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CONGRESO DE HISTORIA

DE LA PATAGONIA

ARGENTINO-CHILENA

INDICE

Prólogo

De Oto, Fernández Picolo, Paniquelli

El Emplazamiento Primitivo de Puerto Madryn. La primera huella de la

Colonización galesa en la Patagonia.

por Fernando Coronato

Peregrinajes por las tierras Patagónicas

Por Tegai Roberts

Las exploraciones de los galeses en la Patagonia Llwyd Ap Iwan y el caso del

cambiante río Fénix.

Por Marcelo Gavirati.

La historia oral para la enseñanza de la historia local.

Por Débora Finkelstein y Maria Marta Novella

Esquel: historia local-historia oral.

Por Marcelo Troiano

Globalización Nación y Región: La Patagonia y su contextualización.

Por Lic. Horacio Ibarra

GLOBALIZACIÓN NACIÓN

Y REGIÓN:

Lic. Horacio O. Ibarra

LA PATAGONIA Y SU CONTEXTUALIZACIÓN

Universidad Nacional de la Patagonia Trelew, setiembre 1995

I- Presentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 3

ÍNDICE

II- Globalización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 4

III- Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 7

IV- Región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 14

Fuentes y bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 26

Gráficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 27

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GLOBALIZACIÓN, NACIÓN Y REGIÓN I - PRESENTACION

El presente trabajo constituye una síntesis expositiva en una línea de investigación a la que me encuentro abocado desde hace varios años, y que desde una perspectiva histórica, se orienta a una exploración crítica de los modelos de desarrollo y de su impacto en las sociedades en que se aplican, y a cuestionar la preeminencia imperialista -socialmente aceptada- que ejerce la economía con respecto a las restantes ciencias sociales, por tener, supuestamente, una más científica capacidad de explicar la realidad.

El mundo globalizado de nuestros tiempos que se corresponde con el predominio de una visión microeconomicista y de poco vuelo, constituye un escenario poco permeable a la especulación teórica y la consideración de alternativas que podrían cuestionar la homogeneidad del modelo. Éste, fundado originariamente en el capitalismo industrial, se pretende hegemónico, y por consecuencia es presentado como el mejor, y, más aún, como el único.

Estas cualidades, socialmente construidas e incorporadas, explicarían la sustentabilidad social del modelo, pese a sus efectos indeseables: miseria y marginación, injusticia e inequidad, despilfarro y depredación, consumismo e insatisfacción, eficacia e irracionalidad.

Reconociendo como un primer antecedente orgánico el Plan Provincial de Desarrollo Social y Crecimiento Económico producido en 1989 como Secretario del COPLADE del Chubut, la frecuentación de la producción de pensadores latinoamericanos me indujo a elaborar, para el primer módulo de la Maestría en Ciencias Sociales en 1992, una monografía sobre Ideología y Desarrollo en el Capitalismo Periférico.

En 1993 publiqué un artículo extenso sobre el proceso de industrialización en la región: Patagonia Sur: la construcción interrumpida de un proceso de desarrollo regional , y en 1994 otro preanunciando la crisis del Plan Cavallo: El diluvio que viene..

Estos antecedentes y el estímulo que sobre mí ejercieron visiones muy próximas como La búsqueda de América Latina de Waldo Ansaldi y Duda/Certeza/ Crisis de Heinz R. Sonntag y un libro aún inédito de Mauricio Prelooker, más la producción reciente de investigadores vinculados genéricamente a la CEPAL, me indujeron a contextualizar mis estudios sobre la problemática regional en el marco de la globalización, lo que dio como resultado otros dos trabajos: Paradigmas económicos e Impacto Social de la globalización (1994) y Argentina: Ajuste, Recesión y Exclusión (1995).

En ellos abordé el marco sistémico mundial y latinoamericano en que se inserta la Argentina, las dificultades y cuellos de botella estructurales que se presentan, y formulé un diagnóstico y visión prospectiva que tiene en cuenta las ideologías institucionales de los organismos internacionales, que son los que diseñan las políticas que ejecutan los estados nacionales.

De tales producciones da cuenta esta ponencia.

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El impacto de la globalización y sus valores es particularmente fuerte en la trama social y en su núcleo central, el mundo del trabajo: sociedades que se habían consolidado durante décadas en torno de las relaciones en la producción, que les daban previsibilidad y seguridad, ven hoy derrumbarse ese paradigma ante las secuelas de la innovación tecnológica que destruye empleo, y el fenómeno de la exclusión social que no se limita a la pérdida del trabajo sino que tiene carácter estructural, permanente e

II - GLOBALIZACIÓN

El concepto de globalización comprende no solamente al macroproceso de integración y mundialización de la economía y de las relaciones internacionales como un espacio único, sino que también incluye la constitución de redes globales de comunicación e información, y la homogeneización creciente de los bienes y valores culturales que materializan el paradigma de la “aldea global”.

En ese contexto, no sólo los Estados Nacionales están sufriendo transformaciones profundas para adaptarse al cambio, sino que las sociedades nacionales o regionales, en tanto poseedoras de una identidad distintiva y propia, soportan el bombardeo y la presión de un modelo standard que se propone como hegemónico y que acepta muy limitados márgenes para la diversidad.

En el campo de las relaciones internacionales se produce el paso de la confrontación entre bloques de estados nacionales en los que predominan los intereses políticos, militares y territoriales, a la convivencia consensuada entre estados que privilegian los intereses comerciales y se agrupan en bloques regionales.

La globalización se sustenta en procesos de cambio que se están produciendo delante nuestro y a través nuestro, como el debilitamiento de las fronteras nacionales y del concepto de soberanía ante la unificación de los mercados y los procesos productivos motorizada por la innovación tecnológica, y la constitución de un mercado-comunidad único de información, producto de la transnacionalización comunicacional.

El crecimiento de los poderes fácticos vinculados a la economía ha desplazado a la política del rol protagónico que tenía anteriormente. La desdramatización de la política reconoce dos causas principales: a) La desaparición de la principal hipótesis de conflicto -la confrontación Este-Oeste, capitalismo vs. comunismo- a partir de la caída del Muro de Berlín y la sustitución de un mundo bipolar por otro unipolar. b) La crisis del Estado del Bienestar, que durante medio siglo reguló y orientó las relaciones sociales como expresión política de la voluntad de sus representados, interviniendo con políticas activas en la búsqueda de la equidad y la justicia distributiva.

Tanto la falta de modelos alternativos al capitalismo como la amputación del poder de intervención del estado han motivado que la población pierda el interés y motivación por la política y las esperanzas en su capacidad de modificar la realidad.

La crisis de representación consecuente ha erosionado el papel de los partidos como organizadores y mediadores de las fuerzas sociales, ha liberado los electorados cautivos y las filiaciones políticas, y, al disminuir el interés ciudadano en los asuntos públicos, hace que su relación con la política sea más parcial y fría y menos vital y dramática.

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irreversible, como una situación de no retorno a la sociedad. La precarización laboral coloca a las personas en los límites del sistema y en situación permanente y angustiosa de riesgo de caer en la exclusión social.

En esa situación, se desdibujan las clases y categorías socio-profesionales y se debilitan las corporaciones (sindicatos) y las instancias intermedias de administración y gestión de los recursos sociales.

Por otra parte, el Estado del Bienestar que garantizaba ciertos derechos básicos como inherentes a la nacionalidad (salud, educación, estabilidad y seguridad laboral, jubilación, facilidades para la vivienda), ha reducido drásticamente su intervención en esos campos y su asignación del gasto social, con lo que el acceso a tales derechos se ha restringido, incrementando aún más la desigualdad política y social.

Se hace evidente, respecto del Estado-Nación, una tendencia al debilitamiento de su ejercicio de la soberanía y de su protagonismo en las relaciones internacionales, y a una reducción de sus funciones como administrador del funcionamiento de la sociedad nacional.

A nivel mundial, la globalización de la producción, el comercio y las comunicaciones no ha tenido el correlato de instituciones políticas hábiles para organizar y regular globalmente las nuevas formas de relaciones internacionales.

