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H. CONGRESO DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Y ARCHIVO GENERAL
LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES ESTÁN PRESENTADAS EN FORMA
DESCENDENTE, DE ACUERDO A LA SESIÓN EN QUE SE LLEVARON A CABO
(PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE)
SEPTIEMBRE 2012 – SEPTIEMBRE 2015
DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO
ELECTO POR EL PRINCIPIO
DE MAYORÍA RELATIVA
DISTRITO XVII APASEO EL GRANDE,
APASEO EL ALTO, COMONFORT, TARIMORO
SUPLENTE: C. SILVIA MAGAÑA ESPINOZA
Última participación: 30 de junio de 2015
Intervenciones (29)
PARTICIPACIÓN DEL COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO, EN
LA SESIÓN DE CLAUSURA DE SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DEL TERCER
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXII LEGISLATURA.
Sesión Ordinaria 30 de junio de 2015
C. Dip. Martín López Camacho: Con permiso de la presidencia.
»Somos trigo en el molino de la historia y para otros será el pan»
Efraín González Luna
Compañeras diputadas y diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del
Congreso del Estado de Guanajuato.
Representantes de los medios de comunicación.
Señoras y señores.
Ciudadanos guanajuatenses.
Hoy se culmina el último periodo ordinario de sesiones de esta Sexagésima
Segunda Legislatura. A más de mil días transcurridos hoy vale la pena hacer un
recuento de lo realizado.
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Con el honor de coordinar los trabajos del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, de cara a los ciudadanos les manifiesto que hace ya tres años les ofertamos
una plataforma legislativa que fue debidamente registrada y de ella damos cuenta hoy
de manera muy sucinta.
Como un grupo parlamentario que no obtuvo la mayoría de las curules en el
Congreso del Estado, nos dimos a la tarea de trabajar en consenso en sumar por el
bien de Guanajuato, y así logramos grandes avances, y los menos se quedan en el
tintero.
Partimos del reconocimiento de que, como decía Don Carlos Castillo Peraza »La
política no es una lucha de ángeles contra demonios, sino que debe partir del
fundamento que nuestro adversario político es un ser humano» con esta convicción
nos dimos a la tarea de materializar en iniciativas nuestra oferta que en campaña
hicimos a los ciudadanos. Nos dimos a la tarea de convencer con argumentos a
diputadas y diputados, logrando así su apoyo para que esas iniciativas hoy sean Ley.
Trabajamos con la certeza de que no somos dueños de la verdad y de que
nuestro trabajo es perfectible con la suma de voluntades de diputadas y diputados
que antepusieron el interés general de Guanajuato al suyo particular.
De aquí hago un reconocimiento público a las diputadas y diputados del PRD,
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, PRI y NUEVA ALIANZA. Con todos ustedes
construimos y no en una vez, sino en varias ocasiones. ¡Por supuesto!, a sus
coordinadores de grupo y al representante de Nueva Alianza mi respeto, admiración y
reconocimiento por su pasión hacia Guanajuato.
Mi gratitud personal e institucional por la suma de voluntades, así expreso de
igual manera mi reconocimiento a mis compañeras y compañeros diputados por lograr
en su trabajo cotidiano, el sumar las voluntades para sacar adelante los proyectos.
Aquí me detengo un momento para reconocer, en lo particular, y con el
permiso de ustedes a quien me antecedió en el honor de coordinar al Grupo
Parlamentario; a Juventino López Ayala, por su calidad humana y su oficio político, sin
duda alguna le abonaron y mucho al buen desarrollo de los trabajos en este
Congreso.
Es fácil decirlo pero hoy estamos en una legislatura sin una mayoría y hemos
resuelto los asuntos del Pleno por más de 600 votos por unanimidad, lo que se
traduce en un 87% de dictámenes aprobados. Esa fue la capacidad de consenso que
tuvimos las y los diputados; ese es el fiel reflejo de la voluntad política de la
Sexagésima Segunda Legislatura.
Agradezco en todo lo que vale el apoyo de grandes mujeres y hombres que
fueron el puntal de nuestras tareas y me refiero a las y los trabajadores del Poder
Legislativo, a todos sin distingo alguno.
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Resalto pues los siguientes temas en los que hemos avanzado en beneficio de
los guanajuatenses:
Conscientes que la transparencia es una herramienta con la que la sociedad
guanajuatense puede limitar o contener el poder, y es un rasgo distintivo de los
gobiernos democráticos, aprobamos la autonomía del órgano garante de la
trasparencia a fin de fortalecer y ampliar su independencia para consolidarlo como el
máximo organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información
pública.
Aprobamos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se han concretado las
reformas legales que hagan realidad el supremo interés de la sociedad para garantizar
el acceso formal a la información pública.
Manifestamos nuestro voto a favor de la Ley Anticorrupción en Contrataciones
Públicas, a fin de evitar actos de corrupción que afecten el patrimonio del Estado y la
credibilidad sobre el ejercicio del gobierno. En materia de responsabilidades de los
servidores públicos, aprobamos reformas que incrementan las sanciones ante las
faltas administrativas cometidas por los funcionarios públicos.
A propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se estableció
en la legislación civil la obligación al estado de expedir sin costo la primera copia
certificada del acta de registro de nacimiento, para fortalecer el derecho a la identidad
de las personas y en apoyo a la economía de las familias guanajuatenses.
Reconociendo que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa, las diputadas y los diputados del PAN impulsamos y aprobamos una
reforma constitucional para establecer el derecho a la vivienda, favoreciendo la
protección más amplia de las personas por tratarse de un derecho fundamental del
ser humano.
Dentro de la atención integral a grupos prioritarios, legislamos para crear una
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Para proteger a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas en situación de
vulnerabilidad, legislamos para prevenir, atender y erradicar la trata de personas.
En la construcción de una sociedad incluyente, legislamos para prevenir,
atender y erradicar la discriminación a la población en Guanajuato.
Con el objetivo de generar una protección integral a mujeres víctimas de
violencia, fortalecimos la información y publicidad del Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para su integración a la
estadística criminal y victimal. Asimismo, reformamos la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, para que la expedición de las órdenes de protección de
emergencia y preventivas tengan una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán
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expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las
generen.
Ampliamos los supuestos del delito de feminicidio e incrementar la pena a
quien o quienes lo cometan.
Preocupados por el fenómeno de la migración presentamos la Ley para la
Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato.
Impulsamos reformas al Código Penal para adicionar los delitos de
desaparición forzada de personas; de usurpación de identidad; robo de vehículos; así
como de violencia en los espectáculos públicos, que fue aprobada el día de hoy.
Fuimos pieza clave en las reformas al ordenamiento penal del Estado ante la
inminente entrada del Código Nacional de Procedimientos Penales. Perfeccionamos,
además, la figura jurídica de la flagrancia a fin eliminar los obstáculos que
actualmente existen para que los delincuentes puedan ser detenidos inmediatamente
después de cometido el delito.
Regulamos las bases para la instalación y funcionamiento de las Casas de
Empeño, deshuesaderos, yonkes y centros de reciclaje en el Estado.
Legislamos una Nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Guanajuato, para llevar a cabo acciones de manera transversal entre las distintas
instancias para la salvaguarda de la seguridad de los ciudadanos.
Presentamos y aprobamos la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el
Entorno Escolar, con la cual se pretende reducir los niveles de violencia en las
escuelas, haciendo participes a estudiantes, docentes, autoridades y a la sociedad en
general, brindando atención oportuna e inmediata tanto a los receptores como a los
generadores de este tipo de violencia. Fuimos pieza clave en la armonización a la Ley
de Educación derivada de la reforma federal en esa materia.
Los diputados de Acción Nacional, impulsamos una reforma que elevó a rango
constitucional el derecho a la cultura estableciendo el derecho de todos los
guanajuatenses al acceso a la cultura; al disfrute de los bienes y servicios que presta
el Estado en la materia; y al ejercicio de los derechos culturales.
Presentamos la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y
Audiovisual del Estado de Guanajuato, así como la Ley de Agentes inmobiliarios.
Aprobamos también la nueva Ley para el Desarrollo y la Competitividad
Económica, en la cual se establecen las bases para la atracción de inversiones
productivas, fortalecer y aumentar el empleo en el estado; promover la cultura
emprendedora así como para incorporar la tecnología en los procesos productivos
para el desarrollo de actividades de mayor valor agregado.
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Fuimos pieza clave y dimos sentido a la Nueva Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales en temas tan importantes como la paridad de género en el
acceso a cargos públicos y la prohibición de colocación de propaganda política en el
equipamiento urbano.
Estas son tan solo algunas de las leyes y reformas que hemos impulsado y
aprobado a lo largo de estos casi tres años de trabajo.
Amigas y amigos, ciudadanos en general, ciudadanos de Guanajuato, gracias
por la confianza de designarnos sus representantes, hoy de frente a ustedes y de
manera respetuosa nos sometemos a su evaluación.
Así pues, una vez llevada a cabo la alta y honrosa responsabilidad que los
guanajuatenses pusieron en nuestras manos para representarlos en esta Soberanía,
les decimos de frente, que GUANAJUATO SIEMPRE FUE PRIMERO, y que hasta el
último día haremos del OFICIO POLÍTICO y LEGISLATIVO la actitud infaltable de hacer
el BIEN y hacerlo bien. Muchas gracias.
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CON EL TEMA JORNADA ELECTORAL, INTERVIENE EL DIPUTADO
MARTÍN LÓPEZ CAMACHO.
Sesión Ordinaria 4 de junio de 2015
C. Dip. Martín López Camacho: Con permiso de la presidencia. Compañeras
y compañeros diputados.
Decía John Kennedy que «la democracia es una forma superior de gobierno,
porque se basa en el respeto del hombre como ser nacional«
Como es por todos conocido este domingo siete de junio habrá elecciones a lo
largo y ancho del territorio nacional. Renovaremos la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, así como diferentes congresos estatales y ayuntamientos;
además de algunas gubernaturas. Los ciudadanos elegiremos con nuestro voto a
quienes queremos que nos gobiernen.
En México la democracia requiere ser fortalecida y una de las formas de
hacerlo es precisamente a través del ejercicio del sufragio.
Las condiciones están puestas para que en Guanajuato las elecciones
transcurran en un clima de paz y tranquilidad.
Las autoridades electorales federales y estatales han puesto de su parte en la
preparación de los procesos electorales y la jornada electoral se pueda realizar sin
mayores contratiempos y exigimos que los gobiernos municipales, en el ámbito de sus
competencias, hagan también lo mismo.
Coadyuvemos todos a que este día siete de junio las condiciones para la
emisión del voto libre se conserven.
Estamos llamados todos los ciudadanos a que desde los diferentes espacios
que ocupamos en la sociedad, colaboremos en la construcción de nuestra democracia
y, desde luego, a la consolidación de las instituciones.
Este es un llamado a todas y a todos los ciudadanos, autoridades federales,
estatales y municipales, así como a los demás actores políticos a que la jornada
electoral de este domingo siete de junio, transcurra con normalidad y bajo
condiciones de seguridad que permitan garantizar la emisión del voto.
Pongamos ciudadanos y autoridades todo lo que esté a nuestro alcance para
que este domingo sea una jornada electoral ejemplar y con nutrida participación, en
donde de manera libre acudamos a las urnas y depositemos nuestro voto libre y
secreto. Es cuánto presidente, muchas gracias.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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EL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO PROCEDE AL DESAHOGO DE
SU RESERVA DEL ARTÍCULO 91, FRACCIONES III Y IV DEL DICTAMEN
FORMULADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE REFORMAS, ADICIONES
Y DEROGACIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO,
FORMULADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, ANTE ESTA SEXAGÉSIMA SEGUNDA
LEGISLATURA.
Sesión Ordinaria 26 de marzo de 2015
C. Dip. Martín López Camacho: Con el permiso de la presidencia.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto, presenta
reserva al artículo 91, fracciones III y IV del decreto que está siendo puesto a nuestra
consideración, para que en la fracción III de este artículo se cambie el término
competencia por el de jurisdicción; ello atendiendo a lo establecido por el párrafo
quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
el que se establece de manera enunciativa la jurisdicción en materia de agua
correspondiente a la federación; por lo que por exclusión será de jurisdicción estatal
aquellos supuestos no comprendidos en dicho párrafo; además de que el Código
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en sus artículos I, fracción
IV y artículo 6°, hacen referencia a la jurisdicción estatal en la materia. Con ello se
homologa el término jurisdicción a lo establecido en la Constitución y en el
ordenamiento normativo secundario.
Por lo que corresponde a la fracción IV de este mismo artículo 91, la propuesta
de ajuste normativo se formula a efecto de que se utilicen los conceptos gestión,
conservación y preservación por considerar que éstos se refieren a las acciones que
deben realizarse en materia de manejo y control del agua.
Por lo anterior, se propone que el artículo quede de la siguiente manera, en la
redacción de sus fracciones III y IV:
III. Los relativos a la legislación en materia de agua de jurisdicción estatal.
IV. Participar en la gestión, conservación, preservación y atención de los
asuntos en materia de agua y saneamiento.
V. Otros análogos que a juicio del Presidente del Congreso sean materia de
tratamiento por esta comisión.
Es cuánto diputado presidente.
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EL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO INTERVIENE EN PRO DEL
DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA
FORMULADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, LA PRESIDENTA
DEL CONGRESO DEL ESTADO Y MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO, A EFECTO DE REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DISPOSICIONES
DE DIVERSOS ORDENAMIENTOS SECUNDARIOS PARA ARMONIZAR CON EL
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
Sesión Ordinaria 26 de noviembre de 2014
C. Dip. Martín López Camacho: Con el permiso de la presidencia.
Compañeras y compañeros diputados.
El día de hoy subo para hablar a favor de un dictamen que reviste una especial
trascendencia, pues se trata de la armonización de diversas leyes locales con el
Código Nacional de Procedimientos Penales. Un dictamen que surge del análisis de la
iniciativa presentada por los Tres Poderes del Estado y que encontró los consensos
necesarios entre las fuerzas políticas aquí representadas porque sabemos el impacto
positivo que estas reformas tendrán en la vida jurídica de nuestro estado.
Este dictamen que hoy votaremos es muestra de que Guanajuato nos puede
unir; nos une la convicción de fortalecer nuestro sistema de justicia para que los
ciudadanos tengan plena confianza en las instituciones encargadas de la procuración e
impartición de justicia, para que cualquier quebranto al estado de derecho sea
sancionado y exista un marco jurídico que permita una coordinación efectiva entre
autoridades. Nos une, sin duda, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de
los que participan del proceso penal.
Es el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 8°
Transitorio, vinculado con el artículo 73, fracción XXI, inciso C) de la Constitución
General de la República, el que establece la obligación de los estados para reformar
sus leyes locales, debiéndolos hacer acordes al Código Único en Materia Procesal
Penal.
Recordemos que en Guanajuato se ha ido avanzando con pasos firmes en la
implementación por regiones del Nuevo Sistema Penal Acusatorio; por lo que estas
reformas a diversos ordenamientos locales vienen a complementar las acciones que el
estado ha llevado a cabo en esta materia.
Este dictamen que hoy se somete a nuestra consideración contiene reformas,
adiciones y derogaciones a las leyes Orgánica del Poder Judicial, de la Defensoría
Pública Penal de Guanajuato, para la Administración y Disposición de Bienes
Relacionados con Hechos Delictuosos para el Estado, Orgánica del Ministerio Público
del Estado de Guanajuato, de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito
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en el Estado de Guanajuato, para el Proceso Penal para el Estado, así como al Código
Penal del Estado de Guanajuato y al Decreto Legislativo número 183 de la
Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.
En el análisis de esta iniciativa se privilegió el fortalecimiento de nuestras
instituciones, la celeridad y transparencia en los procedimientos, la oralidad y
publicidad en las audiencias, la investigación científica del delito y la coordinación
puntual entre el Ministerio Público y los Cuerpos Policiacos; así como la
profesionalización de todos los operadores del sistema de justicia de nuestro estado.
Buscamos, en todo momento, que nuestras disposiciones normativas
respetaran los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado; partiendo
de la presunción de inocencia para este último; lo cual fortalece el debido proceso y el
pleno respeto a los derechos humanos de todas y aquellos involucrados en un
procedimiento penal.
La armonización de nuestro marco normativo estatal obedece al compromiso
de los Tres Poderes del Estado de contar con una justicia penal más eficaz que sea
impartida con prontitud y con profesionalismo.
Con la aprobación de estos dos dictámenes, tanto el de Reforma Constitucional
como el de reformas a diversos ordenamientos locales, Guanajuato está cumpliendo
entiempo y forma con el Mandato Federal y desde esta Soberanía seguiremos
avanzando hacia el perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia en beneficio de
las y los ciudadanos.
Las acciones hablan por sí mismas y con la aprobación de este dictamen
damos cuenta de nuestro compromiso con la justicia y la legalidad y continuaremos
consolidando leyes e instituciones que estén a la altura de los guanajuatenses.
Muchas gracias.
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CLARIFICANDO HECHOS EN EL TEMA DE INSEGURIDAD NACIONAL,
INTERVIENE EL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO.
Sesión Ordinaria 13 de noviembre de 2014.
C. Dip. Martín López Camacho: Diputadas y diputados.
En verdad que cuando el compañero Juan José García López tomó la palabra,
yo llegaba a pensar que por vergüenza política el Partido Revolucionario Institucional
tomaría estos comentarios, estas palabras del doctor como una autocrítica que hay
que hacernos siempre, pero no salir a defenderlo de esta manera.
Hablar de que el Partido Acción Nacional lucra con los cuarenta y tres
normalistas empeñando aquí la voz de los padres de familia; empeñando la voz de los
ciudadanos de Guerrero; habrá qué decirle diputado Luis Felipe Luna a los medios de
comunicación, a los padres de esos estudiantes, ¡a todo México! Que están lucrando
al llevar esta voz a los gobiernos que tenemos una obligación de escucharlos,
atenderlos y poder plantear soluciones.
Yo no vengo a hablar por meras opiniones, voy a hablar de los últimos datos
que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública y de LANTÍA, los últimos de
septiembre de este año, donde se incrementan en 47% las ejecuciones relacionadas
con el crimen organizado, comparada con agosto del mismo año; sube de 366 a 538;
En los veintidós meses del Presidente Peña Nieto, llevamos 18 mil 124, según
el sistema nacional, ¡no quiero ir a los datos que presentó mi compañero Alfonso Ruiz!
En la segunda quincena de diciembre hubo 674 ejecuciones, uno de los meses
con más ejecuciones.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública informa 1,242 homicidios dolosos en
septiembre de 2014.
-La C. Presidenta: Diputado Martín López, ¿me permite?
Sí diputada Yulma Rocha, ¿para qué efectos?
C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Gracias diputada, para ver si el diputado me
permite una pregunta de que qué lugar ocupa Guanajuato en ese Sistema de
Seguridad Nacional, cómo ha aumentado Guanajuato en el índice.
-La C. Presidenta: Diputado, ¿le puede aceptar una pregunta a la diputada
Yulma Rocha Aguilar?
C. Dip. Martín López Camacho: No diputada presidenta.
-La C. Presidenta: Gracias diputado. No fue aceptada su pregunta.
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C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: No le conviene contestar.
C. Dip. Martín López Camacho: El mismo Sistema Nacional de Seguridad
Pública habla que en los veintidós meses de Enrique Peña Nieto llevamos 31 mil 949
homicidios dolosos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los niveles de violencia aumentaron en septiembre con respecto a agosto.
-La C. Presidenta: Diputado Martín López Camacho, ¿me permite?
Diputada Yulma Rocha, adelante, ¿para qué efectos?
C. Dip, Yulma Rocha Aguilar: Para ver si el diputado me acepta la pregunta
de cuánto en Guanajuato ha aumentado el nivel de homicidios.
