Caso Cacabelos 4ª parte

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El juez continúa mañana con las declaraciones por el edificio administrativo Entre los que acudirán a los juzgados de Cambados figura el hermano del

alcalde grovense

Vilagarcía | 4/4/2010

La Voz El lunes continúan las declaraciones judiciales por el caso del edificio administrativo de O Grove. Después de que el pasado mes de febrero, el alcalde, José Antonio Cacabelos Rico, tuviera que comparecer ante el titular del juzgado número 2 de Cambados en calidad de imputado, ahora lo harán su hermano y otras dos personas más. Entre las 10 y las 11 horas están citados a declarar David Cacabelos, Carolina Álvarez y Javier Álvarez Pérez por los presuntos delitos de falsedad en documento público y tráfico de influencias por particulares.

David Cacabelos es socio de la consultora de arquitectura (Álvarez Cacabelos S. L. P.), a la que el Concello de O Grove contrató el proyecto de obra del edificio administrativo; Carolina Álvarez es socia de la misma consultora, y Javier Álvarez es hijo del propietario de la empresa Álvarez Prol, que construye el edificio situado en la calle Cándido Acuña.

El juez entiende que «tanto por acción directa como por omisión», el alcalde favoreció la resolución por la que se le adjudicó el contrato a la empresa de su hermano, «a sabiendas de su ilegalidad», y que «se ha aprovechado de su condición del alcalde para favorecer a su hermano en una contratación pública harto irregular».

Así consta en el auto dictado el 9 de febrero por el juez Juan Carlos Carballal, un auto que también alude a que hay evidencias de que en las contrataciones municipales ha sido favorecida la empresa que resultó adjudicataria de la obra «ya que esta ofertó mejoras no previstas ni contempladas en el proyecto básico (...) al tiempo que no deja de ser curioso que uno de los arquitectos elegidos para ser invitado -en la mesa de contratación- fuese el hijo de Francisco Álvarez Prol».

De todo ello deberán responder los imputados ante un juez que ya ha dado un notable varapalo al alcalde a raíz de su declaración, al que acusa de articular un «paripé» para favorecer determinados intereses.

La contratación del proyecto de obra para el edificio administrativo se hizo con el informe contrario del secretario municipal pero, pese a ello, la tramitación siguió su curso. El alcalde declaró en el juzgado que no había sido advertido por el técnico de que pudiera estar cometiendo alguna ilegalidad a la hora de tramitar este expediente, pero el juez no solo no le cree sino que le recrimina «que se excuse en los técnicos municipales».

Dos de estos técnicos también tendrán que pasar por el juzgado por esta

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causa. Se trata del secretario del Concello, Francisco Javier Novoa Ruiz, y de María Luz Fernández González, que están citados para el martes, en ambos casos, en calidad de testigos.

Estas diligencias tienen su origen una denuncia del constructor y promotor grovense Óscar Miniño que llevó al alcalde ante la justicia por entender que el procedimiento de contratación del edificio administrativo estaba plagado de irregularidades y que hubo trato de favor a otras empresas en detrimento de la suya, que también aspiraba a ejecutar esta obra.

La denuncia fue admitida a trámite y ahora el caso se encuentra en fase de instrucción con una acusación contra Cacabelos como presunto autor de los delitos de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias.

Tanto el alcalde como su partido, el PSdeG-PSOE, dicen que confían en salir bien parados de esta tesitura pues están convencidos de la inocencia del regidor dado que «documentalmente non existen responsabilidade por parte do alcalde». En estos términos se expresaba el secretario xeral de los socialistas, Manuel Vázquez, en la visita que hizo el 18 de febrero a O Grove, en una clara muestra de apoyo del partido a Cacabelos. Se basan en que el alcalde no participó o se abstuvo a la hora de tomar los acuerdos relacionados con la contratación de las obras del edificio administrativo, bien fuera en la Xunta Local de Goberno bien fuera en la mesa de contratación, en la que sí participaron los demás grupos, incluido el PP.

