatales y la característica de los sistemas pensionarios; ya que no hubo la cooperación necesaria por parte de las entidades federativas ni de los municipios del país, los cuales, argumentando su soberanía y su autonomía, no colaboraron para integrar un conjunto de datos relevantes para valorar el importe de los pasivos laborales y su impacto en las finanzas de la nación. Por ello, la ASF estima necesario que el H. Congreso de la Unión conozca esta problemática y legisle al respecto, a fin de hacer obligatoria la presentación de la información en cuestión.

⎯ Impacto de la fiscalización. No se determinó por parte de la ASF.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. No se reportaron comentarios del ente auditado.

⎯ Comentarios de la UEC. La revisión constituye un esfuerzo de diagnóstico,

limitado aún por problemas de información suficiente en calidad y cantidad, que brinda, sin embargo, una visión cuantitativa aproximada de la magnitud de los pasivos laborales a cargo de los gobiernos de los estados y municipios. Debido al ritmo en que se incrementa el número de pensionados, es fundamental que la entidad auditada tome de inmediato las acciones necesarias en el marco de sus atribuciones, para contar con la infraestructura informativa para sustentar el diseño de políticas públicas que eviten que el déficit actuarial alcance rangos inmanejables a corto, mediano y largo plazo. A pesar de que la ASF emite un dictamen que técnicamente es positivo con salvedad, se limita a manifestar la necesidad de hacer del conocimiento del Congreso de la Unión la problemática en esta materia para que legisle al



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respecto, a fin de que los estados y municipios presenten, obligatoria y periódicamente, la información sobre pasivos laborales.

4.11 AUDITORÍA 06-0-06100-06-218. SHCP: “FISCALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA DEL GOBIERNO GENERAL Y DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES”.

⎯ Objetivo. Evaluar la sostenibilidad de los diversos conceptos que integran la

deuda del gobierno general.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una revisión especial, cuya selección obedeció principalmente a que la evolución de los distintos conceptos de deuda a cargo del Gobierno Federal, constituye uno de los temas relevantes en términos de objeto de auditoría, que han sido propuestos tanto por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación como por la propia entidad de fiscalización superior. Asimismo, para complementar este estudio con los resultados obtenidos en auditorías practicadas a diversas obligaciones, a cargo de otros órdenes de gobierno y otras dependencias federales.

La muestra auditada revisada ascendió a 359 mil 291.3 millones de pesos, que representó el 85.2% del endeudamiento neto interno del Gobierno Federal en 2006 y que se integró por 224 mil 239 .9 millones de pesos de endeudamiento neto y 135 mil 051.4 millones por concepto de financiamiento del déficit y la colocación de BONDES D. Se revisó el área de la Dirección General Adjunta de Deuda Pública, adscrita a la Unidad de Crédito Público de la SHCP.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. Los principales hallazgos de esta

extensa auditoria son: En el ejercicio fiscal 2006, el endeudamiento neto del sector público presupuestario fue de 218 mil 179.4 millones de pesos, con un costo financiero de 211 mil 464.9 millones de pesos, representando una reducción respecto a 2005 de -15.8% y -13.3%, respectivamente. Se determinó que entre 2000 y 2006, el saldo de la deuda neta de dicho sector, pasó de 1 billón 401 mil 428.8 millones de pesos a 2 billones 226 mil 728.7 millones de pesos, con una tasa media de crecimiento anual del 8.0%. La estrategia del gobierno contempló también mejorar el perfil de plazos de la deuda a favor de una mayor proporción de la pactada a largo plazo. A continuación se presentan los principales resultados relacionados con la estrategia de la administración de la deuda:

a) La trayectoria ascendente del saldo de la deuda neta se debió al incremento

de la participación de la deuda interna en el total, específicamente la del Gobierno Federal, debido principalmente a la estrategia de reducir el



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componente externo de la deuda, y a los elevados déficit que se registraron. De 2000 a 2006, la deuda interna del Gobierno Federal se incrementó en 2.5 veces, al pasar su saldo de 675 mil 106.7 millones de pesos a 1 billón 672 mil 782.4 millones de pesos, es decir, creció a una tasa media anual de 16.3%. Su participación pasó del 48.1% al 75.1% sobre el total de la deuda.

b) Dado que una proporción relevante del endeudamiento interno se ha

destinado al prepago de obligaciones externas, ello ha propiciado la disminución del saldo de este componente, que pasó de 599 mil 372.2 millones de pesos a 456 mil 309.1 millones de pesos en el periodo considerado; su participación en el saldo total de la deuda pasó de 42.8% en 2000 a 20.5% en 2006. El gobierno optó por dar preferencia a incrementar los plazos de la deuda, de tal manera que al cierre de 2006, las obligaciones de corto plazo representaron 15.5% del total, prácticamente la mitad de la proporción que absorbían en 2000 (29.7%), diferencial en puntos que ha ganado la deuda de largo plazo.

⎯ Como resultado de este comportamiento, la ASF concluye que se fortaleció la

sostenibilidad de la deuda pública, ya que a pesar del incremento en su saldo, como proporción del PIB mejoró al pasar de 25.5% en 2000, a 24.3% en el 2006, e igualmente ha disminuido en términos de comparación con los ingresos públicos.

⎯ Para ilustrar el comportamiento de la deuda del Gobierno General, es decir, el

conjunto de obligaciones financieras y no financieras a cargo de los tres órdenes de Gobierno y de algunos de sus entes más significativos entre 2000 y 2006, en esta la revisión, la ASF presenta un resumen ejecutivo de los aspectos relevantes determinados en 16 auditorías, que forman parte del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006.5 Estos resultados son:

⎯ El saldo de la deuda del Gobierno General, ascendió en 2006 a 4 billones 599 mil

757.8 millones de pesos, equivalentes al 50.2% del PIB de dicho año, esto sin considerar los déficit actuariales del IMSS, banca de desarrollo, ISSSTE, estados y municipios y universidades públicas estatales. Los rubros de pasivos que más crecieron durante el periodo 2000-2006 (considerando la tasa media de crecimiento) fueron: PIDIREGAS (38.3%); pasivos laborales: PEMEX (20.7%), CFE(20.1%) LyFC (17.2%); deuda interna (16.1%) y Estados y Municipios

5 Tales auditorías se practicaron a: los pasivos laborales a cargo de los estados y municipios; el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB); los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS); las garantías otorgadas por el Gobierno Federal a la Banca de Desarrollo; el Fideicomiso de Apoyo de Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA). Asimismo, a los pasivos laborales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las universidades públicas estatales



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(10.2%), y FARAC (9.3%). Los rubros que decrecieron fueron: FIRA (-7.3%); deuda externa (-4.7%) y Ministerio de Ley (2.9%). La reducción de FIRA significó una disminución sustantiva de sus apoyos al sector rural. Los rubros más relevantes de deuda respecto al saldo total registrado en 2006 fueron: Deuda Interna del Sector Público Presupuestario (36.9%), IPAB(15.5%), obligaciones garantizadas por el gobierno (12.6%) pasivos laborales de PEMEX, LyFC y CFE (12.5%), deuda externa (11.5%).

⎯ Los hallazgos principales de las 16 auditorías practicadas y condensados en esta revisión por la ASF son: a) A diciembre de 2006, el déficit conjunto actuarial de pensiones del IMSS,

ISSSTE, Banca de Desarrollo, Estados y Municipios y Universidades fue de 14.1 billones de pesos, significando 154% del PIB. El déficit conjunto del IMSS e ISSSTE supera el tamaño del PIB.

b) El déficit de pensiones de las universidades representa 1.4% del PIB, es un

déficit que decreció en 2006 por séptimo año consecutivo.

c) La situación de los déficit actuariales y de los pasivos contingentes de las distintas instituciones se muestran en el cuadro siguiente:

Institución Déficit a 2006

(millones de pesos) Situación financiera

(déficit actuarial) IMSS 7,322,487.7 Déficit Insostenible

ISSSTE 5,528,036.3 Déficit insostenible Estados y Municipios 1,110,585.9 Déficit insostenible

Universidades Públicas 135,706.1 Déficit decreciente desde 2000. Sin embargo, 19 universidades presentan

situación crítica Banca de Desarrollo 237.7 Déficit manejable, pero creciente

Total 14,097,053 Déficit insostenible, supera al PIB en 154%.

d) LyFC: Sus ingresos propios representaron el 1.7% de sus recursos totales en

2006, por lo que tanto su régimen de pensiones como la propia operación dependen en lo absoluto de las transferencias del fisco.

e) ISSSTE y Estados y Municipios: La evolución de su déficit actuarial ha corrido

al parejo, debido a que aplican regímenes similares. El creciente número de beneficiarios es el elemento determinante de las mayores obligaciones, ya que a 2006 los pensionados del ISSSTE ascendían a 578 mil 392 personas, en tanto que los de los estados y municipios eran 156 mil 752 personas, cifras superiores en 44.2% a la de 2000 y en 37.7% a la de 2001, respectivamente.

⎯ Las obligaciones que la ASF considera sostenibles financieramente, con algunas

consideraciones especiales, corresponden a:



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a) PIDIREGAS: Entre 2001 y 2006 el número de estos proyectos pasó de 30 a 134. La ASF advierte que debe tenerse en cuenta que los proyectos responsabilidad de PEMEX están sujetos a una elevada carga fiscal (77.5% de los flujos netos de efectivo en 2006), lo cual ha afectado su rentabilidad. Asimismo, que el plazo de vencimiento de los financiamientos contratados supera el periodo de 20 años de explotación de las reservas probables, plazo en que se sustentan las evaluaciones económicas financieras de los proyectos. Ante el hecho de que alrededor del 80.0% de los adeudos PIDIREGAS está contratado con el exterior, la estrategia instrumentada para disminuir la vulnerabilidad a los choques externos de la deuda federal, se ha visto contrarrestada por los crecientes empréstitos contraídos fuera del país para financiar estos proyectos.

b) IPAB: Aún cuando su deuda entre 2000 y 2006 ha variado marginalmente al

alza y como proporción del PIB tiende a reducirse, hay que considerar que el Gobierno Federal, sólo ha pagado el componente real de los intereses. Debido a que la recuperación de activos finalizará en 2009, ello puede derivar en un incremento de las transferencias federales a partir de 2010, a fin de cubrir el costo financiero real.

c) FARAC: Las crecientes obligaciones del FARAC, se explican principalmente

por las emisiones de los Pagarés de Indemnización Carretera (PIC) y los Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables (CBICS) en el mercado bursátil, de 2002 a 2005. No obstante, el fideicomiso muestra una situación de solvencia financiera, toda vez que cuenta con las disponibilidades suficientes para hacer frente a sus obligaciones de pago, provenientes de los ingresos que le generan el mayor aforo vehicular y las tarifas que cobra por sus servicios.

d) PEMEX, CFE y LyFC: Los pasivos laborales de estas tres entidades

muestran incrementos significativos, como resultado del elevado número de trabajadores que se jubilan o pensionan año con año, que en conjunto ascendieron a 113,756 en 2006, y de las prestaciones otorgadas al amparo de los contratos colectivos de trabajo, que al sumarse a las percepciones llegan a representar más del 100% del salario base de los trabajadores activos y el 85% de la cuota de jubilación o pensión para quienes opten por el retiro. La ASF confirmó que la característica más relevante de los distintos regímenes de pensiones es su alto grado de inequidad, tanto entre instituciones como al interior de ellas, que se explica por varios factores, los cuales devienen de las disposiciones normativas aplicables.

e) La ASF estimó que los diversos conceptos de pasivo revisados, darán lugar

a un costo anual total promedio, cercano a los 800 mil millones de pesos durante el presente sexenio, en función de los distintos niveles de riesgo que muestran cada una de ellos.



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⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitieron 2 observaciones que generaron igual número de recomendaciones. Una de estas es para la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados, a fin de que: “instruya a quien corresponda para que se elaboren estudios orientados a sustentar la implantación de un sistema nacional de pensiones, en el que se establezcan límites máximos a los beneficios pecuniarios que se otorguen a los pensionados y jubilados de la Administración Pública Federal, y se fijen aportaciones suficientes para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones financieras en el largo plazo y se evalué la posibilidad de aumentar el número de años laborados que se requieren para obtener esos beneficios”.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que, en términos generales y respecto de la muestra fiscalizada, la SHCP cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la determinación y seguimiento de las operaciones examinadas.

⎯ Impacto de la fiscalización. Las acciones promovidas están orientadas a fortalecer los mecanismos de operación y control en la administración pública.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. Estuvieron enfocados a responder a la observación formulada por la ASF, en el sentido de que no se modificó el calendario de colocaciones de deuda para el cuarto trimestre, lo que ocasionó una importante diferencia entre el monto programado de dicha colocación y el déficit presupuestario esperado para dicho período.

⎯ Comentarios de la UEC. La revisión practicada es importante toda vez que no sólo revela la magnitud del endeudamiento del sector público presupuestario, sino que ubica en el centro de éste, el tema de los sistemas de jubilaciones y pensiones y el previsible y creciente impacto que tiene y tendrá en las finanzas públicas.

Sin embargo, debe enfatizarse que la crisis de los regímenes pensionarios en el mundo, no sólo en México, obedece a la tendencia general al incremento de los trabajadores pensionados sobre los trabajadores en activo, a una tasa de crecimiento económico históricamente baja (que se corrigió durante los años 2002-2006, excepto para México), a regímenes pensionarios profundamente inequitativos al interior de las empresas y entre sectores e industrias diferentes, entre otros. Las reformas privadas que se han instrumentado, han significado cargas financieras adicionales para el Estado, y aunque intentan resolver una problemática de largo plazo, un número creciente de investigadores considera limitado el alcance de la solución, en virtud de que tarde o temprano la sociedad exigirá que el Estado asuma su responsabilidad social cuando se incrementen los jubilados que carezcan de una pensión suficiente; situación que puede ocurrir si consideramos además que el estallido de choques económicos puede



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erosionar la rentabilidad de los portafolios de activos financieros en los que los fondos de pensiones se encuentran invertidos. La reciente crisis hipotecaria del mercado financiero estadounidense por ejemplo, afectó negativamente los rendimientos de los fondos mundiales de pensiones. Por ello, sería de gran relevancia, contar con un estudio integral del Sistema Pensionario de México, soportado por los distintos enfoques que hay sobre este trascendental tema económico y social. En lo particular, dado el cambio demográfico que el país ha tenido, las necesidades crecientes de recursos para el desarrollo económico y social, y dentro de esto para el pago de lo que por ley corresponde al trabajador al final de su vida laboral, es urgente que el país cuente con una estrategia homogénea pero flexible en materia de pensiones y jubilaciones, que sea moderna, justa, ordenada y financieramente viable y sustentable.

4.12 AUDITORÍA 06-0-06100-06-272. SHCP: “INFORME INTEGRAL SOBRE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS”.

⎯ Objetivo. Integrar el universo de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

sin estructura orgánica que reciben recursos federales, así como lo relacionado con sus fines y su patrimonio.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una auditoría especial que se seleccionó porque los fideicomisos, mandatos y contratos análogos se ubican dentro de las áreas de opacidad de la Administración Pública Federal, toda vez que sólo se reportan en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal aquellos considerados entidades paraestatales, por lo que se consideró relevante realizar el análisis de los que tienen en su patrimonio recursos públicos federales, a fin de integrar el universo de dichas figuras jurídicas. La muestra auditada fue de 361 mil 248.8 millones de pesos, que representan el 93.2% del universo. Dicho monto corresponde al patrimonio documentado al cierre del ejercicio fiscal de 2006, por los entes seleccionados de los tres Poderes de la Unión, los organismos públicos constitucionalmente autónomos y los gobiernos estatales y municipales. Las áreas revisadas fueron las direcciones generales de Programación y Presupuesto "A" y "B", y Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La ASF recabó información de 167 entes para integrar el universo de fidecomisos, mandatos y contratos análogos en 2006, el cual consta de 1,841 figuras jurídicas, de las que 1,132 son fideicomisos, 34 fondos, 442 mandatos, y 233 contratos análogos, que totalizan un valor patrimonial y disponibilidades de 387 mil 425.6 millones de pesos.



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En el ejercicio fiscal de 2006, recibieron recursos federales por 91 mil 213.8 millones de pesos. En dichos totales se incluyen 616 actos jurídicos sin estructura orgánica, de los cuales 552 son fideicomisos, 53 mandatos y 11 análogos, con disponibilidades de 220 mil 393.0 millones de pesos. Para arribar a estos datos, la ASF solicitó a 176 entes la información y documentación correspondiente a tales figuras que hayan recibido recursos públicos federales durante el ejercicio 2006 y los que se hayan extinguido o terminado (estados financieros al 31 de diciembre de 2006, estados de cuenta bancarios, normas, reglas y procedimientos que regularon su operación en el ejercicio referido, contrato de fideicomiso que, en su caso, sustenta el convenio de colaboración y apoyo suscrito con la SEP, etc.). En respuesta a tal petición, 40 entes manifestaron no haber constituido o aportado recursos públicos federales a fideicomisos, mandatos y contratos análogos en el ejercicio fiscal de 2006; de los 136 entes restantes: 90 (66.2%) proporcionaron la documentación e información completa de las figuras jurídicas fiscalizadas; 37 (27.2%) entregó información parcial, y 9 (6.6%) no atendieron la petición de información. Las omisiones totales o parciales, motivaron observaciones y las correspondientes acciones ante la entidad, organismo, instancia de gobierno estatal o municipal, ya sea directamente o a través de la entidad local de fiscalización, con el fin de que aporten los elementos de información faltantes. Se determinó que no existe un sistema donde se inscriban o registren la totalidad de los actos jurídicos que reciben recursos públicos federales, por lo que la ASF recomienda a la SHCP: promover la legislación o normativa que permita armonizar e implementar en los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos públicos constitucionalmente autónomos y en los órdenes de gobierno estatales y municipales, el control y registro de la totalidad de fideicomisos, mandatos y contratos análogos constituidos en los que se involucren recursos públicos federales, incluidas aquellas figuras jurídicas que no se constituyan al amparo de los programas sujetos a reglas de operación y en los que se involucren recursos públicos federales, cualquiera que sea la naturaleza de éstos. Asimismo, recomienda ampliar el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos para que las propias instancias mencionadas, registren la totalidad de los actos jurídicos que constituyan, a fin de contar con un centro de control y rendición de cuentas que permita conocer el universo de las citadas figuras jurídicas.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitieron 43 observaciones que generaron 74 acciones, de las cuales 68 son recomendaciones, 5 promociones de intervención de la instancia de control y 1 a recomendación al desempeño.



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⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto del universo determinado de 1,841 actos jurídicos referidos en este documento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas aplicables al control y registro de las operaciones examinadas. Por otra parte, no se cumplió el objetivo de integrar el universo de los actos jurídicos constituidos con recursos públicos federales en el ámbito nacional, debido a la problemática de información y documentación antes descrita.

⎯ Impacto de la fiscalización. Las acciones promovidas están orientadas

principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; investigar y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas y fortalecer los mecanismos de operación, en términos de eficacia, eficiencia y economía.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. La entidad fiscalizada se pronuncia sobre diversos aspectos observados por la ASF, como son: registro de alguna figura en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos; aclarar la diferencia de un fideicomiso, determinada por la ASF, al 31 de diciembre de 2006, confirmando que el número correcto de actos jurídicos registrados es de 616, en vez de 615; indicar que en la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, se ubican los ejemplares de los contratos de fideicomiso firmados en original o copia certificada, observados por la ASF como faltantes; que conforme el párrafo segundo, del artículo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Senado de la República no está obligado a registrar el fideicomiso constituido para la construcción del nuevo recinto, ya que a partir del 22 de agosto de 2005, el propio Senado de la República quedó como fideicomitente.

Con relación a la recomendación a la SHCP para que promueva la legislación para ampliar el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, con el fin de que refleje la totalidad de las figuras jurídicas, cualquiera que sea la naturaleza de estas, y que sean constituidos por los Poderes de la Unión, y demás órganos, la entidad fiscalizada concluye que no tiene facultades para requerir a los Poderes Legislativo y Judicial y a los entes autónomos para que registren los fideicomisos públicos que constituyan, en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos. Respecto a los fideicomisos que constituyan las entidades federativas, la legislación aplicable ya prevé como obligación de las dependencias y entidades que les aporten recursos federales, la de registrar en dicho sistema la subcuenta que permita dar seguimiento a los mismos.

⎯ Comentarios de la UEC. No obstante las resistencias enfrentadas para integrar

el universo de los actos jurídicos constituidos con recursos públicos federales a nivel nacional, la auditoría es un esfuerzo importante de aproximación a la problemática de falta de control y transparencia que prevalece en esta área,



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donde se involucran cuantiosos recursos públicos. Por tal motivo, este tema debe mantenerse como altamente prioritario en la agenda de la ASF, hasta lograr en definitiva eliminar toda ambigüedad jurídica para que ningún ente del gobierno federal puedan eludir la rendición de cuentas, en particular, a través de estas figuras. Por el lado de la entidad fiscalizada, a corto plazo la mejor opción que se estima es ampliar, agilizar y eficientar el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos; aplicar la normatividad existente y, en su caso, promover la que sea necesaria, con el fin de que se tenga un registro y control del universo de figuras jurídicas destinatarias de fondos públicos.

4.13 AUDITORÍA: 06-0-06100-02-335. SHCP: “OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS PETROLEROS”.

⎯ Objetivo. Constatar la razonabilidad de las operaciones de captación de

recursos y de su aplicación al Fondo conforme a lo establecido en las Reglas de Operación y la normativa aplicable; asimismo, verificar el registro en su contabilidad y presentación en la Cuenta Pública.

⎯ Características de la Revisión. La ASF practicó una revisión financiera y de

cumplimiento, seleccionada debido a que en el ejercicio fiscal de 2006 se canalizaron recursos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) derivados de la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las modificaciones a la Ley de Ingresos 2006, así como a la Ley Federal de Derechos 2006. Los recursos del fondo se identifican como área de riesgo, debido a que las Reglas de Operación del FEIP permiten la dolarización y compra de coberturas petroleras sin establecer limitaciones o restricciones, dejando al Comité Técnico las decisiones discrecionales para operar en este esquema. La ASF revisó una muestra de 23 mil 609 millones de pesos por concepto de recursos traspasados por el Gobierno Federal que representaron el 68.1% del saldo del fondo al 31 de diciembre de 2006. La revisión se efectuó en la Secretaría Técnica del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en la Dirección General Adjunta de Finanzas Públicas (DGAFP) de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública (UPEHP) de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; en las Direcciones de Contabilidad y la de Control (DCC) y Conciliación de Operaciones (DCO) ambas de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo (SCCO) de la Tesorería de la Federación (TESOFE), todas ellas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además en las direcciones Fiduciaria y de Contabilidad ambas de NAFIN.



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⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. La revisión al FEIP adquirió un carácter sistemático en el trabajo anual de la ASF. De lo detectado por el órgano de fiscalización superior, destaca el exceso de discrecionalidad en el manejo de los recursos del petróleo que en 2006 dio lugar a que la SHCP no transfiriera 12 mil 825.7 millones de pesos al FEIP; se reportaron incumplimientos al contrato de administración del fideicomiso, destacando deficiencias de control y registro de información incorrecta de operaciones; se efectuaron como en años anteriores, gastos excesivos de coberturas petroleras sin evaluar o considerar otros instrumentos similares para conseguir mejores condiciones, como el Fondo Noruego que permite soportar eventualidades por la caída del precio del petróleo.

Desde la creación del FEIP se han contratado coberturas al amparo de las reglas de operación erogando un total de 22 mil 235.3 millones de pesos, 40.4% de las transferencias del gobierno al FEIP; en 2006, se contrataron 59 opciones y se aseguró 77.0% de la plataforma de exportación con un gasto de 5 mil 690.8 millones de pesos que representaron 25.0% de las transferencias; el Comité Técnico continuó dolarizando la liquidez de 10 mil 800.8 millones de pesos sin considerar otros instrumentos que ofrecieron mejores rendimientos como las inversiones en otras divisas. Por ello, la ASF recomienda a la cámara de Diputados instruya a quien corresponda para que se evalúe el manejo que se está dando al FEIP.

⎯ Acciones Promovidas. La ASF emitió 5 observaciones que generaron 7 acciones, que correspondieron a 4 recomendaciones y 3 a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.


de la muestra antes señalada, la SHCP no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y control del FEIP de las operaciones examinadas, por los resultados con observación que se precisan en el apartado este informe y en los que destacan los siguientes: no se transfirieron al FEIP los anticipos trimestrales especificados en la Ley Federal de Derechos, NAFIN incumplió el contrato de administración del fideicomiso respecto a los registros contables de las operaciones; no se han asegurado las mejores condiciones de rentabilidad del fondo al no considerar otros instrumentos financieros análogos y al haber continuado invirtiendo sus recursos en dólares en lugar de otras divisas.

⎯ Impacto de la Fiscalización. Derivado de la revisión del registro de las

operaciones realizadas por NAFIN al FEIP, la ASF determinó errores y omisiones por 3.1 millones de pesos. Las observaciones emitidas por la ASF se orientaron principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa y fortalecer los mecanismos de control.



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⎯ Comentarios de la Entidad fiscalizada. No se reportaron comentarios del ente auditado.

⎯ Comentario de la UEC. En forma reiterada, desde la creación del FEIP, la

SHCP ha asumido decisiones discrecionales en la administración y ejercicio de los recursos presupuestales, transferidos al fondo petrolero; las reglas de operación las ha modificado consecutivamente y de manera unilateral para utilizar esos recursos y destinarlos a cubrir faltantes de otras dependencias o del propio resultado fiscal; la adquisición de coberturas petroleras no se realizan bajo ningún criterio de transparencia, debido a que se desconocen los términos de la adjudicación de los contratos con corredurías de inversión; los montos erogados son equivalentes a los presupuestos anuales conjuntos de varias dependencias del gobierno federal y ninguno de los contratos, a la fecha, se han ejercido, ya que los precios observados de la mezcla de exportación mexicana no han sido inferiores a los asegurados por las coberturas contratadas.

Es importante señalar que recientemente se han generado dudas fundadas en los mercados financieros internacionales sobre las bondades del mecanismo de coberturas cuando se utiliza la negociación OTC, por la opacidad implícita que conlleva en el manejo de los instrumentos derivados (situación que propició que corporativos privados como Procter and Gamble, y Metallgesellschaft; entidades públicas y tesorerías municipales como Orange County, incurrieran en pérdidas cuantiosas). En la negociación OTC frecuentemente quienes pagan el servicio incurren en costos exorbitantes. Por lo anterior, este mecanismo de coberturas usado por la SHCP requiere de una valoración cuidadosa de costo beneficio y costo eficiencia. De un total de transferencias realizadas al FEIP entre 2001 y 2006 por 55 mil 084.9 millones de pesos, el fondo contó con un saldo a diciembre de 2006 por 34 mil 645 millones de pesos y de 57 mil 284.6 millones a diciembre de 2007, que podría ser destinado a programas prioritarios o que requieren apoyos financieros inmediatos: mayor inversión a PEMEX y creación de un fondo de pensiones y jubilaciones para cubrir deuda de PIDIREGAS, entre otros. Una línea de trabajo legislativo que se desprende es la definición y establecimiento de reglas de operación del FEIP, de forma que se diversifiquen y pluralicen las decisiones que hoy las mantiene concentradas la SHCP. La participación de otras autoridades involucradas, como PEMEX, la SENER y Banxico, entre otros, es decisiva para alcanzar decisiones consensuadas y de mayor transparencia.



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4.14 AUDITORÍA 06-0-06100-02-586. SHCP: “RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACÁN STAN EN EL ESTADO DE CHIAPAS”.

⎯ Objetivo. Verificar que los recursos económicos aportados por el Gobierno

Federal a través del Fideicomiso FONDEN y/o del Ramo 23 al Gobierno del Estado de Chiapas, para la atención de los daños causados por el Huracán Stan, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una revisión especial que fue seleccionada para atender la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en el sentido de auditar el ejercicio de los recursos federales destinados a la atención de los desastres provocados por el Huracán Stan, con motivo de las presuntas irregularidades denunciadas por los Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Estado de Chiapas. Asimismo, por la inconformidad manifestada por los miembros del Frente Único Pro Soberanía del Soconusco, A.C., del municipio de Tapachula, Chiapas, por los mismos motivos.

La muestra auditada fue de 810.0 millones de pesos, que representó 19.0% del total de los recursos económicos para la atención de los daños causados por el Huracán Stan. Se revisaron La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la Coordinación Operativa del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales (FOEADEN 1987); la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y las comisiones de Caminos (CC), y Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), todas adscritas al Gobierno del Estado de Chiapas; así como la Delegación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) en el Estado de Chiapas.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La ASF constató que en términos

generales, los trámites de solicitud, autorización y ministración de los recursos, con cargo en el FONDEN, para la atención de los desastres naturales provocados por el Huracán Stan, se realizaron en tiempo y forma. El paso de dicho meteoro por el Estado de Chiapas, fue del 3 al 6 de octubre de 2005, afectando principalmente la costa de ese estado.

De acuerdo con la información proporcionada a la ASF por el fiduciario del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales (FOEADEN), al 31 octubre de 2007 ingresaron al fideicomiso 2 mil 391.9 millones de pesos. Se observó que el Gobierno del Estado de Chiapas no efectuó sus aportaciones con oportunidad, a efecto de que la Federación depositara la correspondiente contraparte. También se observó que las aportaciones estatales al fideicomiso se recalendarizaron, en



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especial la correspondiente al 30 de mayo de 2007 por 279.9 millones de pesos, que se hizo de junio a septiembre del propio año.

En materia de contratación, ejecución y pago de obra pública, la ASF determinó: entrega extemporánea de anticipos a contratistas; firma de convenios modificatorios después de haberse concluido las obras; atraso al 31 de octubre de 2007, del 1.8% de las obras contratadas, por lo que a la fecha de la revisión no se habían elaborado los libros blancos por parte de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS).

Los resultados encontrados por la ASF detectaron un impacto económico total de 41.1 millones de pesos, integrado por 4.8 millones de pesos entregados a 7 contratistas que se les rescindió el contrato, por concepto de anticipos, sin que estos se hayan recuperado ni hecho efectivas las fianzas; 1.1 millones de pesos pagados sin que haya evidencia de que la obra fue realizada y recibida; 11.5 millones de pesos de intereses no reintegrados a la Federación, y 23.8 millones de pesos de origen federal, que no se han reintegrado a las instancias respectivas, correspondientes a desastres naturales distintos al Huracán Stan, suscitados de 2000 a 2003.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitieron 9 observaciones que generaron 13 acciones, de las que 8 son recomendaciones, 2 promociones de intervención de la instancia de control y 3 solicitudes de aclaración-recuperación.


de la muestra auditada, la SHCP y las entidades ejecutoras del Fondo Estatal de Desastres Naturales 1987, cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al ejercicio de los recursos económicos destinados a la atención de los daños causados por el Huracán Stan, en el Estado de Chiapas.


Auditoría Superior de la Federación emitió 13 acciones, orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas; recuperar recursos por 41.1 millones de pesos para la hacienda pública federal, y fortalecer los mecanismos de operación y control.