A nivel nacional, anteriormente el funcionamiento de las instituciones democráticas, a través del Estado, contrapesaba con un poder decisional superior, al que ejercía el poder económico a través del mercado. Hoy el poder económico carece de contrapesos: La razón de Estado ha sido sustituida por la razón de Mercado. Los golpes de Estado han dejado paso a los golpes de Mercado.

Este protagonismo hegemónico del poder económico más concentrado augura desigualdades aún mayores que las actuales, entre naciones y regiones y entre grupos sociales y personas, siendo la forma extrema de esas desigualdades la diferenciación estructural entre incluidos y excluidos en el sistema global.

En este mundo unipolar, basado en la aceptación del sistema capitalista como único modelo disponible, y que propone una sociedad homogénea, excluyente e insolidaria, apuntan sin embargo alternativas diferenciadoras: Galbraith caracteriza un capitalismo vigente en EE UU basado en los valores del individualismo, la insolidaridad y la competencia absoluta, la maximización del beneficio empresario, la responsabilidad y el éxito personales y la alta rotación del personal por carencia de lazos de lealtad con la empresa, como diferente del capitalismo vigente en Japón y Alemania, que privilegia los valores comunitarios de la acción y solidaridad grupales, la responsabilidad social, el trabajo en equipo, la lealtad recíproca entre trabajador y empresa, las estrategias industriales y las políticas industriales activas como inductoras del desarrollo. (MITI en Japón).

Los países subdesarrollados se embarcan en un ingreso periférico a la globalización. En premio a sus esfuerzos se les otorga la denominación de países emergentes, o más crudamente, mercados emergentes, porque su rol es el de habilitar nuevos espacios financieros para que lucren los capitales especulativos de cortísimo plazo. El ingreso a la globalización financiera crea una burbuja de consumo que estimula la importación y, en menor medida, el crecimiento de la producción,

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concentrada en las mayores empresas. Tal burbuja dura lo que el flujo de capital externo, que provee el crédito, y que al cesar dejará un saldo de recesión, desocupación y mayor deuda externa.

Ante este panorama tan limitado de modelos que presenta el mundo desarrollado, la inserción de los países en desarrollo en el mundo globalizado tendrá un margen de maniobra cada vez más estrecho en cuanto a la posibilidad de formular políticas nacionales propias, y dependerá cada vez más de la evolución de las relaciones entre los grandes bloques regionales ya existentes (Comunidad Europea) y los que se están constituyendo (NAFTA, MERCOSUR).

Por otra parte, la pérdida de relevancia y protagonismo del Estado, además de la expansión del poder económico, también está posibilitando la aparición y desarrollo de formas organizativas casi inéditas y de creciente importancia y capacidad de tomar iniciativas y obtener respaldos masivos, en los ámbitos local, nacional y global: Son, genéricamente, organizaciones no gubernamentales (ONG), como Greenpeace, minorías (raciales, gays, inmigrantes), entidades defensoras de los derechos humanos, asociaciones de consumidores, de jubilados, entidades filantrópicas como Médicos sin Fronteras, fundaciones, etc., que parecen tener un futuro rico en posibilidades equilibradoras actuando como contrapoder.

La aceptación y reconocimiento social a las mismas y la efectividad de sus acciones en defensa de la vida humana y del medio ambiente (masacres en Ruanda, en el caso de entidades filantrópicas y de derechos humanos; confrontación con la Shell por plataformas petroleras en el Mar del Norte, y con Francia por pruebas nucleares en Mururoa, en el caso de Greenpeace), representan una forma nueva y dinámica para canalizar fuerzas sociales no contenidas en las estructuras tradicionales que pretenden un sistema de relaciones socioeconómicas y de impacto ambiental más humanizado y menos agresivo.

Por otra parte, la Iglesia Católica (aunque esta no ha modificado sus posiciones conservadoras en temas como sexo y familia) y otras iglesias institucionales, están endureciendo sus posiciones y discurso denunciando y cuestionando el sufrimiento humano que apareja como costo la ideología neoliberal que se plantea actualmente como hegemónica y sin alternativas posibles. La prioridad que reivindican para el ser humano por sobre la lógica económica representa un retorno a la opción por los pobres, diferenciándose de la generalidad de las sectas que predican conformismo y resignación.

III - NACIÓN

A partir de la crisis de los años 30´ que desarticuló el sistema de comercio mundial multilateral, y luego como consecuencia de las restricciones impuestas por la Segunda Guerra Mundial al aprovisionamiento de bienes industriales provenientes de los países desarrollados beligerantes, se expandió en algunos países latinoamericanos una tímida industrialización con la que se pretendió sustituir temporariamente (hasta que el fin de la guerra restableciera la normalidad y el imperio de la división

El contexto Latinoamericano

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internacional del trabajo que había consagrado nuestra especialización en la producción de materias primas) la importación de bienes manufacturados.

Terminada la guerra, algunos gobiernos de la región (especialmente Argentina, Brasil y México) transformaron en permanentes esas políticas transitorias, como proyectos nacionales explícitos de industrialización por sustitución de importaciones, que tuvieron el respaldo técnico e ideológico de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y que en principio privilegiaron y protegieron el mercado interno.

Hacia fines de los 60´, algunos países que habían conseguido importantes avances en sus volúmenes de producción y en su innovación tecnológica, incorporando la radicación de empresas extranjeras, dieron un segundo paso y comenzaron a participar con sus exportaciones industriales en los mercados externos. Brasil, y en menor medida México, se transformaron en economías industriales modernas, aunque arrastrando grandes sectores de población marginada y de producción atrasada. Así fue como Brasil ha llegado a ser la décima economía del mundo, con dos tercios de sus exportaciones que corresponden al sector industrial.

El caso Argentina

Así entramos a la “década perdida” de los años 80´, en la que el ahogo financiero y la presión externa por la deuda bloquearon la posibilidad de reactivar la

. En cambio, en Argentina, la industrialización protegida, que había posibilitado

una acelerada modernización y urbanización de la sociedad, la aplicación de políticas de redistribución de la riqueza y de acceso a los bienes culturales, y la constitución de una densa y dinámica trama de pequeñas y medianas empresas que sustentaban altos niveles de ocupación, se quedó en el camino y fue descalificada (1976, apertura comercial de Martínez de Hoz), atribuyéndole ser causante de una crisis menor y cuyas causas no eran exclusivamente las políticas económicas: Lo cierto es que aún en el decenio 1964-74, el producto industrial creció en Argentina a una tasa promedio del 7% anual, y la participación del salario en el PBI alcanzaba el 50%, en tanto que la deuda externa no superaba los 6.000 millones de dólares.

Fue entonces que nuestro país, que había sido el que con mayor decisión política se había embarcado en el camino de la industrialización por sustitución de importaciones desde mediados de los 40´ y que había logrado una modesta inserción internacional con productos industriales de tecnología intermedia y buena calidad, no dio el salto cualitativo de insertar plenamente su industria en el mercado externo, y con la apertura comercial indiscriminada implementada desde 1976 por la dictadura militar sufrió un verdadero arrasamiento de su base productiva hasta entonces protegida: La importación indiscriminada de bienes de consumo en condiciones de dumping desplazó y arruinó a la producción nacional. La enorme masa de créditos blandos que ingresó al país no fue orientada a la inversión productiva y a la modernización industrial, sino a la importación sustitutiva de la producción nacional y a la especulación financiera que benefició a un reducido número de grupos económicos que, vía seguro de cambio, estatizaron el pago de esos autopréstamos y préstamos estériles, generando la trampa mortal de la Deuda Externa y endosándosela al conjunto de la sociedad.

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producción y el ingreso y alimentaron la secuela de crisis y estancamiento con inflación como situación permanente.

Las políticas de ajuste sucesivamente aplicadas sirvieron para favorecer en forma excluyente al capital más concentrado y para maximizar la renta financiera, en tanto que el mayor impacto del endeudamiento ineficiente se ha descargado sobre el nivel de ingreso y la calidad de vida de los trabajadores.

Finalmente, el Plan de Convertibilidad, que se propuso como objetivo asegurar la estabilidad cambiaria (y que hasta ahora lo ha conseguido, sacrificando a ese fin las demás variables socioeconómicas), reeditó la política aperturista de Martínez de Hoz, cubriendo con el ingreso de capitales especulativos y volátiles externos el déficit de balanza comercial y sometiendo, mediante importaciones indiscriminadas y subsidiadas, a una competencia ruinosa a amplios sectores productores de bienes transables, perjudicados por la imposición a rajatabla de un tipo de cambio fijo y con un peso sobrevaluado que dificulta o impide su competitividad en los mercados interno y externo.