El grupo popular ya rechazó en varias ocasiones que esta circunstancia suponga aval alguno a las contrataciones municipales y, lejos de apoyar la gestión de Cacabelos en este asunto, le ha instado ya a dimitir. Alternativa Meca se ha posicionado también en estos términos. Por su parte, los socios de gobierno del PSOE en O Grove, BNG y PG, han manifestado su confianza en el alcalde y no exigen responsabilidades políticas.

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Admiten que las obras del edificio administrativo empezaron antes de la adjudicación definitiva TERESA MIÑÁN > O GROVE El hermano del alcalde de O Grove, David Cacabelos; su socia, Carolina Álvarez; y Javier Álvarez Pérez, hijo del adjudicatario del edificio administrativo, acudieron en la jornada de ayer al Juzgado de Cambados para prestar declaración ante el juez ya que se les imputan los delitos de falsedad documental y tráfico de influencias en el proceso del mencionado inmueble.

David Cacabelos declaró que el anteproyecto que realizó su compañera Carolina Álvarez -que resultó adjudicatario- y en el que él le ayudó en cuestiones urbanísticas y de estructuras, fue realizado de manera gratuita por la empresa en la que ambos son socios.

Asimismo, afirmó desconocer cómo el alcalde sabía el precio de licitación exacto y por qué en el pliego del Concello no aparecía un plazo máximo para ejecutar el proyecto, que ellos fijaron en ocho semanas.

En relación con la petición de certificados de manera previa a la celebración de la mesa de contratación, David Cacabelos destacó que se realizaría “para ir adelantando trámites y ganando tiempo”.

Haciendo referencia a este punto, su compañera Carolina Álvarez afirmó que “pide a la gestoría que agilice estos trámites” puesto que el plazo que se les da normalmente no es suficiente. Asimismo, destacó que cuando pidió esta documentación no sabía que le iba a ser adjudicado el proyecto.

Por otra parte, David Cacabelos afirmó desconocer por qué retiró los sobres B un día antes de que le fuese notificada la adjudicación definitiva del contrato al tiempo que destacó ignorar quién le dio permiso para hacerlo.

En relación con la certificación de las obras de vaciado realizadas en el solar que posteriormente un notario desmintió que se hubiesen llevado a cabo, según el auto del juez, Javier Álvarez Pérez afirmó que los trabajos no se terminaron cuando estaba previsto porque se produjo una paralización de las obras al carecer de un estudio geotécnico. Así, aunque la certificación es de fecha 1 de diciembre de 2008, Javier Álvarez reconoció que los trabajos terminaron en mayo de 2009.

Los tres imputados a la llegada al Juzgado de Cambados donde prestaron declaración en la

jornada de ayer.

Página 1 de 2Diario de Arousa Digital

06/04/2010http://www.diariodearousa.com/hoy/grove/grove001.html

En relación con el informe del notario destacó que desde el exterior es “imposibletrabajos se habían realizado.

Por otra parte, David Cacabelos destacó que este vaciado se empezó a realizar antes” de que se le notificara la adjudicación definitiva, aunque ya existía la provisional, circunstancia que también confirmó Javier Álvarez en su declaración ante el juez.

En relación con la tramitación de los avales de las tres empresas que se presentaron a concurso y tramitados desde la misma entidad bancaria Carolina Álvarez explicó que fue ella la que se ofreció a realizar esta gestión a sus compañeros de profesión. Así, precisó que cuando fue a su banco a tramitar el suyo, se encontró con Jesús Cordeiro, que le manifestó que su banco no le concedía el aval, por lo que Carolina Álvarez se prestó a hacer la gestión. Del mismo modo, hizo idéntica propuesta a Francisco Álvarez, hecho que, según ella, explica que los tres fueran realizados desde el Banco de Galicia.

En relación con el incremento de los honorarios en un 36%, Carolina Álvarez destacó que estos son libres y que se basaron en el tope máximo fijado en el pliego administrativo.

Hay que destacar que ninguno de los tres imputados quiso contestar a las preguntas realizadas por la acusación.