⎯ Comentarios de la UEC. Las irregularidades determinadas se relacionaron

principalmente con infracciones a las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, la lectura del propio informe sugiere que, en buena



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medida, éstas fueron propiciadas por la urgencia para dar respuesta a la población afectada por el huracán. Llevado el argumento al límite, puede inferirse que, en aras del cumplimiento de la normativa, es probable que no se podrían evitar daños y pérdidas mayores por los desastres. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de que se garanticen procedimientos ágiles y expeditos, que no choquen con seguimientos de reglas inoperantes pero bien fundamentadas. En casos de emergencia ante desastres, lo que importa es abreviar los tiempos de respuesta para evitar que los daños se magnifiquen, por lo que la normatividad debe responder a esta necesidad y no al revés.

4.15 AUDITORÍA: 06-0-06100-02-391. SHCP: “RECURSOS FISCALES EXCEDENTES”.

⎯ Objetivo. Comprobar la correcta determinación de los recursos fiscales

excedentes que establece el artículo 25, fracción I, inciso n, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006; así como su registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.


cumplimiento que fue seleccionada con base en que la SHCP informó en la Cuenta Pública 2006, sobre el monto de los ingresos excedentes, que corresponden con las cifras reportadas en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 2006. Se revisó el cálculo de los ingresos excedentes netos por 91 mil 225.0 millones de pesos. Las áreas revisadas fueron las unidades de Política de Ingresos, de Política y Control Presupuestario, de Crédito Público, de Coordinación con Entidades Federativas, de Planeación Económica de la Hacienda Pública y de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública; la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, y la Tesorería de la Federación, todas adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. En la revisión a los recursos fiscales

excedentes, la ASF, determinó que la SHCP en el ejercicio fiscal de 2006 no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al destino de los ingresos excedentes, debido a que dedujo 13 mil 841.1 millones de pesos de los ingresos excedentes para compensar montos no recaudados por 4 mil 469.5 millones de pesos del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y para traspasar recursos por 8 mil 613.8 millones de pesos del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas a diversos ramos de la Administración Pública para pago del ISR y del Impuesto sobre Productos del Trabajo, donde el monto más importante se concentró en el Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.



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La ASF, encontró que los recursos descontados a los ingresos excedentes, se realizaron en efectivo y no son operaciones compensadas o virtuales como argumentaron las unidades presupuestarias de la SHCP, por lo que no debió deducir los 8 mil 613.8 millones de pesos de los ingresos excedentes, en cumplimiento del artículo 25, fracción I, inciso n del PEF 2006. La ASF comprobó que la SHCP aplicó al FEIP 22 mil 806.3 millones de pesos de los recursos fiscales excedentes correspondientes a 2006, en cumplimiento de la normativa vigente. Por lo anterior, la ASF recomienda a la Cámara de Diputados instruya a quien corresponda para que en los proyectos del PEF y otras disposiciones, se evalúe la procedencia de eliminar la discrecionalidad de la SHCP para determinar los recursos fiscales excedentes.


acciones, que correspondieron a 3 recomendaciones y 2 a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.


de la muestra antes señalada, la SHCP no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al destino de los ingresos excedentes, debido a que en los procesos revisados se observó un monto de 13 mil 083.3 millones de pesos, que representa 14.3% de la muestra auditada en incumplimiento de la Ley Federal de Derechos, y del artículo 25, fracción I, inciso n, del PEF de 2006.

⎯ Impacto de la Fiscalización. La ASF reportó como impacto de las

observaciones emitidas, diversas repercusiones en el control, ya que la SHCP no comprobó el destino de 4 mil 469.5 millones de pesos deducidos a los ingresos excedentes para compensar el monto no recaudado del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, en incumplimiento de diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Además de que la SHCP dedujo 8 mil 613.8 millones de pesos de los ingresos excedentes y los entregó a dependencias y entidades a través de los ramos 3, 11, 25 y 33, para que cubrieran pagos del Impuesto Sobre la Renta de 2005 y 2006 e Impuesto Sobre Productos del Trabajo de 2005, en incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 (PEF 2006). Asimismo, con base en los términos previstos en el artículo 3 del PEF 2006, se observó incumplimiento en la meta ajustada de superávit, ya que fue inferior en 1 mil 159.2 millones de pesos.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. La SHCP manifestó que estaba

obligada a garantizar la meta de balance público, por lo que aplicó de manera armónica el conjunto de normas presupuestarias no habiendo existido incumplimiento de las mismas en la deducción de los menores ingresos por el



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derecho de hidrocarburos para el fondo de estabilización en el cálculo de los ingresos excedentes netos del ejercicio presupuestario de 2006. La entidad también argumentó que el artículo 22 del PEF de 2006, establece que la SHCP podrá autorizar compensaciones entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, como compensaciones para el pago de obligaciones fiscales y sus accesorios.

⎯ Comentario de la UEC. En anteriores ejercicios fiscales, la SHCP ha realizado

adecuaciones presupuestarias no contempladas en el PEF para compensar faltantes de recursos en otros ramos y entidades de la Administración Pública, utilizando argumentos como los expuestos, lo cual desvirtúa el sentido con el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que la discrecionalidad que tiene actualmente la SHCP erosiona el sentido democrático de las asignaciones presupuestarias.

El PEF faculta a la SHCP para autorizar compensaciones en ingresos y gastos en dependencias y entidades. Así está establecido en la Ley de Derechos, relativa a la normatividad sobre la distribución de derechos de los hidrocarburos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que determina la metodología para la distribución de los ingresos excedentes, y que se pueden incumplir, atendiendo a lo señalado por la propia SHCP. En esta materia el trabajo legislativo puede enfocarse a revisar y replantear las metodologías existentes en el PEF, Ley de Ingresos y LFPRH para determinar los ingresos fiscales excedentes y el destino en la aplicación de estos recursos; asimismo, se pueden evaluar las atribuciones normativas de la SHCP en la determinación de los excedentes a fin de diseñar y establecer instancias jurídicas viables que le impidan a esta dependencia una utilización discrecional de los mismos, para que no se erosione el sentido democrático que impulsa la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación.

4.16 AUDITORÍA: 06-2-06HJO-06-176. BANSEFI: “EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, LAS GARANTÍAS QUE POR MINISTERIO DE LEY LE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL, Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE SU SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES”.

⎯ Objetivo. Evaluar las principales variables que determinaron la situación

financiera del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; así como del comportamiento de las garantías federales, y comprobar que cumplió con las disposiciones normativas para enfrentar sus pasivos derivados de su sistema de jubilaciones y pensiones.



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⎯ Características de la revisión. Se realizó una auditoría especial que fue seleccionada para atender el requerimiento de la Comisión de Vigilancia para evaluar la situación financiera del Banco Nacional y Servicios Financieros; así como las garantías federales emitidas y comprobar que cumplió con las disposiciones normativas para enfrentar sus pasivos derivados de su sistema de jubilaciones y pensiones. La muestra auditada por ambos conceptos fue de 8 mil 150.9 millones de pesos, que equivalió al 100 % del universo seleccionado. El área revisada fue la Subdirección de Contraloría Interna.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. Dentro del análisis financiero que implicó

esta revisión, la ASF determinó un deterioro de la solvencia financiera de BANSEFI. El capital contable registró una tasa promedio de variación para el periodo 2002-2006, de -7.6%, y el índice de capitalización se redujo al pasar de 17.3% en 2002 a 11.9% en 2006. Lo anterior, se fundamentó en los resultados negativos de operación obtenidos por la Institución de 2002 a 2004 (para los dos subsecuentes años los resultados fueron positivos) y en un crecimiento mayor del pasivo respecto del activo de BANSEFI. Asimismo, los gastos de administración y promoción fueron determinantes para los resultados negativos.

El pasivo de la Institución aumentó a una tasa promedio anual de 19.7%, destacando el rubro de la captación tradicional. El número de cuentas del público ahorrador pasó de 964 mil 244 en 2002, a 3.3 millones en 2006. Destaca la disminución de la “Cuenta de Acreedores Diversos u otras cuentas por pagar” a partir de 2003, debido al pago oportuno que se hizo a los beneficiarios inscritos en los programas gubernamentales especiales operados por SEDESOL. Por el lado del activo, el componente que más llama la atención son las inversiones en valores principalmente certificados en tesorería (Cetes), que constituyen la fuente principal de ingresos por concepto de intereses del Banco. En lo que respecta a su rentabilidad en los dos últimos años (2005 y 2006), la entidad revisada mejoró algunos indicadores financieros, aunque su eficiencia operativa continuó a la baja. Durante 2006, BANSEFI obtuvo apoyos federales por 295.1 millones de pesos a los que sumados año con año desde el 2002 dan un total de 1 mil 686.2 millones de pesos, mismos que se han destinado principalmente al gasto de capital, en particular para ejecutar el Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular (PFACP); así como apoyar su capital social. Un resultado fundamental de la auditoria son los subejercicios en que incurrió BANSEFI en el 2006; el subejercicio en el gasto de capital fue de 40%, y el de gasto corriente de 30%. La ASF indicó que BANSEFI, para todo el periodo 2000-2006, mostró en todos los años un deficiente proceso de planeación-presupuestación, ya que registró sistemáticamente subejercicios presupuestarios.



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La ASF no pudo corroborar el cumplimiento programático o el avance de las actividades institucionales, para el periodo 2002-2006 debido a cambios en la estructura programática de BANSEFI. Únicamente fue posible evaluar el grado de cumplimiento del banco de las metas asociadas a dichos indicadores resultando en una baja eficacia, en virtud de que de 18 indicadores formulados; BANSEFI sólo superó en 9 el 90% de la meta, siendo el promedio de eficacia de 50%. Además, los indicadores relativos a recursos presupuestarios indicaron una baja eficiencia del gasto por parte de BANSEFI en su ejecución y logros. El indicador de eficiencia operativa construido por la ASF (relación ingreso/gasto) reveló para todo el periodo una posición deficitaria, como se muestra en el cuadro:

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006Ingresos totales de la operación 303,794.0 414,000.0 510,000.0 791,000.0 806,000.0Gasto programable ejercicio 535,330.2 945,226.2 1,060,971.0 1,110,974.5 1,052,816.0Relación ingreso/gasto 0.57 0.44 0.48 0.71 0.77

INDICADOR DE EFICIENCIA DE OPERACIÓN DEL BANSEFI, 2002-2006(Miles de pesos)

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de laHacienda Pública Federal, Banco de Información, Ramo 4, Hacienda y Crédito Público; y Banco delAhorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Estados de Resultados del 1 de enero al 31 dediciembre, varios años. Nota: Para la construcción de este indicador, se consideró el concepto "Ingresos totales de la operación "conteido de los estados de resultados para los respectivos años.

En lo que concierne a las características de la captación del ahorro del público, la ASF comprobó la existencia de una elevada concentración, por entidades federativas, personalidad jurídica plazo de ahorro, tasas de Interés, tipo de sucursales y tipo de programa. El riesgo de las obligaciones garantizadas por el Gobierno Federal a cargo de BANSEFI, representó en el 2006, el 75.4% del activo total, por lo que se consideró mínimo ese riesgo. En este mismo sentido, la revisión determinó positivamente la sustentabilidad de las Pensiones y Jubilaciones, y de las Primas de Antigüedad del banco en virtud de que dichas obligaciones están cubiertas en más del 100% por las reservas creadas, por lo que puede afirmarse que a diciembre de 2006, el sistema de pensiones de BANSEFI es financieramente sustentable, aunque existe una elevada dispersión por este concepto en el pago del beneficio al interior del banco, que implica una fuente de inequidad, ya que la persona del rango de ingresos superiores recibe en promedio una pensión 25.1 veces mayor que la que recibe el personal del rango con mayor número de jubilados. En el pago de pensiones, BANSEFI se ajustó a lo determinado por el marco normativo aplicable.


corresponden a 2 recomendaciones.



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⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración de las operaciones examinadas.

⎯ Impacto de la fiscalización. Respecto a los resultados de la ASF en relación a los indicadores de eficiencia, BANSEFI solicitó que se reconozca como elemento de apoyo al Sector de Ahorro y Crédito Popular

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. Respecto a los resultados de la ASF

en relación a los indicadores de eficiencia, BANSEFI solicitó que se reconozca como elemento de apoyo al Sector de Ahorro y Crédito Popular las actividades que contemplan contribuir con el asesoramiento y venta de servicios de la plataforma tecnológica Tmenos Core Banking (TCB), cuya finalidad es que las Cajas de Ahorro operen sus transacciones de Sucursales bajo un sistema confiable. Asimismo, BANSEFI, señaló que recibe comisiones por la venta de asesoría e implementación del sistema TCB en las Cajas de Ahorro. Por otro lado, BANSEFI señaló también que no refleja en sus estados financieros el conceder algún tipo de crédito al Sector de Ahorro y Crédito Popular, una fuente de rentabilidad futura, ya que a la fecha se encuentran en proceso los trámites para la asignación de recursos presupuestales, autorización de nuevas plazas para crear el área de crédito. Dicho procedimiento administrativo y burocrático, presenta un grado de complejidad y tiempo en la intervención de diversas dependencias federales tales como SHCP, BANXICO, Secretaría de la Función Pública y la CNBV, situación que provoca que los proyectos de implantación del producto crediticio a la fecha no se haya cumplido y BANSEFI se vea imposibilitado de cubrir por lo menos en el corto plazo las necesidades del sector de acuerdo a las necesidades del mercado.

⎯ Comentarios de la UEC. De lo determinado por la ASF en lo referente al comportamiento financiero de BANSEFI, debe tomarse en cuenta, sin embargo, que los resultados negativos manifestados por la Institución hasta 2004, se explica en buena medida por su política de inversión seguida para su reestructuración en lo que corresponde al cambio de mobiliario, equipo y tecnología de la red de 560 sucursales (según lo dispuesto por la CNBV) y por el inicio de operaciones de las áreas que dan servicio al sector de ahorro y crédito popular (área de banca institucional).

El punto de equilibrio del banco fue alcanzado en 2004-2005 y posteriormente se han observado resultados positivos en las utilidades, hecho sin precedente desde la existencia del Patronato Nacional del Ahorro. Para tener una idea de su crecimiento, se puede decir que mientras que en el año 2000 la institución contaba con 800 mil cuentas, en la actualidad ésta maneja 3.8 millones de



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cuentas, que son de bajo monto y de alta transaccionalidad por tratarse de cuenta habientes de ingresos bajos (lo que resalta la función social fundamental de la institución).6 La productividad de BANSEFI, medida en cuentas por empleado de sucursal y por número de transacciones atendidas, se ha situado en los últimos años como de las más elevadas en el sistema bancario. Cabe mencionar que el crecimiento mensual promedio del número de cuentas en la institución es de 80 mil, atendidas por una planta de empleados en sucursales de alrededor de 1,200 (2.1 empleados por sucursal, en promedio). Por lo que respecta al sistema de jubilaciones y pensiones, y de las Primas de Antigüedad del banco, destaca lo determinado por la ASF en el sentido de que dichas obligaciones están más que cubiertas por las reservas creadas, y que por tanto, su sistema es financieramente sustentable. Para realizar una revisión del desempeño financiero de una institución bancaria con carácter social como BANSEFI, se requiere de criterios de análisis distintos a los considerados para otras instituciones financieras, que tomen en cuenta su carácter y su papel en el entorno financiero del país. A efecto de contar con una visión más integral del desempeño de BANSEFI, sería prudente considerar la práctica de una auditoría al desempeño, en la que se pudiera captar información integral de su desempeño (planeación, programas, servicios, productividad), con base en el papel específico que juega la institución dentro de la banca de desarrollo y del sistema financiero en su conjunto.

4.17 AUDITORÍA 06-2-06HJO-02-547. BANSEFI: “EGRESOS PRESUPUESTALES DEL CAPÍTULO 3000, SERVICIOS GENERALES”.

⎯ Objetivo. Verificar que los servicios pagados a terceros con cargo al Capítulo

3000 “Servicios Generales”, fueron razonables se justificaron, contrataron y presentaron de conformidad con la normativa y constatar el correcto registro contable y presupuestal de las erogaciones, así como su comprobación y presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una revisión financiera y de

cumplimiento, para verificar los egresos presupuestales del Capítulo 3000, reportados por BANSEFI los cuales ascendieron a 328.1 millones de pesos. La muestra auditada fue de 88.5 millones de pesos, representando 27% del universo seleccionado. Se revisó la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección General Adjunta de Tecnología de la Información, la Subdirección de Recursos Materiales, la Subdirección de Recursos Humanos y la Gerencia de Servicios Médicos, todas áreas de BANSEFI.

6 La institución, por la vía de sus sucursales, maneja prácticamente la totalidad de cuentas de los beneficiarios del Programa Oportunidades, lo que da muestra su importancia como intermediaria entre la política social y la población objetivo de la misma.



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⎯ Resultados relevantes de la revisión. Los hallazgos principales de la revisión son el presupuesto modificado para el 2006 de BANSEFI, ascendió a 498 millones de pesos, que significó una reducción de 5 millones respecto del presupuesto originalmente autorizado, lo que implicó adecuaciones presupuestarias que fueron autorizadas por la SHCP. La reducción presupuestaria significó el 10% del rubro Servicios de Comunicación Social; BANSEFI registró un subejercicio de 34.0% en el Capítulo 3000, debido a diversas contingencias (atraso en el inicio de nuevos negocios, desfases en el desarrollo de la plataforma tecnológica, retrasos en licitaciones y generación de economías). Del importe ejercido por el Banco, cuyo monto ascendió a 328.1 millones de pesos, el 55.0% se realizó mediante la contratación de servicios utilizando el procedimiento de adjudicación directa en contravención de la normatividad aplicable. Estos servicios se distribuyeron en 1 mil 073 contratos por 179.6 millones de pesos, destacando 434 contratos de arrendamiento de inmuebles por 31.3 millones de pesos.

La Institución, al estimar la relación 80-20 para determinar el monto de adjudicación directa permisible conforme a la normatividad aplicable, omitió incluir en el cálculo el monto total del Capítulo 5000. Asimismo, BANSEFI en su reporte sobre el monto de adjudicación directa, determinó un monto de 99.3 millones de pesos, para el 2006 cuando el monto asignado fue de 148.3 millones de pesos. Al respecto, el Asesor suplente del OIC de BANSEFI señaló en el Informe de Adquisiciones del 13 de enero de 2006, el abuso de la institución por privilegiar la opción de adjudicaciones directas. En una muestra de 19 contratos formalizados, la AFS constato que BANSEFI únicamente remitió al OIC 11 oficios de invitación en los cuales no se anexa el dictamen de las razones por las cuales los contratos fueron adjudicados mediante los procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas o de manera directa.

Tres contratos de arrendamiento de inmuebles relacionadas con las sucursales de BANSEFI por un monto de 1.2 millones de pesos fueron asignados de manera directa. Adicionalmente, se incrementó el monto de las rentas de las sucursales, sin contar con el trámite de justipreciación de rentas ante el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales en infracción a la normatividad aplicable. Con respecto a 78 spots por 4.9 millones de pesos y 21 spots por 42.2 miles de pesos, BANSEFI no señaló ninguna modificación al contrato de Televisa donde se especificara la publicación de los anuncios solicitados en el 2006, ni comunicación por escrito de la televisora donde hubiera informado que los spots se tuvieron que trasmitir en 2007 en vez de 2006, en contravención a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios formalizado con Televisa.



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Asimismo, BANSEFI no proporcionó los informes con el listado de las trasmisiones debidamente firmadas, en contravención de la normatividad.

⎯ Observaciones–acciones promovidas. Se emitieron 5 observaciones que

generaron 7 acciones, de las cuales corresponden: 7 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que en términos generales y respecto

de la muestra antes señalada, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro contable y presupuestal de las erogaciones, así como su comprobación y presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo con las disposiciones aplicables, a excepción de las irregularidades siguientes: en los contratos de servicio del Capítulo 3000, el 54.8%, fueron contratados mediante el procedimiento de adjudicación directa; no se remitió al Órgano Interno de Control en BANSEFI los informes relativos a los contratos formalizados en el mes inmediato anterior y el dictamen por las cuales fueron adjudicadas mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o de manera directa; no se efectuaron las justipreciaciones de las rentas de las sucursales; se aceptaron recibos de arrendamiento que no cumplían con requisitos fiscales e incumplimiento en la entrega de informes por parte de los prestadores de servicio.

⎯ Impacto de la fiscalización. Como resultado de la revisión la AFS emitió 5

observaciones que generaron 7 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores.


auditado. ⎯ Comentarios de la UEC. La revisión arrojó irregularidades en el ejercicio del

gasto del Capítulo 3000, como la contratación de servicios siguiendo el procedimiento de adjudicación directa, hecho que fue observado por el OIC de BANSEFI. Asimismo, se determinó un subejercicio en los recursos presupuestales, lo que indica la existencia de problemas en el proceso de la planeación-presupuestación de la Institución.

Sería conveniente examinar si este tipo de situaciones detectadas en el proceso de gasto del Capítulo 3000, se repite en otros capítulos de gasto. En consecuencia, se recomienda dar seguimiento a esta revisión y la programación de una auditoría financiera y de cumplimiento para los otros capítulos de gasto.



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4.18 AUDITORÍA 06-2-06G0N-06-578. BANCOMEXT. “EVALUACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE POR MINISTERIO DE LEY OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL AL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, Y DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE SU SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES”.

⎯ Objetivo. Evaluar la sostenibilidad financiera de los pasivos contratados por el

Bancomext SNC, que están garantizados por el Gobierno Federal, y de los pasivos derivados de su sistema de jubilaciones y pensiones; así como corroborar que se cumplió con la normatividad establecida para el otorgamiento de pensiones.

⎯ Características de la revisión. Esta revisión especial forma parte de un análisis

integral que la ASF realizó a distintas obligaciones de deuda directa, contingente y garantizada de los tres órdenes de gobierno, con el fin de verificar sus sostenibilidad. Adicionalmente, se observó que Bancomext recibió apoyos financieros por parte del Gobierno Federal para incrementar su fondo de reserva para su sistema de jubilaciones y pensiones. La muestra auditada fue de 87 mil 187.3 millones de pesos, que representó 100% del universo; de ese total 80 mil 925.3 millones fueron pasivos del banco que están garantizados por el Gobierno Federal; y 6 mil 262 millones obligaciones de su sistema de pensiones y jubilaciones. Se revisaron: la Dirección de Contabilidad y Fiscal, responsable de operar las obligaciones garantizadas por ministerio de ley, y la Dirección de Recursos Humanos, encargada de la nómina de jubilados.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. En relación a la sostenibilidad de la

deuda garantizada de la Institución, por el gobierno, la ASF determinó los siguientes resultados: el monto de pasivos garantizados por el Gobierno Federal, al 31 de diciembre de 2006, ascendió a 80 mil 925.3 millones de pesos, cifra que comparada con el monto del activo total representa el 90.4%, por lo que a esa fecha la deuda su encuentra solventada. No obstante ello, la sostenibilidad se encuentra en duda, en virtud del deterioro constante de la situación financiera de Bancomext, ya que en los últimos años reportó pérdidas de operación y una creciente cartera vencida, que para el 2006 ascendió a 6 mil 111.0 millones de pesos, significando el 10.0% del total de la cartera, un índice muy elevado, por lo que el riesgo de que continúe presentando un déficit de operación es alto.

De continuar con esa tendencia, el Gobierno Federal tendrá que seguir canalizando transferencias de recursos a fin de evitar su descapitalización, como lo ha hecho desde 2002. Es importante señalar, que no obstante el incremento de 9.7% de la deuda garantizada de la institución en 2006 respecto del año anterior, su saldo es menor respecto al registrado en el periodo 2002-2004. A pesar de este menor saldo, el deterioro de la Institución implicó incrementos sustanciales de transferencias presupuestarias, las cuales totalizaron 5 mil 851 millones de pesos para el periodo 2002-2006.



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El incremento en el monto de las obligaciones garantizadas se debió principalmente a la mayor captación bancaria, en especial, los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y los bonos bancarios. Asimismo, Bancomext registró una reducción en la canalización de crédito a su mercado objetivo, con una disminución de 2.7% de la oferta crediticia en 2006, en relación con el año anterior, situación que implicó una caída de la cartera de crédito vigente. Las pérdidas de operación observadas en el 2006 hubieran sido más pronunciadas si la institución no hubiera reducido el monto de recursos canalizados a la constitución preventiva para riesgos crediticios (entre 2005 y 2006 el monto pasó de 1 mil 304.0 millones de pesos a 663.0 millones), no obstante estos movimientos, se registró un aumento de la cartera vencida, que pasó de un índice de 9.61 % en 2005, a 10.01% en 2006. En lo que concierne, al cumplimiento de la normatividad por Bancomext, en relación al pago de pensiones, la ASF determinó lo siguiente: El Fideicomiso “Fondo de Pensiones BANCOMEXT” pudo cumplir con el pago de las pensiones, jubilaciones, primas de antigüedad y obligaciones posteriores al retiro de los empleados del banco, por las crecientes transferencias del Gobierno Federal, de lo contrario hubiese presentado un grave déficit. De los 2 mil 448.8 millones de pesos que Bancomext recibió de transferencias gubernamentales, 1 mil 332.5 millones de pesos se canalizaron al primer Plan, y 1 mil 116.3 millones de pesos al segundo plan del sistema pensionario del banco. Al 31 de diciembre de 2006, existían 673 jubilados que comparados con los 967 empleados activos, dan una relación de 1.44 trabajadores en activo por cada jubilado; se detectó la existencia de un grave problema de inequidad en el pago de pensiones. El promedio ponderado de la pensión de una persona de mando superior en Bancomext es mayor en 5.1 veces al que recibe el personal operativo, y 8 veces mayor que el nivel de la pensión mínima establecido. Similar problema de inequidad, ocurre en el personal operativo, ya que la relación entre la pensión máxima con respecto a la mínima es de 34.5 veces, y la diferencia entre la pensión máxima y la del personal de mando medio es muy alta (16.6 veces); otra forma de apreciar la inequidad es el hecho de que los jubilados con ingresos mayores de 50 miles de pesos, representaron el 15.7% del número total de pensionados, pero concentraron un porcentaje elevado del valor de la nómina, el 42.%; el ente fiscalizado cumplió con la normativa en el pago de pensiones de los jubilados, incluidos los 49 trabajadores que pasaron a retiro en el año 2006.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. La ASF no emitió observaciones ni

acciones promovidas. ⎯ Dictamen de la ASF La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en

términos generales y respecto de la muestra auditada, el BANCOMEXT, cumplió



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con las disposiciones normativas aplicables en materia de los pasivos garantizados por el Gobierno Federal, así como en lo relativo a los pasivos derivados del sistema de jubilaciones y pensiones del banco.

⎯ Impacto de la fiscalización. Sin impacto de fiscalización ya que no tuvo ninguna

observación.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. Sin comentarios por parte de la entidad fiscalizada.

⎯ Comentarios de la UEC. La ASF determinó que las obligaciones garantizadas

de Bancomext son sostenibles en el corto plazo, en virtud de que para el periodo evaluado, éstas representaron un monto menor que el valor del activo. Esta conclusión, sin embargo, tendría que ser evaluada pues no es sustentable si la calidad de los activos es deficiente.

La ASF señaló que es el caso, en lo que corresponde al rubro de la cartera vencida, aunque no se pronuncia sobre la calidad de los otros componentes del activo, ni tampoco examina la estructura del pasivo, y omite comentarios sobre la naturaleza del GAP bancario de la institución; y de los riesgos de liquidez, de contraparte y operativos, elementos que deben formar parte de un cabal dictamen sobre la sustentabilidad de la deuda garantizada. Al respecto, se recomienda que la ASF practique una auditoria especial que evalúe los riesgos financieros del banco y su probable impacto en la sustentabilidad de la deuda garantizada y el pago de pensiones

Aunque la ASF no promovió recomendaciones, se constató el continuo deterioro financiero de la institución, en un contexto de montos elevados de obligaciones garantizadas y un sistema de jubilación que demanda crecientes transferencias presupuestarias anuales. Sobre esta particular situación, la revisión tampoco se pronuncia. Es conveniente que la SHCP considere revisar y reformular el actual esquema operativo de la institución, dado que tiene conformada una estructura de activos de alto riesgo y no genera recursos propios suficientes para cubrirla. En países como Estados Unidos, China, Brasil sus bancos de desarrollo están consolidados, en algunos casos constituyen la entidad más relevante de su sistema financiero. México puede evaluar esas experiencias exitosas, para rediseñar este sector sin reducir su papel.



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4.19 AUDITORÍA: 06-2-06G1C-06-579. BANOBRAS: “EVALUACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE POR MINISTERIO DE LEY OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL AL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, Y DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE SU SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES”.

⎯ Objetivo. Evaluar la sostenibilidad financiera de los pasivos contratados por el

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C que están garantizados por el Gobierno Federal, y los pasivos derivados de sus sistema de jubilaciones y pensiones, y corroborar que se cumplió con la normatividad establecida para el otorgamiento de las pensiones.

⎯ Características de la revisión. Se practicó una auditoría especial para evaluar

la sostenibilidad financiera de los pasivos de BANOBRAS e identificar el monto de las obligaciones, las cuales fueron garantizadas por el Gobierno Federal, analizando la estructura del personal sujeto al régimen de jubilaciones y pensiones, en términos del monto de su pensión y del nivel jerárquico. Asimismo, verificar que BANOBRAS cumplió en 2006 con las condiciones generales de trabajo. La muestra auditada fue de 95 mil 590.4 millones de pesos (100% del universo). Las áreas revisadas fueron la Gerencia de Operación Financiera, responsable de registrar las obligaciones garantizadas por ministerio de ley, y la Gerencia de Prestaciones y Desarrollo, dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales, encargada de la nómina de jubilados.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La ASF reveló que los pasivos del banco

ascendieron a 86 mil 723.3 millones de pesos, cifra que representa el 86% del activo total de la institución, por tanto estas obligaciones están solventadas por la entidad, y en el corto plazo es bajo el riesgo de que el Gobierno Federal asuma esos pasivos. En relación con las obligaciones laborales contingentes, existen reservas que cubren el 90.1 % de ese pasivo. Manteniéndose la tendencia actual del plan de jubilaciones y el de prima de antigüedad, son superavitarios hasta 2010, año en que es factible que se cubra la totalidad de las reservas, de conformidad con el calendario de amortizaciones previsto. De igual manera, se comprobó que BANOBRAS pagó en exceso 5.6 millones de pesos en el caso de 79 pensiones, esto como resultado de que dicha institución no efectuó ajustes en relación al art. 73 (Condiciones generales de trabajo) donde al sumar las dos pensiones (IMSSS y BANOBRAS) se rebasó lo que representa el último salario fijo diario percibido por el trabajador, más la compensación por antigüedad y el aguinaldo anual completo y prima vacacional para el pago de las pensiones. Asimismo, se detectó la existencia de 139 empleados que recibieron tanto la pensión de BANOBRAS como la del IMSS.



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Adicionalmente, se detectaron 22 trabajadores que en la suma de sus dos pensiones rebasó el monto previsto, por lo cual se incumplió con las Condiciones Generales de Trabajo en virtud de que el banco pagó indebidamente recursos por 2.1 millones de pesos en 2006. Se detectaron otros 57 casos en los que la suma de las dos pensiones rebasa 100% de lo establecido por la normativa, lo que originó que el banco pagara recursos adicionales por 3.5 millones de pesos del 2006.

