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UNA REVISIÓN SOBRE LA LITERATURA DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN EL PERÚ David Sulmont Candidato a Doctor en Ciencia Política y Gobierno. Coordinador de la Maestría en Sociología PUCP

Lima, octubre del 2009

INTRODUCCIÓN Como parte del proyecto de tesis doctoral “El elector del siglo XXI: El comportamiento electoral en el Perú desde una perspectiva comparada”, nos planteamos como objetivo realizar una revisión crítica de la literatura sobre los estudios acerca del comportamiento electoral que se han realizado para el caso peruano en las últimas dos décadas. Ello nos permitirá tener algunos puntos de referencia para la investigación que nos proponemos emprender, identificando los autores y perspectivas analíticas con las cuales será necesario dialogar a lo largo del proyecto. Este documento busca presentar una primera versión de la revisión de la literatura, la cual irá siendo profundizada conforme vaya avanzando la investigación. ENFOQUES TEÓRICOS CLÁSICOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL Para reflexionar sobre el comportamiento electoral peruano contemporáneo, resulta relevante identificar algunas perspectivas teóricas desarrolladas por las ciencias sociales y políticas a lo largo del siglo XX. Ello permitirá situar el estudio del caso peruano en un marco analítico más amplio y evaluar la utilidad de las herramientas conceptuales y metodológicas propias de la literatura en este campo de investigación.

Las primeras teorías sociológicas sobre el comportamiento electoral tuvieron su origen en los estudios de las elecciones en Estados Unidos y señalaban la importancia que tenía en la decisión del elector individual el peso de las orientaciones políticas de sus grupos de pertenencia primarios (comunidad, clase social, grupo religioso o étnico). La idea central que guiaba estos estudios es que los ciudadanos tenderán a votar tomando en cuenta principalmente el comportamiento electoral de los miembros de sus redes sociales más cercanas y significativas. Este enfoque fue desarrollado a fines de los años 40 a partir de los trabajos de Paul Lazasrfeld (Lazarsfeld et al. 1968) en la universidad de Columbia, por lo que es conocido en la literatura sobre el comportamiento electoral como la “Escuela de Columbia”.

Otra línea de reflexión teórico-empírica sobre el comportamiento electoral, llamada la “Escuela de Michigan” o el enfoque “socio-psicológico”, está asociada también con la fase inicial de los estudios sobre comportamiento electoral, desarrollados desde la década de 1940 por investigadores del Social Research Center (SRC) de la Universidad de Michigan, en particular el equipo dirigido por Angus Campbell (Campbell et al. 1964). A diferencia de la Escuela de Columbia, que enfatizaba la influencia de los factores sociales y de los grupos de referencia, la Escuela de Michigan se centra en el conjunto de las disposiciones y actitudes hacia el sistema político que desarrollan los individuos y que sirven de elementos de juicio para tomar decisiones al momento de votar. El supuesto básico de este enfoque es que el voto constituye un acto político fundado por la percepción y el “mapa cognitivo” que tienen


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los electores respecto de los principales componentes del sistema político. Estos “mapas” o “atajos” cognitivos orientan el comportamiento electoral (la decisión de votar por tal o cual candidato) y se originan a partir de los mecanismos de identificación partidaria, que es definida como una adhesión afectiva duradera con alguna de las principales agrupaciones política que estructuran la vida política de un país. En la medida que el ciudadano promedio no maneja la suficiente información o comprende la complejidad de las decisiones políticas que están en juego en una sociedad moderna, la identificación partidaria funciona como un filtro entre el mundo político y el electorado, proveyendo los atajos cognitivos que les permiten a las personas tomar sus decisiones al momento de votar.

Este modelo toma en cuenta también el proceso de socialización, puesto que la identificación partidaria se formaría en etapas tempranas de la vida de los individuos, es a menudo heredada de los padres, y reforzada por el medio social y la adhesión ritualizada mediante la partición habitual en elecciones u otros actos políticos. A diferencia del “modelo de Columbia”, el “modelo de Michigan” no considera que las variables como el medio social o familiar, las identidades de clase, religión o grupo étnico, tengan una vinculación directa con el voto, pero sí con los factores que permiten desarrollar las actitudes y los vínculos afectivos con las organizaciones políticas que permiten el desarrollo de las identificaciones partidarias.

Varios autores (Barnes 1997; Rose 2000; Thomassen 2005; Mayer 2006), coinciden en señalar que en los años 60 y 70, la creciente volatilidad del voto observada en las democracias occidentales y los procesos de desalineamiento político de diversos sectores sociales respecto de los partidos que tradicionalmente habían captado sus preferencias electorales, pusieron en cuestión la utilidad analítica de los modelos clásicos de Columbia y de Michigan, especialmente el énfasis en las variables relacionadas con los procesos de socialización, el peso de los grupos y las diferencias sociales, o los mecanismos de identificación partidaria e ideológica. Entre los factores que contribuyeron a este proceso se mencionan: la entrada al universo de electores de ciudadanos que no tenían identidades partidarias o políticas pre-existentes (jóvenes, mujeres, miembros de minorías étnicas o raciales); la aparición de nuevas problemáticas sociales que establecían líneas de división diferentes a las tradicionales de clase, etnia o religión. Aparecen entonces nuevos ejes de diferenciación política ligados a temas como los derechos de la mujer y de las minorías étnicas, sociales o sexuales; el movimiento pacifista; o el tema de la ecología (Mayer 2006: 20-21).

En aquellos años, surgieron nuevas perspectivas teóricas, basadas en estudios empíricos comparados, que daban cuenta de un proceso de modernización y desarrollo social (uno de cuyos indicadores es el incremento del nivel educativo de los ciudadanos y de la movilidad social) que genera grados de autonomía individual cada vez más amplios respecto de las restricciones o determinaciones de los grupos sociales de pertenencia. Posteriormente estos desarrollos dieron lugar a la formulación de teorías de la “modernización cultural” (Inglehart 1997; Thomassen 2005; Norris 2006), que postulan que el comportamiento político estará crecientemente influenciado por las orientaciones de valores asumidos por los individuos en forma cada vez más independiente de los grupos partidarios o sociales de referencia.

El declive del peso relativo de las variables sociológicas en la decisión electoral, así como el desapego de las identidades partidarias o ideológicas que se ha venido registrando en las investigaciones empíricas sobre el comportamiento electoral en las democracias occidentales desde mediados de la década de los 60, ha configurado la imagen de un electorado cada vez más sofisticado, cuyas decisiones dependerían con menos frecuencia de las pistas provenientes de las fuentes tradicionalmente identificadas por los modelos de Columbia y de Michigan. Estos cambios sociales acompañaron un mayor énfasis en el desarrollo y uso de paradigmas teóricos y estudios empíricos que enfatizan el peso de los factores individuales y los procesos de decisión racional del electorado. Algunos autores (Mayer 2006) denominan a


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este tipo de perspectiva analítica como las teorías racionales o económicas del voto. Uno de los modelos que surge de esta reflexión es el del “issue voting” o voto en

función de las metas u objetivos que resultan relevantes o valorados para la sociedad o determinados grupos sociales en una coyuntura específica (como el control de la inflación, el mantenimiento del orden público, o “los valores tradicionales”). Otro modelo de este tipo es el llamado “pocketbook voting” o “voto con la billetera”, perspectiva de análisis que centra su interés en la medición del impacto de las variables económicas en la popularidad del gobierno y su posible respaldo electoral, bajo el supuesto de que el electorado responsabiliza al gobierno y a los actores políticos del estado de la economía y vota en función de la evaluación que tiene de su performance en este campo.

El consenso general de las investigaciones contemporáneas sobre comportamiento electoral (Rose 2000: 332-339; véase también Barnes 1997) es que el declive de la influencia de los factores identificados en los modelos clásicos de Columbia y de Michigan, ha hecho que las múltiples y fragmentadas fuentes de pistas o atajos cognitivos que usan los ciudadanos a la hora de votar, configuren un patrón de decisiones electorales ecléctico y egocéntrico, dónde los elementos claves que son evaluados por los ciudadanos pasan a ser sus juicios sobre el desempeño en el gobierno de los actores políticos o la imagen de los candidatos. El declive del “voto sociológico” a lo largo del tiempo, ha estado acompañado de un incremento equivalente de voto en función a metas o temas específicos (issue voting) o el voto económico.

