ENERO 2017

número 1

nuestras

SECCIONES

• Exposición

de motivos • PLUMA

LEGISLATIVA • ACENTO

LEGAL • Artículo

Transitorio * RÚBRICA

LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

Los servicios de consultoría especializada al Poder Legislativo, son relativamente nuevos y surgen como consecuencia de la necesidad de impulsar proyectos que desde su elaboración, respondan a las necesidades más urgentes de la ciudadanía con un alto grado de profesionalismo y cuidado en su realización.

Por ello, cuando un legislador o legisladora, Grupo Parlamentario o Congreso adquiere los servicios de una Consultoría está sentando las bases para una verdadera profesionalización del parlamento.

En LeGISPOL, potencializamos trayectorias parlamentarias siendo coadyuvantes en la elaboración de toda una metodología que hemos denominado “consulting legislativo” para que cada uno de nuestros clientes tenga la tranquilidad de saber que su agenda legislativa, análisis e insumos han sido elaborados con base en los más altos estándares de calidad y rigor académico, por expertos que conocen sus necesidades pues han sido asesores parlamentarios, Secretarios Técnicos y legisladores al igual que ellos.

Cubrimos una necesidad haciendo eficientes los tiempos del legislador, coadyuvamos en el esfuerzo por contar con mejores y más eficaces leyes para nuestro país.

Hoy con parlamentum, órgano de difusión, análisis legislativo y gobierno de LeGISPOL, buscamos continuar estrechando nuestros vínculos con clientes y ciudadanos a quienes les interese profundizar en los temas que día a día se abordan en el Poder Legislativo.

Héctor Ramos Rojas Presidente

editorial

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Exposición de Motivos

LA PRODUCTIVIDAD Y EL COMPROMISO PARLAMENTARIO Por: Antonio Zepeda Segura Hoy prácticamente todo es sujeto de medición en el ámbito profesional, ya sea en la iniciativa privada o en la administración pública; medimos para evaluar, para contar con elementos objetivos que nos permitan obtener, a partir de indicadores, información suficiente para tomar decisiones, para valorar el desempeño de un trabajador, de un colaborador e incluso, del superior jerárquico. Medimos para perfeccionar, eso es claro, establecemos parámetros a partir de objetivos y metas y con ello otorgamos calificaciones que nos arrojan de manera más o menos objetiva, resultados para la mejor toma de decisiones, para reorientar nuestras decisiones o para evitarlas y que con ello se ponga en riesgo la estabilidad y la viabilidad de un proyecto específico. La posibilidad de medir el desempeño de un individuo en el ámbito laboral ha permitido a las empresas y organizaciones orientar mejor las decisiones que involucran a su capital humano, potenciar sus capacidades a partir de metas claras para él, establecer un sistema de premios, estímulos y recompensas y en el otro extremo, prescindir de quien ha agotado las posibilidades de desarrollo individual y ayudarlo a orientar sus esfuerzos en otras alternativas laborales.

La productividad de un legislador transita por la calidad

de su equipo de asesores

Trasladar este ejercicio al ámbito del servicio público ha sido complejo, sobre todo por el cúmulo de resistencias que de manera natural se presentan en los densos ambientes del servicio público, frases lapidarias como “el gobierno no es la Iniciativa Privada” o “la administración pública es otra cosa” y “aquí siempre se ha trabajado así”, ejemplifican de manera clara las naturales objeciones de la llamada burocracia gubernamental. Sin embargo, la posibilidad de medir la productividad de un funcionario público ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una necesidad como consecuencia del cada vez mayor involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos que le competen; el ciudadano promedio ya cuestiona y exige resultados inmediatos como contraprestación a las cada vez mayores cargas tributarias, ha transitado de mero testigo conforme a un intenso crítico del desempeño gubernamental aderezado con la adicional motivación que da el bien o mal ganado descrédito de la cosa pública. Por ello, la productividad ha venido incrustándose en la genética de lo público, sin embargo, en el caso del Poder Legislativo, todavía encuentra las naturales resistencias debido a la naturaleza sui generis de la actividad legislativa. No es extraño para quienes nos dedicamos a la Consultoría Legislativa Especializada que al ciudadano común le sea complejo entender la naturaleza de nuestra labor, particularmente cuando se le explica que somos coadyuvantes en aumentar la productividad de un diputado o senador dotándole de los productos legislativos indispensables para su desempeño, diseñados y elaborados por un grupo de expertos de tiempo completo y cuya calidad y viabilidad contrasta con la tradicional maquila de quien se improvisa sin ninguna experiencia en las áreas de asesoría legislativa.