⎯ Observaciones–acciones promovidas. Se emitió una observación que generó

3 acciones, de las cuales corresponden: 1 a recomendación, 1 promoción de intervención de la instancia de control y 1 a pliego de observaciones.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF manifestó que en relación con la sostenibilidad de

los pasivos contratados por BANOBRAS y de los pasivos derivados de su sistema de pensiones y jubilaciones, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración de las operaciones examinadas.

⎯ Impacto de la fiscalización. Como resultado de la revisión la ASF, emitió 3

acciones orientadas principalmente a investigar y determinar responsabilidades administrativas y recuperación de recursos económicos. El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones ascendió a 5.6 millones de pesos, que corresponde al pago en exceso de 79 pensiones.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. BANOBRAS considera infundada esta

conclusión, ya que el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (RTE) no regula las condiciones generales de trabajo de las instituciones, más bien hace referencia al reglamento interior de trabajo que deben expedir.

Habría que concluir que la jurisprudencia fue emitida para interpretar y resolver la litis que correspondían a una normatividad de 1953, pero que no ha interpretado ni resuelto controversias derivadas de disposiciones laborales vigentes a partir de mayo de 1995, que es el año en que las CGT de BANOBRAS se depositaron ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad competente en la materia.

Por otra parte, el contenido del artículo 73 de las CGT difiere sustancialmente del contenido de la jurisprudencia TJ 13/94, ya que considera la compensación por antigüedad y la prima vacacional, para el cálculo que se debe realizar de la suma de las pensiones de BANOBRAS y del IMSS, y contiene como condición o limitación para que se llegue a realizar un ajuste, que sólo se puede aplicar en el momento de determinar el monto de la pensión inicial a cargo del Banco, y no en el momento en que el IMSS incremente la pensión que a él corresponde.



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De los casos que se rebasó el 100% de pensión, se sabía que al otorgar la pensión de BANOBRAS, la pensión del IMSS era un fenómeno incierto. Además, el otorgamiento de la pensión por parte del IMSS fue posterior al de la pensión inicial del Banco, excluyendo la aplicación de un ajuste a la suma de ambas pensiones, de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de las CGT.

⎯ Comentarios de la UEC. Existe un crecimiento exponencial de las erogaciones

por concepto de jubilaciones y pensiones, con riesgo probable de repercusión en las finanzas públicas en el mediano plazo, a menos de que creciera la planta de trabajadores. En NAFIN, BANOBRAS y Banco de México, la nómina de los trabajadores jubilados supera a la de los activos en más del 60%. La magnitud de este problema financiero ha ido creciendo desde 2004. BANOBRAS cuenta con un fondo para hacer frente a sus obligaciones hasta 2010 referente al pago en pensiones y jubilaciones, resultando insuficiente para solventarlas en lo sucesivo. Por tal motivo, se considera prudente impulsar una reforma que tienda a asegurar la sostenibilidad financiera en el largo plazo, ya que actualmente hay 1.53 trabajadores jubilados por uno activo. Además, no existe una equidad en el monto de las pensiones asignado a cada empleado, por lo que es necesario consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativas. Es pertinente revisar las normas internas laborales de BANOBRAS para que se apeguen al artículo 73 de las Condiciones Generales de Trabajo, generando condiciones laborales generales y no específicas, logrando con esto una equidad en el cálculo de las pensiones.

4.20 AUDITORÍA 06-2-06G1C-06-198. BANOBRAS: “EVALUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL A CARGO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL RESCATE DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS”.

⎯ Objetivo. Evaluar la sostenibilidad de la deuda a cargo del Fideicomiso de Apoyo

al Rescate de Autopistas, Concesionadas; verificando el cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos adquiridos conforme a la normatividad.

⎯ Características de la revisión. Se practicó una auditoria especial por el

requerimiento que solicitó la Comisión de Vigilancia de la ASF, por existir la presunción de un daño patrimonial al Estado en su Hacienda Pública Federal. El monto de la muestra auditada asciende a 7 mil 079.7 millones representando el 3.9% del universo seleccionado. El área que se revisó fue la Dirección de Negocios de Infraestructura adscrita a BANOBRAS.



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⎯ Resultados relevantes de la revisión. Con la revisión de los estados financieros se comprobó que el saldo de sus obligaciones de largo plazo garantizadas por el Gobierno Federal se incrementó un 71%. El monto de capitalización de los intereses representa 15.8% de las obligaciones del FARAC (28 mil 471.8 millones de pesos). En 2002 el FARAC adicionó a su inventario los tramos carreteros México-Puebla, México-Querétaro, y Querétaro-Irapuato, lo cual incrementó el monto de las obligaciones garantizadas a 21 mil 185.9 millones de pesos. Para el año 2005, se adicionó el tramo carretero Chamapa-Lechería, un tramo libre de cuotas por lo que sólo se incrementa la deuda. Cabe destacar que de 1997 a 2006 el inventario de las autopistas rescatadas se incrementó en 108.7%. Se observó que el CAPUFE no mantiene un gasto proporcional a la infraestructura que opera (3 autopistas y 29 puentes) en donde 1 mil 507.1 millones de pesos (72.6%) corresponden a servicios de peaje de caminos y puentes (gasto corriente), y 396.5 millones de pesos para la conservación de puentes. Por recomendación de los auditores externos, se realizaron cambios a los principios de contabilidad, de esta manera el pasivo de largo plazo que se registraba como una cuenta por cobrar se registrará en el concepto de inversiones sujetas a amortización contra resultados y conforme a la vida útil de los tramos carreteros. Los aprovechamientos que se registraban como gastos pasaron a considerarse como inversiones sujetas a amortización durante el periodo de concesión. Los estados financieros formulados sobre los costos históricos hoy incluyen los efectos de la inflación, al igual que la actualización de las UDIS, con todo esto evolucionó favorablemente la situación financiera ya que de presentar un déficit en el ejercicio 2004 por un valor de 1 mil 125.3 millones de pesos; en 2006 se obtuvo un resultado favorable por un monto de 146 millones de pesos. Con los cambios contables operados, la mayoría de los indicadores financieros presentó una mejoría (destacando el incremento de los ingresos en 29.5%) excepto en el gasto de operación y mantenimiento, que rebasó su parámetro del 30% respecto de los ingresos.

⎯ Observaciones–acciones promovidas. No se emitieron observaciones y acciones.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF manifestó que en términos generales y respecto a

la muestra auditada, el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, por medio de su institución fiduciaria BANOBRAS cumplió con las disposiciones normativas aplicables al pago de sus obligaciones financieras con los tenedores de sus instrumentos bursátiles colocados en el mercado. En relación a la deuda del FARAC, el análisis efectuado revela que de manera global en el corto y mediano plazo ésta es sostenible, en razón de tener disponibilidades suficientes en el ejercicio para cubrir sus obligaciones referentes al pago de intereses.



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⎯ Impacto de la fiscalización. No se reportó ningún impacto en la fiscalización.


⎯ Comentarios de la UEC. Pese a los cambios operados en los principios de

contabilidad que influyeron en la mejora financiera institucional, en una perspectiva de largo plazo, el rescate carretero a través del FARAC ha incurrido en costos fiscales elevados que han implicado requerimientos financieros crecientes para las finanzas públicas. Para el cierre del 2006, el saldo de la deuda del FARAC ascendió a 180 mil 183.7 millones de pesos, equivalente al 2.2% del PIB. Tales hechos evidencian la necesidad de fortalecer las tareas de administración y control de CAPUFE para reducir el incremento de la deuda, evitar fugas de recursos y mejorar la rendición de cuentas. También sería importante que la ASF realizara un informe sobre la fiscalización superior al FARAC –por ejemplo, con la realización de una separata–, que incluyera una sección para evaluar las adiciones de tramos carreteros a la Red FARAC desde una perspectiva costo-beneficio; así como una auditoría integral al desempeño del FARAC. Con referencia al capital destinado al mantenimiento carretero, se sugiere realizar una auditoría a las licitaciones que se han manejado para el mantenimiento carretero, en el que se verifique el uso que se le ha dado a los recursos para dicho fin, ya que este rubro se ha incrementado notablemente.

4.21 AUDITORÍA 06-2-06G1C-06-571. BANOBRAS: “DEUDA EXTERNA BANOBRAS”.

⎯ Objetivo. Verificar la razonabilidad del saldo de la deuda externa y que los

movimientos por disposiciones y amortizaciones se realizaron de conformidad con los términos y condiciones pactados en los contratos, así como verificar que el registro contable y su presentación en la Cuenta Pública se apegó a la normatividad aplicable.


cumplimiento, que fue seleccionada para verificar que las disposiciones y amortizaciones de crédito se reportaron en la Cuenta Pública y en los estados financieros, y que el registro de su composición y saldo al 31 de diciembre de 2006, se realizaron de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y conforme a los términos y condiciones establecidos en los contratos. Se revisó 21.3% del universo, equivalente a 9 mil 372.7 millones de pesos; el total de deuda externa de BANOBRAS fue por



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44 mil 037.5 millones de pesos. Se auditaron la Gerencia de Contabilidad y la Subgerencia de Operaciones Internacionales, ambas de la Dirección de Finanzas de BANOBRAS.

⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. La ASF comprobó que el saldo de la

deuda externa de BANOBRAS al 31 de diciembre de 2006 fue por 30 mil 005.2 millones de pesos, según se desprende de las cifras obtenidas de los estados financieros y de los registros contables, integrado por 10 mil 079.7 millones de pesos por concepto de financiamientos del Banco de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuyas tasas de interés fluctuaron entre 4.7% y 6.1%; por 6 mil 245.1 millones de pesos por concepto de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, con tasas de interés de entre 3% y 4.1%; por 4 mil 195.2 millones de pesos por concepto de financiamientos de “otros organismos”; y, por 9 mil 485 millones de pesos por concepto de “Préstamos del Gobierno Federal”. La ASF determinó que las tasas de interés indicadas son razonables, ya que en 2006 las internacionales en los bonos de 7 y 10 años fueron en promedio de 4.7% y 4.8% y las nacionales promediaron entre 7% y 7.5%. Comprobó asimismo que los créditos de BANOBRAS, en los que actúa como agente del Gobierno Federal, están fondeados principalmente por el BIRF y el BID, y los recursos son canalizados a entidades como el Gobierno del Distrito Federal, los gobiernos estatales y municipales, otras entidades paraestatales y al propio Gobierno Federal; que la disminución del saldo por 54.1%, con relación al de 2005 por 35 mil 357 millones de pesos, fue producto de los prepagos realizados por la entidad y fueron cubiertos con recuperaciones y con las divisas de la reserva internacional, adquiridas por la colocación de bonos. La ASF encontró que de la muestra seleccionada de los seis contratos de deuda externa, a uno de ellos, el suscrito con el Banco Export Development Canada, por 160 millones de dólares, se le realizaron modificaciones a las fechas de apertura y tasas de interés que no fueron formalizados de acuerdo con la normativa establecida; en general, la ASF corroboró que las disposiciones y amortizaciones de la muestra de los seis contratos se realizaron de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

⎯ Acciones Promovidas. La ASF emitió 1 observación que generó 2 acciones, las

cuales corresponden a promoción de intervención de la instancia de control.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, BANOBRAS cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro contable de las disposiciones, amortizaciones y de la razonabilidad del saldo final de la deuda externa.



92

⎯ Impacto de la Fiscalización. Como resultado de la revisión practicada, la ASF emitió 2 acciones, orientadas principalmente a investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas.


auditado.

⎯ Comentario de la UEC. Los financiamientos del BID y del BIRF normalmente son contratados por el gobierno federal y por sus agentes financieros a plazos y costos financieros favorables; no obstante, en éstos existen líneas de crédito con menores beneficios financieros, como fue el caso de las líneas del BIRF que se negociaron a tasas más altas (6.1%) y que forman parte de los contratos con BANOBRAS. Con la práctica de las revisiones efectuadas a la deuda externa del Gobierno Federal, la ASF ha encontrado financiamientos de fuentes privadas internacionales a costos financieros altos, y contratados a plazos cortos. Son estos tipos de financiamientos a los que se debe otorgar prioridad para su abatimiento y desuso por parte del Gobierno Federal.

4.22 AUDITORÍA 06-2-06G1C-02-327. BANOBRAS: “INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DE LA CARRETERA MÉXICO-PÚEBLA”.

⎯ Objetivo. Comprobar que los ingresos obtenidos por concepto de cuotas de peaje, correspondieron en su totalidad a los captados por las plazas de cobro que conforman la carretera México-Puebla, contando con la documentación comprobatoria y que las cuotas de peaje y sistema IAVE se facturaron y cobraron en forma oportuna y que el registro contable cumpla con la normativa.

⎯ Características de la revisión. Se practicó una auditoría financiera y de

cumplimiento por solicitud de la CVASF como seguimiento para continuar con las revisiones de las operaciones del FARAC. Se investigó a la empresa encargada del Telepeaje por otorgar descuentos sin autorización del Comité Técnico, sin que se reembolsara el importe de dichos descuentos más los intereses financieros y se verificó que para dicha empresa se encuentra pendiente la conciliación de las facturas emitidas a través de CAPUFE y la Conciliación definitiva del sistema de Telepeaje.

La muestra auditada fue de 1 mil 456 millones de pesos que representó el 86.96% en cuotas de peaje y el 13.04% restante en IVA. Se revisaron: la Gerencia de Operación de Negocios de Infraestructura de BANOBRAS; las gerencias de Evaluación y Seguimiento y de Tesorería, dependientes de la Subdirección de Finanzas, la Gerencia de Sistemas Electrónicos de Pago, de la Subdirección de Supervisión de Operación; la Gerencia de Innovación



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Gubernamental, de la Subdirección de Recursos Humanos e Innovación Gubernamental de CAPUFE y las subdelegaciones de Operación y de Administración de la Delegación Regional V, Zona Centro-Oriente de CAPUFE.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. El Manual de Organización de CAPUFE,

no se encuentra actualizado, ya que no corresponde con la estructura orgánica autorizada por la SHCP. CAPUFE no cuenta con un manual de procedimientos que regule las actividades para el control, cobro, recaudación, depósito y registro de los ingresos en las cuentas concentradoras de BANOBRAS en los tramos carreteros que conforman la Red FARAC, por lo cual no se efectuó un control detallado de los ingresos captados en las plazas de cobro de la red FARAC.

Los ingresos devengados por concepto de cuota de peaje del tramo carretero México-Puebla, para el ejercicio 2006 ascendieron a 2 mil 188.5 millones de pesos. En el ejercicio 2006, CAPUFE operó el servicio de medios electrónicos de pago con las empresas Telepeaje Electrónico, S.A. de C.V., e I+D México, S.A. de C.V., las cuales operaban en forma paralela el sistema de Identificación Vehicular (IAVE) y el de Telepeaje (tarjetas de crédito, débito y medios electrónicos de pago) respectivamente, para el control y cobro de las cuotas de peaje en la red carretera del FARAC, sin contar con la infraestructura ni los controles que le permitieran identificar el número de cruces de los usuarios a cargo de cada una de las empresas prestadoras del servicio. Las empresas prestadoras del servicio IAVE y telepeaje no han aclarado ni liquidado a BANOBRAS 384.8 millones de pesos de ingresos por cuotas de peaje generadas en 2006 por la Red FARAC. En 2006 las empresas Telepeaje Electrónico, S.A. de C.V., e I+D México, S.A. de C.V. descontaron al total de cruces registrados en la carretera México-Puebla 673.5 miles de pesos por vehículos exentos, sin que proporcionaran el detalle de los cruces y sin que CAPUFE ni BANOBRAS validaran la información. Los ingresos generados en la Plaza de Cobro "PANASONIC" fueron reportados por la empresa de Telepeaje Electrónico, S.A. de C.V (empresa que en el ejercicio 2006 administraba esa plaza de cobro), sin ser validados por CAPUFE ni por el despacho externo contratado por BANOBRAS. Se constató que dicha empresa no cuenta con la infraestructura suficiente, situación que implica que CAPUFE no controle los ingresos captados en esta plaza de cobro. La empresa I+D México, S.A. de C.V., desde el inicio de sus operaciones (23 de enero de 2006) aplicó el descuento de manera generalizada, tanto a los usuarios del sistema IAVE, sin contar con la autorización de la SHCP. CAPUFE, mediante diversos oficios, solicitó a I+D México, S.A. de C.V. no aplicar el descuento del 6.0% a los nuevos usuarios registrados en el sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago hasta que el fideicomiso responsable determine lo



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conducente, la empresa se negó a reintegrar el importe de los descuentos indebidos, como a suspender su aplicación. La Dirección de Operación de CAPUFE no ha gestionado ante el área jurídica para que se lleven a cabo las acciones legales en contra de la empresa I+D México, S.A. de C.V. CAPUFE no realizó conciliaciones con la empresa Telepeaje Electrónico, S.A. de C.V. Los Reportes de Cifras Definitivas de Conciliación I+D/CAPUFE se elaboraron hasta con nueve meses de atraso, presentándose diferencias en los depósitos de los meses de marzo a diciembre de 2006, las cuales fueron cubiertas en los meses de septiembre de 2006 a marzo de 2007, sin cubrir los costos financieros. La empresa I+D no depositó oportunamente 22 remesas por 21.6 millones de pesos, y no cubrió los costos financieros de dichos atrasos. Los “Reportes de Cifras Definitivas de Conciliación I+D/CAPUFE” se elaboraron tomando en cuenta únicamente los aforos reportados por la empresa I+D México, ya que CAPUFE no cuenta con información por cada una de las empresas. La empresa I+D de México S.A. de C.V. contratada para los Servicios de Administración de la Gestión de Cobro del Sistema de Telepeaje y Medios Electrónicos de pago, se comprometió en el contrato, a realizar conciliaciones y depósitos diarios de los ingresos por medios electrónicos de pago; e implementar un Centro de Control de Peaje y Espejo, tareas que no realizó. El Centro Nacional de Control instalado en CAPUFE no cuenta con el respaldo de la información generada por la empresa, lo que resta transparencia a la operación e impide a CAPUFE contar con información para llevar a cabo las conciliaciones y validar los ingresos reportados. I+D se ha negado a acatar las tarifas establecidas y a suspender la aplicación de descuentos no autorizados, no obstante el incremento en el costo del servicio de 348.6%. Para el ejercicio 2006, CAPUFE tenía una cartera pendiente de cobro de 1.4 millones de pesos, de 434 usuarios del sistema IAVE, sin embargo, no había iniciado las gestiones para su recuperación. Del análisis del 100% de los faltantes reportados en las actas de reunión y validación de informes de auditoría operativa con delegaciones CAPUFE, del tramo carretero México-Puebla, los cajeros receptores incurrieron en faltantes por 429.9 miles de pesos que no fueron enterados al FARAC sino hasta que CAPUFE los recuperó mediante el cobro a los cajeros receptores vía nómina; sin embargo, sus oficinas tardaron hasta 100 días en girar los oficios para su dispersión y hasta 65 días para dispersarlo; en los casos de cajeros receptores dependientes de la empresa Servicios Integrales en Autopistas, S.A. de C.V. (SIASA), la Subdelegación de Administración tardó hasta 153 días para depositar el faltante en las cuentas de BANOBRAS-FARAC. La empresa de traslado de valores Lock, S.A. de C.V. registró atrasos en el depósito de 15 remesas de uno



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a cuatro días hábiles, por lo que incurrió en penas convencionales por un importe total de 30.4 miles de pesos que no fueron aplicados por CAPUFE.

⎯ Observaciones–acciones promovidas. Se emitieron 12 observaciones que

generaron 25 acciones, de las cuales corresponden: 19 a recomendación, 3 a solicitud de aclaración-recuperación, 1 a pliego de observaciones y 2 a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF expresa que en términos generales y respecto a la

muestra revisada, Banobras, CAPUFE y Servicios Conexos no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la captación, control, concentración y registros de los ingresos por cuotas de peaje en el tramo carretero México- Puebla, (en el proceso revisión se observó un monto por 385.2 millones de pesos, que representa el 26.5% de la muestra auditada). En este proceso se determinó que existe una falta de conciliación y validación de los ingresos captados por las empresas prestadoras del servicio del sistema IAVE y telepeaje y medios electrónicos de pago, cuotas de peaje no cubiertas por dichas empresas, pendientes de recuperar o aclarar y descuentos otorgados indebidamente y no registrados por la empresa I+D México, S.A. de C.V., sin autorización de la SHCP, ni del Comité Técnico del FARAC, Por todo esto se dejó de percibir ingresos por 353.8 miles de pesos de cartera vencida no cobrada y 384.8 millones de pesos de ingresos pendientes de depositar.

⎯ Impacto de la fiscalización. Como resultado de la revisión practicada se

emitieron 25 acciones, orientadas a promover la sanción de servicios públicos infractores y propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación, promoviendo la elaboración, actualización o simplificación de la normativa, y la recuperación de recursos económicos para la hacienda pública federal fortaleciendo los mecanismos de operación y control. Asimismo, se determinó una cuantificación monetaria de 386.3 millones de pesos.


auditado.

⎯ Comentarios de la UEC. El tramo carretero México -Puebla es uno de los cuatro tramos más importantes en la captación de ingresos del total de las carreteras del país. Por lo cual, llama la atención que CAPUFE no cuente con un manual de procedimientos que regule las actividades para el control, cobro, recaudación, depósito y registro de dicha carretera. Las contravenciones a la norma por el ente auditado son muchas y variadas, reveladoras de deficiencias y con impactos monetarios importantes, que implicaron un monto observado por 385.2 millones de pesos, que representó el 26.5% de la muestra auditada.



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En tal virtud, se torna necesario que la ASF dé un seguimiento especial a la solventación de las observaciones, y continúe fiscalizando permanentemente a esta entidad. Esto en razón de ser un sector clave para la fiscalización estratégica y de la importancia de las presuntas y reiteradas irregularidades observadas por CAPUFE.

4.23 AUDITORÍA: 06-0-06B00-07-302. CNBV: “EVALUACIÓN DEL

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES”.

⎯ Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV) para comprobar el cumplimiento de sus objetivos de supervisar y regular a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del Sistema Financiero para proteger los intereses del público.

⎯ Características de la revisión. El órgano fiscalizador practicó una auditoría al desempeño a la CNBV, en virtud de considerar el papel deficiente de la entidad fiscalizada como supervisor y regulador del sistema financiero en los años previos a la crisis financiera de 1994-1995. La revisión permitirá evaluar el desempeño de la CNBV posterior a la crisis y al rescate bancario ordenado por el gobierno federal. La muestra auditada representó un monto de 144.0 millones de pesos, 19% del universo seleccionado. Las áreas revisadas fueron Las Vicepresidencias de Supervisión a Instituciones Financieras (VSIF) “2”, “3” y “4”; la Vicepresidencia de Normatividad (VN), y la Vicepresidencia Jurídica (VJ).

⎯ Resultados relevantes de la revisión. En materia de asignación y ejercicio

presupuestal, la CNBV destinó 757.1 millones de pesos (65.3% del presupuesto total ejercido) a las actividades sustantivas de supervisión y regulación; el resto se canalizó a las áreas de apoyo. La CNBV cuenta con un Padrón de entidades susceptibles de ser inspeccionadas que agrupa a 1 mil 210 entidades financieras; se corroboró que la CNBV cuenta con indicadores que muestran el avance de sus objetivos y metas. Sin embargo, la ASF determinó que la CNBV no cuenta con indicadores para medir su desempeño con estándares internacionales. La CNBV formuló y cumplió de manera adecuada con el Programa Anual de Supervisión para el ejercicio 2006. De la evaluación a la supervisión in situ aplicada por la CNBV, el órgano de fiscalización constató las siguientes observaciones determinadas por la entidad fiscalizada a las instituciones financieras inspeccionadas.



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ConceptoBanca Comercial Banamex Bancomer Scotiabank Otros

Total 37 24 60 35 156Sistemas Informáticos 3 11 11 6 31Calidad de activos, cartera decrédito comercial, Proceso decrédito

10 3 7 9 29

Administración Integral de Riesgos 3 2 14 2 21Seguridad de sucursales 6 0 9 0 15

Banca de Desarrollo y/ o agencias NAFIN BANOBRAS Total banca de desarrollo

Financiera Rural

Total 45 30 75 52 127Calificación de cartera, métodoparamétrico, procesos deevaluación, seguimientos eintegración de expedientes yprocedimientos de crédito

42 23 65 52 117

Políticas y procedimientos 0 6 6 6Fideicomisos 3 0 3 3Sistemas de Información 1 1 1

Observaciones Total de Observaciones

La CNBV realizó, ajustándose a la normatividad aplicable, 43 visitas de supervisión durante el año a las instituciones financieras privadas (Bancos, Grupos Financieros y subsidiarias), de las cuales 41 tuvieron un carácter ordinario, y 2 de investigación. El número de visitas de inspección fue inferior al de los últimos cuatro años, sin embargo, las visitas practicadas a la Banca de desarrollo se incrementaron respecto a los dos últimos años. El número global de visitas totalizó 54, siendo 50 ordinarias, 1 especial y 3 de investigación. La evaluación de las visitas in situ no generó observaciones por el órgano de fiscalización. En lo que respecta a la evaluación de la supervisión extra-situ (término utilizado por la CNBV para designar la supervisión que no implica visitas a las instalaciones de las instituciones), la ASF determinó 57 entregas extemporáneas de la CNBV a las instituciones inspeccionadas, que contenían las observaciones y comunicación de acciones correctivas, en contravención de la normatividad aplicable, sin que en algunos casos se impusieran las sanciones correspondientes. La CNBV utilizó el método extra-situ de supervisión denominado Macro, y se constató que el supervisor se ajustó a la normatividad técnica. Derivado de la supervisión Extra-situ la ASF determinó 26 observaciones, destacando Banamex con 16 (72.7%), ScotiaBank con 4, y NAFIN con 3. Asimismo, la CNBV emitió durante el año 45 regulaciones, destacando 13 para el sector de ahorro y crédito popular, 8 para el sector bancario, 6 para el sector de organizaciones auxiliares de crédito, casa de bolsa y SOFOLES y 6 para proyectos multisectoriales. La efectividad en la instrumentación de dichas regulaciones osciló entre 80 y 90%, para los indicadores de primer nivel (semáforo rojo) y de segundo nivel (semáforo amarillo) respectivamente. En lo



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que concierne a los indicadores para medir la inhibición de conductas infractoras a través de sanciones, la CNBV alcanzó un nivel de cumplimiento de 96.2%, y en la atención de emplazamientos el nivel de cumplimiento fue de 92.3%.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitió una observación, que generó

una acción, que a su vez dio lugar a una recomendación.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que CNBV cumplió con las disposiciones normativas aplicables en el desempeño de sus objetivos de supervisar y regular a las entidades financieras, excepto por el atraso en la notificación de los emplazamientos y, en su caso, de las sanciones correspondientes derivadas de la entrega extemporánea de información de las instituciones supervisadas.

⎯ Impactos de la fiscalización. Como resultado de la revisión practicada, la ASF emitió 1 acción, orientada principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. Respecto a la observación emitida por la CNBV en relación a las 57 entregas extemporáneas en las que la CNBV informaba a las instituciones inspeccionadas de las observaciones y acciones correctivas, la entidad fiscalizada proporcionó copia de documentación comprobatoria, la cual está siendo examinada por la CNBV. Además, señaló que la Ley de Instituciones de Crédito no prevé plazo para que este Órgano Desconcentrado inicie el procedimiento de sanción administrativa y de así proceder, imponga la sanción correspondiente. Asimismo, el ente fiscalizado señaló que el indicador de objetivo programado no fue de 89% sino de 91%, alcanzando al último trimestre de 2006, un porcentaje del 100% de lo programado, es decir la meta alcanzada corresponde al grado de cumplimiento de la meta programada. En relación a la afirmación de la ASF respecto a que la CNBV no tiene indicadores que comparen el desempeño del regulador con estándares internacionales, afirma que los intermediarios financieros se ajustan a las normas de Basilea, al igual que la propia CNBV.

⎯ Comentarios de la UEC. A la luz de la reciente crisis financiera originada en el mercado hipotecario de los Estados Unidos, y examinando los indicadores utilizados por la ASF en su evaluación, se considera relevante que la revisión hubiese considerado los siguientes elementos: 1. Evaluación de la calidad de la supervisión consolidada que realiza la CNBV; 2. Situación de los pasivos contingentes de las instituciones financieras y seguimiento de los riesgos de las transacciones de productos derivados y estructurados a través de vehículos financieros internacionales y nacionales (tema de gran relevancia, ya que dichas transacciones son motivo de la reciente quiebra de Bearn Stearn, y de otras 7



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instituciones financieras estadounidenses y una inglesa; así como de las pérdidas de gigantes financieros como Merrill Lynch UBS y Citigroup); 3. Evaluación de la eficiencia de la Coordinación de la CNBV con otras instituciones de regulación; 4. Evaluación de la calidad de la Agenda Regulatoria Estratégica, que rige las actividades de la CNBV, para verificar si contempla las tendencias internacionales en la materia; 5. Papel de la CNBV en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PRONAFIDE; y 6. Promoción de un entorno competitivo en el sector. De tal suerte que si bien la revisión practicada por la ASF aporta información relevante sobre el desempeño institucional de la CNBV, se requiere aún más en cuanto a temas críticos abordados para tener una visión mucho más integral de la entidad auditada.

4.24 AUDITORÍA: 06-1-06 HAN-02-372. FINANCIERA RURAL: “OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA”.

⎯ Objetivo. Comprobar que los recursos ejercidos en 2006 por la Financiera Rural,

en los estados de Sinaloa y Sonora por Otorgamientos de Créditos correspondieron a previsiones de su presupuesto; que los créditos se encuentran respaldados con garantías suficientes; que los recursos se otorgaron conforme a las fechas estipuladas en los contratos; que la recuperación de cartera en 2006, se efectuó conforme a lo establecido en los contratos; que el registro contable cumplió con la normativa emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que se cumplieron las metas y objetivos establecidos en su programa crediticio y en materia de recuperación de cartera.


cumplimiento que fue seleccionada para comprobar, entre otros aspectos, que las cantidades ejercidas correspondieron a operaciones que cumplieron con los requisitos previstos para su autorización; que contaron con las garantías suficientes y debidamente formalizadas; que los recursos canalizados se aplicaron a los proyectos autorizados; y, que las recuperaciones se obtuvieron en base a la normatividad establecida. La muestra auditada fue por 3 mil 350 millones de pesos de un universo seleccionado de 13 mil 592.4 millones de pesos. Las áreas revisadas fueron las gerencias de las coordinaciones regionales Operativa y Jurídica, las agencias estatales de Ciudad Obregón, Sonora y Culiacán, Sinaloa, dependientes de la Coordinación Regional Noroeste; las gerencias de Proceso de Crédito y de Normatividad, adscritas a la Subdirección Corporativa de Normatividad de Crédito, y las gerencias de Presupuesto y de Contabilidad adscritas en ese orden, a la Subdirección Corporativa de Tesorería y a la Dirección Ejecutiva de Finanzas, todas ubicadas en las oficinas centrales de la Financiera Rural.



