Balance Subsistema Anticorrupción

7/25/2019 Balance Subsistema Anticorrupcin

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Instituto de Defensa Legal

Pontificia Universidad Catlica del Per

Facultad y Departamento Acadmico de Derecho

BALANCE DEL SUBSISTEMAANTICORRUPCIN

A SEIS AOS DE SU CREACIN

(2000 - 2006)

Ronald Gamarra HerreraLilia Ramrez VarelaCruz Silva Del Carpio


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Justicia Viva es el proyecto que viene ejecutando el consorcio integrado porel Instituto de Defensa Legal y la Facultad y Departamento Acadmico deDerecho de la Pontifica Universidad Catlica del Per.

Manuel Villavicencio 1191, LinceTelfono: 6175700, anexo 233Correo electrnico: [email protected]: www.justiciaviva.org.pe

Lima, julio del 2007.

ISBN 978-9972-2862-8-5Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2007-07922

Diagramacin e impresin: Roble Rojo Grupo de Negocios S.A.C.Amrico Vespucio 110 COVIMA, La MolinaImpresin: 2,500 ejemplares.

Las opiniones expresadas en esta publicacin pertenecen a sus autores y nonecesariamente reflejan los puntos de vista de las instituciones que integranel Consorcio Justicia Viva.


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ADVERTENCIA

El Consorcio Justicia Viva es una institucin que se preocupa por el uso

de un lenguaje de gnero, que no discrimine o marque diferencias entre

hombres y mujeres. No obstante, al ser que no hay acuerdo entre loslingistas sobre la forma de hacerlo en nuestro idioma, y con la finalidad

de no ocasionar a veces la sobrecarga grfica que supondra utilizar enespaol o/a; el Consorcio ha optado por emplear en ocasiones el masculino

genrico clsico, entendiendo que dicho trmino representa siempre a

hombres y mujeres.


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ndice

Introduccin

Lucha contra la corrupcin y poderes ocultos

Antecedentes del subsistema anticorrupcin

Estado actual del subsistema y la lucha contra la corrupcin

Principales hechos anticorrupcin (2000 - 2007)

La labor de los magistrados y su jurisprudencia bajo la lupa

Algunos temas importantes

Conclusiones

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Conscientes de que la corrupcin que sedesarroll durante el Gobierno deFujimori no tena precedentes, y de queel Estado no contaba con los mecanismoslegales adecuados para enfrentar unproblema de criminalidad organizadadesde el poder y en la magnitud con laque se deba investigar, el Gobierno deTransicin al mando de ValentnPaniagua, primero, y de Alejandro

Toledo, despus, estableci un paquetede medidas anticorrupcin. As, desdefines del 2000 el Estado adopt una seriede acciones de contenido bsicamentepenal, que le permiti un manejocentralizado y ms eficiente de lasinvestigaciones.

De esa forma, durante el Gobierno dePaniagua y en buena parte de la

administracin de Toledo se hizo unesfuerzo indito contra la corrupcin: seincrementaron como nunca los nivelesde actuacin de los rganos de justicia yse reforzaron las posibilidades de eficaciade las investigaciones y procesos; y,

Introduccin

tambin como nunca, se iniciaroninvestigaciones a los implicados en losactos de corrupcin, entre los quefiguraron altos funcionarios del Estado.Claro que, a poco de andar, durante laadministracin de Toledo se hizoevidente un conjunto de limitaciones yerrores del subsistema creado, quefrenaron la accin anticorrupcin,desdibujaron lo bueno alcanzado y

reforzaron la sensacin de impunidadque el proceso buscaba reducir. Entreotros factores, increment esesentimiento el formalismo de fiscales ymagistrados, la ausencia de priorizacinde las causas que deban ser sometidas a

juicio oral, la lentitud de los operadoresde justicia en la resolucin de los casos(que incluso ha permitido a diversosprocesados alcanzar la prescripcin y la

clausura de la investigacin judicial), ladispersin de las imputacionesformuladas, la fragmentacin de los

juzgamientos, los fallos de la CorteSuprema que favorecieron a lacorrupcin, etctera.


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aparecieron las primeras denuncias einvestigaciones por actos de esta ndolecontra funcionarios de su administraciny de su entorno familiar, o cuando, haciafines del 2004 debilit a la ProcuraduraAd Hoc.

Por otro lado, el actual Gobierno delAPRA simplemente ignora la luchacontra la corrupcin fujimontesinista

(pero tiene muy presentes los doce votosde la bancada de la Alianza por el Futuroen el Congreso de la Repblica). No estentre sus prioridades y tampoco hablade ella. En el mensaje por el 28 de juliodel 2006, el presidente Alan Garca solohizo una dbil mencin al tema, nodefini una poltica estatal en estamateria y mantuvo silencio sobre laextradicin de Alberto Fujimori. En

adelante, con el argumento de evitar lapolitizacin de la solicitud peruana aChile, ha dejado de lado todopronunciamiento y gesto de reclamo delprfugo, con lo que ha puesto demanifiesto una falta de voluntad ycompromiso estatal con la extradicindel ex Presidente y una sospechosacoincidencia poltica con elfujimorismo. An ahora, cuando el juez

chileno Orlando lvarez ha fallado encontra de la extradicin del ex Presidentey prfugo de la justicia peruana, tampocose ha pronunciado.

A la sombra del APRA se ha activado unfuego cruzado al subsistema, as como acorrectos magistrados anticorrupcin, a

Pero el error fundamental del Estado enlos tiempos de Toledo fue no entenderque la magnitud de la corrupcinfujimontesinista era tanto resultado deun voraz apetito que privilegi losintereses personales de Fujimori,Montesinos y compaa, y de unaestrategia de perpetuacin en el poder,como producto de nuestra fragilidaddemocrtica y de un Estado estructuralmente

defectuoso. Ello explica por qu Toledo notuvo la visin de reformar el Estado yeliminar los elementos institucionalesque favorecen las prcticas corruptas, yel por qu insisti, ms bien, en laadopcin de medidas de carctercoyuntural y de casi nico contenidorepresivo. Y explica, tambin, por qudurante la administracin de Toledo nose elabor o ejecut una poltica pblica

en esta materia, as como no se alent laconstitucin de un organismo central quelidere el combate contra este flagelo.

En todo caso, el apoyo poltico del Gobiernode Toledo a la lucha anticorrupcin seresinti cuando, por ejemplo,

Fuente:Diario La Repblica, 2/9/2006.


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quienes desde las tribunas parlamentariay poltica se tilda de inconstitucionales ya quienes se les imputan supuestosexcesos, tropelas, persecucinpoltica y la instrumentalizacin de la

justicia con propsitos arbitrarios.

De hecho, la administracin apristatampoco ha cuestionado los distintosfallos que, en los ltimos meses y desde

fuera del subsistema anticorrupcin, hanamparado bajo consideracionesdeleznables peticiones de quienes yafueron vencidos en juicio y tienen lacondicin de reos rematados. En efecto,desde julio del 2006 la va del hbeascorpus ha sido transitada con regularidadpor procesados y condenados en elsistema anticorrupcin, que hanconseguido que otros rganos de la

justicia intervengan en la revisin dedecisiones jurisdiccionales que, enalgunos casos con carcter definitivo,fueron pronunciadas en procesosseguidos por la comisin de delitos decorrupcin, y que, incluso, se declare sunulidad. A modo de ejemplo podemossealar la decisin del 26 de julioexpedida por el vigsimo juzgadoespecializado en lo penal de Lima a favor

de Alejandro Rodrguez Medrano; laresolucin del 3 de agosto del 2006dictada por el cuadragsimo noveno

juzgado penal de Lima a favor de LuisFederico Salas Guevara Schultz; y laresolucin del 22 de agosto del mismoao acordada por el vigsimo quinto

juzgado penal a favor de Csar Almeida

(confirmada el 16 de octubre por la sextasala especializada en lo penal paraprocesos con reos libres).Pese a que tales resoluciones afectandirectamente los intereses del Estado,ste prefiere guardar un perfil bajo ysilencioso.

Para enfrentar las crticas por su inaccinante la corrupcin fujimorista, desviar la

atencin y presentar una imagen distinta,el APRA ha creado una procuradurapara investigar al Gobierno de Toledo, alque el abogado del Estado, Ros Patio,califica como ms corrupto que el deFujimori.

Hoy en da, no obstante que se reconocela tesonera labor de determinados fiscalesy magistrados anticorrupcin, as como

la expedicin de especficos fallosverdaderamente importantes (casoFARC, por ejemplo), resulta exageradohablar de lucha contra la corrupcin. Elpaso del tiempo, las limitaciones de larespuesta del Estado, los cambios en elescenario poltico luego de las eleccionesde junio del ao pasado y la falta deapoyo poltico aprista a la persecucinde la corrupcin, han terminado por

debilitar el mensaje y la accin oficialcontra ella. De la cruzada emprendida afines del 2000 solamente queda elrecuerdo, el cada vez ms solitarioempeo de contados magistrados y ladbil denuncia de pequeos sectoressociales.


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La vigilancia ciudadana, en una empresademocrtica como la de la luchaanticorrupcin, no slo es importantesino tambin imprescindible, sobre todocuando (como es nuestro caso) lasautoridades no aportan el impulso pol-tico necesario, o cuando los magistradosresuelven injustificadamente a favor dela corrupcin, a espaldas de la vistapblica y la crtica ciudadana (como

tambin es nuestro caso). Por ello, elConsorcio Justicia Viva nuevamentepone a su alcance el balanceanticorrupcin, esta vez, haciendo unexamen de los seis aos de su creacin,poniendo hincapi en la comprensin delo que significa la lucha contra lacorrupcin y los poderes ocultos, losantecedentes del subsistema, el estadoactual de su desarrollo, la labor de los

magistrados y algunos temasimportantes, entre los que figura elestado de la extradicin de AlbertoFujimori. Los mismos, son autora deRonald Gamarra Herrera, Lilia RamrezVarela y Cruz Silva Del Carpio; quienesa su vez agradecen el aporte de Inti VidalFelip y Julio Avellaneda Rojas.

Al igual que en balances anteriores, el

presente documento ha sido elaborado

en formato preferentemente grfico(cuadros y esquemas), a fin de hacercomprensible al ciudadano de a pie lascifras, muchas veces poco legibles, dematerias como la ahora tratada. Cabemencionar que la mayora de los datospresentados (algunos del 2007) son dediversa fecha al 2006, debido a la falta deinformacin adecuada que debieran

brindar las inst ituciones de justicia:

diversa data no estaba elaborada,publicada o actualizada. Consecuenciade ello, por ejemplo, es que no se hapodido conocer cuntas sentenciasanticipadas de los casos anticorrupcinse han dictado. El sistema de justicia debemantener una informacin actual ypblica, no slo para que a partir de ellaubique problemas y erija polticasadecuadas; sino porque al ser la

administracin de justicia un serviciopblico y, sobre todo, al ser la luchacontra la corrupcin un fin de primerorden (tal como lo ha sealado el TribunalConstitucional), el conocimiento porparte de los ciudadanos sobre cmo seviene administrando es una exigenciapara el Estado.


