Clase Nº10- Las Disputas Sociopolíticas Por Los Bienes Comunes de La Naturaleza- Características, Significación y Desafíos en La Construcción de Nuestra América

8/15/2019 Clase Nº10- Las Disputas Sociopolíticas Por Los Bienes Comunes de La Naturaleza- Características, Significación y …

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Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC

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Curso: La Coyuntura Geopolitica en América Latina

Clase Nº10: Las disputas sociopolíticas por los bienes comunes de la

naturaleza: Características, significación y desafíos en la construcción

de Nuestra América(Primera parte)

Seoane, José - Taddei, Emilio – Algranati, Clara “Las disputas sociopolíticas por

los bienes comunes de la naturaleza: Características, significación y desafíos en laconstrucción de Nuestra América (Primera parte)’’ [CLASE]. En: Curso virtual “La

coyuntura geopolítica en América Latina” (Programa Latinoamericano de Educación

a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, Junio 2014).

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Las disputas sociopolíticas por los bienes comunesde la naturaleza: Características, significación y

desafíos en la construcción

de Nuestra América.(Primera parte)

José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati

GEAL – Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe

¡Hola! A continuación va la primera de las dos clases que me permití solicitar a mis

colegas, distinguidos especialistas en el tema, José Seoane, Emilio Taddei y Clara

Algranati. Tienen ustedes una magnífica clase, con mucho material informativo de

primera mano.

¡Buen trabajo!

Atilio B. Boron _____________


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Buenos días / buenas tardes a todas y a todos:

Los conflictos sociales alrededor de los bienes comunes de la naturaleza – aquellos

bautizados por el pensamiento económico tradicional y el “malsentido” como

“recursos naturales”- no han dejado de crecer en número y significación en nuestra

América latina y caribeña en las últimas décadas. Diversos y, a veces, divergentes;

expresándose en terrenos variados de la acción colectiva o respecto de bienes

comunes distintos, estas disputas han ganando sin embargo en los años recientes

una progresiva visibilidad y relevancia sociopolítica tanto a nivel nacional como

regional; desde el ciclo de las resistencias al neoliberalismo y las políticas imperiales

iniciado a mediados de los años ´90 hasta los conflictos sobre el rumbo de los

procesos de cambio y las alternativas posneoliberales de la última década. En el

mismo sentido, estas luchas han supuesto también intensos procesos de

radicalización y movilización social así como la emergencia de significativos

movimientos sociales1 y de espacios de articulación y coordinación continental y

global.

En esta dirección, la lucha contra la expansión de la minería a cielo abierto en Perú

dio nacimiento a la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas porla Minería (CONACAMI) en 1999, expresión de un movimiento indígena campesino

que confluyó a su vez en la fundación de la Coordinadora Andina de Organizaciones

Indígenas (CAOI) en 2006. En similar dirección, los cuestionamientos a la expansión

del agronegocio y el proceso de extensión de la frontera agraria, el nuevo latifundio y

la destrucción de la agricultura campesina motivó la aparición de nuevos

movimientos campesinos – los sin tierra- entre los que se destaca el Movimiento de

Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, 1985) en Brasil así como la fundación de laCoordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) en 1994.

1 En relación a la significación histórica del concepto “movimiento social” y los debates teóricos que el mismo susci ta

actualmente ver Seoane, José, Taddei, Emilio, Algranati, Clara 2008 El concepto “movimiento social” a la luz de los

debates y la experiencia latinoamericana recientes, mimeo (en prensa).


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Por otra parte, los conflictos por los bienes comunes se convirtieron en puntos de

articulación sociopolítica nacional (rural-urbano) de los cuestionamientos al régimen

neoliberal como se graficó en la experiencia boliviana con el ciclo que va de la

llamada “Guerra del Agua” de Cochabamba (2000) a la “Guerra del Gas” (2003) y la

agenda de octubre que orientó el proceso de luchas y cambios en el primer mandato

de Evo Morales (2006-2010). En igual sentido, la reforma petrolera impulsada por el

gobierno de Hugo Chavéz fue uno de los motivos del golpe de estado fallido del 2002

y uno de los centros de la disputa social – particularmente en relación con la

empresa petrolera estatal PDVSA- en el período de confrontación social que le siguió.