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⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. La ASF efectuó una revisión al programa crediticio de la Financiera Rural, que se justifica por el significativo impacto de los recursos canalizados a la actividad primaria por entidad. La ASF, incluyó los programas de las entidades federativas Sinaloa y Sonora que son las que absorbieron la mayor proporción (24.6% del total) de créditos canalizados a nivel nacional que ascendieron a 13 mil 592.4 millones de pesos. La ASF determinó que la Financiera Rural cuenta con elementos de control interno que le permiten realizar de manera homogénea, ordenada y sistemática el proceso de otorgamiento de créditos y su recuperación. También constató, que el importante dinamismo mostrado por la cartera crediticia de la Financiera Rural es resultado de la mayor demanda de crédito debido a favorables condiciones hidroclimáticas y por el fortalecimiento de los organismos dispersos de crédito que operan como intermediarios de la financiera. Asimismo, verificó que los estados de Sonora y Sinaloa estimaron obtener ingresos de la recuperación de cartera e intereses por 1 mil 219.8 millones de pesos y 1 mil 725 millones, respectivamente; así como colocaciones de crédito por 1 mil 260.2 millones y 1 mil 761 millones, en ese mismo orden; en ambos casos esas cantidades se encontraron incluidas en su Programa Crediticio; se determinó, también, que las garantías estuvieron bien formalizadas de acuerdo a la normatividad establecida. Finalmente, la ASF comprobó que los indicadores de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera rebasaron las metas programadas, resultado del fortalecimiento de las acciones para la formación y consolidación de dispersoras e intermediarios financieros rurales por la entidad fiscalizada, así como por una mayor colocación de recursos entre sus acreditados.


acciones, que correspondieron a 2 recomendaciones.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, los estados de Sinaloa y Sonora de la Financiera Rural cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, autorización, administración, registro y control del Otorgamiento de Créditos y Recuperación de Cartera.

⎯ Impacto de la Fiscalización. Como resultado de la revisión practicada, la ASF emitió 2 acciones, orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control. No se reportó ningún impacto en la fiscalización.


auditado.



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⎯ Comentario de la UEC. Los recursos crediticios otorgados por la Financiera Rural serían mayores si se incorporara a sus programas el monto de inversiones financieras que ha venido operando. En 2005 y 2006, estos programas representaron 45.6% y 41.7% de los activos totales, respectivamente, muy elevados para una institución financiera de fomento y si se comparan con el indicador promedio de la propia banca de desarrollo y la privada.

En contraste, la cartera de crédito con relación a los activos representó 51.8% y 55.4% en esos mismos años; la proporción podría incrementarse hasta en alrededor de 25 puntos, sin debilitar los rangos aceptables de la inversión financiera, fortaleciendo con ello sus programas financieros y aumentando la cobertura de productores apoyados.

4.25 AUDITORÍA 06-3-06HBW-06-217. FIRA: “EVALUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL A CARGO DE LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA”.

⎯ Objetivo. Evaluar la sostenibilidad de las obligaciones de los Fideicomisos

Instituidos en Relación con la Agricultura garantizados por el Gobierno Federal; y verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos adquiridos.


cumplimiento que fue seleccionada por ser parte de un análisis integral de las distintas obligaciones de deuda directa, contingente y garantizada de los tres órdenes de gobierno. La muestra auditada fue de 43 mil 674.4 millones de pesos, el total del universo seleccionado, que corresponde al monto de las obligaciones garantizadas por el Gobierno Federal a cargo del FIRA en 2006. Las áreas revisadas fueron las gerencias de las coordinaciones regionales Operativa y Jurídica, las agencias estatales de Ciudad Obregón, Sonora y Culiacán, Sinaloa, dependientes de la Coordinación Regional Noroeste; las gerencias de Proceso de Crédito y de Normatividad, adscritas a la Subdirección Corporativa de Normatividad de Crédito, y las gerencias de Presupuesto y de Contabilidad adscritas en ese orden, a la Subdirección Corporativa de Tesorería y a la Dirección Ejecutiva de Finanzas, todas ubicadas en las oficinas centrales de la Financiera Rural.

⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. La ASF determinó que en el ejercicio

fiscal de 2006, las obligaciones garantizadas por el Gobierno Federal a cargo de FIRA ascendieron a 43 mil 647.4 millones de pesos, de ese total, la mayor parte (32 mil 220.3 millones) correspondió a intereses, con motivo de la capitalización de los mismos desde 1995 a 2006, según se estipula en los convenios firmados



102

en 1994 con el Banco de México que dieron origen a las obligaciones garantizadas. Asimismo, constató que la situación financiera de FIRA es sana y cuenta con la suficiente solvencia para hacer frente en el mediano plazo a sus obligaciones con recursos propios, por lo que no hubo necesidad de recurrir a recursos presupuestales; se encontró que desde 2000 estas obligaciones mostraron una trayectoria descendente, como resultado de las amortizaciones efectuadas a partir de 1999, que implicaron una disminución por 25 mil 231.5 millones de pesos, principalmente por la mayor contribución de FEFA; FIRA ha hecho frente a las obligaciones que le garantizó el Gobierno Federal, lo que se confirma con la liquidación del saldo que tenía contraído con el BIRF, no obstante, debe señalarse, el saldo principal con Banco de México se mantiene elevado; así como que el pago de las amortizaciones y el costo financiero se ajustaron a lo establecido en los contratos celebrados y conforme a los términos de los convenios de reestructuración. La ASF corroboró también, que a 2006 la entidad presenta una posición financiera sana, ya que a pesar de que sus activos disminuyeron a partir de 2004, sus pasivos lo hicieron en forma recurrente y más pronunciada desde 2001, debido principalmente a la amortización de los créditos con el Banco de México, con lo que su patrimonio registró una tendencia creciente; así, aun cuando los pagos de los pasivos garantizados representaron desembolsos importantes, la tasa de crecimiento media anual del descuento otorgado por FIRA, de 2000 a 2006, fue de 16.8% y 6.7% anual en el último año; destaca que los créditos otorgados en los dos últimos años se concentran principalmente (62.1% y 63.6%) en productores de nivel II, es decir, aquellos con ingresos superiores a 3,000 veces el salario mínimo diario; asimismo, que la agricultura fue el subsector económico que más apoyos recibió con 53.5% del total.

⎯ Acciones Promovidas. La ASF no emitió observaciones ni acciones

promovidas.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, los FIRA cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la determinación y seguimiento de las operaciones examinadas.

⎯ Impacto de la Fiscalización. No se reportaron impactos de la fiscalización.


auditado.



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⎯ Comentario de la UEC. A pesar de que los pasivos de los FIRA han disminuido en forma importante entre 2000 y 2006, de 67.9 % a 40.6% como proporción de los activos, su remanente constituye una fuerte presión para sus finanzas, ya que en ese periodo ha realizado desembolsos promedio anuales por más de 4 mil millones de pesos para cubrir ese pasivo. Esto ha propiciado que su posición financiera se debilite, ya que sus principales activos muestran una tendencia a la baja desde 2001 y sus créditos descontados se mantienen sin cambios desde 2004. El patrimonio de los FIRA se ha venido incrementando sostenidamente, sin embargo, su monto es equivalente al de las obligaciones garantizadas y en los años anteriores fue muy inferior. Aunque la ASF concluye que FIRA tiene recursos suficientes para enfrentar en el mediano plazo ese nivel de pasivo, el monto anual por intereses acumulados continúa incrementándose, al representar 74% del total del adeudo. Lo anterior ha implicado ajustes a la baja en las metas de los programas crediticios del Sistema FIRA, que muy probablemente han sido elegidos en lugar de enfrentar riesgos de impagos. Adicionalmente, los programas de subsidios a través de tasas de interés, formadores de sujetos de crédito y otros, también son afectados, ya que sus montos disminuyen sensiblemente, reflejándose además en mayores tasas de interés aplicadas a los productores, muy semejantes a las de mercado.

Derivado de lo anterior, es recomendable que la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, evalúe el impacto de estos pasivos en la afectación de sus programas crediticios, principalmente los dirigidos a los productores de bajos ingresos, así como en la viabilidad financiera de la entidad para generar recursos suficientes que le permitan cubrir el pasivo con Banco de México.

Asimismo, que revise los términos de la normatividad vigente, que indica que el Sistema FIRA no cuenta con personalidad jurídica, ni con estructura orgánica y recursos financieros, sino que corresponde a una denominación para efectos de la agrupación de los fideicomisos FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA; así como que evalúe los mecanismos de transparencia a la información del Sistema FIRA, ya que, a diferencia de otros intermediarios financieros de fomento, la información de sus estados financieros y de sus programas crediticios, son de difícil acceso en la página web de la entidad y no existe información disponible en las páginas respectivas del Banco de México o de la CNBV.



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4.26 AUDITORÍA: 06-0-06A00-07-201. INEGI: “EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE ESTADÍSTICA, E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”.

⎯ Objetivo. Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la consolidación de los

Sistemas y Servicios de Estadística, e Información Geográfica.

⎯ Características de la revisión. La ASF seleccionó esta revisión de desempeño por la relevancia estratégica de consolidar los Sistemas y Servicios Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, para que la Federación, los estados, Distrito Federal y municipios dispongan de información confiable y oportuna, que apoye la toma de decisiones y contribuya a sustentar la determinación de políticas públicas. La muestra auditada comprendió 303.8 millones de pesos que representó 8.1% del universo seleccionado (3 mil 729.9 millones de pesos). Las áreas revisadas fueron las direcciones generales de Coordinación de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica; de Estadística, y de Geografía.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La ASF efectuó una revisión del

Programa Nacional de Estadística y de Información Geográfica (PRONADEIG), determinando que el INEGI incumplió con dos de los siete principios que lo integrarían al no establecer actividades prioritarias en materia de información geográfica, ni metas en materia de estadística. La revisión detectó que para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, INEGI estableció objetivos que fueron congruentes con el PND, sin embargo, al no asignar metas a los indicadores de desempeño en materia de estadística e información geográfica, no fue factible su evaluación. Asimismo, en la revisión del PRONADEIG, se detectó que careció de metas tanto en la constitución de los comités sectoriales, regionales y especiales de estadística y de información geográfica, como en la elaboración de los programas correspondientes. El Instituto no pudo acreditar ante el órgano de fiscalización la aprobación por parte de su Junta de Gobierno de los programas de trabajo 2006. Al 31 de diciembre de 2006 el INEGI identificó 2,327 Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas, de las cuales 68% de las dependencias incorporaron completa su información al inventario de estadística nacional. En la evaluación de los programas de desarrollo de estadística y de información geográfica, la ASF determinó que el INEGI no estableció la periodicidad con la que se llevaría a cabo la evaluación de dichos programas; y a pesar de que analizó al 100% siete programas sectoriales, correspondientes a siete Secretarías, sólo acreditó parcialmente el análisis de algunos programas regionales.



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Respecto a la construcción de la Matriz de Insumo-Producto 2003, INEGI no acreditó con la documentación comprobatoria las metas programadas en el periodo 2005-2008 para la construcción de la citada Matriz, sin que fuera factible evaluar el avance registrado para el 2006 ni su eficiencia. Asimismo de los 9 proyectos de investigación en materia estadística, INEGI no acreditó ante la ASF la autorización del programa de trabajo por parte de la autoridad correspondiente, y no programó metas de investigación, no siendo factible tampoco medir la eficiencia de la entidad fiscalizada. En la Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE), el órgano de fiscalización identificó un total de 67 instituciones, de las cuales, 20 habían reportado información completa, quedando pendiente de reportar información 47, situación a la que contribuyó el hecho de que INEGI no estableció plazos para que dichas instituciones se inscribiesen en el Registro Estadístico Nacional. La ASF determinó que INEGI no acreditó la elaboración del programa de actividades 2006 para la realización del Inventario Nacional de Estadística. El INEGI estableció el Modelo Conceptual de la Red Nacional de Información, sin embargo, no acreditó la meta para el año 2006, de conexión de 19 nodos a la Red Nacional de Información, ni la primera versión de la Infraestructura de Información Estadística y Geográfica planteada en el PRONADEIG. La ASF no contó con las metas para evaluar la ampliación de la Red Nacional de Consulta, ni contó metas e índices para medir cabalmente la satisfacción de los usuarios de información estadística. Por otro lado, los ingresos obtenidos por concepto de servicios de capacitación y de encuestas especiales, así como la venta de publicaciones ascendió a 160.0 millones de pesos, que contrasta favorablemente respecto de los costos de producción que fueron de 88.8 millones.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. La ASF emitió 18 observaciones que generaron 24 acciones, de las cuales 11 corresponden a recomendación y 13 a recomendación al desempeño.

⎯ Dictamen de la ASF. El órgano de fiscalización en su revisión consideró que, en términos generales y respecto de la muestra señalada, el INEGI cumplió con las disposiciones normativas, excepto por los resultados con observación relativos a la consolidación de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica.

⎯ Impactos de la fiscalización. La ASF emitió 24 acciones, orientadas a impulsar

el cumplimiento de tres Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF: a) Contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al



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desempeño. b) Promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales, y c) Propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. Los comentarios del INEGI no

cuestionaron el fondo de los resultados de la auditorías, sino que se enfocaron a indicar las razones por las cuales el Instituto no ha alcanzado a concretar los programas especiales de desarrollo de estadísticas e información geográfica, resaltando en lo particular la falta de un inventario y diagnóstico de su información y de las fuerzas y debilidades de la infraestructura estadística disponible. También señaló dificultades especiales para incorporar a los Sistemas la información de entidades como la Cámara de Diputados y de Senadores, así como de la Judicatura.

⎯ Comentarios de la UEC. Un pilar para el desarrollo de la economía nacional es

la Consolidación de los Sistemas y Servicios de Estadística e Información Geográfica. La carencia de métodos de medición precisos para evaluar su avance, como lo muestra esta revisión, son motivo de decisiones poco estructuradas. Las observaciones determinadas sobre los objetivos relacionados con la Información y estadística, reflejan una imposibilidad para determinar la calidad de los servicios ofrecidos por el INEGI.

Se recomienda dar seguimiento estricto de las acciones promovidas para que sean solventadas por el INEGI, otorgándoles la relevancia que merecen. También sería conveniente que la ASF presentara un diagnóstico crítico de la calidad de los principales indicadores del INEGI, relacionados con el desarrollo económico, con respecto a las nuevas tendencias internacionales que han comenzado a enfocarse en la medición de la calidad del crecimiento y no únicamente del PIB. Si no hay una selección minuciosa de dichos indicadores, se tenderá a incurrir en errores que serán obstáculo en la toma de decisiones.

4.27 AUDITORÍA 06-1-06HHN-06-268. IPAB: “COSTO FISCAL DE LOS PROCESOS DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE: BANCO DEL SURESTE, S.A.; BANCO PROMOTOR DEL NORTE, S.A.; Y BNP MÉXICO, S.A.”.

⎯ Objetivo. Comprobar que el costo fiscal de los procesos de disolución y

liquidación de las instituciones de banca múltiple: Banco del Sureste, S.A.; Banco Promotor del Norte, S.A.; y BNP México, S.A., se realizó conforme a la legislación y normativa.

⎯ Características de la revisión. Esta auditoría especial se seleccionó por su carácter irrefutable, por mandato expreso del artículo décimo séptimo transitorio



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de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB). Asimismo, en el Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995 a 2004, la ASF estableció el compromiso de revisar los procesos de liquidación de los bancos intervenidos. La muestra auditada ascendió a 2 mil 379.8 millones de pesos, que representó 51.6% del universo seleccionado (4 mil 603.7 millones de pesos). Las áreas revisadas fueron las secretarías adjuntas Jurídica; de Recuperación de Activos y Asuntos Internacionales; y Protección al Ahorro Bancario, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

⎯ Resultados relevantes de la revisión. El IPAB y/o los apoderados liquidadores

en el proceso de disolución y liquidación de los bancos de Sureste, Pronorte y BNP durante 2006 mantuvieron un razonable control interno de esos procesos; los convenios de terminación del contrato de mandato, la venta y recuperaciones de cartera, la venta de inmuebles propios y adjudicados, activos residuales y las actividades de cierre de liquidación se ajustaron a la normatividad. Los resultados financieros de la liquidación de los tres bancos se presentan en el cuadro siguiente:

Institución de Banca Múltiple

Costo Fiscal (millones de pesos)

Recuperaciones obtenidas (% sobre total de apoyos -Obligaciones asumidas por el IPAB y

Programa de Apoyo a Deudores-)

Total 2,251.30 14.80%Sureste 1,983.90 11.70%Pronorte 267.4 20.50%

BNP 0 0.00%

Saldo financiero de la liquidación de Banco del Sureste, Pronorte y BNPeriodo de liquidación: del 4 de octubre de 2001 al 31 de diciembre de 2006

El periodo de la liquidación va de octubre de 2001 a diciembre de 2006, sin embargo, Sureste y Pronorte, que son las instituciones que generaron costo fiscal, fueron Intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores antes de 2000. Posteriormente este órgano de supervisión entregó para su administración y liquidación al IPAB ambas instituciones, por lo que se presume un costo fiscal mayor. Respecto a las obligaciones asumidas por el gobierno, las recuperaciones obtenidas de Sureste y Pronorte fueron en promedio 14.8%, sustancialmente menores a las previsiones originalmente establecidas que eran de 30%.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. La Auditoría Superior de la Federación

no emitió observación alguna como consecuencia de la revisión.

⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra revisada, que el IPAB cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la venta y recuperaciones de cartera; venta de inmuebles propios y adjudicados; activos residuales y las actividades de cierre de la liquidación de los bancos.



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⎯ Impactos de la fiscalización. No se determinaron impactos de la fiscalización.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. No se reportaron comentarios del ente fiscalizado.

⎯ Comentarios de la UEC. En primer término, destaca la relevancia del ultimátum que se ha establecido a la disolución y liquidación de las tres entidades bancarias (Sureste, Pronorte y BNP). Respecto al costo de liquidación para Banco del Sureste al 31 de diciembre de 2006 (1 mil 983.9 millones de pesos) y para Pronorte (267.4 millones de pesos), es necesario establecer si el cálculo del órgano de fiscalización está subestimando los costos. Lo anterior debido a que en la auditoría, el periodo de cálculo abarca de 2001 a 2006, y las intervenciones gerenciales realizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datan de una fecha anterior a 2001, en las que se presume la existencia de costos fiscales. Asimismo, es precisa una evaluación particular sobre las enseñanzas del proceso de disolución y liquidación de una entidad bancaria (BNP México) que no implicó costos fiscales.

4.28 AUDITORÍA: 06-1-06HHN-06-291. IPAB: “CUOTAS PAGADAS POR LAS

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE”.

⎯ Objetivo. Comprobar que el IPAB recibió, administró y ejerció los recursos de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple para la prestación del seguro de depósito en el ejercicio fiscal de 2006, de conformidad con la legislación y normativa.

⎯ Características de la revisión. Esta auditoría especial es de carácter irrefutable y se seleccionó para cumplir con el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB). Asimismo, en el Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995 a 2004, se menciona el compromiso para fiscalizar las cuotas por la prestación del seguro de depósito. Se consideró conveniente la revisión por la magnitud de los recursos que recibe el IPAB, y por el interés de la Cámara de Diputados y de la opinión pública en el saneamiento financiero. La muestra auditada fue de 6 mil 696.8 millones de pesos, 100% del universo seleccionado. Las áreas revisadas fueron la Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario del IPAB, con la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la entrega de documentación.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. Por concepto de cuotas ordinarias por el

seguro de depósito, el IPAB recibió de 31 instituciones bancarias 6 mil 696.8 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2006, se constató que en el cálculo



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de las cuotas a cargo de la CNBV y en la asignación realizada por el IPAB (75% de los recursos se tienen que destinar al saneamiento financiero y 25% para la operatividad del IPAB) se cumplió con la normatividad aplicable. Aproximadamente 83% de las cuotas ordinarias provino de cinco bancos.

El IPAB cumplió con su deber de informar periódicamente al Congreso y a la SHCP de la evolución trimestral de las cuotas recibidas de los Bancos. La ASF constató que el IPAB redujo el tiempo entre la recepción de cuotas definitivas y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y constató también que dichas cuotas forman parte contable del patrimonio del Instituto. Durante 2006, el IPAB canalizó, ajustándose a la normatividad, 1 mil 644.7 millones de pesos para reducir el déficit de reserva que tiene el Instituto, y que a diciembre de 2006 ascendió a 1 mil 084.5 millones de pesos. Asimismo, el IPAB destinó 7 mil 017.9 millones de pesos al pago de pasivos relacionados con operaciones de saneamiento financiero. Finalmente el importe obtenido por concepto de cuotas ordinarias rebasó la meta estimada en 8.2%.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. La ASF no emitió observación alguna

como consecuencia de la revisión.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF consideró que el IPAB cumplió con las disposiciones normativas aplicables para la administración y ejercicio de los recursos de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple para la prestación del seguro de depósito en el ejercicio fiscal de 2006, así como el cobro, registro y control de las operaciones examinadas.

⎯ Impactos de la fiscalización. No se determinó impacto de la fiscalización.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. No se reportaron comentarios del IPAB

sobre esta revisión.

⎯ Comentarios de la UEC. Las cuotas ordinarias pagadas por las instituciones de Banca Múltiple al IPAB de 1999 a 2006 ascienden a 44 mil 838.3 millones de pesos, sin embargo, no evitó que a diciembre de 2006 el IPAB experimentara un déficit en la reserva de protección del ahorro de 1 mil 084.5 millones de pesos, por lo que el Instituto no cuenta con recursos para enfrentar una contingencia de parte del sistema bancario. Si bien la banca privada a diciembre de 2006 se encontraba (y aun se encuentra) altamente capitalizada, los riesgos se han incrementado en virtud de que a partir de 2007 y 2008 avanzó la cartera vencida de las instituciones de crédito. Por otro lado, a la luz de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos de 2007-2008, que ha puesto en evidencia la fragilidad de las metodologías de análisis de



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riesgos de los bancos, se considera prudente controlar el crecimiento y naturaleza del apalancamiento en que incurren las instituciones bancarias y sus filiales. Sería conveniente que la ASF realice una revisión integral a la regulación y supervisión del sistema financiero mexicano para determinar el grado de cumplimiento de su labor, ya que su eficiencia es de suma importancia.

4.29 AUDITORÍAS 06-1-06HHN-06-264, 06-1-06HHN-06-265, 06-1-06HHN-06-266 Y 06-1-06HHN-06-267. IPAB: EVALUACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.; BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.; BBVA BANCOMER, S.A.; Y HSBC, S.A.

⎯ Objetivo. Comprobar que los recursos que destinó el Gobierno Federal para los pagos de los instrumentos del IPAB, así como las acciones realizadas para la extinción de los fideicomisos de los Nuevos Programa de BANORTE, Banamex, BBVA Bancomer y HSBC, se ajustaron a la legislación y normativa.

⎯ Características de las revisiones. Las auditorías especiales se seleccionaron

para cumplir con los artículos décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), y artículo Quinto Transitorio (que dispuso el Canje de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera –PCCC- por Bonos IPAB). Además, en el Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995 a 2004 se menciona el compromiso de la ASF de realizar estas revisiones. Se consideró necesario comprobar que se cubrió la obligación de pago de los Instrumentos del IPAB y la extinción de los fideicomisos de los bancos.

BANORTE. La ASF detectó que para el ejercicio fiscal de 2006, los compromisos pendientes de pago ascendían a 533.4 millones de pesos derivados de la aplicación de diversos conceptos. La muestra auditada fue de 571.5 millones de pesos, 100% del universo seleccionado. Las áreas revisadas fueron las secretarías adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, Jurídica, y de Recuperación de Activos y Asuntos Internacionales del IPAB. BANAMEX. Los movimientos financieros generados en el proceso, que resultaron en un pago neto de 40 mil 232.9 millones de pesos del Nuevo Programa de Banamex, constituyeron soportes adicionales para practicar esta auditoría. La muestra auditada fue de 573.8 millones de pesos 100% del universo seleccionado. Las áreas seleccionadas fueron las secretarías adjuntas de Protección al Ahorro Bancario; Jurídica, y de Recuperación de Activos y Asuntos Internacionales del IPAB.



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BBVA BANCOMER. La muestra auditada fue de 1 mil 494.7 millones de pesos, 100% del universo seleccionado. Las áreas revisadas fueron las secretarías adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, Jurídica y de Recuperación de Activos y Asuntos Internacionales del IPAB. HSBC. La muestra auditada fue de 2 mil 055.8 millones de pesos, 100% del universo seleccionado. Las áreas revisadas fueron las secretarías adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, Jurídica, y de Recuperación de Activos y Asuntos Internacionales del IPAB.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. El IPAB y los cuatro bancos cumplieron

en lo general con la LPAB y las Reglas Generales del Nuevo Programa al proceder al canje de pagarés FOBAPROA por Instrumentos de pago del IPAB. El monto total de pérdidas de la cartera del PCCC de los bancos al 31 de marzo de 2005 fue, para BANORTE, de 9 mil 203.4 millones de pesos; para Banamex, de 54 mil 941.2 millones de pesos; para BBVA Bancomer, de 60 mil 906 millones de pesos (con los intereses generados, la obligación ascendió a 63 mil 747.6 millones de pesos); y para HSBC, de 25 mil 687.4 millones de pesos. De esos montos, por aplicación de intereses devengados, menos los pagos con recursos del fideicomiso, las reducciones por el esquema de incentivos y los descuentos por pagos anticipados y pérdidas compartidas, se determinaron al 31 de diciembre de 2005, costos fiscales de 7 mil 491.4 millones de pesos para BANORTE; de 40 mil 232.9 millones de pesos para Banamex; y de 19 mil 217.4 millones de pesos para HSBC. La ASF comprobó para el caso de BANORTE que el IPAB liquidó con los nuevos instrumentos de pago en 2005, la cantidad de 6 mil 958.0 millones de pesos, quedando pendiente de pago por el Nuevo Programa 533.4 millones de pesos, cantidad a la que se añadieron intereses de 16.0 millones de pesos, arrojando un saldo de 549.3 millones de pesos. Para Banamex, la ASF comprobó que su saldo fue liquidado en 2005 por el IPAB con los nuevos instrumentos de pago, por lo que en 2006 no hubo compromisos pendientes de pago por el Nuevo Programa. Para BBVA Bancomer, quedaron pendientes de pago por el Nuevo Programa 1 mil 204.2 millones de pesos. Para HSBC, se comprobó que el IPAB liquidó con los nuevos instrumentos de pago 17 mil 250.3 millones de pesos, quedando pendiente de pago por el Nuevo Programa 1 mil 967.1 millones de pesos, cantidad a la que se añadieron intereses de 31.6 millones de pesos, arrojando un saldo de 1 mil 998.8 millones de pesos. Las obligaciones de pago emitidas tuvieron las mismas características en términos de plazo y rendimiento que los pagarés FOBAPROA. La ASF constató que los sistemas de control interno cumplieron satisfactoriamente con la normatividad aplicable en la gestión de pagos, en la



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administración y cobranza de los bancos incluyendo los recursos de las cuenta concentradoras de los fideicomisos relacionados con el Programa de Capitalización y Compra de Cartera y su integración como patrimonio a los nuevos Programas. De conformidad con los Postulados Básicos de las Normas de Información Financiera (CNIF), el IPAB reflejó en sus estados financieros los pagos totales de los instrumentos del IPAB correspondientes a los Nuevos Programas, de acuerdo con el dictamen correspondiente de los Estados Financieros al 31 de agosto de 2006 que elaboró el despacho Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. En ese dictamen se determinó que el costo total del Programa Banorte al 30 de junio de 2006 fue de 7 mil 134.6 millones de pesos, lo que significó un incremento de 176.6 millones respecto al costo estimado de 2005; para BBVA Bancomer, fue de 52 mil 116.2 millones de pesos, lo que significó un incremento de 354 millones de pesos respecto al costo estimado de 2005; y para HSBC de 18 mil 322.5 millones de pesos, lo que significó un incremento de 1 mil 072.2 millones respecto al costo estimado de 2005.


no emitió observación alguna como consecuencia de las revisiones.

⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de las muestras revisadas, el IPAB cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los pagos de los instrumentos del IPAB y a la extinción de fideicomisos de los cuatro Nuevos Programas.

⎯ Impactos de la fiscalización. No se determinaron impactos de la fiscalización

en ningún caso.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. No se reportaron comentarios de los entes auditados.

⎯ Comentarios de la UEC. El proceso mediante el cual se llevó a cabo la liquidación del PCCC y su sustitución por los Nuevos Programas de los cuatro bancos fueron realizados por el IPAB apegándose a la normatividad, por lo que, como resultado de las cuatro revisiones que efectuó la ASF, no se emitió observación alguna. Sin embargo, sería conveniente que la ASF rindiera un informe especial sobre las acciones de fiscalización que a su juicio tendrían que mejorarse, incluyendo los cambios posibles al marco legal, para garantizar una rendición de cuentas más efectiva a la luz de lo acaecido con el rescate bancario y con el PCCC en lo particular.



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4.30 AUDITORÍA 06-1-06HHN-06-298. IPAB: “EVALUACIÓN DE LA EMISIÓN DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO”.

⎯ Objetivo. Comprobar que los recursos obtenidos por la Emisión de Bonos IPAB

en el ejercicio fiscal 2006, se destinaron a canjear o refinanciar exclusivamente las obligaciones financieras del IPAB, a fin de enfrentar sus compromisos de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras; y que se autorizaron y registraron de conformidad con la legislación y normativa.

⎯ Características de la revisión. Esta auditoría especial se seleccionó por su

carácter irrefutable, por mandato expreso del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB). Asimismo, en el Informe Integral realizado por la ASF sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995 a 2004, se menciona el compromiso para fiscalizar la emisión de Bonos de Protección al Ahorro. La muestra auditada fue de 176 mil 363.0 millones de pesos, que corresponde a 100 % del universo seleccionado. Las áreas revisadas fueron la Dirección General de Finanzas y la Dirección General Jurídica de Protección al Ahorro del IPAB.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La Junta de Gobierno del IPAB

estableció como objetivo estratégico mantener o disminuir el monto de los pasivos reales generados por el Fobaproa, en la expectativa de disminuir su saldo como proporción del PIB. Una de las acciones para lograr este objetivo es hacer más flexible el manejo de esos pasivos convirtiéndolos progresivamente en deuda bursátil (bonos IPAB). De 2000 a 2006, el IPAB colocó 876 mil 323 millones de pesos. De ese total 176 mil 363 millones de pesos se colocaron en 2006, un monto menor al autorizado por la Junta de Gobierno del IPAB. La ASF corroboró que esa colocación se ajustó a la normatividad, y los recursos obtenidos se canalizaron al cumplimiento del Programa de Refinanciamientos del Instituto. Durante 2006, el IPAB realizó pagos de los intereses de la deuda por 40 mil 686.3 millones de pesos mediante procedimientos que se ajustaron a la normativa existente. A diciembre de 2006, los pasivos totales del Instituto ascendieron a 748 mil 427.6 millones de pesos, de los cuales 596 mil 855.4 millones de pesos correspondieron a las emisiones IPAB. Los importes netos de las colocaciones de los Bonos IPAB para el año revisado ascendieron a 178 mil 601.5 millones de pesos, cuyas aplicaciones se distribuyeron de la siguiente manera: 40.1% para el pago de principal de los bonos IPAB, 37.2% para el pago de pasivos a instituciones financieras (destacando los pagos a Citibank y Promex), y 22.7% para solventar los pagos de intereses exigidos por los bonos IPAB.



