Comentarios al documento “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”, 1 de agosto de 2011

En conformidad con lo acordado en la asamblea triestamental de 2 de agosto del presente, se han reunido la directiva de la AFAUA y representantes del estamento académico, de la Asociación de profesionales (APROFUA) y del estamento no-académico (ATRUNIA), con la finalidad de discutir la propuesta de cambio y reforma de la educación dada a conocer por el gobierno a la opinión pública el día de ayer. Como también se decidió en la asamblea, la Federación de Estudiantes de la Universidad elaborará su propia respuesta.

La propuesta del gobierno es, a la vez, una respuesta al petitorio elaborado por el Colegio de Profesores, la CONFECH y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), denominado “Bases para un acuerdo social por la educación chilena”, que se entregó al Ministro de Educación el 27 de julio pasado. Nuestra evaluación se limitará a lo concerniente a la educación superior en sus aspectos más relevantes.

En lo relativo a una reforma constitucional a favor de la educación, la propuesta adolece de dos deficiencias básicas:

1) es parcial, dado que reconoce la gratuidad y universalidad de la educación pública sólo hasta el nivel medio, sin incluir la educación superior;

2) profundiza una orientación privatizadora, completamente opuesta a la del petitorio, dado que propone consagrar a nivel constitucional el carácter “mixto” o “matriz mixta” (o sea, la coexistencia de instituciones privadas, tradicionales y públicas) del modelo actual de educación superior, que habría “generado un creciente aporte en cobertura, equidad y movilidad social” (pp. 10-11).

Con esta reforma, el Estado adquiriría un compromiso permanente de mantener dicho sistema, cuya modificación estaría, además, sujeta a los requisitos de mayoría parlamentaria absoluta que tiene todo cambio en la Constitución.

Por otro lado, si se trata de un deber del Estado, cabría pensar que este es exigible por particulares, asociaciones o grupos de interés, pues todo deber tiene como contraparte el reconocimiento de un derecho a ciertos beneficiarios. El Estado puede garantizar la libertad de personas naturales e instituciones de crear un centro de educación superior privado, en la medida en que la formación entregada satisfaga niveles básicos de calidad, equidad, etc. Nuestra tradición histórica ha sido esta. Pero algo muy distinto es que exista un deber del Estado en preservarlos, lo que no le corresponde.

En otro punto fundamental, la propuesta hace aún más explícita la consagración a nivel del derecho de lo que ha sido, hasta ahora, en buena medida, una situación de hecho. En efecto, plantea que “la institucionalidad que hoy rige la educación superior no es concordante con la realidad actual del sistema y sus desafíos futuros” (p. 4). Por ello, sería necesario “promover el fortalecimiento de la institucionalidad del sector, impulsando la existencia de las entidades que el sistema necesita”, cuando se trata en realidad de una modificación de dicha institucionalidad a fin de que sea del todo concordante con lo que se ha estado dando en las dos últimas dos décadas: una coexistencia de centros de educación superior que cumplen requisitos y tareas con muy distintos niveles de exigencia, favoreciendo mayoritariamente a las universidades privadas. Estas, como ha sido demostrado, tienen fines de lucro, pese a lo establecido por legalidad vigente, que

en su propuesta, el Gobierno, se compromete a “hacer cumplir” (p.3), aunque ello no tendría por qué ser materia de una reforma sino, simplemente, de la fiscalización normal que debe ejercer el Ministerio de Educación.

En el mismo sentido, en la sección correspondiente al financiamiento estudiantil, se señala que “el acceso al sistema de ayudas estudiantiles debe estar disponible para los alumnos de todas las instituciones de educación superior que cumplan con los requisitos que se establezcan, dentro de los cuales se incluyen la acreditación institucional en docencia de pregrado y gestión institucional” (p. 13). Si bien no se dejan de lado otras posibles exigencias, las señaladas son las mínimas de un proceso de acreditación y, por tanto, se abren las oportunidades de apoyo a la prácticamente totalidad de las universidades existentes, de las cuales la gran mayoría son privadas. Con ello, vía becas, se traspasarían recursos públicos a instituciones privadas que, además, cumplan solo el mínimo de obligaciones establecidas.