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Algunas precisiones

La corrupcin, aquella actividad definidacomo la utilizacin de las funciones ymedios de las instituciones (pblicas oprivadas) en provecho propio, ya seaeconmico o de otra ndole,1o como elabuso del poder (pblico) en beneficioprivado,2 es un mal generalizado,universal.

Este fenmeno se halla presente ensociedades de distinto signo poltico oideolgico, de diversa cultura y devariado desarrollo econmico; y su efectopernicioso y devastador para el desarrollosocial se hace sentir con mayor fuerza yextensin en las ltimas dcadas. A decirdel Banco Mundial, el costo de lacorrupcin se sita alrededor del 7% de

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN YPODERES OCULTOS

(Importancia de la presencia de controles contra la corrupcin)

la economa mundial anual, es decir,

unos 2,3 billones de dlares.

Se indica que: [] la corrupcin y laimpunidad debilitan las institucionespblicas y privadas, erosionan la moralde los pueblos, atentan contra el Estadode Derecho y distorsionan las economasy la asignacin de recursos para eldesarrollo.3

Numerosos especialistas (socilogos,psiclogos, abogados, economistas,etctera) analizan este tema desde susperspectivas, tratando de encontrarsoluciones al problema que, en mayor omenor medida, ha tocado sus realidades.

Aunque es fcilmente verificable que noexiste una frmula universal para luchar

El poder tiende a corromper, el poderabsoluto corrompe absolutamente

Lord Acton

1Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola.2Exposicin de Julian Laite, Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaa (sin fuente).3Declaracin de Nuevo Len, Cumbre Extraordinaria de las Amricas, enero del 2004.


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contra la corrupcin,4

y menos unprocedimiento que pueda aplicarse a unpas como el nuestro, lo que s se tiene esuna frmula admitida a escala mundialrespecto de cmo nace la corrupcin. Lallaman la ecuacin de la corrupcin,yse expresa constantemente en estostrminos:

comprobacin de que se sigueproduciendo en niveles alarmantes, loque merecera una actuacin rpida,efectiva e intachable de las institucionespblicas para reducirla a su mnimaexpresin, en caso de no eliminarla.

Lo cierto es que la lucha contra esteflagelo siempre ser difcil, pues lacorrupcin se alimenta de la existencia

de poderes ocultos (econmicos,polticos, militares y sociales), la falta denormas de transparencia y la presenciade instituciones judiciales dbiles, conpoca capacidad de respuesta ante eldelito, y principalmente con la mermadaindependencia para hacer frente al poder.Y aunque luchar contra la ilegalimposicin de poderes ocultos, buscar laverdad y la transparencia e implementar

reformas de los sistemas de justicia sontareas muy difciles y complejas, deninguna manera resultan utpicas. Es undeber de los Estados y, como tal almenos en el caso del Per, representauna deuda pendiente cuyo cumplimientola poblacin est en la obligacin deexigir.

5Calsamiglia, Albert:Cuestiones de lealtad. Barcelona: Paids, 2000, p. 20.

Monopolio de poder

+Discrecin

Calsamiglia menciona, con razn, que esen las dictaduras cuando este trinomioalcanza su mxima potencia (lo que esde fcil constatacin en el Per, con unejemplo tan cercano como el de Fujimoriy Montesinos). Sin embargo, el mismo

autor indica que estos hechos tambinse producen en las democracias y,lamentablemente, de forma muyextendida.5

Por eso, es importante sealar que no esnovedad que la corrupcin nodesaparezca con la llegada de lademocracia. Lo preocupante es la

Corrupcin =

4Lo que s existen son medidas estndar como: (i) reforma en los sectores pblicos; (ii) mecanismos detransparencia; (iii) fortalecimiento de la capacidad de investigacin y persecucin penal; (iv) reformaslegales en reas como: financiamiento de campaas polticas, enriquecimiento ilcito, licitaciones,etctera; y, (v) reformas estructurales que faciliten la coordinacin entre distintos organismosgubernamentales (vase Klitgaard. Robert, Estrategias a nivel nacional e internacional para reducirla corrupcin, en: AA. VV. Corrupcin Pena y Estado. Revista latinoamericana de poltica criminal, ao 1, NBBAA, editores del Puerto, 1995.

Rendicin de cuentas


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Lucha contra la corrupcin: Panoramainternacional

Ante el avance de la corrupcin y unacierta mayor preocupacin internacionaly ciudadana por el tema, los Estados sehan visto obligados a adoptar medidaspara hacerle frente.

Diversos pases han emprendido

campaas de represin, con distintonfasis, enfoque y duracin, y no siemprecon xito. Ciertamente, la experienciaconcreta ms conocida es la italiana:Tangentopoli y mani puliti(actuacin delos fiscales de Miln, ao 1992 enadelante, que deriv en la investigacinacerca de 3 mil funcionarios y dirigentespolticos, entre ellos Giulio Andreotti yBettino Craxi).

En pocas pero importantes situacionesse ha llevado a los tribunales e impuestosentencias a altos funcionarios deGobierno, incluidos ex presidentes de larepblica. As, por ejemplo, debeconsiderarse el caso del ex mandatariode Nicaragua Arnoldo Alemn (1997-2002), condenado a veinte aos de prisinen diciembre del 2003 por la comisin de

los delitos de lavado de dinero, fraude,peculado y otros (transferencia de 10millones de dlares provenientes defondos pblicos a sus cuentaspersonales).

Claro que los esfuerzos no siemprepermiten combatir la corrupcin yeliminar la impunidad. La Repblica deVanuatu (llamada antiguamente NuevasHbridas) es un ejemplo de ello. Elanterior primer ministro, Barak Sope, fuesentenciado en el 2002 a tres aos deprisin por falsificar garantasgubernamentales. Sin embargo, un aodespus fue elegido para ocupar un

escao vacante en el Parlamento. Y,lamentablemente, el presidente AlfredMaseng Nalo fue elegido en el 2004mientras cumpla una sentenciasuspendida por corrupcin.

Los Estados han suscrito un conjunto deconvenios y acuerdos internacionalespara promover la lucha anticorrupcin.Entre ellos,la Convencin Interamericana

Contra la Corrupcin, aprobada por laOrganizacin de los Estados Americanos(OEA) el 29 de marzo de 1996 (vase elcuadro 1); y en el mbito de las NacionesUnidas se ha aprobado la designacin dela seora Christy Mbonu, en calidad deRelatora Especial encargada de la tareade preparar un estudio amplio sobre lacorrupcin y sus repercusiones en elpleno disfrute de los derechos humanos,

en particular de los derechoseconmicos, sociales y culturales(Decisin 2002/106, 14 de agosto del2002, de la Subcomisin de Promocin yProteccin de los Derechos Humanos).


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Convencin InteramericanaContra la Corrupcin

Cuadro 1Principales convenios de lucha contra la corrupcinexistentes en el mundo

Asamblea General OEA 29/3/1996

Convenio relativo a la lucha contralos actos de corrupcin en los queestn implicados funcionarios delas Comunidades Europeas o de losEstados Miembros de la UninEuropea

Consejo de la UninEuropea 26/5/1997

Convenio sobre la lucha contrael soborno de los funcionariospblicos extranjeros en lastransacciones comercialesinternacionales

Organizacin deCooperacin yDesarrollo Econmicos

21/11/1997

Convenio de derechopenal sobre la corrupcin

Comit de Ministrosdel Consejo deEuropa

27/1/1999

Convenio de derecho civilsobre la corrupcin

Comit de Ministros delConsejo de Europa

4/11/1999

Convencin de la UninAfricana para prevenir ycombatir la corrupcin

Jefes de Estado y deGobierno de la Unin

Africana

12/7/2003

29/9/2003(entr en vigor)

31/10/2003

Convenio rganoFecha de

aprobacin

Asamblea General ONU

Asamblea General ONUConvencin de las Naciones UnidasContra la Corrupcin(Resolucin 58/4)

Convencin de las NacionesUnidas Contra la DelincuenciaOrganizada Transnacional


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En los ltimos aos se ha modificado enparte el rgimen legal, inclusoconstitucional, para reprimir comodelitos frmulas y modalidades desoborno, coima y enriquecimiento ilcito,y para extender los plazos de prescripcino declarar la imprescriptibilidad del delitode corrupcin (en el tema de laimprescriptibilidad son particularmenteimportantes las modificacionesintroducidas en las constituciones de

Venezuela y el Ecuador).

Adems, se han variado las legislacionespenales de ciertos pases con el propsitode castigar a sus nacionales por sobornara funcionarios de otros Estados, y se hanadoptado decisiones orientadas a impedirdescontar de sus impuestos los sobornospagados en el extranjero.

Los organismos multilaterales, como elFondo Monetario Internacional (FMI) yel Banco Mundial (BM), han aprobadoacciones contra la corrupcin en susoperaciones en pases no desarrollados.

Ninguna de esas medidas, sin embargo,ha logrado detener el avance de lacorrupcin. Y, ciertamente, no todos losestados han realizado serios esfuerzos porcombatirla, a tal punto que diversos

pases no cuentan con polticas pblicasanticorrupcin, carecen de un organismocentral que lidere el combate contra esteflagelo y no pueden o no quierenenfrentarlo. Por lo dems, en el escenariointernacional los estados no parecen estardispuestos a promover y concretarfrmulas ms imaginativas y radicales,

como por ejemplo la aplicacin delprincipio de jurisdiccin universal enmateria de delitos de corrupcin y elestablecimiento de un tribunal penalinternacional.

Lucha contra la corrupcin: Panoramanacional

En el Per no es novedad sealar que lacorrupcin es un fenmeno extendido.

Existe una primera clase de corrupcinque puede ser denominada menuda yque afecta a los ciudadanos en su tratocotidiano con el Estado. Y hay tambinun segundo tipo que se refiere a aquellacometida desde las altas esferas del poder.Una y la otra hacen de la corrupcin unade las principales causas de la falta delegitimidad del Estado frente a losciudadanos.

La idea de que las autoridades no buscanel bien comn sino el suyo propio es unaopinin pacfica entre los ciudadanos. Lacantidad de actos de corrupcin que losperuanos observan en su contacto conel Estado, y el poco inters de lasautoridades por enfrentarlos, no hacenms que reforzar esta imagen.

Desde una perspectiva sociolgica,

puede decirse que la corrupcin vigentea lo largo de nuestra historia republicanaes el resultado del mal funcionamientodel Estado y la falta de sistemas de controly vigilancia efectivos, y que fuefacilitada por el predominio deregmenes autoritarios y la frgilinstitucionalidad democrtica (Enrique


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Bernales dixit). En tal virtud, esacorrupcin histrica no es una merasuma de hechos aislados o de escndalosde momento, nunca o casi nuncasancionados. Es, ms bien, un tramadode actos relacionados con un Estadopatrimonialista y clientelista.