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⎯ Observaciones-acciones promovidas. La Auditoría Superior de la Federación no emitió observación alguna como consecuencia de la revisión.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que el IPAB cumplió con las

disposiciones normativas aplicables a la administración, registro y control de las operaciones examinadas.

⎯ Impactos de la fiscalización. No se determinaron impactos de la fiscalización.


fiscalizado. ⎯ Comentarios de la UEC. Desde el año 2000 la ASF ha venido fiscalizado las

emisiones de bonos IPAB, los cuales muestran una tendencia creciente. El saldo de Bonos IPAB en 2000 fue de 73 mil 360 millones de pesos, para 2006 el saldo ascendía a 596 mil 855 millones de pesos y representaba 79.7% del pasivo FOBAPROA. Este pasivo no ha sido computado contablemente como parte de la deuda pública directa del gobierno, a pesar de que se hayan garantizados plenamente por el Gobierno Federal. En abono a la transparencia, es recomendable que la deuda IPAB se consolide con la deuda federal, hecho que, de proceder, tendría como beneficios adicionales el aprovechamiento de las economías de escala y las reducciones de costos que proporcionaría un manejo integral de la deuda pública.

4.31 AUDITORÍA 06-1-06HHN-06-306. IPAB: “EVALUACIÓN DE LAS EROGACIONES PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES DE LA BANCA”.

⎯ Objetivo. Comprobar que los recursos financieros que otorgó el Gobierno

Federal al IPAB en el ejercicio fiscal 2006 para los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, se ejercieron y registraron de conformidad con la legislación y normativa.

⎯ Características de la revisión. Esta auditoría especial, se seleccionó por su carácter irrefutable, por mandato expreso del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB). Asimismo, en el Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995 a 2004 se menciona el compromiso de fiscalizar los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca (PAAB). Se revisó una muestra de 33 mil 456.8 millones de pesos, que representa 100% del universo seleccionado. Las áreas revisadas fueron la Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario y la Dirección General de Finanzas del IPAB, con la participación de la Dirección General Adjunta de Deuda Pública de la SHCP en la entrega de documentación.



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⎯ Resultados relevantes de la revisión. La ASF determinó que para el ejercicio fiscal 2006 se destinó al Ramo General 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca” un monto de 36 mil 972.8 millones de pesos, de los cuales 33 mil 456.8 millones de pesos correspondieron al PAAB. En el periodo 1999-2006 se han canalizado a este programa 209 mil 226.9 millones de pesos. La asignación y aplicación de los recursos durante 2006, efectuados por el IPAB se ajustaron a la normatividad aplicable. Tres instituciones financieras (BANORTE, BANAMEX y BBVA Bancomer) concentraron 84% de los recursos ejercidos por el programa. La posición financiera del IPAB al 31 de diciembre de 2006 indica un monto equivalente a 687 mil 022 millones de pesos, que constituye el saldo de los recursos que tendrán que cancelarse con pagos anuales provenientes fundamentalmente de los recursos presupuestales y en menor escala de las cuotas ordinarias que pagan las instituciones de banca múltiple al IPAB. A partir de 2010 los activos del IPAB al haberse agotado dejarán de ser una fuente de repago. La liquidación de los 687 mil 022 millones de pesos será realizada por un lapso de tiempo considerable.

Al 31 de diciembre de 2006, la ASF determinó un costo fiscal de la crisis financiera de 1994-1995 de 1.38 billones de pesos, del cual 1.2 billones de pesos correspondió al PAAB y 181 mil 400 millones correspondió al Programa de Apoyo a los Deudores. A la fecha se han pagado 568 mil 900 millones de pesos y restan por pagarse 630 mil 700 millones de pesos más los intereses que se vayan generando.


no emitió observación alguna como consecuencia de la revisión. ⎯ Dictamen de la ASF. La ASF consideró que el IPAB cumplió con las

disposiciones normativas aplicables al registro y control de las operaciones examinadas.

⎯ Impactos de la fiscalización. No se determinaron impactos de la fiscalización. ⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. No se reportaron comentarios del ente

fiscalizado.

⎯ Comentarios de la UEC. La LPAB permite que el remanente de recursos presupuestarios del Instituto pase a formar parte del patrimonio del mismo; sin embargo, debido al agotamiento de los activos para enajenar que tiene el IPAB, habrá mucha presión en los próximos años para incrementar esta partida presupuestaria. Por otro lado, la ASF estima que se incrementarán las transferencias presupuestarias al IPAB después de 2009 (fecha en que concluye



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la recuperación de activos) en un rango de 500-700 millones de pesos, siempre y cuando la tasa real de interés se mantenga en 3.5% anual. Ante la posibilidad de movimientos en tasas de interés y otros indicadores en los próximos años, sería conveniente que la ASF evaluara los riesgos fiscales y requerimientos financieros que demandará el PAAB bajo distintos escenarios.

4.32 AUDITORÍA: 06-1-06HHN-06-178. IPAB: “EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO”.

⎯ Objetivo. Evaluar la posición financiera del Instituto para la Protección al Ahorro

Bancario y medir el impacto de las transferencias de recursos presupuestarios en las finanzas del instituto.

⎯ Características de la revisión. Esta auditoría especial fue seleccionada por la ASF como parte de un análisis integral que realizó sobre diversas obligaciones de deuda directa, contingente y garantizada de los tres órdenes de gobierno, con el fin de verificar que sean sostenibles y en su aplicación se hayan ajustado a la normatividad que regula a esas obligaciones. La ASF consideró que este tema es un área de oportunidad para la fiscalización estratégica, por el riesgo fiscal contingente que representa y la opacidad existente. La muestra auditada abarcó la totalidad de la deuda neta del IPAB que para 2006 ascendió a 714 mil 541 millones de pesos. Las áreas revisadas fueron la Dirección General de Finanzas y la Dirección General Adjunta de Programación, Presupuesto y Contabilidad.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La ASF determinó que si bien los

pasivos administrados por el IPAB disminuyeron a la mitad como proporción del PIB, de 1999 al cierre de 2006, el saldo nominal de esos pasivos creció a pesar de que se han erogado cuantiosos recursos presupuestarios. En 1999 el saldo nominal de los pasivos ascendió a 687 mil 844 millones de pesos, al cierre de 2006 el saldo fue de 714 mil 541 millones de pesos. Las erogaciones aplicadas a los pasivos IPAB se han concentrado exclusivamente en el pago de los intereses reales de la deuda sin que se haya amortizado el capital. Por otro lado, la ASF determinó que la tasa implícita de interés que paga el IPAB fue superior a la del gobierno federal, situación que implicó, según cálculos del órgano de fiscalización superior, que para 2006 los intereses que recibieron las instituciones financieras fueran superiores en 1.3 veces a las cuotas pagadas. La ASF determinó que en el cálculo anual de las transferencias presupuestarias, el IPAB sobreestimó consistentemente las tasas reales de interés base de dicho cálculo. Asimismo, al concederle la LPAB un tratamiento presupuestario de excepción, el Instituto no ha reintegrado los remanentes obtenidos producto de la



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sobrevaloración de la tasa real de interés. La ASF detectó que al cierre de 2006, el IPAB no contaba con reservas financieras para enfrentar contingencias de parte del sistema bancario. Asimismo, las recuperaciones de activos dejarán de ser una fuente de repago de los pasivos IPAB a partir de 2010. Los ingresos del Instituto por cuotas bancarias son sustancialmente menores que los rendimientos que obtienen los bancos de los Bonos IPAB que mantienen en su cartera de valores, a pesar de que sólo poseen un tercio de los Bonos en circulación. La sobretasa que pagan los bonos IPAB es un costo innecesario (y que llegó a ser representativo) por no consolidar esos pasivos con la deuda pública directa del gobierno, sin contar con el hecho de que con ello se renuncia a los beneficios proporcionados por las economías de escala que se derivan de un manejo integral y no fraccionado de la deuda. La ASF consideró que para no trastocar a los mercados financieros la consolidación debe ser gradual. El coeficiente o brecha de pasivos/activos del IPAB se deterioró sustantivamente al pasar de un valor equivalente a 4.1 en 1999, a un valor de 12.7 en 2006. Lo anterior refleja la caída en el valor de los activos; la estrategia de pagar únicamente los intereses reales y no el saldo; el agotamiento acelerado de los activos como fuente de repago, y el relativo estancamiento de las aportaciones bancarias al seguro de depósito, por el escaso dinamismo de la captación bancaria.

La ASF detectó que los costos administrativos de los pasivos IPAB son crecientes y que diversos indicadores de eficiencia en el uso de recursos se deterioraron.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitieron 3 observaciones, que

generaron 3 acciones promovidas, que corresponden a 2 recomendaciones y una recomendación al desempeño.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que el IPAB cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación.

⎯ Impactos de la fiscalización. Como resultado de la revisión practicada, la ASF emitió 3 acciones, orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía y fortalecer los mecanismos de operación y control.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. El IPAB considera que es inexacto

afirmar que las cuotas bancarias se hayan utilizado para pagar el componente real de la deuda, se contribuyó también a pagar el componente inflacionario. Respecto al incremento proyectado de las transferencias presupuestarias al



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IPAB para el periodo 2010-2012, el ente fiscalizado señala que si la comparación se realiza entre 2009-2012, la suma acumulada refleja una disminución por 753 millones de pesos. En relación con la inestabilidad latente de que el IPAB no cuente con reservas para afrontar contingencias del sistema bancario, el IPAB señaló que el Instituto tiene la facultad de contratar financiamientos hasta por un 6% cada 3 años respecto a los pasivos totales, y que además se cuenta con la enajenación de los activos de instituciones en problemas, y de otros mecanismos de regulación prudencial más poderosos. Respecto al incremento de los gastos administrativos y de personal, el IPAB señala que está en proceso de optimización la plantilla laboral. En lo que concierne a la mayor tasa implícita de interés que paga el IPAB respecto de la tasa que el gobierno paga por su deuda pública directa, el ente señala que la ASF no toma en cuenta la diferencia de plazos entre ambas clases de instrumentos. Respecto a que los intereses cobrados en 2006 por el sector financiero por su tenencia de bonos IPAB fueron mayores a las cuotas pagadas, el ente señala que la ASF no toma en cuenta que el sector bancario sólo mantuvo en su cartera de valores 10.7% del monto adquirido en ese año y no 36.7 % que afirma la ASF.

⎯ Comentarios de la UEC. La relevancia de esta revisión recae en el hecho de que forma parte de un análisis integral que la ASF realizó a las distintas obligaciones de deuda directa y contingente en los tres órdenes del Congreso, con el fin de verificar que sean sostenibles. Con base en sus conclusiones, la ASF recomienda al Congreso efectuar los estudios pertinentes que sustenten la fijación de un porcentaje específico de cuotas bancarias que se enteran al IPAB. Esto, para destinarlas a la constitución de reservas y que el Instituto mejore su capacidad financiera para enfrentar contingencias. Al respecto, la ASF señaló que las cuotas pagadas al IPAB por los bancos no compensan los recursos que obtienen dichas instituciones derivados del rendimiento que les genera la posición de bonos IPAB. Por lo tanto, es necesario establecer condiciones para que un porcentaje de las cuotas se destine a la constitución de reservas del Instituto, y que a la vez se eliminen las sobretasas que paga el IPAB en la emisión de sus bonos, procediendo a consolidar los pasivos del IPAB con la deuda directa (quedando excluidos de esta operación los instrumentos de pago emitidos por el IPAB que sustituyeron a los pagarés Fobaproa, por tener condiciones de tasa favorables).



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4.33 AUDITORÍA: 06-1-06HHN-09-981. IPAB: “EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE LA TENENCIA ACCIONARIA DEL CONSORCIO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.”

⎯ Objetivo. Requerir bajo la modalidad de "Situación Excepcional", se proceda a realizar una revisión sobre la enajenación de la tenencia accionaria propiedad del Gobierno Federal del Consorcio Aeroméxico, S.A. de C.V.; asimismo, recibir un informe del IPAB sobre el resultado de las actuaciones inherentes a dicha revisión y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto o a que se hubieran hecho acreedores los servidores públicos involucrados.

⎯ Características de la revisión. La H. Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación solicitó al órgano de fiscalización superior de la Federación un informe de "Situación Excepcional" del proceso de enajenación de la tenencia accionaria del capital social del Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V., propiedad del Gobierno Federal. La ASF consideró que la solicitud encuadraba en los supuestos del artículo 38, incisos a y c, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Las áreas revisadas fueron las secretarías adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, Jurídica y de Recuperación de Activos y Asuntos Internacionales del IPAB.

⎯ Resultados relevantes de la revisión.

Mediante el oficio núm. CVASF/LX/1188/07 de fecha 24 de octubre de 2007, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados solicitó a la entidad de fiscalización superior de la Federación, la procedencia jurídica para la posible incorporación de una revisión de situación excepcional a los términos en que fue realizada la reciente venta de Consorcio Aeroméxico, al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que entregaría a la H. Cámara de Diputados, en razón de que, sin prejuzgar, dicho asunto podría encuadrarse en los supuestos contemplados en los incisos a), c) y d) que contempla el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. En ese sentido, y una vez analizada la petición, mediante el oficio núm. OASF/1651/2007 de fecha 1 de noviembre de 2007 la Auditoría Superior de la Federación solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario procediera a realizar una revisión sobre la enajenación de la tenencia accionaria propiedad del Gobierno Federal del Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V., en virtud de que dicha enajenación pudiera haber ocasionado un daño y perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007; asimismo, para que en un plazo que no excediera de setenta y cinco días contados a partir de la recepción del citado, se rindiera a la



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Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el resultado de las actuaciones inherentes a dicha revisión y, en su caso, de las sanciones que se hubiesen impuesto o a que se hubiesen hecho acreedores los servidores públicos involucrados.

Informe IPAB

Antecedentes. Derivado de las acciones de apoyo gubernamental al sistema financiero a través del FOBAPROA, y de la cesión al IPAB de la administración de la totalidad de los activos y pasivos que las acciones generaron, el Instituto se convirtió en el titular de 45.37 % del Capital Social de Consorcio Aeroméxico (CAM). Según estados financieros de CAM, el costo de las acciones propiedad del IPAB era de un mil 825 millones de pesos. Asimismo, en adición a la tenencia accionaria del Instituto el Gobierno Federal tenía una participación de 10.16 % de acciones representativas de CAM a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de 3.54% en propiedad de Nacional Financiera. La LPAB estableció un plazo de 5 años para que el Instituto procediera a la recuperación de los activos que administraba. Para el caso de las acciones representativas de CAM el plazo no se cumplió aduciendo el IPAB la existencia de los siguientes factores que impidieron ese cumplimiento: a) el 2 de octubre de 2000 la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) determinó que el IPAB sólo podía enajenar las acciones de las dos aerolíneas en su propiedad de forma independiente y no de manera integral como una misma empresa. b) en febrero de 2001, el IPAB contrató los servicios de Merrill Lynch como agente para la venta de los activos de la entonces CINTRA. c) el 27 de abril de 2001, el IPAB respondió afirmativamente a una petición de la Cámara de Diputados para suspender el proceso de venta de las aerolíneas, hasta que la SCT emitiera los parámetros generales de política aeronáutica para nuestro país. d) los atentados acaecidos en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, pusieron en condición crítica la industria aeronáutica reforzando la decisión de posposición de la venta.

En abril de 2002, el Consejo de Administración de CINTRA, la controladora entonces de las dos aerolíneas antes de su escisión, resolvió reanudar el proceso de venta tomando como base el esquema planteado por el agente de venta Merrill Lynch. En febrero de 2003, Merrill Lynch aconsejó que las condiciones de mercado no eran propicias para proceder a una venta óptima de las Líneas aéreas. El 11 de octubre el IPAB consultó nuevamente a Cofeco para reestructurar y conformar dos nuevos agentes: el primero integrado por Aeroméxico y Mexicana y el segundo integrado por Aerolitoral y Aerocaribe, el regulador aprobó el esquema propuesto.



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En febrero de 2005, la administración de Cintra contrató a un nuevo consultor A.T Kearney, el cual propuso como mejor esquema de venta, la enajenación de Grupo Aeroméxico y Grupo Mexicana por separado. Finalmente contrató mediante un proceso de licitación al agente de venta que en esta ocasión la elección recayó en First Boston. El 5 de julio de 2005, la Asamblea de Accionistas de Cintra aprobó el esquema de venta propuesto por Kearney. Los procesos de venta se realizarían en forma simultánea, en dos etapas secuenciales, y estableciendo el respeto de la Ley de Inversión Extranjera, según la cual, los inversionistas extranjeros sólo podrían participar a través de consorcios con mayoría de capital nacional y controlados por inversionistas mexicanos.

Proceso de venta. El proceso de venta conducido por First Boston se realizó mediante un esquema de licitación pública y para abonar a la transparencia Cintra invitó a participar como testigo social a Transparencia Mexicana suscribiendo con ella un convenio denominado “Pacto de Integridad”. El 6 de julio de 2005 se publicaron las convocatorias de licitación. El 20 de diciembre se asignó el 100% de las acciones de Grupo Mexicana al Grupo Posadas por un valor de 165.5 millones de dólares, con la aprobación del IPAB y del Consejo de Administración de Cintra. El precio se sujetó a un proceso de ajuste, el Instituto recibió por el 45.37% un monto de 72.11 millones de dólares. El IPAB resolvió declarar desierta la licitación de Grupo Aeroméxico por considerar que la postura más alta ofrecida no maximizaba el valor de venta.

En el Informe del IPAB, una parte relevante se concentra en las razones que justifican en opinión del Instituto el incumplimiento de los plazos de recuperación de los activos, en el caso de la venta de las aerolíneas. Sin embargo, la valoración de los argumentos y las sanciones que pudieran emitirse contra los funcionarios responsables del incumplimiento deben ser realizadas por la ASF.

Una vez resuelta la enajenación de Grupo Mexicana, el IPAB se concentró en la venta de Consorcio Aeroméxico (CAM). Una conclusión jurídica relevante del Informe, es la consideración de que CAM es una sociedad mercantil de naturaleza privada a la cual no le resultan aplicables las disposiciones legales, reglamentarias y normas administrativas aplicables a las entidades públicas, en virtud de que la participación del IPAB en la tenencia accionaria de CAM del 45.37% es menor a lo que determina la Ley, esto a pesar de que la suma de la participación de NAFIN, y de la SCT arrojan una participación del Gobierno Federal de 59.07%.

La estrategia de venta seguida por el IPAB destaca los siguientes elementos: la enajenación de la tenencia accionaria de CAM podría efectuarse a través de una licitación pública o de una venta a través de la Bolsa de Valores (en virtud de que las acciones cotizaban en el mercado de valores). El IPAB y la SCT otorgaron un



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mandato a NAFIN (26 de abril de 2006) para que fuera esa dependencia quien llevara la representación conjunta de los accionistas del Gobierno en el proceso de venta, independientemente del esquema de venta cabría la posibilidad de que la enajenación pudiera ser realizada a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA). El 29 de octubre de 2005, la Junta del IPAB aprobó como factible la posibilidad de la OPA. Resolutivo que se dio a conocer a la opinión pública.

A finales de 2006, la SHCP le dio a conocer al IPAB el interés del capital privado de realizar una OPA. El 27 de febrero de 2007, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó la OPA como la mejor opción de venta y una reestructuración accionaria para reducir los costos laborales a cambio de la participación de empleados en el capital social de CAM. El esquema aprobado implicó una oferta primaria que en la práctica diluía la posición accionaria del Gobierno y del IPAB en CAM. Los términos de la negociación salarial se realizaron de manera satisfactoria con el sindicato (ASPA), los cuales quedaron sujetos a la venta. Para evitar los riesgos de una dilución y una venta desfavorable, el IPAB en la misma Junta de Gobierno citada aprobó una oferta pública secundaria de acciones simultánea a la oferta primaria, sujeta a ciertas restricciones (mecánica de asignación de la colocación primaria, precio a recibir por las acciones en el mercado secundario en función a una valuación de un tercero entre otros).

Estas restricciones significaron la elaboración de un nuevo mandato de los accionistas gubernamentales a NAFIN en el que se incluía los términos de la contratación de terceros especializados en la valuación de los títulos accionarios. Mediante un procedimiento de invitación a cuando menos tres, el IPAB contrató a Banco Paribas, como agente valuador.

El informe del IPAB describe las características de una OPA de acuerdo a las Leyes Vigentes del Mercado de Valores, en el que participa de manera destacada la CNBV, y señala que este es un mecanismo que brinda transparencia al proceso de venta, sostiene que la venta a través del mercado de valores constituye un mecanismo natural de subasta pública que es compatible con el que propugna la LPAB. Sin embargo, el informe ignora el hecho de que la Bolsa de Valores de México es un mercado poco profundo, altamente concentrado, poco líquido, en contraste a los mercados de valores de los países desarrollados; tampoco hace referencia al hecho de que las OPAS fueron uno de los mecanismos de negociación más cuestionados en los escándalos corporativos que vienen caracterizando a los mercados de valores internacionales desde hace dos décadas. El IPAB argumenta como elemento de apoyo a la venta a través de los mercados de valores, la enajenación que realizó el Instituto de su tenencia accionaria de BBVA Bancomer. No menciona el instituto la recurrencia del sector privado a



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operaciones públicas como estrategia fiscal desfavorable para la recaudación tributaria. El 31 de mayo de 2006, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó la enajenación de la tenencia accionaria de CAM a través del mercado de valores. Para la realización de esta compleja operación se utilizó la práctica de gobierno corporativo, consistente en dar a conocer públicamente la opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y la opinión de un experto independiente (siendo elegido para este último efecto Morgan Stanley & Co, Incorporated) respecto a las ofertas relativas a la OPA que involucraban la enajenación de las acciones de CAM. Asimismo, para las distintas ofertas se daría a conocer públicamente la opinión de ambas instancias cumpliéndose con el requisito de la mejor práctica del gobierno corporativo.

El IPAB en su informe, revela que los grupos de postores cumplían con los requisitos contenidos en el Programa de Enajenación de Bienes.7 El informe detalla que en consulta a la Cofeco, ésta resolvió el 11 de octubre de 2007, que Grupo Mexicana (perteneciente a Grupo Posadas) no podía adquirir directa o indirectamente las acciones de CAM, por lo que las posturas de compra de ese Grupo no serían consideradas válidas. Asimismo, el IPAB consideró válida la OPA del Grupo ganador constituido por un Fideicomiso en el que actúa Banamex como fiduciario, en virtud de que cumple con lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera según el IPAB debido a que el control y la mayoría del capital de acciones con derecho a voto de CAM es de mexicanos en al menos 51%. Ni Grupo Aeroméxico S.A. de C.V. (sociedad que controla a Aerovías y Aerolitoral) ni CAM son controladas por inversión extranjera.

Como resultado de esta operación por conducto de NAFIN, el IPAB recibió de la parte compradora descontados los gastos pertinentes; la cantidad de 1 mil 220.5 millones de pesos, los cuales se destinaron al pago de pasivos a cargo del propio instituto derivados de los programas de saneamiento financiero y liquidación de operaciones.

En términos de consolidación patrimonial de las acciones de Cintra el proceso de venta arrojó los siguientes resultados: un ingreso neto incluido el ajuste de precio de 796.9 millones de pesos por la venta de Grupo Mexicana de Aviación y un ingreso neto de 1 mil 220.3 millones de pesos por la venta de Grupo Corporativo aeroméxico, totalizando ambos conceptos la cantidad de 2 mil 017.2 millones de pesos, cifra superior al costo de esas acciones de 1 mil 383.4 millones de pesos, situación que indica que no se presentó por esas operaciones daño patrimonial.

7 Esta parte del reporte del IPAB debe ser ampliamente corroborada por un órgano externo y por la ASF. En Bancos intervenidos y saneados financieramente como Banpaís, aparece como accionista el nombre de Saba; en virtud de que proliferan los Saba sería conveniente que la ASF confirme si el Saba ex socio de Banpaís es el mismo que el postor de la OPA para adquirir la tenencia accionaria de Consorcio Aeroméxico.



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En términos del precio obtenido el Informe concluye con la afirmación de que resultado de la OPA el precio de venta logrado de 2.7 pesos por acción excede el precio promedio de la acción durante 2007 hasta el momento de la venta que fue de 2.3 pesos, por lo que la OPA contribuyó a maximizar el precio de venta de las acciones.

⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación no emitió dictamen

particular, en virtud de que evaluará el Informe que le entregó el IPAB sobre el proceso de enajenación de la tenencia accionaria del Gobierno en el Consorcio Aeroméxico S.A., para dictaminar si procede a realizar una revisión del proceso.

⎯ Comentarios de la UEC. La Auditoría Superior de la Federación considera que

el Informe sobre el proceso de venta de Consorcio Aeroméxico presentado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario atiende en tiempo y forma a la solicitud que el propio órgano de fiscalización superior le requirió. La ASF está en proceso de análisis del Informe y evaluará la conveniencia de efectuar una auditoría sobre el resultado de las actuaciones inherentes al proceso de enajenación de Consorcio Aeroméxico en la revisión de la Cuenta Pública 2007 y, en su caso, determinar las sanciones a que se hubieran hecho acreedores los servidores públicos involucrados. Independientemente de esta evaluación, sería recomendable que la revisión incluyera los siguientes elementos:

El incumplimiento del IPAB de los plazos (cinco años) establecidos en la Ley

IPAB para recuperar los recursos monetarios de Consorcio Aeroméxico. La complejidad de la operación, que implicó la existencia de diversas

acciones y contingencias de este accidentado proceso de venta, como el empleo del mecanismo de la OPA, el cual ha implicado fraudes corporativos importantes en los mercados financieros internacionales.

Que la ASF corrobore si el IPAB contravino la normatividad durante el

proceso de enajenación, particularmente por los postores participantes. Se presume que uno de los postores fue accionista de Banpaís, rescatado por el FOBAPROA.

Determinar si el empleo de vehículos financieros (como el uso de la figura del

fideicomiso Banamex) es una forma de contravenir la normatividad y poner en riesgo los recursos de los depositantes de la entidad que actuó como fiduciario.

Evaluar la eficiencia de la gestión de la empresa objeto de la enajenación.

Corroborar si hubo daño patrimonial.

Determinar si las instancias de supervisión (por ejemplo la CNBV) se

ajustaron a la normativa.



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Aclarar si en la asignación del postor ganador se procuró maximizar el precio de venta y se garantizó plena objetividad sin sesgo en asignación del ganador de la licitación.

4.34 AUDITORIA 06-1-06HHQ-02-308. LOTENAL: “CUENTAS DE RESULTADOS, PREMIOS”.

⎯ Objetivo. Comprobar que los premios ofrecidos al público sean los autorizados

conforme al calendario de sorteos, que el pago de éstos se haya efectuado por los montos establecidos en los sorteos y registrado contablemente. Asimismo, verificar que los billetes premiados no vendidos se hayan devuelto y que los recursos de estos premios se controlen conforme a los lineamientos establecidos.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una revisión financiera y de

cumplimiento que fue seleccionada en base a que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública durante el ejercicio 2006, señaló que no existen elementos de seguridad en el billete de lotería que den certeza de que el billete no puede ser duplicado y cobrado indebidamente. Se revisó una muestra de 3 mil 222.0 millones de pesos de un universo seleccionado de 6 mil 534 millones de pesos. Las áreas que se revisaron fueron las direcciones de Programación y Presupuesto y de Comercialización, de las subdirecciones Generales de Finanzas y Sistemas y de Comercialización y de Servicios.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La ASF determinó que en los manuales

de LOTENAL se describen funciones de áreas que no existen, por lo que no están delimitadas las responsabilidades de las actuales áreas conforme a la estructura orgánica autorizada; detectó que en la devolución de billetes no vendidos del área foránea, antes del sorteo se envía el reporte de éstos (vía fax, web y módem) y 30 días después se realiza la devolución física; al respecto el Manual de Procedimientos de Crédito y Cobranza para el proceso de lectura de la “Devolución inútil foránea” (devolución de billetes con premio y sin premio), no señala un plazo para realizar la lectura de los billetes devueltos. Esta omisión ocasionó que la lectura de billetes premiados no vendidos, devueltos por los organismos de venta foráneos, por 240 mil 780.5 millones de pesos, se realizara hasta 277 días después de haber recibido la devolución, lo que originó un desfase en su registro contable en los ejercicios 2006 y 2007 en la cuenta 5202 “Premios al Fondo”. Asimismo, la ASF encontró una diferencia de 2.9 millones de pesos resultado de las diferencias particulares de los premios ofrecidos por LOTENAL en 26 sorteos seleccionados, en los que no se especifica su destino y que debieron utilizarse,



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en su caso, para el pago de premios, o reportarse como premios por pagar o en su defecto, si son billetes de lotería premiados no vendidos, destinarse al fondo. LOTENAL no presentó información y documentación que avale el destino de estos recursos. Por otra parte, la ASF consigna que las cifras reportadas por premios no son confiables debido a que existe una diferencia contable de 80.4 millones de pesos en la base de datos en el rubro de premios al fondo, esa diferencia corresponde a premios de 2005 considerados en los registros de 2006. En la cuenta de Resultados 5203 “Premios Caducos” se realizaron movimientos no corroborables por 207.8 miles de pesos, lo cual denota que las cifras consignadas en la contabilidad no son confiables.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. La ASF emitió 6 observaciones que

generaron 6 acciones, de las cuales corresponden 5 a recomendación y un pliego de observaciones.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que la Lotería Nacional para la

Asistencia Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables al control y registro de la devolución y pago de billetes de lotería.

⎯ Impacto de la fiscalización. La ASF determinó un importe observado de 321.4

millones de pesos derivados de errores y omisiones de la Información Financiera. El órgano fiscalizador consideró 2.9 millones de recuperaciones probables.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. Respecto del Catálogo de Cuentas, la LOTENAL manifiesta que ya realizaron las acciones para obtener la autorización ante las autoridades correspondientes de su Catálogo de Cuentas mediante el cual remitió para revisión y autorización con vigencia a partir del 1º de enero de 2008, al Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la SHCP, por lo que están en espera de su autorización.

⎯ Comentarios de la UEC. De acuerdo con los resultados observados por la ASF,

se desprende que existe un índice del 48.2% de billetes premiados no vendidos que, sin duda, deben estar generando una elevada rentabilidad a la LOTENAL. En la devolución de billetes no vendidos del área foránea, la ASF determinó que los procedimientos internos no señalan plazo para realizar la lectura de los billetes devueltos, lo que ocasionó que en 2006 se realizara la lectura hasta 277 días después de haber recibido la devolución.

En tal sentido, no se tiene certeza si en ese lapso se puedan cometer irregularidades con esos billetes no reportados. Se desconoce, por otra parte, el destino de 2.9 millones de pesos que la ASF encontró como diferencia entre el calendario de 26 sorteos seleccionados de la base de datos donde se registran los pagos, con lo cual, queda evidencia de la poca confiabilidad con que operan los registros de LOTENAL.



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La revisión reveló registros contables no confiables de las operaciones de la entidad fiscalizada. Dada la magnitud de los ingresos que reporta, y por su carácter de “Asistencia Social”, es recomendable que a la brevedad posible se instrumenten los mecanismos y procedimientos en la operatividad de la entidad, que permitan asignarle total certeza y confianza a sus registros contables.