A pesar de los cambios y las limitaciones de los modelos teóricos clásicos como el de Columbia y Michigan, éstos siguen siendo útiles en la medida que orientan la mirada del investigador en dimensiones complementarias e interrelacionadas con el comportamiento electoral. Siguiendo a Mayer (Mayer 2006: 26), puede decirse que el modelo sociológico nos lleva a considerar que el ciudadano-elector no es un individuo aislado, sino que vive en un territorio o en una comunidad, que participa en redes o grupos de vínculos interpersonales que influyen en la configuración de su identidad y de alguna forma sus intereses, creencias o valores. Por su lado, el modelo socio-psicológico apunta a la exploración de las actitudes y valores que estructuran la percepción que tienen los electores del campo político. En cuanto a los modelos más recientes como el racional o económico, éstos nos invitan a tomar en cuenta los componentes indeterminados y contingentes de la acción política, el margen de libertad, de autonomía y de estrategia que está presente en el voto, así como su reacción al contexto y coyuntura específica del momento electoral.

Además de una decisión política individual, el voto puede ser una expresión simbólica de otras dimensiones de la vida social y política que van más allá de la competencia entre partidos y candidatos diferentes. Las elecciones son en muchas partes y para muchas personas un ritual cívico-social de integración o de afirmación de identidades comunitarias particulares (Mayer 2006: 26). Cuando los medios de comunicación califican a las elecciones como “jornadas o fiestas cívicas” están aludiendo a este tipo de dimensión.

El voto también puede ser un arma de protesta, de oposición o desafío al sistema político y social o a la oferta política dominante, que expresa el descontento, la insatisfacción o la pérdida de legitimidad de los actores e instituciones del sistema democrático para determinados grupos sociales (Perrineau 2006). En parte, las elecciones presidenciales de 1990 en las que ganó Alberto Fujimori fueron interpretadas en este sentido. En las elecciones presidenciales peruanas del 2006, varios comentaristas y líderes políticos calificaron a algunas opciones electorales, especialmente el voto por Ollanta Humala, como un voto “antisistema” que expresaría este tipo de descontento.


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LOS ESTUDIOS ELECTORALES EN EL PERÚ Si bien la literatura que describe y reflexiona sobre los procesos electorales, y los cambios políticos y del mapa electoral peruano es bastante profusa,i en lo concerniente a la investigación académica sobre el tema específico del comportamiento electoral del ciudadano, la producción es algo más modesta y ha privilegiado el uso de datos agregados de resultados electorales y su cruce con variables sociodemográficas que caracterizan a las principales circunscripciones administrativas (departamentos, provincias y distritos). En un primer momento, parte del esfuerzo ha estado centrado en sistematizar la información oficial de procesos electorales, la cual hasta fines de los años 90 se encontraba dispersa en las instituciones electorales. Ejemplo de este tipo de trabajos pioneros es el texto de Fernando Tuesta, Perú Político en Cifras (1987) que llegó a tener 2 reediciones (en 1994 y 2001).

Por lo general, los estudios sobre el comportamiento electoral en el Perú han sido de carácter descriptivo y cuando se han aventurado en hipótesis explicativas acerca de los factores que entran el juego en la decisión del elector, la referencia a los paradigmas clásicos no ha sido explícita. Aún así, podemos identificar algunos elementos de estos modelos teóricos en varios de los estudios empíricos, por lo que se intentará hacer una clasificación de los estudios del comportamiento electoral en el Perú en función del grado en que han sido usados algunos elementos de hipótesis y variables explicativas que se derivan de los enfoques reseñados en las secciones precedentes. El peso de las variables sociológicas Un conjunto de investigaciones empíricas sobre el comportamiento electoral han analizado la relación entre los factores de la estructura social y el voto obtenido por las agrupaciones políticas en las diferentes circunscripciones electorales. Uno de los primeros trabajos que podemos identificar con este tipo de enfoque es un breve artículo de Ana Ponce y Sandra Vallenas: “Un análisis de la votación diferencial en la provincia de Lima 1978-1983”, publicado en 1985 (Ponce y Vallenas 1985) y que analiza la correlación existente entre determinadas características sociodemográficas de los distritos de Lima Metropolitana y los resultados electorales.

Ponce y Vallenas parten del supuesto de que “la votación refleja de alguna manera una identificación y representación de intereses, (...) que ciertas variables estructurales como edad, educación, ocupación, y en última instancia el estrato socio-económico influyen de hecho en la toma de decisión frente a posiciones políticas alternativas, que se ven materializadas en el voto” (Ponce y Vallenas 1985: 88). El análisis empírico, basado en el cálculo de correlaciones y regresiones lineales simples, toma como variable dependiente el nivel de votación alcanzado en 30 distritos de la ciudad de Lima por las listas que se presentaron en la elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978. Las variables independientes fueron cuatro indicadores representativos de las variables estructurales señaladas por las autoras, operacionalizados a partir de los datos del censo de 1972: la proporción de población de cada distrito que vive en pueblos jóvenes o asentamientos humanos marginales; la proporción de personas mayores de 5 años que tienen nivel educativo superior a la secundaria completa; la proporción de jóvenes de 18 a 25 años en el conjunto de la población distrital; y la proporción de empleadores y patrones dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) de cada distrito.

En su análisis, las autoras se centran en la correlación entre las variables independientes con el voto por las agrupaciones de la izquierda, tratando de poner a prueba un conjunto de hipótesis relacionadas con los factores que podrían permitir un posible alienamiento electoral de sectores urbanos populares con posiciones políticas de izquierda. En tal sentido


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se planteaba que el voto de izquierda tendería a incrementarse conforme aumenta la proporción de la población que vive en zonas marginales de la ciudad o donde existía una mayor proporción de jóvenes que podrían tener actitudes contestatarias respecto del orden existente y por lo tanto inclinarse hacia opciones políticas radicales. Por el contrario, la aceptación electoral de los partidos de izquierda se reduciría conforme aumenta el status social de la población de los distritos, particularmente reflejada a partir de mayores niveles educativos o una mayor proporción de empleadores y patrones en la PEA. El análisis estadístico realizado por medio de cuatro ecuaciones de regresión refleja una tendencia consistente con las hipótesis formuladas.

Al replicar el análisis en las elecciones municipales provinciales de 1983, donde resultó ganadora la lista de la Izquierda Unida, las autoras utilizaron tres variables independientes operacionalizadas a partir de los datos del censo de 1983: % de población joven entre 18 y 25 años; % de población obrera; y % de población analfabeta mayor de 5 años. La idea es que éstas variables sean indicadores del carácter “popular” de la población de los distritos, bajo el supuesto de que este tipo de electorado tendería a estar mayormente alineado con la agrupación izquierdista. Las correlaciones positivas encontradas entre las variables independientes y la dependiente confirman hasta cierto punto la hipótesis de las autoras, sin embargo, los valores más modestos de los coeficientes de asociación en comparación con los encontrados en el ejercicio realizado para las elecciones de 1978, las lleva a concluir que “la votación por la izquierda es en menor medida función de las variables escogidas” (Ponce y Vallenas 1985: 109).

En una línea similar, y tomando en cuenta variables agregadas a nivel distrital, Henry Dietz (Dietz 1985; Dietz 1989; Dietz y Dugan 1996) ha analizado el comportamiento electoral de los limeños, en particular de los sectores populares de la ciudad y su relación con el voto por agrupaciones de izquierda. En su texto publicado en 1996, Dietz concluye que en efecto, las variables que caracterizan a los distritos de bajos ingresos de la ciudad correlacionaban positivamente con el voto por partidos de izquierda, pero que sin embargo también lo hacían con otras agrupaciones, por lo que el “espacio electoral” de la izquierda podía ser compartido por otras candidaturas de tendencia más centrista o incluso de carácter independiente. Dietz concluye que en la elecciones analizadas (1989, 1990, 1993, 1995) la izquierda “obtuvo todo el apoyo que pudo ser capaz de obtener de las clases populares limeñas” (Dietz y Dugan 1996: 274), pero que su éxito o fracaso electoral dependían de otros factores distintos a la posible identificación de intereses entre grupos sociales de bajos ingresos y este tipo de organización política: “la habilidad de la izquierda de ganar apoyo de sectores de clase baja depende más de la presencia de un candidato viable y de una estructura partidaria bien organizada que de factores tradicionalmente pregonados tales como una ideología correcta, deterioro económico, pobreza generalizada, desigualdades socio-económicas o reglas del juego político” (Dietz y Dugan 1996: 274).