Segn Alfonso Quiroz, reconocidohistoriador econmico, en momentos dealta corrupcin (Echenique, Legua,

Fujimori) el monto de esta puede llegarhasta un 5% del PBI, mientras que enpocas de menor corrupcin podracomprometer el 2% o 3% del producto.Estos clculos indicaran que, porconcepto de corrupcin histrica, el Perha perdido anualmente entre 30% y 50%de sus posibilidades de desarrollo.6

Hoy da, segn datos oficiales, el 15% delpresupuesto se pierde por corrupcin enel gasto del Estado: No tenemos cifrasconcretas, pero eso es lo que olemos []y se debe fundamentalmente a lascompras estatales;7 el 60% del montoeconmico de contrataciones de bienesy servicios del Estado se realiza pormedio de mecanismos de adjudicacinde menor cuanta y adjudicacin directaselectiva;8por lo tanto, son contratos queno se publican, lo que constituye un

campo propicio para actos de corrupcin.Segn Transparencia Internacional,organismo que se encarga de la lucha

contra la corrupcin en el mbitomundial, el Per se encuentra en elpuesto nmero 68 en el rnking de lospases ms corruptos del mundo;mientras que, en el plano interno, lapercepcin del ciudadano promedio esque nuestras instituciones son corruptas,y el peruano tolera ciertas modalidadesde corrupcin.

Claro que en las escasas y excepcionales

oportunidades en las que se pretendihacer algo contra la corrupcin, jamsse pens en reformar el Estado y eliminarlos elementos institucionales que lafavorecen. Por eso, nunca hemoscontado con una real poltica o estrategiaanticorrupcin.

Esta corrupcin casi nunca fueinvestigada. La verdad, la justicia en elPer ha demostrado, una y otra vez, queno est acostumbrada a tratar conpoderosos ni con fenmenos decriminalidad compleja como los quedeban ser investigados. As nos lorecuerdan, por ejemplo, los resultados dela revisin de la escandalosasobrevaloracin de los crditos departiculares contra el Estado en tiemposde Echenique, el balance del Tribunal deSancin Nacional sobre la corrupcin

leguiista y la ahora lamentableinsuficiencia de la propuesta represivacontra la corrupcin fujimontesinista.

6Quiroz, Alfonso: La corrupcin en el Per: Una larga historia, en Revista Punto de Equilibrio, ao 12,n 82. Lima, agosto del 2003.7Genaro Matute, contralor general de la Repblica, diario El Comercio,Lima, 26 de enero del 2004.8Tanaka, Martn y Roxana Barrantes: Aportes para la gobernabilidad democrtica en el Per: Los

desafos inmediatos, en La democracia en el Per. Lima: PNUD, 2002.


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Creacin del subsistema antico-rrupcin

Poder Judicial

El subsistema penal anticorrupcincumpli seis aos de vida en febrero del2007. Es lejana (y ajena), ahora, la emisinde la importante resolucinadministrativa 024-2001-CT-PJ (El

Peruano, 1/2/2001), mediante la cual elConsejo Transitorio del Poder Judicialautorizaba al presidente de la CorteSuperior de Lima, en ese entonces eldoctor Sergio Salas Villanueva, a crear seis

juzgados y una Sala Penal SuperiorAnticorrupcin, con el fin de: []atender adecuadamente los procesos yainstaurados y los que se instauren comoconsecuencia de las investigaciones que

se estn realizando en diversos nivelesen torno del ciudadano VladimiroMontesinos Torres (artculo 1 de lareferida norma).

El mximo rgano del Poder Judicialjustificaba la creacin de estas instanciasanticorrupcin por la complejidad y laespecial extensin de lo que entonces secrea que era un solo gran caso:Montesinos y sus secuaces. Pues elhecho de haberse abierto investigacionesen el Ministerio Pblico ysimultneamente en los juzgadospenales, incluyendo el dictado de ms de

160 medidas limitativas de derecho, y lainvestigacin de ms de 500 personas porel Congreso de la Repblica, laProcuradura General y el MinisterioPblico, explicaba que: [] antesituacin semejante y en respeto alclamor ciudadano, el Poder Judicialatienda adecuadamente esa cargaprocesal especial y extraordinaria, a finde tomar las provisiones de un nmero

suficiente de magistrados y personalauxiliar, as como de condiciones detrabajo adecuadas y, en particular, deseguridad personal y local para la debida

ANTECEDENTES DEL SUBSISTEMAANTICORRUPCIN


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custodia de los medios probatorios enespecial de los vdeos grabados (cuartoprrafo de la resolucin).

eran rpidamente atendidas. Al dasiguiente de la autorizacin dada alPresidente de la Corte Superior de Limaya se estaba nombrando a los seis jueces9

encargados de iniciar las investigacionesa la mafia (resolucin administrativa 047-2001-P-CSJL/PJ. El Peruano, 2/2/2001),y un mes despus se conformaba laPrimera Sala Penal Anticorrupcin,integrada desde siempre por las vocales

Ins Villa Bonilla e Ins Tello de ecco, ytambin por el ahora presidente de laSegunda Sala Anticorrupcin, RobertoBarandiarn Dempwolf (resolucinadministrativa 047-2001-P-CSJL/PJ. ElPeruano, 2/2/2001).

Ministerio Pblico

La Fiscala y la Polica Anticorrupcin

fueron las instancias legales que, en uninicio, tuvieron el ms importante yarduo trabajo luego del destape de estared de corrupcin: conforme a sumandato constitucional, aquella era lainstitucin encargada de perseguir eldelito y, por ello, de impedir la fuga delos implicados, as como incautar laspruebas, testimonios e indicios contra losprocesados.

Debido a esto, incluso antes de loscambios y reacomodos judiciales, elMinisterio Pblico y el Congreso de laRepblica autorizaban, creaban y confor-

Fuente:Diario La Repblica, 2/2/2006.

Con la promulgacin de esta norma seterminaba de componer un subsistemaque haba empezado a nacer meses antes,

con la creacin de una ProcuraduraAnticorrupcin y de las fiscalasespecializadas en el mismo tema. Todoesto, sin mucha conciencia de lasautoridades: recordemos que fue AlbertoFujimori Fujimori, en calidad dePresidente, quien contrat a los primerosprocuradores anticorrupcin, en undesesperado acto por desvincularse delos delitos imputados a Montesinos.

En el 2001, con Valentn Paniagua comoPresidente y al comps de la emisin delos vladivideos, uno ms sorprendenteque otro, las medidas contra la corrupcin

9Integrados entonces por ngela Bscones Gmez-Velsquez, Jimena Cayo Rivera- Schreiber, MarcoAntonio Lizrraga Rebaza, David Loli Bonilla, Luz Snchez Espinoza y Sal Pea Farfn.


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maban seis fiscalas provinciales antico-rrupcin10(resolucin administrativa 020-2000-MP-FN. El Peruano, 15/11/2000), yla fiscal de la nacin, Nelly CaldernNavarro, designaba a un fiscal superiorcoordinador: Pablo Snchez Velarde (ley27380. El Peruano, 21/12/2000 yresolucin administrativa 25-2001-MP-FN. El Peruano, 10/1/2001), para que seencargasen de la investigacin,

persecucin y acusacin de los actos decorrupcin producidos durante unadcada y que eran revelados a diario.

A decir del Ministerio Pblico, lassucesivas denuncias presentadas contraVladimiro Montesinos Torres por lapresunta comisin de delitos en agraviodel Estado y la sociedad: []indicabanla necesidad de acumular las

investigaciones existentes y las que seinicien como consecuencia de nuevasdenuncias y, dada la gravedad ycomplejidad de los hechos denunciados,designar a fiscales especializados en estostemas (primer prrafo de la resolucinadministrativa 020-2000-MP-FN).

Procuradura Anticorrupcin

Para esto, la Procuradura Anticorrup-cin ya haba sido creada por AlbertoFujimori, quien nombr comoprocurador a Jos Ugaz Snchez-Moreno (resolucin suprema 240-2000-

JUS. El Peruano, 3/11/2000) yposteriormente, como procuradoresadjuntos, a Luis Vargas Valdivia, Csar

Azabache Caracciolo y Ronald GamarraHerrera.

En muy poco tiempo, del puntual yespecfico mandato conferido a estegrupo de procuradores lainterposicin de acciones legales contraVladimiro Montesinos por los delitos deenriquecimiento ilcito en agravio delEstado (artculo 1 de resolucin

suprema 240-2000-JUS) pasamos a unotorgamiento de potestades ms ampliaspor las que, primero, se autoriz a estosa interponer acciones legales contraMontesinos y otros que resultenresponsables de delitos de corrupcin yms (artculo 1. de la resolucin suprema241-2000-JUS), para, finalmente,

10 Integradas entonces por Ana Magallanes Corts, Flor de Mara Alba Lpez, Alejandro EspinoMndez, Rosa Guzmn Reyes, Mara del Pilar Salazar Ventura y Eliana Ibrico Hidalgo.


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Grfico 1

Organigrama general del subsistema anticorrupcin

conseguir una tercera ampliacin quecomprendera los actos realizados porAlberto Fujimori, ya prfugo del Per(resolucin suprema 133-2001-JUS. ElPeruano, 24/3/2001).

rganos no creados, pero queintegran el subsistema anticorrupcin

La sucesin de las atribucionesconcedidas a este equipo profesionalofrece luces de cmo se inici la luchacontra la corrupcin en el pas: de formapoco ordenada. Recurdese aquellacoyuntura, marcada por un Presidenteque alistaba su fuga, el inicio de unGobierno de Transicin y sin una rutatrazada de las acciones por tomar.

Fuente:Diario La Repblica,23/12/2004.

rganos que se crean para instaurar el subsistema anticorrupcin

Elaboracin: Consorcio Justicia Viva.

Ministerio

Pblico

Poder

Judicial

Fiscalas Supremas

ProcuradoraAn ti co rr up cin

AD HOCPolica Nacional

Poder Ejecutivo

Fiscalas SuperioresAn tic or ru pc in

Fiscalas ProvincialesAn tic or rupc i n

Salas SuperioresAn tic or rupc i n

Juzgados PenalesAn tic or rupc i n

Salas Supremas

INPE


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21

Ello explica por qu, pese alpreponderante rol que tendran en losprocesos anticorrupcin (vase el grfico1), no se incluye dentro de las medidasde mejora, especializacin y cambio deinstancias a las salas penales ni a lasfiscalas supremas. Esta situacincondujo, ms tarde, a una esquizofrnicalnea de decisiones judiciales por la que,extraamente, importantes decisiones de

las salas superiores fueron ilegalmentedesatendidas y dejadas de lado a favorde los procesados.

