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8/21/2019 Declaración Sobre Carrera Docente - Profesores Liceo
Andrés Bello
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DECLARACIÓN PÚBLICA
El Cuerpo Docente del Liceo Andrés Bello A-94,ubicado en la
comuna de San Miguel, realiza el
siguiente comunicado a la opinión pública,con el fin de exponer
su postura frente al proyecto de ley
impulsado por el actual gobierno de Chile, denominado Nueva
Política Nacional Docente. Luego de
analizarlo en varias jornadas de reflexión, los docentes
rechazan categóricamente el proyecto del ejecutivo
por las siguientes razones:
1. No es cierto que se aumentará significativamente el sueldo de
los profesores. En los comunicados
oficiales del gobierno y en los medios de comunicación, se ha
difundido que los profesores tendrán
un aumento de 30% en su sueldo, teniendo un sueldo de entrada a
la carrera sobre un millón de
pesos. Queremos aclarar que esto no es real, puesto que los
sueldos están calculados a 44 horas
con 15 bienios, es decir, 30 años de servicio, y que solo en
esas condiciones se llegaría a dicha
suma.En otras palabras, un profesor tendrá que pasar por varios
procesos de certificación y al
menos 10 años de carrera para poder optar a mejoras salariales
significativas, ya que en los
primeros años recibirá una remuneración mínimamente mayor a la
actual.Cabe destacar que gran
parte de los profesores trabaja por un promedio de 30 horas y a
veces menos. Además, seperderán la mayoría de los beneficios
adquiridos (muchas bonificaciones y bienios reducidos a la
mitad) lo que hace que en realidad se cambie una fuente de
remuneración por otra, sin inyectar
grandes recursos a mejorar las condiciones salariales de los
profesores.
2. No termina con el agobio laboral.
2.1 El proyecto propone un aumento paulatino del 25 al 30% de
horas no lectivas, llegando en un plazo
de 4 años hasta un 35%. Creemos que este cambio es mezquino ante
la carga de trabajo no lectivo,
que incluye planificación, preparación de material, evaluación
en plazos determinados, entrevistas
a apoderados y estudiantes, labores de jefatura de curso,
reuniones técnicas y consejos de
profesores entre otros, que son igual de importantes que el
tiempo en aula. Como si fuera poco, elhorario no lectivo incluye
tiempos de colación e incluso de cuidado personal, que se hace en
los
recreos. Ante esta realidad, cualquiera que haga un cálculo a
nivel general podrá darse cuenta de
que el tiempo es insuficiente para realizar un trabajo de
calidad. Igualmente, no hay nada en el
proyecto que aclare que estos horarios son protegidos para
realizar estas labores, donde directivos
suelen solicitar a los docentes para otras tareas, como
cobertura de cursos o trabajos
administrativos de distintas índoles.
2.2 No se reducen los estudiantes por sala de clases. Un menor
número de personas en el aula
conllevaría un mejor control académico y disciplinario,
permitiendo llevar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera eficaz, pudiendo atender a los estudiantes
de forma más personalizada,
permitiendo una adecuación a su diversidad y necesidades
particulares de aprendizaje, comoocurre en escuelas privadas del
país.
2.3 No hay una división clara entre las labores docentes y las
labores administrativas. Muchos
docentes son solicitados, a través de medios coercitivos, para
funciones que no les conciernen en
absoluto, como lo son el traspaso de notas a sistemas virtuales
o cierres de año escolar, que
involucran tareas que no competen al trabajo técnico y que
terminan generando más estrés y
perdiendo el foco de lo importante para los educadores.
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3. Los procesos de evaluación de los profesores tienen fines
contrarios al humanismo y representan
malas prácticas pedagógicas.
3.1 Los docentes no estamos en contra de evaluarnos, estamos en
contra de la forma y objetivos que
persigue la evaluación, debido a que no se trata de mejorar la
calidad real del ejercicio docente,
sino de castigar a quienes no aprueben evaluaciones. Esto creará
un ambiente de presión excesiva
que solo perjudicará a los estudiantes, ya que sus profesores
estarán más preocupados de pasar
una certificación que de los aprendizajes reales que ellos
puedan lograr.