En el fondo, se mantiene el endeudamiento familiar como sistema de financiamiento de la educación superior. Se propone una rebaja al 4% de interés de los créditos pendientes “en condiciones normales” (o sea, que la tasa puede elevarse en otras circunstancias), con lo que continúa siendo más alta que la de un crédito hipotecario y, en ningún modo, representa una solución plausible para los deudores morosos ni para los que tengan que endeudarse en el futuro.

La propuesta da a entender que habrá una mayor preocupación por las universidades estatales, a las que “les corresponde recibir un trato específico de parte del Estado que les permita realizar plenamente su función, en un contexto de sano equilibrio de derechos y deberes” (p. 12). La expresión “específico” es imprecisa, y cabría esperar que se indicara que dichas universidades serían objeto de una “atención preferente”, sin que tampoco se señale en qué monto o proporción se entregarán mayores recursos. Pese a todo lo anterior, el documento señala, al menos, una preocupación valorable.

Por otra parte, al hablar de “sano equilibro de derechos y deberes”, cabe esperar que la entrega de los nuevos aportes esté condicionada a la satisfacción de indicadores de calidad, rendimiento, etc., del tipo que se han exigido en programas MECESUP y similares. En el mismo sentido, se señala que se impulsará “el financiamiento a las instituciones con aportes asociados a convenios de desempeño” (p. 12). Este sistema de asignaciones obliga a competir entre sí a las universidades públicas y, en el caso de las ubicadas en regiones, en condiciones generalmente menos favorables que las que tienen las universidades metropolitanas, además de que se entregan por períodos muy breves, con lo que no permiten una mejora definitiva del presupuesto de cada universidad.

También se valora el aporte de las universidades regionales por “su componente descentralizador y como polos de desarrollo local, por lo que se dispondrá de aportes para potenciar la contribución al desarrollo regional” (p. 12). Sólo cabe consignar que sería altamente deseable que el aumento de los recursos hacia instituciones como la nuestra no esté supeditado únicamente a su “contribución al desarrollo regional” sino también a la creación de conocimientos y formación de profesionales. Dicho desarrollo, además, es entendido en forma estrecha como crecimiento económico. Nada se dice del rol social que las universidades públicas regionales están llamadas a cumplir.

También es insatisfactorio lo referente al aporte basal, que no sería incrementado, sino complementado; se entiende, durante los 4 a 6 años en que el gobierno se compromete a

aumentar el presupuesto general de educación en 4 mil millones de dólares, o sea, entre mil y 650 millones de dólares al año (p. 2).

En cambio, el incremento del aporte fiscal directo dentro del reajuste anual al sector público (y ya no de acuerdo al IPC) corresponde a una propuesta muy positiva, que rectifica una anómala situación que viene teniendo lugar desde 1981.

Por último, se debe acoger positivamente lo referente a la democratización y al reconocimiento de los derechos educativos de los pueblos originarios, si bien en el primer caso no se hace mención al cambio en los estatutos que rigen a las universidades públicas, heredados del régimen militar, y que limitan enormemente la participación de los distintos estamentos universitarios en la toma de decisiones y la elección de autoridades, entre otros.

En síntesis, la propuesta está muy por debajo de las expectativas y exigencias que requiere una verdadera reforma de la educación superior, no recogiendo cambios en los fundamentos del modelo vigente desde inicios de los ochenta e incluso estableciendo a nivel constitucional principios que significarían la perpetuación de dicho modelo. No representa un avance en la discusión del problema ni tampoco señala vías o caminos para que pueda elaborarse una nueva propuesta con el conjunto de todos los actores.

Consideramos necesario que la ciudadanía pueda expresar libremente su parecer a través de un plebiscito sobre una reforma constitucional que restablezca el deber del Estado de proporcionar educación gratuita y de calidad en todos sus niveles, utilizando los recursos provenientes de la explotación del cobre y de una posible reforma impositiva.

Representantes de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Antofagasta (ATRUNIA)

Dirigentes de la Asociación de Profesionales de la Universidad de Antofagasta (APROFUA)

Directiva de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Antofagasta (AFAUA)

Académicos de la Universidad de Antofagasta