4.35 AUDITORÍA 06-2-06HIU-06-580. NACIONAL FINANCIERA: “EVALUACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE POR MINISTERIO DE LEY OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, Y DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE SU SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES”

⎯ Objetivo. Evaluar la sostenibilidad financiera de los pasivos contratados por

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, que están garantizados por el Gobierno Federal, y de los pasivos derivados de su sistema de jubilaciones y pensiones; así como corroborar que se cumplió con la normatividad establecida para el otorgamiento de pensiones.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una auditoría especial que fue seleccionada como parte del análisis integral que se lleva a cabo a las distintas obligaciones de deuda directa, contingente y garantizada de los tres órdenes de gobierno, con el fin de verificar que sean sostenibles y que cubrieron en tiempo y forma los compromisos financieros y presupuestarios. La muestra auditada fue de 186 mil 990.1 millones de pesos, que representó 100% del total del monto de los pasivos y obligaciones, de los cuales 180 mil 464.0 millones de pesos corresponden al monto de los pasivos del banco que por ministerio de ley están garantizados por el Gobierno Federal y 6 mil 526.1 millones de pesos destinados a las obligaciones derivadas de su sistema de pensiones y jubilaciones. Las áreas revisadas fueron las subdirecciones de Contabilidad y Fiscal, responsable de registrar las obligaciones garantizadas por ministerio de ley, y la de Servicios al Personal y Relaciones Laborales, encargada de la nómina de jubilados.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. De acuerdo con estudios actuariales, al

31 de diciembre de 2006, se determinó que las obligaciones laborales contingentes de NAFIN, ascendieron a 6 mil 526.1 millones de pesos, y que se dispone de reservas que cubren el 100% del pasivo en virtud de que la entidad auditada recibió en 2006 transferencias de recursos por parte del Gobierno Federal, que ascendieron a 2 mil 500 millones de pesos ya que de no haber sido así, se hubiese presentado un déficit en los tres planes que comprenden el pasivo (jubilaciones y pensiones; primas de antigüedad; y obligaciones posteriores al retiro).



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Se observó que NAFIN incumplió con el artículo segundo transitorio de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), fracciones VIII y IX, con lo cual 120 pensionados rebasaron el 100.0% del promedio mensual del salario neto del personal en servicio activo con igual categoría y nivel de tabulador de que disfrutaba el trabajador en el momento de su jubilación, sin que se hubiera realizado algún ajuste al monto de las pensiones otorgadas a los beneficiarios, tal incumplimiento ocasionó que se pagaran indebidamente recursos públicos por 6.4 millones de pesos, lo cual se traduce en un impacto negativo a las finanzas de la institución.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitió 1 observación que generó 3

acciones, de las cuales corresponden: 1 a recomendación, 1 promoción de intervención de la instancia de control y 1 pliego de observaciones.


de la muestra señalada, Nacional Financiera, S.N.C., no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración de las operaciones examinadas, debido a que Nacional Financiera, S.N.C., pagó en exceso 6.4 millones de pesos en el caso de 120 pensiones, como resultado de que la institución no efectuó el ajuste al que estaba obligada.


Auditoría Superior de la Federación emitió 3 acciones, orientadas principalmente a investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control. El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones que se determinó fue por 6.4 millones de pesos, que corresponden al pago en exceso en el caso de 120 pensiones.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. Con relación a la cuantificación que

hace la Auditoría Superior de la Federación respecto al ajuste por la pensión que nuestros jubilados reciben del IMSS, NAFIN argumenta lo siguiente: “nos encontramos en estado de indefensión ya que el IMSS no nos proporciona elementos que nos permitan emitir un comentario o aclaración a la misma, esto en virtud de no estar facultados para obtener de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las pensiones que otorgan a nuestros jubilados.

El que se aplique descuento a la pensión de los jubilados de NAFIN, considerando semanas cotizadas al IMSS con fecha posterior a su jubilación en la propia Institución, pudiera invocar principios de Ley del Seguro Social, en lo relativo a que las prestaciones que ésta otorga son de carácter inalienable e inembargables y en ningún caso puedan gravarse para otros fines, salvo en el caso de las pensiones alimenticias.



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El resultado de la ASF no indica tampoco que si para la aplicación de la complementariedad considera la naturaleza de las prestaciones de pensiones, en el sentido que de acuerdo con el IMSS, solamente deben ser objeto de deducibilidad las pensiones de cesantía en edad avanzada o de vejez, sin que se consideren las mejoras por asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales. En tanto consideramos que no procede la observación señalada por la ASF, en virtud que al no contar con la información del jubilado, ni tener los criterios que permitan a la Institución estimar la pensión a cargo del IMSS a fin de aplicar la complementariedad en las Condiciones Generales de Trabajo y la ley del IMSS”.

⎯ Comentarios de la UEC. La viabilidad financiera de los sistemas de pensiones

y jubilaciones de algunas entidades del sector público han mostrado en los últimos años un franco deterioro y los pasivos han mostrado un acelerado ritmo de crecimiento. En este contexto se inscribe la auditoría a NAFIN, que si bien es cierto, como apuntan los resultados de auditoría, la dependencia cuenta con activos y recursos propios para hacer frente a las obligaciones contraídas, éstos se deben en buena medida a los apoyos que en 2006 recibió la institución por parte del Gobierno Federal. Por ello, las revisiones a dichos rubros son determinantes para que con oportunidad se tomen las medidas preventivas necesarias que capitalicen a la entidad revisada para poder hacer frente a sus compromisos en el futuro inmediato. Por lo que se recomienda que la ASF prosiga con la programación de este tipo de revisiones y continúe presentando análisis sobre la viabilidad financiera de las entidades revisadas.

4.36 AUDITORÍA 06-2-06HIU-02-980. NACIONAL FINANCIERA: “CUENTAS DE

BALANCE-ACTIVO, CARTERA DE CRÉDITO” ⎯ Objetivo. Constatar que en el otorgamiento de créditos núms. 49690184,

49690166, 49690602, 49690684, 47570272, 47739180, 47738636 y 49497327, se cumplió con las políticas y lineamientos establecidos; verificar que se cuente con la documentación soporte correspondiente; que se obtuvieron las garantías para su recuperación de conformidad con la normativa aplicable; comprobar la oportuna amortización de los créditos y el cumplimiento de las acciones de cobranza.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una revisión financiera y de cumplimiento que fue seleccionada para continuar con lo solicitado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que se revisen los procedimientos para el otorgamiento de los créditos y descuentos otorgados por NAFIN a empresas y personas físicas sujetas a revisión por la



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Comisión de Investigación, establecida por la H. Cámara de Diputados. La muestra auditada fue de 3.5 millones de pesos, monto correspondiente a 8 créditos, que representó 100% del total de créditos y descuentos de los cuales 1.7 millones de pesos corresponden a siete descuentos otorgados por medio del Programa de Liquidez Electrónica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y un crédito por 1.5 millones de pesos otorgado mediante el intermediario financiero Banco del Bajío S.A., así como 243.5 miles de pesos por concepto de intereses.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. NAFIN cuenta con los documentos

normativos y los sistemas informáticos adecuados para el otorgamiento y seguimiento de los créditos; se observó que de las 8 operaciones revisadas, 7 corresponden a operaciones de factoraje de liquidez electrónica, con cargo a la línea de crédito otorgada por INFONAVIT, y que el desarrollador de las 7 operaciones realizó las operaciones y cobró la cantidad total por 1.8 millones de pesos. La transferencia se depositó en una SOFOL y no a quien es titular de los derechos de cobro.

En este proceso se observó que los manuales de Crédito y de Operativo de Venta e Instrumentación de Cadenas Productivas por medio de Intermediarios Financieros y Fideicomisos AAA y el Manual de Empresas de Primer Orden, no establecen detalladamente las actividades ni los procesos por seguir la operación del programa, ni definen la instancia a la que se deberán transferir los recursos derivados de las operaciones de factoraje. Cabe mencionar que el Comité de Operaciones de Fomento de NAFIN, autorizó una tasa de descuento para las operaciones realizadas con el INFONAVIT, esto a pesar de que se determinó que el Comité no cuenta con facultades para estipular las tasas de interés o descuento que se deberán aplicar, ya que dicha función le corresponde al Consejo Directivo de NAFIN. En relación con el octavo crédito de la muestra revisada, esta es una línea crediticia redescontada a través de Banco del Bajío a un acreditado, para saldar una deuda de su empresa con Bancomext. Al respecto, se observó que Nacional Financiera, S.N.C. no supervisa el destino final de los recursos que otorga mediante intermediarios financieros bancarios, ni su aplicación conforme a lo solicitado. En el seguimiento de los créditos, NAFIN observó la normatividad y en términos monetarios no se ha producido mora ni cartera vencida de los financiamientos otorgados.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitieron 3 observaciones que generaron 3 acciones que corresponden a recomendaciones.


de la muestra señalada, Nacional Financiera, S.N.C., cumplió con los ordenamientos jurídicos y las disposiciones aplicables al otorgamiento y



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recuperación de las líneas de créditos, aplicación de descuentos a dichas líneas de crédito, así como la recuperación de capital, y del costo financiero.


Auditoría Superior de la Federación emitió 3 acciones, orientadas principalmente a promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa y fortalecer los mecanismos de operación y control.


auditado.

⎯ Comentarios de la UEC. Una de las críticas más usuales que se han vertido a NAFIN es que ha dejado de ser un banco de desarrollo dedicado a la actividad crediticia orientada a sectores estratégicos no atendidos por la banca comercial, para convertirse en una empresa de factoraje. La revisión parece confirmar esta apreciación, por lo que es urgente pugnar porque se redefina el papel de NAFIN, en los términos establecidos por el PRONAFIDE 2002-2006. Esta redefinición a que se ha comprometido la SHCP para fortalecer el crédito de la banca de desarrollo a los mercados objetivos, debe ser tema permanente de la fiscalización estratégica de la ASF.

4.37 AUDITORÍA 06-2-06HIU-02-345. NACIONAL FINANCIERA: “FIDEICOMISO

PARA ADMINISTRAR LA CONTRAPRESTACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ADUANERA”

⎯ Objetivo. Verificar que los ingresos obtenidos y los pagos realizados por el

Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera se determinaron, pagaron, registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa aplicable, y evaluar las implicaciones de violación al secreto fiscal por el mecanismo establecido; asimismo, evaluar el cumplimiento de objetivos y metas.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una revisión de cumplimiento financiero que fue seleccionada considerando que para la Cuenta Pública 2005 se realizó una auditoría al Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), así como por el hecho de que al 31 de diciembre de 2006, presentó un saldo en su patrimonio de 8 mil 158.2 millones de pesos, cifra superior en 4 mil 040.8 millones de pesos a los 4 mil 117.3 millones de pesos reportados en el ejercicio fiscal 2005. La muestra auditada fue de 4 mil 430.9 millones de pesos, que representó el 54.3% del saldo del fideicomiso al 31 de diciembre de 2006. Se revisaron la áreas de Administración General de Innovación y Calidad del SAT; la Subdirección de Administración de fideicomisos Públicos de NAFIN y la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo de la Tesorería de la Federación.



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⎯ Resultados relevantes de la revisión. Los ingresos por contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Aduanera enterados a la TESOFE, sin registro en la Cuenta Pública por ser recursos privados para el ejercicio 2006 fueron de 4 mil 426.8 millones de pesos, los cuales fueron registrados como ingresos ajenos por el SAT y correspondieron a 49 aduanas del país como Derechos de Tramite Aduanero (DTA), los dos registros coincidieron después de efectuarse una corrección contable.

Sin embargo, de estos recursos FACLA recibió la cantidad de 4 mil 430.9 millones de pesos; se comprobó que el fideicomiso FACLA realizó pagos en el 2006 por contratos de servicios de primero y segundo reconocimiento aduanero por 775.0, y 134.2 millones de pesos respectivamente. Los pagos efectuados a las empresas por esas contraprestaciones por el segundo reconocimiento aduanero incumplieron en el inicio de la prestación de los servicios; detectándose también en esos pagos una cantidad por 324.4 millones de pesos que no fue facturada al FACLA. Para las empresas (SGS Societé Generale de Survelleince, S.A., y Cotecna Inspection, S.A.), no se pudieron identificar los servicios prestados en infracción de la normativa; los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), responsables de la contratación de las obras, y al amparo de las funciones que se les reservan en el Contrato del Fideicomiso, autorizaron un convenio modificatorio a un contrato de obra pública por 7.3 millones de pesos, que significó un incremento de 66.1% del contrato original, el cual excedió en 4.5 millones de pesos al porcentaje permitido en la ley de la materia del 25%. Los miembros del Comité Técnico del FACLA que aprobaron en 2006 el programa presupuestario anual del fideicomiso, no propusieron modificación al mismo, de acuerdo con las facultades estipuladas en el Contrato del Fideicomiso. En el año ejercieron 774.9 millones de pesos, que representó un avance de sólo 19%, respecto de la cantidad autorizada por 4 mil 020.2 millones de pesos para pagar los servicios previstos en la Ley Aduanera, con lo que el fideicomiso incumplió con las metas establecidas; en el manejo de las inversiones efectuadas por el FACLA durante 2006, se detectó que la fiduciaria no cuenta con un registro confiable en el rubro de rendimiento de inversiones. Los servidores públicos del SAT que participan en la administración y operación del FACLA, reincidieron en el conflicto de intereses al combinar sus actividades del servicio público con la administración y operación del FACLA, que maneja recursos privados de acuerdo con la resolución de la Controversia Constitucional 84/2004 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de agosto de 2006, en la que resolvió que las contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Aduanera no tienen el carácter de recursos públicos.



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⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitieron 4 observaciones que generaron 5 acciones, de las cuales corresponden: 1 a recomendación y 4 a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.


de la muestra señalada, NAFIN en su carácter de fiduciaria del FACLA, cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y registro de los recursos del FACLA de las operaciones examinadas, excepto por las observaciones formuladas.

⎯ Impacto de la fiscalización. Las acciones de la Auditoría Superior de la

Federación, fueron orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores y propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación.


⎯ Comentarios de la UEC. Las observaciones-acciones emitidas por la ASF, a

pesar de involucrar cantidades representativas, no generaron en esta revisión impacto monetario alguno. De hecho, la citada resolución de la corte de la controversia constitucional 84/2004, impidió, como consta en la Separata sobre DTA, la recuperación de montos relevantes de recursos no enterados a la TESOFE al determinarse que los recursos del FACLA (anteriormente Fideicomiso I, relacionado con ISOSA) tienen carácter privado. Ante ello, la estrategia de la ASF se concentró en el conflicto de interés en que presuntamente incurren los funcionarios del SAT, por lo que adquieren especial relevancia las acciones emitidas por el órgano fiscalizador sobre dicho conflicto de interés, razón por la cual es preciso un seguimiento puntual.

4.38 AUDITORÍA 06-0-06E00-07-187. SAT: “EVALUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES”.

⎯ Objetivo. Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los

objetivos y metas establecidos en las acciones de recaudación, auditoría fiscal y asistencia al contribuyente.

⎯ Características de la revisión. La ASF realizó una auditoría al desempeño en virtud de la importancia que tienen las administraciones locales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la recaudación primaria; en la recaudación secundaria; y en la asistencia al contribuyente. Para efectos de la revisión se tomó una muestra de 3 mil 666.2 millones de pesos que representan el 33.4 % del presupuesto total ejercido por el SAT en el ejercicio 2006 que en total



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ascendió a 10 mil 972.0 millones de pesos. Las pruebas de auditoría se realizaron en las áreas de Recaudación, Auditoría Fiscal Federal y de Asistencia al Contribuyente de 4 administraciones locales: Centro, Norte y Sur del D.F. y Naucalpan, así como en las administraciones generales de Evaluación y Seguimiento, y de Innovación y Calidad; la Administración Central de Seguimiento, y la Administración de Supervisión, Seguimiento y programas Institucionales.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La ASF determinó que los objetivos que establecieron las administraciones locales de recaudación, de auditoría fiscal y de asistencia al contribuyente en el programa Anual de Trabajo 2006 fueron congruentes con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico del Servicio de Administración Tributaria (PESAT) 2004-2006. Asimismo, se comprobó que las administraciones generales de Recaudación; Auditoría Fiscal Federal, y Asistencia al Contribuyente establecieron indicadores relacionados con la operación de las administraciones locales del SAT en materia de recaudación; auditoría Fiscal, y asistencia al contribuyente.

La ASF observó que la recaudación obtenida por las administraciones locales, que en el periodo 2004-2006 representó en promedio 81.5% de la recaudación total del Gobierno Federal, equivale a lo captado por las instituciones de crédito que tienen convenio con la TESOFE y se encuentran autorizadas para recaudar contribuciones, aprovechamientos y productos federales, ya que de conformidad a lo señalado por la Administración General de Recaudación del SAT con el oficio núm. 232-SAT-VIII-APCICEF-0284 del 21 de agosto de 2007 “las Administraciones Locales de Recaudación no recaudan directamente de los contribuyentes, sino que ésta se realiza a través de los auxiliares autorizados por la TESOFE”.

La ASF señala que al relacionar el universo de contribuyentes localizados con el nivel de recaudación, observó que la recaudación primaria (cumplimiento voluntario) reportada por la región metropolitana representó el 84.1% del total de la recaudación en el país, mientras que su padrón de contribuyentes representó 33.4%, lo cual demuestra la escasa participación del resto de las regiones del país en la recaudación primaria, en contraste con el número de contribuyentes activos localizados, ya que las otras siete regiones recaudaron en 2006, 15.9% y su padrón representó 66.6%. Por lo que respecta a las metas establecidas en materia de recaudación secundaria (deriva del ejercicio de comprobación fiscal), la ASF determinó que 9 de las 66 administraciones locales no cumplieron con la meta programada. Por otra parte, la ASF señala que no dispuso de elementos suficientes que le permitieran evaluar el impacto de las actividades de asistencia al contribuyente en el cumplimiento del objetivo de “Facilitar y motivar el cumplimiento voluntario”; asimismo constató que en 2006 la asistencia al contribuyente disminuyó en



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27.0% respecto a 2005. También se determinó que el SAT no dispuso de la meta y resultados del indicador “Ingresos Tributarios de nuevos contribuyentes” por administración local, lo que impidió evaluar su desempeño. Por lo que respecta a la integración, actualización e incremento del registro Federal de Contribuyentes en las administraciones locales, se determinó que 15 de las 66 administraciones locales no cumplieron con la meta establecida de incrementar en 5.0% el padrón de contribuyentes. Al analizar el indicador denominado “Productividad en la diligencia de actuarios fiscales”, se observó que 16 de las 66 administraciones locales no cumplieron con la meta prevista. Al evaluar los resultados obtenidos del indicador denominado “Eficacia de la fiscalización de otros contribuyentes” se constató que de las ocho regiones en que se agrupan las administraciones locales, sólo tres cubrieron las metas establecidas, por lo cual 28 administraciones locales registraron un índice de cumplimiento por debajo de la meta establecida. Asimismo, la ASF concluye que el SAT no acreditó contar con mecanismos que permitan medir la incidencia de los resultados del indicador “Promedio de recaudación por actos de fiscalización” de cada una de las administraciones locales.


generaron 14 acciones, de las cuales 4 se refieren a recomendaciones y 10 a recomendación al desempeño.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que el SAT, por medio de las administraciones locales, cumplió razonablemente con lo establecido en el Plan Estratégico del Servicio de Administración Tributaria 2004-2006 y en el Programa Anual de Mejora Continua de 2006 en materia de recaudación, de asistencia al contribuyente y de auditoría fiscal federal, excepto por los resultados con observación.


Auditoría Superior de la Federación emitió 14 acciones orientadas principalmente a alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño; fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía y fortalecer los mecanismos de operación y control.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares por parte de la ASF, el SAT señaló que “la recaudación primaria es el resultado de la propia autodeterminación del contribuyente, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, y sobre ella influyen factores económicos y socio-demográficos, por lo que no es correcto considerar la recaudación como resultado de la propia operación de las administraciones locales”. Asimismo, respecto a los nuevos contribuyentes



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informó que “los ingresos tributarios de los nuevos contribuyentes dependen en gran medida de la planeación fiscal de cada una de las personas.., y no propiamente de la operación de cada una de las administraciones locales”.

⎯ Comentarios de la UEC. Como parte del objetivo de la auditoría, la ASF se

planteó “Evaluar la eficacia, eficiencia y economía…” de las administraciones locales, sin embargo, de la lectura del informe se desprende que, no obstante haber considerado como muestra de la auditoría 33.4% de los recursos erogados por las administraciones locales en el ejercicio de 2006, la evaluación del costo operativo de dichas administraciones no se llevó a cabo. Los comentarios del SAT tienden a señalar que los indicadores utilizados por la ASF no contemplan los factores externos que inciden e impiden que se alcancen los objetivos propuestos. Sería recomendable que la ASF y el ente fiscalizado evaluaran el rigor y la profundidad representativa de los indicadores de evaluación del desempeño, a fin de lograr una mejor medición de la calidad de la gestión del SAT.

4.39 AUDITORÍA 06-0-06E00-07-361. SAT: “EVALUACIÓN DEL DESTINO DE LOS DECOMISOS EN MATERIA ADUANERA”

⎯ Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del Servicio de Administración Tributaria

para comprobar que entregó los bienes y mercancías de comercio exterior transferibles al SAE; y los no transferibles, a las autoridades correspondientes, de conformidad con la legislación y normativa aplicable; además, evaluar los procedimientos de entrada de mercancías que dieron origen al abandono o embargo de bienes.

⎯ Características de la revisión. Se realizó una evaluación al desempeño en virtud de la importancia económica de las mercancías de comercio exterior que pasan a propiedad del fisco federal, como resultado de infracciones a la Ley Aduanera y su transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de acuerdo con los plazos y formalidades establecidos en la Ley de la materia. La revisión comprendió la evaluación del control interno en las aduanas de Nuevo Laredo, Tams., Nogales, Son. y Lázaro Cárdenas, Mich., y se consideró una muestra 136.8 miles de pesos que representa el 11.0% de un universo por 1.2 millones de pesos de recursos erogados en el ejercicio fiscal 2006 por una de las 3 aduanas mencionadas. Se revisaron las áreas siguientes: Administración General de Aduanas de Nuevo Laredo, Tam., Nogales, Sonora y Lázaro Cárdenas, Mich.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. En términos generales, se constató que las 3 aduanas revisadas cuentan para sus actividades con el marco normativo apropiado.



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Resultados principales en revisión de La Aduana de Nuevo Laredo, Tams. Este recinto aduanal presentó deficiencias en su control interno ya que no proporcionó los reportes de operación del “Sistema de Registro Simultáneo” generados por los recintos fiscalizados en esa aduana, y su enlace con el SAT; asimismo se constató que no realizó las confrontas trimestrales físicas y documentales en el ejercicio fiscal 2006. Se constató que en la Aduana, se efectuaron 1.2 millones de importaciones, de las cuales a 128.8 miles les correspondió reconocimiento aduanero, y al restante 1.1 millones les correspondió desaduanamiento, en cumplimiento de la normativa. De las muestras revisadas de mercancías, para su envío a la Administración Central de Laboratorios y Servicios Científicos (ACLSC) se detectó retrasos en su entrega hasta por 28 días en infracción de la norma. El sistema a base de rayos gamma utilizado por la aduana para ubicar evidencias de contrabando, reveló baja calidad, situación que se agrava por no contar la Aduana con peritos especialistas en la revisión. Del análisis a los oficios de puesta a disposición por parte de la Aduana de Nuevo Laredo al SAE, y las actas de entrega-recepción, se constató que el SAE se excedió hasta en 222 días para el retiro de la mercancía. La ASF comprobó que la Aduana efectuó 78 denuncias que pudieran ser constitutivos de delito ante las autoridades correspondientes.

Resultados principales en revisión de La Aduana de Nogales Sonora. En la Aduana de Nogales, Son., el Sistema de Registro Contable de este recinto lleva adecuadamente los reportes de operación de las mercancías decomisadas y dispone de enlace con el SAT en cumplimiento de la normativa; sin embargo, no se observó que el recinto realizara las confrontas trimestrales físicas y documentales en el ejercicio fiscal 2006; asimismo, de la revisión de los oficios de puesta a disposición por parte de la Aduana de Nogales al SAE, y las actas de entrega-recepción, se constató que el SAE se excedió hasta en 326 días para el retiro de la mercancía. La ASF comprobó que la Aduana efectuó 21 denuncias ante las autoridades correspondientes que pudieran ser constitutivas de delito. Resultados principales en revisión de La Aduana Lázaro Cárdenas, Mich. Este recinto aduanal presentó deficiencias en su control interno, ya que no proporcionó los reportes de operación del “Sistema de Registro Simultáneo” generados en 5 de los 6 recintos fiscalizados en esa aduana, y su enlace con el SAT; se constató que no realizó las confrontas trimestrales físicas y documentales en el ejercicio fiscal 2006, respecto de las mercancías que se encuentran en sus almacenes. Se constató que en la Aduana, se efectuaron 43 mil 760 importaciones, de las cuales a 4 mil 152 les correspondió reconocimiento aduanero, y al restante 39 mil 608 les correspondió desaduanamiento, en cumplimiento de la normativa.



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Se constató mediante los oficios de solicitud de transferencia y de las actas de entrega-recepción formalizadas entre la aduana y el SAE la transferencia de 102 mil 812 bienes, existiendo una diferencia entre la aduana y el SAE de 67 mil 700 bienes y vehículos respecto de la base de datos proporcionada por la Administración Central del Destino de Bienes de la Administración General de Aduanas (ACDBAGA) en incumplimiento de la normativa. De la revisión de los oficios de puesta a disposición por parte de la Aduana de Lázaro Cárdena al SAE, y las actas de entrega-recepción, se constató que el SAE se excedió hasta en 436 días para el retiro de la mercancía; de la revisión del acta de muestreo de mercancías de difícil identificación de fecha 7 de junio de 2006, levantada en la aduana de Lázaro Cárdenas, Mich., se observó que la aduana envió a la Administración Central del Laboratorio y Servicios Científicos de la Administración General de Aduanas, una muestra de mercancía de la empresa Unimed Pharm Chem México, S.A. de C.V., fuera del plazo de 3 días hábiles a partir de la toma de la muestra, asimismo, el laboratorio central remitió el dictamen respectivo fuera del plazo de 31 días hábiles a partir de la fecha en que se hubiera recibido la muestra, dicho dictamen establece que la muestra realizada es N-ACETIL-D-2-METILAMINO-1-FENIL-PROPAN-1-OL derivado del Alcaloide del grupo de efedrinas, y no se trata del producto materia de la muestra indicado en el pedimento.

Otros resultados. La ASF constató la existencia de indicadores de gestión para las 49 aduanas. Se constató la integración al 100% de los informes remitidos mensualmente para cada una de las 49 aduanas.


generaron 17 acciones, de las cuales 11 correspondieron a recomendaciones, 1 recomendación al desempeño y 5 se refirieron a la promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que en términos generales, y respecto de la muestra señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con el objetivo de dar destino a los bienes de comercio exterior que pasaron a ser propiedad del Gobierno Federal, excepto por los resultados que presentaron observación.

⎯ Impacto de la fiscalización. Efecto estratégico. Como resultado de la revisión

practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió acciones orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; a promover el cumplimiento cabal de la normativa y fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía y fortalecer los mecanismos de operación y control.



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⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. Se informa que la muestra de la mercancía se envió “al quinto día después de tomada, toda vez que no se contaba con presupuesto suficiente para envíos en tiempos más reducidos, éstas se estuvieron enviando a la Administración Central del Laboratorio y Servicios Científicos de forma semanal”

⎯ Comentarios de la UEC. La revisión de las 3 aduanas permitió conocer el

funcionamiento de los bienes decomisados, y el razonable cumplimiento que tuvieron dichas aduanas respecto a la normativa, excepto por las observaciones particulares que tienen que ver con los tiempos excesivos de retiro de mercancía por parte del SAE. Sólo en la Aduana de Nuevo Laredo, la revisión detectó deficiencias en la calidad de los sistemas para ubicar contrabando.

4.40 AUDITORÍA 06-0-06E00-07-944. SAT: “FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS FEDERALES PARA LA DEFENSA DEL INTERÉS DE LA FEDERACIÓN EN CONTROVERSIAS FISCALES Y DE LOS RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS PARA ESE FIN”

⎯ Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los

programas federales en la representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra resoluciones o actos de su competencia o de las autoridades fiscales de las entidades federativas por la aplicación de las leyes federales en cumplimiento de los convenios de coordinación, y ejercicio de las acciones, excepciones y defensas correspondientes, además de la interposición de los recursos y su comparecencia en los juicios de amparo interpuestos, así como de los recursos financieros aplicados para la defensa del interés fiscal de la Federación y de las autoridades fiscales correspondientes.

⎯ Características de la revisión. Por ser tema de interés de la sociedad en virtud

de los impactos recaudatorios involucrados, se realizó una evaluación al desempeño, a efecto de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales para la defensa del interés de la Federación en controversias fiscales y de los recursos financieros aplicados para ese fin. La auditoría se llevó a cabo en la Administración de Grandes Contribuyentes y la Administración General Jurídica y comprendió la revisión de recursos financieros por 720.4 millones de pesos aplicados por las áreas contenciosas del SAT en la defensa del interés de la Federación y de las autoridades fiscales correspondientes, lo que representó el 6.6% del total del presupuesto otorgado al SAT en 2006.