Como puede apreciarse, algunas de las variables que menciona el autor en sus conclusiones pueden relacionarse con los planteamientos derivados de las teorías económicas o racionales del voto: la evaluación de la imagen de los candidatos, así como de las capacidades de las organizaciones políticas de presentar una oferta más coherente o atractiva. Aunque el autor no llega a esa conclusión, la mayor racionalización del voto puede ser la expresión de una tendencia a la individualización de la decisión electoral de los ciudadanos en el Perú. Clivages sociales y atajos cognitivos que orientan la decisión del voto en el Perú Julio Carrión, en su texto “La opinión pública: ¿de identidades a intereses?” (Carrión 1996) examina algunas variables derivadas de las teorías socio-psicológicas, los estudios de


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comunicación y el análisis de los mecanismos de procesamiento de la información en las decisiones políticas de la ciudadanía, tanto de aquellas que pueden expresarse en las elecciones como las que aparecen visibles en los estudios de opinión pública. Una de las preguntas fundamentales del texto de Carrión es cómo los ciudadanos, normalmente desinteresados o poco informados sobre los asuntos públicos, obtienen referencias o pistas para orientar sus decisiones políticas. Las hipótesis que plantea lo llevan a centrarse en la manera en cómo el proceso político y la forma en cómo se presentan las disyuntivas que son sometidas a consideración de los ciudadanos influyen en sus decisiones, activando el uso de diferentes tipos de atajos cognitivos.

En una primera parte de su artículo, Carrión analiza las elecciones presidenciales de 1990. Estas elecciones vieron el surgimiento de la figura de Alberto Fujimori como un candidato alternativo, pero desconocido en el escenario político, frente a Mario Vargas Llosa, quien encabezaba las preferencias electorales en los sondeos liderando el FREDEMO, una coalición de agrupaciones de centro-derecha, que incluía a Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, partidos que habían cogobernado entre 1980 y 1985. La pregunta que se explora es cuáles fueron los factores que hicieron que segmentos importantes del electorado, que no se identificaba con la opción que representaba el FREDEMO, se orientaran hacia una nueva figura independiente en la política como Fujimori.

El contexto de esa elección está marcado por el fracaso en la gestión gubernamental de los partidos hegemónicos durante la década de los 80 (Acción Popular y el Apra), así como la crisis interna de la Izquierda Unida que llevó a su división y práctica autoeliminación de la escena electoral. Estas circunstancias hicieron que: (...) los términos bajo los cuales los votantes daban sentido a su decisión electoral cambiaran radicalmente. Al diluirse el mensaje tradicional de la izquierda que oponía a los ricos frente a los pobres, lo que ofrecía una forma relativamente simple de ordenar la información política y por lo tanto era un “atajo” cognoscitivo importante para los electores, la desorientación (...) cundió en un primer momento. Rápidamente, sin embargo, un nuevo atajo cognoscitivo vino a reemplazarlo: la independencia frente a los partidos políticos. Cuando esta manera de procesar la información política proveniente de la campaña electoral se cristalizó, las posibilidades de Fujimori se incrementaron dramáticamente.” (Carrión 1996: 284).

De acuerdo con el análisis que hizo Carrión de los sondeos pre-electorales de la primera vuelta de 1990, la imagen que proyectaron los candidatos en su campaña activaron una segmentación del electorado en dos grupos: Por una lado quienes se sentían desafectos de los partidos “tradicionales” como los integrantes de la coalición del FREDEMO, el Apra o la Izquierda Unida, ya sea por su fracaso en el gobierno (Acción Popular y el Apra); porque eran vistos como alejados de los intereses populares (FREDEMO); o por su división y autoeliminación como alternativa política viable (la izquierda). Este grupo de electores, privilegiaron la opción por “la independencia política” que representaba Fujimori, a pesar que de éste daba pocas pistas claras de su programa de gobierno, más allá del eslogan de campaña “honradez, tecnología y trabajo”. Por otro lado, quienes se inclinaron por Vargas Llosa, quien a la sazón también se presentaba como un político “nuevo y moderno”, pusieron mayor énfasis en el hecho de que ofrecía un programa de gobierno más coherente.ii

Al analizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1990, Carrión sostiene que: El declive electoral de la izquierda no significó la desaparición de uno de los principios cardinales de las creencias politicas en Perú: aquel que opone al “pueblo”, versus los “ricos”. Este principio se vio sin duda subordinado durante la campaña de la primera vuelta electoral, pero reapareció con fuerza durante la segunda, gracias a una decisión política del mismo presidente Fujimori.” (Carrión 1996: 286).

En tal sentido, la estrategia de campaña desarrollada por Fujimori en la segunda vuelta


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electoral, incidió en la diferenciación entre el candidato de los “ricos” y “pitucos” (Vargas Llosa) del que mejor podía representar al “pueblo”, conformado principalmente por sectores mestizos, indígenas y de bajos recursos (Fujimori). De hecho, el eslogan de Fujimori en la segunda vuelta fue “Un presidente como tú”, que reforzaba esta identificación social entre el candidato y la mayoría de la nación peruana.

De acuerdo con Carrión, este principio de identidad, que divide la confrontación política entre el “pueblo” y “los de arriba” (la oligarquía, la burguesía, los “pitucos”), tiene raíces profundas en el sistema político peruano (por lo menos desde la década de 1930) en particular en el discurso político de los partidos populistas históricos como el Apra, y reforzado posteriormente por la prédica de partidos de la izquierda radical de los años 60 y 70. Sin embargo para que sea un factor determinante y pueda ser utilizado como un atajo cognitivo en la orientación del comportamiento electoral, debe ser activado por los actores que compiten en esa escena, de ahí la importancia de la forma en cómo los candidatos escenifican en sus campañas los conflictos o temas centrales del debate en un momento determinado. El éxito de Fujimori en 1995 fue gracias a que pudo vincularse a uno de los extremos de este eje de división simbólica, basada en las características de la estructura social peruana y los clivages históricos que previamente habían dado inteligibilidad al mapa político.

Como puede verse, el enfoque empleado por Carrión en su análisis de las elecciones de 1990 puede emparentarse con varias de las perspectivas teóricas reseñadas en el capítulo anterior. Cabe destacar la mención que hace a los condicionamientos históricos que han configurado una relación entre los clivages sociales presentes en la sociedad peruana y los sistemas de representación política, en particular la oposición pueblo - “los de arriba”, que ha servido de base tanto para los discursos y partidos populistas como el Apra, como para el surgimiento de agrupaciones de izquierda que situaron esa oposición en un eje ideológico izquierda-derecha quizás algo más “clásico”. Esta configuración del sistema político peruano previo a la década de 1990, ha sido la fuente de algunos de los atajos cognitivos que permiten orientar las decisiones electorales de la ciudadanía. Desde este punto de vista, el trabajo de Carrión podría entrar en la línea de las investigaciones inauguradas por Lipset y Rokkan en los años 60 en Europa.

Otro elemento interesante que se desprende del texto de Carrión, es el proceso de desalineamiento electoral (aunque él mismo no usa ese término) de los partidos “tradicionales” hacia candidatos independientes como Fujimori. Este proceso, desde nuestro punto de vista, desvincula los mapas orientadores de la política de aquellos actores y agrupaciones políticas que inicialmente le dieron forma, creando desorientación en el electorado y obligándolo a buscar nuevos mecanismos y pautas que den sentido a la competencia política, dejando al ciudadano-elector más “libre” o “huérfano” de pistas tradicionales. Durante la década de los 90, varios trabajos sobre el tema de comportamiento electoral en el Perú usaron esquemas analíticos más propios del enfoque económico y racional que, como hemos visto, privilegian la dimensión contingente del conflicto político electoral; la coyuntura específica de las elecciones; las estrategias tanto de los candidatos como de los electores; la evaluación del desempeño de los actores políticos y de los temas y metas (issues) en juego en las campañas; así como la autonomía del ciudadano en sus procesos de toma de decisión electoral.