Asimismo, la conflictividad social por los bienes comunes siguió teniendo un peso

creciente en aquellos países donde, resultado de movilizaciones y cuestionamientos

sociales, acontecieron cambios políticos gubernamentales que, con distinta

intensidad, se alejaron de las recetas de la ortodoxia neoliberal de los ´90. En esta

dirección apunta, por ejemplo, el crecimiento de los conflictos rurales en la

amazonía brasileña o las luchas contra la megaminería en Argentina; y también la

creciente contraposición entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del

Ecuador (CONAIE) y el gobierno de Rafael Correa alrededor de las políticas

adoptadas en relación con la minería, los hidrocarburos y el agua.

Finalmente, en el plano internacional, el reciente ciclo de incremento de los precios

de los alimentos (2010-11) ha despertado intensas revueltas sociopolíticas en África

del Norte y el Medio Oriente iniciando una serie de cambios que auguran rediseñar

el mapa geopolítico de la región; mientras los efectos de la crisis climática – resultado

de la emisión de los llamados “gases invernadero”- que ya se dejan sentir sobre

pueblos y territorios exponiendo la gravedad de la amenaza que pende sobre la vidatoda del plantea ha convocado a una de las campañas internacionales de

movimientos sociales más significativas de los últimos años.

En todos estos terrenos, y ciertamente en otros más la disputa sociopolítica por el

uso de los bienes comunes de la naturaleza se transformó en punto clave de las


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resistencias, de la crisis y de las alternativas enarboladas frente al capitalismo

neoliberal.

El desarrollo de esta unidad temática del curso tiene por objetivo presentar y

sistematizar algunas de los procesos y experiencias que explican el peso y la

importancia de las disputas sociopolíticas a las que nos referimos; que muchos

llaman – a veces con cierta desestimación – por el nombre de conflictos ambientales

pero que, por razones que intentaremos exponer, tienen una proyección sociopolítica

central que apunta al corazón de las contradicciones del capitalismo contemporáneo

y de la forma que éste adopta en el llamado Tercer Mundo.

Abordaremos esta cuestión en dos partes. En la primera (la presente clase)

avanzamos algunas reflexiones con la intención de contribuir desde una perspectiva

crítica a la comprensión de las razones estructurales de la relevancia que asumen

estos conflictos, en particular en su cuestionamiento a las lógicas de

mercantilización de la vida y de los territorios. Esta es el núcleo problemática de la

primera parte de este texto. En el último apartado de este texto se presentan los

lineamientos y características generales que asumieron en América Latina los

proyectos de salida a la crisis del neoliberalismo y la centralidad que en relación aesta cuestión tienen las disputas por los bienes comunes de la naturaleza.

En la segunda parte, un poco más extensa que la primera, retomaremos las

cuestiones señaladas en la última parte de la primera entrega y abundaremos en los

rasgos más salientes de los distintos proyectos de salida a la crisis neoliberal en la

región. En relación a ello centraremos primero nuestra atención en la experiencia

del llamado “neoliberalismo armado”. Luego nos referiremos a las dinámicas quesignan los proyectos “neodesarrollistas” como también a las tensiones y conflictos

que marcan las experiencias de “cambio constituyente”, del “socialismo del siglo

XXI” o del “socialismo comunitario”. En la referencia a cada una de estas

experiencias evocaremos asimismo algunos de los conflictos más distintivos

protagonizados por distintos movimientos sociales y que ponen de manifiesto las


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tensiones e impactos decurrentes de las políticas públicas estatales de “gestión” de

los bienes comunes naturales. Concluiremos nuestra exposición refiriendo

brevemente a los retos y riesgos que afrontan los movimientos sociales y los

procesos de cambio en la defensa del carácter común de estos bienes; y, finalmente,

sobre las alternativas y los horizontes de transformación social surgidos en los

últimos años en el reverdecer del sueño martiano de Nuestra América.

1.

Las plagas de la mundialización neoliberal: desposesión, recolonización y

catástrofe ambiental.