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⎯ Resultados relevantes de la revisión. El Programa Estratégico del SAT 2004-2006 fue congruente con lo dispuesto con el artículo constitucional 25, y con el PND 2001-2006, y PRONAFIDE 2002-2006. Sin embargo, se determinó que los 9 indicadores derivados del Programa Anual 2006 de Mejora Continua y en el Sistema de Evaluación Periódica para la Evaluación y Supervisión (SIEPES) no se consideran suficientes para evaluar las actividades relacionadas con la defensa del interés fiscal en incumplimiento de la Ley de Planeación, en virtud de que no permiten medir el impacto que tienen los juicios ganados y perdidos en los ingresos de la Federación. Tampoco cuenta con un indicador que permita medir el impacto que tiene en el presupuesto de la Federación, la devolución de recursos a contribuyentes por juicios que son promovidos por éstos y cuyos resultados son desfavorables para la institución. Lo anterior impide medir los avances del SAT en el logro de los objetivos y metas de los programas sectoriales, para estimular el buen comportamiento de las unidades administrativas y de los servidores públicos. En el objetivo de representar con eficacia el interés de la Federación en las controversias fiscales, si bien el SAT cuenta con el Sistema de Información Integral de Grandes Contribuyentes, en el que se genera información automatizada y útil para sustentar los litigios de los asuntos fiscales planteados por los contribuyentes, no dispone de los mecanismos de control que permitan consolidar la información que haga factible identificar la vinculación existente entre los juicios de nulidad con los amparos y recursos interpuestos. El SAT no contó con los mecanismos de control que permitan que los expedientes jurídicos relativos a la defensa del interés de la Federación en controversias fiscales, se integren con las constancias que correspondan a su estado procesal y sean foliados de manera cronológica, todo ello indispensable para incrementar la calidad de la eficacia de las controversias fiscales por parte del SAT. El ente fiscalizado no cumplió con la meta de obtener el 43.0% de juicios ganados establecida en el indicador “Juicios ganados en sentencia definitiva”, contenidos en el Programa Anual de Mejora Continua 2006. Por unidad administrativa los resultados favorables obtenidos fueron: la Administración General Jurídica con 10 mil 443 juicios que representaron el 33.4% de los juicios a su cargo, mientras que la Administración General de Grandes Contribuyentes obtuvo 444 resultados favorables lo que representó el 50.9% de los casos a su cargo. La ASF señala en el informe “que no fue posible analizar los factores que determinan el costo operativo de lo contencioso, reportado trimestralmente en el Informe Sobre la Situación Económica las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, ya que la entidad fiscalizada no considera, para determinar su productividad, el número de juicios atendidos. Asimismo, se observó que el SAT no contó en 2006 con indicadores que permitieran definir y asignar puntuaciones, calificar y clasificar su desempeño,



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medir cargas promedio de abogado, la atención a juicios fiscales a su cargo; medir su desempeño en el cumplimiento y productividad; determinar su nivel de productividad, cumplimiento de políticas y obtención de resultados de sus unidades administrativas. Por administración local jurídica se observó un pronunciado desequilibrio en las cargas de trabajo, ya que 11 de ellas tuvieron cargas superiores al promedio nacional que fue de 304.6 expedientes por abogado adscrito, en tanto que las administraciones locales jurídicas registraron cargas menores en San Pedro Garza 209.6 expedientes, Guadalupe con 152.8, Cancún 95.6, Oriente del D.F., con 38.1 y la Administración Central Contenciosa 33.8 expedientes por abogado.


generaron 13 acciones, de las cuales 4 corresponden a recomendaciones y 9 a recomendaciones al desempeño.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que en términos generales, y respecto de la muestra señalada, el SAT cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables a las acciones relativas a la representación de la institución en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las comparecencias en los juicios de amparo interpuestos, los recursos financieros aplicados para la defensa y representación del interés de la Federación y de las autoridades correspondientes, los sistemas de registro, control y seguimiento de los juicios tramitados con motivo de las acciones de la defensa del interés fiscal, la integración de los expedientes relativos a los juicios fiscales y amparos atendidos y de los indicadores de que dispuso para evaluar el desempeño de las instancias contenciosas, excepto por los resultados con observación.


Auditoría Superior de la Federación emitió acciones orientadas a propiciar el cumplimiento de la normativa y la legislación, alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño, fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía; fomentar el óptimo aprovechamiento y aumentar la calidad de los bienes, y la prestación de servicios y fortalece los mecanismos de operación y control.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. El Servicio de Administración Tributaria señalo que el establecer un indicador específico que se relacione con la recaudación, no es responsabilidad de las áreas encargadas de la defensa del interés fiscal de la Federación, ello de conformidad con el Reglamento Interior del SAT. El ente fiscalizado, informa que las cargas de trabajo no son asignadas mediante algún mecanismo especifico y que las administraciones locales jurídicas determinan sus cargas en función de las demandas que le son notificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en base a su competencia territorial.



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⎯ Comentarios de la UEC. Esta revisión sobre la eficacia del SAT para representar el interés de la Federación en las controversias fiscales, reviste un interés especial debido a, en primer lugar, la cantidad de juicios que el ente pierde ante los grandes y medianos contribuyentes; y a, en segundo lugar, la baja recaudación tributaria existente. No obstante que el crecimiento de los ingresos tributarios en el 2006 fue superior en 14.4% a lo presupuestado originalmente y en 12.4% a lo obtenido en 2005, como proporción del PIB, éstos registraron un declive, pasando de 9.5% en 2005 a 9.2 % en 2006. Esta proporción es por cierto una de las más bajas entre los países de la OCDE. El crecimiento registrado de la recaudación tributaria depende directamente del desempeño del SAT, de su eficacia para cobrar y de su desempeño para representar el interés de la Federación ante los juicios promovidos por los contribuyentes. De ahí la relevancia de darle un puntual seguimiento a la solventación de las observaciones.

4.41 AUDITORÍA 06-0-06E00-02-340. SAT: “RECAUDACIÓN DE INGRESOS

POR DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO”. ⎯ Objetivo. Verificar la determinación de las bases de cálculo y la razonabilidad de

los porcentajes de distribución de las contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Aduanera; asimismo, comprobar que el porcentaje que le corresponde a la Federación se calculó, cobró, enteró a la Tesorería de la Federación, registró en la contabilidad y presentó en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa aplicable.

⎯ Características de la revisión. La ASF practicó una revisión financiera y de cumplimiento que fue seleccionada en consideración de que el SAT ha reincidido en registrar indebidamente devoluciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto General a la Importación (IGI), y Derechos por Servicios a la Navegación Aérea, entre otros, en el rubro del DTA. De un universo seleccionado de 5 mil 541.6 millones de pesos se consideró una muestra de 5 mil 436.8 millones de pesos que representó 98.1% del total registrado como DTA. Las áreas revisadas fueron la Administración del Centro Contable (ACC) de la Administración General de Recaudación (AGR), la Administración Central de Contabilidad y Glosa (ACCG), así como la Aduana de Nuevo Laredo, dependiente de la Administración General de Aduanas (AGA); la Administración Central de Información y Estadística (ACIE) de la Coordinación de Solución de Negocios para la AGA, adscrita a la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI), todas ellas pertenecientes al SAT.



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⎯ Resultados relevantes de la revisión. Se determinó que el SAT registró indebidamente en el rubro de Derechos de Trámite Aduanero devoluciones en efectivo por 679.3 millones de pesos; tal procedimiento afectó en forma negativa el importe neto de los ingresos del DTA presentado en la Cuenta Pública 2006.

El SAT no proporcionó las memorias de cálculo, criterios y procedimientos para determinar el porcentaje del 92.0% de las contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Aduanera y la Regla 1.3.5 de la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. Con la revisión de una muestra de pedimentos de importación se observó que se consignan datos generales del importador o exportador, su domicilio fiscal, el país de origen de las mercancías, el tipo de mercancía, su valor y las contribuciones por pagar, entre otros, pero carece de un apartado para las contraprestaciones y su IVA. Se observó que el SAT no cuenta con manuales específicos para la operación del Sistema de Selección Automatizada, asimismo, se observó que no existen políticas o manuales que determinen las funciones de los usuarios del sistema ni especifican los puntos de confidencialidad, respaldo y aseguramiento de la información.


generaron 6 acciones, de las cuales 3 corresponden a recomendaciones y 3 a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. Cabe mencionar que una de las recomendaciones emitidas por la ASF está dirigida a la H. Cámara de Diputados para que “se revise y en su caso se presente la iniciativa correspondiente, a efecto de que se legislen las modificaciones que se estimen pertinentes al artículo 16 de la Ley Aduanera para que se reforme de fondo la recaudación, administración y operación de Derecho de Trámite Aduanero, a fin de que los recursos que se generen por ese derecho...se manejen estrictamente conforme a la naturaleza de ingresos públicos”.


de la muestra señalada, el SAT cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y registro de los ingresos del DTA de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación.


Auditoría Superior de la Federación emitió 6 acciones orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa; fortalecer los mecanismos de operación y control e impulsar reformas a la legislación.



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⎯ Comentarios de la UEC. Derivado de la negativa del SAT a proporcionar la

información relativa a la determinación y las bases de cálculo de los porcentajes de distribución de las contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Aduanera, debiera revisarse el dictamen de la ASF pues se estaría incumpliendo el objeto de la revisión.

Por otra parte, no obstante que la entidad fiscalizada incurrió en irregularidades como la que se refiere al no desglose del IVA y a la falta de manuales específicos para la administración, control y operación del Mecanismo de Selección Automatizada; y de que se negó diversa información solicitada por la ASF y se empeñó en seguirse registrando incorrectamente las devoluciones en el rubro del DTA (a pesar de que en la revisión de la Cuenta Pública de los años 2002, 2003, 2004 y 2005, se formularon recomendaciones para corregir dicha anomalía y de que prevalece dicha irregularidad), la ASF dictaminó que el SAT cumplió con las disposiciones normativas y legales. Sería pertinente que la ASF aclarara los criterios sobre los cuales sustentó el dictamen y si dio algún peso a las irregularidades descritas.

4.42 AUDITORÍA 06-0-06E00-02-349. SAT: “RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PAGOS DEL EJERCICIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES”.

⎯ Objetivo. Verificar que los ingresos se cobraron, enteraron a la Tesorería de la

Federación, registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, validar los programas de vigilancia implementados para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con los pagos del ejercicio, y que se aplicaron con eficiencia y eficacia.

⎯ Características de la revisión. La ASF realizó una auditoría financiera y de cumplimiento que fue seleccionada en atención al incremento de la recaudación del 90.6% respecto a la lograda en 2005. Asimismo, se consideró importante revisar los programas de vigilancia que se tienen implementados para verificar el cumplimiento de esta obligación fiscal. De los 52 mil 099.9 millones de pesos recaudados por Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por pagos del ejercicio de las Personas Físicas y Morales en el ejercicio 2006, se seleccionó una muestra que ascendió a 24 mil 259.8 millones de pesos. La auditoría se realizó en la Administración del Centro Contable (ACC), la Administración Local de Recaudación (ALR) del Centro del D.F. de la Administración General de



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Recaudación (AGR) y la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes (ACRGC) de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), adscritas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

⎯ Resultados relevantes de la revisión. Se verificó que los ingresos recaudados por concepto del ISR, Pagos del Ejercicio Personas Físicas y Morales, se registraron en la contabilidad y presentaron en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2006, de conformidad con la normativa aplicable. A fin de corroborar que los contribuyentes presentaron sus declaraciones del ISR y pagos definitivos en tiempo y forma durante el ejercicio de 2006, se realizaron pruebas a una muestra de 411 pagos por 14 mil 911.6 millones de pesos reportados por la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, y se constató que 353 pagos realizados por 13 mil 432.0 millones de pesos, se efectuaron en tiempo y forma, en tanto que 58 pagos por 1 mil 445.1 millones de pesos, se presentaron en forma extemporánea.


acción que correspondió a una recomendación.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que en términos generales, y respecto de la muestra señalada, el SAT cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las contribuciones por la Recaudación de Ingresos por el Impuesto Sobre la Renta, y a los Pagos del Ejercicio de las Personas Físicas y Morales efectuados de las operaciones examinadas.


Auditoría Superior de la Federación emitió 1 acción, orientada principalmente a promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa.


⎯ Comentarios de la UEC. En virtud de que la revisión cubrió todos los aspectos

derivados del pago del impuesto auditado, tales como el registro de los ingresos, la verificación del padrón de contribuyentes sujetos del impuesto auditado, la corroboración del cumplimiento oportuno, realización de pruebas al padrón, y la comprobación de que en el caso de la existencia de pagos extemporáneos se hubieran cubierto los accesorios y verificación de la operación en el control de las obligaciones fiscales, se considera que se cumplió con el objetivo de la auditoría. Queda por profundizar en el análisis de la evasión y elusión fiscales, la simplificación administrativa en materia fiscal y los esfuerzos institucionales realizados en materia de ampliación de la cobertura del padrón de contribuyentes, entre otros.



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4.43 AUDITORÍA 06-0-06E00-02-051. SAT: “IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE AGUAS, REFRESCOS, Y SUS CONCENTRADOS”.

⎯ Objetivo. Comprobar que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

(IEPS) de Aguas, Refrescos y sus Concentrados recaudado por el SAT, se determinó, cobró, registró en la contabilidad y presentó en el Informe de Avance de Gestión Financiera de 2006, en conformidad con la normativa aplicable.

⎯ Características de la revisión. La ASF realizó una revisión financiera y de cumplimiento que fue seleccionada en virtud de que en el Estado Analítico de Ingresos del Informe de Avance de Gestión Financiera de 2006, se reportó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de Aguas, Refrescos y sus Concentrados ascendió a 453.6 millones de pesos, y presentó una disminución de 66.6 millones de pesos, 12.8% menor al monto estimado por 520.2 millones de pesos para el periodo enero-junio de 2006. Como muestra de auditoría se seleccionó un monto de 20.3 millones de pesos que representó 4.5% del universo seleccionado, que fue de 453.6 millones de pesos.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. Se comprobó que en los Resúmenes de Ingresos Ley del primer semestre de 2006, se reportó una recaudación de 453.6 millones de pesos por concepto de IEPS de Aguas, Refrescos y sus Concentrados, monto que coincidió con el importe reportado en el Estado Analítico de Ingresos del Informe de Avance de la Gestión Financiera de 2006. De la revisión de un padrón de 29 contribuyentes de la ALR del Sur del D.F., se determinó que 16 contribuyentes no presentaron 83 declaraciones mensuales.


acciones, las cuales corresponden a promoción del ejercicio de comprobación fiscal.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que en términos generales, y respecto de la muestra señalada, el SAT cumplió con las disposiciones normativas aplicables al cobro, determinación, registro contable y presentación en el Informe de Avance de la Gestión Financiera de 2006 de los ingresos por el IEPS de Aguas, Refrescos y sus Concentrados.

⎯ Impacto de la fiscalización. Efecto estratégico. Como resultado de la revisión

practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 2 acciones orientadas a desalentar la evasión fiscal.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. “Es pertinente comentar que durante el

tiempo transcurrido desde la notificación del Informe de las Observaciones sobre la revisión del IAGF hasta su integración al IRRFSCP, el SAT presentó



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información para la atención de las acciones emitidas, según se muestra en el correspondiente apartado de “Seguimiento de Observaciones-Acciones”.

⎯ Comentarios de la UEC. Si bien la revisión arrojó un dictamen favorable, se

determinó que el 55.2% del padrón revisado incurrió en la omisión de 83 declaraciones mensuales, hecho que puede dar una idea del tamaño posible del perjuicio fiscal en un contexto de orden nacional. Cabe sin embargo señalar que la importancia de esta revisión es reducida, si se toma en cuenta el tamaño de la muestra del universo seleccionado (4.5%) que se concentró en un tipo de impuesto especial. En sentido estricto, es poco lo que se puede derivar para el trabajo legislativo de una revisión tan particular.

4.44 AUDITORÍA 06-1-06HKA-07-174. SAE: “EVALUACIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A CARGO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES”.

⎯ Objetivo. Evaluar los mecanismos que tiene establecidos el Servicio de

Administración y Enajenación de Bienes para controlar y dar seguimiento a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, en los que participa.

⎯ Características de la Revisión. La ASF practicó una auditoría de desempeño que fue seleccionada porque los fidecomisos, mandatos y análogos están identificados por la ASF como un área de riesgo y opacidad; por los importantes montos de recursos públicos federales que involucran; y porque se atiende, aunque de manera parcial, el Punto de Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la ASF con el que se solicita una auditoría integral respecto de las actividades del SAE. El universo y la muestra seleccionada corresponden al monto total por 27 mil 964.8 millones de pesos de los activos de los fideicomisos, mandatos y análogos en los que el SAE participó como coordinador directo en 2006. Las áreas revisadas fueron la Dirección Corporativa de Relación con Entidades Transferentes; la Dirección Corporativa del Proceso de Bienes; la Dirección Corporativa del Proceso de Cartera; la Dirección Corporativa de Operación; la Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria; y la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica y Programas Interinstitucionales.

⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. La ASF determinó que los fideicomisos,

mandatos y análogos están identificados como un área de riesgo y opacidad y debe revisarse su operación debido también a que involucran importantes montos de recursos públicos federales, tal es el caso de los fideicomisos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). La ASF constató que el SAE participó en un total de 2,419 figuras jurídicas en 2006, 41 figuras (1.7 %



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del total) le correspondieron como coordinador directo; de este total, en 29.3% fueron como mandatario, en 24.4% como cesionario, en 14.6% como administrador y en 12.2% como síndico, entre otros.

En el total de estas figuras operó activos por un monto total de 27 mil 964.8 millones de pesos, 35 involucran recursos públicos, 9 de estas últimas están registradas en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos y 26 se dieron de baja del sistema en 2006. En las que participó indirectamente sumaron 2,378 figuras jurídicas (98.3 % del total), su registro y control se realizó por medio del Sistema Informático Integral Fiduciario. Del total de figuras jurídicas administradas por el SAE, la ASF identificó 19 figuras coordinadas directamente con un capital crediticio por 15 mil 933.8 millones de pesos, donde sobresalen FIDERCA con 8 mil 630.5 millones de capital, BANRURAL con 4 mil 771.3 millones, BNCI con 1 mil 155.7 millones y FINA con 893.7 millones, dichas carteras se integran principalmente con créditos de alta morosidad y castigados o en trámite de recuperación jurídica. El SAE fue eficiente en las figuras que coordinó indirectamente, pero no fue así en las que coordinó directamente debido a que no contó con un sistema de información que permitiera realizar una función eficiente de fiscalización. La ASF señaló que no se realizó la evaluación de las figuras que el SAE coordina indirectamente, debido a que solo actúa como fiduciario.

⎯ Acciones Promovidas. La ASF emitió 1 observación que generó 1 acción, que

corresponde a 1 recomendación.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el SAE cumplió con las disposiciones normativas aplicables al control de las figuras jurídicas que coordinó, excepto por el resultado con observación.

⎯ Impacto de la Fiscalización. Como resultado de la revisión practicada, la

Auditoría Superior de la Federación emitió 1 acción, orientada principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control.


auditado.

⎯ Comentario de la UEC. Las figuras jurídicas coordinadas directamente por el SAE que merecen especial atención por el monto de activos manejados son el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, FIDERCA; y el Mandato Banrural para Cobranza y Fondo de Restitución, FORE. En estas figuras el SAE tendrá que acelerar su proceso de disolución o traspaso a otras instancias



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gubernamentales o privadas para su administración según sea el caso. Los activos podrían estar enfrentando una pérdida de valor, simultáneamente con un aumento de los costos de administración del SAE. Por ejemplo, en una revisión al Fondo de Pensiones de Banrural, la ASF encontró irregularidades en el padrón de derechohabientes, bases de datos no confiables y contratos de proveedores obtenidos mediante adjudicación directa. Las figuras jurídicas que administran carteras crediticias están disminuyendo el componente de activo de los créditos y aumentando la parte de control y resguardo. Por otro lado, intermediarios financieros (Sistema Banrural, FINA, BNCI) continúan posponiendo y ampliando sus fechas de los procesos de liquidación, con el consiguiente incremento en costos. En tal sentido, se requiere que el Congreso de la Unión formule e implemente, en coordinación con la ASF, una estrategia para que haya una revisión integral de los activos administrados por el SAE y se evalúe la procedencia de acelerar los procesos de liquidación, disolución, venta y/o transferencia de aquellos en los cuales se han extendido demasiado los plazos y están significando un elevado costo financiero y administrativo para las finanzas del gobierno federal.

4.45 AUDITORÍA 06-1-06HKA-06-324. SAE: “EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA BANRURAL”

⎯ Objetivo. Comprobar que las acciones realizadas en el avance del proceso para

concluir la disolución y liquidación del Sistema BANRURAL se ajustaron a la legislación y normativa.

⎯ Características de la revisión. La ASF practicó una auditoría especial en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo vigesimotercero transitorio del Decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, que mandata a la ASF para revisar el cumplimiento de las operaciones realizadas por el SAE en el proceso de liquidación del Sistema BANRURAL; y dar seguimiento puntual y periódico al proceso de recuperación de la cartera vencida de las sociedades nacionales de crédito que se liquidan. Se auditó una muestra de 270.8 millones de pesos del total de activos que presentan los estados financieros consolidados dictaminados del Sistema BANRURAL al 31 de diciembre de 2006 por 1 mil 701.3 millones de pesos. Las áreas revisadas fueron las direcciones generales adjuntas Jurídica; Fiduciaria; de Contabilidad y Sistemas; de Cartera y de Administración, Tesorería y Presupuesto del Sistema BANRURAL en liquidación, así como la Dirección Ejecutiva de liquidación de Empresas y la Dirección Ejecutiva de Bienes Inmuebles del SAE.



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⎯ Resultados relevantes de la revisión. No se informó en forma mensual del avance del proceso de desincorporación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), existiendo reincidencia en relación con la observación determinada en la Cuenta Pública de 2005. No se elaboraron las políticas, bases y programas generales que regulen la contratación del prestador de servicios de un tercero especializado para la preparación y colocación de la cartera de ex empleados del Sistema BARURAL, y se comprobó que existe reincidencia en relación con la observación determinada en la Cuenta Pública de 2005. Durante el ejercicio fiscal de 2006, el Sistema BANRURAL transfirió al SAE 220 bienes inmuebles y un paquete de 75,942 bienes muebles (55 lotes), de los cuales formuló 39 y 22 actas administrativas de entrega-recepción al SAE, respectivamente; sin embargo, no se tuvo la evidencia del resto de las actas por el total de los bienes transferidos, existiendo reincidencia en relación con la observación determinada en la Cuenta Pública de 2005. La Junta de Gobierno del SAE debió emitir lineamientos para la transferencia de bienes de comercio exterior y asegurados, y modificar los lineamientos relativos a la administración, destrucción y devolución de bienes y de los relacionados con bienes asegurados; sin embargo, el SAE a la fecha de revisión (diciembre 2007) no había emitido tales documentos. Durante el ejercicio fiscal de 2006 el SAE enajenó 75,942 bienes muebles y 82 inmuebles; sin embargo, en el proceso de la revisión se localizaron tres operaciones más, dos de licitación pública y una de adjudicación directa, por lo que hubo errores en los registros. En algunas licitaciones no se señaló el precio base de los inmuebles, por lo que no se aseguraron al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, y a la que obliga a incluir en las convocatorias cuando menos el precio base del bien. El informe de aplicación de recursos fiscales a diciembre de 2006 reflejó un saldo disponible de recursos fiscales por 963.8 millones de pesos, más la disponibilidad líquida por 39.7 millones de pesos, lo que arroja un saldo final de 1 mil 003.5 millones de pesos.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. Se emitieron 17 observaciones que generaron 31 acciones, de las cuales corresponden: 17 a recomendación y 14 a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en

términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reportó que el promedio de avance de la liquidación del Sistema BANRURAL, al 31 de de diciembre de 2006, fue del



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78.0%; las actividades administrativas tuvieron el mayor porcentaje con el 86.0%, y las actividades jurídicas el menor con el 73.0. Sin embargo, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas para los procesos de licitaciones públicas de cartera de crédito e inmuebles, adjudicaciones directas y subasta pública electrónica de inmuebles. Ello provocó discrecionalidad en la toma de decisiones y, como consecuencia, irregularidades en los procedimientos de enajenación de los activos del Sistema Banrural, en los que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes omitió evaluar el costo-beneficio de haber comercializado activos incosteables e incobrables, ya que los adjudicó conforme a las condiciones del mercado sin contar con un valor de referencia, a efecto de garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

⎯ Impacto de la fiscalización. Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 31 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa y fortalecer los mecanismos de operación y control.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. No se reportaron comentarios de la entidad fiscalizada.

⎯ Comentarios de la UEC. Es necesario que la ASF participe más activamente en

su recomendación acerca de que se formulen parámetros de medición cuantitativa del abatimiento de la cartera de crédito del Sistema BANRURAL, ya que se debe ir más allá de reportar su inexistencia y necesaria realización. Igualmente resulta prioritario establecer y monitorear sanciones estrictas para los funcionarios que violaron la normatividad durante los procesos de licitaciones y enajenación de activos. De la mayor importancia es crear mecanismos de fiscalización (juntos la ASF, el Congreso y el gobierno) que eviten en lo posible la reincidencia de las observaciones, en particular las acciones de discrecionalidad y omisión.

4.46 AUDITORÍA 06-1-06HKA-06-269. SAE: “EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR”.

⎯ Objetivo. Comprobar que las acciones realizadas en el avance del proceso para concluir la liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., se ajustaron a la legislación y normativa.



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⎯ Características de la revisión. Esta auditoría se seleccionó en cumplimiento del mandato que tiene la ASF de dar seguimiento al proceso de desincorporación mediante disolución y liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (BNCI), a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de liquidador, para evaluar el avance de las actividades encaminadas a concluir el cierre de la institución de banca de desarrollo. Asimismo, por la importancia que representa para el Gobierno Federal el costo de este proceso, que al 31 de diciembre de 2006 ascendía a 2 mil 218.3 millones de pesos. Las operaciones revisadas suman 204.5 millones de pesos, que representan 19.0% del universo seleccionado, de un universo de 1 mil 075.4 millones de pesos que corresponde a las operaciones realizadas en el ejercicio fiscal de 2006.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. Se realizaron cinco licitaciones

públicas nacionales para la enajenación de derechos dudosos de cobro de créditos y se observó que no se incluyó el precio base de los bienes a licitar ni se exhibió la evidencia documental que acreditara por qué se reservó el precio base. Se constató que cinco meses después de la venta de la cartera, el BNCI registró los 4 mil 948 créditos de su propiedad, cuyo valor en libros era de 112.3 millones de pesos, no obstante que en diciembre de 2006 registró el ingreso por la venta de esa misma cartera.

Se comprobó que el Padrón General de Bienes Inmuebles del SAE al 31 de diciembre de 2006, no se encuentra actualizado, en incumplimiento de la normativa. Se encontró que en diversas licitaciones no se incluyó el precio base de los bienes inmuebles objeto de las mismas, ni se exhibió la evidencia documental que acredite por qué se reservó el precio base en ambas licitaciones. En lo tocante a la licitación pública núm. DECBI 02/06 del 28 de febrero de 2006, se constató que los dos participantes que no se registraron en la lista de asistencia "Recepción de ofertas de compra" presentaron su respectiva oferta, sin que el SAE acreditara por qué recibió las ofertas fuera del horario señalado. En varias licitaciones, se constató que no obra evidencia documental de que el SAE hubiera analizado o evaluado las ofertas presentadas para cada inmueble conforme al valor de mercado que previamente hubiere determinado, a efecto de que se adjudicaran los inmuebles al participante que presentó la oferta más alta. El banco registró la enajenación de 9 de los 10 inmuebles que realizó el SAE a través de la licitación pública núm. DECBI 02/06, cuyo valor de venta ascendió a 24,2 millones de pesos, y se observó que el registro contable de las operaciones de venta se efectuó entre los 10 y 14 meses después de la fecha en que los ganadores cubrieron el 100.0% del valor de los inmuebles.



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Referente a la licitación pública núm. DECBI 09/06, se comprobó que del 21 de agosto al 13 de septiembre de 2006, 14 personas interesadas en adquirir los inmuebles compraron las bases de licitación en 1.5 miles de pesos cada una; sin embargo, la fecha límite para adquirir las citadas bases de licitación era el 10 de septiembre de 2006, por lo que después de la fecha límite, el SAE no debió vender las bases a cinco interesados. El SAE realiza desde 2005, procedimientos de subasta pública electrónica sin contar con un manual de procedimientos, políticas o mecánicas que regulen esta modalidad de venta. En la contabilidad del banco no se registró la totalidad de los inmuebles enajenados durante 2006, ni la oportunidad de los pagos. Finalmente, la Coordinación Jurídica del BNCI no supervisó los asuntos litigiosos encomendados a los abogados externos contratados, y los expedientes carecen de las constancias que acrediten el estado procesal de los asuntos.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. En resumen se emitieron 31

observaciones que generaron 35 acciones, de las cuales corresponden: 14 a Recomendación, 3 a Solicitud de Aclaración-Recuperación, 1 a Pliego de Observaciones y 17 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación considera que,

en términos generales y respecto de la muestra revisada, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, para los procesos de licitación pública de cartera de crédito e inmuebles, adjudicaciones directas y subasta pública electrónica de inmuebles. Entre los resultados con observación destacan la ausencia de políticas, bases y lineamientos para la venta de los bienes que debió emitir la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, lo que provocó discrecionalidad en la toma de decisiones.


Auditoría Superior de la Federación emitió 35 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. No se reportaron comentarios.



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⎯ Comentarios de la UEC. Esta auditoría generó un elevado número de observaciones que muestra ineficiencias operativas y de gestión del SAE, y revela que éstas son reincidentes. En lo general, el SAE no cumplió con las normas aplicables a las operaciones del proceso de liquidación que se examinaron, lo cual puede generar una deficiente práctica gubernamental por parte del ente fiscalizado.

Se genera en su lugar un circulo vicioso, en el que se emiten observaciones-acciones, las cuales posteriormente se van solventando, y en la revisión siguiente se generan de nueva cuenta las mismas observaciones, que después se van solventando y así sucesivamente. Para romper con este circulo, sería conveniente que la ASF realice una evaluación sobre la recurrencia de irregularidades en el SAE y que defina una estrategia consistente que posibilite su solventación junto con la corrección estructural de los procesos y/o deficiencias normativas causales, de manera que se dé un proceso de disminución consistente y efectiva de la recurrencia de irregularidades.

4.47 AUDITORÍA 06-1-06HKA-06-312. SAE: “EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S.N.C.”

⎯ Objetivo. Comprobar que las acciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para concluir la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. se ajustaron a la legislación y normativa.

⎯ Características de la Revisión. La ASF realizó una auditoría especial la cual se seleccionó por el costo fiscal de la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (FINA), que ascendió a 10 mil 779.6 millones de pesos, por la importancia de la liquidación de una banca de fomento que no obstante los apoyos fiscales recibidos perdió su capital y porque la Auditoría Superior de la Federación ha auditado el proceso de liquidación en las revisiones de las Cuentas Públicas de 2000 a 2005. La revisión comprendió la documentación relacionada con la conclusión del proceso de liquidación al 31 de agosto de 2006, con un universo de 13 mil 624.9 millones de pesos correspondientes a los recursos erogados en el ejercicio fiscal 2006, de los cuales se revisó una muestra de 12 mil 323.8 millones de pesos, que representan 90.4% del universo seleccionado. Las áreas revisadas fueron la Dirección Ejecutiva de Empresas del SAE y el Apoderado Legal de FINA.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. FINA liquidó la totalidad de sus obligaciones crediticias de 2002-2006, por un importe de 12 mil 305.3 millones de pesos ajustándose a la normatividad aplicable. El costo de la plantilla de FINA



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para 2006 fue de 1.2 millones de pesos mensuales, su costo de liquidación fue de 9.9 millones generándose una economía de 678.2 miles de pesos respecto a lo presupuestado, los pagos se efectuaron en tiempo y oportunidad. A la fecha de la revisión no se había constituido el fideicomiso para apoyar el pago del fondo de pensiones de FINA, en tanto se constituye, FINA trasmitió al SAE 915.3 millones de pesos para pagar pensiones y los derechos concomitantes al jubilado. Al 31 de agosto de 2006, el gasto corriente de FINA ascendió a 45.1 millones de pesos. La revisión comprobó que el ente revisado cedió a BANRURAL 81 créditos vencidos que importaron 18 mil 592.4 millones de pesos. Asimismo cedió otros 7 créditos vencidos en dólares cuyo monto ascendió a 946.7 millones de pesos. FINA constituyó una reserva preventiva de 100% sobre la cartera vencida. Se reportó la existencia de 47 juicios relativos a 81 créditos de la cartera vencida a cargo de los ingenios, de los cuales 20, es decir el 42% no tuvieron avance en su estado procesal y 27 juicios, el 57.4% restante tuvieron actividad en su proceso jurídico. Se reportaron variaciones en 16 juicios contra los ingenios deudores de FINA, comprobándose que el capital y los intereses vencidos se encuentran incluidos en la demanda. FINA entregó al SAE un remanente de liquidación por 164.1 millones de pesos. El costo fiscal de liquidación de FINA revelado por la ASF es de 19 mil 241.0 millones de pesos. Con la liquidación de la entidad al 31 de agosto de 2006 el capital contable arrojó un saldo de cero pesos. Todos estos procesos, incluida la comunicación del SAE a la Dirección General de Banca de Desarrollo de la SHCP de la conclusión del proceso de disolución de FINA, se ajustaron a la normatividad.