Sin embargo, antes de reseñar y discutir este tipo de trabajos, resulta relevante en esta sección presentar el reciente e interesante ensayo de Alberto Vergara (Vergara 2007), quien reflexiona acerca de los factores que pudieron haber pesado en la decisión de los electores en la campaña presidencial del 2006. Como punto inicial, el autor señala la existencia de un “enigma” o una paradoja que desde su punto de vista no ha sido completamente dilucidado: “En los últimos años, una gran parte del electorado peruano se traslada de elección en elección a


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candidatos sumamente distintos. Fujimori, Toledo y Humala recibieron la bendición de sectores similares de la población y, en muchos casos, sus votaciones se han superpuesto como capas geológicas sobre los mismos territorios. Fujimori era autoritario y librecambista; Toledo, demócrata y librecambista; Humala, autoritario e intervencionista. Sin embargo, los tres recibieron el apoyo de los mismos sectores.” (Vergara 2007: 13).

La pregunta que se desprende de esta constatación es: ¿cómo es posible que tres candidatos que enarbolan programas u orientaciones políticas tan diferentes atraen al mismo electorado? De acuerdo con Vergara, las alternativas programáticas y las orientaciones políticas que han marcado la oferta política peruana en los últimos años pueden ubicarse en dos ejes superpuestos: uno institucional y otro económico. En el eje institucional, los candidatos se diferencian en relación a su respeto relativo por las reglas formales de juego democráticas (las libertades individuales y el balance de poderes). Los extremos varían entre un mayor respeto a las reglas y la ley, o una mayor discrecionalidad o margen de autonomía respecto de los principios constitutivos del Estado de Derecho. Esta distinción analítica sirve para ubicar a aquellas opciones políticas que consideran que el apego y respeto a la ley es un principio fundamental que asegura la estabilidad política de un país y es la base para el posterior desarrollo social del mismo. Las agrupaciones y candidatos que se ubican en el extremo opuesto del eje institucional considerarían que en determinadas circunstancias es necesario ejercer una mayor discrecionalidad en relación al respeto de las formalidades institucionales en aras a mejorar la eficacia del gobierno en el logro de metas valoradas como importantes por la sociedad. Desde esta perspectiva, la formalidad puede ser vista como una camisa de fuerza que dificulta alcanzar objetivos como la estabilidad económica, el orden público, o la redistribución de la riqueza. El eje institucional le sirve a Vergara para clasificar a los principales candidatos de las elecciones presidenciales del 2006 en un continuo que va desde el extremo de respecto a la ley, donde ubica a Valentín Paniagua (VP), Lourdes Flores (LF) y Alan García (AG), hasta el extremo de discrecionalidad donde estarían Ollanta Humala (OH) y Martha Chávez (MCH):

La posición que ocupan Paniagua, Flores y García en este eje se explica en razón de que

los tres candidatos provienen de agrupaciones políticas partidarias que fueron actores clave durante el sistema político de los años 1980: Acción Popular, en el caso de Paniagua; el Partido Popular Cristiano, en el caso de Flores; y el APRA en el caso de García. Esta experiencia partidaria, el hecho que las tres agrupaciones políticas han competido electoralmente (con diversa fortuna) por lo menos desde 1980, y que su desempeño político ha mostrado un respecto relativo a las reglas institucionales del juego democrático, los ubica hacia el lado de “la legalidad”.

Por el contrario, Ollanta Humala, ex-militar y candidato de la coalición Unión por el Perú – Partido Nacionalista Peruano (UPP-PNP), en repetidas ocasiones durante su campaña electoral manifestó su intención de modificar las reglas de juego constitucional con la finalidad de hacer posible un conjunto de reformas políticas y económicas que refuercen la

Ilustración 1: Eje institucional y ubicación de candidatos del 2006

DiscrecionalidadLeyLFVP AG OH MCH

Fuente: Vergara 2007: 17.


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intervención del Estado en la economía y de esta forma mejorar la distribución de la riqueza y reducir las profundas desigualdades sociales del país. De acuerdo con Vergara esto hizo que en el 2006 Humala “(...) se erigió como un candidato más afín a la discrecionalidad del poder que a la ley” (Vergara 2007: 17). Finalmente, Martha Chávez, candidata de la alianza de grupos fujimoristas Alianza por el Futuro, al reivindicar el legado del gobierno de Fujimori y su eficacia en resolver los problemas centrales del Perú de los 90 (inestabilidad económica y subversión armada), y legitimando las medidas extremas que se adoptaron para lograr esos objetivos (como el golpe de Estado de 1992 y la dureza de la política contrasubversiva) se posicionaba claramente, para Vergara, en el extremo de la discrecionalidad.

El segundo eje identificado por Vergara es el económico. Aquí se distinguen dos extremos: uno favorable a la promoción de la libre competencia en el mercado de las empresas privadas como motor del desarrollo económico, y el otro más inclinado hacia una mayor intervención del Estado en la economía para asegurar un crecimiento económico más acorde con metas de desarrollo social, redistribución de la riqueza y control de los recursos naturales por parte de la Nación. El primero de los extremos es llamado “librecambismo”, mientras que el extremo opuesto recibe la etiqueta de “intervención estatal”. De acuerdo con los planteamientos formulados en la campaña electoral, los principales candidatos del 2006 son ubicados por Vergara en las posiciones indicadas en la Ilustración 2:

En cada uno de los ejes, Vergara señala matices en la intensidad con la cual cada

candidato se orienta hacia uno u otro de los extremos, y que tienen que ver con su trayectoria política pasada y su discurso político en la campaña. En el eje institucional, los más apegados al respecto a la ley serían Panigua y Flores, en ese orden; mientras que García se ubica un poco más hacia el centro del mismo,iii pero dentro del sector institucional. En el eje económico, los candidatos que se ubican en las posiciones extremas son Lourdes Flores, por el lado librecambista, y Ollanta Humala por el del intervencionismo. En tal sentido, las posiciones relativas de los demás, en particular de Alan García, reflejaban planteamientos programáticos en lo económico más moderados. Al superponer los dos ejes, se configura un esquema como el reflejado en la Ilustración 3:

Ilustración 2: Eje económico y ubicación de los candidatos del 2006

Intervenciónestatal

LibrecambismoVPLF MCH AG OH

Fuente: Vergara 2007: 19


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En su análisis de la superposición de ejes, Vergara señala que “(...) un elector no es

unidimensional, posee varios criterios para hacer un balance de las distintas problemáticas que toma en consideración cuanto vota.” (Vergara 2007: 22). En tal sentido se puede identificar cuatro grupos de electores “típico ideales” en función de la manera en cómo son combinados los elementos de juicio que entran en juego en la evaluación de los temas o metas de la campaña: intervencionistas-legales; intervencionistas-discrecionales; librecambistas-legales; y librecambistas-intervencionistas. Los candidatos que tendrán mayores opciones electorales son aquellos que se ubican en las posiciones más cercadas al “votante medio” en la combinación de estos dos ejes. En el caso de la elección del 2006, el candidato que, de acuerdo con el autor, se aproximaba más a esta posición en ambos ejes fue Alan García, lo que explicaría su eventual triunfo en la segunda vuelta electoral.

El enfoque adoptado por Vergara puede identificarse con las teorías racionales o económicas de explicación del comportamiento electoral, en particular en la variante de los modelos direccionales que parten de la hipótesis del “votante medio” de Downs. Podría decirse que al identificar temas y metas políticas relevantes en la campaña del 2006 (issues) y los atajos cognitivos asociados a ellas para evaluar a las candidaturas, el elector realiza una ponderación racional acerca de cuál de las alternativas de la oferta política se aproxima a su posición particular.