3.2 Los mecanismos de evaluación privilegian pruebas
estandarizadas para obtener certificaciones. Esto
se vincula claramente con una lógica mercantil, en la que se
prepara a los profesores para cumplir
patrones muchas veces desligados del contexto de su realidad
educativa para acceder a mayores
remuneraciones, perdiendo el horizonte de formación valórica
propia y del estudiantado. Por otro
lado, se generará una competitividad dañina por la obtención de
estas certificaciones, provocando
individualismo y rechazo por el trabajo colaborativo, que no
ayudan a una mejor calidad, puesto
que las instituciones educativas generan resultados cuando todos
sus actores actúan en conjunto.
3.3 Tanto en las actuales como en las nuevas formas de
evaluación, solo se publican temarios o
criterios de evaluación, pero no se establecen pautas
específicas o rúbricas que indiquen niveles de
logro, como debe ser en un proceso educativo de calidad, además
de no ser consensuados en
ningún momento con los docentes. Antes de cualquier evaluación,
los evaluados deben conocer
exactamente cómo e incluso quiénes los evaluarán (no de manera
general), así como recibir una
retroalimentación completa, a través de indicadores, de lo que
hicieron bien y mal. Esto no ocurre
hoy ni aparece reglamentado debidamente en el proyecto, por lo
que nos hace pensar que los
impulsores de estas leyes desconocen completamente el quehacer
pedagógico. La evaluación,
como sabe todo experto en educación, es un instrumento para
reunir evidencias que ayuden al
aprendizaje.
4. No se hace cargo de una transición adecuada al nuevo
sistema.
4.1 Los profesores que están en la mitad de su carrera y que se
vean obligados a ingresar al nuevo
sistema perderán beneficios adquiridos, ya que se verán
reducidos a la mitad sus bienios y no se
tomarán en consideración sus perfeccionamientos que hoy
representan una mejora salarial, y que
no significarán nada en el proyecto nuevo, ya que solo se tomará
en cuenta la certificación por
tramos.
4.2 El Bono de Incentivo al Retiro no es ley, sino un decreto
que se da una vez por año, por lo que no se
asegura una indemnización digna a los profesores que finalizan
su carrera. En el proyecto no se daun protocolo específico que
asegure este derecho a los profesores.
4.3 Este proyecto de ley no termina con la figura de profesor a
contrata, que ha perpetuado la
inestabilidad laboral de los docentes, permitiendo que un
profesor que trabaje por gran cantidad
de años en un establecimiento se vaya sin ninguna indemnización
al salir de este, puesto que no
tiene contrato de titularidad. Solo los profesores con
titularidad se moverán al nuevo sistema con
todos sus beneficios.
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5. En conclusión, no se valora el trabajo ni la opinión de los
docentes.
5.1 Los creadores del proyecto parten de la suposición de que
los profesores hacen mal su trabajo, sin
asumir las malas condiciones laborales a los que estos se
enfrentan (carga horaria, mala
infraestructura); las dificultades inherentes al ejercicio de la
profesión (contexto cultural,
vulnerabilidad de los estudiantes); ni menos la
desregularización de la oferta desmedida de carreras
de pedagogía que, sin asegurar un mínimo de calidad, han
proliferado en los últimos 20 años en
nuestro país. Creemos que esto tiene que ver con intereses
económicos y políticos, puesto que es
mucho más fácil crear un chivo expiatorio en el profesorado
antes que en institutos y universidades
privadas, como también políticas estatales, que han creado las
actuales condiciones y que han
detenido en otras ocasiones reformas reales en el área
educativa. Por tanto, pensamos que con
esta iniciativa se busca invertir las responsabilidades,
culpando explícitamente a los educadores de
los malos resultados en educación.
5.2 No se ha tomado en cuenta a los profesores de base en la
construcción del proyecto. A pesar de las
instancias de diálogo que se han establecido entre el gobierno y
los organismos representativos delgremio e incluso otros dedicados
a la educación, muy poco se ha tomado en cuenta las propuestas
de los docentes en la iniciativa del ejecutivo.
Por lo anteriormente expuesto, creemos que es necesario que el
proyecto de ley se retire del
Congreso y sea revisado en sus puntos centrales para generar
verdaderos cambiosa las condiciones
laborales actuales de los profesores y por tanto, una mejora
concreta en la calidad de la educación que se
imparte hoy en el sistema público chileno. Conminamos a la
comunidad educativa a informarse lo mejor
posible, puesto que estas leyes afectarán radicalmente la
educación que recibirán los futuros estudiantes de
nuestro país.
Cordialmente,
Consejo de Profesores del Liceo Andrés Bello A-94