⎯ Observaciones-acciones promovidas. No emitió observación alguna.

⎯ Dictamen de la ASF. La Auditoría Superior de la Federación considera que el SAE cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las actividades relativas al proceso de liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., de las operaciones examinadas.

⎯ Impacto de la fiscalización. No se determinaron impactos de la fiscalización.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. No emitieron comentarios de la entidad

fiscalizada.

⎯ Comentarios de la UEC. Debido a la importancia de la operación objeto de la revisión, hubiese sido conveniente dar mayor integralidad al objetivo, ya que se seleccionó por el costo fiscal de la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (FINASA), que ascendió a 19 mil 241 millones de pesos, además de que



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perdió la totalidad de su capital a pesar de los apoyos fiscales recibidos. Es recomendable que la ASF realice un balance general sobre los procesos de liquidación recientes de la Banca de Desarrollo, en el que se establezca una agenda de fiscalización superior para prevenir los elevados costos fiscales que se han pagado por un mal funcionamiento de las entidades de desarrollo.

4.48 AUDITORIA 06-1-06HKA-06-720. SAE: “EVALUACIÓN DEL PROCESO UTILIZADO PARA EL DESTINO DE LOS BIENES DECOMISADOS”

⎯ Objetivo. Comprobar que el procedimiento y criterios adoptados para el destino

de los bienes decomisados se ajustaron a la legislación y normativa. ⎯ Características de la revisión. La ASF realizó una revisión especial que fue

seleccionada por la importancia que se le da a los bienes de comercio exterior que pasaron a ser propiedad del Gobierno Federal, así como los decomisados. Se revisaron 15 expedientes que implicaron la recepción de 297,339 bienes diversos que representan el 36.2% de los 821,466 bienes del comercio exterior recibidos por el SAE; 4 contratos de donación por 16,728 cajas; 258,031 kilos de ropa y calzado, la formalización de donaciones otorgadas y el cumplimiento de obligaciones pactadas en el contrato de donación; un informe detallado de la distribución de los bienes que le donaron. Se revisaron las direcciones ejecutivas de Administración de Bienes de Recepción y Destino de Bienes, y de Procesos de Bienes, y la Coordinación de Destino de Bienes, del SAE.

⎯ Resultados relevantes de la revisión. La ASF encontró infracciones a la normatividad en febrero de 2006 en la realización de una licitación pública para la enajenación de 100 inmuebles, en virtud de que en las bases de la licitación que fue publicada en medios de comunicación no se incluyeron los “precios base del bien”. La ASF determinó diferencias significativas en los registros del SAE de bienes provenientes del comercio exterior, entre los bienes registrados por el SAE y el propio padrón de bienes asegurados y decomisados.

En la revisión de 15 expedientes se constató que en 14 de las 15 actas de recepción de bienes provenientes de comercio exterior del SAE, no se acreditó la intervención de los OIC respectivos. En 10 actas de entrega-recepción de bienes al SAE no se estableció el valor de los bienes y no se acreditó inicialmente (sino a posteriori) la participación del OIC del SAE en 7 de los 10 actos de transferencia en infracción de la normatividad aplicable. También se encontró que el SAE registró salida a 4,863,334 bienes muebles y con el registro de la relación a ventas sólo se consignaron 260,000, por lo que se detecta una diferencia de 4,603,334 bienes. También se encontró que no se tiene un control de las donaciones ya que un solo registro incluye varios bienes y no el número



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de bienes donados. El SAE comenta que no es posible establecer un programa adecuado de donaciones ya que no sabe qué tipo de bienes recibirá, en monto, plazo y en qué condiciones se realizará esta transferencia.


generaron 8 acciones de las cuales corresponden: 6 a recomendación y 2 a promoción de responsabilidad administrativa y sancionatoria.

⎯ Dictamen de la ASF. La ASF considera que, en términos generales, y respecto

de la muestra revisada el SAE cumplió con las disposiciones aplicables a la administración de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación.

⎯ Impacto de la fiscalización. Como resultado de la revisión practicada, la ASF emitió 8 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables y fortalecer los mecanismos de operación y control.

⎯ Comentarios de la entidad fiscalizada. La entidad fiscalizada no emitió ningún

comentario. ⎯ Comentarios de la UEC. De la licitación pública de inmuebles decomisados en

administración del SAE, donde no se publicó el precio base del bien, se establece que esta irregularidad pudo haber generado beneficios sustantivos a algunos de los participantes, al dar lugar a una valuación incorrecta de los bienes. Asimismo, son preocupantes las deficiencias en los padrones de Bienes que registran las transferencias y el destino de dichos bienes, en virtud de que el SAE no comprobó la existencia de cantidades significativas de bienes existentes en sus registros. Se detectó que en algunas actas de entrega de bienes transferidos al SAE no se establece el valor de los bienes y se incurre nuevamente en una falta administrativa de acuerdo al manual de procedimientos, con el agravante de la ausencia del OIC en esos procesos de recepción de bienes. La cantidad de observaciones y acciones determinadas por la ASF en las revisiones al SAE, refuerzan la conveniencia de que el titular y los funcionarios de esa entidad fiscalizada informen de las acciones que están instrumentando para su solventación, expliquen las razones de la recurrencia de las observaciones y las acciones que corregirán estructuralmente las causas que la motivan.



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4.49 AUDITORÍA 06-1-06HKA-02-588. SAE: “EVALUACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL”

⎯ Objetivo. Verificar que la administración del Fideicomiso “Pensiones del Sistema

BANRURAL”, registrado por la SHCP, fue realizada en cumplimiento a las disposiciones legales; que su operación cumpla con la aplicación de políticas y lineamientos; y, verificar que los pagos de pensiones y servicios prestados por el fideicomiso se otorguen únicamente a los derechohabientes.

⎯ Características de la Revisión. La ASF practicó una auditoría del tipo financiera y de cumplimiento y fue seleccionada debido a que el padrón de derechohabientes del servicio médico no ha sido revisado ni depurado desde la constitución del fideicomiso en junio de 2003; que no se realizaron conciliaciones entre el área de servicio médico de las 12 SNC regionales contra los registros de la tesorería de BANRURAL; y que existen deficiencias en el registro de información de operaciones del fideicomiso. Se revisó una muestra de 5 mil 407.9 millones de pesos de un universo seleccionado de 21 mil 007.5 millones de pesos. Las áreas revisadas fueron las direcciones corporativas del Proceso de Empresas, de Relación con Entidades Transferentes y de Operación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la Dirección Fiduciaria de Nacional Financiera, S.N.C., y la Coordinación del Servicio Médico de BANRURAL, en liquidación.

⎯ Resultados Relevantes de la Revisión. La ASF determinó que el Sistema

BANRURAL no elaboró un manual operativo para regular los pagos de jubilaciones y pensiones; en el ejercicio fiscal de 2006, no se designó servidor público encargado de la vigilancia del cumplimiento de los fines del fideicomiso y de la correcta aplicación de los recursos, y fue nombrado hasta mayo de 2007; constató al cierre del ejercicio que el fideicomiso registró un saldo por 21 mil 007.5 millones de pesos.

Del saldo total, 87.3 % se invirtió en pagarés del gobierno federal, 12.4 % en papel gubernamental y 0.3 % en certificados bursátiles. La ASF encontró que en los 23 casos de nómina más importantes hubo elevados incrementos de jubilaciones que se justificaron por modificaciones a las pensiones originales y laudos a favor de los jubilados; asimismo, la transmisión de funciones al fiduciario NAFIN relativas al trámite de pagos no ha sido autorizado por el Comité Técnico del fideicomiso; en la autorización del presupuesto para atención médico-quirúrgica por 1 mil 745.3 millones de pesos, no se consideraron acciones tales como la calendarización física y financiera de los recursos, las unidades responsables, sus programas de apoyo administrativo y de inversiones y otras previsiones en materia de adquisiciones.



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La ASF comprobó que del presupuesto autorizado por 1 mil 745.3 millones, Banrural ejerció 1 mil 630.5 millones, de los cuales 1 mil 022.5 millones fueron para el pago de la nómina de pensiones y jubilaciones y 585 millones para la contratación de adquisiciones, entre otros; determinó también que las políticas, bases y lineamientos sobre adquisiciones no fueron emitidas oportunamente; que los servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios no fueron adjudicados por licitación pública en el caso de 3,430 proveedores, ya que se contrataron los mismos que sí licitaron en 2005, no obstante, no se comprobó que se hayan seleccionado los proveedores que ofrecieron las mejores condiciones. El Padrón de Derechohabientes del servicio médico no se encuentra debidamente integrado ni depurado, ya que se detectaron inconsistencias, falta de actualización de datos e insuficiente información de los beneficiarios; en las erogaciones de servicio médico, BANRURAL no proporcionó información de cuatro de las regiones: Centro Norte, Pacífico Sur, Golfo, Noreste e Istmo y el estado de Nayarit, argumentando que no cuentan con las bases electrónicas y que la información de los proveedores no es confiable; finalmente, los beneficiarios no cuentan con la documentación que los acredite como derechohabientes del servicio médico.

⎯ Acciones Promovidas. La ASF emitió 15 observaciones que generaron 18 acciones, de las cuales corresponden: 15 a recomendación y 3 a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.


de la muestra antes señalada, el SAE y NAFIN, cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al pago de pensiones y jubilaciones, de los beneficios al fallecimiento y de la atención médico, quirúrgica y farmacéutica, excepto por las observaciones que se indican en el informe.

⎯ Impacto de la Fiscalización. Como resultado de la revisión practicada, la ASF emitió 18 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa y fortalecer los mecanismos de operación y control.


auditado.

⎯ Comentario de la UEC. Los incumplimientos a la normativa aplicable en materia de pago de pensiones y jubilaciones es una constante en las entidades y dependencias de la administración pública que realiza esta función. Las irregularidades de mayor preocupación tienen que ver con la falta de controles internos que permitan una adecuada supervisión y vigilancia en la operación de estos recursos; la insuficiencia de información y bases de datos confiables tanto



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de los administradores como de los servicios de proveedores; las deficiencias y falta de actualización de los padrones de derechohabientes; así como la persistencia de realizar contratos con proveedores por adjudicación directa. Todos ellos son factores que debilitan las políticas de administración y ejercicio de los fondos de pensiones y jubilaciones, incrementando sus costos y haciendo difícil la definición de previsiones confiables de largo plazo sobre la constitución de reservas preventivas. Por ello, es relevante que la ASF contemple la posibilidad de realizar un mayor número de revisiones al sector de pensiones y jubilaciones que permitan integrar un diagnóstico global de las deficiencias y debilidades que enfrenta y que al propio tiempo realice propuestas estratégicas para conformar bases de datos confiables y procesos que mejoren su operación para que puedan ser discutidas en el Congreso de la Unión. El trabajo legislativo en este sentido, debe buscar orientarse hacia la realización de foros de discusión, promoción de trabajos de investigación académicos y de centros especializados en los temas, que permitan ir conformando una estrategia de largo alcance para crear sistemas integrales de pensiones y jubilaciones, sustentables financieramente en el tiempo.

4.50 SEPARATA: “DERECHOS DE TRÁMITE ADUANERO 1999-2006”. La separata constituye un informe relativo de la ASF sobre la fiscalización practicada de 1999 a 2006 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los Derechos de Trámite Aduanero (DTA). Documenta los resultados y los obstáculos que ha enfrentado la rendición de cuentas cuando los entes fiscalizados utilizan vehículos financieros en la forma de fideicomisos, generando discrecionalidad y opacidad en la gestión de los recursos públicos. Los resultados más relevantes de 7 años de continua fiscalización que reseña esta separata son los siguientes:

Resultados generales de la Rendición de Cuentas (impacto de la fiscalización)

⎯ La ASF formuló al ente revisado pliegos de observación por un monto de 9 mil 985.9 millones de pesos en el rubro de Derechos de Trámite Aduanero, de donde se derivaron devoluciones al Gobierno Federal (TESOFE) por Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Aduanas 1, en mayo y diciembre de 2005 por 1 mil 456.8 y 1 mil millones de pesos, respectivamente. Estas devoluciones significaron 24.6% del monto total de los recursos observados en los pliegos de observación formulados por la ASF.



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⎯ Con motivo de la Controversia Constitucional emprendida por el Gobierno en contra de los actos promovidos y los pliegos de observación formulados por la ASF (y la Cámara de Diputados) en sus revisiones de Cuenta Pública, la Corte decretó el 14 de agosto de 2006, insubsistentes las acciones e irregularidades detectadas por el órgano de fiscalización en el manejo de la recaudación de los Derechos de Trámite Aduanero. Esta resolución impidió recuperar (en adición a los 2 mil 456) 7 mil 529 millones de pesos. Ante ello, la Cámara de Diputados emprendió acciones para acceder y revisar las operaciones de los fideicomisos y de la empresa ISOSA, reformando la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en su artículo 2, fracción VI, y así dar facultades a la ASF en la revisión de fideicomisos.

⎯ La acción Camaral propició que la SHCP y la Secretaría de la Función Pública

(SFP) promovieran acciones para establecer un nuevo mecanismo de control a fin de transparentar el manejo y la rendición de cuentas de los recursos públicos federales que se aporten por cualquier concepto a fideicomisos constituidos. Así, el 20 de mayo de 2004, la SHCP instrumentó para el propósito del DTA la creación del fideicomiso de carácter público denominado "Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley aduanera" (FACLA) que sustituyó al Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8. No obstante que con los nuevos fideicomisos las recaudaciones obtenidas como contraprestaciones del DTA se enteran a la TESOFE, la ASF determinó que a partir de la constitución del FACLA y hasta 2006 se ha observado un conflicto de intereses en servidores públicos del SAT debido a que han destinado tiempo de sus actividades como funcionarios públicos a la administración del fideicomiso con carácter público pero que maneja recursos privados, sin estar facultados para ello, contraviniendo el marco normativo.

Antecedentes

⎯ En 1992, argumentando la necesidad de modernizar y eficientar el manejo

aduanal, la SHCP, mediante un proceso de licitación y asignación indebida otorgó a privados (ISSA) autorizaciones y contratos para prestar servicios de procesamiento electrónico relacionados mediante los DTA, por un periodo de 10 años. ISOSA surge en 1993 como una empresa proveedora de servicios de procesamiento electrónico de datos a la SHCP. Para fortalecer su gestión se le otorgó infraestructura de la propia SHCP en contravención a la normatividad aplicable.

⎯ En mayo de 1993, el Subsecretario de Ingresos dio instrucciones para transferir

al Fideicomiso Aduanas 1, núm. 1078-5, la totalidad del saldo por N$ 200,488,368.93 proveniente de los recursos sobrantes que se encontraban en el patrimonio del anterior Fideicomiso SHCP 1055-7 y que no se enteraron a la TESOFE, aun cuando por su origen eran recursos públicos.



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⎯ Para canalizar los recursos del DTA captados por la recaudación del sistema bancario mexicano de la porción destinada a los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, el Subsecretario de Ingresos de la SHCP, sin apego a la normatividad constituyó el fideicomiso con recursos públicos que indebidamente se incorporaron al patrimonio del Fideicomiso Aduanas núm. 1078-5, los recursos manejados por el DTA no se enteraron a la TESOFE, esto a pesar de que en los sucesivos convenios modificatorios se mantuvo la obligación de que los recursos del DTA debían concentrarse en la TESOFE.

⎯ El 28 de mayo de 1993, el Director del Fideicomiso Aduanas 1 núm. 1078-5

solicitó a la SHCP autorización para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos previstos. De esta manera se formó un fideicomiso privado formado por 12 empresas. Por instrucciones del Comité Técnico del Fideicomiso, NAFIN en su carácter de fiduciaria constituyó ex profeso a la empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V. (ISOSA), para que prestara los servicios de procesamiento electrónico de datos y los servicios de captura de datos, digitalización, equipamiento, comunicaciones y mantenimiento de equipo de cómputo. ISOSA se constituyó el 15 de junio de 1993, con un capital social fijo de N$ 1,000,000.00 M.N. y representada por NAFIN, que poseyó 999,999 acciones, y la empresa Integradora de Activos, S.A. de C.V., propietaria de una acción. De acuerdo con su composición accionaria, la ASF considera a ISOSA como una empresa de participación estatal mayoritaria ya que NAFIN, entidad paraestatal, posee 99.99% de las acciones de la sociedad, y tiene control absoluto sobre el Consejo de Administración; además, porque recibe sus recursos del Fideicomiso Aduanas 1 por los servicios del procesamiento electrónico de datos prestados que se derivan del Derecho de Trámite Aduanero.

⎯ La ASF detectó diversas Irregularidades en comprobantes fiscales por el pago de

servicios y falta de supervisión a las empresas contratadas, por ejemplo pagos del Fideicomiso Aduanas I a ISOSA (empresa integradora de servicios)

El proceso de rendición de cuentas

⎯ El manejo de los recursos de la DTA ha sido un acto de discrecionalidad y

opacidad de las autoridades hacendarias, infringiendo el artículo 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, el cual establece que todos los recursos recaudados por cualquier concepto se deberán enterar invariablemente a la TESOFE.

⎯ En el proceso que condujo a que la SCHP no enterara los recursos derivados de

los DTA y administrados por los fideicomisos, la ASF detectó diversas irregularidades normativas. Como se señaló anteriormente, en 1992 la SHCP invitó al sector privado para que participase en licitación pública para prestar los



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servicios de procesamiento electrónico de datos, el postor ganador fue ISSA, aun cuando no cumplió con los requisitos previstos en las bases de licitación, ni con la normativa de la Ley Aduanera.8 En ese año, el Subsecretario de Hacienda instruyó la transferencia al Fideicomiso Aduanas 1 núm. 1078-5 de la totalidad de los fondos líquidos, por N$200.5 millones de pesos que se encontraban en el patrimonio del Fideicomiso SHCP-ISSA núm. 1055-7, los cuales, en opinión de la ASF, debieron ingresar a la TESOFE pero nunca fueron enterados. A partir de esta fecha, los recursos del DTA comenzaron a enviarse al fideicomiso sin pasar por la TESOFE.

⎯ La ASF determinó que los recursos que integran los fideicomisos en comento

como el Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8 son públicos y a través de su fiscalización formuló los citados pliegos de observación. En contraste, la entidad fiscalizada consideró que los fideicomisos eran entidades privadas sujetas al secreto fiscal, en base a ello dio su negativa en primera instancia a la entrega de información solicitada por la ASF en las Cuentas Públicas 2001 y 2002. En adición a lo anterior el ente adujo que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación era inconstitucional, toda vez que no establece los periodos, tiempos o plazos con los que cuenta la auditoría para llevar a cabo sus atribuciones constitucionales, es decir, no establece las formalidades esenciales del procedimiento de la revisión. Con estos argumentos, entabló una controversia constitucional con el objeto de invalidar los citados pliegos de observaciones formulados por la ASF.

⎯ El 14 de agosto de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló

en contra de la Auditoría Superior de la Federación, por las irregularidades detectadas en el manejo de los Derechos de Trámite Aduanero (DTA), en la fiscalización de las cuentas públicas de 1999 a 2004, que totalizaban un monto observado de 9 mil 985.9 millones de pesos, que correspondían a los recursos depositados en Nacional Financiera, S.N.C., en el fideicomiso privado Aduanas 1, y que se utilizaron para pagar a la empresa privada Integradora de Servicios Operativos, S.A. de. C.V. (ISOSA) por la prestación de servicios para el procesamiento electrónico de datos y a 12 empresas que prestaban el servicio de apoyo al despacho aduanero. Este resolutivo propició que el Congreso modificara el marco legal de los fideicomisos con las consecuencias apuntadas anteriormente.

⎯ Los actos promovidos en la controversia constitucional, tenían por objetivo que

no se obligara al Poder Ejecutivo Federal por conducto del SAT a solventar las observaciones formuladas por la ASF y para que no se fincara ninguna responsabilidad resarcitoria a los servidores públicos considerados como responsables.

8ISSA carecía de los cinco años de experiencia requeridos prestando servicios de procesamiento electrónico de datos, pues se constituyó el 30 de julio de 1992,, a pesar de ello, el gobierno le otorgó un contrato de 10 años



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⎯ En observancia del fallo referido, la ASF dejó sin efecto las acciones promovidas a las que les afectó la resolución de la Controversia Constitucional. Por lo que respecta a las acciones a las que no afectó la resolución, se les da seguimiento a las ya notificadas; y de las acciones promovidas no notificadas se hizo lo propio.

⎯ En este informe la ASF señaló las intervenciones que tuvieron los distintos

órganos del Estado en la controversia. La Procuraduría Fiscal de la Federación consideró que los fideicomisos objeto de debate tienen carácter privado y no están sujetos a la normatividad aplicable para las entidades públicas, opinión manifestada por el procurador al Subsecretario de Ingresos de la SHCP el 17 de agosto de 1994.9 La Secretaría de la Función Pública por medio del Subsecretario B opinó que con los elementos disponibles, consideraba que el origen de los recursos que integran el patrimonio Fideicomiso Aduana I tiene carácter privado, ratificando esta opinión ante la ASF.10 Una base de la sustanciación de la SFP del carácter privado de los recursos que integran el patrimonio del Fideicomiso Aduanas es que este no aparece ente los fideicomisos públicos.

⎯ La ASF señaló entonces que resulta inexplicable por qué el 25 de julio de 2003

se dio de baja la clave del registro núm. 7000106300153 del Registro de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública Federal, donde se encontraba registrado el citado fideicomiso. Ni se explica tampoco el contenido del oficio núm. SCAGP/200/1399/ 2004 del 28 de octubre de 2004, emitido por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública informando a la Auditoría Superior de la Federación de la extinción del Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8, y que el Comité Técnico de dicho fideicomiso decidió practicar auditorías integrales a su operación desde el ejercicio de 2000 al 28 de octubre de 2004. y en cuanto al programa de extinción del Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8, se requirió la liquidación de los compromisos contractuales, la sustitución de servicios que prestaba Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V. (ISOSA), y que se consideraran los gastos inherentes a la liquidación del personal y otros compromisos que afectarían al remanente del saldo patrimonial, al cancelar la recepción de recursos por la entrada en vigor del artículo 16 de la Ley Aduanera y la creación del nuevo

9 La ASF, mediante el oficio núm. AECF/2577/2003 del 18 de diciembre del 2003, solicitó al Procurador Fiscal de la Federación que ratificara o actualizara su opinión respecto del contenido del oficio 529-II- 01-00063, sin que se obtuviera respuesta por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación. ISSA carecía de los cinco años de experiencia requeridos prestando servicios de procesamiento electrónico de datos, pues se constituyó el 30 de julio de 1992, a pesar de ello, el gobierno le otorgó un contrato de 10 años. La ASF, mediante el oficio núm. AECF/2577/2003 del 18 de diciembre del 2003, solicitó al Procurador Fiscal de la Federación que ratificara o actualizara su opinión respecto del contenido del oficio 529-II- 01-00063, sin que se obtuviera respuesta por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación. 10 La SFP en la respuesta a la ASF señaló que no conocía los antecedentes manifestados por el órgano fiscalizador según el cual en el oficio de la Subsecretaría de Egresos de 28 de mayo de 1993 se instruye a la fiduciaria NAFIN para que transfiera al fideicomiso Aduanas I, los recursos afectos al fideicomiso SHCP-1055-7 de 4 de septiembre de 1992, hecho que presuntamente indicaría que los recursos de ese fideicomiso son públicos. La SFP en su respuesta a la ASF fue cuidadosa al señalar que se opinión tiene un carácter consultivo y no jurídico. La ASF determinó que no haya ratificación jurídica de la SFP.



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fideicomiso público. Asimismo, dicha subsecretaría informó que, de acuerdo con la normativa, el remanente del patrimonio del fideicomiso se debería enterar a la TESOFE. Al respecto, la SFP se comprometió a mantener informada a la ASF sobre los resultados de estos procesos y proporcionar la documentación que en su caso procediera. Sin embargo, al cierre de la Cuenta Pública 2005 (marzo de 2007) la SFP no había informado a la ASF sobre el avance o conclusión de la extinción del referido fideicomiso.

⎯ De las cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias

promovidas por la ASF como resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005, el OIC en el SAT ha emitido pronunciamiento en tres y NAFIN en una, en términos de que no dispone de elementos suficientes para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio alguno en contra de servidores públicos señalados como presuntos responsables.

Reformas legislativas para el mejoramiento del marco jurídico de la rendición de cuentas (impacto de la fiscalización).

⎯ Con fecha 4 de abril de 2005 fue reformada la fracción VI del artículo 2 de la Ley

de Fiscalización Superior de la Federación, para dotar a la ASF de facultades en esta materia, con lo que quedó como sigue: VI. Entidades fiscalizadas: Los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales; los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

⎯ El Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos. o fiscales (contribuyentes) que involucren recursos públicos federales no podrán clasificar como confidencial la información relativa al ejercicio de dichos recursos. Las dependencias y entidades públicas invocaban el secreto fiduciario como fundamento para clasificar y, por ende, negar información relativa al uso de recursos públicos federales cuando su aplicación comprendía operaciones fiduciarias, bancarias y fiscales, por lo que a partir de la modificación del marco jurídico, los órganos gubernamentales que aporten o se beneficien de recursos públicos federales en fideicomisos, sean cuenta-habientes bancarios o contribuyentes fiscales, estarán obligados a entregar la información a la ASF.



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⎯ En pro de la transparencia y de la rendición de cuentas en materia de fideicomisos, y como resultado de la actuación de la ASF, el 30 de diciembre de 2005 fue derogado el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establecía: “Con salvedad de toda clase de información que sea solicitada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la violación del secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, incluso ante las autoridades o tribunales en juicios o reclamaciones que no sean aquellos entablados por el fideicomitente o fideicomisario, comitente o mandante, contra la institución o viceversa, constituirá a ésta en responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las responsabilidades penales procedentes”.

Situación actual

⎯ Derivado de los cambios al marco legal de los fideicomisos, de creó en

sustitución del Fideicomiso Aduanas I, el fideicomiso público FACLA. Y si bien los recursos que maneja se canalizan a la TESOFE, los funcionarios de Hacienda en el manejo del DTA incurren -de acuerdo a la ASF- en conflictos de interés derivado de actuar simultáneamente como funcionarios públicos y gestores privados, situación que aún persiste.

⎯ La ASF reveló que el importe de los ingresos recibidos por el fideicomiso público

FACLA (que opera con el nuevo marco legal) a partir de mayo de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2006 por la contraprestación de servicios previstos en el artículo 16 de la Ley Aduanera fue de 8 mil 887.7 millones de pesos, que generaron intereses por 612.7 millones de pesos, y efectuó gastos por 1 mil 342.2 millones de pesos, de los que en ese periodo sólo erogó 1 mil 339.7 millones de pesos, y registró un saldo de 8 mil 158.2 millones de pesos. Lo anterior se deriva en opinión de la ASF de la carencia de programas y deficiencias en la presupuestación de gastos para el pago de los servicios previstos en el artículo 16 de la Ley Aduanera.

Otros resultados de otras revisiones efectuadas por la ASF en las que se demuestra no haber mejorado la recaudación del SAT.

⎯ Como se aprecia en los resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas

por la ASF, el SAT, a pesar de los recursos que se han canalizado al Fideicomiso Aduanas 1, no ha logrado cumplir con las metas de recaudación ni con los objetivos planteados, entre los que están la modernización de los sistemas y el incremento de la captación del ingreso. En la revisión de las cuentas públicas 2002 y 2003 realizadas por la ASF al SAT para evaluar su eficiencia recaudatoria y el uso de recursos financieros obtenidos de fuentes diferentes del DTA, se detectaron ineficiencias en la recaudación del SAT en esos ejercicios en los que se evaluó su desempeño en las funciones de determinación, liquidación y



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recaudación de Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos Federales y de sus Accesorios, así como la Determinación y Verificación de Contribuciones en Materia Aduanera. Se concluye que la eficacia recaudatoria del SAT en materia de ingresos tributarios fue inferior en 9.7% a la programada en la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que se ubicó en el nivel de cumplimiento más bajo del periodo 1991-2002.

⎯ A pesar de que se destinan los recursos de las contraprestaciones establecidas

en el artículo 16 de la Ley Aduanera, y de que se pagaron los servicios de procesamiento electrónico de datos prestados a través de ISOSA, no ha habido cambios sustanciales en los sistemas informáticos para eficientar el control del padrón de contribuyentes, por lo que el SAT no cumplió los propósitos establecidos en el objetivo estratégico núm. 4 de su Plan Estratégico de 2002, enfocados en analizar y diseñar una base de datos que contenga la totalidad de los padrones, incorporar al padrón de recaudación a los omisos de la economía informal, estimar el universo de contribuyentes fuera del padrón, realizar operativos de campo para integrar contribuyentes y conformar el censo de contribuyentes asalariados y de trabajadores de campo.

⎯ “La labor del SAT para actualizar su padrón ha sido insuficiente, en virtud de que

el mismo no logra cubrir la población asegurada en IMSS, ni al número de trabajadores activos que aportan a las AFORES con el que tiene una diferencia de 4 millones 711 personas y mucho menos logra cubrir a la Población Económicamente Activa ocupada. Además, dicho registro está aún lejos del indicador previsto por el Banco Mundial que prevé que el SAT debe registrar 25 millones de contribuyentes para 2006”.

⎯ No fue posible determinar la oportunidad con que el SAT efectuó las

devoluciones a los contribuyentes, ya que la entidad fiscalizada no proporcionó la información requerida para el efecto y señaló que la estructura de la base de datos con que cuenta el SAT hace que sea compleja la demanda de explotaciones no planeadas, lo que denota que este órgano desconcentrado carece de un sistema de registro que le permita controlar, vigilar y verificar de manera ágil sus acciones en materia de devoluciones. Por lo que se refiere a los agentes aduanales, la Administración General de Aduanas carece de un registro histórico de ellos, y no se puede ubicar su distribución en las diferentes aduanas del país.

El SAT no ha cumplido adecuadamente con sus funciones a pesar de que se han destinado cuantiosos recursos del DTA para el pago de servicios a través del Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8 y de la empresa ISOSA, y de que ha recibido el financiamiento del Banco Mundial por 355 millones de dólares. Esto se ha visto reflejado en la falta de actividades de supervisión y control y de actualización de los sistemas de recaudación y de tecnología de la información.



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ANEXO 1

RESUMEN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2006

SEGÚN SECTOR, ENTE AUDITADO Y TIPO DE REVISIÓN



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ANEXO 2

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2006

SEGÚN SECTOR, ENTE AUDITADO Y TIPO DE ACCIÓN



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ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA ......COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL Análisis al Informe del Resultado