Los pueblos de la América latina y caribeña habitan un territorio en el que crecen el

22% de los bosques y el 40% de la biodiversidad del globo; casi un tercio de las

reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en

sus entrañas el 27% del carbón, el 24% del petróleo, el 8% del gas y el 5% del uranio

– sin contar las nuevas reservas en exploración-; alberga uno de los mayores

depósitos de litio y niobio a nivel mundial y sus cuencas acuíferas contienen el 35 %

de la potencia hidroenergética global (Seoane, 2005). Esta significativa disposición

de estos bienes comunes ha sido considerada muchas veces como una verdadera

maldición por las lógicas del pillaje imperial que despiertan. Sin embargo, lejos deimplicar una condena de la naturaleza; es importante comenzar reconociendo que

ello resulta de las características propias del capitalismo y, en la historia próxima,

de las particularidades de su fase neoliberal y de la división internacional del trabajo

promovida y construida a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Habitualmente, los cambios impulsados por este nuevo ciclo de mundialización

capitalista se refieren a los proceso de financiarización o de valorización financiera.Pero, otro aspecto de esta mundialización, menos promocionado, es el papel

cumplido por la llamada “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004); es decir,

por aquel proceso de acumulación de capital basado en la apropiación privada de

bienes o recursos que se encontraban hasta ese momento, por lo menos

relativamente, fuera del mercado; o lo que es lo mismo, que no eran o no habían


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sido transformados en mercancías. Esta acumulación por desposesión refiere así al

proceso de apropiación privada – en gran medida trasnacional- tanto de los llamados

“bienes comunes sociales” (por ejemplo, las empresas y servicios que fueran

transformados en públicos-estatales, especialmente desde mediados del siglo XX)

como de los llamados “bienes comunes de la naturaleza” (el agua, la tierra, el

territorio, la biodiversidad, los hidrocarburos y minerales, la atmósfera). Si las

contrarreformas neoliberales de primera generación supusieron la privatización de

buena parte de los primeros bajo las recomendaciones del Consenso de Washington

de principios de los ´90, las siguientes generaciones de políticas neoliberales

profundizaron la mercantilización de los segundos. De este modo, la acumulación

por desposesión -en el marco de procesos más amplios de desestatización de la

regulación social, desdemocratización y desnacionalización- implicó una

combinación de políticas públicas, reformas legislativas y cambios institucionales

impulsados por la ofensiva de las grandes corporaciones, las asociaciones

empresarias y los organismos internacionales; y que supuso, en definitiva, el uso

creciente de la violencia estatal-legal y paraestatal-ilegal. Un multiforme proceso

dirigido a garantizar: a) la efectiva desposesión de estos bienes a las sociedades,

pueblos y comunidades que hasta entonces eran sus usufructuarios o cuidadores;

b) su transformación en mercancía permitiendo su explotación capitalista; c) bajoformas intensivas -en la mayoría de los casos con control trasnacional- y orientadas

a la exportación de las mercancías obtenidas para su comercio en el mercado

mundial. Es este proceso en toda su amplitud el que recibe el nombre de “saqueo”.

En el marco de la mundialización neoliberal, este saqueo tomó la forma de un

proyecto de recolonización de la periferia. En particular en nuestra región, bajo la

renovada aplicación de las doctrinas Monroe y del destino manifiesto2

, las élitesestadounidenses defendieron en la competencia interimperialista el derecho al

2 En la historia larga son las dos doctrinas que han guiado la política de las clases dominantes estadounidenses hacia

América Latina. La doctrina del destino manifiesto, cuyo origen es contemporáneo a la llamada Doctrina Monroe pero que

fuera revitalizada y profundizada desde finales del Siglo XIX, parte de sustentar que el destino de los EE.UU es expandirse

por toda América. Algo de esto fue referido en clases anteriores al hablar de las doctrinas elaboradas por la Fundación del

Nuevo Siglo Americano.