-La C. Presidenta: Diputada, ¿me permite preguntar si aceptan su pregunta?
Diputado, ¿le permite la pregunta a la diputada Yulma Rocha Aguilar?
C. Dip. Martín López Camacho: No voy a aceptar ninguna pregunta diputada
presidenta.
-La C. Presidenta: Diputada Yulma Rocha, no fue aceptada su pregunta.
C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Gracias.
C. Dip. Martín López Camacho: Los niveles de violencia aumentaron en
septiembre con respecto a agosto en 25 estados del país; siendo el que más se
incrementó Veracruz, y Chihuahua.
Si hablamos de secuestros, en veintidós meses de Enrique Peña Nieto llevamos
2,954 secuestros, cuatro por día.
C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Presidenta.
-La C. Presidenta: Sí diputado. Diputado López Camacho, ¿me permite?
C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Si me permite una pregunta el diputado
Martín López.
-La C. Presidenta: Diputado Martín López Camacho, ¿acepta la pregunta del
diputado Luna Obregón?
C. Dip. Martín López Camacho: Por segunda vez presidenta, no acepto
preguntas.
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-La C. Presidenta: Diputado, su pregunta no fue aceptada.
C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Si nos diga si tiene información y por eso
no quiere contestar.
-La C. Presidenta: Diputado, su pregunta no fue aceptada, discúlpeme.
Gracias.
Diputado Martín López Camacho, por favor continúe.
C. Dip Martín López Camacho: Gracias presidenta. En veintidós meses del
Presidente Enrique Peña Nieto existen 13,466 extorsiones; 20 por día.
Yo quiero terminar con esto y no acepto las preguntas, les diré por qué, yo no
vengo aquí a enaltecer a un partido en equis gobierno federal o estatal; vengo a
decirles que escuchemos, que atendamos, que desquitemos el sueldo, que esa
persona que vota por los que estamos hoy aquí y los que están en cualquier
gobierno, esperan que seamos sensibles a sus peticiones; de eso hablaba Juan José
García López; si no tenemos esta madurez política, que no queremos ver de frente al
ciudadano, ¡señores! Estamos sobrando en esta Soberanía. ¡Muchas gracias!
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EL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO PARTICIPA EN PRO DEL
DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE AGUAS, RELATIVO A LA
INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
45 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, CON EL PROPÓSITO DE DOTAR DE
FACULTADES AL MUNICIPIO PARA CONVENIR EL INTERCAMBIO DE
VOLÚMENES DE AGUA TRATADA POR LA MUNICIPALIDAD CON
CONCESIONARIOS PRIVADOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EXTRAÍDA DE POZOS,
FORMULADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Sesión Ordinaria 6 de noviembre de 2014
C. Dip. Martín López Camacho: Con el permiso de la mesa directiva.
Compañeras y compañeros diputados.
El tratamiento y el reúso del agua representan dos eslabones esenciales en la
administración y manejo de este recurso en todos los países del mundo,
principalmente en aquellos que presentan problemas de escasez.
En México aproximadamente el 77 por ciento del volumen total del agua se
destina al riego, 13 por ciento al abastecimiento público y 10 por ciento a la industria.
Por otro lado, el 63 por ciento del agua utilizada en el país para uso consuntivo
proviene de ríos, arroyos y lagos, mientras que el 37 por ciento restante proviene de
acuíferos.
La propuesta del Partido Revolucionario Institucional de adicionar un segundo
párrafo al artículo 45 de la Ley de Aguas Nacionales consiste en que los municipios,
en el ejercicio de sus atribuciones, puedan convenir el intercambio de iguales
volúmenes de agua tratada por sus plantas de saneamiento con concesionarios
privados de agua subterránea extraída de pozos agrícolas.
Conforme a la metodología que se aprobó, se realizaron tres mesas de trabajo
con diferentes autoridades en la materia, tanto federales como estatales; la Dirección
local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua; la Secretaría de Desarrollo
Agroalimentario y Rural; la Comisión Estatal del Agua; y la Delegación Guanajuato de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y se
concluyó en estas tres mesas que la propuesta de la iniciativa ya se contempla en el
primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Aguas Nacionales, que señala:
«Es competencia de las autoridades municipales, con el concurso de los
gobiernos de los estados en los términos de esta ley, la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo
las residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega por parte de »la
Autoridad del Agua», hasta el sitio de su descarga a cuerpos receptores que sean
bienes nacionales. La explotación, uso o aprovechamiento se podrá efectuar por
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dichas autoridades a través de sus entidades paraestatales o de concesionarios en los
términos de la ley federal».
Además uno de los puntos que se analizó, fue el tipo de cultivos que se
regarían con esas aguas que se piensan intercambiar, garantizando que el agua
utilizada sea de una calidad suficiente, necesaria y adecuada para el riego de la
siembra del concesionario, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas que regulan la
materia del riego.
En su momento, los diputados del Partido Acción Nacional hicimos valer en los
trabajos de la Comisión, la observación en el sentido de que no existe la necesidad de
aplicar la figura jurídica pretendida, puesto que a la fecha el Reglamento de la Ley de
Aguas Nacionales en sus artículos 33 y 43 prevé mecanismos administrativos que
permiten el intercambio del uso del agua de forma total o parcial, sin modificar los
volúmenes de agua mediante un «aviso» a la Comisión, lo que a la fecha se ha
realizado.
Es por ello compañeras y compañeros diputados que solicito su voto a favor
del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración y que solicita el archivo
definitivo de la iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta.
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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A
LA INICIATIVA SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL ANTE ESTA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA, QUE REFORMA
LOS ARTÍCULOS 52, PÁRRAFO PRIMERO; 54, PÁRRAFO PRIMERO; Y 149,
PÁRRAFO TERCERO; QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 52 CON UN SEGUNDO
PÁRRAFO, 54 CON UN SEGUNDO PÁRRAFO Y 149 CON UN TERCER PÁRRAFO,
Y QUE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 149, DE LA LEY DEL
TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE
LOS MUNICIPIOS, Y QUE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY PARA EL
EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 16 de octubre de 2014
C. Dip. Martín López Camacho: Con su permiso diputada presidenta.
Compañeras y compañeros diputados.
En la visión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el trabajo es
el espacio natural de responsabilidad social, es el medio fundamental para la
realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades.
Convencidos de impulsar acciones legislativas que le otorguen al trabajo su
alta dignidad humana, garanticen, protejan y aseguren las prestaciones que
correspondan al trabajador, propusimos la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley
del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y de
la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, que el día de hoy se
somete a su consideración.
Conforme a las facultades que constitucionalmente se confieren a las
entidades federativas, la legislatura estatal puede normar los términos en que debe
pagarse la indemnización por despido injustificado, por lo cual se propuso ajustar la
norma a las circunstancias actuales del ámbito laboral con la intención de que el
servidor público disponga a la brevedad de los salarios caídos que le corresponden.
Por ello, para el caso de que se agote la partida presupuestal destinada para el
cumplimiento de laudos condenatorios, podrán ser embargadas las demás partidas
excepto aquellas que por disposición legal no son susceptibles de ello.
Quiero destacar las propuestas recabadas en las mesas de trabajo,
aportaciones que han permitido otorgar certeza en la interpretación de la norma,
además de incluir como mecanismo previo al embargo la figura de traspaso de
recursos a efecto de trasladar el importe total o parcial de la asignación de una clave
presupuestal a la partida de laudos, con la finalidad de que exista suficiencia para
poder liquidar lo adeudado y cumplir con inmediatez la condena, requisito que
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contempla el artículo 148 de la Ley burocrática estatal. Y cabe hacer mención,
agradecerle a los compañeros y a la compañera integrante de la Comisión de
Gobernación, por poder dar análisis a la iniciativa que hoy se comenta.
En razón de ello y ante el incumplimiento inmediato de las prestaciones
determinadas en el laudo, la figura del embargo a otras partidas garantizará el pago
ineludible y sin evasivas de las resoluciones condenatorias emitidas por el Tribunal
Laboral, al trabarse formal y legal embargo en la diligencia practicada por el actuario,
derivado del requerimiento de pago.
Lo anterior, lejos de «paralizar« la totalidad de los recursos de una partida
presupuestal, permitirá garantizar al momento de la diligencia de embargo
únicamente el monto de la condena, de sus intereses y gastos de ejecución,
incorporando así medidas legislativas efectivas que permitan la protección de los
derechos de los trabajadores.
Por otra parte, se otorga respuesta a la exigencia del trabajador para que le
sean cubiertos sus derechos laborales aun y cuando el servidor público que por la
naturaleza de las funciones que tenga encomendadas, omita prever o autorizar los
recursos económicos que sirvan para hacer frente a las obligaciones derivadas del
pago de laudos.
En efecto, se prevé la responsabilidad subsidiaria a cargo de los servidores
públicos que ante la falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones, repercuta en la
presupuestación de los recursos necesarios que permitan cubrir los montos de las
resoluciones laborales a favor del trabajador.
Bajo esta tesitura, buscamos el reconocimiento de los derechos humanos
vinculados al trabajo y de los propios trabajadores al servicio público y, de acuerdo
con las disposiciones en la materia previstas por la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, las medidas legislativas que en materia laboral hoy se someten a su
consideración, resultan idóneas para alcanzar los fines que la Ley Fundamental prevé
al respecto para preservar el carácter indemnizatorio de los salarios caídos, logrando
la efectiva protección de los derechos de los trabajadores y haciendo más accesible el
cumplimiento de pago a cargo de la autoridad, a fin de disminuir la afectación
económica que pudiera sufrir la hacienda pública estatal y municipal.
Compañeras diputadas y diputados, esta iniciativa tiene que ver con la
transparencia también por la disposición de los recursos públicos en materia de
despidos injustificados; pero también tiene que ver por impulsar administraciones
responsables de que el principio que los distinga sea la lealtad al Estado de Derecho.
En esta iniciativa no gana su servidor quien la impulsó, no gana el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, no gana esta legislatura, ganan todos los
guanajuatenses porque les podemos permitir tener administraciones más eficientes,
más eficaces y más responsables, donde impulsemos el reconocimiento de los
H. CONGRESO DEL ESTADO
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derechos de los trabajadores y también poder hacer iniciativas y leyes acordes a lo
que la modernidad nos reclama.
Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
establecimos una agenda legislativa que prevé reformas sustanciales y necesarias
para lograr un estado justo. Por ello estamos seguros que a través de las medidas
legislativas que hoy se someten a su consideración, serán cubiertas a la brevedad las
prestaciones laborales en caso de despido, con la finalidad de proteger a la clase
trabajadora y acorde al espíritu constitucional previsto en el artículo 123 de la norma
fundamental. El dictamen queda a su consideración, pidiendo el voto a favor del
mismo. Por su atención, muchas gracias.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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A FAVOR DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR EL PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2516 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.
Sesión Ordinaria 9 de octubre de 2014
C. Dip. Martín López Camacho: Con el permiso de la presidencia.
Compañeras y compañeros diputados.
En la consolidación de una sociedad más justa, el Poder Legislativo debe
siempre buscar el fortalecimiento y actualización de los elementos que conforman el
Estado de Derecho, entre los cuales se encuentran los derechos reales.
Es así que se constituyó la institución denominada «Registro Público de la
Propiedad« cuya función es dar seguridad jurídica frente a terceros respecto de los
derechos reales sobre inmuebles y su elemento más importante, la publicidad de
dichos actos.
El Registro Público es importante en las relaciones jurídicas de la sociedad
porque otorga, además de la seguridad, la certeza sobre la titularidad de las
personas que poseen bienes inmuebles y los actos de transmisión, gravamen o
limitación de dominio sobre ellos.
las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, conscientes de la importancia que tienen para los ciudadanos
guanajuatenses los actos jurídicos relacionados con los derechos reales sobre
inmuebles, presentamos la iniciativa para reformar la vigencia de los avisos
preventivos previstos en el Código Civil para el Estado de Guanajuato. Medida legal
utilizada en el derecho registral para otorgar seguridad jurídica, publicidad y prelación
a las distintas operaciones, que estén por realizarse o se realicen, relacionadas con los
derechos reales sobre inmuebles.
Los avisos preventivos recaen sobre todas aquellas situaciones jurídicas en las
que se constituya, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o
extinga la propiedad o posesión originaria de bienes raíces o cualquier derecho real,
sobre los mismos, o que sin serlo deberá de inscribirse en el Registro Público.
Su objeto es, ante todo, asegurar la preferencia del acto jurídico celebrado que
se hará constar o consta en el protocolo notarial y que posteriormente se inscribirá en
el Registro Público, y en consecuencia, obtener el derecho de prelación.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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Por esta razón es que se propuso la modificación del término a veinte días
hábiles como vigencia del aviso preventivo y a 90 días hábiles el aviso para el
otorgamiento de la escritura definitiva.
En la Comisión de Justicia sus integrantes tuvieron a bien aprobar la
metodología de análisis que incluyó opiniones del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, de la Coordinación General Jurídica, de la Dirección de General de Registros
Públicos y Notarias; del Colegio Estatal de Notarios, de los Colegios de Abogados y de
Universidades.
Sus aportaciones nos permitieron robustecer nuestra iniciativa, así como la
necesidad de realizar este ajuste a los términos, a la realidad que hoy se requieren
para la inscripción de los avisos preventivos. Actos que aún y cuando atienen a un
sector especializado que hace uso de los trámites del Registro Público de la Propiedad,
tienen un impacto directo en la vida y el patrimonio de las y los ciudadanos
guanajuatenses; los que cada día ponen su patrimonio en manos de los fedatarios
públicos y los funcionarios encargados de la validez de dichos actos.
Por las consideraciones antes vertidas es que solicito su voto a favor del
dictamen que la Comisión de Justicia el día de hoy nos presenta. Por su atención
muchas gracias. Es cuánto presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A
LA INICIATIVA DE ADICIÓN DE LA FRACCIÓN XXIV AL ARTÍCULO 49 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUANAJUATO, FORMULADA POR LA DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO, ANTE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.
Sesión Ordinaria 2 de octubre de 2014
C. Dip. Martín López Camacho: Con el permiso de la mesa directiva.
Compañeras y compañeros diputados.
Entendemos que la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, a efecto de adicionar una fracción XIV al artículo 49 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, que
consiste en incorporar la figura de la excitativa al procedimiento parlamentario y que
motivó el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, tiene su origen en la
intención de eficientar el trabajo legislativo al interior de las comisiones e incentivar y,
con ello, la celeridad en el proceso de dictaminación de las iniciativas.
Sin embargo, derivado del trabajo de análisis y estudio que llevamos a cabo en
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales determinamos que por encima
de los tiempos de dictaminación, debe prevalecer la exhaustividad y la calidad en la
discusión de las iniciativas que se presentan ante esta Soberanía.
La Ley Orgánica de nuestro Poder Legislativo en el pasado ha sido reformada
específicamente en lo que toca a la materia de la iniciativa que hoy votaremos y ello
tiene su razón de ser.
La Ley Orgánica que data de 1995 señalaba 60 días naturales como plazo para
que las comisiones dictaminaran los asuntos de su competencia. Posteriormente con
la creación de una nueva Ley Orgánica en 2004, se amplió el término para dictaminar
de 60 a 120 días naturales, en razón de la complejidad que revisten algunas de las
iniciativas en las que puede resultar necesario llevar a cabo foros de consulta,
reuniones con las autoridades que aplicarán la ley entre otras actividades que
pudieran dilatar el proceso de dictamen.
Fue en el 2009 que el Pleno de este Congreso, aprobó la derogación de la
porción normativa que señalaba como atribuciones del presidente de la mesa directiva
la figura de la excitativa, suprimiendo el plazo de 120 días que tenían las comisiones
para emitir un dictamen.
En las consideraciones del dictamen se estableció textualmente que »En el
trabajo parlamentario deben privilegiarse los aspectos cualitativos antes que los
cuantitativos, pues son los que permiten apreciar con mayor objetividad la eficacia de
las funciones del Poder Legislativo»
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Para esta Soberanía, y dada la naturaleza de este Poder, la deliberación y la
construcción de consensos y acuerdos entre las fuerzas políticas es fundamental; por
lo que establecer tiempos ciertos y determinados para que las comisiones emitan sus
dictámenes, nos llevaría a que el actuar de los diputados estuviera limitado por la
temporalidad, provocando que no se profundice en el estudio de los temas que son de
gran impacto para el estado y nos veríamos en la necesidad de acotar los foros, las
mesas de trabajo y, en general, las formas de participación de la ciudadanía en el
proceso legislativo y eso afectaría radicalmente la calidad de los productos legislativos
que emite este Congreso.
En nuestra opinión el trabajo que ha llevado a cabo esta legislatura en el
desarrollo de las comisiones ha sido eficiente, profesional y comprometido con
Guanajuato y con los guanajuatenses; por ello les solicito compañeras y compañeros
diputados emitir su voto a favor del dictamen, conscientes de que seguiremos dándole
a cada iniciativa el tiempo necesario y suficiente para que se agote su estudio;
garantizando con ello que Guanajuato seguirá teniendo leyes de calidad en favor de
los ciudadanos y las instituciones. Es cuánto, diputada presidenta.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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TRATANDO EL TEMA INVERSIÓN DE AGUA EN GUANAJUATO,
PARTICIPA EL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO.
Sesión Ordinaria 19 de junio de 2014
C. Dip. Martín López Camacho: Con su venia diputado presidente.
Resultado de la conferencia de las Naciones Unidas del año 2005 que lleva el
lema: »Agua para la Vida: 2005-2015» se establece en esta década que las naciones
estarán obligadas a incrementar los esfuerzos para mejorar la gestión del agua, de
una manera integrada y con una visión holística.
En Guanajuato nuestro compromiso para otorgar prioridad al manejo adecuado
del agua y descargas residuales y tomando en cuenta la salud y bienestar de los
guanajuatenses, se ha refrendado con el arranque el programa »Impulso por el Agua»
Con el anuncio de una inversión histórica de 724 millones de pesos, el pasado
11 de junio del presente año el Gobierno del Estado dio inicio a proyectos hidráulicos
que están creando un mejor servicio de agua para los habitantes de todo el estado,
algunos de ellos como la ampliación de coberturas de agua, drenaje y saneamiento;
dando como resultado una mejor calidad de vida así como cubrir la demanda de la
población que más lo necesita.
Es importante destacar el esfuerzo que realiza el Gobierno Estatal en mejorar
los servicios hidráulicos, con el único objetivo de proporcionar la cantidad de agua
necesaria para la realización de actividades cotidianas de toda la población.
Debe destacarse el incremento de más de 200 millones en la inversión
otorgada este 2014 al programa de infraestructura hidráulica, garantizando a través
de diversas acciones el derecho al vital líquido de los guanajuatenses, con la finalidad
de que puedan disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente
accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
Importante es señalar que derivado de los trabajos de esta Sexagésima
Segunda Legislatura, el derecho al agua ha sido reconocido formalmente en el
artículo primero de la Constitución Local como un derecho humano indispensable para
una vida digna, y nos congratula que en los presupuestos de inversión y políticas
públicas este derecho sea reconocido con hechos palpables.
Las obras que se presentaron para el programa »Impulso por el Agua», son
lideradas por el Gobierno del Estado y entre las cuales destacan:
La Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona
nororiente de Celaya, Dolores Hidalgo y Tarandacuao.
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La terminación de las plantas de tratamiento de Huanímaro, Cuerámaro, Santa
Cruz de Juventino Rosas (Santiago de Cuendá), Romita y Salamanca
(Valtierrilla).
Además, en la zona rural del Estado se realizarán 122 obras, con una inversión
de más de 209 millones de pesos, entre las que se encuentran:
19 perforaciones de pozos para abastecimiento de agua potable.
17 acciones de equipamiento y electrificación de pozos para abastecimiento de
agua; y
18 redes de drenaje sanitario y tratamiento primario de aguas residuales.