Pero al no estar afectados por el cepo cambiario, gozan de impunidad quienes generan bienes y servicios no transables, es decir dirigidos al mercado interno y no sometidos a la competencia externa. Son esos sectores privilegiados los que han podido maximizar sus beneficios, alimentando el fenómeno de la “inflación en dólares”, que ha sido la causa del incremento del costo de vida (61% desde el comienzo del Plan) y de una caída pronunciada del salario real (40% para el mismo período) en tanto que el salario nominal permanecía estable.

Tales sectores de renta privilegiada se han robustecido con el proceso de las privatizaciones de empresas y servicios públicos, otorgados en condiciones monopólicas y con alta tasa de beneficio garantizada, configurando un modelo de capitalismo prebendario, cuyo principal ingreso es la renta que extrae al resto de la sociedad y que constituye el componente más importante del “Costo argentino”, cuyo impacto se pretende ahora reducir por la vía del achicamiento del salario.

Este carácter de sector privilegiado que expolia a las actividades productivas se hace más evidente cuando comparamos, a nivel de las 20 mayores empresas del país, las utilidades sobre ventas que obtienen las empresas de servicios públicos, petróleo y gas, que alcanza al 18%, contra el 7% que obtienen las empresas industriales que son su clientela cautiva. En el lote de las 500 empresas más prósperas de Argentina (en 1993), las 47 empresas de servicios y petroleras que allí figuran, concentran el 40% de las ventas y el 55% de las utilidades totales.

Por supuesto que, además, y por ser esas las actividades económicas que ofrecen beneficios más altos y seguros, son las que más han crecido, succionando un alto porcentaje de los fondos disponibles , con lo que la disponibilidad de capitales para la inversión productiva y de riesgo es muy baja, y en el caso de las PyMEs, directamente inexistente.

Es decir que un alto porcentaje del 35% de crecimiento del PBI entre 1991-94 y de la inversión, corresponden a este sector, y en gran parte no significan un incremento del producto sino una inflación por valorización de sus bienes y servicios (una vulgar remarcación).

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Las políticas económicas aplicadas en los últimos 20 años, exacerbadas finalmente por el fundamentalismo de mercado unido al tipo de cambio rígido, han tenido efectos que por separado son preocupantes, pero que reunidos y proyectados a futuro conforman un escenario desolador.

a) La participación del salario en el PBI se redujo sensiblemente, sin que esos ingresos se transfirieran al ahorro y la inversión.

b) La participación de los puestos de empleo industriales sobre el total, cayó del 34% en 1974 al 19% en 1994.

c) La actual composición de las exportaciones argentinas implica una regresión tremenda: El 35% son productos primarios (agropecuarios y petróleo), otro 36% son manufacturas de origen agropecuario (con bajo valor agregado), y sólo el 29% son manufacturas de origen industrial (en gran parte commodities, como el aluminio). La composición de las importaciones, con predominancia de bienes de capital, artículos de consumo e insumos intermedios de origen industrial, completan el perfil de un país que está muy lejos de encaminarse hacia el desarrollo.

d) El poder adquisitivo medio de la población se redujo a la mitad entre 1974-94, lo que además de cuantificar una pauperización creciente, significó el estancamiento del mercado interno: el incremento demográfico apenas alcanzó para compensar la caída individual del poder adquisitivo.

e) El costo de vida en el cuatrienio 1991-94 aumentó más de un 60%, en tanto los salarios nominales permanecieron congelados.

f) La productividad media del trabajo, en el mismo cuatrienio, aumentó más de un 50%, sin que los trabajadores tuvieran la menor participación en los beneficios generados y sin que se generaran nuevas inversiones productivas.

g) Se ha acentuado la dualización de la economía, con un sector muy concentrado, limitado a un reducido número de industrias modernas que se especializan en pocos rubros y que al ser crecientemente capital-intensivas expulsan mano de obra, en tanto que crece otro sector precario, terciario predominantemente y de baja productividad, en que sobrevive un alto número de personas, como “autónomos”, trabajadores en negro, y PyMEs agónicas.

h) Paralelamente se ha profundizado la dualidad social: En tanto que se consolida una elite reducida en la que se concentra el bienestar y el consumo, se han triplicado en cuatro años (1991-94) los índices de desocupación y subocupación, de carácter estructural, que afecta al 30% de la PEA (4.200.000 sobre 14.500.000). Cabe estimar que otro 20% sobrevive en situación de desempleo encubierto y con niveles insuficientes de ingreso, por lo que no es exagerado estimar que la mitad de la población está excluida o marginada de las condiciones mínimas de seguridad, bienestar y consumo que la sociedad debiera posibilitarle.

i) La política fiscal que se aplica en nuestro país es una de las más regresivas del mundo actual: casi el 50% de la recaudación procede del impuesto al consumo (que se descarga fundamentalmente sobre los pobres), en tanto que los impuestos a los ingresos y el patrimonio (que afectan a los ricos) representan menos del 15%. En los países “modelo del modelo”(EE UU, Comunidad Europea, Japón), las cosas son al

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revés: El impuesto al consumo representa entre el 15 y 20%, en tanto que los impuestos a los ingresos y el patrimonio superan el 50% de la recaudación total.

Resulta entonces que la “eficiencia recaudadora” consiste en ser duro e intransigente para cobrarle a los pobres (que deben destinar sus ingresos totales a consumos esenciales, pagando IVA), y en ser magnánimo con los ricos, que se siguen negando impunemente a pagar un módico impuesto a la riqueza.

j) Argentina ha dejado de ser un país de ascenso social: un largo período durante el cual la norma era que los hijos progresaran y superaran los logros de los padres ascendiendo en la escala social, se ha revertido. Los jóvenes de hoy tienen muy limitadas posibilidades de sostenerse en el mismo nivel de sus padres, y se extiende el fenómeno de los nuevos pobres, personas y familias de clase media que tenían hasta hace poco una buena situación patrimonial y de ingresos, y que han sido expulsadas del sistema por la reconversión y el ajuste.

k) El Estado se ha autocondenado a la impotencia, al haberse privado de las herramientas de intervención económica y de control capaces de alentar y direccionar el ahorro, la inversión y la generación de empleo. Esta fe religiosa en “la mano invisible” del mercado como el único asignador racional de los recursos, y en la automaticidad del desarrollo que será su consecuencia necesaria, resulta una actitud socialmente suicida, porque lo único que asegura es la profundización de la crisis y la exclusión creciente de las mayorías.

l) Complementariamente, y por consecuencia ideológica con el modelo que propugna, el gobierno considera que las prestaciones de salud, educación e infraestructura no son responsabilidad del Estado, sino que corresponde al mercado el atenderlas. En consecuencia, ha despriorizado esos sectores cuya degradación se profundiza.

ll) Como correlato, la deuda externa, que era del orden de los 6.000 millones de dólares en 1974, subió a 10.200 millones en 1978, y llegó a 58.300 millones en 1987, pese a que en los diez años precedentes el país pagó más de 36.000 millones de dólares. Estos pagos -aunque insuficientes- de los servicios de la deuda demandaron la aplicación de políticas económicas recesivas, que produjeron superávits de balanza comercial sobre la base de reducir el salario, el consumo y el crecimiento.

m) A partir de 1989, por haber pasado la economía mundial de una etapa de restricción monetaria a otra de disponibilidad de capital financiero, se recurrió al mismo para cubrir no sólo el déficit de balanza de pagos, sino también el nuevo déficit comercial generado por la apertura económica unilateral e irrestricta.

Además de ofrecer tasas de interés superiores a las internacionales con riesgo cero al estar garantizado por la Ley de Convertibilidad el tipo de cambio fijo, el otro factor de atracción para el capital externo fueron las privatizaciones de empresas y servicios públicos, transferidas en condiciones monopólicas y con altas tarifas aseguradas. Aunque enajenadas a precios desproporcionadamente bajos en relación a su valor patrimonial, le significaron al Estado nacional ingresos por más de 30.000 millones de dólares.