No obstante esta cantidad de normas queotorgaban, ampliaban y reducanpotestades, que cambiaban y trasladabanautoridades, y otras medidas ms ymedidas menos, el inicio resultabaalentador, pues la lectura era clara: las

autoridades estaban decididas a afrontartamaa crisis moral, poltica y socialadoptando disposiciones para que losdelitos cometidos no quedaran impunes.

Normatividad anticorrupcin

Segn el informe de la Iniciativa NacionalAnticorrupcin (INA),11 los actos decorrupcin ocurridos en el Per en la

poca fujimorista no tuvieronantecedentes en nuestra historia, demodo que configuraron una situacin deinestabilidad en las instituciones polticasy un empobrecimiento moral y materialde la nacin, y significaron el paso de unacorrupcin sistemtica institucional aquella actividad regular y generalizadaen la que se hace caso omiso de losprocedimientos y las responsabilidades

formales otorgadas en los mbitosinstitucionales y en las organizacionesa una corrupcin sistmica la ejercidadesde el ncleo central del Gobierno, quemodifica, adapta y subordina la actuacinde los distintos espacios del Estado enfuncin de sus necesidades dereproduccin.12

As, una de las principales funciones del

Gobierno fujimontesinista fue crear unared corrupta que les permitiera actuarcon libertad y buscar la manera deperpetuarse en el poder.

A decir del citado grupo de trabajo, enla dcada 1990-2000 los involucradosllegaron a constituir una red decorrupcin sin precedentes en el pas. Elcentro de la corrupcin se traslad pues

11Grupo de trabajo integrado por Monseor Miguel Irzar, Antonio Blanco, Cecilia Blondet, CarlosCastro, Pablo Checa, Margarita Giesecke, Baldo Kresalja, Humberto Lay, lvaro Rey de Castro,Mnica Snchez, y Jorge Santistevan; y creado, mediante resolucin suprema 160-2001-JUS (El Peruano,11/4/2001), con el objeto de ejecutar un plan de trabajo para el diagnstico y diseo de polticas delucha contra la corrupcin. Sobre todo, teniendo en cuenta que la lucha contra la corrupcin constituyeuna necesidad nacional y un mandato urgente que el Gobierno asume, con elfin de iniciar una etapade restauracin democrtica y de acciones eficaces contra la impunidad (considerandos de la resolucinde creacin).12Cfr.INA: Documentos de trabajo. Un Per sin corrupcin.Lima: INA-MINJUS, 2001, p. 5.


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22

del mbito administrativo-institucional(corrupcin sistemtica) al ncleo delpoder poltico, de manera que lasiniciativas delincuenciales provinierondesde el mismo centro de poder delEstado, a travs del Ejecutivo y losservicios de inteligencia (corrupcinsistmica).13

En tal virtud, las rpidas disposiciones

adoptadas en el nivel organizativo de lasinstituciones del sistema de justicia noresultaban suficientes para enfrentar unaagrupacin delictiva como la descrita.Ello oblig a tomar un conjunto demedidas legislativas que contribuirancon los actores judiciales en el sostn detan delicados y complejos procesos.

Normas penales sustantivas, procesales y

de ejecucin

La primera instancia en darse cuenta deesta necesidad fue la ProcuraduraAnticorrupcin, que tuvo un rolpreponderante: arm un conjunto dedispositivos que ayudaran a encontrarms rpidamente a los principales

cabecillas de la organizacin criminal querigi al pas. El Congreso, pese a sumayora fujimorista, no tuvo otraalternativa que aprobar la famosa Ley deColaboracin Eficaz.14A estas normas seacogieron personajes que aportaranimportantes pruebas contra losprincipales procesados, entre los quesobresalan, sin duda, Matilde PinchiPinchi, Javier Corrochano Patrn, James

Stone Cohen, los hermanos Samuel yMendel Winters, entre otros.

Junto con esta legislacin, se emiti otroconjunto de normas penales procesalesque buscaban dar celeridad, eficiencia ycontinuidad a los procesosanticorrupcin, que empezaban apresentar los mismos vicios que afectaban(afectan) a los dems juzgados, salas y

fiscalas: el uso y abuso de las leyes porparte de los inculpados ocasionaban ladilacin de las causas, situacinocasionada en parte a lo inadecuado delas normas, pero tambin por la falta devisin y excesivo formalismo con los quetrabajan muchos de los magistrados denuestros rganos de justicia.

13Cfr. ibd.,pp. 8 y 9.14Ley 27378, de colaboracin eficaz (El Peruano, 21/12/2000). Posteriormente el Ministerio Pblico y elPoder Judicial emitiran dispositivos que coadyuvaran a lograr los fines de esta norma: Resolucin defiscala 070-2001-MP-FN, que aprueba instrucciones de orientacin sobre los delitos respecto de losque se establece beneficios de colaboracin eficaz en el mbito de la criminalidad organizada ( ElPeruano, 23/1/01); y decreto supremo 020-2001-JUS, que aprueba el reglamento de medidas deproteccin de colaboradores, vctimas, testigos y peritos a las que se refiere la ley 27738 (El Peruano, 7/7/2001).


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23

Grfico 2

Legislacin penal anticorrupcin promulgada desde el 2001

Fuente: Diario oficialEl Peruano yAA.VV.:Lucha anticorrupcin:Urgente necesidad de enmienda. Lima: Justicia Viva, 2005, pp. 26-28.

As, por ejemplo, se emiti la ley 27994,15

que modific un conjunto de artculosdel Cdigo de Procedimientos Penalescon el fin de abreviar el informe final del

juez instructor; la ley 2810516, que buscabaampliar de oficio el mandato dedetencin en los delitos de naturalezacompleja con ms de diez inculpados; yla ley 28117,17de Celeridad y EficaciaProcesal, que intentara reducir la carga

procesal y buscaba neutralizar lamaniobras dilatorias de los procesados.

Respecto de las modificaciones enmateria de ejecucin penal, estas

introdujeron un rgimen ms rigurosode los beneficios penitenciarios porejemplo, redujeron los beneficios de losaltos funcionarios que tenan laprerrogativa de la acusacinconstitucional.18 Es necesario subrayarque todas estas normas, aunque generalesy abstractas por definicin, comocualquier otra ley, estaban sin dudadestinadas a facilitar las investigaciones

en los procesos contra la organizacindelictiva fujimontesinista.19

En total, como muestra el grfico 2, seemitieron veintitrs normas penales con

15El Peruano, 6/6/2003.16El Peruano,21/11/2003.17El Peruano,10/12/2003.


19Igual opinin sobre este tema presentan otros estudios (vase Protica: Informe del estado de la lucha

anticorrupcin en el Per, 2002-2004. Lima: Protica, 2005, pp. 32 y 33).

18Sobre el tema revisar las leyes 27770 (El Peruano, 28/6/2002) y 28088 (El Peruano,11/10/2003).


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24

el fin de fortalecer los procesos contrauna mafia gestada durante ms de diezaos. Las normas penales sustantivasfueron 7; las normas procesales (fuera dela aprobacin del nuevo Cdigo ProcesalPenal), 13; y las leyes referidas al sistemade ejecucin penal, 3.

Normas de sostenimiento del subsistema

Si bien el sustento de este subsistema nofue algo que preocupara al principio alas autoridades, pronto se dieron cuentadel esfuerzo que implicara elsostenimiento de estas instancias y de unnuevo ente como la ProcuraduraAnticorrupcin.

Por ello, junto con la normatividaddirectamente vinculada a la situacin de

los procesados anticorrupcin, seemitieron leyes referidas al mantenimientodel subsistema de lucha contra lacorrupcin. As, en octubre del 2001 secre el Fondo Especial deAdministracin de Justicia del DineroObtenido Ilcitamente (FEDADOI),20

cuya ley destinaba el dinero recuperadopor el subsistema e ilcitamenteobtenido por los procesados a los

actores encargados de sostener estascausas.

Aunque en primer trmino, de acuerdocon lo sealado por su norma decreacin, este Fondo estaba destinado ados fines principales (el mantenimientode la Procuradura Anticorrupcin y laconstruccin del Penal de PiedrasGordas, local que estara destinado a

gran nmero de los encausados por estetipo de delitos), posteriormente seemitieron otras normas que incluancomo beneficiarios al Poder Judicial, alMinisterio Pblico y al INPE.21

Este Fondo tena por finalidad establecerreglas claras para una adecuadadistribucin del dinero recuperado de lamafia; y, a su vez, buscar el fortalecimiento

del subsistema. Como se ver, hasta lafecha no ha habido ao que no ingresedinero al FEDADOI (vase el grfico 3);incluso en la poca en que menos dinerorecibi esta reserva (ao 2003) se tuvoms de tres millones de dlares eningresos. Aun as, no se puede decir queeste haya sido invertido principalmenteen el subsistema anticorrupcin, comolo veremos ms adelante.

20Vase decreto de urgencia 122-2001, que crea el FEDADOI (El Peruano,28/10/2001).21Vase decreto de urgencia 025-2002 (El Peruano,24/5/2002).


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25

Grfico 3Ingreso de dinero al FEDADOI ao por ao

Fuente: Resumen de ingresos y egresos del FEDADOI, del 23/11/2001 al 15/2/2007. En: .Elaboracin: Consorcio Justicia Viva.


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26


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27

La creacin del llamado subsistema

anticorrupcin fue un intento importantepor establecer una poltica contra lacorrupcin. Muy pocas veces en lahistoria del pas desfilaron ante lasautoridades judiciales personajes de altopoder militar, poltico, social yeconmico. Incluso la opininespecializada nacional e internacionalcoincidi en que el caso del Per fuenico en cuanto al proceso de sancin a

quienes formaron parte o estuvieroninvolucrados en hechos demegacorrupcin.22

Sin embargo, esta situacin sui gneris,que en su momento sorprendi a nuestraan oligarca y conservadora nacin,acostumbrada a que el todopoderosomaneje a su antojo los aparatos judicialeso a que, a partir de mal entendidasinmunidades polticas, se omita el pesode la ley, est en franca decadencia.Aunque no hay duda de que ste es,histricamente, el intento msimportante para combatir la corrupcinde manera coherente y sistemtica, falt(falta) mucho por hacer.

Ahora la lucha contra la corrupcin

obedece solo a iniciativas personales y alas de un grupo de sacrificadasmagistradas y magistrados, pues lavoluntad del Gobierno, al trmino de latransicin, se torn dbil, mnima eincluso inexistente.

En lneas generales, se ha intentadocombatir casos concretos de corrupcin,con una limitada perspectiva criminalista

y represiva. Y, valgan verdades, con unapobre legislacin que, en muchos casos,no fue adecuadamente aplicada por losactores judiciales, con normas dispersas,carentes de sistematizacin, orientadas

bsicamente al sector pblico y con penasbastante benignas.