En la zona urbana se llevarán a cabo 114 obras hidráulicas mediante una
inversión destinada por más de 469 millones de pesos, entre ellas:
La construcción de 7 colectores de aguas residuales y pluviales.
9 redes de drenaje sanitario.
55 proyectos de infraestructura para el abastecimiento de agua potable y
27 acciones para el mejoramiento de la eficiencia física y comercial en los
sistemas de agua municipales.
Debemos tener en cuenta que a través de las plantas de tratamiento se
eliminan los focos de infección que causan enfermedades gastrointestinales, ya que es
primordial salvaguardar la salud de la población y por supuesto el medio ambiente.
Por ello la importancia de incrementar la cobertura de saneamiento en las
zonas urbanas del Estado de Guanajuato, la cual se encuentra al 84%; es decir, que
de cada diez litros de agua residual que se genera, se limpian ocho litros.
La meta en este rubro es alcanzar una cobertura del 92% al 2018.
Dicho de otro modo, se llevarán a cabo un total de 284 acciones y obras en
materia de agua, impulsando el Gobierno del Estado con esto cuidar y preservar el
vital líquido.
En Acción Nacional tenemos el compromiso de apoyar todas las acciones que
beneficien a las familias, sobre todo aquellas que más lo necesitan, mejorando su
calidad de vida. Compañeras y Compañeros diputados, redoblemos esfuerzos para
que programas como »Impulso por el Agua» se multipliquen año con año.
La UNICEF señala que »Cuando los gobiernos son capaces de purificar y
eliminar adecuadamente las aguas residuales, conducen a una mejor conservación y
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un menor desperdicio de agua potable. Así como utilizar cuidadosamente los recursos
hidráulicos evita también la contaminación y reduce la necesidad de purificar el
agua». Es cuanto señor presidente.
Antes de despedir este posicionamiento, agradecer primeramente al
Gobernador del Estado, a cada uno de los 46 presidentes municipales y por supuesto
también al David Korenfeld Federman, Director de la Comisión Nacional del Agua, por
esta gran disposición por el agua para Guanajuato. Es cuánto señor presidente.
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PARA TRATAR EL TEMA DE DESARROLLO SOCIAL, INTERVIENE EL
DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO.
Sesión Ordinaria 29 de mayo de 2014
C. Dip. Martín López Camacho: Con el permiso del presidente. Compañeras
y compañeros diputados.
Hace ya un año que el Gobierno Federal dio a conocer el Decreto por el que se
establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Este sistema se
inspiró en el programa Hambre Cero, implementado por el Presidente Lula da Silva en
Brasil durante 2003, el cual busca eliminar la pobreza alimentaria y los efectos que
ella provoca.
Sin embargo, resolver este problema va más allá de una campaña o cruzada y
depende de muchos factores, particularmente de un mejor desempeño económico del
país, una mejor calidad educativa, condiciones mínimas en los hogares para
desarrollar capacidades cognitivas y afectivas, así como de incentivos para integrarse
a la nueva economía.
La combinación de estos factores permite lograr que los ciudadanos tengan la
capacidad de generar ingresos al momento de convertirse en población
económicamente activa.
Desde su implementación, la Cruzada contra el Hambre estuvo acompañada de
múltiples controversias sobre los criterios considerados para su aplicación; tanto en la
población objetivo, como en las metas por cumplir, que eran insuficientes para
mejorar las condiciones de vida de 28 millones de personas que viven en situación de
pobreza alimentaria.
Un programa social con un fin tan noble, bien merecía el beneficio de la duda;
sin embargo, con su puesta en marcha las interrogantes fueron en aumento.
Una de ellas fue la relativa a cómo se eligieron los municipios donde iniciaría la
cruzada, ya que en ninguna parte del Decreto o de los lineamientos propios del
programa, se explica el por qué se eligieron 400 municipios, y no 300 ó 500; un dato
que no podía quedar al arbitrio de quienes aplican el programa, sino que debió
basarse en razonamientos justos y transparentes.
¿Qué criterios objetivos se utilizaron para determinar además cuáles serían los
municipios beneficiados? La respuesta vino de la SEDESOL, refiriendo que se siguieron
criterios del CONEVAL. Sin embargo, la evidencia señala que no existe una nota
técnica donde claramente se describan los criterios utilizados, lo que generó
incertidumbre y despertó suspicacias en cuanto a su implementación.
Para ejemplificar lo anterior, basta con señalar que en el caso de Guanajuato,
se seleccionó al municipio de León como beneficiario de la Cruzada, cuando según
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datos de CONEVAL, dicho municipio cuenta con 19.9 por ciento de población con
carencias de acceso a la alimentación; mientras que municipios como Santa Cruz de
Juventino Rosas tienen un 34.8 por ciento, Victoria tiene un 29.6 por ciento; o Xichú
con más de un 26 por ciento de población en pobreza alimentaria; inexplicablemente
estos municipios se dejaron fuera del programa; vuelvo a cuestionar entonces ¿cuál
es el criterio que se utiliza para seleccionar los municipios beneficiados?
El 10 y 11 de febrero pasados, el periódico Reforma publicó varias notas
periodísticas señalando que la selección coincide con varios municipios donde se
llevarían a cabo elecciones locales y de gobernador durante el 2013, como es el caso
de Veracruz o de Baja California. Sin dejar de referirme a todas aquellas actitudes
negativas que fueron empleadas por personal de SEDESOL y el propio Gobierno del
Estado de Veracruz, donde inclusive funcionarios fueron sujetos a procesos de
responsabilidad, lo que confirmó cuáles eran los tintes que se daban a este programa.
Puede pensarse que se busca encontrar la cuadratura al círculo, o que estos
señalamientos obedecen más a una descalificación política pero no es así, los datos
son contundentes y claros.
Numerosos análisis realizados con rigor científico y metodológico por
académicos mexicanos respetables, por ejemplo Alexander Ruiz Euler o Javier
Márquez, plantean una duda razonable en la inclusión de algunos municipios que no
cumplen con los criterios de pobreza extrema y/o carencia alimentaria y concluyen
que no es posible descartar la posible manipulación electoral del programa.
El Centro de Análisis de Políticas Públicas »México Evalúa», hace un puntual
análisis de la Cruzada, y en su documento titulado «CRUZADA NACIONAL CONTRA EL
HAMBRE: DUDAS Y PREOCUPACIONES« señala que hay una correlación significativa
entre las elecciones locales de 2013 y la selección de los 400 municipios para la
Cruzada.
A manera de variables matemáticas, establece que la probabilidad de ser
seleccionado beneficiario del programa aumenta casi 40 por ciento, si se lleva a cabo
un proceso electoral durante 2013 y en municipios con más de 100 mil habitantes; si
el municipio tuvo elección ese año, su probabilidad de inclusión en la Cruzada
aumenta hasta en cerca de 76 por ciento. Termina su estudio con una conclusión
lamentable: La asociación entre las elecciones y la selección de los 400 municipios de
la Cruzada es positiva y significativa. Es cuanto señor presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA FORMULADA POR LAS DIPUTADAS
Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, A EFECTO DE REFORMAR EL PRIMER, SEGUNDO
Y TERCER PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2516 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 22 de mayo de 2014
C. Dip. Martín López Camacho: »C. Dip. Galo Carrillo Villalpando,
Presidente del Congreso del Estado de Guanajuato. Sexagésima Segunda
Legislatura. Presente.
Los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56
fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146 fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,
nos permitimos someter a la consideración de ésta Asamblea, la presente Iniciativa
con proyecto por el que se reforma el primer, segundo y tercer párrafo del artículo
2516 del CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, en atención a la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Registro Público de la Propiedad tiene por objeto dar seguridad jurídica a los
actos que son susceptibles de registro, su función además es proporcionar la
publicidad para que terceros puedan y tengan acceso para conocer la situación que
guarda determinado bien inmueble, o en su caso realizar los actos tendientes a
asegurar un derecho con respecto a terceros.
Debemos mencionar que dentro del Código Civil para el Estado, encontramos
que ciertos actos deben revestir la forma de realizarse en instrumento público ante
Notario, como lo es, entre otros, en el caso de actos traslativos de dominio de bienes
inmuebles, en el que el Notario o las partes deberán acudir ante la oficina mencionada
a solicitar el certificado de gravámenes correspondiente que puedan pesar sobre el
bien, y en su caso tomar las medidas necesarias para asegurar la no afectación del
patrimonio de una persona, por lo que es responsabilidad del fedatario público actuar
con toda prontitud en la protocolización del acto que corresponda.
Para la realización de lo anterior, el Notario acude ante la oficina del Registro
Público de la Propiedad a efecto de dar aviso preventivo sobre el inmueble susceptible
de la operación, haciendo saber que en fecha posterior tirará la escritura
correspondiente, para lo cual el fedatario público cuenta actualmente con el plazo de
20 días naturales para llevar a cabo una serie de actos administrativos para la
obtención de los avalúos, poderes en su caso, cuenta catastral y los certificados
correspondientes al inmueble, por lo que el tiempo entre el acto de protocolización y
la obtención de los documentos necesarios para su escrituración resulta insuficiente,
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ya que en la práctica los notarios se enfrentan a dilaciones de carácter administrativo
que impiden concluir en estos 20 días naturales los trámites necesarios, sin dejar de
mencionar que se atraviesan sábados y domingos que son días no laborables para la
mayoría de las oficinas.
Cabe mencionar que la mayoría de los estados actualmente cuentan con el
término de treinta días para el otorgamiento de la escritura definitiva, siendo el
estado de México quien prevé un término de 60 días naturales para la realización de
la escritura correspondiente.
El término actual con el que cuenta el Notario se ve aún más reducido en
aquellas temporadas en las que las oficinas del Registro Público de la Propiedad debe
cerrar sus puertas, pues al considerarse días naturales, se cuentan aquellos días como
los periodos vacacionales y los declarados como feriados por Ley, retardando la
solución del asunto y la posible afectación del bien por parte de terceros, pues al
dejar de surtir efectos el mencionado aviso preventivo, la inamovilidad del bien queda
sujeto a la afectación por parte de terceros, debiendo el Notario tener que realizar de
nueva cuenta el trámite para la obtención del aviso preventivo, repercutiendo en
forma directa en el bolsillo del solicitante.
De igual forma una vez firmada la escritura correspondiente, el notario puede
realizar un segundo aviso que actualmente cuenta con una vigencia de 90 días
naturales, por lo que derivado de los argumentos vertidos anteriormente y toda vez
que una vez firmada la escritura se requiere la realización o continuación de otros
trámites administrativos, así como pagos de derechos e impuestos correspondientes,
es que también resulta insuficiente dicho término, considerando además que este
aviso únicamente se presenta por una sola ocasión por el fedatario público.
Conforme a lo anterior y en concordancia con lo señalado en el párrafo tercero
del artículo 2516 del Código Civil, que contempla el mismo término de 90 días
naturales en los casos en que el acto jurídico tenga el carácter de privado, de igual
forma proponemos que el notario o el juez competente esté en aptitud de dar aviso
preventivo con la vigencia de 90 días hábiles, una vez que se haya cerciorado de la
autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, surtiendo el mismo efecto
que el dado por los Notarios en caso de los instrumentos públicos.
Por lo anterior el GPPAN, atendiendo a la realidad imperante, es que presenta
la iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, reforma que
prevé la ampliación del término de veinte días naturales a veinte días hábiles como
vigencia del aviso preventivo para el otorgamiento de la escritura definitiva que
emiten los notarios públicos, así como la ampliación del término de noventa días
naturales a noventa días hábiles como vigencia del aviso de su otorgamiento,
permitiendo con ello dar seguridad jurídica, por lo que sometemos a su consideración
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:
DECRETO
H. CONGRESO DEL ESTADO
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Artículo Único. Se reforman el primer, segundo y tercer párrafos del artículo
2516 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.
ARTÍCULO 2516. Cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se
adquiera, trasmita, modifique, o extinga la propiedad o posesión de bienes raíces, o
cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo sea inscribible, el Notario o
autoridad ante quien se haga el otorgamiento, podrá solicitar al registro público
certificado sobre la existencia o inexistencia de gravámenes en relación con la misma.
En dicha solicitud que surtirá efectos de aviso preventivo deberá mencionar la
operación e inmueble de que se trate, los nombres de los contratantes y el respectivo
antecedente registral. El registrador, con esta solicitud practicará inmediatamente la
anotación marginal correspondiente, anotación que tendrá vigencia por un término de
veinte días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Una vez firmada la escritura que produzca cualquiera de las consecuencias
mencionadas en el párrafo precedente, el notario o autoridad ante quien se otorgó
dará aviso preventivo acerca de la operación de que se trate al Registro Público
dentro de los cinco días hábiles siguientes y contendrá además de los datos
mencionados en el párrafo anterior, el número y la fecha de la escritura. El
registrador, con el aviso citado practicará de inmediato la nota de presentación
correspondiente, la cual tendrá una vigencia de noventa días hábiles a partir de la
fecha de presentación del aviso. Si éste se da dentro del término de veinte días
hábiles a que se contrae el párrafo anterior, sus efectos preventivos se retrotraerán a
la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el mismo párrafo, en caso
contrario, sólo surtirá efectos desde la fecha en que fue presentado y según el
número de entrada que le corresponda.
Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en
el párrafo primero de este artículo fuere privado, podrá dar aviso preventivo, con
vigencia por noventa días hábiles, el Notario, o el juez competente que se haya
cerciorado de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, en cuyo
caso el mencionado aviso surtirá los mismos efectos que el dado por los Notarios en el
caso de los instrumentos públicos. Si el contrato se ratifica ante el registrador, este
deberá practicar de inmediato el aviso preventivo a que este precepto se refiere.
Igualmente podrá registrarse…
Los avisos preventivos…
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Guanajuato, Gto., 22 de mayo de 2014. LOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Dip. Francisco
Arreola Sánchez . Dip. Óscar Arroyo Delgado. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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Dip. Luz Daniel Campos Lango. Dip. René Carmona Gómez. Dip. Galo Carrillo
Villalpando. Dip. Francisco Flores Solano. Dip. Juan José García López. Dip. Javier
González Saavedra. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández. Dip. Fernando Hurtado
Cárdenas. Dip. Karla Alejandrina Lanuza Hernández. Dip. José Juventino López Ayala.
Dip. Martín López Camacho. Dip. Luis Manuel Mejía Barrañeda. Dip. Karina Padilla
Ávila. Dip. Juan Rendón López. Dip. Alfonso Guadalupe Ruíz Chico. »
H. CONGRESO DEL ESTADO
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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, RELATIVA A REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS; Y DE LA LEY
PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 15 de mayo de 2014
C. Dip. Martín López Camacho: Con su permiso diputado presidente.
»DIPUTADO GALO CARRILLO VILLALPANDO. PRESIDENTE DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO- SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.
PRESENTE.
Los que suscribimos, Diputadas y Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda Legislatura del
H. Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56 fracción II
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos
permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa por la
que se reforman los artículos 52, párrafo primero; 54, párrafo primero; y 149,
párrafo tercero; se adicionan los artículos 52 con un segundo párrafo, 54 con un
segundo párrafo y 149 con un tercer párrafo; y se deroga el párrafo tercero del
artículo 149; todos ellos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al
Servicio del Estado y de los Municipios; y se reforma el artículo 57 de la Ley
para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Constituyente de 1917 introdujo la regulación del Derecho Social del Trabajo
en el artículo 123 en la Carta Magna, lo cual significó un reconocimiento histórico de
las reivindicaciones sociales y derivado de ello, un compromiso del Estado con los
trabajadores, con el fin de garantizar plenamente la efectividad de los derechos
fundamentales de carácter laboral consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
La evolución del país, que trajo consigo el crecimiento del aparato
administrativo del Estado y consecuentemente de su personal, llevaron al Ejecutivo
Federal a promover ante el Congreso de la Unión una iniciativa para que los
servidores públicos quedaran tutelados con las garantías sociales que ya disfrutaban
los trabajadores en general, aprobándose en el año de 1959, la reforma del Artículo
123, dividiendo su contenido en los Apartados A y B; el Apartado B reguló a partir de
entonces a la burocracia, previendo —entre otros aspectos—, diversas consecuencias
benéficas para el enorme sector de los servidores públicos que prestaban sus servicios
en los Poderes de la Unión, del Distrito Federal y de los aún existentes Territorios
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Federales. De este apartado se derivó, como reglamentaria, la Ley Federal de
Trabajadores al Servicio del Estado, que vino a regular a detalle este régimen laboral.
En el ámbito estatal, las legislaturas tienen facultad para emitir leyes que
regulen las relaciones de trabajo de los empleados del apartado B del artículo 123
constitucional, en virtud de que el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos prevé ésta. Si bien las legislaturas locales pueden
emitir su legislación burocrática laboral, deberán hacerlo de acuerdo con los
parámetros constitucionales que contienen los derechos de los trabajadores,
respetando las condiciones mínimas generales previstas en la norma constitucional.
En este sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la
Jurisprudencia 2ª./J.68/2013 (10ª), bajo el rubro y texto siguientes:
“TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS
LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN
LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO
CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. De los artículos 115,
116, fracción VI, 123, apartado B y 124 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de sus diversos procesos de reforma, se concluye que el
Constituyente dejó en manos del legislador estatal la creación de leyes de trabajo que
regulen las relaciones laborales con los trabajadores al servicio de cada entidad
federativa. En este sentido, no se obligó a los congresos locales a reproducir el
contenido íntegro de las leyes reglamentarias de cada apartado del artículo 123
constitucional, pues de lo contrario, no se respetaría el Estado federado, sino que se
impondría indiscriminadamente la aplicación de leyes federales bajo un inexistente
concepto de "ley estatal". Consecuentemente, las legislaturas locales tienen libertad
de configuración legislativa en lo que no contravenga las disposiciones
constitucionales, sin que tengan la obligación de ajustar su legislación a las leyes
federales reglamentarias del artículo 123 constitucional.”
En este orden de ideas, el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
«Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social
de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una
manera general, todo contrato de trabajo:
(…)
B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus
trabajadores:
(…)
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IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa
justificada, en los términos que fije la ley.
En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación
en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento
legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán
derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la
indemnización de ley.»
El anterior dispositivo contempla el supuesto en que un trabajador al servicio
del Estado sea separado sin justificación, en cuyo caso tiene derecho a ser reinstalado
o a obtener una indemnización, reconociendo únicamente un derecho genérico ya que
no precisa cómo debe integrarse ésta.
Por su parte, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
conocido como «Protocolo de San Salvador» también reconoce en favor de las
personas el derecho a la indemnización o a la reinstalación, obligando a los Estados
partes —como lo es el Estado Mexicano—, a reconocer el derecho al trabajo, además
de garantizar en la legislación nacional la estabilidad de los trabajadores en sus
empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las
causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra
prestación prevista por la legislación nacional. Sin embargo, en dicho instrumento
internacional, no se establece ninguna forma específica en la que debe integrarse
dicha indemnización, sino que, por el contrario, se deja libertad a cada Estado para
prever el tipo de prestación que se otorgará en estos casos en la legislación nacional.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 124 de la propia Constitución
Política las entidades federativas pueden emitir regulación para normar todos los
aspectos que no estén expresamente asignados a las autoridades federales, para que
su legislación sea acorde con la realidad de cada una de ellas y atendiendo su
contexto social, económico o político.
Bajo este orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no prevén los
términos en que debe pagarse la indemnización por despido injustificado, por lo que
en concordancia con lo previsto en el artículo 116, fracción VI, constitucional, se
concluye válidamente que dicha cuestión se reservó a la legislación secundaria de
cada una de las entidades federativas, tratándose del caso de sus respectivos
trabajadores.
En el Estado de Guanajuato, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al
Servicio del Estado y de los Municipios prevé en el artículo 51 los derechos del
servidor público que sea separado de su trabajo, quien podrá solicitar ante el tribunal
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de conciliación y arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que
desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, si
considera que la rescisión fue injustificada; asimismo, tendrá derecho, en su caso, al
pago de los salarios caídos.