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Mientras duró, esta etapa de ajuste y reconversión con expansión significó vivir otra vez en un mundo de ilusión, en una burbuja de consumo estéril que excedía nuestras reales posibilidades. Cuando la burbuja reventó (detonada pero no producida por el “Efecto Tequila”)y la ilusión se disipó, descubrimos que el patrimonio nacional se había esfumado, que la deuda externa pública y privada se duplicó, superando los 115.000 millones de dólares, y que la exclusión social del modelo ha marginado estructuralmente a un 30% de la población, en tanto que otro 20% se aferra angustiosamente al borde del abismo.

En esta situación, pareciera que la sociedad argentina estuviera cautiva del

modelo causante y responsable de sus males. Pareciera dispuesta a pagar todos los costos para preservar el único bien que el modelo aportó: Estabilidad.

Ante la recesión y la desocupación, los mismos responsables (por su irresponsabilidad e imprevisión) de esos fenómenos, que antes sostuvieron enfáticamente que la balanza comercial deficitaria era un indicador de la fortaleza de la economía argentina, proponen ahora políticas de ajuste recesivo para obtener un saldo comercial favorable. En síntesis, la vieja y conocida receta de reducir el consumo interno e incrementar las exportaciones.

La reducción del consumo interno ya es un hecho, porque ha desaparecido el crédito que lo estuvo alimentando. Y el incremento de las exportaciones (con prescindencia de las políticas proteccionistas que casi todas las naciones del mundo aplican) sólo es posible si “alineamos” nuestros costos de producción con los internacionales. Pero como los precios de los servicios de infraestructura y energía son altos e inelásticos por la forma en que se privatizaron (no están sometidos a “la mano invisible del mercado”), y el costo del dinero en los bancos es superior a cualquier tasa económicamente razonable, queda por exclusión una sola variable de ajuste: El salario.

No ya el “costo salarial” que incluye aportes y seguros, sino lisa y llanamente el salario como remuneración neta del trabajador es presentado como el culpable de los altos índices de desocupación y de la falta de competitividad externa de la producción nacional. De allí que todos los cañones apunten contra él: toda la legislación que se ha ido incorporando tiende explícitamente a precarizar el trabajo, a desproteger al trabajador, a consagrar una situación de inequidad que lo entrega como víctima propiciatoria de la “racionalidad económica” y de las “leyes del mercado”.

El mensaje es claro: El único juez es el mercado, y el mercado dictamina que el culpable es el trabajador. Hay que bajar el salario: A los trabajadores que conservan su empleo se los presiona con el temor de transformarse en desocupados, y a los pequeños y medianos empresarios, que no pueden rebelarse contra los factores que encarecen su estructura de costos, se los redime de todo prurito moral o remordimiento al asegurarles que reducir el salario es justo.

De hecho, el salario real se ha reducido sustancialmente en los últimos 20 años, y particularmente desde el comienzo de la convertibilidad, como queda explicado en esta misma nota. Ahora de lo que se trata es de blanquear y dar status legal a la reducción del salario nominal que ya se está aplicando bajo apariencias encubridoras (reducción de horas extra, premios y adicionales; reducciones de

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remuneración por afuera de los convenios aprovechando la pérdida de representatividad y de capacidad de negociación de los sindicatos; empleo en negro), sin que esa reducción haya contribuido a la creación de puestos de trabajo. Es más, hasta en el circuito del trabajo en negro se están produciendo despidos en negro.

Esta propuesta de solución de la crisis por vía de la reducción del salario sonaría a disparate no sólo a corazones sensibles preocupados por el bienestar de los trabajadores, sino también a pragmáticos empresarios que priorizan su obtención de beneficios: Henry Ford creó de hecho una teoría económica, el fordismo, cuando en la década de 1920 estableció el (para la época) exorbitante jornal de cinco dólares en sus fábricas, asegurando que ese había sido el mejor de sus negocios...hasta que más tarde lo aumentó, llevándolo a diez dólares diarios.

Su explicación era muy sencilla: un obrero bien remunerado, además de estar más motivado para trabajar dedicadamente y aceptar las indicaciones y el ritmo de trabajo que maximicen la eficiencia productiva, se transforma en un consumidor de los bienes que fabrica. El fordismo se preocupaba de mejorar la producción, reducir el conflicto social y ampliar y consolidar el mercado. Por el contrario, el acento puesto en la reducción salarial y en la precarización (“flexibilización”) laboral por el gobierno nacional, más la reducción de las imposiciones destinadas a atender la inversión social, no producirán un aumento de los niveles de empleo, sino que profundizarán la pobreza, las carencias y el conflicto social, reduciendo la demanda solvente en el mercado interno, desalentando por consiguiente la inversión productiva y generando, en definitiva, más desocupación.

Estas políticas, destinadas al fracaso, intentan eludir y posponer las únicas medidas capaces de revertir la situación, y que no son otras que una radical reforma impositiva que grave progresivamente la riqueza (ingresos personales, consumo suntuario y patrimonio no productivo) liberando de cargas al consumo popular, y un proyecto de desarrollo nacional que privilegie las economías regionales, las PyMEs y la reindustrialización como destinatarias de créditos e inversiones y de políticas activas de creación de empleo productivo y de protección contra la importación desleal (dumping).

El complemento necesario debe ser una acción drástica sobre los verdaderos factores que generan el “costo argentino”: los precios de los servicios e insumos provistos por empresas privatizadas en condiciones monopólicas y prebendarias, la corrupción e ineficiencia instaladas en el manejo de los fondos públicos, y el alto costo del crédito de inversión, que debe competir con un circuito financiero que premia la renta especulativa.

En síntesis, el gobierno debería dar preferente atención a solucionar la situación de los más perjudicados (pobres, trabajadores, PyMEs, regiones periféricas), dejando de subsidiar y proteger excluyentemente al capital más concentrado. Pero no puede hacerlo porque representa los intereses de este último.

Esto se hace más evidente con las primeras medidas anunciadas con el propósito manifiesto de generar empleo: Carecen de estudios y proyectos serios y no se inscriben en un programa global que tienda a corregir las inequidades sociales y regionales y a atender sus necesidades prioritarias: aún en una situación de extrema

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gravedad como la que atraviesa la sociedad argentina, la política que adopta el gobierno nacional sigue estando orientada a favorecer y subsidiar a los ricos (los grupos empresarios más concentrados), para que estos, por “efecto derrame”, salpiquen con lo que les sobra a los pobres (desocupados, trabajadores, clase media empobrecida). La experiencia histórica reciente, particularmente en Argentina, demuestra que el único resultado esperable es una concentración aún mayor de la riqueza, y un efecto de beneficio social desproporcionadamente bajo en relación con la magnitud de los recursos y patrimonio públicos asignados.

La anunciada privatización de Yacyretá constituye una manifiesta falta de visión macroeconómica contraria al interés nacional: En vez de adoptar la recomendación de la consultora (Morgan Grenfell) de contratar la operación y mantenimiento de la central, recibiendo el EBY la ganancia total de la venta de electricidad que hubiera permitido afrontar el repago de los créditos de proveedores y el recupero de los aportes del tesoro nacional para el año 2018, se opta por la privatización en las condiciones más desfavorables: contra un ingreso previsto en la licitación de 1800 millones de dólares, se deberá soportar un fondo irrecuperable de 6550 millones.

Pero no menos preocupante es el argumento de que en esas condiciones de privatización la energía a vender tendrá un precio inferior al vigente en Brasil, por lo que Brasil será el mercado que absorberá esa energía barata (el 50% que le corresponde a Paraguay y la mayor parte del 50% de Argentina), es decir que el enorme esfuerzo nacional puesto en ese emprendimiento beneficiará no sólo a los adjudicatarios de la licitación, sino que obsequiará una ventaja competitiva a nuestro principal socio-competidor del Mercosur.

En cuanto a las medidas de “obrapublismo privatizado” anunciadas constituyen una forma espuria de keynesianismo formal y prebendarismo real: solamente una parte muy menor de los recursos públicos se destina a generar puestos de trabajo en condiciones precarias y por un período limitado, en tanto que la parte mayor de esos recursos sirve para minimizar el monto y riesgo de la inversión privada, maximizando su renta improductiva de largo plazo.