Sin embargo, el análisis de Vergara da un paso adicional, que consiste en identificar cuáles son los clivages sociales de fondo que dan lugar al surgimiento de los ejes institucional y económico como mecanismos cognitivos relevantes para la decisión electoral. En esta parte de su reflexión, los argumentos del autor se aparentan de alguna forma a la familia de teorías del comporamiento electoral que hemos llamado sociológicas y socio-psicológicas, especialmente en la vía de razonamiento inaugurada por Lipset y Rokkan (Lipset y Rokkan 1967), aunque estos autores no son mencionados explícitamente en su ensayo. Vergara identifica una ruptura de fondo que permite la articulación de las evaluaciones basadas en los ejes institucional y económico, cruzándolos de forma diagonal y configurando lo que él llama

Ilustración 3: Los ejes Institucional y Económico en las elecciones del 2006

Discrecionalidad

Ley

Librecambismo Intervencionismo

MCH

OH

AG

LF

VP

Horizonte

Estado

Nacional

Horizonte

Post EstadoNacional

Adaptado de: Vergara 2007: 22 y 26.


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los horizontes Estadonacional y Postestadonacional (Vergara 2007: 13). Estos horizontes serían la expresión de diferentes culturas políticas que le permiten al

ciudadano orientarse en el escenario político y electoral peruano, su conformación tendría sus raíces en los procesos históricos de construcción del Estado, la ciudadanía y la Nación peruana, y en particular el nivel de consolidación que tienen estas entidades políticas para diferentes sectores de la sociedad peruana.

Uno de los argumentos centrales que se desprende de la reflexión de Vergara, es que lo que él llama el horizonte Estado Nacional, sería el producto de una cultura política populista, donde los sectores sociales que se adscriben a esta forma de orientarse en el escenario político evalúan la oferta política que se les presenta en las elecciones en función de las promesas de mayor inclusión a la modernidad por medio de la acción del Estado. Como se aprecia en la Ilustración 3, el horizonte Estado Nacional cubre tres de los cuadrantes de la intersección de los ejes económico e institucional, aquellos marcados por los extremos ya sea intervencionista o discrecional de cada uno de estos ejes. Esta configuración expresaría en realidad tres vertientes del populismo peruano (Vergara 2007: 74): una vertiente conservadora, donde los derechos ciudadanos son otorgados por líderes autoritarios que mantienen alianzas con determinados sectores oligárquicos o empresariales y de esta forma garantizar una forma de estabilidad y orden social necesario para la acumulación capitalista; otra vertiente nacionalista donde los liderazgos autoritarios sustentan su legitimidad en políticas redistributivas de la riqueza por medio del control Estatal de ciertas actividades económicas; y la vertiente institucional, que estaría caracterizada por el impulso de políticas redistributivas a partir de un régimen político basado en los mecanismos de la representación democrática.

Históricamente, la vertiente conservadora del populismo peruano habría tenido su expresión política en gobiernos dictatoriales como el de Sanchez Cerro (década de 1920) y Odría (década de los 50). El hito central de la vertiente nacionalista sería el Gobierno Revolucionario de la Fuerzas Armadas, encabezado por Velasco en la década de 1970. Mientras que la versión institucional estaría representada por partidos como el Apra y Acción Popular (AP), cuyas gestiones gubernamentales (AP en 1963-68 y 1980-85; y Apra en 1985-90) se caracterizaron por fracasos económicos que desencadenaron posteriores crisis del sistema de representación política partidaria. Las expresiones contemporáneas de los populismos conservador, institucional y nacionalista, serían el Fujimorismo, el Apra de la campañas electorales del 2001 y 2006, y Ollanta Humala el 2006 respectivamente.

La base sociológica del llamado horizonte Estado Nacional estaría conformada por aquellos sectores de la población que, siendo partícipes del proceso de modernización social y económica del país, sufren de su carácter inacabado, tanto en el reconocimiento pleno de derechos ciudadanos (especialmente sociales, pero también civiles),iv como en su inserción en la economía de mercado: los grupos indígenas, los trabajadores informales, los campesinos, los pobres del campo y la ciudad.

En cambio, aquellos sectores de la población que han alcanzado niveles de desarrollo humano, aceptables; están mejor insertados en la economía moderna; y son más competentes para ejercer sus derechos civiles, sociales y políticos. Al estar menos necesitados del tipo de “políticas nacional populares” para alcanzar mejores niveles de vida, se orientarían hacia el horizonte Post Estado Nacional, valorando más las políticas que busquen profundizar las libertades individuales, el Estado de Derecho y la economía de mercado como garantes de la estabilidad social y el desarrollo económico.

Como puede verse, la distinción de horizontes de cultura politica que elabora Vergara, se asemeja en varios aspectos (aunque con una elaboración más sofisticada) al atajo cognitivo “ricos-pobres” que señala Carrión en la investigación reseñada. Es sintomático que ambos autores hagan referencia al populismo como uno de los factores que intervienen en la


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configuración de esta dimensión de la evaluación de la política en el Perú. De esta forma, se vincula lo que, en secciones anteriores, hemos llamado una “infraestructura” de la decisión electoral, surgida de procesos históricos de articulación entre, por un lado, determinados proyectos y discursos políticos, y por otra parte, clivages o diferencias sociales estructurales. Un eje central que podemos resaltar en estos procesos, son las fracturas y brechas que existen entre aquellos sectores sociales mejor ubicados dentro de la modernidad capitalista y económica, y aquellos que permanecen excluidos de ella o son incorporados fragmentaria e imparcialmente. La racionalidad del elector y el voto económico En la literatura sobre los estudios electorales en el Perú, existen algunos trabajos que siguen una lógica que podríamos vincular con la vertiente de modelos espaciales-racionales del comportamiento electoral. Hemos reseñado ya el ensayo de Vergara, donde sostiene que la victoria de Alan García se debió a que fue el candidato que se ubicó más próximo del “votante medio” en los ejes institucional y económico. Como se ha indicado, el concepto de “votante medio” es uno de los pilares del modelo espacial del voto que aparece en el texto clásico de Dows (Downs 1957).

Sin embargo, podemos identificar un par de trabajos previos al de Vergara, donde el razonamiento que podría derivarse de los modelos espaciales ha sido utilizado para explicar los resultados de una elección el Perú. El primero de ellos aparece en un artículo de Henry Dietz y Michael Goodman (Dietz y Goodman 1987), que analiza los resultados de la elección municipal de Lima Metropolitana en 1983. Ese trabajo busca poner a prueba diversos supuestos sobre el funcionamiento del sistema electoral para la elección del alcalde provincial de Lima, los resultados concretos que produce, y la forma en cómo estos elementos pueden estar relacionados con la racionalidad del elector al momento de tomar su decisión.

El sistema electoral para la elección de los alcaldes en el Perú funciona bajo la regla de pluralidad simple, es decir que, independientemente del número de candidatos que se presenten, ganará el que obtenga la mayoría simple de los votos (conocido también como first past the post o FPTP). En el caso de las elecciones municipales del 1983, se presentaron 4 candidatos a la alcaldía provincial, resultando ganador Alfonso Barrantes de Izquierda Unida, con el 36,5% de los votos válidos. La pregunta que Dietz y Goodman buscan responder es si el ganador de una elección que se define en un sistema de pluralidad o mayoría simple entre 4 o más candidatos, hubiera sido el mismo que en obtenido a partir de un conjunto de elecciones binarias que oponen a dos candidatos. Para ello, los autores analizan los datos de una encuesta pre-electoral donde se simulaban competencias binarias entre pares de candidatos. La conclusión a la que se llega es que un sistema de pluralidad simple, en el caso de esta elección, no produce una situación de equilibrio, en el sentido de que el candidato ganador no necesariamente habría sido el mismo que el producto de una serie exhaustiva de “competencias eliminatorias” entre pares de candidatos.