A su vez el artículo 52, establece que la entidad pública quedará eximida de
reinstalar al trabajador, mediante el pago de la indemnización la que será de tres
meses de salario, más veinte días por cada año de servicios o la proporción que
corresponda. De igual manera el dispositivo de referencia señala que el trabajador
también tendrá derecho al pago de los salarios caídos, computados desde la fecha de
la separación y hasta que se ejecute o cumpla el laudo.
El que los salarios caídos se paguen hasta la total cumplimentación del laudo
correspondiente, ha generado a lo largo de los años, graves problemas a los
administraciones públicas, pues ante la falta de recursos para hacer frente a las
obligaciones que derivan de los laudos favorables motivados por despido injustificado,
se ha generado una constante postergación de pagos, los que en su mayor parte son
heredados a las administraciones subsecuentes y que poco a poco se traducen en
pasivos en detrimento de las finanzas públicas y en cargas económicas imposibles de
cubrir por parte de éstas.
Es de trascendental importancia el adecuar la legislación local en lo que
corresponde al pago de los salarios caídos, lo anterior para disminuir la afectación
económica que pudiera sufrir la hacienda pública estatal y municipal como
consecuencia de la prolongación de los juicios laborales. Por ello, establecer un límite
a la generación de salarios vencidos en la normatividad local, protegerá los recursos
del erario público y será más accesible el cumplimiento de pago al resolverse a la
brevedad posible y beneficiándose así al servidor público.
Respecto a lo anterior, sirve como criterio orientador el proceso legislativo de
reformas al artículo 481 de la Ley Federal del Trabajo — publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de noviembre de 2012— . Sobre el tema, la exposición de
motivos de la iniciativa preferente suscrita por el Titular del Poder Ejecutivo Federal,
argumentó:
«10. Establecer un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la
indebida práctica de prolongar artificialmente la duración de los procedimientos
laborales. Se prevé que se generarán solamente entre la fecha del despido y
hasta por un periodo máximo de doce meses. Una vez concluido este periodo,
si el juicio aún no se ha resuelto, se generaría solamente un interés.
1 Establece la
Ley Federal del Trabajo: «Artículo 48 El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le
reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha
en que se realice el pago.
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese
sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce
meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al
trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.»
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Con esta fórmula, se estima que se preserva el carácter indemnizatorio de los
salarios vencidos y también se atiende la necesidad de conservar las fuentes
de empleo, a la par de que se contribuye a la disminución —de manera
sustancial— de los tiempos procesales para resolver los juicios».
La forma de determinar el monto de la indemnización reconocido en el artículo
123, apartado B, fracción IX de la Constitución Federal y en el artículo 7 del Protocolo
de San Salvador, corresponde al legislador local, tratándose de trabajadores al
servicio del Estado de las entidades federativas. Así, en ejercicio de esta facultad, la
presente iniciativa propone, establecer que los salarios caídos se computarán hasta el
máximo de doce meses y de no concluir el juicio o cumplimentarse el laudo, se pague
además al servidor público lo correspondiente al dos por ciento mensual sobre el
importe de lo equivalente a quince meses de salario.
Abundando a los argumentos expuestos, la presente iniciativa pretende ajustar
la norma a las circunstancias actuales del ámbito laboral, propiciando la reducción en
el impacto generado por laudos de juicios con varios años de duración y que el
servidor público acceda a la indemnización que por ley le corresponde a un corto
plazo, disponiendo a la brevedad de los salarios caídos que le corresponden.
Asimismo, es de considerar la importancia de armonizar la legislación local con
los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, respecto al periodo
máximo para el cómputo de laudos en materia burocrática, el tema ya ha sido
abordado en la Jurisprudencia 2a./J. 19/2014 (10a.), bajo el rubro y texto siguientes:
“INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45,
FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS,
NO VIOLA DERECHOS HUMANOS.” El artículo señalado, al establecer en dicha
fracción la obligación del Estado de pagar a los trabajadores despedidos
injustificadamente una indemnización en sentido estricto y los salarios caídos hasta
por 6 meses, no viola los derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado
de Morelos, porque: a) El legislador local no tiene la obligación de apegarse a los
lineamientos establecidos en la legislación federal para integrar la indemnización a
que tienen derecho los trabajadores con motivo de un despido injustificado; b) El
único lineamiento previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para efectos del otorgamiento de una indemnización, está referido a los trabajadores
que se rigen por el apartado A de su artículo 123 y, aun si se considerara que esta
norma contiene un lineamiento mínimo para efectos de la indemnización, la
legislación local no lo vulnera, porque prevé un monto de 3 meses de salario, acorde
con la Constitución Federal, más el pago de salarios caídos hasta por 6 meses; y, c)
La medida legislativa es razonable y proporcional. En este sentido, la norma es idónea
para alcanzar fines constitucionalmente válidos como son evitar que los juicios
laborales se prolonguen artificialmente para obtener una mayor condena por concepto
de salarios caídos y proteger los recursos del erario, es necesaria, porque hay varias
posibles medidas legislativas que pudieron emplearse para alcanzar los objetivos
pretendidos, como podrían ser las de integrar con otros conceptos diferentes la
indemnización o prever una que no incluyera ningún tipo de sueldo dejado de
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percibir; sin embargo, el legislador optó por una solución mediante la cual integra la
indemnización por dos conceptos que no son inferiores al único parámetro
constitucional referido; y, finalmente, es proporcional en sentido estricto, porque la
importancia de los objetivos perseguidos por el legislador está en una relación
adecuada con el derecho a la indemnización en caso de despido injustificado, porque
los salarios caídos o vencidos equivalen al salario que dejó de percibir el trabajador
durante el juicio laboral, por lo que constituyen una forma de resarcir las cantidades
que dejó de obtener con motivo del despido. Entonces, si conforme al artículo 119 de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los juicios laborales deben resolverse
en un término máximo de 6 meses a partir de la presentación de la demanda, es
razonable y proporcional que el legislador local limite el pago de los salarios vencidos
a este periodo.”
Cierto es que administración tras administración, se ejecutan un sin número de
despidos injustificados, sin prever que el trabajador cuenta con derechos específicos
que deben ser plenamente cubiertos. En el caso en particular de las administraciones
públicas municipales, cada trienio son demandas, y en su caso, condenadas al pago
de las prestaciones correspondientes, montos que en su mayoría, no son cubiertos
durante el periodo en el cual se realizó el despido injustificado, comprometiéndose así
los presupuestos subsecuentes. En consecuencia, la falta de pago genera laudos
laborales vencidos cuyo monto incrementará conforme transcurra el tiempo.
La ley burocrática dispone que para cumplir con los laudos condenatorios, las
dependencias deberán incluir en su presupuesto anual de egresos, una partida
suficiente para cubrirlos. No obstante, los iniciantes proponemos que para el caso de
que se agote la partida para el cumplimiento de laudos condenatorios, podrán ser
embargadas las demás partidas que por disposición legal sean susceptibles,
cumpliéndose los laudos en razón a la fecha de notificación.
En este orden de ideas, se garantizará que los créditos de los trabajadores
puedan ser cobrados, no obstante la insolvencia de la partida prevista para el efecto
de cumplimiento de laudos condenatorios.
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación, ya ha establecido que en el caso
de las sentencias de amparo cuyo cumplimiento implica una obligación de pago a
favor del quejoso por parte de las autoridades, debe tomarse en cuenta que si alguna
de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que
permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados
específicamente para tal fin, deberá realizar el pago correspondiente para dar
cumplimiento a una sentencia de amparo, sin que ello implique violación alguna al
artículo 126 de la Constitución General de la República.
En ese orden de ideas, el artículo 126 constitucional al señalar que «no se
podrá hacer ningún pago que no esté expresamente previsto en el presupuesto de
egresos» no puede ser interpretado en el sentido de oponerse a la ejecución de una
sentencia de amparo, pues es la propia Constitución la que determina la exigibilidad
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inmediata de dichas sentencias, y establece la sanción correspondiente a quien
incumple una sentencia de amparo.
Con lo anterior, además se otorgará preferencia al pago de los salarios
devengados y reconocidos por la autoridad competente en los términos que ésta
disponga, a fin de que sean cubiertas de manera inmediata las prestaciones laborales
correspondiente con la finalidad de proteger a la clase trabajadora y acorde al espíritu
constitucional previsto en el artículo 123, pues el mismo dispone que los créditos
laborales son preferentes en pago ante cualquier otro adeudo.
Por otra parte, se propone incluir la figura de obligado subsidiario, que recaerá
en el servidor público que por la naturaleza de las funciones que tenga
encomendadas, omita prever o autorizar los recursos económicos que sirvan para
hacer frente a las obligaciones derivadas del pago de laudos.
Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
establecimos una agenda legislativa que prevé reformas sustanciales y necesarias
para lograr un Estado justo; por ello, contempló la iniciativa que hoy se presenta ante
esta Soberanía, con el objetivo armonizar la legislación local con los criterios de
nuestro Máximo Tribunal, garantizando el pago de laudos condenatorios, haciendo
más accesible el cumplimiento de pago al resolverse a la brevedad posible
beneficiándose así al servidor público.
Asimismo, con esta reforma se busca proteger las finanzas públicas a través de
disposiciones legales que buscan inhibir las malas prácticas de despidos injustificados
y por la otra que sirva como medida para fortalecer el servicio profesional, sobre todo
a nivel municipal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de
esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de:
D E C R E T O
ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 52, párrafo primero; 54,
párrafo primero; y 149, párrafo tercero; se adicionan los artículos 52 con un
segundo párrafo, 54 con un segundo párrafo y 149 con un tercer párrafo; y se
deroga el párrafo tercero del artículo 149, todos ellos de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, para quedar
como siguen:
«Artículo 52. La entidad pública…
I a III. …
En los casos anteriores, la indemnización será de tres meses de salario, más
veinte días por cada año de servicios o la proporción que corresponda. También
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tendrá derecho el trabajador al pago de los salarios caídos, computados desde la
fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses.
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido
el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también
al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses
de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del
pago.
Artículo 54. El trabajador que se retire justificadamente, por alguna de las
causas señaladas en el artículo anterior, tendrá derecho a la indemnización de tres
meses de salario, más veinte días por cada año de servicios o la proporción que
corresponda; también tendrá derecho a la prima de antigüedad. En caso de laudo
favorable al trabajador, se le cubrirán salarios caídos computados desde la fecha
del despido hasta por un período máximo de doce meses.
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido
el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también
al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses
de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del
pago.
Artículo 149. Para cumplir con…
La referida partida…
En el supuesto de que se agote la partida, y a efecto de dar cumplimiento a
los laudos firmes y convenios laborales aprobados por el tribunal, podrán ser
embargadas las demás partidas que por disposición legal sean susceptibles
de ello, cumpliéndose los laudos en razón a la fecha de notificación.
Derogado.
El servidor público que por la naturaleza de sus funciones omita prever
o autorizar los recursos económicos destinados para cumplir con las
obligaciones derivadas del pago de laudos firmes o convenios laborales
aprobados por el tribunal, será responsable de manera subsidiaria del pago
de éstos.»
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 57 de la Ley para el Ejercicio
y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, para quedar como sigue:
«Artículo 57. Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa
del presupuesto de egresos que lo autorice. Para que proceda una erogación y esta
sea lícita, deberá sujetarse al texto y suficiencia de la partida. Tampoco podrán
utilizarse las partidas para cubrir necesidades distintas a aquéllas que comprenden su
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definición, salvo lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.»
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigencia el primero de enero
del año 2015.
Artículo Segundo. Los juicios laborales iniciados con anterioridad a la entrada
en vigencia del presente decreto, continuarán su trámite con la normativa con la que
se iniciaron hasta su conclusión.
En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a Usted dar a
esta iniciativa el trámite señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato.
GUANAJUATO, GTO., 15 DE MAYO DE 2014. LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL. Dip. Francisco Arreola Sánchez. Dip. Óscar Arroyo Delgado. Dip. Sergio
Carlo Bernal Cárdenas. Dip. Luz Daniel Campos Lango. Dip. René Carmona Gómez.
Dip. Galo Carrillo Villalpando. Dip. Francisco Flores Solano. Dip. Juan José García
López. Dip. Javier González Saavedra. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández. Dip.
Fernando Hurtado Cárdenas. Dip. Karla Alejandrina Lanuza Hernández. Dip. José
Juventino López Ayala. Dip. Martín López Camacho. Dip. Luis Manuel Mejía Barrañeda.
Dip. Karina Padilla Ávila. Dip. Juan Rendón López. Dip. Alfonso Guadalupe Ruiz
Chico.»
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EL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO PARTICIPA CON EL TEMA DÍA
MUNDIAL DEL AGUA.
Sesión Ordinaria 20 de marzo de 2014
C. Dip. Martín López Camacho: Con su permiso señor presidente.
Compañeras y compañeros diputados. Medios de comunicación. Público que nos
acompaña el día de hoy en este Congreso del Estado.
Debido a las múltiples actividades sociales, familiares, lúdicas e industriales
que lleva a cabo el hombre en su vida cotidiana; a veces con conciencia y otras tantas
sin saberlo, afecta el medio ambiente y muy especialmente se contaminan recursos
vitales como el agua. Se vierten hoy en ríos, lagos, lagunas y acuíferos, enormes
cantidades de tóxicos, los cuales alteran su calidad y ponen en peligro el
abastecimiento de agua potable, el riego, la pesca y las actividades recreativas, dando
como resultado un grave deterioro en la calidad de vida de las personas y del propio
medio ambiente.
El Día Mundial del Agua, declarado por la Organización de las Naciones Unidas
el 22 de marzo de cada año, nos invita a reflexionar de la importancia que tiene este
vital líquido no sólo para los seres humanos, sino para todo el planeta, su intención es
concientizarnos de que es un bien escaso, además de que no todas las personas
tienen acceso al agua potable en cantidad, calidad y oportunidad. Sabedores que del
agua depende la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, es importante
crear una cultura para su preservación y fomentar el cuidado de ésta y de las
generaciones venideras que permita comprender su valor real.
La degradación del medio ambiente y la escasez de agua en todo el globo
terráqueo, plantean retos cada vez mayores para las comunidades, para la economía
y para los ecosistemas. Los avances socioeconómicos no pueden sostenerse si no hay
agua salubre para beber, suelos sanos para la producción agropecuaria y un medio
ambiente limpio y estable en el que se sustente el trabajo y la vida.
Guanajuato no está exento de todo lo anterior, la sobreexplotación, la
contaminación y otras formas de degradación de nuestros recursos hídricos y de los
ecosistemas con los que se relacionan de forma estrecha, son muy graves. Frente a
ello preocupa saber que a pesar de los importantes avances en políticas y proyectos
Ambiciosos en lo que a infraestructura hidráulica se refiere, enfocados al uso y
aprovechamiento del agua, amplios sectores de la población continúan contaminando
ríos y aguas de uso común sin tener conciencia de que con sus acciones están
atentando contra el equilibrio natural y están generando un problema de proporciones
catastróficas, dado que la contaminación del agua nos afecta a todos.
En nuestro estado, como en muchos otros, la crisis del agua en su relación con
el medio ambiente es innegable y no basta con preocuparnos sino ocuparnos en aras
de que nuestras generaciones futuras tengan mejores expectativas con el tema de
agua. El ritmo al que la explotamos está sobrepasando la capacidad de renovación
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natural del ciclo hidrológico, tanto en cuerpos de agua superficial como en los
acuíferos.
El agua es un recurso socioeconómico escaso y vital, la creciente demanda de
agua para fines tanto industriales como domésticos amenaza la sostenibilidad de las
aguas subterráneas y de los ríos, que afecta a la agricultura, a la industria, a la
silvicultura y al medio ambiente. Es esencial que los recursos hídricos sean
gestionados de manera estratégica y sostenible y en esa tarea gobierno y sociedad
debemos hacernos uno solo. Si no hacemos de la gestión del agua nuestra principal
política pública para enfrentar los retos existentes y los que están por venir,
estaremos dando pasos hacia atrás.
Por ello se han llevado a cabo en el estado de Guanajuato diferentes
programas e impartición de talleres en cultura del agua y de cuidado al medio
ambiente. En este sentido y en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado
de Guanajuato, se innovó el programa de distintivo de escuelas, donde se reconoce a
aquellas que ahorran agua y disminuyen su consumo.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, preocupado y ocupado por el
cuidado del agua, impulsó reformas a nuestra Constitución Local para reconocer el
derecho universal que todos los guanajuatenses tienen a un medio ambiente sano y al
acceso, disposición y saneamiento del agua, iniciativa que se aprobó en este Pleno el
3 de octubre de 2013.
Sirva este día para trabajar mano a mano, es un tema que no puede esperar
porque cada día que dejamos pasar sin tomar medidas o implementar acciones para
el cuidado del agua y del medio ambiente, es un día que perdemos en perjuicio de la
humanidad. No habrá como reemplazar el tiempo perdido, no habrá segundas
oportunidades, ya empezamos a sufrir los efectos del calentamiento global y de la
escasez de agua y sus consecuencias se dejarán sentir cada vez con más intensidad si
no hacemos algo al respecto.
Sabemos que el agua es indispensable para la vida, pero también es
fundamental para la generación de ingresos, para la seguridad alimentaria y la
protección del medio ambiente; por ello el Partido Acción Nacional seguirá apoyando
su conservación y cuidado y no dejaremos de alzar la voz para generar un cambio
cultural de respeto por nuestro medio ambiente, porque es una tarea que nos obliga a
todos y un compromiso con las generaciones de hoy y del mañana.
Es también importante señalar como miembro de este Poder Legislativo y
como presidente de la Comisión de Aguas, que si bien es cierto el término Cultura del
Agua que se adopta no solamente de manera coloquial, sino porque la misma ley así
lo contempla; en la opinión de un servidor debe ser rebasado y empezar a dirigirnos
hacia una educación ambiental propositiva, porque agua no es solamente presas,
arroyos, acuíferos, pozo, etc., agua es fuente de vida y la vida sin un medio ambiente
sano no puede concebirse a plenitud. Es cuanto señor presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA FORMULADA POR LAS DIPUTADAS
Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL
ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO TERRITORIAL PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
C. Dip. Martín López Camacho: Con el permiso de la presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores.
(Leyendo) »DIPUTADO GALO CARILLO VILLALPANDO. PRESIDENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SEXAGÉSIMA SEGUNDA
LEGISLATURA. PRESENTE.
Los que suscribimos, Diputadas y Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda Legislatura del
H. Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56 fracción II
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos
permitimos someter a la consideración de ésta Asamblea Legislativa, la presente
Iniciativa por la que se adiciona la fracción VI al artículo 21 del Código
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de conformidad con lo
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, nos resulta inminente el reconocimiento de una crisis de
abasto de agua a nivel mundial y por ello de la trascendencia del correcto y eficiente
uso que le demos a los recursos acuíferos con que cuenta el Estado de Guanajuato, el
saneamiento y la implementación de políticas sustentables, integrales y estrategias
innovadoras que den solución a estos problemas de suministro que ya en algunas
zonas de nuestro estado se presentan.
Recientemente hemos reconocido el derecho humano al agua y al saneamiento
en el Estado de Guanajuato, como parte fundamental de los preceptos necesarios e
inalienables de las personas, creando la obligación el Estado de tomar las medidas
necesarias para su abastecimiento y tratamiento.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 3
millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua
contaminada. La diarrea es la segunda causa más importante de muertes de niños
por debajo de los 5 años. La falta de acceso a agua potable mata más niños que el
SIDA, la malaria y la viruela juntos.
A nivel mundial aproximadamente una de cada 8 personas no tiene agua
potable.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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En solo un día más de 200 millones de horas del tiempo de las mujeres se
consumen para recolectar y transportar agua para sus hogares.