IV - REGIÓN

Síntesis del proceso histórico.

En la región patagónica, primero como territorios nacionales y luego como provincias, se produjo durante casi un siglo (hasta la década de 1950) un crecimiento poblacional y económico lento.

Durante ese período se fueron incorporando a la economía patagónica actividades primarias basadas en ventajas comparativas escasas:

- La agricultura en los valles irrigables. - La ganadería ovina extensiva basada en la disponibilidad de tierras fiscales. - La explotación petrolera y gasífera, iniciada en el Golfo San Jorge y que se

extendió luego a nuevos yacimientos hacia el Sur. - La actividad maderera en la zona cordillerana.

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Los centros urbanos eran pequeños y poco dinámicos en tanto servían para el intercambio comercial y la provisión de comunicaciones y servicios a una población escasa.

La Patagonia, en consecuencia, se especializó en actividades extractivas, incluyendo los hidrocarburos del subsuelo, que son recursos no renovables, como los suelos, degradados en los valles por inapropiadas técnicas de riego y producción, en la meseta por el sobrepastoreo y en la cordillera por la tala sin reposición adecuada del bosque.

Todas estas actividades eran exclusivamente primarias, limitándose a una primera etapa, sin agregación de valor, por lo que sus posibilidades de crecimiento y de generación de puestos de trabajo estaban limitadas por la disponibilidad y el agotamiento de los recursos naturales explotados.

Así ocurrió que en los años 60´ el futuro de Comodoro Rivadavia se vio comprometido por el agotamiento del gas y el desplazamiento hacia el Flanco Sur de la cuenca petrolera; y que la escasa población rural del interior se tornó excesiva ante la capacidad receptiva declinante de los campos.

Es a partir de la década de 1950 que se reconoció el carácter estratégico de la Patagonia como península austral del país, que debía ser poblada y explotada más intensamente como expresión y garantía de soberanía. Para ello se implementaron políticas activas con el objeto de transformar estructuralmente la región, impulsando el asentamiento poblacional y la expansión de su economía.

Como consecuencia de tales políticas, desde fines de los 60´y hasta fines de los 80´ se produjo un crecimiento acelerado en los principales centros urbanos, alimentado por la inmigración extraregional y la migración y urbanización de la población rural excedente. El protagonismo del Estado.

Fue el Estado, en sus tres niveles, el que impulsó esa transformación: - El Estado Nacional (entre 1955-85) asignó cuantiosos recursos a la ejecución

de grandes obras de infraestructura, a emprendimientos productivos, interviniendo mediante las empresas nacionales (YPF, AyEE, YCF, HIPASAM, AGP, DNV), asociándose con empresas privadas (COPEDESMEL-ALUAR), e implementando regímenes especiales de promoción industrial.

- Los Estados Provinciales, constituidos a fines de los 50´, crearon miles de puestos de trabajo al conformar sus organismos administrativos y operativos, y con sus planes de obras y trabajos públicos facilitaron el nacimiento y expansión de numerosas empresas privadas de ingeniería y construcciones, y desde inicios de los 70´, mediante los parques industriales, ofrecieron el ámbito físico apropiado para la radicación de empresas, y exigieron a las empresas pesqueras que establecieran plantas de procesamiento en tierra.

- Los Estados Municipales, finalmente, aportaron los servicios y equipamiento urbanos necesarios para satisfacer las necesidades de las nuevas actividades económicas y de los nuevos pobladores afincados.

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Este modelo de capitalismo asistido (promoción industrial, administración pública y obra pública), tuvo en la región un fuerte impacto directo mediante la generación de empleo e inversión pública, con gran efecto multiplicador en el resto de la economía, dinamizando la sociedad. Transformación en la población y el territorio.

La oferta sostenida de puestos de trabajo urbano generó: - Inmigración. La población, como consecuencia de la inmigración extra

provincial, tuvo una tasa de crecimiento que duplicó a la nacional: entre los censos de 1960 y 1991, la población de Chubut creció un 150,7%, pasando de 142.412 habitantes a 357.042.

- Urbanización. El sector rural se transformó en expulsor de la población a la que no podía dar ocupación: Entre 1960 y 1991, la población rural en Chubut cayó de 51.861 personas (36,42% del total) a 25.711 (7,2% del total), mientras que la población urbana saltaba de 90.551 (63,58%) a 331.331 (92,8%).

- Polarización. El explosivo crecimiento poblacional urbano, alimentado por jóvenes inmigrantes venidos de otras provincias (convocados por la industria, el comercio, la administración pública y las profesiones liberales), y del interior provincial (mayoritariamente ocupados en la construcción y servicios poco calificados) se concentró en unos pocos centros: En Chubut, cuatro localidades costeras (Comodoro Rivadavia, Trelew, Madryn y Rawson) representan el 80% de la población total provincial. En Santa Cruz se repite tal situación.

- Jerarquización urbana. La instalación de actividades más complejas y modernas al alcanzarse la “masa crítica” poblacional que las hacía viables (en educación, salud, cultura, comunicaciones, transportes, investigación), jerarquizaron a los centros urbanos, mejorando la calidad de vida regional, elevando el nivel socio-cultural y creando condiciones para la creatividad intelectual, artística y científica.

- Arraigo. El conjunto de condiciones sociales (alta permeabilidad para incorporar a los pobladores nuevos) y económicas (plena ocupación y altos salarios) indujo el arraigo definitivo de un alto porcentaje de inmigrantes.

- Rejuvenecimiento. El ingreso masivo de población joven y la alta tasa de natalidad de los hogares que constituyeron, transformaron profundamente la pirámide poblacional: los hijos de la inmigración nacidos desde comienzos de los 70´ produjeron una oleada de infantes que rebasó al sistema educativo a partir de 1980, obligando a construir un crecido número de nuevas escuelas primarias y secundarias. Desde hace seis o siete años, esos jóvenes están impactando sobre el mercado de trabajo y la oferta de educación terciaria.

- El Producto Bruto Geográfico se incrementó entre 1970-85 a una tasa anual del 6,7% en Chubut y del 5,8% en Santa Cruz. Ambas provincias duplicaron su

Transformación en la economía. Los efectos de las políticas aplicadas transformaron profundamente la economía

regional:

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participación en el Producto Bruto Nacional (Chubut pasó del 1,04% al 2,36% y Santa Cruz del 0,54% al 1,09%).

- El Producto Bruto per cápita en la década 1975-85 creció en la región un 42% contra un 6% a nivel nacional. (Al respecto, cabe considerar que al ser externalizado una parte importante de los beneficios por las grandes empresas estatales y privadas, el aumento del Ingreso Disponible debe estimarse en sólo un tercio de ese 42%).

- La exportación al exterior o al área metropolitana de materias primas y productos industriales intermedios de la región se hizo predominante: A los mercados externos se destinaba el 100% de la producción pesquera y los concentrados polimetálicos, el 80% de la lana, el 70% del aluminio y un porcentaje fluctuante de los textiles. El resto de tales rubros y la totalidad del petróleo crudo iban al área metropolitana.

- Chubut se transformó, a fines de los 80´, en la tercera entre las provincias argentinas por valor de exportaciones (detrás de Buenos Aires y Santa Fe), y la primera en exportación per cápita.

- La composición del PBG en Chubut entre 1970-86 tuvo cambios fundamentales: El sector primario cayó del 18,5% al 9,2%; el secundario pasó del 29,5% al 51,7% (empujado por la industria, que pasó del 10,6% al 27,5% y que arrastró al sector de electricidad, gas y agua que trepó del 3,1% al 14,2%, en tanto que la construcción caía del 15,8% al 10%), y el terciario descendía del 52% al 39,1%.

- La inversión social (privada y pública) realizada para cubrir las demandas de una población creciente y de nuevas actividades económicas no es fácilmente cuantificable, y abarca renglones tan diversos como los servicios de agua, cloacas, gas, electricidad, transportes y comunicaciones; construcción y equipamiento de escuelas, hospitales, viviendas y comercios; establecimiento de profesionales y técnicos y empresas de servicios, y las obras de equipamiento urbano (pavimento, espacios verdes, instalaciones recreativas y deportivas). La ideología del desarrollo.