Cabe recordar que en el auto que el juez emitió después de tomar declaración al propio alcalde se dejaba constancia de que el regidor “favoreció” a la empresa de su hermano así como a Álvarez Prol en la adjudicación del contrato de obra.

copyright EDITORIAL LA CAPITAL S.L. Praza de Galicia nº 9 - 1º Vilagarcía de Arousa Tlf. 986 56 51 52



Declara ante el juez el hermano del alcalde de O Grove por el caso del edificio administrativo David Cacabelos es socio de la consultora que hizo el anteproyecto de la obra

La Voz 6/4/2010

El titular del juzgado número de 2 de Cambados tomó ayer declaración al hermano del alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos (PSOE), por el caso del nuevo edificio administrativo del municipio. Además de hermano del regidor, David Cacabelos es socio de la consultora de arquitectura a la que el Concello meco contrató el proyecto de la obra. La empresa se llama Álvarez Cacabelos SLP y también ayer tuvo que prestar declaración Carolina Álvarez, que también es socia de la entidad.

La tercera de las personas que ayer tuvo que declarar en Cambados por este caso fue Javier Álvarez, hijo del propietario de la constructora Álvarez Prol, que es la que se está encargando de las obras del edificio, situado en la calle Cándido Acuña.

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Ninguno de los tres quiso hacer declaraciones ayer. Este caso ha puesto contra las cuerdas al alcalde grovense, ya que en su auto el juez ha considerado que José Antonio Cacabelos «tanto por acción directa como por omisión» favoreció la resolución por la que se le adjudicó el contrato a la empresa de su hermano «a sabiendas de su ilegalidad» y que también se ha «aprovechado de su condición de alcalde para favorecer a su hermano en una contratación pública harto irregular», estima el juez, que ha imputado al regidor por los delitos de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias.

Por su parte, el juez ha imputado a David Cacabelos, Carolina Álvarez y Javier Álvarez de los delitos de falsedad en documento público y tráfico de influencias por parte de particulares.

Para hoy está prevista la declaración del secretario del Concello de O Grove, Francisco Javier Novoa Ruiz, y de otra funcionaria, María Luz Fernández. Ambos acuden en calidad de testigos y especialmente importante será la aportación del primero de ellos, ya que el secretario municipal hizo un informe en contra de la adjudicación de la obra, que no fue tenido en cuenta por el alcalde.

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El secretario contradice al alcalde y afirma que comunicó las “irregularidades” del caso del edificio administrativo TERESA MIÑÁN > O GROVE El secretario del Concello de O Grove, Francisco Javier Novoa, prestó ayer declaración en el Juzgado de Cambados como testigo en relación con el caso del edificio administrativo por el que se le imputan al alcalde tres presuntos delitos.

Así, el secretario municipal contradijo las declaraciones realizadas por José Antonio Cacabelos y afirmó que el regidor estaba al tanto de las “irregularidades”.

De este modo, Francisco Javier Novoa desmintió que la elección de las empresas que fueron invitadas al concurso fuese a raíz de una decisión técnica, como indicó en su día el alcalde, y afirmó que se debió a una decisión política.

Así, el secretario municipal aseguró que fueron “los políticos” los que tomaron la decisión de que estas tres firmas participasen en el proceso y no otras. De todas formas, no pudo concretar quién se lo dijo, aunque nombró al propio alcalde, a Alfredo Bea, a Carlos Álvarez, a María Ángeles Domínguez y a Antón Mascato.

Por otra parte, afirmó que la decisión de iniciar el expediente también fue política, ya que “no existía consignación presupuestaria”.

Asimismo, Francisco Javier Novoa aseguró que la falta de contratación de servicios es una irregularidad que en el momento en el que fue detectada “hubiera obligado a paralizar la tramitación del expediente de contratación de la obra para el edificio administrativo”. En este caso, apuntó que si no se hizo fue también por una decisión política.