La situación de la falta de saneamiento es aún mucho peor porque afecta a
2600 millones de personas que equivalen a un 40% de la población mundial.
Estamos conscientes de que la función primordial del Poder Legislativo es la de
crear las leyes que requiere la ciudadanía para su armónica convivencia en sociedad,
por eso consideramos que la participación del Poder Legislativo en las instancias
encargadas de la aplicación de las leyes que creamos, resulta de gran importancia
para poder dar seguimiento y formar parte de la toma de decisiones que resultan de
la aplicación de los cuerpos normativos, estando de acuerdo en que las acciones,
programas, estrategias o medidas que se implementen cubran las intenciones que se
buscaron al momento de la creación de las leyes.
El Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato que fue
creado en septiembre de 2012, tiene como objeto establecer las normas, principios y
bases para la gestión, conservación y preservación de las aguas de jurisdicción estatal
para lograr un desarrollo sustentable; temas que conciernen a la Comisión Estatal del
Agua.
La Comisión Estatal del Agua de nuestro Estado es una entidad pública
encargada de la gestión , preservación y conservación de las aguas de jurisdicción
estatal que cuenta para su gobierno, operación, administración y funcionamiento con
el Consejo Directivo, que está integrado por:
El Secretario de Desarrollo Social y Humano como Presidente;
El Secretario de Desarrollo Agropecuario;
El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable;
El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración;
El Secretario de Salud;
El Secretario de Educación;
El Secretario de Obra Pública;
El titular del Instituto de Ecología,
El titular de la Comisión de Vivienda;
El titular del Instituto de Planeación;
Seis representantes de los municipios del Estado;
Un representante de los usuarios del agua, uno por cada uso; y
El Director General de la Comisión estatal del Agua, quien funge como Secretario
Técnico.
Este Consejo Directivo tiene entre sus atribuciones el vigilar y evaluar el
cumplimiento de los objetivos y atribuciones de la Comisión Estatal del Agua, por ello
consideramos que resulta trascendente la participación de un representante del Poder
Legislativo integrante de la Comisión de Aguas que contribuya a la creación de
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acuerdos y consensos relativos al tema del agua que impactan directamente a los
pobladores del Estado.
El tema de la conservación y uso eficiente de los recursos naturales con
que cuenta nuestro Estado es compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, estamos ciertos de que en la medida que tomemos las precauciones para su
conservación y mantenimiento, es la capacidad que tendrán las generaciones futuras
de poder contar con recursos suficientes para la vida misma.
Por todo lo anteriormente manifestado; las diputadas y los diputados del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponemos a esta Asamblea la iniciativa
por la por la que se adiciona la fracción VI al artículo 21 del Código Territorial
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
DECRETO
Artículo único. Se adiciona la fracción VI al artículo 21 del Código Territorial
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para quedar como sigue:
»Artículo 21. El Consejo Directivo estará integrado por:
I a V…
VI. Un representante del Poder Legislativo integrante de la Comisión de Aguas
del Congreso del Estado de Guanajuato.
El reglamento interior...
Por cada...
El cargo de los...
Cuando el Titular del...
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
GUANAJUATO, GTO., 26 DE FEBRERO DE 2014. LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL. Dip. Francisco Arreola Sánchez Dip. Óscar Arroyo Delgado. Dip. Sergio
Carlo Bernal Cárdenas. Dip. Luz Daniel Campos Lango. Dip. René Carmona Gómez.
Dip. Galo Carrillo Villalpando. Dip. Francisco Flores Solano. Dip. Juan José García
López. Dip. Javier González Saavedra. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández. Dip.
Fernando Hurtado Cárdenas. Dip. Karla Alejandrina Lanuza Hernández. Dip. José
Juventino López Ayala. Dip. Martín López Camacho. Dip. Luis Manuel Mejía Barrañeda.
Dip. Karina Padilla Ávila. Dip. Juan Rendón López. Dip. Alfonso Guadalupe Ruíz Chico.
»
H. CONGRESO DEL ESTADO
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ACLARANDO HECHOS EN EL TEMA GOBIERNO DE RESULTADOS,
INTERVIENE EL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO.
Sesión Ordinaria 5 de diciembre de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: Gracias presidente. Desde hace unos días
escucho a unos compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional llenarse
los labios de una palabra, cortesía; para un servidor cortesía hubiese sido que así
como el Partido Acción Nacional fue respetuoso de un pronunciamiento que hizo el
diputado Gerardo Zavala del primer año del Presidente Enrique Peña Nieto, así fuese
con nosotros; en cambio no están obligados a callar, razón por la cual también
nosotros estamos aquí.
Empezaré con lo que hizo alusión el diputado respecto al respeto, decirle a la
compañera Yulma que le agradezco el calificativo de camaleón, la verdad es que mis
principios, mis buenas costumbres y ser un caballero me obliga a no contestar pero
realmente no esperaba menos de usted. Yo diría que cuando subamos a esta tribuna
conformemos un discurso que no corrompa las palabras, que haga referencia a los
valores y rescate las virtudes públicas.
Verdades a medias, decía el diputado que me antecede en la palabra, ¡pues
no! todo lo que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha dicho en tribuna con
mis dos compañeros que me han antecedido, está documentado; por ejemplo que en
los primeros meses del año, México estaba entre las tres economías con mayor
dinamismo de la OCDE y las malas decisiones de este año nos hicieron descender al
número quince. O que, a pesar de la aprobación de recursos el gobierno dejó de
ejercer, el gobierno federal, más de 28 mil millones de pesos entre enero y
septiembre, generando un subejercicio; o el panorama negativo en la economía
también se ha reflejado en la confianza del consumidor, la cual cayó 4%; su menor
nivel en casi dos años desde diciembre de 2011. O hablamos de gobernabilidad,
donde el gobierno de la república mostró su incongruencia con el estado de derecho;
por un lado detiene a la líder del SNTE Elba Esther Gordillo, pero por otro se niega a
investigar a otros líderes sindicales que han evidenciado fortunas desmedidas. Del
mismo modo observamos que esta administración federal gobierna a billetazos, esa
fue la forma de negociar con el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) otorgando
pensiones vitalicias de quince mil pesos mensuales a trabajadores de luz y fuerza.
Hoy la actividad política que ocupa el gobierno es la de la mordaza con dinero.
De seguridad, ¿más no es sinónimo de mejor? A pesar de que hoy hay
cincuenta por ciento más de militares en labores contra el crimen organizado, los
mexicanos no se sienten más seguros y crímenes como la extorsión y el secuestro
han aumentado visiblemente. Hay una evidente falta de coordinación con los
gobiernos estatales, lo cual ocasionó la prórroga de la certificación de policías, la cual
concluirá hasta el 2014. Lo de la Gendarmería Nacional que ¡bueno! todavía se tiene
el sueño guajiro de crearla.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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El mismo gobierno nos confirma el incremento durante los primeros ocho
meses de administración, son los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública los
que hablan de un aumento del 27.56% en secuestros respecto al mismo período de
2011-2012. Un año de incumplirle a los mexicanos y de postergar promesas como la
Gendarmería Nacional. Todavía recuerdo cuando rindió su primer informe el
Presidente Peña Nieto, se cuestionaba que en lugar de dar cuenta del cumplimiento
de metas y objetivos de su administración, el presidente informó del estado que
guardaba el Congreso de la Unión y las reformas que impulsadas por el Pacto por
México han procesado ambas Cámaras. Si no fuera por el manto del Pacto por México,
que no sólo cubre de un talento reformador que no le es propio, sino que le ha
brindado protección desde la propia oposición, Peña Nieto aparecería como una
terrible decepción.
En el combate a la corrupción he de reconocer una alta escuela en el combate
a la corrupción que empezó por una declaración de bienes ridícula, donde la mayoría
de las propiedades del presidente resultaron donaciones. En medio de las denuncias
más documentadas de desviación de recursos públicos, en Veracruz precisamente
Peña Nieto restauró la cultura de la complicidad y el sistema de las tapaderas cuando
le dijo a la Secretaria de SEDESOL, Rosario, no te preocupes. Yo espero que en el
2018 Peña Nieto no les diga a los mexicanos, mexicanos no se preocupen. Es cuánto,
muchas gracias.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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RECTIFICANDO HECHOS EN LA DISCUSIÓN RELATIVA AL DICTAMEN
SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO
124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y
DE EXPEDICIÓN DE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 21 de noviembre de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: Gracias presidente.
Triste es y será que un compañero use la tribuna para menospreciar la
inteligencia y el trabajo de otro compañero; aquí no viene a corregir a nadie, ¡no se
equivoquen! vienen a demostrar la capacidad que tienen en su trabajo y la capacidad,
en este caso, es de una iniciativa mal planteada.
Comenta el diputado Gerardo Zavala Procell que los diputados del Partido
Acción Nacional demostramos un desprecio al Estado de Derecho. Después también
comenta que nosotros usamos argumentos del Supremo Tribunal de Justicia y sí,
pensamos igual; pero entonces si yo saco una conclusión el Supremo Tribunal de
Justicia también tiene un desprecio al Estado de Derecho; ¡nada más lamentable pero
también incongruente y no estoy de acuerdo!
La iniciativa no es congruente con el esquema que marca la Carta Magna, ni
siquiera local ni internacionalmente; habla de procesos de naturaleza legislativa; no
hay un solo juicio, un solo ejemplo de gente que haya sido procesada por esta figura
del Juicio Político. Es cierto que fue una sola mesa de trabajo, pero esto fue aprobado
dentro de la metodología, no se forzó a que fuera una; ¡es más! en la mesa de
trabajo jamás los diputados del Partido Revolucionario Institucional mostraron la
voluntad o, al menos, la petición de seguir teniendo mesas. Si bien es cierto para
algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional, la opinión de mis
compañeros y de un servidor no interesan, tal pareciera que ellos solamente tienen la
verdad absoluta.
Voy a poner aquí dos conceptos de Juristas que sí han investigado en la
materia, que no han investigado y analizado en una sola mesa de trabajo, han escrito
libros sobre esto; al primero Carlos Requena, el Juicio Político en México se ha
convertido en herramienta de intimidación, descrédito y ataques a la clase política
nacional; o de Elisur Arteaga; el Juicio Político se basa en criterios estrictamente
políticos, nunca busca la justicia ni castigar al culpable. Muchas gracias.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO, CON EL
TEMA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 24 de octubre de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: »En cuanto a llegar al poder, baste recordar
cuántos lo han alcanzado para el mal o cuántos lo han tenido para no hacer nada. Lo
importante no es el poder, sino aquello para lo cual debe servir el poder«
Efraín González Luna
Con su venia diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Hoy solicité subir a esta tribuna para hablar de la delicada situación que se
vive en la Delegación de la CONAGUA de nuestro estado.
El pasado mes de mayo tomó posesión como Director General de la CONAGUA,
Delegación Guanajuato el Ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borja, quien ya se había
desempeñado en el mismo cargo en los estado de Guerrero y Tabasco, dejando como
resultados de su gestión, múltiples cuestionamientos y denuncias por actos de
corrupción.
Por mencionar tan sólo algunos, en el estado de Guerrero de 1999 al 2005, fue
acusado de la venta de terrenos en zonas federales a paracaidistas, de manera
concreta en la barranca de Alpuyaca, municipio de Chilpancingo.
De igual forma, en 2004 grupos ambientalistas presentaron una denuncia
formal ante la PGR en contra del cuestionado Delegado, a quien se le acusaba de
atentar contra los manglares de la laguna de Coyuca de Benítez, dañando gravemente
el medio ambiente y las zonas protegidas por la PROFEPA.
El pasado 30 de abril del año en curso, la Comisión de Recursos Hidráulicos de
la Cámara de Diputados, aprobó un punto de acuerdo a efecto de que la Comisión
Nacional del Agua y la Auditoria Superior de la Federación, realicen una auditoria a la
administración que encabezó en su momento el Ingeniero Jorge Octavio Mijangos
Borja, como Delegado de la CONAGUA en el Estado de Tabasco.
En el punto de acuerdo que aprobaron los Diputados Federales se refiere que
durante su gestión se incumplieron diversas disposiciones jurídicas como la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Obras Públicas, el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y la Ley de Aguas Nacionales, entre otras;
además de desprenderse diversas irregularidades en la Delegación de CONAGUA en el
Estado de Tabasco, como el dejar obras inconclusas, el pago excesivo a diversos
contratistas, tráfico de influencias e irregularidades en el Plan Hídrico Integral de
Tabasco que ascienden a 140 millones de pesos.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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No conforme con lo anterior, el Ingeniero Jorge Octavio Mijangos, hoy es
señalado como uno de los principales responsables de autorizar permisos para la
construcción de viviendas, en las zonas que recientemente se vieron afectadas con las
inundaciones provocadas por los fenómenos Ingrid y Manuel y no es casualidad, esas
zonas nunca debieron destinarse para ese fin pues son zonas de altísimo riesgo para
la población.
Es oportuno precisar que este funcionario comenzó su carrera dentro de la
Comisión Nacional del Agua en el sexenio de Ernesto Zedillo, posteriormente en el
transcurso de la administración de Vicente Fox fue destituido de su cargo por las
múltiples denuncias que se presentaron en su contra y luego el Gobierno de Felipe
Calderón se vio obligado a reinstalarlo por un laudo que así lo ordenaba, derivado de
una cuestión de derechos laborales y no porque se le hubiera absuelto de las
acusaciones que se le imputaban. El actual gobierno encabezado por el licenciado
Enrique Peña Nieto no sólo lo ratifica, sino que lo envía a Guanajuato como Delegado.
La situación del agua no es un tema menor y en Guanajuato la problemática
que enfrentamos sigue siendo un reto de grandes dimensiones, pues la mayoría de
los acuíferos en nuestra entidad están casi agotados, situación que pone en riesgo el
abasto para la ciudadanía, de ahí que resulte de vital importancia contar con políticas
y programas eficaces implementados desde la Delegación de la CONAGUA en
Guanajuato que nos permitan aminorar y revertir la problemática del agua, situación
que se antoja difícil dados los antecedentes de nuestro actual Delegado.
Me pregunto, ¿resulta válido, que se nombre a un funcionario que trae consigo
tantas y tan delicadas denuncias sobre su capacidad y su desempeño en la función
pública? ¿No existían mejores perfiles para dirigir la Delegación de la CONAGUA en
Guanajuato? ¿Queremos que en nuestro Estado se repitan hechos tan lamentables de
corrupción como los ocurridos en Guerrero y Tabasco, donde tuvo participación
directa el citado ingeniero? Nos preocupa que esto se de en nuestro país, pero mucho
más nos preocupa que se de en nuestro estado de Guanajuato.
Es por ello compañeras y compañeros diputados que queremos hacer un
respetuoso llamado al Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto y al Director
General de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, con la finalidad de que se
revise el perfil de los delegados que están siendo designados en Guanajuato, para
evitar que se nombren funcionarios que no cumplan con los principios mínimos para
desempeñar la función pública y, en el caso particular que nos ocupa, el llamado es a
que se sustituya al Director de la Comisión Nacional del Agua en nuestro estado,
dados los antecedentes ya mencionados. Que los funcionarios siempre estén a la
altura del cargo que representan. Por su atención muchas gracias. Es cuánto señor
presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO PARA
HABLAR SOBRE EL DÍA NACIONAL DE TRASPLANTE Y DONACIÓN DE
ÓRGANOS.
Sesión Ordinaria 10 de octubre de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: Con el permiso de la presidencia.
Compañeras y compañeros diputados.
«Ningún órgano puede actuar por sí solo sino siempre en conjunto con todo el
cuerpo; una curación es posible solamente cuando todos los órganos se ponen al
servicio de la defensa«
Paracelso
La historia de la medicina muestra con evidencia los grandes progresos que se
han podido realizar para permitir una vida cada vez más digna a toda persona que
sufre. Los trasplantes de tejidos y de órganos constituyen una gran conquista de la
ciencia médica y son ciertamente un signo de esperanza para muchas personas que
atraviesan graves y, a veces, extremas situaciones clínicas.
La historia del trasplante se escribe en el mundo desde antes de que el hombre
llegara a la luna; sin embargo en México inició hace 5 años con el primer trasplante
de riñón en el Instituto Mexicano del Seguro Social y hace unas semanas se
cumplieron 25 años del primer trasplante de corazón, sumando ahora más de 80 mil
procedimientos ocupando el lugar 18 de 91 países que hacen trasplantes de órganos
en el mundo, de acuerdo a conteos de la Organización Mundial de la Salud.
Anualmente miles de mexicanos enferman de alguna insuficiencia orgánica que
sólo son susceptibles de ser tratados mediante el trasplante de órganos y tejidos. De
acuerdo a datos del Centro Nacional de Trasplantes, por sus siglas CENATRA, 18,140
personas en México necesitan de un trasplante para poder continuar con una buena
vida de calidad.
Desde hace diez años fue instituido el 26 de septiembre como el Día Nacional
de la Donación y Trasplante de Órganos; fecha en la que no puede hablarse sólo de
cifras y estadísticas; de lo que debemos hablar es de personas y de la vida.
Muy importante resulta incentivar a la sociedad a tomar consciencia del valor
de los trasplantes y la donación de órganos, ya que con ello se puede ayudar a otra
persona a tener una mejor calidad de vida, miles de niños, mujeres y hombres hoy
día se encuentran con su vida en pausa, esperando la generosidad de alguien que les
regale vida a través de sus órganos.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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Lejos estamos aún de tener una cultura generalizada sobre la donación de
órganos, todavía son muchas las negativas que se reciben cuando se solicita
considerar la donación de órganos y tejidos, perdemos de vista que si nos
convertimos en donadores estaremos dando continuidad a nuestra propia vida.
Más allá de los pretextos o excusas, lo cierto es que detrás de cada negativa
se esconde un alto grado de desinformación y falta de interés que contribuye a la
creación de ideas erróneas y, con ellas, se pierden órganos sanos que podrían ser
utilizados para salvar miles vidas.
Todavía falta mucho por hacer, pero de nada sirve que las autoridades
sensibilicen a la población con campañas de promoción de la donación de órganos, si
nosotros como sociedad, como familia, no contribuimos a manifestar en vida nuestra
voluntad de ser donadores. Donar un órgano es un acto de amor y solidaridad.
Los esfuerzos que se hacen cada año por fomentar la donación de órganos
para trasplantes son arduos y comienzan a rendir sus frutos; ejemplo de ello es que
Guanajuato fue reconocido este 2013 por la contribución a las actividades de donación
y trasplante en el país. En lo que va del año se han escrito las historias de 75
guanajuatenses donadores de órganos generando 257 órganos y tejidos, la mayoría
se han quedado en la entidad para beneficiar a pacientes en lista de espera de un
órgano y otros más para receptores de otras entidades.
Hacemos también un llamado desde esta tribuna para que exista una mejor y
mayor coordinación entre la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Centro
Nacional de Trasplantes, para el caso de las personas declaradas con muerte cerebral
producto de un delito culposo o doloso de los que tenga conocimiento dicha
Procuraduría, a efecto de que se vincule con el Centro Nacional de Trasplantes y
puedan realizar acciones tendientes a orientar y concientizar a los familiares sobre la
opción de donar órganos.
Que esta fecha nos sirva para reflexionar sobre un tema tan importante como
lo es la donación de órganos y tejidos y que sigamos trabajando para que cada vez
más mexicanos dejen de lado sus temores infundados y se conviertan en donadores
altruistas. La gratitud de quienes reciben ese maravilloso regalo será, a su vez, un
motivo de alegría y paz para los familiares de aquellos que ya no están con nosotros.
