8/21/2019 Declaración Sobre Carrera Docente - Profesores Liceo Andrés Bello
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DECLARACIÓN PÚBLICA
El Cuerpo Docente del Liceo Andrés Bello A-94,ubicado en la comuna de San Miguel, realiza el
siguiente comunicado a la opinión pública,con el fin de exponer su postura frente al proyecto de ley
impulsado por el actual gobierno de Chile, denominado Nueva Política Nacional Docente. Luego de
analizarlo en varias jornadas de reflexión, los docentes rechazan categóricamente el proyecto del ejecutivo
por las siguientes razones:
1. No es cierto que se aumentará significativamente el sueldo de los profesores. En los comunicados
oficiales del gobierno y en los medios de comunicación, se ha difundido que los profesores tendrán
un aumento de 30% en su sueldo, teniendo un sueldo de entrada a la carrera sobre un millón de
pesos. Queremos aclarar que esto no es real, puesto que los sueldos están calculados a 44 horas
con 15 bienios, es decir, 30 años de servicio, y que solo en esas condiciones se llegaría a dicha
suma.En otras palabras, un profesor tendrá que pasar por varios procesos de certificación y al
menos 10 años de carrera para poder optar a mejoras salariales significativas, ya que en los
primeros años recibirá una remuneración mínimamente mayor a la actual.Cabe destacar que gran
parte de los profesores trabaja por un promedio de 30 horas y a veces menos. Además, seperderán la mayoría de los beneficios adquiridos (muchas bonificaciones y bienios reducidos a la
mitad) lo que hace que en realidad se cambie una fuente de remuneración por otra, sin inyectar
grandes recursos a mejorar las condiciones salariales de los profesores.
2. No termina con el agobio laboral.
2.1 El proyecto propone un aumento paulatino del 25 al 30% de horas no lectivas, llegando en un plazo
de 4 años hasta un 35%. Creemos que este cambio es mezquino ante la carga de trabajo no lectivo,
que incluye planificación, preparación de material, evaluación en plazos determinados, entrevistas
a apoderados y estudiantes, labores de jefatura de curso, reuniones técnicas y consejos de
profesores entre otros, que son igual de importantes que el tiempo en aula. Como si fuera poco, elhorario no lectivo incluye tiempos de colación e incluso de cuidado personal, que se hace en los
recreos. Ante esta realidad, cualquiera que haga un cálculo a nivel general podrá darse cuenta de
que el tiempo es insuficiente para realizar un trabajo de calidad. Igualmente, no hay nada en el
proyecto que aclare que estos horarios son protegidos para realizar estas labores, donde directivos
suelen solicitar a los docentes para otras tareas, como cobertura de cursos o trabajos
administrativos de distintas índoles.
2.2 No se reducen los estudiantes por sala de clases. Un menor número de personas en el aula
conllevaría un mejor control académico y disciplinario, permitiendo llevar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera eficaz, pudiendo atender a los estudiantes de forma más personalizada,
permitiendo una adecuación a su diversidad y necesidades particulares de aprendizaje, comoocurre en escuelas privadas del país.
2.3 No hay una división clara entre las labores docentes y las labores administrativas. Muchos
docentes son solicitados, a través de medios coercitivos, para funciones que no les conciernen en
absoluto, como lo son el traspaso de notas a sistemas virtuales o cierres de año escolar, que
involucran tareas que no competen al trabajo técnico y que terminan generando más estrés y
perdiendo el foco de lo importante para los educadores.
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3. Los procesos de evaluación de los profesores tienen fines contrarios al humanismo y representan
malas prácticas pedagógicas.
3.1 Los docentes no estamos en contra de evaluarnos, estamos en contra de la forma y objetivos que
persigue la evaluación, debido a que no se trata de mejorar la calidad real del ejercicio docente,
sino de castigar a quienes no aprueben evaluaciones. Esto creará un ambiente de presión excesiva
que solo perjudicará a los estudiantes, ya que sus profesores estarán más preocupados de pasar
una certificación que de los aprendizajes reales que ellos puedan lograr.