Por otra parte, en su declaración el secretario del Concello meco afirmó que el 20 de octubre de 2008 ya advirtió de manera verbal al alcalde de las irregularidades que observaba y destacó que el precio para honorarios (60.000 euros) también le fue facilitado por los políticos.

En relación con la tramitación de los avales de las diferentes empresas, Francisco Javier Novoa afirmó que en el proceso se exigía una fianza provisional a las firmas para entrar en el concurso y destacó que es llamativo que algún participante en este trámite pueda avalar a otros licitadores (como Carolina Álvarez reconoció en sus declaraciones que hizo con sus compañeros), ya que si alguno de los licitadores no aportase esta fianza quedaría apartado de la posibilidad de concurrir.

En relación con los sobres B, que al parecer pudo tener en su poder David Cacabelos antes de la mesa de contratación, el secretario destacó que sólo se pueden abrir en ese acto público y que no es posible que “legalmente” el hermano del alcalde pudiera haberlos retirado antes de la reunión de la mesa.

Recursos > En relación con los recursos presentados por Óscar Miniño, el secretario municipal destacó que “no obtuvieron ninguna resolución en expediente tramitado al efecto”.

Así, afirmó que el alcalde le comunicó de manera verbal su decisión de no resolver los escritos

Francisco Javier Novoa declaró ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de

Cambados. Emilio MOldes



presentados por Óscar Miniño ni los que el propio secretario realizó y en los que se advertían irregularidades. Esta decisión se tomó para no perder la subvención administrativa, según declaró ayer Francisco Javier Novoa.

En este sentido, una vez que el secretario tuvo conocimiento de la intención del alcalde de no resolver estos recursos, le informó de que si no se resolvían “sería silencio administravo y quedaría expedita la vía contenciosa”.

Asimismo, afirmó que no ha valorado la posibilidad de iniciar acciones judiciales por esta situación porque ignora si dispone de legitimidad procesal para hacerlo.

Por otra parte, el secretario municipal afirmó que este silencio administrativo podría entenderse como positivo y destacó que debería haberse admitido el recurso interpuesto y retrotraer las actuaciones, ya que “había tiempo material para hacerlo” y para salvar las irregularidades que él mismo había advertido en un informe que data del 24 de noviembre de 2008.

En este punto, recuerda que la Xunta de Goberno local puede convocarse por motivos de urgencia con un mínimo de 24 horas.

Asimismo, el secretario destacó en su declaración que el alcalde siempre tuvo la convicción de que cualquier licitador tenía abierta la vía del contencioso y siempre primó el interés público de obtener la subvención para el edificio administrativo.

Por otra parte, también destacó que nunca se hace mesa de contratación para los procedimientos negociados y que en este caso se llevó a cabo por decisión política para darle más publicidad y transparencia al proceso.

Así, también apuntó que la composición de esta mesa fue de las más amplias que tuvieron, ya que había representantes de los grupos de la oposición y técnicos.

El secretario municipal también destacó que en sus conversaciones con el alcalde se limitaron a comentar la eventual nulidad administrativa del procedimiento con posibles indemnizaciones.

Del mismo modo, en relación con las irregularidades existentes, Francisco Javier Novoa afirmó que el alcalde tenía conocimiento pleno de las mismas.

Así, también apuntó que también puso en conocimiento de otros concejales estas irregularidades de manera oral, como fue el caso de Alfredo Bea.

En relación con Carlos Álvarez Besada, destacó no recordar si también se lo había comentado, aunque afirmó que “entre cuatro paredes se sabe todo lo que ocurre dentro del edificio municipal”.

Así, el secretario desmintió en muchos aspectos las declaraciones realizadas en su día por el regidor grovense.