Estas políticas transformadoras impulsadas desde el gobierno nacional tenían un sustento ideológico en el que convergían geopolítica y desarrollismo.

A fines de los 60´ (durante el gobierno de la “Revolución Argentina”) por iniciativa del general Guglialmeli se constituyó el CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo), como organismo técnico-asesor con delegaciones en cada una de las Regiones-Programa de Desarrollo (apareciendo Comahue y Patagonia como unidades territoriales diferentes), y se crearon organismos provinciales de desarrollo.

En Chubut se creó la Asesoría de Desarrollo, con rango ministerial, y sobre la base de dos estudios diagnósticos -Ferrer en 1960 y Altimir a fines de la misma década- se elaboró un plan provincial que incorporaba la teoría de François Perroux de los Polos de Desarrollo, como estructura de difusión y multiplicación del crecimiento económico a partir de núcleos dinámicos preseleccionados, en los que debía concentrarse la inversión e innovación, inducidas a su vez por la dotación de infraestructura básica y por la puesta en vigencia de políticas activas estatales de promoción.

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Fue así que se definieron tres polos: Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel, y se construyó el Triángulo Vial Provincial como nexo de integración territorial y como facilitador de los flujos de intercambio en un proceso de complementación económica entre los Parques Industriales que se instalaron.

Para el sector textil sintético se preveía una integración vertical entre el polo petroquímico de Comodoro Rivadavia como proveedor de insumos intermedios, y el polo textil de Trelew como elaborador de productos finales. El polo petroquímico no se concretó nunca, lo que debilitó el proyecto global.

En el caso del aluminio, definida la prioridad estratégica del autoabastecimiento nacional y la localización del emprendimiento, el Estado afrontó la inversión mayor -presa y central de Futaleufú, línea de alta tensión, puerto de aguas profundas- y subsidió en alto grado la inversión privada en la planta de ALUAR. El rol de la industria.

El motor de las transformaciones socioeconómicas que incrementó el producto bruto y la creación de puestos de trabajo fue el proceso de industrialización, cuyo mayor impacto se produjo en Chubut entre 1973-85 con los siguientes resultados:

- La creación de 4.000 puestos nuevos de trabajo industrial, que representaban el 20% de todo el empleo industrial creado en el país en el período (20.000).

- La cuadruplicación del Producto Bruto Industrial Provincial, y la duplicación de su participación en el Producto Bruto Geográfico, pasando del 14,3% al 29,8%, pasando la industria a encabezar el ranking provincial de actividades.

- La efectiva inversión de capital privado por más de 200 millones de dólares en la construcción y puesta en producción de 64 proyectos industriales.

- Una alta generación de empleo en relación al capital invertido: la inversión promedio por puesto de trabajo industrial estuvo en el orden de los 50.000 dólares, en tanto que el promedio nacional se situaba en el doble de ese monto.

- Tecnología y organización empresarial de avanzada, que con mano de obra altamente capacitada posibilitaron alcanzar niveles de productividad relativa superiores a los promedios nacionales: +30% en tejidos sintéticos; +63% en procesamiento de pescado; +150% en fibras artificiales y sintéticas y en aluminio.

- Triplicación de la participación provincial en el Producto Bruto Industrial nacional, pasando en el citado período del 0,55% al 1,61%.

- Relevancia a nivel nacional alcanzada en tres rubros especializados: Textil, desde fines de los 50´ con epicentro en Trelew, y aluminio primario y procesamiento de pescado, con epicentro en Puerto Madryn desde comienzos de los 70´. Las plantas instaladas, en su gran mayoría no consistieron en relocalizaciones sino en emprendimientos nuevos, con inversiones reales en instalaciones y equipamiento modernos que posibilitaron sus altos niveles de calidad y productividad.

En 198l la mitad del consumo de fibras e hilados textiles de Argentina se concentraba en Chubut, y en el censo económico de 1985 la industria textil representaba la mitad del valor agregado provincial. En 1986 las capturas pesqueras chubutenses alcanzaron el 30% del total nacional. Desde su puesta en producción, ALUAR aporta el 100% del aluminio primario nacional.

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- La continuidad del proceso de industrialización a lo largo de 30 años (1956-85) con alto porcentaje de permanencia de firmas que reinvertían y se actualizaban tecnológicamente. El tamaño de las plantas creció, y al finalizar el período predominaban las medianas grandes (51 a 200 operarios) y las grandes (más de 200 operarios). El 70% del valor agregado industrial correspondía a 57 plantas.

- Importancia decisiva de la promoción industrial como factor de localización y crecimiento del sector: en Chubut, en 1984, a los emprendimientos promocionados les correspondía el 90% del valor agregado industrial, y el grado de promocionabilidad oscilaba entre un 70% para la pesca y el 100% para los textiles y el aluminio.

b) La mayor parte de las explotaciones ovinas extensivas, afectadas por un ciclo de factores medioambientales adversos que se sumaron a la disminución histórica de la capacidad productiva por efecto del sobrepastoreo, vieron reducirse sus majadas y los volúmenes de producción, al mismo tiempo que los precios internacionales de la lana

Inflexión y crisis. En 1986-87 cesó el otorgamiento de beneficios promocionales a nuevos

proyectos industriales, en momentos en que para Chubut se habían presentado y obtenido certificado de aptitud técnica 59 proyectos con una inversión prevista de 253 millones de dólares y la generación de 4.126 puestos de trabajo directo.

Su concreción hubiera representado una mayor integración y diversificación de los procesos industriales, que hubieran ganado en sustentabilidad: dos tercios de la inversión y puestos de trabajo correspondían a procesamiento de materias primas regionales (pescado, cueros, lanas), y el tercio restante al complejo textil, al aluminio y a la construcción.

Además, hubieran aportado -por efecto multiplicador- durante al menos tres años, los 3.800 nuevos puestos de trabajo que anualmente demanda el incremento neto de la fuerza laboral para mantener estables los índices de ocupación.

El clima favorable a la inversión y a la expansión del sector industrial se vio conmocionado por el cambio en las reglas de juego, que transformó en inviables a proyectos que contemplaban en sus ecuaciones económicas exenciones y reintegros que fueron eliminados, y que permitían compensar sus sobrecostos de localización y operación.

Finalmente, con la desregulación que incrementó el costo de los insumos, y con la apertura importadora que, especialmente en el sector textil permitió el ingreso de colas de producción y saldos de estación a precios de dumping, redujeron drásticamente el mercado nacional accesible y las posibilidades de exportar competitivamente.

A partir de 1987 se evidencia una reversión creciente de la tendencia expansiva hasta entonces predominante, y la estructura económica y demográfica patagónica desnuda su fragilidad ante una crisis que no excluya a ninguno de los sectores y actividades:

a) El Valle Inferior del Río Chubut -principal área bajo riego- continúa despoblándose y perdiendo capacidad productiva, por descapitalización, atraso tecnológico, dificultades de producción y comercialización, y no ejecución de obras esenciales de saneamiento y control de caudales.

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adoptaban una sostenida tendencia descendente (con un pico de recupero transitorio en la zafra 1994-95). Sus ingresos brutos se han reducido en un 50% y la rentabilidad de la pequeña y mediana explotación lanera se ha vuelto negativa, por lo que su situación se ha tornado insostenible, acelerando aún más el despoblamiento del campo, que ya era dramático. Expresa brutalmente la pérdida de relevancia de este sector que fue clave en la economía regional durante décadas, el comparar los escasos 40 millones de dólares anuales que aportó en la zafra 1994-95 al Producto Bruto Geográfico del Chubut, frente a los 70 millones de dólares anuales facturados por Telefónica de Argentina en el ámbito provincial.

c) Las empresas industriales textiles, al perder competitividad en los mercados interno y externo han terminado por cerrar en numerosos casos, en tanto que las supérstites han paralizado sus proyectos de inversión y reprogramado su producción. Debido además a sus niveles de innovación tecnológica y de productividad -superiores a la media nacional- el sector perdió el 60% de los puestos de trabajo en menos de una década, por falta de un crecimiento compensatorio.

d) Las empresas pesqueras con plantas en tierra no tienen un mercado interno significativo como alternativa, y deben competir en el exterior arrastrando costos superiores a los internacionales y soportando barreras proteccionistas, contra la producción de buques-factoría que procesan a bordo las capturas que en buena parte proceden del Mar Argentino y sus adyacencias, sometidos a prácticas depredatorias que ponen en riesgo la subsistencia del recurso.

e) Las empresas constructoras, dependientes en muy alto grado de los contratos del Estado, recibieron un golpe con la drástica contracción de la obra pública y sus niveles de ocupación se redujeron a un 20% entre 1984-91.

f) En el sector petrolero, YPF y sus empresas contratistas, vinculadas a programas de exploración y perforación muy activos, se vieron afectadas por medidas racionalizadoras y recortes en las tareas operativas y productivas que redujeron el personal a la cuarta parte, como paso previo a la privatización.

g) La contracción de las actividades productivas causa a su vez reducción de sus demandas a las actividades satélites y a las áreas de servicios, y el consecuente achicamiento de la capacidad adquisitiva global afecta al comercio.

h) La expansión de la actividad turística que ofrece recursos medioambientales y faunísticos excepcionales no puede canalizar mayores contingentes por los altos costos comparativos, la insuficiente infraestructura, y la fragilidad del ecosistema. Las políticas regionales del gobierno nacional, hoy.