3.2 Los mecanismos de evaluación privilegian pruebas estandarizadas para obtener certificaciones. Esto
se vincula claramente con una lógica mercantil, en la que se prepara a los profesores para cumplir
patrones muchas veces desligados del contexto de su realidad educativa para acceder a mayores
remuneraciones, perdiendo el horizonte de formación valórica propia y del estudiantado. Por otro
lado, se generará una competitividad dañina por la obtención de estas certificaciones, provocando
individualismo y rechazo por el trabajo colaborativo, que no ayudan a una mejor calidad, puesto
que las instituciones educativas generan resultados cuando todos sus actores actúan en conjunto.
3.3 Tanto en las actuales como en las nuevas formas de evaluación, solo se publican temarios o
criterios de evaluación, pero no se establecen pautas específicas o rúbricas que indiquen niveles de
logro, como debe ser en un proceso educativo de calidad, además de no ser consensuados en
ningún momento con los docentes. Antes de cualquier evaluación, los evaluados deben conocer
exactamente cómo e incluso quiénes los evaluarán (no de manera general), así como recibir una
retroalimentación completa, a través de indicadores, de lo que hicieron bien y mal. Esto no ocurre
hoy ni aparece reglamentado debidamente en el proyecto, por lo que nos hace pensar que los
impulsores de estas leyes desconocen completamente el quehacer pedagógico. La evaluación,
como sabe todo experto en educación, es un instrumento para reunir evidencias que ayuden al
aprendizaje.
4. No se hace cargo de una transición adecuada al nuevo sistema.
4.1 Los profesores que están en la mitad de su carrera y que se vean obligados a ingresar al nuevo
sistema perderán beneficios adquiridos, ya que se verán reducidos a la mitad sus bienios y no se
tomarán en consideración sus perfeccionamientos que hoy representan una mejora salarial, y que
no significarán nada en el proyecto nuevo, ya que solo se tomará en cuenta la certificación por
tramos.
4.2 El Bono de Incentivo al Retiro no es ley, sino un decreto que se da una vez por año, por lo que no se
asegura una indemnización digna a los profesores que finalizan su carrera. En el proyecto no se daun protocolo específico que asegure este derecho a los profesores.
4.3 Este proyecto de ley no termina con la figura de profesor a contrata, que ha perpetuado la
inestabilidad laboral de los docentes, permitiendo que un profesor que trabaje por gran cantidad
de años en un establecimiento se vaya sin ninguna indemnización al salir de este, puesto que no
tiene contrato de titularidad. Solo los profesores con titularidad se moverán al nuevo sistema con
todos sus beneficios.
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5. En conclusión, no se valora el trabajo ni la opinión de los docentes.
5.1 Los creadores del proyecto parten de la suposición de que los profesores hacen mal su trabajo, sin
asumir las malas condiciones laborales a los que estos se enfrentan (carga horaria, mala
infraestructura); las dificultades inherentes al ejercicio de la profesión (contexto cultural,
vulnerabilidad de los estudiantes); ni menos la desregularización de la oferta desmedida de carreras
de pedagogía que, sin asegurar un mínimo de calidad, han proliferado en los últimos 20 años en
nuestro país. Creemos que esto tiene que ver con intereses económicos y políticos, puesto que es
mucho más fácil crear un chivo expiatorio en el profesorado antes que en institutos y universidades
privadas, como también políticas estatales, que han creado las actuales condiciones y que han
detenido en otras ocasiones reformas reales en el área educativa. Por tanto, pensamos que con
esta iniciativa se busca invertir las responsabilidades, culpando explícitamente a los educadores de
los malos resultados en educación.
5.2 No se ha tomado en cuenta a los profesores de base en la construcción del proyecto. A pesar de las
instancias de diálogo que se han establecido entre el gobierno y los organismos representativos delgremio e incluso otros dedicados a la educación, muy poco se ha tomado en cuenta las propuestas
de los docentes en la iniciativa del ejecutivo.
Por lo anteriormente expuesto, creemos que es necesario que el proyecto de ley se retire del
Congreso y sea revisado en sus puntos centrales para generar verdaderos cambiosa las condiciones
laborales actuales de los profesores y por tanto, una mejora concreta en la calidad de la educación que se
imparte hoy en el sistema público chileno. Conminamos a la comunidad educativa a informarse lo mejor
posible, puesto que estas leyes afectarán radicalmente la educación que recibirán los futuros estudiantes de
nuestro país.
Cordialmente,
Consejo de Profesores del Liceo Andrés Bello A-94