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El secretario dice que advirtió al alcalde y al gobierno sobre las posibles irregularidades Para no verse implicado se aseguró de que quedara constancia de sus advertencias, y para ello presentó sus alegaciones por escrito y las selló en el Registro de Entrada

MANUEL MÉNDEZ - O GROVE El “caso Cacabelos”, que relaciona al alcalde de O Grove, el socialista José Antonio Cacabelos Rico, con tres presuntos delitos, vinculados a al anteproyecto, el proyecto y la adjudicación del edificio administrativo, escribió ayer un nuevo capítulo, con la declaración, en calidad de testigo, del secretario municipal, Francisco Javier Novoa Juiz. El funcionario fue contundente al asegurar que detectó posibles irregularidades en el proceso y que las comunicó en su momento al propio alcalde y otros miembros de la Junta Local de Gobierno. Llega a decir incluso que desatendieron sus recomendaciones y que el regidor le hizo insinuaciones para que no emitiera un informe negativo. Lo que ocurrió, según su testimonio, es que nadie atendió sus advertencias, y aunque hizo ver las posibles irregularidades al alcalde éste “justificaba su interés por continuar con la tramitación del expediente para no perder la subvención”. El temor del secretario ante lo que podía ocurrir llegó a tales extremos que cuando advirtió de las irregularidades por escrito evitó entregar ese documento a los políticos, y lo que hizo fue presentarlo por Registro de Entrada en las oficinas municipales, para protegerse ante cualquier problema posterior “y dejar constancia por escrito de las irregularidades como asesor legal del Ayuntamiento ante posibles reclamaciones”. Lo que hizo Francisco Javier Novo ayer, ante el juez de Cambados, fue ratificarse en su informe inicial, por lo que recalca que cuando se inició el expediente administrativo para contrato de servicios “no existía consignación presupuestaria, y por tanto la decisión para iniciar dicho expediente fue política, y no técnica”. Al funcionario no le consta que existiera un contrato administrativo previo a la redacción del proyecto por parte del estudio en el que trabaja el hermano del alcalde, pero en cualquier caso advirtió desde el primer momento de que la falta de contratación de servicios “es una irregularidad que en ese momento hubiera obligado a paralizar la tramitación del expediente de contratación de la obra para el edificio administrativo (...); pero si no se paralizó dicha tramitación fue por decisión política tomada por el grupo de gobierno”, que a él transmitió el alcalde. A este respecto, el secretario insistió en que había advertido al primer edil, “verbalmente”, sobre las “irregularidades” que había observado en el procedimiento, y esa advertencia fue ratificada posteriormente por escrito, pero no le consta que el alcalde transmitiera esas alegaciones a los demás miembros del gobierno. Tampoco recuerda si habló de ello con el primer teniente de alcalde, Carlos Álvarez, pero sí trasladó verbalmente las irregularidades a Alfredo Bea, concejal de Seguridad Ciudadana. En cualquier caso, “entre cuatro paredes se sabe todo lo que ocurre dentro del edificio municipal”, apostilla. Novoa asevera que “el precio de 60.000 euros más IVA para honorarios –establecido para la redacción del proyecto– le fue facilitado por los políticos”, a lo que añade que suele tratar estos asuntos con el alcalde y los concejales con dedicación exclusiva antes citados, pero no recuerda cuál de ellos le indicó las condiciones que deberían fijarse en el pliego de condiciones. Además reconoce que “los 60.000 euros sirven como cifra tope para que el contrato pueda ser negociado sin publicidad”, y argumenta que la elección de las empresas invitadas para participar en el concurso la toman también los políticos, en este caso “el alcalde, Alfredo Bea, Carlos Álvarez, la concejala de Obras o Antón Mascato”, pero no puede concretar cuál de ellos. Empresas invitadas Es más, fueron los políticos los que le facilitaron la identidad y dirección de cada una de las empresas invitadas a la licitación, y el declarante se limitó a ordenar el envío de las convocatorias, según declaró ayer. A este respecto, asegura que desconocía que en JASC Arquitectos trabaje el marido de Carolina Álvarez, la socia del hermano del alcalde. Respecto a los sobres B que habrían sido retirados en el consistorio por David Cacabelos –hermano del regidor–, el secretario apunta que son los que “contienen las plicas de cada licitador y están bajo custodia de Secretaría, por lo que sólo se pueden abrir en un acto público y en la mesa de contratación; no es posible que legalmente David Cacabelos pudiera haberlos retirado antes de reunirse la mesa al día siguiente y no es legalmente posible que se hubieran abierto antes de la mesa de contratación”.