Es claro que los indicadores de productividad llegaron para quedarse y es cuestión de tiempo para que se arraiguen en nichos tan complejos como el ámbito legislativo, sabemos que la dinámica social y la inminente posibilidad de reelección inmediata trae consigo la consecuente necesidad de quien ostenta el cargo de justificarlo ante la ciudadanía bajo mecanismos de rendición de cuentas, de cuantificación de logros y de medición de resultados. Quien piense que podrá arraigarse en un Congreso y hacer una larga trayectoria parlamentaria con múltiples reelecciones se coloca en una situación de alto riesgo si no valora de forma seria la posibilidad de contar con verdaderos especialistas y establece toda una metodología en su desempeño que incorpore indicadores de productividad, de seguimiento, de vinculación con la sociedad, de respuesta rápida y de calificación en el trabajo diario que incluye asistencias a Sesiones del Pleno y Comisiones, participación en los Debates y presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo con alto sentido de oportunidad y solución. La reelección y sobre todo, la fiscalización ciudadana consecuencia del uso de tecnologías de la información, la dinámica comunicacional y el surgimiento de organizaciones sociales lo suficientemente serias y legitimadas para establecer estos llamados “termómetros legislativos”, dan la posibilidad de premiar al legislador productivo y correctamente asesorado o castigar con la no reelección a quien no entendió la dinámica actual y no priorizó la productividad legislativa. Los legisladores lo son sólo por 156 semanas, por ello los resultados que la ciudadanía exige son inmediatos.

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¿QUÉ ES UNA LEY GENERAL? Por: Erik Noe Sánchez El Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”. Este precepto contiene el principio de supremacía constitucional por el que la Constitución es la ley suprema, es la norma máxima. Para el Doctor Jorge Carpizo significa que una norma contraria –sea formal o material- a ella, no tiene posibilidad de existir en el orden jurídico mexicano. Para el referido autor de Derecho Constitucional, esa supremacía constituye un margen de seguridad para los gobernados porque saben que ninguna ley o acto debe restringir los derechos constitucionales. Y que si eso sucede hay medio de repararlo. Que por ello en nuestro Sistema Constitucional, el principio de supremacía constitucional y el de control de la constitucionalidad de leyes y actos son complementarios.

PLUMA LEGISLATIVA

En concordancia con esa supremacía constitucional y el orden jerárquico de la organización del Estado Mexicano en una Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha resuelto que las leyes del Congreso federal emanadas directamente de la Constitución, que son precisamente las que conocemos como leyes marco o Leyes Generales, tienen jerarquía normativa que queda por debajo de la Constitución y de los tratados internacionales, pero en rango superior a las leyes federales y locales, porque significa que dicha ley integra una porción de normatividad constitucional, aun por encima de las leyes ordinarias, que son las que en el marco de su propia competencia, elaboran los legisladores federal y locales. (Tesis P. VII/2007 y P. IX/2007). Es el Constituyente Permanente el que decide ceder un tramo de forma expresa, en algún artículo de la Carta Magna a dicho legislativo federal, para que asigne y distribuya facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal. Para el Máximo Tribunal, en las Leyes Generales ese Constituyente Permanente ha renunciado de manera expresa a su potestad de distribuir atribuciones entre las entidades políticas del Estado Mexicano. Dice la SCJN, que esto se traduce en una excepción al principio contenido en el Artículo 124 Constitucional. Que las Leyes Generales, son elaboradas por el Congreso de la Unión, el que no las emite motu proprio, sino que tienen origen en cláusulas constitucionales que obligan a ese Órgano Legislativo, a dictarlas y una vez promulgadas y publicadas, deben ser aplicadas por autoridades federales, locales, del Distrito Federal y Municipales.

Así también, previo a la elaboración de toda Iniciativa de ley ordinaria -sea federal o local-, Legisladores y Técnicos en Legislación, deben analizar, además de los contenidos del texto Constitucional, los de la Ley o Leyes Generales involucradas en el tema, ya que su acatamiento es ineludible en la construcción de los contenidos normativos de la referida Iniciativa. En esta tesis de la Corte, destaca que una Ley General siempre debe tener la facultad expresa en la Carta Magna, que es la que también define los tramos a regular por mandato del Constituyente Permanente; que aun cuando es el Legislativo Federal el que la expide, al elaborar éste una Ley ordinaria, sus contenidos no pueden desatender, modificar, o contravenir los componentes de la legislación general, a la que está jerárquicamente subordinado.

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PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Por: Carmen Zepeda Segura Son diversas las conductas delictivas que contribuyen a la sensación de inseguridad, fundamentalmente las que se contienen en los delitos de alto impacto, que se pueden definir como aquellos que por su recurrencia, peligrosidad y cercanía con el entorno comunitario producen una percepción mayor de inseguridad. Una forma de medir la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad es por medio de la denuncia. En el caso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, de manera mensual proporciona cifras de los delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, que son reportados por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las Entidades Federativas, cuando se trata de delitos del fuero común y por la Procuraduría General de la República, para los delitos del fuero federal. Aquellos delitos que no son denunciados o denuncias en las que no existen suficientes elementos para presumir la comisión de un delito, no son incluidos.