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control sobre todo el continente y sus recursos. Así, a poco de cumplirse el

bicentenario de los procesos independentistas en muchos de nuestros países, la fase

del capitalismo neoliberal amenazaba – y amenaza aún- con transformar la

subordinación económica al mercado mundial en control político y militar de los

territorios de Nuestra América. En ello el ALCA y los tratados de libre comercio

cristalizaron en el terreno económico lo que una nueva estructura de acuerdos y

despliegue castrense lo hacía en el terreno militar y los pactos de las Cumbres de las

Américas lo hacen en el plano político. Pero este proceso de recolonización imperial y

reorganización de las soberanías de los Estados-nación no sólo supusieron estos

acuerdos interestatales de integración sino también un conjunto de iniciativas

promovidas por corporaciones, ongs, think tanks y organismos internacionales que,

sea bajo la banderas de la defensa del patrimonio de la humanidad o de la

racionalidad empresaria, buscaron asegurar el control político de los territorios

donde se encuentran dichos bienes comunes. Una larga lista entre las que se

cuentan proyectos tales como el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), los

acuerdos de protección internacional del Amazonas y del Acuífero Guaraní hasta la

promoción de una mentada “República de la Soja” en el corazón de la América del

Sur.

Por último, la fase neoliberal exasperó también los procesos de deterioro ambiental

propios del capitalismo, cuyo aspecto más publicitado es el de la contaminación. Así

la devastación de los territorios donde se realiza la primera etapa de la acumulación

por desposesión (por ejemplo con la contaminación o monopolización de las fuentes

de aguas y la consecuente destrucción de la economía campesina y comunal) se

sumó al incremento de los efectos contaminantes del conjunto de las actividades

económicas resultado de los procesos de desregulación y privatización hastaalcanzar las dimensiones de la amenaza de una catástrofe ecológica de proporciones

mundiales en el llamado “cambio climático” consecuencia de la contaminación de la

atmósfera y el quiebre de la capacidad de sobrecarga y procesamiento ambiental del

planeta.


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De esta manera, la particular configuración del neoliberalismo capitalista en

América Latina aparece cristalizada, particularmente en las últimas décadas, bajo la

expansión de esta lógica social de desposesión, saqueo, catástrofe ambiental y

recolonización de los territorios.

2. Corporaciones vs. movimientos sociales: luchas contra la

mercantilización del territorio y la vida.

Las luchas contra estos procesos de despojo y devastación ambiental se han

expresado, entre otras dimensiones, en un conjunto de prácticas colectivas,

demandas y programáticas orientadas hacia la desmercantilización de los bienes en

disputa que han tomando diferentes formas según los contextos. De diferentes

maneras, este horizonte aparece de modo reiterado en las luchas que tienen como

centro al agua3, la tierra y el territorio4, la biodiversidad5, los minerales6, los

hidrocarburos7, y la vida-ambiente en general. (Ver abajo en las notas

aclaratorias el significado de cada una de estas luchas).

3 En sus distintos aspectos, entre ellos: a) por el acceso al agua para la agricultura campesina y las comunidades locales y

contra la contaminación de estas cuencas hídricas; b) por el acceso al servicio de agua corriente en el mundo urbano y los

cuestionamientos a la calidad y tarifas; c) contra las represas y emprendimientos hidroeléctricos; d) contra la apropiación y

comercio del agua (hidropiratería), y e) por la preservación de las fuentes estructurales de agua (glaciares, acuíferos

subterráneos, etc.).4 Principalmente la lucha contra el agronegocio que motoriza la expansión de la frontera agraria, el desplazamiento de las

poblaciones originarias y el deterioro ambiental del territorio (con el uso masivo de agrotóxicos, introducción de organismos

genéticamente modificados, y pérdida de la diversidad biológica, el equilibrio ambiental y el deterioro de los suelos). En

esta lucha se mezclan tanto los cuestionamientos al cultivo industrial de la soja transgénica como al de los bosques

artificiales para la producción de celulosa; lo que ha sido llamado la lucha contra los “desiertos verdes”.5 La defensa de la biodiversidad ha adoptado históricamente dos direcciones diferentes. Por un lado, frente a la devastación

ambiental que implica el desarrollo de las actividades industrial-extractivas ya mencionadas. Pero, por otro lado, también se

ha cuestionado los proyectos e iniciativas orientados a la apropiación y mercantilización de la biodiversidad y de su

conocimiento y uso tradicional por las comunidades locales, generalmente presentados bajo el interés científico o protectivo

del medio ambiente y que son llamados habitualmente de bioprospección o, desde la perspectiva de los movimientossociales, de biopiratería.6 La dinámica de la megaminería bajo la fase neoliberal capitalista se ha caracterizado por la expansión de la explotación