Sin embargo, más allá de la conclusión específica a la que llegan los autores, lo interesante para nosotros en este punto, es que en su análisis, Dietz y Goodman parten del supuesto que los electores son capaces de hacer una ponderación racional de sus preferencias ante las situaciones hipotéticas de competencia entre pares de candidatos, donde no necesariamente se encuentre el candidato por el cual votarían en primera instancia en una competencia múltiple. En tal sentido, el análisis usa una lógica espacial de direccionalidad en la intención del voto, que es capaz de dar cuenta de un comportamiento y racionalidad estratégica: si el candidato A, por el cual el elector votaría en primera instancia, no aparece entre las alternativas, se opta por que es ubicado como más cercano a A, en una competencia entre B


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y C. Otro trabajo que explora la temática del voto estratégico es el texto de Gregory

Schmidt (Schmidt 1996) sobre las elecciones de 1990. En su texto, el autor busca medir la magnitud del voto estratégicamente orientado de los electores, su impacto en el pase de Fujimori a la segunda vuelta electoral y su posterior victoria frente a Vargas Llosa. En el caso de las elecciones de 1990, luego de analizar los datos de los resultados y las tendencias mostradas en las encuestas pre-electorales, Schmidt sostiene que una proporción importante de los simpatizantes del Apra y de las agrupaciones de izquierda (que presentaron candidaturas divididas), optaron por votar por Alberto Fujimori puesto que, dadas las escasas posibilidades de victoria de su “primera opción”, éste era el candidato con mayor opción de derrotar a Vargas Llosa, quien era ubicado en las antípodas de sus preferencias políticas. El autor sostiene que incluso a pesar de las identidades o simpatías políticas pre-existentes: “(...) votantes individuales fueron altamente capaces de actuar estratégicamente. Seguidores de las listas senatoriales de los partidos menores, para quienes las inferencias de votación estratégica son más fuertes, emitieron el mayor número de votos partidos a favor de Fujimori.v Sus decisiones de votar estratégicamente fueron hechas espontáneamente a nivel individual.”vi (Schmidt 1996: 241-2).

El voto estratégicamente inducido supone la capacidad del elector de identificar la posición relativa de cada candidato dentro de un espectro de preferencias políticas cercanas o lejanas de la posición del propio elector, así como un cálculo de las posibilidades de éxito de cada candidato. La evaluación racional de esas variable permite tomar una decisión al momento de emitir un voto individual. Schmidt, en la cita reseñada, da cuenta del carácter individual de la decisión, lo que resulta consistente con la tendencia mencionada de un voto cada vez menos condicionado por las pautas o determinaciones tradicionales derivadas de los modelos clásicos de Michigan y Columbia. El ejercicio de ponderar las posiciones relativas de los candidatos aparenta el análisis de Schmidt con las vertientes espaciales de los modelos racionales de explicación del comportamiento electoral.

La elecciones presidenciales de 1990 pueden definirse, junto con las elecciones municipales de 1989, como una “elección crítica” (usando el término acuñado por Keyvii), puesto que representa un punto de inflexión en los alineamientos electorales existentes en la década de 1980, y en particular un proceso de desalineamiento de electorado respecto de los partidos “tradicionales” que caracterizaron el sistema de representación en esa década (Apra, Acción Popular, Partido Popular Cristiano y las agrupaciones que conformaban Izquierda Unida). En la década de 1990, la figura de Fujimori pasó a dominar el escenario electoral. Como menciona Carrión en el texto reseñado (Carrión 1996), la crisis de los partidos “tradicionales” dio paso a un fenómeno de desorientación en el electorado, que se vio privado de los atajos cognitivos que les permitían orientar sus preferencias electorales y que estaban íntimamente vinculados con la estructura de representación política y el sistema de partidos que se había gestado entre 1960 y los años 1980.

Frente a este contexto, no es de extrañar que los esquemas analíticos utilizados para explicar el comportamiento electoral comiencen a incidir en mayor medida en variables derivadas de los modelos racionales y económicos del comportamiento electoral, en particular aquella vinculadas con lo que se ha denominado pocketbook voting o “voto con la billetera”. En 1997, Bruce Kay publicó un artículo en el Journal of Interamerican Studies and World Affairs (Kay 1997), donde analiza lo que él llama el surgimiento de un nuevo estilo de populismo político en el marco del proyecto de reformas neoliberales emprendidas por Alberto Fujimori. Este “fujipopulismo” combina las políticas neoliberales y de desregulación de la economía; procesos de concentración del poder político en manos del ejecutivo; y prácticas populistas para asentar la legitimidad del gobernante, direccionando el gasto público para la realización de obras públicas en sectores sociales capaces constituirse en una base electoral para el régimen. Todo ello dentro de un contexto marcado por la extrema debilidad


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de los partidos políticos tradicionales de la década de 1980. El “fujipopulismo” vendría a ser la versión de fines del siglo XX del populismo conservador que menciona Vergara en el texto reseñado en la sección anterior.

En lo concerniente al comportamiento electoral, las consecuencias de esta práctica serían que los electores decidirán otorgar su respaldo a Fujimori sobre la base de una evaluación de los beneficios que estas políticas populistas generen en sus localidades, sin que ello implique una identificación afectiva duradera. Se trataría entonces de un comportamiento electoral pragmático, basado en el desempeño del régimen y su éxito en satisfacer un conjunto de demandas sociales. Kay analiza el diferencial del voto pro-fujimorista entre el referendum constitucional de 1993 y las elecciones presidenciales de 1995. El referendum de 1993 estaba destinado a aprobar o desaprobar la nueva constitución elaborada por el Congreso Constituyente Democrático (CCD). En esta asamblea, los representantes del fujimorismo contaban con mayoría y diseñaron una constitución que entronizaba varias de las reformas económicas neoliberales promovidas por el régimen, además de un conjunto de cambios importantes en el diseño del Estado, destinados a reforzar el rol del ejecutivo y sobre todo, introducir la reelección presidencial, lo que le permitiría a Fujimori permanecer en el poder si ganaba las elecciones de 1995. Si bien los resultados del referendum ratificaron la nueva constitución (Sí: 52,3%; No: 47,7%), el estrecho margen de diferencia entre la opción por el Sí y por el No (4,6%), dio cuenta de un importante sector de la ciudadanía que podía constituirse en base para la oposición política al régimen.

Entre el referendum de 1993 y la elección presidencial de 1995, Kay observa cómo el gasto social del gobierno a través de programas como el Fondo de Compensación Social (FONCODES), se incrementó notablemente, y estuvo particularmente focalizado en localidades de extrema pobreza donde la opción por el Sí en el referendum de 1993 no había logrado acumular la mayoría de los votos. En las elecciones de 1995 el diferencial del voto pro-fujimorista respecto del referendum de 1993 en estas localidades fue bastante significativo. En 10 de los 11 departamentos donde se concentró el mayor gasto per cápita del FONCODES, y donde en el referendum de 1993 el Sí no había logrado acumular más del 50% de los votos, Fujimori obtuvo en 1995 una votación superior al 60%viii (Kay 1997: 88). Si bien, la aplastante victoria de Fujimori frente a Javier Pérez de Cuellar en 1995 (64,3% versus 21.5% del voto válido) puede explicarse también por la debilidad de las agrupaciones de la oposición, Kay sostiene que es altamente probable que la evaluación de la performance económica del gobierno y su focalización del gasto social en poblaciones de extrema pobreza pueden haber ayudado en forma significativa a su victoria electoral.

En un trabajo que tiene una línea de razonamiento similar, Norbert Schady analiza el efecto de los resultados del referendum de 1993 en el gasto per cápita del FONCODES entre 1993 y 1995. En sus conclusiones, sostiene que el diferencial entre el apoyo a Fujimori entre 1990 y 1993 explica un incremento de entre 16% y 34% del gasto per cápita del FONCODES en el periodo posterior, lo que da cuenta de una clara estrategia destinada a favorecer el apoyo al régimen mediante la focalización del gasto social en aquellas localidades donde había experimentado una pérdida relativa de apoyo popular (Schady 2000: 301-2).

Estas investigaciones reflejan el funcionamiento de una lógica política, por lo menos desde el lado de los actores de la “oferta política”, que realiza cálculos estratégicos partiendo del supuesto que el electorado racionaliza su voto fundamentalmente en función del desempeño económico del régimen, más allá de las orientaciones programáticas, ideológicas o identidades partidarias que tengan. Los resultados de las elección de 1995 parecen confirmar la pertinencia de este supuesto.

Sin embargo, análisis como los de Kay y de Schady se basan en datos agregados de resultados electorales y de variables económicas, lo que genera preguntas acerca de cómo


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ello se refleja en los comportamientos del elector a nivel individual. Otras investigaciones han usado hipótesis emparentadas al supuesto del pocketbook voting, pero utilizando información de encuestas de opinión, que pueden dar mayores luces de lo que puede suceder en los procesos de toma de decisión individual.