Como producto que son de la improvisación, y por carecer el gobierno de organismos serios de planificación -desmantelados por desconfianza y rechazo a la capacidad intelectual crítica- las medidas incluidas en el primer paquete de anuncios para contener la desocupación, además de limitarse a asegurar grandes negocios para grandes empresas, desconocen e ignoran los problemas, prioridades y potencialidades del país real, para concentrarse en el asiento del poder político y económico del país: La megalópolis capitalina.

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Esta priorización arbitraria constituye desde el punto de vista del interés nacional una irracionalidad total, porque contribuirá a profundizar la brecha histórica entre “El Puerto” y “El Interior”, y alentará aún más el atraso de las provincias y su vaciamiento económico y demográfico, materializado con la migración que no cesa de millones de provincianos hacia el conurbano bonaerense, y la extracción y apropiación de los recursos naturales del interior a cambio de casi nada.

Las medidas subsiguientes son dispersas y desarticuladas, y en verdad no constituyen un plan, por el horror metafísico que la conducción económica siente hacia la sola sospecha de planificación que agravie la ortodoxia religiosa del mercado: Tal lo expresado por el ministro Cavallo, las iniciativas gubernamentales se limitan a crear condiciones más favorables al desenvolvimiento del capital privado, posibilitándole incrementar su beneficio sin exigirle compromisos recíprocos.

De hecho, la reducción de las cargas previsionales y la precarización del trabajo significan una transferencia o subsidio social al capital, sin que de su aplicación surja como consecuencia necesaria una mejoría en los índices de empleo. Además, se trata de medidas coyunturalistas, que dependen de los vaivenes de las necesidades político-electorales del gobierno y del personal humor presidencial. Por lo tanto, no hay seguridad de su irreversibilidad, y por consiguiente, no ofrecen garantía para decidir inversiones de mediano y largo plazo.

Nada ha desnudado tanto la debilidad y fragilidad del modelo como la defensa cerrada que los representantes del poder económico han hecho de la permanencia en su puesto del único garante ideológico que les merece confianza, el ministro Cavallo, y la estrepitosa caída de las cotizaciones accionarias y, lo que es muchísimo más grave, el irrisorio monto a que se han visto reducidas las transacciones bursátiles por la desconfianza de los operadores.

La propia profundidad de la crisis debiera ser un aliciente para buscarle soluciones que, además, contribuyan a revertir las deformidades estructurales que como país tenemos y que históricamente nos han bloqueado la posibilidad de alcanzar un desarrollo armónico y equilibrado en lo social y territorial.

En la región patagónica se había dado anteriormente un proceso sostenido de industrialización y urbanización, sustentado en políticas nacionales de promoción activas (seguramente perfectibles), acompañadas por los gobiernos locales, que habían suscitado un auge de inversiones genuinas y de inmigración con pleno empleo, sólo posibles en la medida en que resultaban reconocidas y compensadas las desventajas estructurales que bloqueaban el desarrollo de la Patagonia, asumido a su vez como un objetivo estratégico nacional.

Resulta entonces fácil comprender los efectos letales antes descriptos que en esa situación produjo el abrupto cambio en las políticas económicas nacionales (apertura comercial unilateral e irrestricta), potenciado por la desactivación e eliminación de las normas y objetivos de promoción del desarrollo regional.

El gobierno nacional, con rigidez dogmática, se niega a considerar siquiera la posibilidad de estudiar las diferencias objetivas que en sus niveles de desarrollo presentan las provincias y las regiones argentinas, y de diseñar e implementar con visión nacional las políticas y acciones que compensen y equilibren las oportunidades.

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Esa actitud conduce inexorablemente a profundizar la brecha histórica existente entre la zona central del país y las provincias periféricas, generando atraso y desesperanza y comprometiendo la cohesión nacional.

Los esfuerzos de los gobiernos provinciales, como el de Chubut, por respaldar la inversión y la producción para sostener el empleo, son de alcance necesariamente limitado porque no concuerdan con las políticas nacionales y se mueven en dirección contraria a ellas.

El Fondo Financiero Permanente no está en condiciones de neutralizar las causas de la recesión sino que en buena parte se destina a paliar sus efectos. Y en la medida en que se trata de recursos extraordinarios disponibles por única vez, su preservación y reciclaje periódico como fondo rotativo, depende exclusivamente del éxito y capacidad de repago de los emprendimientos financiados, a su vez subordinados a las decisiones económicas nacionales.

De allí que sea fundamental lograr una reorientación de esas decisiones para que en vez de erosionar tales emprendimientos y su base de financiamiento, converjan a su sostenimiento.

En definitiva, de lo que se trata no es de aplicar simplemente medidas paliativas de coyuntura hasta que la propia racionalidad del mercado nos vuelva a “la normalidad” de un supuesto y necesario rumbo de progreso, sino de tomar las decisiones de política económica que impulsen e induzcan la dinámica económica orientada hacia un crecimiento armónico en lo social y en lo regional, superando la inequidad, la marginalidad y la injusticia, que han sido generadas, precisamente, por la indefensión de la sociedad ante la lógica del mercado que nos es presentado como panacea universal.

Finalmente, la indisimulable desorientación y sorpresa oficial ante los índices de desocupación, y los análisis y respuestas improvisados que se emitieron, autorizan una pregunta escéptica: Si el período de esplendor del Plan, en que se dio una conjunción de factores favorables internos y externos ha significado la triplicación de la carencia laboral, el empobrecimiento y miserabilización de amplios estratos sociales, el terremoto en el sector financiero y la recesión en el conjunto de la economía, ¿es creíble esperar que al haberse revertido los factores antes favorables, el mismo modelo, librado a la lógica del mercado, sin cambios estructurales y con apenas el agregado de algunas medidas asistencialistas, será capaz de invertir su propia tendencia? Chubut, hoy y mañana.

La situación nacional: La política de apertura indiscriminada de las importaciones y el virtual subsidio a las mismas, se tradujo en un proceso generalizado de desindustrialización, que significó la desaparición no ya de empresas puntuales sino de sectores industriales enteros, con la consiguiente destrucción de las fuentes de

(Agosto de 1995). Algunas informaciones y comentarios de origen oficial publicadas en los medios

locales semanas atrás y referidas a las exportaciones de Chubut y a la evolución de los niveles de ocupación en la provincia, merecen un análisis más preciso, para no incurrir en interpretaciones simplistas que enmascaren el rostro duro de la realidad, o que minimicen el impacto brutal del Plan Económico en las economías regionales.

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trabajo. El mayor impacto se concentró en las pequeñas y medianas empresas y en las economías regionales.

En materia de intercambio comercial, tal reconversión ha significado una marcha contra la corriente de la historia, que ha hecho que Argentina haya vuelto a depender (como hasta hace 50 años) de la producción primaria de origen agropecuario y en su exportación con bajo o nulo valor agregado, y de la importación de productos industriales, tecnología y servicios más sofisticados y con mayor contenido de mano de obra. En estos últimos años la distorsión se ha agravado aún más, con el desmesurado aumento de las exportaciones de petróleo crudo (siendo nuestro país un productor modesto de hidrocarburos) y un aumento no menos importante de la importación de combustibles, en gran parte originados en la destilación en Brasil del petróleo argentino. La sobreventa al exterior de trigo de la última cosecha ha originado un déficit de abastecimiento para el mercado interno, que obligará a importar grano a un precio mayor, lo que afectará negativamente el costo de alimentos básicos como el pan.