Con la poca informacin actualizada yorganizada que se ha podido reunir, hay

que decir que, a seis aos de lucha contrala corrupcin fujimontesinista, son muypocos los procesos anticorrupcinterminados, y mnima la cantidad depersonas que purgaron condena por susactos delictivos.

ESTADO ACTUAL DEL SUBSISTEMA Y DE LALUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

22Cfr. Protica, op. cit., p. 27.


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28

Cuadro 2

Principales estadsticas anticorrupcin

Concepto Cantidad

Nmero de procesos

Nmero de procesados

Nmero de condenados

Nmero de rganos jurisdiccionales

Nmero de sentencias firmes

Duracin promedio de casos terminados

Pena mxima impuesta

Dinero repatriado

Concepto Cantidad

246

1 743

87

15

40

34 meses

20 aos*

173 954 043.00

Concepto Cantidad

*Pena impuesta a Vladimiro Montesinos Torres por el trfico de armas a las FARC, que, sin embargo,falta ser confirmada en segunda instancia. Informe de la Procuradura Anticorrupcin, diciembre del2006, y pgina web de la Procuradura, febrero del 2007.Elaboracin: Consorcio Justicia Viva.

Sobre los rganos jurisdiccionales

A lo largo de la vida del subsistemaanticorrupcin, la institucin que mscambios ha sufrido en la organizacin yconformacin de sus integrantes es el

Poder Judicial, pues al 2001 solo existanseis juzgados anticorrupcin y una SalaEspecial (la llamada Sala A).

Ahora, tal como muestra el grfico 4,existen seis juzgados anticorrupcin(habiendo otros seis creados pero sinimplementarse ni conformarse) y seis

salas, aparte de los rganos de la CorteSuprema.


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29

Grfico4

Organigramadelsubsistem

aanticorrupcinenelPod

erJudicial

CORTESUPREMA

RogerSalasGamboa

(Pr.)

CsarSanMartnCastro(T)

VctorPradoSaldarria

ga(T)

HugoPrncipeTrujillo(P)

PedroUrbinaGanbin

i(P)

Hugo

SivinaHurtado(Pr.)

Robinso

nGonzlesCampos(T)

Jos

LecarosCornejo(T)

RalValdezRoca(P)

Hugo

MolinaOrdoez(P)

PedroUrbinaGanbini(P)

Integrad

apor3miembrosdela

Sala

PenalPermanente

SALAPENALPERMANENTE

CO

RTESUPERIOR

VOCALASDEIN

STRUCCIN

SALA

PENALESPECIAL

1SALAPENALTRANSITORIA

JavierVillaStein(Pr.)

DuberlRodrguezTineo(P)

JorgeCaldernCastillo(P)

MartirSantosPea(P)

HctorRojasMarav

(P)

2SALAPENALTRANSITORIA

InsVilla(Pr.)

InsTello(P)

HildaPiedra(T)

RobertoBarandiarn(Pr.)

JosdeVinatea(P)

NormaFarfn(P)

(Pr.)Presidente

(T)VocalTitular

(P)VocalProvisional

PrimerJuzgado

MagalyBscones(T)

SegundoJuzgado

AissaMendoza(T)

TercerJuzgado

JorgeBarreto(T)

Qu

intoJuzgado

Anton

iaSaquicuray(T)

JUZGADOSPENALESESPECIALES

JosNeyra(Pr.)

ManuelCa

rranza(P)

CarlosMa

nrique(P)

AldoFigueroa(Pr.)

RafaelMenacho(P)

AvigailColquicocha(P)

5SALASUPERIOR

4SALASUPERIOR

3SALAS

UPERIOR

2SALASUPERIOR

1SALASUPERIOR

ElviaBarrios(Pr.)

RicardoBrousett(T)

DorisRodrguez(P)

IvnSequeiros(Pr.)

LuisN

apa(P)

OscarLen(T)

SextoJuzg

ado

CarolinaLizrraga(T)

6SALAS

UPERIOR

CuartoJuzgado

RafaelVela(T)

Fuente:CorteSuperiordeJusticiadeLima(al2dejuliodel2007),OficinadeImagenInstitucionaldelPoderJudicial.

Elaboracin:ConsorcioJusticia

Viva.

*Sibienhansidocreados12juzgadospenalesespeciales,cabemen

cionarquesloseencuentran6enfuncionamiento.


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30

Sobre los procesos anticorrupcin

Como se ve en el grfico 5, cuando fuecreado (2001) el subsistema contaba yacon 43 casos, y a fines del 2006 lleg a 246causas. Lamentablemente, estos grficosdemuestran que el ritmo de avance delsubsistema ha sido lento, pues luego deseis aos de lucha anticorrupcin solotenemos 40 casos cerrados.

Si se analiza el conjunto de estadsticasque se presentan a continuacin (vanselos grficos 5, 6, 7, 8 y 9), se aprecia quelos procesos en trmite (aquellos quetodava se encuentran en etapa deinvestigacin preliminar y que no entran

a juicio oral) son la mayora. As, si enel 2003 y el 2004 tenamos 117 causas, enel 2005 estas aumentaron a 167(crecimiento que se debe a que en esapoca se abrieron nuevasinvestigaciones, producto de lasconfesiones sinceras y nuevas pistasaportadas por el curso de los juiciosorales23), mientras que en el 2006 secuenta con 168 procesos.

En tanto, las causas en etapa de juiciooral y con sentencia son pocas. Adiciembre del 2006, solo 16% de procesosestaban terminados, contra 84% deprocesos pendientes (vase el grfico 6).

Grfico 5

Avance de los procesos, ao por ao

23Vase AAVV., Lucha anticorrupcin: Urgente necesidad de enmienda, op. cit.Lima: Justicia Viva, noviembredel 2005, p. 63; en sta se indica que en el 2005 se iniciaron 18 nuevos procesos.

Fuente: Informes de la Procuradura Anticorrupcin, julio del2004, julio del 2005, agosto y diciembre del 2006, y.Elaboracin: Consorcio Justicia Viva.

Ao 2001

4367

137143

217

246

Ao 2002

Con sentencia firme Con sentencia en apelacin En trmite

Ao 2003 Ao 2004 Ao 2005 Ao 2006

4362

12 12

26

38

3 200

117 117

167

168


31/87

31

Grfico 6

Nmero de procesos pendientes y terminados,

a diciembre del 2006

Fuente: Informe de la Procuradura Anticorrupcin, diciembre del 2006.

Grfico 7

Nmero de procesos segn etapa judicial


Fuente: Informe de la Procuradura Anticorrupcin,diciembre del 2006.Elaboracin: Consorcio Justicia Viva.

En trmite

206

84%

Con sentencia firme

40

16%

En juicio oral26

(11%)

Con sentencia

en apelacin38

(15%)

Con sentenciafirme

40(16%)

En instruccin142

(58%)


32/87

32

Grfico 8

Nmero de procesos segn etapa y rgano judicial

Para analizar la grave mora que manejan

las autoridades anticorrupcin en torno

de las causas, tambin hay que tener en

cuenta que un gran nmero de estos

procesos han sido llamados complejos,sea por el tipo de delitos que procesan

(narcotrfico, asociacin ilcita para

delinquir, violacin de derechos

humanos), sea por el nmero de

procesados involucrados (que en algunos

casos llegan a ms de 50, como en los

procesos de trfico de armas a las

FARC, falsificacin de firmas de Per

2000, interceptacin telefnica, entre

otros). A esto hay que sumar que muchasveces son los mismos inculpados los que

han buscado dilatar sus juicios mediante

el uso abusivo de las leyes, con el fin de

beneficiarse de la prescripcin de sus

delitos o de la obtencin de la

Fuente: Informe de la Procuradura Anticorrupcin, diciembre del 2006.Elaboracin: Consorcio Justicia Viva.

Total: 246


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33

excarcelacin por exceso de prisinpreventiva, en el caso de delitos que

ameritan altas condenas.24

No obstante ello, los principales

responsables por estas dilaciones sonlos

propios magistrados (jueces y fiscales),

pues la excesiva formalidad en el uso de

las leyes, la poca imaginacin y la falta

Grfico 9

Duracin promedio de los procesos


24En esta materia se ha pronunciado el Tribunal Constitucional para dejar sentado cundo es que losprocesados pueden salir con estos beneficios (vase Caso Berrocal Prudencio, sentencia 2915 2004-HC,

del 23/11/2004).

de apoyo material y humano (peritoscapacitados en temas especficos como

narcotrfico, anlisis contables,

especialistas forenses, entre otros temas)

han ocasionado que las taras permanentes

del sistema de justicia se reproduzcan en

el subsistema con terribles consecuencias

(vanse los grficos 9 y 10).



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34

Procesados

Decamos que una caracterstica

importante de los casos relacionados con

el subsistema es el alto nmero de

procesados. En los dos grficos siguientes

se puede observar el aumento de estos

ao a ao dentro del subsistema

anticorrupcin.

Sacando un promedio de cuntos

procesados tendra cada caso, en relacin

con el nmero de causas que existen,

encontraremos que en cada proceso

anticorrupcin habra 7 inculpados, un

nmero alto si se compara con lo que

Grfico 10Duracin promedio de los procesos, segn instancia judicial

*No existe ningn proceso con juicio oral en juzgados.**Sobre la base de 9 procesos de un total de 10.Fuente: Informe de la Procuradura Anticorrupcin, diciembre del 2006.Elaboracin: Consorcio Justicia Viva.

normalmente se presenta en el Poder

Judicial.

Por otro lado, si bien no se cuenta con

informacin actualizada de la condicin

jurdica de los procesados, si retomamos

la informacin del 2005 nos percataremos

de que la mayora de los implicados

(48%) no purga pena privativa, sino que

estn bajo mandato de comparecencia;

solo 14% tiene mandato de detencin, y

8% arresto domiciliario.25 Por esta razn,

dista de la verdad el sealamiento de que

tenemos un sistema anticorrupcin

excesivamente inquisitivo.

25VaseAAVV.:Lucha anticorrupcin: Urgente necesidad de enmienda, op. cit. , p. 69.

Procesos en juicio oral *

Procesos con1 sentencia

Procesos con sentencia firme

Juzgados Corte Superior Corte Suprema


35/87

35

Grfico 11Nmero de procesados y proceso por ao, 2000-2006

Fuente:Procuradura Anticorrupcin, agosto y diciembre del 2006.En: .

Grfico 12

Nmero de procesados por ao, 2000-2006

Fuente: Procuradura Anticorrupcin, agosto y diciembre del 2006. En:.



2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

246

243

213

152

137

67

195

43

897

1743

1776

1492

1401

1312


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36

Las salas superiores antico-rrupcin

Sin duda, los principales protagonistas

de la lucha contra la corrupcin durante

estos seis aos han sido los integrantes y

las integrantes de las salas superiores

(primera a sexta). Esto por diversas

razones, pero sobre todo debido a la

importante legitimidad que inicialmente

adquiri la Primera Sala Anticorrupcin,gracias a la correccin e independencia

que mostraba al emitir sus decisiones.

