Mendoza Beatriz Silva y otros c. Estado Nacional y otros s/ daos
y perjuicios (daos derivados de la contaminacin ambiental del Ro
Matanza Riachuelo). Expediente M. 1569. XLCountry:Nature of the
Case:Vecinos de la Cuenca Hdrica Matanza Riachuelo presentaron una
demanda judicial por daos y perjuicios sufridos a raz de la
contaminacin del ro Matanza-Riachuelo; Saneamiento y Recomposicin
Ambiental; Salud (Derecho a la); Agua y Salubridad (Derecho al);
Vivienda Adecuada (Derecho a la); Calidad de Vida (Derecho a la);
Ambiente Sano (Derecho a un).Summary:En julio de 2004 un grupo de
vecinos que residen en la Cuenca Matanza-Riachuelo interpusieron
demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin contra el
Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires y 44 empresas para obtener indemnizacin por daos y
perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminacin de la
Cuenca, cese de la contaminacin y recomposicin del medio ambiente.
En julio de 2008 la Corte dict la sentencia en la que se determin
la responsabilidad que les cabe al Estado Nacional, la provincia de
Buenos Aires y la Ciudad Autnoma de Buenos Aires en las acciones
destinadas a un mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la recomposicin del ambiente y la prevencin de daos
futuros. La Corte estableci un programa de intervencin que obliga a
la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR)[1] a seguir un
cronograma de actuacin de medidas que se vinculan a: a) produccin y
difusin de informacin pblica; b) control de la contaminacin
industrial; c) saneamiento de basurales; d) extensin de obras de
aguas, cloacas y desages pluviales; e) realizacin de un plan
sanitario de emergencia; f) adopcin de un sistema internacional de
medicin para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. A
fin de asegurar la correcta ejecucin de la sentencia, la Corte
deleg el proceso de ejecucin al Juzgado Federal de Primera
Instancia de Quilmes que tiene que controlar el cumplimiento de la
sentencia. Asimismo, la Corte cre un Cuerpo Colegiado conformado
por el Defensor del Pueblo de la Nacin junto con ONGs[2] que se
haban presentado en carcter de terceros con el fin de fortalecer y
habilitar la participacin ciudadana en el control del cumplimiento
del fallo.En el fallo la Corte no adopt expresamente una
perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, plantea que el
objetivo del programa de intervencin debe ser el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes y requiere que se adopten
programas sanitarios especficos para satisfacer las necesidades de
la poblacin de la Cuenca. En rigor, ests formulas utilizadas dejan
abierta la posibilidad de promover el tema de los derechos humanos
en la fase de ejecucin. Adems las ONGs, en su presentacin como
terceros a la causa, sostuvieron que en el caso resultan
directamente afectados algunos derechos econmicos, sociales y
culturales. El principal derecho involucrado es el derecho a la
salud que se extiende a los factores determinantes bsicos de la
salud como, entre otros, el acceso a agua limpia y potable y a
condiciones sanitarias adecuadas y un medio ambiente sano.
[1] Entidad interjurisdiccional que incluye autoridades del
Poder Ejecutivo Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires que tiene a su cargo la ejecucin del
Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza
Riachuelo.[2] Asociacin Ciudadana por los Derechos Humanos,
Asociacin de Vecinos de la Boca, Centro de Estudios Legales y
Sociales, Fundacin Ambiente y Recursos Naturales, Fundacin
Greenpeace Argentina.Enforcement of the Decision and Outcomes:La
Corte ha establecido que las autoridades condenadas al cumplimiento
del fallo deban cumplir con los objetivos y los plazos fijados. A
lo largo de la ejecucin del fallo, el juez de ejecucin ha buscado
el modo de precisar en acciones concretas y ampliar los objetivos
citados y la ACUMAR a travs del Plan de Saneamiento Integral
presentado en febrero de 2010 ha ampliado an ms estos objetivos.
Pese a ello, el juez de ejecucin ha solicitado a largo de todo el
proceso al Defensor del Pueblo, como coordinador del Cuerpo
Colegiado, que se pronuncie respecto de la pertinencia, calidad y
suficiencia de las medidas planteadas por parte de la ACUMAR. El
Cuerpo Colegiado seal que, si bien la ACUMAR realiz esfuerzos
durante el 2010 para trabajar en el cumplimiento de la sentencia
ordenada, no haba dado cabal cumplimiento a ninguna de las
obligaciones dispuestas en el fallo y en el plan dispuesto por la
ACUMAR. Por esta razn en repetidas ocasiones se ha solicitado la
aplicacin de multas a los funcionarios pblicos responsables. A esta
dinmica del proceso, se suman las audiencias y mesas de trabajo que
el juez ha decidido convocar para establecer plazos no fijados en
la sentencia y conocer el avance de ciertas acciones concretas.Ms
all del cumplimiento del fallo, la sentencia cambi el modo de hacer
poltica en la Cuenca estableciendo que la autoridad obligada a la
ejecucin del programa de saneamiento sea la ACUMAR, una entidad
interjurisdiccional, cuya funcin es corregir los problemas de
dispersin y superposicin de responsables y normativas aplicables y
mejorar el ejercicio de poder de polica sobre las actividades
contaminantes. Adems, la sentencia abri instancias de participacin
social en el diseo y control de las polticas. El Cuerpo Colegiado
participa constantemente en el seguimiento de lo ordenado por la
Corte, respondiendo a los requerimientos del juez y organizando
encuentros con las organizaciones sociales de base para generar y
expandir conciencia ciudadana y canalizar las inquietudes de la
poblacin de la cuenca.Significance of the Case:En este caso se
evidenci la importancia de la expansin de la red de agua potable y
de saneamiento cloacal, de un plan sanitario de emergencia y de
planes de relocalizacin de los vecinos que viven en sitios
contaminados. Si bien la Corte no analiz los temas de agua,
saneamiento cloacal, salud y vivienda con el detalle especfico que
sealan los tratados internacionales de derechos humanos, se refiere
a estos temas centrales poniendo como objetivo central el
mejoramiento de la calidad de vida y la satisfaccin de la poblacin
en general. Asimismo, La Corte reconoci la existencia de un derecho
colectivo vulnerado que requiere la intervencin obligatoria por
parte de las autoridades. Adems, la creacin de un sistema mltiple
de control de cumplimiento de la sentencia reconoce y trata de
enfrentar las dificultades que frecuentemente impiden el
cumplimiento efectivo de las obligaciones ordenadas a los poderes
pblicos, abriendo nuevos espacios de participacin social en la
cuestin pblica, exigiendo el cumplimiento interjurisdiccional
coordinado y planteando un modelo alternativo y creativo de
intervencin judicial.