minera a cielo abierto de gravosos impactos sobre el ambiente y voraz consumidora de agua y energía y la disputa por el

control de las fuentes de los nuevos minerales vinculados a los nuevos desarrollos productivo-tecnológicos.7 El anunciado agotamiento de las fuentes energéticas de la matriz productiva actualmente hegemónica (petróleo y gas) ha

implicado la valorización de depósitos no explotados y la intensificación de la explotación de los existentes así como la

búsqueda de nuevas reservas. En este caso, el proceso de mercantilización estuvo muy asociado a la privatización de las

empresas públicas que, originarias de la fase capitalista de la segunda mitad del Siglo XX, habían presidido la estatización-

nacionalización de estos recursos.


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Así, la propia noción de bienes comunes ha sido adoptada en los últimos años por

los movimientos sociales, en contraposición a la de recursos naturales acuñada por

la economía clásica y generalizada por la modernidad capitalista, y se encuentra

actualmente en proceso de popularización. En el mismo sentido, la visión capitalista

de la naturaleza ha sido confrontada y reformulada desde las referencias a la “madre

tierra” y la “pacha mama”. En similar dirección, la lucha por la tierra ha ido

mutando en los últimos años en lucha por el territorio. Así también las nociones de

desarrollo, progreso y crecimiento económico han sido rebatidas desde la

revalorización de nociones como “buen vivir” o “sumak kawsay ”. Alrededor de todas

estas cuestiones, sea que se expresen en el orden de la construcción colectiva como

de los horizontes de acción y de transformación, aparece reflejado en realidad un

creciente cuestionamiento a la lógica de oposición entre sociedad y naturaleza,

consolidada bajo el capitalismo, y a la racionalización de la relación entre ambos

términos bajo las ideas de la explotación económica y el afán de lucro de la primera

sobre la segunda. En los cuestionamientos a esta dualidad y a las prácticas que

legitima y promueve, se entremezclan las cosmovisiones de los movimientos

indígenas, de los movimientos ecologistas-ambientalistas, de la nueva izquierda

“ecosocialista” y de la propia experiencia popular del despojo y la destrucción de la

vida.

Por otra parte, esta lucha contra la mercantilización se expresó también en las

resistencias a las políticas de privatización y liberalización económica en una serie

que une los conflictos frente a la privatización de empresas y servicios públicos de la

década de los ´90 con los cuestionamientos actuales donde adquiere mayor

relevancia las resistencias a la mercantilización de los territorio y sus riquezas. En

esta dirección, los conflictos locales frente al despojo se tradujeron también en elplano nacional e internacional en el reclamo por el reconocimiento del carácter

público-común de estos bienes, expresado muchas veces bajo la consagración

legislativa de su uso y acceso como derecho humano. Estas luchas por la

desmercantilización también supusieron una programática orientada no sólo a la

reconstrucción del control público-estatal de estos bienes (por ej. con la mentada


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nacionalización) sino también a la búsqueda de nuevas formas de gestión de la

autoridad pública que expresara la crítica a la matriz liberal colonial del Estado y su

concepción de la democracia.

Así, estos procesos de lucha y organización popular supusieron, de manera

creciente, una intensa experimentación de organización comunitaria y de

democracia participativa. Por ejemplo, en el caso de la lucha contra la megaminería

a cielo abierto, la iniciativa desarrollada en la ciudad de Tambogrande, Perú, donde

tuvo lugar en 2002 el primer referendo comunal a nivel regional sobre un proyecto

minero habrá de propagar su ejemplo hacia el sur y el norte del continente. Así, en

la ciudad argentina de Esquel en 2003 se realizará una consulta similar y, unos

años después (2005), la experiencia se repetirá en el municipio guatematelco de

Sipakapa abriendo un proceso que lleva al día de hoy más de 25 consultas similares

en dicho país. Por otra parte, el masivo rechazo a estos emprendimientos hará que

corporaciones y gobiernos procuren restringir, prohibir o manipular estas consultas,

aún cuando las mismas se amparen en el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT, 1989)8.