Los trabajos de David Sulmont, Kurt Weyland y Jason Seawright (Seawright 2004; Sulmont 1999; Weyland 2000) constituyen un ejemplo de este enfoque. Usando los datos de las encuestas de opinión realizadas por Apoyo Opinión y Mercado en Lima Metropolitana durante el periodo comprendido entre enero de 1998 y abril de 1999, Sulmont, analiza la evolución de la intención de voto por Fujimori y las figuras que, hasta ese momento, podrían haberse constituido en sus principales rivales en las elecciones del 2000 (Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio).ix Empleando la técnica del análisis de regresión lineal, Sulmont encuentra que la aprobación de la política económica del gobierno explicaba un 41% de la varianza de la intención del voto por Fujimori que registraban las encuestas, y que cada incremento de 1% en la aprobación de la política económica, tendría un efecto positivo de 0,54% en las preferencias electorales de Fujimori (Sulmont 1999: 17).

Otro de los modelos de regresión elaborados por Sulmont, buscaba comparar el efecto de las evaluaciones sociotrópicas y egotrópicas de la economía en el apoyo a Fujimori.x En la literatura sobre el pocketbook voting, se suele distinguir entre la evaluación que hacen las personas del estado general de la economía del país (evaluación sociotrópica), de la que se realiza respecto de la situación económica individual (evaluación egotrópica). Por lo general, se sostiene que el razonamiento sociotrópico pesa más en la evaluación de los actores políticos que los razonamientos egotrópicos.xi Tomando esta vez como variable dependiente la aprobación presidencial, el modelo que prueba Sulmont analiza el efecto combinado de la aprobación de la política económica y de las expectativas individuales de evolución de la economía familiar en el futuro (% de personas encuestadas que piensan que su situación económica familiar empeorará en los siguientes 12 meses). El autor encuentra que el efecto esperado de ambas variables en la aprobación presidencial es casi el mismo: por cada incremento de 1% en la aprobación de la política económica se esperaba un incremento de 0,49% en la aprobación presidencial; por su lado, por cada incremento de 1% de la evaluación negativa de las perspectivas futuras de la economía familiar, la aprobación presidencial decaería en 0,47%. Este modelo multivariable explicaba un 62% de la varianza de la variable dependiente (Sulmont 1999: 19-20).

En una línea de investigación similar, Kurt Weyland también explora el impacto que tiene en la aprobación presidencial la evaluación que hace la ciudadanía de su desempeño en el gobierno (Weyland 2000). En una primera parte de su texto, el autor analiza la evolución de la aprobación presidencial de Fujimori registrada por la encuestas de Apoyo Opinión y Mercado realizadas en Lima entre enero de 1992 y septiembre de 1997 (69 meses). Como indicadores del desempeño gubernamental, Weyland utiliza el porcentaje de entrevistados que aprueban la política económica y el porcentaje correspondiente de quienes aprueban la política contrasubversiva del régimen. El objetivo es buscar medir el impacto que puede tener en el apoyo político a Fujimori las percepciones ciudadanas respecto de los dos temas o issues que resultaban centrales en las preocupaciones ciudadanas de la época: la marcha de la economía y el problema de la subversión armada encabezaba por Sendero Luminoso y, en menor medida, por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) desde inicios de los años 80.

La hipótesis central que es discutida en el trabajo, es que el apoyo logrado por Fujimori, reflejado en altos y constantes índices de aprobación presidencial, así como una aplastante victoria electoral en 1995, se debe a que la ciudadanía recompensó a Fujimori por sus éxitos, tanto en el control de la inflación y la estabilización de la economía, como en restablecer el orden público derrotando a la subversión armada. En los modelos de regresión múltiple de la


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aprobación presidencial que emplea Weyland para poner a prueba sus hipótesis (Weyland 2000: 488), se consideran como variables dependientes los porcentajes de aprobación de la política económica y antisubversiva, así como una serie de variables categóricas dictómicas (dummy variables) que representan momentos clave de la coyuntura política del periodo analizado: el autogolpe de abril de 1992; la captura de Abimael Guzmán (el líder de Sendero Luminoso) en septiembre de 1992; y el rescate, a mediados de abril de 1997, de los rehenes capturados por el MRTA en la residencia del embajador del Japón en Lima. Asimismo, el modelo controla los efectos autocorrelación de la aprobación presidencial a lo largo del tiempo, retrasando la variable dependiente e introduciéndola como variable independiente en la ecuación (lagged variable).

Como resultado de este análisis, Weyland encuentra que la variable que tiene un efecto positivo y significativo en la aprobación presidencial a lo largo del tiempo es la aprobación de la política económica. Los niveles de aprobación de la política antisubversiva no parecen tener un efecto continuo significativo en el apoyo político al presidente, más allá de las coyunturas específicas identificadas en su modelo. La ecuación de regresión resultante explica un 76% de la varianza de la aprobación presidencial en el periodo estudiado.

Weyland complementa este análisis con otra serie de modelos de regresión basados en los resultados, a nivel departamental, de las elecciones de 1995 (Weyland 2000: 490-492). En este caso, la variable dependiente es el porcentaje de votos válidos que obtuvo Fujimori en aquella oportunidad. Las variables consideradas en el modelo fueron: el crecimiento económico experimentado entre 1993 y 1994, el nivel de pobreza, y un conjunto de indicadores sobre la actividad subversiva. Asimismo se controló por el nivel de apoyo a Fujimori expresado en las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático de 1992 (% de votos obtenidos por la lista fujimorista a nivel departamental). Las conclusiones de este segundo análisis son consistentes con los hallazgos de los modelos relativos a la aprobación presidencial, en el sentido que entre las variables independientes consideradas, las únicas que tenían efectos positivos y significativos en la votación por Fujimori en 1995, fueron el apoyo que obtuvo el presidente en las elecciones de 1992 y el crecimiento económico.

Interpretando el conjunto de resultados estadísticos, Weyland sostiene que el apoyo político a Fujimori expresa una “paradoja del éxito”, es decir, que al haber solucionado problemas “catastróficos” como la subversión armada y restaurado una situación de normalidad, éstos ya no pasan a ser considerados como elementos centrales en la evaluación del desempeño del gobierno, haciendo que la ciudadanía se concentre en los problemas o temas que considere más relevantes en su vida cotidiana, como es la marcha de la economía del país. En tal sentido, el éxito en solucionar graves crisis no tendría un efecto de larga duración en la conformación de una base social de apoyo político, más allá del momento o coyuntura crítica específica. Esta paradoja está relacionada con los diferentes niveles de relevancia que tienen los temas o problemas (issues) sobre los cuales son evaluados los gobiernos. Siguiendo los argumentos elaborados por Edwards y otros (Edwards et al. 1995), Weyland sostiene que los ciudadanos ponderan los diferentes temas en los cuales son evaluados los gobernantes en función a la relevancia que éstos tienen en un momento determinado. La relevancia de esos temas puede estar sometida a fluctuaciones importantes a lo largo del tiempo, un tema puede perder relevancia una vez que existen un consenso en que ha sido resuelto, y por lo tanto tener menos efecto en los factores que están detrás de la aprobación presidencial (Weyland 2000: 493).

Estos hallazgos son consistentes con las investigaciones sobre los límites del “pocketbook voting”, realizadas por Achen y Barlets (Achen y Bartels 2004). Estos autores sostienen que los ciudadanos parecen ser poco competentes en evaluar retrospectivamente los logros de los gobernantes y que olvidan pronto los éxitos logrados por ellos en el pasado, votando básicamente en función de cómo se sienten en el momento específico de la elección o los


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meses previos. Los autores sostienen que los gobiernos son favorecidos o desplazados en el voto, no tanto gracias a su desempeño “promedio” a lo largo de su periodo, sino más bien debido a ofrecimientos o expectativas surgidas en los meses críticos de la coyuntura electoral. Ello plantearía la relevancia de las evaluaciones prospectivas (las expectativas sobre el desempeño futuro de los actores políticos) en la racionalidad del elector.