A esto se suma que son las salas

superiores las encargadas de seguir el

proceso en su etapa ms importante y

visible: el juicio oral y la emisin de la

sentencia. Junto a esto, tambin es cierto

que son ellas las que llevan el mayor

nmero de procesos y, tambin, los mscomplejos.

Por eso mismo, a lo largo de estos seis

aos han variado constantemente su

nmero y su composicin. Tal como lo

indicramos lneas atrs, se empez en

el ao 2001 con una sala (Sala A,

denominada ms tarde Primera Sala),

despus se cre una segunda26(Sala B,

luego Segunda Sala) en el ao 2003, y

posteriormente se instituy lacuestionada debido a su especial y

discriminatoria competencia, que de

manera suspicaz ocasionaba que los

inculpados en delitos econmicos

cayeran en su jurisdiccin27Sala C28

(ao 2004). Finalmente, en el 2005 se

crearon tres nuevas salas29(4., 5. y 6.),

con el fin de acelerar los casos que

estaban por dar inicio al juicio oral, que

se encontraban detenidos porque nohaba sala libre.

Pero la creacin de estas tres nuevas salas

provoc otros problemas. Primero, su

grado de celeridad no estaba garantizado,

dado que en la mayora de los procesos

exista un mismo procesado, Vladimiro

Montesinos, y, como es lgico, un solo

encausado no tiene capacidad humana

para defenderse adecuadamente en seisaudiencias orales juntas ponindonos en

el supuesto que las seis salas estn

llevando a cabo juicios orales. Segundo,

no estaba garantizado el lugar en el que

sesionaran estas salas. Y, tercero, la Corte

Suprema cre mayores dificultades al

desautorizar, de forma ilegtima, la

distribucin de casos entre las seis salas.30

Pese a esto, la instauracin de estas

nuevas salas ha sido la principal razn

26 Resolucin administrativa 129-2003 CE-PJ, El Peruano, 8/11/2003.27 Resolucin administrativa 024-2004-CE-PJ, El Peruano, 3/3/2004.28 Vase Siles, Abraham:A quin favorece una tercera sala superior anticorrupcin?, enJusticia Vivamail n 102, en: .29 Resolucin administrativa 041-2005-CE-PJ, El Peruano, 25/2/2005.30 Vase Esteban, Sara y Lilia Ramrez.Y dnde est la lucha contra la corrupcin?: Caso Wiese,leguleyadas y dilaciones, en: .


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37

para la conclusin de 16 procesos en casiao y medio. Aun as, lo cierto es que las

seis salas existentes debieron apurar en

mayor medida el avance de las causas,

sobre todo de aquellas que tenan los

procesos menos complejos.

Si se analizan los grficos 13 y 14 se

observa que la sala que ha resuelto de

forma ms clere es la Tercera Sala

Anticorrupcin; y aunque no es nuestraintencin restarle mritos, hay que tener

en cuenta que fue justamente esta

instancia la que recibi los casos ms

sencillos (pocos procesados y delitos de

cuello blanco), dada su competencia

especial. Por otro lado, la Primera Salaha expedido, en ms de cinco aos, solo

8 sentencias. Hay aqu, sin duda, un

problema de efectividad, a pesar de lo

cual tambin resulta necesario matizar

esta afirmacin sealando que durante

casi dos aos esta fue la nica sala para

atender ms de 200 procesos; y

posteriormente fue el rgano que llevara

las causas ms difciles, por ejemplo los

casos FARC y Wolfenson y ahora losprocesos por violaciones de derechos

humanos. Finalmente, una preocupante

observacin es que hasta diciembre del

2006 la Sexta Sala no emita ninguna

sentencia.

Grfico 13

Nmero de sentencias emitidas por las salas superiores anticorrupcin



12

10

8

6

4

2

0

8

10

12

44

0


38/87

38

Grfico 14

Nmero de sentencias emitidas y tiempo de funcionamiento

de las salas superiores anticorrupcin


Procesos con sentencia firme

Aunque es cierto que el periodo 2005-

2006 es aquel en el que se ha emitido la

mayora de sentencias definitivas (vase

nuevamente el grfico 5), si se considera

todo el aparato anticorrupcin inmerso

en esta labor los alcances son mnimos.

Solo 40 sentencias firmes en seis aos,

de las cuales 16 fueron dictadas entre

mediados del 2005 y fines del 2006(vanse los grficos 15 y 16).

Un anlisis de los fallos permite observar

bajas condenas, algunos (13) con lectura

de sentencia en reserva, debido a que

no se encuentran habidos, 6prescripciones y 4 encausados que tienen

que afrontar nuevamente los procesos

por errores en los procedimientos (vase

el grfico 17); a su vez, el tiempo de

duracin de los procesos ha sido

excesivo, llegando hasta 43 meses en las

cortes superiores (vase el grfico 20).

Junto con esto, de los 87 condenados, 36

no purgan prisin efectiva y 66 han sido

absueltos (vase el grfico 18).Esto, sin duda, es un claro ejemplo de

que la llamada persecucin poltica es

primordialmente una excusa de los

procesados por el subsistema, pues las

cifras demuestran lo contrario.


2.5aos

12 12

10

8

6

4

2

0

1 Sala 2 Sala3 Sala

4 Sala5 Sala

1.5aos

1.5aos

3 aos

5.5aos

6 Sala

SentenciasSentencias

Aos de

funcionamiento

10

8

0

4 4

1.5aos


39/87

39

Grfico 15

Nmero de sentencias firmes, segn instancia que emiti el fallo


Grfico 16

Nmero de sentencias firmes, segn instancia y ao

en el que termin el proceso*

* Las diferencias entre el grfico 5 y ste se deben a que existe informacin discordante entre losinformes de la Procuradura Anticorrupcin de diciembre del 2006 y de los aos 2004 y 2005.Fuente: Informe de la Procuradura Anticorrupcin, diciembre del 2006.



Total: 40 sentencias firmes

Corte Suprema Cortes Superiores Juzgados

16

14

10

12

10

8

6

6

4

4

4

4

2 2 2

0

0

33

35

0

1

2

1

2002 2003 2004 2005 2006

14

Juzgados


40/87

40

Grfico 17

Nmero de procesados con sentencia firme, segn condicin jurdica

*En el caso de procesados con ms de una condicin jurdica, se ha preferido lamedida ms limitativa de libertad.Fuente: Informe de la Procuradura Anticorrupcin, diciembre del 2006.

Grfico 18

Tipo de pena de procesados con condena firme




Total: 176 procesados con sentencia firme*

90

80

70

60

50

40

30

20

10

66 87

13

0Absueltos Condenados Con reserva

de procesoPrescripcin Nuevo

proceso

46

De los 87 condenados

60

50

40

30

20

10

0

5136

Condenados a prisin

efectiva Condenados con pena

suspendida


41/87

41

Grfico 19

Penas impuestas en sentencias firmes

*Hay 87 personas condenadas con sentencia firme, sin embargo, la suma total depenas es de 112, debido a que existen varios procesados con ms de una condena.Fuente: Informe de la Procuradura Anticorrupcin, diciembre del 2006.


Grfico 20

Duracin promedio del proceso, segn instancia judicial,

en los casos con sentencia firme



Sobre la base de 112 condenas*

De 13 a ms aos1

(37.50%)De 9 a 12 aos

4(3.57%)

De 5 a 8 aos42

(37.50%)

De 1 a 4 aos65

(58.04%)


42/87

42

Grfico 21Duracin promedio del proceso, segn etapa procesal,

en los casos con sentencia firme


Procesos de extradicin

A continuacin presentamos

importantes cifras sobre procesos de

extradicin que muestran cmo est

trabajando la Procuradura

Anticorrupcin en un tema en el que,por cierto, el proceso de extradicin del

ex presidente Alberto Fujimori resulta el

ms importante para el pas, dada la

gravedad de delitos que se le imputan.

Grfico 22Extradiciones: Datos generales al 2007

Fuente: Procuradura Anticorrupcin, abril del 2007. En: .Elaboracin: Consorcio Justicia Viva.

Al respecto, es necesario sealar que la

cantidad de solicitudes de extradicin es

cuantiosa, y los resultados, pocos. Sin

embargo, los procesos de extradicin no

solo tienen un matiz jurdico, sino una

importante etapa poltica. En esta ltima,

desde el trmino del Gobierno de

Transicin tenemos, lamentablemente,

muy poca incidencia.


Meses


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44

PRINCIPALES HECHOS ANT

2000

3/11 Se crean las Procuraduras Ad HocAnticorrupcin y nombran a JosUgaz como ProcuradorAh Hoc(R. S.N 240-2000-JUS).

21/12 Promulgan Ley de ColaboracinEficaz (Ley 27378).

2001

1/2 Consejo Transitorio del Poder Judicialautoriza la creacin de 6 juzgados yla Sala Penal Superior Anticorrupcin(R. A. 024-2001-CT-PJ).

9/3 Disponen creacin y composicin de

la Sala Superior Anticorrupcin (R. A.0088-2001-P-CSJL/PJ).

28/10 Crean el Fondo Especial de Adminis-tracin del Dinero Obtenido Ilcitamenteen perjuicio del Estado FEDADOI(D. U. 122-2001).

2002

1/2 Jos Ugaz renuncia como ProcuradorAd Hoc(R.S. 013-2002-JUS). Designana Luis Vargas Valdivia (R.S. 016-2002-

JUS).2003

30/1 Convierten transitoriamente la FiscalaSuperior Penal en Fiscala SuperiorAnticorrupcin (Res. 111-2003-MP-FN).

9/7 Tribunal Constitucional resuelvehbeas corpus de Bedoya de Vivancoy seala la constitucionalidad delsubsistema anticorrupcin de la

justicia penal.8/11 Dividen Sala Superior Anticorrupcin

en colegiados A y B (R. A. 0456-2003-P-CSJL/PJ).

10/12 Tribunal Constitucional seala que losbeneficios penitenciarios son normas

procesales y no materiales (CasoSaldaa Saldaa).

8/8 Vocal supremo Robinson Gonzlezvota a favor de reducir la pena del exmagistrado Alejandro RodrguezMedrano, de 8 a 4 aos.

2004

11/2 Convierten, crean y conforman 1ra y2da Fiscalas Superiores Anticorrup-cin (Res. 282-2004-MP-FN).

3/3 Crean Sala Superior AnticorrupcinC (R. A. 024-2004-CE-PJ).

23/4 Ceriajus termina el Plan de ReformaIntegral de la Administracin deJu sti cia, se al an do me di dasanticorrupcin.

13/6 CIDH determina que caso El Frontnno prescribe por ser delito de lesahumanidad.