Finalmente concluyo con una frase que resume la esencia de este importante
tema: «No pienses en la donación de órganos como ofrecer una parte de ti para que
un desconocido pueda vivir. Es en realidad un desconocido quien ofrece todo su
cuerpo para que una parte de ti pueda seguir viviendo. « Muchas gracias. Es cuánto
señor presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO, A FAVOR
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE REFORMAS, ADICIONES Y
DEROGACIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS, SUSCRITA POR EL
GOBERNADOR DEL ESTADO.
Sesión Ordinaria 3 de octubre de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: Con su permiso diputado presidente.
Compañeras y compañeros diputados. Personal del Congreso del Estado.
Medios de comunicación. Público que nos acompaña.
He pedido el día de hoy el uso de la voz para hablar a favor del dictamen de
reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y
pedir, además, a ustedes diputadas y diputados, su voto a favor del mismo.
En primer término es importante precisar que el régimen de responsabilidades
administrativas de los funcionarios públicos debe siempre contribuir a la transparencia
en los actos de gobierno y a la rendición de cuentas; por ello, el ordenamiento que
incide en el ámbito de actuación del servidor público, cobra una trascendencia
fundamental en nuestro Estado de Derecho.
Quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
dictaminamos la Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, orientando el marco normativo
en construir figuras jurídicas mejor definidas, con el fin de dotar de mayor eficacia a
los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren por conducto
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y los órganos de control
de las entidades de la administración pública.
Cierto es que la sociedad reclama una mayor eficiencia y honestidad en el
ejercicio de los recursos de origen público, en ese sentido es importante destacar que
a través de estas reformas se regulan y extienden la responsabilidad administrativa a
todas aquellas personas o servidores públicos que administren, manejen y apliquen
los recursos públicos imponiendo el deber jurídico de su eficaz y eficiente
administración y aplicación a los fines legales que han sido destinados.
Asimismo, se faculta a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas para fincar responsabilidades resarcitorias a los trabajadores del estado y de
los municipios, lo cual responde a la idea de que el estado pueda exigir del servidor
público el pago derivado de una irregularidad en el ejercicio de su empleo, cargo o
comisión y que cause daños o perjuicios a la hacienda pública cuando se detecten
irregularidades por actos u omisiones en el manejo de recursos económicos públicos.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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El estado actuará enérgicamente en contra de todo servidor público que se
aparte de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y en eficiencia, para lo cual, se aumenta hasta 9 años el plazo de la facultad para
fincar responsabilidad administrativa por parte de las autoridades, en los casos de las
conductas que se consideran graves en términos de esta ley.
De igual manera se incrementan las sanciones por el incumplimiento de
obligaciones o por incurrir en conductas prohibidas, proponiéndose la inhabilitación a
ex servidores públicos hasta por un periodo de 20 años.
Cabe señalar que a través de estas reformas al ordenamiento legal se redefine
la substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa; no
obstante, se respetan las garantías procedimentales a favor de los servidores
públicos, a quienes se les instaure un procedimiento por incurrir en actos u omisiones
en el ejercicio de sus funciones.
Un tema que cobra especial importancia es el de la participación ciudadana en
la vigilancia del ejercicio de los actos de gobierno, por lo cual nos hemos propuesto
facilitar la presentación de quejas y denuncias por la probable comisión de actos de
corrupción, además de establecer plazos para que la autoridad archive el asunto o
inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa, según corresponda.
En este sentido, reiteramos nuestro compromiso y gran responsabilidad: que la
sociedad constate y sienta que su participación cuenta, que efectivamente influye
para que sus servidores públicos se desempeñen con honestidad, ética y eficiencia en
el desempeño de sus funciones.
Compañeras diputadas y diputados con la Iniciativa de reformas a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, consolidemos hoy la
obligación de fortalecer el marco normativo que contribuya a la transparencia en los
actos de gobierno y a la rendición de cuentas y otorguemos certidumbre a los
ciudadanos guanajuatenses sobre la actuación de la administración pública en apego
a los principios rectores del servicio público.
Dejo el dictamen a su consideración esperando contar con la aprobación de su
valioso voto. Muchas gracias, por su atención.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO, A FAVOR
DEL DICTAMEN PRESENTADO.
C. Dip. Martín López Camacho: Con su permiso diputado presidente.
Compañeras y compañeros diputados. Personal del Congreso del Estado.
Medios de comunicación. Público que nos acompaña.
He pedido el día de hoy el uso de la voz para hablar a favor del dictamen de
reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y
pedir, además, a ustedes diputadas y diputados, su voto a favor del mismo.
En primer término es importante precisar que el régimen de responsabilidades
administrativas de los funcionarios públicos debe siempre contribuir a la transparencia
en los actos de gobierno y a la rendición de cuentas; por ello, el ordenamiento que
incide en el ámbito de actuación del servidor público, cobra una trascendencia
fundamental en nuestro Estado de Derecho.
Quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
dictaminamos la Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, orientando el marco normativo
en construir figuras jurídicas mejor definidas, con el fin de dotar de mayor eficacia a
los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren por conducto
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y los órganos de control
de las entidades de la administración pública.
Cierto es que la sociedad reclama una mayor eficiencia y honestidad en el
ejercicio de los recursos de origen público, en ese sentido es importante destacar que
a través de estas reformas se regulan y extienden la responsabilidad administrativa a
todas aquellas personas o servidores públicos que administren, manejen y apliquen
los recursos públicos imponiendo el deber jurídico de su eficaz y eficiente
administración y aplicación a los fines legales que han sido destinados.
Asimismo, se faculta a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas para fincar responsabilidades resarcitorias a los trabajadores del estado y de
los municipios, lo cual responde a la idea de que el estado pueda exigir del servidor
público el pago derivado de una irregularidad en el ejercicio de su empleo, cargo o
comisión y que cause daños o perjuicios a la hacienda pública cuando se detecten
irregularidades por actos u omisiones en el manejo de recursos económicos públicos.
El estado actuará enérgicamente en contra de todo servidor público que se
aparte de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y en eficiencia, para lo cual, se aumenta hasta 9 años el plazo de la facultad para
fincar responsabilidad administrativa por parte de las autoridades, en los casos de las
conductas que se consideran graves en términos de esta ley.
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De igual manera se incrementan las sanciones por el incumplimiento de
obligaciones o por incurrir en conductas prohibidas, proponiéndose la inhabilitación a
ex servidores públicos hasta por un periodo de 20 años.
Cabe señalar que a través de estas reformas al ordenamiento legal se redefine
la substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa; no
obstante, se respetan las garantías procedimentales a favor de los servidores
públicos, a quienes se les instaure un procedimiento por incurrir en actos u omisiones
en el ejercicio de sus funciones.
Un tema que cobra especial importancia es el de la participación ciudadana en
la vigilancia del ejercicio de los actos de gobierno, por lo cual nos hemos propuesto
facilitar la presentación de quejas y denuncias por la probable comisión de actos de
corrupción, además de establecer plazos para que la autoridad archive el asunto o
inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa, según corresponda.
En este sentido, reiteramos nuestro compromiso y gran responsabilidad: que la
sociedad constate y sienta que su participación cuenta, que efectivamente influye
para que sus servidores públicos se desempeñen con honestidad, ética y eficiencia en
el desempeño de sus funciones.
Compañeras diputadas y diputados con la Iniciativa de reformas a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, consolidemos hoy la
obligación de fortalecer el marco normativo que contribuya a la transparencia en los
actos de gobierno y a la rendición de cuentas y otorguemos certidumbre a los
ciudadanos guanajuatenses sobre la actuación de la administración pública en apego
a los principios rectores del servicio público.
Dejo el dictamen a su consideración esperando contar con la aprobación de su
valioso voto. Muchas gracias, por su atención.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MINUTA
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II, III
Y IV, Y SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL APARTADO C) DEL ARTÍCULO
37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
QUE ENVIÓ LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Sesión Ordinaria 9 de mayo de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: Con el permiso de la presidencia.
Compañeras diputadas, compañeros diputados.
Es impostergable revitalizar al Congreso de la Unión y para ello es evidente
que se debe realizar un diagnóstico y revisión de las atribuciones que tiene por
disposición de ley. Como ustedes ya lo saben, dentro de las tareas parlamentarias se
encuentra la autorización a los ciudadanos mexicanos para prestar servicios a
gobiernos extranjeros o bien para aceptar condecoraciones de gobiernos extranjeros.
Tal atribución resulta una labor administrativa y no parlamentaria; por lo que su
naturaleza corresponde, en todo caso, al ámbito ejecutivo o de la función
administrativa. De ahí que el cambio constitucional que hoy nos ocupa, es la reforma
al artículo 37 de la Constitución para que sea el Ejecutivo Federal el que autorice la
prestación de servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, así como
aceptar o usar condecoraciones extranjeras.
De igual manera, se propone que tratándose del Presidente de la República,
los Senadores y diputados al Congreso de la Unión y los Ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, podrán libremente aceptar y usar condecoraciones
extranjeras.
En tal sentido, reitero a ustedes que debe existir un procedimiento más flexible
y más ágil para el otorgamiento de permisos para recibir condecoraciones o para
poder prestar servicios en una embajada de otro país y que el mismo no distraiga a
los legisladores de labores de mayor calado. Asimismo, debo señalar que al otorgarse
la facultad al Ejecutivo Federal constituye un mejor diseño constitucional, ya que la
atribución se inserta dentro del ámbito de competencia para conducir la política
exterior y las relaciones internacionales. De igual manera, se reitera que la naturaleza
de una autorización, en este caso para recibir condecoraciones o para prestar
servicios a un gobierno extranjero, corresponde más al ámbito administrativo que al
legislativo.
Por lo anterior, la estimación y fin que busca el proyecto en discusión, es hacer
más eficiente la labor del Poder Legislativo Federal, ya que la supresión de dicha
función administrativa de sus atribuciones, permitirá que haya una mayor atención
para los asuntos auténticamente legislativos y parlamentarios.
Por lo anteriormente expuesto, solicito su apoyo al dictamen. Agradezco su
atención. Es cuánto señor presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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LECTURA DE LA INICIATIVA FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, A EFECTO DE ADICIONAR UN QUINTO Y UN SEXTO
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 2 de mayo de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: Muchas gracias diputado presidente.
(Leyendo) «Dip. Francisco Flores Solano. Presidente del Honorable Congreso
del Estado de Guanajuato. Sexagésima Segunda Legislatura. Presente.
«DIPUTADO FRANCISCO FLORES SOLANO.PRESIDENTE DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LXII LEGISLATURA. PRESENTE.
Quienes suscribimos, Diputadas y Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda Legislatura del
H. Congreso del Estado de Guanajuato, en ejercicio de la facultad que nos confiere los
artículos 56 fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, la presente
iniciativa QUE ADICIONA UN QUINTO Y UN SEXTO PARRAFO AL ARTÍCULO
PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hoy en día resulta incuestionable el derecho humano que tienen las personas a
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. En nuestro país este derecho
se encuentra ya reconocido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos desde el 8 de febrero de 2012.
Al igual que México en la mayoría de los países del mundo, el “derecho al
ambiente sano” es parte de los llamados derechos humanos de tercera generación
que se han formado en el proceso de actualización del constitucionalismo moderno
internacional.
La tercera generación de los derechos humanos es una clasificación de carácter
histórico, considerando cronológicamente su aparición y reconocimiento por parte del
Estado dentro del orden jurídico.
El derecho a gozar de un ambiente sano surge con la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en 1948. Por su parte, la Declaración de Lisboa de 1988
emitida dentro del marco de la “Conferencia Internacional sobre garantías del Derecho
Humano al Ambiente”, exhortó a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados
crear mecanismos jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y
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exigir sin impedimentos, el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el
desarrollo de su vida.
Es importante señalar que el respeto al derecho al medio ambiente sano por
disposición constitucional deberá ser garantizado por el Estado, y que el daño y
deterior ambiental es motivo de la generación de responsabilidad por quien lo
provoque en los términos que disponga la Ley de la materia. En ese sentido resulta
oportuno proponer a esta asamblea homologar el derecho al medioambiente sano en
nuestra Constitución local tal y como se dispone en nuestra Carta Magna.
También en nuestra Constitución Federal se encuentra contemplado en el
artículo cuarto el derecho que toda persona tiene al acceso, disposición y saneamiento
del agua para consumo personal y doméstico. Lo anterior se concretó después de
haber sido reconocido como un derecho humano por las Naciones Unidas en el año de
2010.
Lo antes expuesto resulta relevante si señalamos que desde el años de 1977
con la declaración de Mar del Plata, ya se advertía con contundencia el problema del
acceso al agua potable y además se tomaba conciencia de la destrucción por
contaminación de la mayor parte de nuestras fuentes superficiales, el encarecimiento
del agua potable y la falta de tratamiento en la mayoría de los países.
El Estado tiene la obligación de hacer todo lo necesario para evitar la muerte
por deshidratación así como de reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas
con el agua contaminada, para satisfacer las necesidades de consumo, en la cocina y
las necesidades de higiene personal.
Resulta importante señalar que la situación de los recursos hídricos del país y
especialmente en Guanajuato sigue siendo crítica. Según datos de la misma Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), más de 70 por ciento de los cuerpos superficiales de
agua de nuestro país tienen algún grado de contaminación.
Fosfatos, plomo, zinc, cadmio, arsénico y bencenos son entre otros, algunos de
los elementos tóxicos que podemos encontrar en los ríos, lagos y lagunas de nuestro
Estado.
La contaminación de los cuerpos de agua afecta directamente a las
comunidades que viven cerca de los ríos, lagos y otros afluentes porque provoca
daños a su salud y sus fuentes de alimentos, además representa un alto costo para la
sociedad porque entre más agua sea contaminada en los afluentes, más costoso será
potabilizarla, llevarla a las ciudades y atender los impactos que deje en las
comunidades y en el medio ambiente.
A través de esta iniciativa buscamos se homologue también el texto de la
Constitución Federal con la local para que en la particular del Estado se reproduzca el
derecho al agua en similares términos que en la Carta Magna, razón por la cual se
presenta el siguiente:
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D E C R E TO
Artículo Único.- Se adicionan un quinto y un sexto párrafo al artículo 1 de la
Constitución Política del Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:
«ARTÍCULO 1. En el Estado…
Para los efectos…
Queda prohibido todo…
La Ley protegerá…
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la
participación del Gobierno del Estado y de los municipios, así como la de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.»
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigencia al cuarto día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
GUANAJUATO, GTO., A 2 DE MAYO DE 2013. Las y los diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip.
Francisco Arreola Sánchez. Dip. Óscar Arroyo Delgado. Dip. Sergio Carlo
Bernal Cárdenas. Dip. Luz Daniel Campos Lango. Dip. René Carmona Gómez.
Dip. Galo Carrillo Villalpando. Dip. Francisco Flores Solano. Dip. Juan José
García López. Dip. Javier González Saavedra. Dip. Juan Carlos Guillén
Hernández. Dip. Fernando Hurtado Cárdenas. Dip. Karla Alejandrina Lanuza
Hernández. Dip. José Juventino López Ayala. Dip. Martín López Camacho. Dip.
Luis Manuel Mejía Barreñada. Dip. Karina Padilla Ávila. Dip. Juan Rendón
López. Dip. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico. »
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PARA HABLAR SOBRE EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, INTERVIENE EL
DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO.
Sesión Ordinaria 11 de abril de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: Con su venia diputado presidente.
Compañeras diputadas y diputados. Medios de comunicación. Público en general que
nos acompaña el día de hoy.
Estoy aquí para hablar del pasado 22 de marzo declarado ya Día Mundial del
Agua, porque nunca es tarde para hacer una reflexión en este tema.
Una de cada tres personas vive en un país con escasez de agua entre
moderada y alta; y es posible que para 2030 la escasez afecte a casi la mitad de la
población mundial, ya que la demanda podría superar en un 40% a la oferta.
«Cada vez hay más competencia entre agricultores y ganaderos, entre el
sector industrial y el agropecuario, entre la ciudad y el campo, entre las cuencas
hidrológicas altas y las bajas y entre quienes viven a uno u otro lado de las fronteras.
El cambio climático y las necesidades de la población que sigue creciendo y
prosperando, significan que debemos trabajar para proteger y administrar este
recurso frágil y limitado« (Este fue el mensaje de la Secretaría General de la ONU del
pasado 22 de marzo)
Compañeras y compañeros diputados. Como Presidente de la Comisión de
Aguas de la Sexagésima Segunda Legislatura, toco este tema con el objetivo de hacer
conciencia y no dejar pasar por alto este tema que nos merece, a todos, reflexión y
sobre todo acciones urgentes.
Quiero compartir con ustedes que en 1992, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución que declaró el 22 de
marzo de cada año, como Día Mundial del Agua. El objetivo ha sido que todos seamos
conscientes de la necesidad de preservar y proteger el vital líquido y, sobre todo, que
aprendamos a ser más responsables con su uso, que es un recurso natural cada vez
más limitado y que lamentablemente descuidamos irracionalmente.
¿Somos conscientes de que millones de personas carecen de acceso al agua
potable? ¿Somos conscientes de cuántos millones de personas mueren cada año,
principalmente niños, por enfermedades causadas por el agua insalubre?
Compañeras y compañeros, las reservas de agua dulce subterránea se están
agotando y no son renovables.
En Guanajuato la situación llega a tal extremo que en los acuíferos de nuestra
entidad el agua se nos está agotando. En la ciudad de León, por ejemplo, el 99% del
agua con la que se abastece a los ciudadanos proviene de pozos, lo cual representa
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una sobreexplotación de los mantos acuíferos profundos por haberse agotado el agua
de las capas superficiales.
El agua es, sin lugar a dudas, un elemento del cual no podemos prescindir; por
lo que debemos realizar esfuerzos permanentes para conservarla y optimizar su uso.
Sin embargo, se requiere de un gran esfuerzo social para lograr el objetivo.
En caso de seguir haciendo uso desmedido del agua subterránea, las familias
futuras comenzarán a verse afectadas pues el costo por el servicio se incrementará y
resultará más complicado llevarla a todos los rincones del estado.
Debemos de entender las causas, la gravedad y las consecuencias de una mala
administración del agua y de otros recursos naturales, evitar que aumente su uso
desmedido y se transmita este problema a las generaciones futuras; aprender de los
errores y los viejos vicios de operación que han llevado a la situación actual;
promover su adecuado manejo y su conservación tanto en cantidad como en calidad y
actuar por medio de soluciones simples pero efectivas y, sobre todo, aplicables a las
condiciones culturales, sociales y económicas de nuestro estado y de nuestro país.
Quiero compartir unos datos duros sobre este vital recurso. Una persona que
vive en una zona urbana utiliza en promedio 250 litros de agua al día; por citar
alguna distribución, al momento del baño, 100 litros; en la descarga de sanitario, 50
litros; en el lavado de ropa, 30 litros; en el lavado de otros utensilios, 27 litros; en
regar plantas y jardines 18 litros; en lavar y cocinar alimentos 15 litros, así como
otros usos, 10 litros más.
Tomemos conciencia y pongamos en acción actividades que eviten el
desperdicio del agua. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto.
Pongamos en práctica las siguientes acciones que hemos escuchado en manuales, en
medios de comunicación, de cómo aprovechar el agua al momento del baño; cómo
recoger aquella agua que puede ser utilizada para regar plantas o para limpiar pisos;
no usar los sanitarios o inodoros como botes de basura; reparar las tuberías y llaves
que goteen en cocinas y baños; con esto ahorraremos aproximadamente 170 litros de
agua al mes. Y así hay más recomendaciones que debemos seguir en nuestras casas,
en nuestros centros de trabajo. También invitar a las instituciones públicas, al
gobierno federal, al gobierno del estado, a cada uno de los gobiernos municipales a
que asumamos, con gran actitud, modernizar, crear o adecuar nuevas políticas
públicas que permitan trabajar en el tema. De igual manera, generar proyectos de
inversión que le permitan al gobierno garantizar a las generaciones futuras
aprovechar este vital líquido que, además, está descrito como una garantía
constitucional en nuestra Carta Magna, en el artículo 4°, cuarto párrafo.