Además de estas características, las luchas en defensa de los bienes comunes de lanaturaleza se han destacado también por la construcción de convergencias más

amplias en el ámbito nacional, regional e internacional orientadas a intercambiar

información y unificar acciones frente a similares corporaciones trasnacionales o

problemáticas. Una intensa construcción en esta dirección ha tenido lugar en

Nuestra América; cristalizando en el surgimiento en los últimos años de diferentes

coordinaciones y movimientos nacionales9; y redes10 y foros 11regionales y

continentales.8 Así, por ejemplo, en Argentina las corporaciones megamineras ha logrado invalidar diferentes consultas locales e incluso

bloquear la aplicación de la legislación nacional (como acontece hoy con la recientemente sancionada Ley de protección de

glaciares) gracias a la complicidad de gobiernos y la justicia de las provincias mineras.9 Además de los ya mencionados, por ejemplo, la Unión de Asambleas Ciudadanas surgida en Argentina en 2006 que reúne

decenas de asambleas ambientales locales (contra las mineras, las pasteras, las represas, etc.) además de otras

organizaciones sociales y políticas.10 Por ejemplo, entre tantas, la Red Latinoamericana contra las represas y por los ríos, sus comunidades y el agua.11 Por ejemplo, el Foro Mesoamericano y el Foro Social Américas.


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Sin duda la radicalidad de las acciones emprendidas por las poblaciones afectadas

por estos emprendimientos (por ej.: los bloqueos de las rutas de acceso, los

sabotajes o las tomas de las instalaciones de las compañías) y las iniciativas de

construcción de redes a nivel nacional e internacional resultan una respuesta frente

a una relación de fuerzas extremadamente asimétrica representada por poderosas

corporaciones trasnacionales o sectores que tienen un peso sustancial en la

estructura económica local y del país donde se encuentran.

Desde el otro lado, estas corporaciones empresarias invierten ingentes recursos en el

desarrollo de “estrategias de gobernabilidad social” que con distintas modalidades -

incluso bajo los llamados programas de responsabilidad social empresaria- se

orientan a garantizar el control y neutralización política de las poblaciones locales

que habitan los territorios donde se asientan así como de la opinión pública y los

movimientos populares a nivel más general. Una parte de estos esfuerzos están

orientados a promover y consolidar su influencia e intervención sobre la definición

de las políticas públicas y las estructuras de la autoridad público-estatal tanto a

nivel local, regional y nacional (gobiernos, legislativos, justicia, burocracia). Con

iguales objetivos, desarrollan una política de construcción de hegemonía enbúsqueda de promover corrientes de opinión favorables a las actividades

extractivistas intensivas que suele abrevar en las bondades generales del progreso y

el desarrollo y los beneficios particulares en términos de empleo y crecimiento

económico. En este terreno ciertamente tiene un papel importante el financiamiento

de centros de investigación y universidades públicas y privadas que permiten tanto

la “colonización” de la producción científica y de la opinión de los “expertos” así

como el control de los estudios de impacto ambiental y socioeconómico que, engeneral, son indispensables para la habilitación legal requerida para la puesta en

marcha de estos emprendimientos. Estas iniciativas se complementan con los

aportes empresarios al desarrollo local, moderna forma de la beneficencia bautizada

hoy como “responsabilidad social”. En este somero menú de las estrategias

corporativas no está ausente ciertamente el recurso a la violencia, sea bajo el uso de


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la coerción estatal o bajo el empleo de grupos ilegales o con una combinación de

ambos. A manera de ejemplo valga mencionar que la minera británico-sudafricana

AngloGold Ashanti ha sido responsabilizada por el asesinato de líderes comunitarios

y el uso de paramilitares en Colombia donde desarrolla el emprendimiento “La

Colosa” así como la corporación brasileña La Vale – antigua gran empresa estatal

privatizada durante el gobierno de Fernando H. Cardoso- ha sido acusada por

utilizar personal armado encapuchado para proteger sus instalaciones en

Cajamarca (Perú) y promover, con el auspicio del gobierno nacional, la formación de

grupos de seguridad entre la población a quienes suministra armamentos y apoyo

económico (I° Encontro Internacional dos Atingidos pela Vale, 2010).

3.

Los proyectos de salida a la crisis del neoliberalismo y la centralidad

de las disputas por los bienes comunes de la naturaleza.