27/8 Crean la Segunda Sala Penal Transitoriade la Corte Suprema (R. A. 156-2004-CE-PJ).

23/11 Tribunal Constitucional establececriterios para que el juez determine elplazo mximo de detencin

provisional (Caso BerrocalPrudencio).

21/12 Dan por concluida la designacin deLuis Vargas Valdivia comoProcuradorAd Hoc(R.S. 266-2004-JUS)y designan a Antonio Maldonado(R.S. 267-2004-JUS).

24/12 Procuradores Ivn Meini y RonaldGamarra renuncian (R.S. 272-2004-

JUS y 273-2004-JUS).2005

17/2 Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

dispone la constitucin de la 4, 5 y6 Salas Anticorrupcin de la CorteSuperior de Lima, as como ladesignacin de cuatro jueces penales.

25/2 Disponen funcionamiento de dosJuzgados Anticorrupcin adicionales(R. A. 041-2005-CE-PJ). Crean tres nuevasSalas Superiores Anticorrupcin y cambiadenominacin de las anteriores a: 1ra,2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta (R. A. 041-2005-CE-PJ).

23/4 Amplan facultades a la ProcuraduraAd Hoca fin de interponer accionesciviles y garantizar el cobro de lareparacin civil fijada en sentencias(R.S. 110-2005-JUS).

27/4 Sala Penal Transitoria de la CorteSuprema declara no haber nulidad enresolucin que declara infundadaexcepcin de prescripcin presentadapor Andrnico Luksic. VocalGonzlez Campos emite votosingular: declara nula la resolucin yfundada la excepcin de prescripcina favor de Luksic.


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45

CORRUPCIN (2000 2007)

14/6 Sala Penal Transitoria de la CorteSuprema confirm, con voto singularde Robinson Gonzles, que el casoLucchetti no prescribi, y dispone lacontinuacin del proceso penal.

7/7 Primera Sala Penal Transitoria de laCorte Suprema excarcela a losWolfenson aplicando la irregular ley28568 (Ley Wolfenson), queequiparaba el arresto domiciliario conla prisin efectiva.

21/7 TC declara inconstitucional la Ley28568. Al da siguiente, y con voto

singular de Robinson Gonzlez, laPrimera Sala Penal Transitoria de laCorte Suprema anula excarcelacin.

3/8 Desactivan la Segunda Sala PenalTransitoria de la Corte Suprema (R.A. 161-2005-CE-PJ).

18/8 Se inicia juicio contra grupo paramilitarColina por los casos de Barrios Altos,La Cantuta, Pedro Yauri y pobladoresde El Santa.

1/9 Presidencia de la Corte Superior deLima designa a vocales integrantes de

la 4

, 5

y 6

salas anticorrupcin (Res.313-2005-P-CSJLI/PJ).22/9 Primera Sala Anticorrupcin admite

la conclusin anticipada en el casoColina, formulada por Julio Chuqui yMarco Flores, condenndolos a seis ycuatro aos de privacin de libertadrespectivamente.

7/11 Prfugo Alberto Fujimori es detenidoen Chile. El Estado peruano iniciagestiones para extraditarlo.

10/11 La Tercera Sala Superior Anticorrupcindeclara prescrito caso Dionisio

Romero.1/12 Sexta Sala Especializada en lo penal

para procesos con reos libres declarafundado el hbeas corpus de Luksiccontra resolucin de la Corte Supremaque declar no prescrito el caso Lucchetti.

1/12 Resolucin 2121-2005-MP-FN, quedeclara fiscales para las tres fiscalassuperiores y las dos fiscalasprovinciales anticorrupcin, creadasen octubre del 2005.

2006

9/3 Primera Sala Penal Transitoria de laCorte Suprema presidida por vocalRobinson Gonzlez expide sentenciaque rebaja las penas y, en algunoscasos, suspende su ejecucin en elcaso prensa chicha.

10/5 Jos Enrique y Jos Francisco Crousillatllegan a Lima extraditados deArgentina.

8/6 Segunda Sala Penal Especial condenaa Jos Francisco Crousillat a ochoaos de pena privativa de libertad por

peculado, asociacin ilcita ycorrupcin de funcionarios.27/6 Sala Penal Especial de la Corte

Suprema conden a 6 aos a expresidente de la Sala de DerechoPblico, Sixto Sarmiento, y a la exfiscal antidrogas, Julia Egua, y a 4aos al ex fiscal de delitos tributariosArqumedes Pesantes, en el casoseguido contra magistrados de la Salade Delitos Tributarios y Aduanerosvinculada con la red de corrupcin

de Montesinos.21/9 Primera Sala Penal Especial condena Montesinos a 20 aos y a Jos Luis yLuis Frank Aybar Cancho a 15 aos depena privativa de libertad, por suministroilegal de armas a movimientosubversivo extranjero o trfico ilegalde armas de guerra, entre otros delitos(Caso FARC).

23/9 Designan a Carlos Briceo Puentecomo Procurador PblicoAh Hoc(R.S.156-2006-JUS).

2007

21/5 Sala Penal Especial condena a exmagistrado supremo provisionalPalacios Villar, a 5 aos de penaprivativa de libertad por trfico deinfluencias en agravio del Estado.

7/6 Fiscal chilena recomienda concederla extradicin de Alberto Fujimori.

12/6 Conforman la Segunda Sala PenalTransitoria de la Corte Suprema.

11/7 Juez lvarez rechaza extradicin deAlberto Fujimori (R.A. 112-2007-CE-PJ). (IVF)


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46

Grfico 25Estado de las extradiciones, en detalle

Fuente: Procuradura Anticorrupcin, abril del 2007. En:.

Grfico 26

Personas extraditadas por pases

Fuente: Procuradura Anticorrupcin, abril del 2007. En:.



Extradiciones entrmite

83

Concedidas31

Extradicionesdenegadas22

Extradiciones sinpronunciamiento

8

EEUU

8Canad, 1

Brasil, 1

Argentina, 4

Alemania, 2Panam

1


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Dinero repatriado

La INA sealaba que el costo de la

corrupcin de la dcada de 1990 ascenda

aproximadamente a ms de 800 millones

de dlares (872633.374), e indicaba que

esta cantidad equivala, en trminos de

impacto sobre el empleo, a 163 706

puestos de trabajo que dejaron de crearse

por desviarse estos recursos de uso

productivo hacia la corrupcin.31

A la fecha se ha logrado recuperar unaimportante suma de dinero de la mafia:

ms de 170 millones de dlares. No

obstante, es cierto que falta encontrar y

traer de vuelta al pas la mayor parte del

dinero robado. Y parece que ya debemos

dar por perdida esa suma, a la luz de los

ltimos hallazgos de la Procuradura

Anticorrupcin, pues segn informacin

publicada hasta abril de este ao, solo

faltara repatriar 46 millones.

Grfico 27

Dinero repatriado, a diciembre del 2006

Fuente: Procuradura Anticorrupcin. En: .

31Cfr. INA: Documentos de trabajo, op. cit., p. 18.

Elaboracin: Consorcio Justicia Viva

$ 173954 043.88

$ 46017 704.78

Desde el 2001


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48

Grfico 28Procedencia del dinero repatriado, a diciembre del 2006

Fuente: Procuradura Anticorrupcin. En: .

Dinero en el FEDADOI

En las siguientes estadsticas se puede ver

que, al 15 de febrero del 2007, elFEDADOI solo tiene en sus arcas menos

de medio milln de dlares (437.962,99)

disponibles del total de ingresos, que

ascendan a ms de 183 millones de

dlares (vase el grfico 29). La respuesta

al por qu existe esa suma luego de ms

de cinco aos de la creacin de ese Fondo,

sin que se haya podido apreciar una

mejora sustancial en la justicia

anticorrupcin, es fcil: el dineroobtenido no fue utilizado para la principal

finalidad por la que fue creado, a saber,

apoyar la lucha contra la corrupcin.

Queda una duda respecto de la forma

como se administr esa considerable

suma de dinero. Por ejemplo: se gast

en uniformes para la Polica, para el pagode ceses colectivos y universidades, y

para las indemnizaciones de los casos que

se llevan ante el Sistema Interamericano.

El resto del capital fue al Poder Judicial,

al Ministerio Pblico, a las procuraduras

anticorrupcin, al INPE, entre otras

entidades del sistema de justicia, pero no

necesariamente al alicado subsistema

anticorrupcin (vanse los grficos 30 y

31).Pese a que durante largo tiempo

diferentes comisiones32 sealaban la

urgencia de aplicar un conjunto de


32La Ceriajus (2004) y la Comisin de Medidas Urgentes para Fortalecer la Jurisdiccin Penal Especialdel Poder Judicial (2005).

Total: $ 173 954 043.88

$ 72 518 140.00

$ 81 159 992.00

$ 20 275 911.88

EEUU Gran Caimn Suiza


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49

medidas de fortalecimiento delsubsistema anticorrupcin, que

requeran un importante desembolso de

dinero (i) necesidad de que tanto

jueces como fiscales cuenten con una

mayor cantidad de asesores, peritos

contables; (ii) que se digitalicen los

expedientes de la judicatura

especializada; (iii) que se cree un equipo

multidisciplinario para apoyar la labor

jurisdiccional; (iv) que se otorgue mayorseguridad a los magistrados, entre otras

medidas, estas no se pusieron a

disposicin de las respectivas instancias

judiciales.

Asimismo, en la nueva ley del FEDADOI

(28476)33 nunca se estableci una

priorizacin de las diecisis materias quepodan recibir dinero del Fondo. Esta

falta de orden de prelacin origin que

la decisin de qu financiar se tornara

discrecional, y contine recayendo

enteramente en las instituciones que

administran el Fondo (Presidencia del

Consejo de Ministros, Ministerio de

Just ici a, Mi nist er io del Int er ior,

Ministerio de Economa y Finanzas y su

Unidad de Inteligencia Financiera).

La consecuencia de todo esto es que,

finalmente, los recursos del FEDADOI

fueron usados principalmente como caja

chica, dejando de lado el inicial fin de su

creacin: el mantenimiento de la lucha

contra la corrupcin.

Grfico 29

Fondos del FEDADOI, a diciembre del 2006

Fuente: Resumen de ingresos y egresos del FEDADOI, del 23/11/2001 al15/2/2007. En: .Elaboracin: Consorcio Justicia Viva.

32El Peruano, 24/3/2005.

Total de fondos ingresados Saldo disponible

$ 183245 307.38


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Grfico 32Transferencias del dinero del FEDADOI al subsistema

anticorrupcin, ao por ao

Fuente: Resumen de ingresos y egresos del FEDADOI, del 23/11/2001 al15/2/2007. En: .Elaboracin: Consorcio Justicia Viva.