Esta es una tarea en la que debemos participar por igual todos los
guanajuatenses, tomando conciencia de la necesidad de cuidar y usar el agua
responsablemente.
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Compañeras y compañeros diputados, concluyo afirmando que actuar
responsablemente y activamente en el tema del agua no es un acto de buena
voluntad, sino obligación de los seres humanos, porque simple y sencillamente el
agua es fuente de vida. Es cuanto señor presidente.
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EL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO, INTERVIENE PARA HABLAR
SOBRE ÉTICA PARLAMENTARIA.
Sesión Ordinaria 21 de marzo de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: Con el permiso señor presidente.
Compañeras diputadas y compañeros diputados
»La autoridad moral no proviene de una credencial de diputado, de una gorra o
uniforme de policía, sino de la congruencia entre lo que se dice y se hace; esos son
los líderes morales de la Comunidad»
Carlos Castillo Peraza
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato establece a la letra en su artículo 33: “Los diputados durante sus
intervenciones en la tribuna o en cualquier acto oficial, se abstendrán de afectar o
lesionar la dignidad de cualquier compañero, funcionario o ciudadano«
Decepcionante es que un diputado no conozca esta parte del decálogo de ética
y por ende su actuación esté sujeta a caprichos y falta de conocimiento de la Ley que
lo regula con tal envestidura.
Aunado a lo anterior me permito señalar lo siguiente: Lamentamos que,
algunos legisladores, sin conocer lo dicho por el Presidente Estatal del Partido Acción
Nacional, el partido al que represento, a quien por cierto le queda muy claro y a nivel
de dominio el tema del DAP y el tema del Guanajuato Iluminado, como temas que sí
son distintos, pero que guardan alguna relación en su origen; existan diputados que
alzan la voz y descalifican a las personas, demostrando con ello su incipiente sentido
democrático y de respeto a las libertades humanas como lo es la libertad de expresión
consagrada en nuestra Constitución Política Federal; demuestran pues que el
totalitarismo y la ausencia de tolerancia sigue siendo una conducta ordinaria en ellos
y una marca a perpetuidad; y me refiero a que algunos diputados se aventuraron a
hacer señalamientos y a ofender sin contar con el contexto; pero, sobre todo, con el
conocimiento de lo que el Presidente Estatal del PAN en Guanajuato expuso; y aquí
me permito citar al compañero diputado Adrián Camacho Trejo Luna, que en alguna
sesión nos compartía algo que a la letra dice: »Sin duda, la lectura y la información
que nos llevan vía medios de comunicación, nos da una luz y nos da un camino para
iniciar nuestro trabajo legislativo; la invitación es no quedarnos sólo en eso; como
partes de gobierno, como diputados responsables y en perfecto compromiso con la
ciudadanía y con el gobierno de nuestros municipios del estado, la mínima petición es
hacer el trabajo un poquito más allá« Aquí termino la cita del diputado Adrián
Camacho. Por cierto, aquí está a su disposición la grabación de las declaraciones del
presidente del Partido Acción Nacional, en Guanajuato, -por si acaso- aunque de
manera muy tardía quieren hacer caso de la recomendación que el diputado Camacho
atinadamente expuso.
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Y así ventilan posibles amenazas en nombre del gobierno federal; y así dejan
ver que la Federación pudiera no tener la intención de apoyar a Guanajuato. Ese
mismo diputado que en esta tribuna ha dicho textualmente llamando la atención y con
voz fuerte »no vengamos a menoscabar a nadie» Así lo dijo en esta alta tribuna y, tal
vez, sea prudente señalar lo que es menoscabar, el diccionario de la Real Academia
de la lengua española señala que por menoscabar entendemos «Causar mengua o
descrédito en la honra o en la fama« Y este mismo legislador que llama a no
menoscabar a nadie, vemos que con toda la congruencia que lo caracteriza, el día
martes se desvivió por descalificar con peyorativos al dirigente del PAN en el Estado.
Obviamente no compartimos de manera alguna el que los legisladores faltemos a la
ética y el respeto a cualquier ciudadano, no compartimos estas manifestaciones y ¡al
contrario! las reprobamos, porque la ciudadanía no nos da la confianza de su
representación para violentar la dignidad e integridad de las personas, rechazamos
estas actitudes y siempre incondicionalmente las señalaremos en esta alta tribuna,
ante los medios de comunicación y la propia ciudadanía.
No nos rasgamos las vestiduras porque haya señalamientos ni diferencias de
opinión, en sí, es parte de la democracia; como sí lo hacen otros cuando con respeto
hemos observado deficiencias y errores en las administraciones municipales y que así
lo seguiremos haciendo.
Lo que reprobamos es el sentido peyorativo de cualquier manifestación hacia
cualquier persona.
En relación a la vergonzosa manifestación y calumnia del diputado que
erróneamente elegimos como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ni
esta mención merece; mejor valdría que estuviera atento a su situación jurídica por
las acusaciones que ya todos conocemos y que ayer volvieran a hacer eco en
Irapuato.
Cierro señalando lo que otro diputado del Partido Revolucionario Institucional
ha señalado en esta tribuna; podremos abonarle a la democracia siendo respetuosos.
Este es pues un llamado a la congruencia a diputadas y diputados para que
hagan uso de las reglas más elementales de respeto a la dignidad de la persona
humana. Es cuánto señor presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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CON EL TEMA GUANAJUATO ILUMINADO, PARTICIPA EL DIPUTADO
MARTÍN LÓPEZ CAMACHO.
Sesión Ordinaria 8 de marzo de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: Antes de referirme al punto indicado, quiero
expresar mi admiración, respeto y apoyo a todas las mujeres hoy y siempre.
Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
Ciudadanos. Medios de comunicación que nos acompañan.
»La función administrativa tiene por objeto proveer las necesidades del estado
en los órdenes jurídico y materia»
Agustín García López
El proyecto »Guanajuato Iluminado» es responsabilidad de los municipios, no
del estado; esto afirmó la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Esto es
cierto, el alumbrado público es un servicio a cargo de los municipios de conformidad
con el artículo 115, fracción III inciso b), de la Constitución Federal.
La intención del proyecto Guanajuato iluminado nunca ha sido otro que la de
apoyar a los municipios para actualizar sus luminarias, con lámparas ahorradoras que
les permitieran disminuir el monto de facturación que la Comisión Federal de
Electricidad les cobra y contribuir a un menor consumo de energía con consecuente
beneficio o menor daño al medio ambiente.
-El C. Presidente: Diputado Martín López, permítame. Se le invita a todo el
público en general guardar orden.
Continúe diputado.
C. Dip. Martín López Camacho: Gracias presidente. Como bien lo estableció
la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración: «Guanajuato Iluminado« nació
con el objetivo de apoyar a los municipios con acciones sustentables, siempre fue
totalmente voluntario y transparente, nunca se habló de endeudamiento, nunca se
les obligó a participar, ni tampoco se trató de imponer empresas ni licitaciones; es un
proyecto en beneficio de los municipios, en donde solamente se requiere voluntad
política de los ayuntamientos; por ello su realización, o no, será decisión exclusiva de
los propios presidentes municipales y de sus ayuntamientos. Esa fue la intención y es
lamentable que por cuestiones políticas se orqueste una oposición de algunos
municipios, entre ellos León y San Miguel de Allende en este proyecto, en donde la
licitación la encabezaban varios municipios.
Ahora la licitación la harán de manera individual, sin la transparencia que
genera el que alcaldes de varios municipios encabecen el proceso de licitación y de
negociación. Si el trasfondo de oposición al proyecto es político, esto es
verdaderamente lamentable; pero si se trata de que la licitación y negociación se
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haga por algún municipio en lo individual, sin la transparencia de la intervención de
diversos actores de municipios y el estado de manera conjunta, eso además de
lamentable es propicio a corrupción. Ojalá los municipios del estado se hagan
responsables de las acciones que están tomando.
A los municipios que les interese el proyecto Guanajuato Iluminado me permito
sugerirles, con respeto, que sigan construyendo por Guanajuato y no por intereses de
beneficios económicos ilegítimos e intereses meramente partidistas y políticos. Por su
atención, muchas gracias.
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LECTURA DE LA INICIATIVA FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, A EFECTO DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 6, SEGUNDO
PÁRRAFO, 7, 13 FRACCIÓN II, 19, 30 FRACCIONES III Y IV Y 41; Y SE
ADICIONAN AL ARTÍCULO 30 LAS FRACCIONES V, VI, VII, VIII, IX Y X, ASÍ
COMO UN ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 14 de febrero de 2013
C. Dip. Martín López Camacho: Muchas gracias señor presidente. Con su
permiso. Compañeras diputadas y diputados. Público que nos acompaña el día de hoy.
(Leyendo) «DIPUTADO FRANCISCO FLORES SOLANO. PRESIDENTE DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LXII LEGISLATURA. PRESENTE.
Los que suscribimos, Diputadas y Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56
fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146 fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,
nos permitimos someter a la consideración de ésta Asamblea, la presente Iniciativa
por la que se reforman los artículos 6, segundo párrafo, 7, 13 fracción II, 19, 30
fracciones III y IV y 41; y se adicionan al artículo 30 las fracciones V, VI, VII, VIII, IX
y X, así como un último párrafo, todos de la Ley de Deuda Pública para el Estado
y los Municipios de Guanajuato en atención a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La política de gasto público desempeña un papel fundamental para alcanzar los
objetivos de las políticas económica y social que hayan establecido los gobiernos. En
su diseño e implementación, se deben considerar las acciones y estrategias que
posibiliten la obtención de los mejores resultados bajo los principios de una eficaz
recaudación de los ingresos, así como de un correcto y eficiente gasto que permitan la
existencia de finanzas sanas, es decir, un equilibrio entre lo que se recibe producto
del cobro de las contribuciones o bien por concepto de participaciones, con el dinero
que gasta y que está destinado a cubrir los servicios públicos.
Para que un gobierno tenga finanzas sanas, es necesario que la política
financiera se maneje con base en los principios de trasparencia, racionalidad y
honradez. Lo que se traduce en la obligación de hacer de conocimiento público las
decisiones adoptadas en materia económica; destinar los recursos en forma adecuada
y hacerlo con rectitud, es decir, con estricto apego a la legalidad y a la ética pública.
La deuda pública es una fuente de ingreso extraordinario al que recurren los
gobiernos ya sea con la finalidad de potencializar su política de gasto público o para
cubrir algún tipo de eventualidad o contingencia que no estaba prevista en su política
de gasto.
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Al tratarse de recursos públicos, las bases que deben regular la contratación de
deuda pública tienen que ser estrictas y razonables. En la legislación que regula la
contratación de la deuda pública se deben contemplar los elementos que permitan
poder acceder a este tipo de ingreso extraordinario sin que con ello se estén
comprometiendo las finanzas públicas presentes e inclusive las futuras. Pues la deuda
pública no es un recurso económico extra con el que cuenta el gobierno, sino recurso
extraordinario que tendrá que pagarse del propio dinero público, durante un periodo
de tiempo determinado, a costa de los ingresos propios y de las participaciones, pero
además con el pago de los intereses que se hayan pactado por quien lo otorgó. Es
decir, la deuda tiene un costo económico, que se traduce en el pago del capital más el
de los intereses.
De ahí que la contratación de cualquier tipo de deuda pública, deba cumplir
con el principio básico de poder ser pagada sin que se ponga en riesgo y se
comprometa el desarrollo económico y social, así como la prestación de los servicios
públicos.
Sumado a lo anterior, es oportuno señalar que una política adecuada en la
contratación de deuda pública, así como el cumplimiento oportuno de las obligaciones
contraídas y la adecuada posición de liquidez, con respecto de las obligaciones
financieras del estado, son algunos de los elementos en los que se basan las
calificadoras internacionales para emitir sus dictámenes sobre calificación de riesgo de
una deuda. En el caso de la deuda pública de Guanajuato, la Agencia Standard &
Poors en su reporte de 2012, señaló:
<<La calificación de Guanajuato mxAA, refleja nuestra expectativa de que
durante los próximos dos años, el Estado mantendrá su conservadora política de
deuda, así como su adecuado y estable desempeño presupuestal, con una posición
generalmente balanceada después de gasto de inversión. La calificación considera
también su adecuada posición de liquidez, con respecto a sus obligaciones financieras,
y una administración financiera que consideramos estable y predecible. Por otra
parte, la calificación está limitada por el moderado desempeño de su economía, lo que
ha incidido negativamente en sus fuentes de ingresos.
La deuda de Guanajuato es moderada y, con respecto a sus ingresos
discrecionales, se ha reducido en los últimos 18 meses. Al 30 de junio de 2012, ésta
ascendió a $6,667 millones de pesos y, con base en nuestras proyecciones, sería
inferior a los 6,400 millones al cierre de este año, lo que equivaldría al 32% de sus
ingresos discrecionales, aproximadamente. Por su parte, el servicio de deuda sería
inferior al 6%. Para 2013 y 2014, nuestro escenario base asume que la deuda podría
incrementarse, aunque no esperamos que supere el 40% de sus ingresos
discrecionales. Lo anterior continuaría comparándose positivamente con otros estados
en su misma categoría de calificación como Aguascalientes (mxAA/Estable/-) que en
2011 registró una deuda equivalente al 47.6% de sus ingresos discrecionales. El
adecuado perfil de endeudamiento estatal refleja la ausencia de deuda de corto plazo
y el uso limitado de financiamiento a través de cadenas productivas El total de la
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deuda de Guanajuato está garantizada por el 40% de las participaciones que recibe a
través de un fideicomiso maestro de administración y fuente de pago, así como con
recursos provenientes del Impuesto Sobre Nóminas (ISN).
Los pagos a pensionados y jubilados se encuentran a cargo del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG). Dicho instituto cuenta con un
fondo de reserva que tiene una suficiencia estimada hasta el año 2099, de acuerdo
con el último estudio actuarial. La última reforma a su sistema de pensiones se llevó a
cabo en 2008. En opinión de Standard & Poor’s, dichas obligaciones no representarán
una carga financiera importante para el Estado en los próximos años. >>
La calificación de riesgo que ese tipo de agencias internacionales emiten,
resulta significativa porque permite generar y en su caso mantener o no, la confianza
de los inversionistas tanto a nivel nacional como internacional.
Al momento de presentar esta iniciativa, la deuda pública en Guanajuato
asciende en números cerrados a la cantidad de 8 mil 74 millones119 mil 44 pesos. De
esta cantidad, 6 mil 278 millones 261 mil 932 corresponden a deuda directa del
Estado; 894 millones 658 mil 853 a deuda contingente de municipios; 88 millones 170
mil 658 a deuda directa de organismos operadores del agua; y 813 millones 027 mil
599 a deuda indirecta del municipio de León y de su organismo operador de agua.
Los Municipios que tienen deuda pública autorizada por el Congreso del Estado
son: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cuerámaro, Doctor
Mora Guanajuato, Irapuato, Jerécuaro, León, Pénjamo, Salamanca, San Miguel de
Allende, San Francisco del Rincón, Silao, Tarandacuao, Tarimoro Valle de Santiago,
Villagrán y Yuriria, además de los Organismos Operadores del Agua Potable de León,
Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra y San Francisco del Rincón, como se puede
observar en la siguiente tabla:
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
ESTATAL,
QUE GUARDA EL REGISTRO ESTATAL
DE DEUDA PÚBLICA 2012
SALDO DE LA DEUDA AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012
DEUDA
CONTINGENTE
MUNICIPIO
ABASOLO $6,991,596.50
ACAMBARO $10,239,016.64
SAN MIGUEL
ALLENDE
$60,088,287.49
APASEO EL GRANDE $6,710,853.00
CELAYA $29,906,014.72
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CONMONFORT $14,608,945.00
CUERAMARO $7,279,768.76
DOCTOR MORA $4,082,886.70
GUANAJUATO $39,400,027.56
IRAPUATO $300,223,953.59
JERECUARO $2,088,685.65
LEÓN $226,994,716.00
PÉNJAMO $31,111,112.00
SALAMANCA $30,235,400.00
SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN
$30,333,336.00
SILAO $62,226,840.00
TARANDACUAO $4,495,523.58
TARIMORO $5,978,053.42
VALLE DE SANTIAGO $8,412,595.38
VILLAGRAN $5,126,030.40
YURIRIA $8,125,211.31
Subtotal
Ayuntamientos
$894,658,853.70
ORGANISMO JUMAPA
CELAYA
$37,281,723.88
ORGANISMO JAPAMI
IRAPUATO
$11,625,000.00
ORGANISMO CMAPA
SALAMANCA
$35,167,657.32
ORGANISMO SAPA
SALVATIERRA
$966,017.69
ORGANISMO SAPA
SAN FRANCISCO DEL
RINCON
$3,130,260.06
Subtotal Organismos $88,170,658.95
DEUDA INDIRECTA
LEÓN $754,490,819.24
ORGANISMO SAPAL
LEÓN
$58,536,780.59
Subtotal $813,027,599.83
GOBIERNO DEL
ESTADO
$6,278,261,932.37
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GRAN TOTAL $8,074,119,044.85
Fuente de Información: Oficio
DGF/DDP/0149/2013 del 15 de enero de
2013 de la Dirección de Deuda Pública de la
Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración.
En esta iniciativa se reconoce la existencia de un marco normativo que regula
la contratación de la deuda pública tanto estatal como municipal, sin embargo, se
considera que algunas de las bases que actualmente regulan la contratación de los
empréstitos se pueden fortalecer, asimismo se pueden incorporar algunas otras con la
finalidad robustecer el mecanismo de autorización para su contratación. Lo que
consideramos abona al fortalecimiento de los principios de eficacia, eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas.
En la iniciativa se propone fijar el 30% como límite máximo de contratación de
deuda pública que se puede solicitar sobre la base del presupuesto estatal o
municipal. De esta forma se busca evitar que la contratación de ese tipo de deuda
pueda comprometer el equilibrio financiero.
Por cuanto a las obligaciones financieras a corto plazo -que son aquellas que
contratan y se pagan dentro de un mismo ejercicio fiscal- se propone bajar del 5% al
3% el porcentaje máximo de contratación que se puede solicitar con base en el
presupuesto estatal o municipal. Con este ajuste, se pretende que quien ejerza este
tipo de endeudamiento lo haga con base en una correcta planeación y ejercicio del
presupuesto, lo que abona a los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad en el
gasto público.
Se adicionan nuevos requisitos para la contratación de los empréstitos. Entre
los que se encuentran la obligación de presentar junto con la solicitud de
endeudamiento el Programa que contenga las acciones de restricción del gasto
corriente de la administración solicitante; la certificación actualizada al de los montos
de las remuneraciones a los integrantes del ayuntamiento relacionada con la
recomendación emitida por el Poder Legislativo; el Programa para fortalecer sus
ingresos propios; los proyectos o estudios que avalen la realización de la inversión
pública productiva para la que se solicita el empréstito y los documentos en los conste
estar al corriente en la presentación de las cuentas públicas en el periodo que señala
la Ley de Fiscalización Superior, así como los documentos en los que conste que se ha
cumplido con las obligaciones fiscales federales y estatales al momento de la solicitud
del empréstito.
Con lo anterior pretendemos que la solicitud que hagan el estado y los
municipios para la contratación de deuda pública, y su autorización por parte del
Congreso del Estado, tenga como soporte no solo la necesidad del endeudamiento,
sino los elementos financieros que hagan viable su pago sin comprometer las finanzas
públicas.
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Con la finalidad de dar orden y disciplina a las solicitudes para el otorgamiento
del empréstito, se dispone que una vez ingresada la misma al Congreso del Estado,
esta no pueda variarse en monto, destino y condiciones.