Las luchas sociales desplegadas en Nuestra América desde mediados de los años ´90

de la mano de la emergencia de significativos movimientos sociales condensaron un

nuevo ciclo de conflictividad y resistencia sociopolítica al régimen neoliberal en el

continente. Sin embargo, no fue sino su combinación con los efectos de la recesión

económica que se proyectó, a partir de 1999, sobre casi toda la región la condiciónde posibilidad para el inicio de un nuevo período de la confrontación social marcado

por la crisis de legitimidad del neoliberalismo. El quiebre de la hegemonía neoliberal

capitalista abrió paso así a un panorama latinoamericano mucho más heterogéneo

signado por los diferentes proyectos que encarnaron en los diferentes países de la

región las distintas salidas a esta crisis del modelo neoliberal.

En parte de nuestra región, debe recordarse, las fuerzas conservadoras derrotaron oneutralizaron las aspiraciones de cambio y se impuso la continuidad del recetario

neoliberal ahora bajo renovadas características. Bautizado como “neoliberalismo

armado” este proyecto supuso la profundización de la matriz extractiva exportadora


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bajo control trasnacional y de los procesos de recolonización político-económicos12

así como buscó en la recreación del “estado de naturaleza” hobbesiano nuevas

legitimidades para promover un proceso de militarización de las relaciones sociales

orientado a criminalizar y conducir la vida y la acción de las clases y sectores

subalternos, en particular de aquellos más castigados por la intensificación del

patrón de acumulación en curso. Ejemplo de ello es el gobierno fraudulento de

Felipe Calderón en México y su “exitosa guerra contra el narcotráfico” que

desencadenó un círculo de violencia y militarización creciente con un saldo de más

de 30.000 muertos en casi cuatro años y la pública promoción estadounidense de

un “Plan Colombia” para este país; aunque, claro, su modelo más consagrado a nivel

internacional siga siendo el régimen colombiano.

En otros casos emergió un proyecto de corte “neo-desarrollista”: Afirmado como

orientación hegemónica en las experiencias de Argentina y Brasil, el mismo se

caracterizó por reconstruir cierta intervención estatal en la regulación socio-

económica. Ello no implicaba cuestionar o revertir el peso de la acumulación por

desposesión ni el proceso de primarización de la economía y la inserción

fundamental en el mercado mundial. Por el contrario, estos aspectos del régimen

12 El más claro ejemplo del alcance de dicho proceso de recolonización resulta la firma y puesta en vigencia de Tratados de

Libre Comercio entre diferentes países y regiones de América Latina y el Caribe y los EE.UU. entre 2003 y 2009 que,

sumado al TLCAN que integra a México, abarca a Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Nicaragua, República Dominicana, Panamá (aún no entró en vigencia) y Perú, y que en su conjunto representa casi el 45%

del PBI total de la región según datos de 2009 (CEPAL, 2009). Este proceso de recolonización comprende también la

profundización de la intervención estadounidense en el control militar-policial de los territorios donde se realiza la

explotación-exportación de estos bienes comunes viabilizado, entre otros dispositivos, a través del creciente despliegue de

fuerzas, asesores y nuevas doctrinas militares y de seguridad. El caso de Haití es un caso paradigmático en relación a ello.

El país caribeño se encuentra ocupado militarmente desde 2004 por la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización

en Haití (MINUSTAH, por sus siglas en francés). Esta misión en la que participan las fuerzas armadas de varios países

latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, entre otros) constituye la primera experiencia de ocupación militar de

un país latinoamericano en la que intervienen países de la región. El proceso de militarización que desde entonces signa a la

sociedad haitiana, estuvo marcado por la participación de la MINUSTAH en acciones represivas contra protestas popularesse agudizó recientemente. Luego del trágico terremoto que asolara a dicho país en enero de 2010 los Estados Unidos

aprovecharon la desesperante situación y enviaron tropas regulares cuya presencia ha sido legitimada bajo el pretexto de la

“ayuda humanitaria”. Desde entonces la ocupación militar de Haití no hizo más que agudizarse con la consecuente secuela

de violaciones a los derechos humanos ocasionadas por la acción represiva de las fuerzas ocupantes y que ha sido

regularmente denunciada tanto por movimientos y organizaciones haitianas como por campañas y redes de solidaridad en

América Latina y el Caribe. La presencia militar estadounidense y latinoamericana contrasta con la ayuda internacional

brindada por Cuba a su país vecino y que se materializa a través de la presencia de médicos y profesionales cubanos en

Haití. La acción solidaria de los mismos ha sido reiteradamente destacada y valorada por numerosas organizaciones sociales

y por el propio gobierno haitiano.