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53

Caso FARC

Luego de seis aos del inicio de lainvestigacin judicial del trfico dearmas hacia las FARC, y transcurridosdos aos y once meses desde lainstalacin de la audiencia (el juicio oralms largo de nuestra historiarepublicana), la Primera Sala PenalEspecializada expidi sentenciacondenando a Vladimiro Montesinos

Torres a la pena de veinte aos de privacinde la libertad por los delitos de suministroilegal de armas a un movimientosubversivo, violacin de la soberana de unEstado extranjero, asociacin ilcita yfalsedad genrica. Por su parte, loshermanos Jos Luis y Luis Frank ybarCancho y Charles Acelor fueroncondenados a quince aos de privacin dela libertad. La reparacin civil fue fijada

en diez millones de nuevos soles.

La sentencia que en el extremo delquantumde la pena acogi la peticin delMinisterio Pblico es la ms alta quehasta la fecha tribunal anticorrupcinalguno haya impuesto al ex asesorpresidencial.

La resolucin da por probado queMontesinos Torres concibi, deliber ydirigi la ejecucin de la operacin detrfico de armas de guerra de Jordania alas FARC; y que la conferencia de prensadel 21 de agosto del 2000, en Palacio deGobierno y en compaa de AlbertoFujimori, en la que se hizo lapresentacin del Plan Siberia supuestamente dirigido a identificar y

desarticular una organizacin criminalinternacional dedicada al trfico dearmas fue un acto apresurado deMontesinos Torres por presentarse enpblico, ante la profundizacin de lasinvestigaciones por el Gobierno deColombia, con la finalidad de encubrir uocultar su propia responsabilidad.

La sentencia seala que se ha acreditado

que los hermanos ybar Canchorealizaron coordinaciones en el exterior(1998) con miembros de la guerrillacolombiana (Toms Medina Caracas, jefedel Frente 16), a quienes ofrecieronvender armamento utilizando aempresas de su propiedad comomecanismos de fachada; que contactaron

LA LABOR DE LOS MAGISTRADOS Y SUJURISPRUDENCIA BAJO LA LUPA

A continuacin describimos un conjunto de casos anticorrupcin que

causaron durante el 2006 satisfaccin o polmica debido a la actuacin,

positiva o negativa, de las autoridades jurisdiccionales.


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a Sarkis Soghanalian (sindicado por ciertaprensa especializada como el traficantede armas ms importante del mundo), atravs de Charles Acelor, para larealizacin de tales operacionesclandestinas por un total de 10.000 fusilesAKM Kalashnikov; que, arrogndosetener condicin de representantes de lasFuerzas Armadas del Per, gestionaronla compra y transporte areo del

armamento cuestionado; y queposteriormente lo arrojaron en territoriode asentamiento de las FARC (entremarzo y agosto de 1999).

Finalmente, la sentencia resalta la faltade cooperacin de los funcionarios

jordanos con la investigacin judicial;declara que el Estado colombiano notiene la calidad de agraviado; reserva el

juzgamiento de Sarkis Soghanalian y latripulacin de los aviones utilizados paralos lanzamientos hasta que sean habidos,capturados o puestos a disposicin; yordena la remisin de copias al MinisterioPblico para la formulacin de lasdenuncias correspondientes contra losfuncionarios policiales y otros quepermitieron la permanencia del grupocriminal, posibilitaron la continuacin de

los vuelos de suministro, alteraron elcontenido del Plan Siberia y sometierona los rganos jurisdiccionales a lasrdenes de Montesinos Torres con elpropsito de exonerarlo de todaresponsabilidad en estos hechos.

Cabe indicar que la sentencia expedidapor la Sala Penal Especializada no serefiere a la participacin de AlbertoFujimori Fujimori en estos hechos,porque no fue originariamentecomprendido en el auto de apertura deinstruccin: en ese entonces gozaba dela prerrogativa de antejuicio, y sueventual juzgamiento corresponda a laCorte Suprema. Asimismo, precisamos

que, a la fecha, el ex Presidente estsiendo investigado en sede fiscal porsuministro ilegal de armas a movimientossubversivos.

Los procesos por violaciones dederechos humanos

Una importante caracterstica delsubsistema anticorrupcin es que, junto

con los delitos por corrupcin ynarcotrfico que est conociendo,tambin le ha tocado la granresponsabilidad de resolver lasprincipales violaciones de derechoshumanos perpetradas durante elrgimen fujimorista.

En este sentido, en agosto del 2005 laPrimera Sala Anticorrupcin dio inicio

al juicio oral contra los integrantes deldestacamento paramilitar Colina.Originalmente se comenz con un solomegaproceso, que inclua cuatroimportantes casos: la matanza de BarriosAltos, la desaparicin y ejecucin de 9


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estudiantes y un profesor de La Cantuta,la desaparicin del periodista PedroYauri y el asesinato de los pobladores deEl Santa. No obstante, posteriormente(marzo del 2006) la referida Sala, no sincontroversia de por medio, decididividir ste en dos casos: La Cantuta yBarrios Altos, Yauri y El Santa.

Sin embargo, los hechos ms relevantes

se produciran meses antes, ennoviembre del 2005, cuando dosintegrantes del denominado grupoColina (Julio Chuqui Aguirre y MarcoFlores Alvn) deciden someterse alproceso de conclusin anticipada. Esteepisodio judicial tiene enormetrascendencia. Por un lado, es la primeravez en la historia del Per que violadoresde los derechos humanos admiten de

forma pblica y ante autoridad judicialcompetente ser integrantes de unescuadrn de la muerte, haberintervenido en los asesinatos mltiplesde Barrios Altos y La Cantuta, y en lasdesapariciones forzadas de campesinosde El Santa y del periodista Pedro Yauri,y atribuyen responsabilidades a otrosmilitares hoy tambin sentados en el

banquillo de los acusados (expediente 28-

2001).34

Luego este suceso ocasionara nuevasconfesiones y, con estas, nuevos indicios

que robusteceran aun ms las denunciascontra este destacamento.

Pese a lo sealado, estas trascendentalescausas no estn exentas de problemas.Se han presentado graves impedimentospara el desarrollo de las audiencias: elretiro de seguridad por las autoridadesdel Poder Judicial a las juezas encargadasdel juicio,35el uso de acciones orientadas

a demorar los interrogatorios,recusaciones, nulidades y apelaciones delas diferentes resoluciones emitidas porla sala por parte de los militares acusadosde pertenecer al grupo Colina. Noobstante ello, los casos han sido llevadoscon relativa normalidad por lasautoridades.

Sin duda, de estos dos procesos, el juicio

por la desaparicin forzada y asesinatode 9 estudiantes y un profesor de LaCantuta es el ms importante de los quedesarrolla el subsistema anticorrupcin.Su relevancia radica no solo en el hechode que sera la causa en la cual se dicte laprimera sentencia por delitos de lesahumanidad en el nivel del subsistema,sino tambin en que la CorteInteramericana de Derechos Humanos

(Corte IDH) emiti una recientesentencia (noviembre del 2006)dictaminando la responsabilidad delEstado peruano por estos hechos, dando

34 Vase Gamarra, Ronald: La conclusin anticipada y la derrota de los Colina, en: .35Vase Vidal, Inti: Lucha anticorrupcin: Jueces desprotegidos, en: .


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con esto nuevos y relevantes argumentosfcticos y jurdicos al rgano encargadode emitir la resolucin.

Es de esperar que, despus de ao ymedio de juicio oral, a mediados del 2007la Primera Sala Anticorrupcin estterminando este proceso. Evidentemente,la sentencia en este caso, junto con elresultado del proceso de extradicin del

ex presidente Alberto Fujimori, son loshechos anticorrupcin ms esperados del2007.

El caso Wiese (la labor de la CorteSuprema y los procesos anticorrupcin)

El 21 de agosto del 2006, en unaresolucin jurdicamente cuestionable, laSegunda Sala Penal Transitoria de la

Corte Suprema presidida por el vocalSalas Gamboa e integrada por el ahorapreso Palacios Villar, as como por losvocales provisionales Barrientos Pea,Prncipe Trujillo y Urbina Ganbinideclaraba nulo todo lo actuado por laPrimera Sala Anticorrupcin de Lima, yordenaba se pase el Caso Wiese a laTercera Sala Anticorrupcin.

El hecho resultaba grave; primero, porla importancia del caso, que ventila lairregular operacin de salvataje del

Banco Wiese, y en el que se encuentranimplicados ex funcionarios pblicos dealto nivel, as como personajes ligados algran poder econmico bancario;segundo, porque con esta decisin seproduca una importante regresin en elproceso, y as toda la causa regresaba acomo estaba hace un ao; tercero,porqueeste fallo sentaba un nefasto precedentey pona en peligro 97 casos ms que se

encontraban en idntica situacin, segnla Procuradura Anticorrupcin;36 y,cuarto, porque era por lo menos latercera vez que alguna Sala de la CorteSuprema despojaba de autoridad a estasala anticorrupcin, sin mediarargumento jurdico vlido. Recordemosla cuestionable resolucin a favor del

banquero Dionisio Romero, en la que seestableca que la entonces llamada Sala

A no era competente y se ordenabapasar el juicio a la Sala C; o laresolucin en el caso de AbsalnVsquez, que declar nula la sentencia ytodo el juicio oral realizado por laPrimera Sala Anticorrupcin.37

No es extrao que los procesados porcorrupcin, de forma ilegal, busqueneximirse de la jurisdiccin de la Primera

Sala Especial, que a lo largo de los seisaos ha ganado gran legitimidad por suindependencia e imparcialidad. Lo

36 Memorando de los procuradores adjuntos Pedro Gamarra y Juan Portocarrero, emitido el 24 deoctubre del 2006 al procurador Carlos Briceo Puente.37 Vase Siles, Abraham: Cuestionable fallo en la Corte Suprema favorece a Dionisio Romero yperjudica la lucha anticorrupcin, y Peligro de impunidad en el juicio por corrupcin contra AbsalnVsquez y Caso Absaln Vsquez: Perdiendo la batalla contra la corrupcin. En:.


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inslito es que la Corte Suprema,mediante algunos fallos de sus salas,juegue en pared con los deseos de losinculpados, apoyando y ratificandocuestionables tesis de competenciaformal, para excluir sus procesos de lasmanos de, en este caso, las magistradasanticorrupcin (Ins Villa, Ins Tello eHilda Piedra).

La Procuradura Anticorrupcin, losjuec es y las juezas integrante s delsubsistema (principalmente los de laprimera y la tercera salasanticorrupcin38) y el Consorcio JusticiaViva, desde un inicio, sostuvieron que laSegunda Sala Penal Transitoria actumal, pues, acogiendo la posicin de losacusados, interpret las normas contrael texto claro de stas, y contra la

finalidad que las inspiraba.

As, en un oscuro y mal fundamentadoveredicto, la Segunda Sala PenalTransitoria de la Corte Suprema, usandocomo principal excusa un supuesto graveerror al mome

Documents

Balance Subsistema Anticorrupción