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El secretario municipal, Francisco Javier Novoa Juiz, a su llegada al juzgado de Cambados, ayer. Iñaki Abella

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El secretario municipal reaccionó echando la lengua cuando ayer fue fotografiado por la prensa a las puertas del juzgado de Cambados

| MARTINA MISER

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El secretario desmiente a Cacabelos y dice que sí le avisó de irregularidades El técnico del Concello de O Grove declaró ayer en los juzgados por el caso del edificio administrativo

B. Costa 7/4/2010

El secretario del Concello de O Grove, Francisco Javier Novoa, declaró ayer en los juzgados de Cambados, en calidad de testigo, por el caso del edificio administrativo y en su declaración afirmó que advirtió al alcalde, José Antonio Cacabelos (PSOE), de la existencia de irregularidades en el proceso de contratación de esta obra, tanto verbalmente como por escrito.

Esta declaración desmiente al regidor, que en su declaración del pasado 11 de febrero dijo que no había sido alertado por los técnicos municipales de que hubiera problemas graves en este expediente y dijo que el secretario nunca le planteó que su tramitación pudiera llegar a costarle una acusación de prevaricación y falsedad en documento público, como a la que ahora se enfrenta.

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Cambados, Juan Carlos Carballal, ya dijo, vía auto, que no le parecía «creíble» la versión del alcalde y el secretario municipal avaló ayer esta tesis.

Francisco Javier Novoa afirmó ante el juez que sí advirtió de la existencia de irregularidades en varias ocasiones y que si se siguió adelante con el expediente fue por una «decisión política». Lo hizo antes del 20 de octubre del 2008 y lo hizo por escrito en un informe del 24 de noviembre de ese año. Una semana después, la obra fue adjudicada a la constructora Álvarez Prol.

Según se recoge en su declaración, «había comentado las irregularidades que estaba observando y no se le hizo caso» lo cual el alcalde habría justificado en no perder la subvención que le concedió la Xunta para financiar el nuevo edificio de la calle Cándido Acuña, una subvención que se consiguió finalmente al límite del plazo legal.

Novoa declaró ayer que no le consta que el alcalde hubiera informado de la existencia de las irregularidades a la junta local de gobierno pero apuntó que él si se lo dijo verbalmente al concejal Fredi Bea y que no recuerda si se lo comunicó también al primer teniente de alcalde, Carlos Álvarez Besada, «pero entiende que entre cuatro paredes se sabe todo lo que ocurre dentro del edificio municipal», según consta en su declaración judicial.

Por registro, para protegerse

Después de todo ello emitió un informe en el que advertía de anomalías en el proyecto y aconsejaba volver a sacar la obra a licitación, con fecha de 24 de noviembre, que «no entregó a ningún político sino que lo presentó por registro municipal para proteger su responsabilidad y dejar constancia por escrito de las irregularidades como asesor legal del Ayuntamiento, ante posibles reclamaciones posteriores».

Para entonces ya se había presentado una recurso por parte del constructor de O Grove, Óscar Miniño, que fue quien finalmente llevó el asunto a los juzgados. Según Novoa, si este recurso no se resolvió fue «para no perder la subvención»

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y que, pese a que hay obligación legal de resolver este tipo de reclamaciones, «el alcalde le comunicó verbalmente su decisión de no resolver tanto los escritos presentados por Oscar Miniño como los escritos formulados por el declarante advirtiendo de irregularidades administrativas». A preguntas de los letrados, Novoa dijo que el alcalde «siempre primó el interés público de obtener la subvención».

Respecto a la apertura de los sobres B antes de tiempo, el secretario indicó «que no es posible que legalmente David Cacabelos -hermano del alcalde y socio de la empresa a la que se le adjudicó el proyecto de obra- pudiera haber retirado los sobres B antes de reunirse la mesa de contratación al día siguiente».

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