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9shttp://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9shttp://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s


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socioeconómico incluso, en algunos casos, se profundizaron. Pero si suponía la

apropiación público-estatal de parte de las rentas extraordinarias devenidas de la

explotación de los bienes naturales para promover y sostener otras actividades

económicas (sector industrial, obras de infraestructura) y una nueva generación de

políticas sociales compensatorias. Este proyecto ambicionaba también una mejor

inserción internacional en el marco de la mundialización capitalista así como en lo

interno aspiraba a la restitución del monopolio de la política al Estado y las

mediaciones partidarias de la democracia representativa.

Por otra parte, un tercer proyecto se delineó en el escenario sociopolítico regional.

Conocido bajo las referencias al “socialismo del siglo XXI” o al “socialismo

comunitario”; nos remite a un proyecto popular de cambio social que bien puede

visualizarse en los trazos de las experiencias venezolana, boliviana y, hasta cierto

punto, ecuatoriana aunque su cristalización es a la vez menos y más abarcativa que

un gobierno, unas políticas públicas o un Estado, en la medida que su fuerza reside

en la praxis de los sectores subalternos y su horizonte en la transformación de la

matriz societal. Este proyecto, en su sentido más transformador, implicó un proceso

de nacionalización de las principales actividades vinculadas a la explotación de los

bienes naturales (e incluso de otros sectores económicos considerados comoestratégicos) que ofreció la base fundamental de los recursos para sostener las

políticas de redistribución del ingreso y la riqueza. Ello fue acompañado también por

iniciativas orientadas a cuestionar la matriz liberal-colonial del Estado nación bajo

las banderas de la democracia participativa y los objetivos de una democratización

radical de la vida social.

Estos tres proyectos que delinearon las salidas a la crisis de legitimidad delneoliberalismo entre 2005 y 2009 comparten un elemento en común: se sostienen

en gran medida en base a la explotación y exportación de bienes comunes de la

naturaleza; claro que uno lo hace en beneficio casi exclusivo del capital trasnacional

y sus asociados, otro apelando a mayor regulación pública y a la apropiación estatal

de una parte de la renta extraordinaria y el tercero promoviendo la propiedad


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pública de los mismos y un proceso de redistribución del ingreso y la riqueza.

También se diferencian en las iniciativas que promueven en el plano internacional;

mientras el primero se inscribe en la expansión del librecomercio y sus acuerdos con

la tríada imperial13, y el segundo ha estimulado la ampliación del MERCOSUR, el

tercero ha dado vida al ALBA14 así como la combinación de los esfuerzos de estos

dos últimos fructificó en la puesta en marcha de la UNASUR.

En este sentido, la delimitación de estos tres proyectos y de quien detenta la

hegemonía de los procesos sociopolíticos a nivel nacional facilita la comprensión y

análisis de los diferentes escenarios, fuerzas y programáticas que aparecen

desplegadas alrededor de los conflictos por los bienes comunes de la naturaleza a lo

largo y ancho del continente. Veremos esto más detalladamente en la próxima clase.

Saludos fraternos.

José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati.

GEAL- Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe.

13 Nos referimos a los tres centros del capitalismo desarrollado que conforman la habitualmente llamada tríada; es decir a: 1)

los EE.UU.; 2) la Unión Europea; y 3) las potencias asiáticas (anteriormente Japón y actualmente China)14 Su propuesta de una integración basada en la reciprocidad, la complementariedad y la cooperación que no se restringe al

intercambio de bienes ni a los acuerdos interestatales se constituyó en la experiencia de integración más avanzada de un

proyecto de transformación social y construcción de Nuestra América.


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Clase Nº10- Las Disputas Sociopolíticas Por Los Bienes Comunes de La Naturaleza- Características, Significación y Desafíos en La Construcción de Nuestra América