Este fenómeno plantea un reto importante a las teorías sobre la “responsabilización vertical” (vertical accountability) de la democracia electoral (Fearon 1999), las cuales sostienen que las elecciones sirven como una oportunidad en que la ciudadanía evalúa a sus políticos y los puede hacer responsables de sus éxitos y fracasos, recompensándolos o sancionándolos con su voto. Las implicancias de la “evaluación de corto plazo” de los gobernantes, o las evaluaciones prospectivas de los ciudadanos ligadas a la coyuntura específica de la campaña electoral, crearían incentivos para que los actores políticos se preocupen de temas de corto plazo o generen expectativas desmesuradas o incluso demagógicas en la ciudadanía al momento de las campañas electorales. Por otro lado, puesto que el resultado final del gobierno al momento de las elecciones es lo que tendría más peso en la evaluación de los ciudadanos, los gobernantes pueden sentirse más libres para modificar su programa de gobierno, alejándose de sus promesas iniciales en aras de conseguir éxito o eficacia para resolver los problemas que adquieran relevancia para la población en diferentes momentos del tiempo. Presidentes como Fujimori o Menen fueron elegidos sobre la base de plataformas programáticas o promesas electorales muy diferentes a las políticas concretas que llevaron a cabo durante sus gobiernos, aún así, su éxito percibido en solucionar problemas sentidos en forma álgida por los ciudadanos (especialmente la estabilización de la economía y el control de la inflación), les valieron una popularidad importante y éxito en sus respectivas reelecciones (Stokes 1999).

En otro trabajo, Jason Seawrigth (Seawright 2004), analiza el efecto del “voto económico” en el colapso de los sistemas de partidos en América Latina, especialmente en los casos de Perú (1985-1990) y Venezuela (1993-1998). La investigación del autor apunta a identificar los límites de la hipótesis del “pocketbook voting” en el comportamiento electoral, especialmente en lo referente a la pérdida de apoyo político experimentado por los partidos tradicionales del sistema político y que fueron gobierno en ambos países: Acción Popular y el Apra en el Perú de la década de 1980; Acción Democrática y COPEI en la Venezuela de la década de 1990. En sus conclusiones, Seawright sostiene que, si bien el mal desempeño económico de los partidos en el gobierno explicaxii gran parte del colapso de estas agrupaciones en las elecciones posteriores, ello no da cuenta de todas las variaciones experimentadas por el sistema político. Un problema central de la lógica del pocketbook voting, es que las evaluaciones que hacen los ciudadanos sobre el desempeño del gobierno en el ámbito económico, afectan sobre todo a los partidos que están en el gobierno, pero no pueden dar cuenta adecuadamente por qué esa pérdida de apoyo se traslada hacia preferencias por partidos de la oposición. Los resultados del análisis indican que los partidos de oposición en los países y coyunturas observadas pueden perder o ganar apoyo electoral independientemente del desempeño económico del gobierno. En tal sentido, se requiere de hipótesis no económicas para explicar por qué, cuando los votantes deciden castigar al partido gobernante, se orientan, ya sea, hacia uno de los partidos de oposición, o hacia un nuevo contendor que desafía al conjunto del sistema político (Seawright 2004: 21), como en el caso de Fujimori en Perú en 1990, o Chávez en Venezuela en 1998.

Algunas de las hipótesis alternativas que pone a prueba Seawrigth, apuntan hacia factores más políticos o ideológicos que económicos. El autor sostiene que, en particular en el caso de Venezuela, las crecientes divergencias en torno a las prioridades u orientaciones programáticas entre los partidos tradicionales y el electorado jugaron un papel importante.

Un elemento que se desprende del análisis de Seawrigth, es la importancia del diseño


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institucional del sistema político y electoral para que factores como el voto económico tengan algún efecto en el comportamiento. Algunas de las características institucionales que tienen un peso particular son la reelección de la autoridades y el presidencialismo: al centrarse el razonamiento económico electoral en el desempeño del partido de gobierno, las evaluaciones positivas o negativas tendrán más efecto en las probabilidades de victoria electoral de estas agrupaciones que en las de la oposición. Un presidente que tiene la posibilidad de reelegirse podría entonces orientar sus decisiones políticas bajo el supuesto que será evaluado por los electores en función de sus éxitos o fracasos económicos, creando incentivos para políticas o prácticas que busquen una mayor satisfacción de las demandas populares en este ámbito.

Por otro lado, un régimen presidencialista, como el que existe en la mayoría de países latinoamericanos, hace que la suerte política de los partidos esté en extremo condicionada por el desempeño de su líder y no tanto en la coherencia o línea histórica de sus propuestas ideológicas y programáticas. Fracasos estrepitosos, o grandes éxitos del líder del partido, tendrán efectos más fuertes en el devenir de los partidos y en su nivel de institucionalización. REFLEXIONES FINALES Esta primera revisión de los estudios sobre comportamiento electoral en el Perú intenta dar cuenta de algunas de las preguntas de investigación y las variables que han sido utilizadas en esta área de estudios. En el proyecto de investigación que estamos emprendiendo nos interesa profundizar la discusión sobre las hipótesis y hayazgos que han venido produciéndose en el caso peruano, tratando de avanzar en la sistematización de un marco analítico más integral.

Algunas pistas de reflexión que queremos explorar son: Por un lado incorporar variables que consideramos no han sido suficientemente trabajadas, como los efectos que puede tener el diseño institucional en el comportamiento del elector. Por otro lado, introducir una mirada comparada con otros casos de América Latina, con la finalidad de identificar el alcance de las hipótesis y variables trabajadas para el caso peruano en contextos sociopolíticos más amplios. Para ello pensamos recurrir a fuentes de datos comparados, particularmente proveniente de encuestas de tipo electoral y político realizadas en otros países. Algunas de las fuentes que podemos identificar para esta tarea son las encuestas del Comparative Studies of Political Systems; el Latin American Public Opinion Project (LAPOP); el Latinobarómetro; y la Encuesta Mundial de Valores.


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i Véase el anexo bibliográfico de: Tuesta 2002. ii Hay que recordar, sin embargo, que el Apra y las dos candidaturas de izquierda (Izquierda Unida e Izquierda

Socialista) llegaron a obtener 22,5%, 8,2% y 4,8% del voto válido en primera vuelta respectivamente. Sumados hacían 35,5%, un porcentaje mayor que el 29,2% que le permitió a Fujimori pasar a la segunda vuelta. El porcentaje de votos obtenidos por Vargas Llosa en la primera vuelta de 1990 fue de 32,6%.

iii De acuerdo con Vergara la posición más “centrista” de García en el eje institucional se debe a que “(...) durante su primer gobierno (...) no fue el más escrupuloso garante de estas libertades. Y durante la campaña, propuso muchas veces modificar la Constitución, cuestionó contratos de estabilidad y hasta amenazó con cerrar el Congreso de la República si fuese necesario, además de mostrar, en general, un gesto bastante más autoritario que la candidata de Unidad Nacional” (Vergara 2007: 18).

iv La distinción entre derechos sociales y civiles parte de la clasificación de derechos ciudadanos de Marshall (Marshall y Bottomore 1996).

v Hay que recordar que la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1990 fue simultánea a las elecciones parlamentarias, donde, además de la cámara de diputados, se elegía a los representantes de la cámara de senadores en distrito electoral único. El elector tiene la opción de votar hasta por tres agrupaciones políticas distintas: una para la lista de diputados, otra para la de senadores y otra para la fórmula presidencial (nota del autor).

vi Subrayado del autor. vii (Key 1955). viii En el departamento restante, Loreto, Fujimori acumuló 54% del voto válido en 1995. ix En el periodo analizado por Sulmont, Alejandro Toledo todavía no aparecía en las encuestas como un rival de

peso en contra de Fujimori. x En realidad, en el texto Sulmont no utiliza esos términos, sin embargo, en la práctica, los indicadores

utilizados en el análisis apuntan a esas dos dimensiones teóricas. xi Sobre este tema, véase: (Fearon 1999; Kinder y Kiewiet 1981; Kramer 1983; Mayer 2006). xii Para analizar el efecto de la economía en la pérdida de apoyo de los partidos, el autor utiliza técnicas de

análisis multivariable basadas en la regresión múltiple. REFERENCIAS: Achen, Christopher H. y Larry M. Bartels. (2004). “Musical Chairs: Pocketbook Voting and the Limits of Democratic Accountability”. Prepared for presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association. Chicago.

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Coordinador de la Maestría en Sociología PUCPescuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/investigaciones/… · Este modelo toma en cuenta también el proceso de socialización,