En la iniciativa se contempla que además de que en la rendición de la cuenta
pública, se le informe al Congreso del Estado el estado que guarda la deuda
contratada, también se haga en un documento por separado acompañando como en
aquella, la documentación que la soporte. Con esto se busca hacer más fácil y
accesible la información que sobre el desarrollo y estado de la deuda pública se va
teniendo.
Por último, se propone pasar de una a dos veces al año, la obligación del
Estado de informar sobre la situación que guarda la deuda de deuda estatal, así como
ampliar los medios para su difusión
En mérito de lo anterior, las y los diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Guanajuato,
comprometido con el uso responsable del mecanismo de deuda proponemos a esta
Asamblea el siguiente:
DECRETO
Artículo único. Se reforman los artículos 6, segundo párrafo, 7, 13
fracción II, 19, 30 fracciones III y IV y 41; y se adicionan al artículo 30 las
fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X, así como un último párrafo, todos de la Ley
de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 6. El Poder Ejecutivo…
El Congreso del Estado podrá autorizar al Ejecutivo del Estado y a los
Ayuntamientos para contratar deuda directa con montos superiores en los señalados
en el párrafo anterior y hasta un 30%, cuando tengan capacidad financiera para
solventarlo, considerando la naturaleza, objeto y destino del empréstito.
Las entidades públicas…
Las entidades públicas…
ARTÍCULO 7. Las obligaciones directas a corto plazo, no constituirán deuda
pública estatal o municipal, y se sujetarán a las siguientes condiciones:
I. El monto neto no deberá de exceder del 3% de sus respectivos presupuestos
de egresos;
II. El pago de la deuda contratada deberá de realizarse en el mismo ejercicio
fiscal contratado;
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III. La contratación de la deuda deberá destinarse para solventar necesidades
urgentes, producto de circunstancias extraordinarias e imprevisibles; y
IV. Se deberá de informar al Congreso del Estado los motivos de la
contratación de la obligación y a su vez señalar las modalidades de pago y plazo a
pagar.
Tampoco constituirán deuda pública los compromisos de pagos plurianuales
que se deriven de los contratos de proyectos de prestación de servicios, en términos
de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, ni los fideicomisos de garantía o fuente de pago alterna que se
constituyan para pagar o garantizar obligaciones de pago con motivo de dichos
contratos.
El incumplimiento del pago de la deuda a corto plazo del ejercicio fiscal
correspondiente dará lugar a responsabilidades.
ARTÍCULO 13. El Ejecutivo del...
I…
II. Informar al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública, así como
también en un documento por separado, de la situación que guarda la deuda pública
del Estado. Tanto en la cuenta pública como en el documento aquí referido, se
acompañará la documentación soporte y deberá contener:
a) a c)…
III a XV…
ARTÍCULO 19. La deuda que contraten las entidades públicas así como las
garantías que otorguen, deberán ceñirse a las autorizaciones efectuadas por el
Congreso del Estado y aplicarse precisamente al fin establecido en el Decreto
expedido para tal efecto.
Las modificaciones que se realicen a las especificaciones determinadas por el
Congreso del Estado, requerirán de su autorización previa.
Las solicitudes para modificar el destino del empréstito solo podrán hacerse
hasta en dos ocasiones. Salvo lo dispuesto por el artículo 7 de esta Ley.
ARTÍCULO 30. La solicitud que…
I y II…
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III. La previsión del empréstito en el programa financiero anual,
correspondiente;
IV. Los documentos en los que conste el otorgamiento del aval, o bien, la
garantía solidaria, subsidiaria o sustituta cuando se requiera en los términos de esta
Ley, anexando el dictamen financiero a que se refiere la fracción XI del artículo 13 de
esta Ley;
V. El Programa que contenga las acciones de restricción del gasto corriente de
la administración solicitante;
VI. La certificación actualizada al momento de presentar la solicitud, de los
montos máximos brutos de las remuneraciones de los integrantes del ayuntamiento
en relación con la recomendación emitida por el Poder Legislativo;
VII. El Programa para fortalecer sus ingresos propios;
VIII. Los proyectos o estudios que avalen la realización de la inversión pública
productiva para la que se solicita el empréstito;
IX. Los documentos en los que conste estar al corriente en la presentación de
las cuentas públicas en el periodo que señala la Ley de Fiscalización Superior; y
X. Los documentos en los que conste que se ha cumplido con las obligaciones
fiscales federales y estatales al momento de la solicitud del empréstito.
Una vez ingresada al Congreso del Estado la solicitud para el otorgamiento del
empréstito, está no podrá variarse en el monto, destino y condiciones.
ARTÍCULO 41. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de
Finanzas, Inversión y Administración, deberá publicar e informar cuando menos dos
veces al año, el monto de la deuda pública que refleje el Registro Estatal de Deuda
Pública.
La publicación deberá realizarse en el Periódico Oficial, en medio de
comunicación masiva, así como también en medios o redes de comunicación
electrónica.
Transitorio
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al cuarto día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Guanajuato, Gto. 14 de febrero de 2013. Las y los diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Segunda Legislatura. Dip. Arreola Sánchez Francisco. Dip. Arroyo Delgado
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Óscar. Dip. Bernal Cárdenas Sergio Carlo. Dip. Campos Lango Luz Daniel. Dip.
Carmona Gómez René. Dip. Carrillo Villalpando Galo. Dip. Flores Solano
Francisco. Dip. García López Juan José. Dip. González Saavedra Javier. Dip.
Guillén Hernández Juan Carlos. Dip. Hurtado Cárdenas Fernando. Dip. Lanuza
Hernández Karla Alejandrina. Dip. López Ayala José Juventino. Dip. López
Camacho Martín. Dip. Mejía Barreñada Luis Manuel. Dip. Padilla Ávila
Karina. Dip. Rendón López Juan. Dip. Ruiz Chico Alfonso Guadalupe. »
H. CONGRESO DEL ESTADO
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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A
DOS INICIATIVAS DE REFORMAS Y DEROGACIONES DE DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 29 de noviembre de 2012
C. Dip. Martín López Camacho: Muchas gracias señor presidente. Con su
permiso.
Compañeras y compañeros diputados de esta Sexagésima Segunda
Legislatura.
Al igual que la vida, el derecho se encuentra en constante evolución; no reposa
en el contentillo de unos cuantos; ¡por el contrario! obedece a un sinnúmero de
factores con los que la mayoría de nosotros nos vemos envueltos día a día en nuestra
propia evolución; es decir, la vida es cambiante y con ella la sociedad; por lo que las
normas que regulan y garantizan la convivencia pacífica, deben ajustarse a los
cambios que se presentan en la misma sociedad y que se encuentra en constante
evolución. Así, en busca de una armonía, es que los legisladores debemos estar al
pendiente de esos cambios para ajustar a la realidad social aquellas normas que
regulen las nuevas formas de vida en sociedad.
Las diputadas y diputados que integramos la Sexagésima Segunda Legislatura
del Congreso del Estado de Guanajuato, estamos comprometidos con todos y cada
uno de los guanajuatenses, a quienes nos debemos, con el compromiso de trabajo, de
un trabajo legislativo que debe ser altamente productivo en su agenda parlamentaria.
Con la iniciativa de reforma a los artículos 116 y 119 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, buscamos armonizar el
texto legal que norma la vida interna de este Congreso del Estado con lo establecido
por el artículo 51 de la propia Constitución Política para el Estado de Guanajuato del
Estado.
En cuanto al período de sesiones ordinarias que marca cada precepto, más allá
de una armonización entre jerarquías normativas, la presente iniciativa viene a
constituir la optimización de los recursos y trabajos legislativos en cuanto a sus
períodos de sesiones. Este nuevo esquema de períodos ordinarios representa, en los
hechos, treinta días más de período ordinario de sesiones. Anterior a la reforma al
artículo 51, el trabajo legislativo comenzaba del 25 de septiembre para concluir el 31
de diciembre; el segundo período, del 15 de febrero para concluir el 31 de mayo y el
tercero y último, del primero de agosto para terminar el 31 del mismo mes; es decir,
que entre cada período de sesiones existían tres recesos que interrumpían los
trabajos de las comisiones permanentes; no para descanso, sino para dar pauta a la
entrada en funciones de la Diputación Permanente de la cual formamos parte los
mismos diputados que integramos el Pleno; ahora se acotan los períodos de recesos
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para iniciar con actividades a partir del 25 de septiembre y concluir el 31 de
diciembre; el segundo y último iniciando el 15 de enero para concluir el 30 de junio;
reitero, contamos ahora con treinta días más de trabajo en período ordinario que
podemos capitalizar legislativamente hablando en pro de Guanajuato. Los períodos de
receso se disminuyen de tres a dos; recordemos que el período de receso no implica
la ausencia de trabajo, ¡por el contrario!, las comisiones y la Diputación Permanente
continúan el trabajo parlamentario. Por lo anterior y con el nuevo esquema de
trabajo, se busca optimizar los tiempos para el mejor desarrollo de los asuntos de las
comisiones. Es cuánto señor presidente, muchas gracias.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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EL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO, FIJA POSTURA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, SOBRE EL PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE FORMULA UN EXHORTO AL EJECUTIVO DEL
ESTADO, PARA QUE ANALICE LA PERTINENCIA DE LA INCLUSIÓN EN LA
INICIATIVA DE LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO
DE GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, DE UN RAMO 33 A
NIVEL ESTATAL.
Sesión Ordinaria 22 de noviembre de 2012
C. Dip. Martín López Camacho: Muchas gracias diputado. Muchas gracias a
todas las compañeras y compañeros diputados que hicieron una participación previa a
este comentario; agradezco a todos y a cada uno de ellos; son siempre bienvenidos.
Bien. Seré muy breve y muy enfático en que la postura del Grupo Acción
Nacional en este exhorto es que la propuesta que hace el diputado Luna Obregón sea
enviada al Ejecutivo del Estado para que se analice si se da o no la creación de este
Fondo. Quiero dejar muy en claro que este exhorto no lleva implícita la postura del
Partido Acción Nacional de que se dé por entendido de que este Fondo se va a
otorgar de manera económica únicamente al emitir este exhorto, yo solamente quiero
dejar muy en claro la postura de Acción Nacional que se envíe al Poder Ejecutivo y se
va a crear este Fondo sólo si el Ejecutivo así lo dictamina. Muchas gracias diputado.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DE LA OBVIA RESOLUCIÓN RELATIVA A LA
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO A EFECTO DE QUE SE FORMULE UN
RESPETUOSO EXHORTO AL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL
MARCO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, EXPIDA UNA NUEVA LEY
DE AGUAS NACIONALES QUE SEA ACORDE CON LAS ACTUALES NECESIDADES
EN LA GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA PARA LOS ESTADOS Y LOS
MUNICIPIOS.
Sesión Ordinaria 16 de noviembre de 2012
C. Dip. Martín López Camacho: Muchas gracias señor presidente de la mesa
directiva. Honorables compañeras y compañeros diputados.
No seré repetitivo de lo que ya ha leído la secretaría, únicamente pedir a esta
Soberanía que voten a favor este punto, toda vez que de las reuniones que ya ha
sostenido la Comisión de Aguas de esta Sexagésima Segunda Legislatura, hemos
notado que la Ley de Aguas Nacionales ya no responde a los requerimientos que
necesitamos para transitar en un marco jurídico que nos permita, a través del Estado
de Derecho, actuar en políticas públicas que mantengan esta vinculación, que
mantengan esta relación del gobierno para generar acuerdos, para generar políticas
públicas a favor de este vital líquido.
Hoy nos vemos en la necesidad de estar atendiendo el problema del agua
desde diferentes aspectos y, sin lugar a dudas, uno de ellos es el marco normativo;
requerimos un marco normativo actualizado, repito, que nos responda a lo que
requerimos; tenemos que estar atendiendo inquietudes como, por ejemplo, la
tecnificación del uso del agua en actividad agrícola; tenemos que fomentar el uso
responsable del agua; tenemos que darle certeza al tema de los títulos de concesión y
así muchos otros temas más de esta Ley de Aguas Nacionales nos puede orillar a
estar actuando de manera responsable en este tema. Mi petición es que se pueda
votar a favor este punto, reiterándoles también el agradecimiento de la Comisión de
Aguas. Muchas gracias.
H. CONGRESO DEL ESTADO
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LECTURA DE LA INICIATIVA FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL ANTE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA, A
EFECTO DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 116 Y 119 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 1° de Noviembre de 2012
C. Dip. Martín López Camacho: Muchas gracias presidente. Con su permiso.
(Leyendo)
«C. DIP. ALFONSO GUADALUPE RUÍZ CHICO. PRESIDENTE DEL
CONGRESO DEL ESTADO. SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. PRESENTE.
Los que suscribimos, Diputadas y diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56
fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146 fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,
nos permitimos someter a la consideración de ésta Asamblea, la presente Iniciativa de
Reforma y Adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato, en atención a la siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa de reforma tiene por objeto adecuar lo preceptuado en el
artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, que establece tres periodos de sesiones ordinarias de este Honorable
Congreso, lo anterior debido a la reforma al artículo 51 de la Constitución Política del
Estado de Guanajuato, publicada en fecha 15 de mayo del presente año, que
establece “El Congreso del Estado tendrá cada año dos Periodos Ordinarios de
Sesiones, el primero iniciará el 25 de septiembre y concluirá a más tardar el 31 de
diciembre, el segundo comenzará el 15 de enero y concluirá a más tardar el 30 de
junio.”, disminuyendo con ello el número de sesiones ordinarias a solo dos periodos,
lo que a todas luces resulta contradictorio e incongruente con los periodos de sesiones
que señala la Ley Orgánica en mención, por ende se hace necesaria e imperiosa la
necesidad de adecuar lo preceptuado en la Constitución con lo que establece el propio
artículo 116 de nuestra Ley Orgánica, por lo anterior presentamos la iniciativa de
reforma en los siguientes términos:
La modificación señalada a la Constitución se realizó bajo las siguientes
consideraciones de la propia comisión dictaminadora haciendo uso de los siguientes
argumentos que se transcriben:
»Esta Comisión Dictaminadora una vez agotado el estudio, análisis y discusión
de las iniciativas que se refieren en el presente dictamen determinamos con respecto
a la iniciativa de decreto por medio del cual se reforman los artículos 48, 49, 50, 51,
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53, 54, 55, 57, 63, 72, 73, 76, 77, 88 y 115 y se derogan los artículos 52, 64 y 65;
todos ellos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la misma propone
la intención de ampliar los períodos de sesiones como una medida para generar
productividad en el Congreso del Estado, sin embargo, quienes dictaminamos no
encontramos datos indubitables que lo justifiquen, es decir, no existe un estudio claro
y contundente que demuestre que Congresos con mayores períodos de sesiones
tengan mayor productividad, pues no necesariamente más días hábiles se traducen en
mayor trabajo legislativo.
El estudio de derecho comparado nacional e internacional respecto al tema en
cuestión, elaborado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del
Estado que se basa en el entender el marco teórico y jurídico del periodo ordinario de
sesiones, y principalmente en datos claros y precisos sobre los periodos con que
cuentan las Legislaturas de los Estados, ayuda a tomar una decisión respecto a la
viabilidad e idoneidad de establecer un único periodo de sesiones ordinarias para el
Congreso del Estado de Guanajuato, por ello es que quienes dictaminamos estimamos
que las reuniones de trabajo que el Congreso lleva a cabo con regularidad durante los
periodos han sido viables para realizar sus funciones, destacando que la mayoría de
las Legislaturas Locales analizadas no manejan actualmente el establecimiento de un
solo periodo ordinario de sesiones, a excepción de Baja California y Michoacán,
puntualizando que el promedio nacional e internacional para el trabajo ordinario del
Poder Legislativo, fluctúa entre los siete y siete meses y medio, sin embargo se sabe
que existe la necesidad de que los trabajos de los legisladores se desarrollen en
fechas establecidas formalmente, como ocurre en la actualidad y en las Constituciones
Locales de cada una de las entidades federativas que constituyen el Estado Mexicano,
se contemplan dos periodos ordinarios de sesiones en su gran mayoría para llevar a
cabo las funciones en sus respectivos Congresos. De tal forma es que determinamos
realizar un ajuste a la iniciativa que nos ocupa, en el sentido de contemplar dos
periodos ordinarios de sesiones por año de ejercicio legal, pretendiendo con ello
solventar la clara intención de los legisladores de atender los asuntos relacionados
con su labor y satisfacer las exigencias de la sociedad a través de su carácter de
representantes populares.
Por las consideraciones y argumentos expuestos, consideramos atendible la
propuesta de reforma constitucional en el tema concerniente a los periodos ordinarios
con la propuesta de modificación al artículo 51, en el sentido de que el Congreso del
Estado tendrá cada año dos Periodos Ordinarios de Sesiones, el primero que iniciará
el 25 de septiembre y concluirá a más tardar el 31 de diciembre, y el segundo que
comenzará el 15 de enero y concluirá a más tardar el 30 de junio, lo anterior por
contar con el consenso unánime de esta Comisión Dictaminadora.
En conclusión, la iniciativa de decreto que nos ocupa resulta viable únicamente
en cuanto la modificación al artículo 51 de la Constitución Política para el Estado de
Guanajuato con las especificaciones discutidas y aprobadas, en ese sentido, se
propone la redacción siguiente. »
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El sistema jurídico mexicano establece un esquema de jerarquías normativas
que parte desde la Constitución Federal y continua a través de las leyes generales y
federales, en este esquema los estados miembros de la federación, dentro de este
marco constitucional federal crean su propia constitución y las leyes que emanan de la
misma deben ser con total concordancia a esta. Hablamos pues de supremacía en los
ordenamientos jurídicos. Así lo que se plantea en esta reforma no es otra cosa sino
reflejar el contenido normativo de la Constitución Política para el Estado de
Guanajuato en la legislación secundaria, en este caso en concreto a la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.
Por lo anteriormente expuesto, se propone armonizar los periodos de sesiones
ordinarias del Congreso del Estado conforme a lo contemplado en la Constitución con
lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo Libre y Soberano de Guanajuato,
por lo que con fundamento en la fracción II del artículo 56 de la Constitución Política
del Estado de Guanajuato y fracción II del artículo 146 de la Ley Orgánica del poder
Legislativo, nos permitimos someter a consideración la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto, para quedar como sigue:
Decreto
Artículo Único. Se reforman los artículos 116 y 119 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo Libre y Soberano de Guanajuato, para quedar como sigue:
Artículo 116.- El Congreso del Estado tendrá cada año dos Periodos
Ordinarios de Sesiones. El primero iniciará el 25 de septiembre y concluirá a más
tardar el 31 de diciembre, el segundo comenzará el 15 de enero y terminará a más
tardar el 30 de junio.
Artículo 119.- Si el periodo que se abre o clausura, corresponde al primero o
segundo ordinario, o a periodos de sesiones extraordinarias, el Presidente hará la
declaratoria expresa en ese sentido.
Transitorio
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al cuarto día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Guanajuato, Gto., 31 de octubre de 2012. Los diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Óscar Arroyo Delgado.
Sergio Carlo Bernal Cárdenas. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico. Martín López
Camacho. Francisco Sánchez Arreola. Luz Daniel Campos Lango. René
Carmona Gómez. Galo Carrillo Villalpando. Francisco Flores Solano. Juan José
García López. Javier González Saavedra. Juan Carlos Guillen Hernández.
Fernando Hurtado Cárdenas. Karla Alejandrina Lanuza Hernández. José
H. CONGRESO DEL ESTADO
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Juventino López Ayala. Luis Manuel Mejía Barreñada. Karina Padilla Ávila.
Juan Rendón López. » [2]
2 Transcripción: L.A.P. Martina Trejo López
![La interv..[1][1]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/55baf46bbb61eb506c8b46d2/la-interv11.jpg)
![Power tema 1.la interv. ind. gos.[1]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5599e5d71a28ab497a8b4690/power-tema-1la-interv-ind-gos1.jpg)