En una coyuntura internacional en que las naciones defienden sus respectivos mercados internos de la competencia externa, y luchan duramente por ganar un espacio en los mercados internacionales, aplicando políticas industriales y comerciales activas y agresivas, la política económica de nuestro país pretendió sustentar la estabilidad en el flujo ininterrumpido de capitales financieros de corto plazo y en la exportación de commodities (mercancías indiferenciadas, sean materias primas o insumos intermedios con elaboración mínima).

La fragilidad por exposición externa de este modelo se puso en evidencia con el rebote de la crisis mexicana, que interrumpió el ingreso de capitales especulativos y estériles pinchando la burbuja de consumismo, y se está en vías de producir una nueva y costosa frustración con el intento de generar un superávit comercial, agregando a la exportación de commodities la de los excedentes invendibles en el mercado interno por la caída del consumo doméstico.

Las condiciones que posibilitan la colocación de esos excedentes son absolutamente coyunturales y dependientes de comportamientos y decisiones imprevisibles y fuera de control, en la medida en que dependen casi excluyentemente de la evolución de la economía brasileña y de las políticas que ese país adopte, y que tienen una larga y coherente tradición de defensa de la producción nacional y de apoyo a la competitividad de su industria para que esta ocupe el mercado interno, gane mercados externos y genere puestos de trabajo.

En cambio, la especialización productiva en productos primarios es un disparate tanto en términos sociales (porque requiere de poca mano de obra y transforma en población excedente a la mayor parte de los habitantes) como económicos (porque genera un déficit estructural e irreversible entre exportaciones de poco valor y demanda descendente, e importaciones de alto valor que son imprescindibles para el funcionamiento de la economía).

La situación provincial: La información suministrada acerca de las exportaciones realizadas desde Chubut muestra que en su abrumadora mayoría corresponden a materias primas básicas: Pescados y mariscos sin procesar, petróleo,

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lana sucia; y a commodities con baja agregación de valor: aluminio primario, pescados y mariscos procesados, piedras y minerales.

La participación de otros productos con mayor elaboración o con identidad diferenciada es poco relevante: máquinas, conservas de pescado y mariscos, carne ovina, algas, pieles y cueros, legumbres y hortalizas; y en el caso de los textiles, representan en 1994 apenas el 20% del monto alcanzado en 1984.

Cabe considerar, además, que en el caso del rubro “pescados y mariscos”, las abultadas cifras resultan engañosas: en un alto porcentaje representan capturas de barcos extranjeros charteados, que no generan puestos de trabajo ni ingresos en la provincia porque procesan a bordo con tripulación extranjera, y que, además, perciben reembolsos por exportación, es decir que les pagamos por llevarse nuestro recurso.

Esta composición de las exportaciones chubutenses se corresponde con el modelo nacional, y comparte con el mismo sus consecuencias como generador de carencia laboral, bajo las formas de desocupación y subocupación: Desde hacía cinco años, los índices provinciales de desocupación y subocupación eran superiores al promedio nacional, y si bien en la onda de mayo que se acaba de conocer esos índices nacionales se han disparado superando ampliamente a los de Chubut, la carencia laboral en nuestra provincia muestra un significativo aumento (del 22,8% de desocupados más subocupados en octubre de 1994 al 25,9% en mayo de 1995). Excepto Neuquén, las cifras de Chubut son las peores de las seis provincias de la región Patagonia-Comahue, y en el ranking nacional, hay quince provincias mejor posicionadas que la nuestra y sólo siete más Capital Federal están peor.

Por otra parte, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC de la que surgen los índices de actividad económica, de desocupación y subocupación, en el caso de Chubut se realiza en Comodoro Rivadavia, que no es hoy el centro urbano donde la crisis es más aguda, sino que es en Esquel y Trelew donde la situación es más grave: En Esquel más de 3.000 personas (que representan más del 30% de la fuerza de trabajo) se han inscripto en el Servicio Municipal de Empleo; y en Trelew la primera encuesta, realizada en noviembre de 1994, mostró un 26% de carenciados laborales (14,2% de desocupados y 11,8% de subocupados), contra un 22,8% de Comodoro Rivadavia. Si nos atenemos a las declaraciones del intendente Di Benedetto, que estima en alrededor de 7.000 la cantidad de desocupados en Trelew, éstos representarían hoy aproximadamente el 20% de la población económicamente activa, y sumando un estimado moderado de subocupados del 13%, estaríamos superando con holgura el 30% de carencia laboral.

Resulta imprescindible que el Gobierno Provincial haga un seguimiento de la encuesta ocupacional realizada en Trelew, Madryn y Rawson en noviembre de 1994 y publicada en mayo de 1995, para conocer la evolución del problema y asignarle prioridades acordes.

Las políticas de apoyo a la creación de emprendimientos productivos y de

servicios realizados por el gobierno provincial a través del Fondo Financiero Permanente, (con independencia de la opinabilidad respecto de los criterios de su asignación y de que cabe implementar nuevas políticas complementarias)

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evidentemente algún efecto paliativo deben estar ejerciendo sobre la situación antes esbozada, aunque no se tenga una cuantificación de esos efectos.

Pero lo que no cabe es incurrir en la actitud tranquilizadora de que la situación no es tan grave, o de que la crisis no nos alcanza, o que estamos en una meseta segura: El hecho de que el Estado Provincial disponga hasta ahora de recursos suficientes para afrontar sus remuneraciones y gastos corrientes, y para realizar algunas políticas neokeynesianas atendiendo la ejecución de obras de infraestructura y financiando emprendimientos del sector privado, no debe hacernos olvidar que significa aplicar recursos extraordinarios, limitados e irrepetibles, a atenuar una crisis estructural .

Esa crisis es profunda, las carencias y el sufrimiento social son extremos, y los cambios estructurales para revertirla exceden la competencia provincial y hacen necesaria una participación enérgica en el nivel nacional, llevando una posición y propuesta claras, que reflejen las necesidades de la gente y den respuesta creativa a esas necesidades.

Esa posición y propuesta deben apuntar necesariamente a crear empleo, para lo que resultan imprescindibles:

- Políticas fiscales progresivas, que disminuyan los impuestos al consumo (que pagan los pobres) e incrementen los impuestos al ingreso y la riqueza (que pagan los ricos).

- Políticas industriales activas que consensúen y determinen prioridades de sectores y productos con alta agregación de valor y nivel de excelencia para incrementar las oportunidades de trabajo, proveer la demanda interna y concurrir exitosamente a los mercados internacionales.

- Políticas regionales que compensen las inequidades y la marginalidad que generó un desarrollo distorsionado y asimétrico, y que vitalicen el protagonismo de las regiones en la integración armónica de un país solidario.

- Políticas sociales que configuren las redes de contención y dignificación de los hoy excluidos, capacitándolos para que puedan reinsertarse creativamente en la sociedad y el mundo del trabajo.

La gravedad de la situación no admite ni exageraciones ni disimulos: Uno de cada cuatro trabajadores chubutenses en el caso más optimista, y uno de cada tres en el caso más pesimista, está total o parcialmente excluido del mercado del trabajo, generando situaciones de pobreza extrema y deterioro de su dignidad y seguridad personal y de la atención de las necesidades familiares básicas. Si agregamos a esta estadística de la miseria a quienes sobreviven en trabajos precarios y mal remunerados que no les permiten cubrir mínimamente las necesidades básicas que hacen a la condición humana, concluiremos que, como sociedad, tenemos poco de que felicitarnos y mucho de que ocuparnos para superar esta situación angustiosa, que demanda de todos un esfuerzo solidario e imaginativo, desprovisto de especulaciones subalternas.

FUENTES

- Notas sobre evolución de la economía argentina - CEPAL - 1988. - Información estadística de la SICE (Secretaría de Industria y Comercio Exterior) 1989. - Investigaciones y relevamientos realizados por la SeCOPLADE - 1987-91.

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