La seguridad Pública es una función a cargo del Estado que, a través de las instituciones competentes, contribuye a mantener el orden, la paz y la tranquilidad social, reflejados en un clima que se perciba por los gobernados, resulta entonces importante que las autoridades sean sensibles a fomentar y atender las causas y factores que inciden en esa percepción.

Conforme al reporte del Secretariado Ejecutivo del mes de septiembre de 2016, en la Ciudad de México se cometieron un total de 15,664 delitos de alto impacto, de los cuales 94 corresponden a homicidio doloso; 2 a secuestro; 49 a extorsión; 334 a robo de vehículo con violencia; y 719 a robo de vehículo sin violencia. También en el mismo mes y año, en el Estado de México se cometieron un total de 22,883 delitos de alto impacto, de los cuales 168 fueron homicidios dolosos; 14 secuestros; 110 extorsiones; 1,832 robos de vehículo con violencia; y 1,611 robos de vehículo sin violencia. A nivel nacional, con corte a la fecha arriba señalada, se registraron 1,974 homicidios dolosos; 84 secuestros; 428 extorsiones; 4,179 robos de vehículo con violencia; y 9,902 robos sin violencia. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.7 por ciento a nivel nacional en el año 2015. La misma Encuesta reporta que las principales circunstancias que llevan a las víctimas a no denunciar son atribuibles a la autoridad, considerando el 33 por ciento que la denuncia es una pérdida de tiempo y el 16.6 por ciento desconfía de la autoridad. La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las Entidades Federativas en el período de marzo y abril de 2016 fue de 72.4 por ciento; en los ámbitos más próximos a las personas, se ha incrementado en un 65.1 por ciento quienes se sienten inseguros en su Municipio o Delegación y 45.4 por ciento en su colonia o localidad.

Si bien estos delitos no han reflejado un incremento significativo en comparación con años anteriores, su comisión es cada vez más violenta y cercana a los ciudadanos, quienes en algunos casos, han optado por hacer uso de las redes sociales para realizar denuncias, como medio de alerta a la comunidad y al mismo tiempo, como una forma de ejercer presión ante la actuación ineficaz de los gobernantes.

ACENTO LEGAL

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PARA ENTENDER LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Por: LEGISPOL

Uno de los puntos torales de la Reforma Política de la Ciudad de México reside en la emisión de una Constitución Política para la misma, con lo cual dejará de regirse por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que fue emitido por el Congreso de la Unión. Jorge Carpizo señala que el Congreso Constituyente es una reunión de representantes del pueblo, que tiene como finalidad crear una Constitución, es decir, establecer un orden jurídico; ocho Congresos Constituyentes en el orden federal, añade dicho autor, han existido en la historia de nuestro país. En el caso de la Ciudad de México, el artículo Séptimo Transitorio del decreto de reformas constitucionales arriba mencionado establece que la Asamblea Constituyente, se compone por 100 Diputados. La elección de la Asamblea Constituyente se realizó el primer domingo de junio de 2016 fue instalada el 15 de septiembre de ese año y deberán aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México, a más tardar el 31 de enero de 2017, por las dos terceras partes de sus integrantes. presentes.

Artículo Transitorio

Rúbrica

Correspondió al Jefe de Gobierno elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, que está siendo discutido, modificado, adicionado, y votado por la Asamblea Constituyente, sin limitación alguna de materia. Todos los Diputados Constituyentes ejercen su encargo de forma honorífica, por lo que no perciben remuneración alguna. Aprobada y expedida la Constitución Política de la Ciudad de México, no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida de inmediato para que, sin más trámite, se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, cesarán las funciones de la Asamblea Constituyente.

DIRECTORIO

HECTOR RAMOS ROJAS Presidente del Consejo de

Administración

SOCIOS CONSULTORES

Carmen Segura

Erik Noé Sánchez Antonio Zepeda

Sitio web

www.legispol.com.mx

Legispol Legislación y política

Consultores, S.C.

Av. Cuauhtémoc 1338

Despacho A 404

Col. Sta. Cruz Atoyac

Ciudad de México

56058160

Somos una consultoría especializada en la elaboración de productos legislativos, la capacitación en los ámbitos de la Administración Pública e Iniciativa Privada y el litigio en materia Administrativa y de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Nuestros Socios tienen una experiencia acumulada de más de treinta años como Litigantes, Asesores Parlamentarios, Secretarios Técnicos, Funcionarios Gubernamentales y Legisladores.

Nuestros Servicios

¿Quiénes somos?

Contamos con un amplio catálogo que cubre necesidades de capacitación en el ámbito público y privado; colaboramos con el pleno desarrollo de su capital humano y lo hacemos crecer.

Somos sensibles a las necesidades de nuestros clientes y bajo los más altos estándares de profesionalismo litigamos y obtenemos resultados positivos.

Hacemos consulting legislativo de eficacia probada elaborando los insumos de su agenda legislativa, organizando a su equipo de trabajo y garantizándole productividad. Potencializamos trayectorias parlamentarias.

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Legispol, s.c.

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