Docente: Charles A. Sablich Huamani

Son aquellos hechos antijurídicos e ilegítimos a través delos cuales, un grupo de funcionarios públicos y deindividuos u organizaciones privadas usufructúan y seapropian de los recursos, bienes y el patrimonio públicopara provecho propio.

Klaus Tiedemann en su libro “Poder Económico y Delito”sostiene que: “son las transgresiones en el ámbito delDerecho Administrativo económico o sea contra laactividad interventora o reguladora del Estado en laeconomía. Abarca también las infracciones en el campode los demás bienes jurídicos colectivos osupraindividuales de la vida económica ...e incluye losdelitos patrimoniales clásicos (estafa, extorsión,defraudación cohecho, etc.) cuando éstos se dirigencontra patrimonios supraindividuales (como en los casosde obtención fraudulenta de subvenciones o créditosestatales) o cuando constituyen abuso de medidas einstrumentos de la vida económica.”

Los actos ilícitos en materia económica yfinanciera se producen a partir de lasconexiones entre las decisiones económicaspúblicas y los intereses privados. Atentancontra la libertad de competencia y sesustentan en el abuso del poder.

En ellos, se involucran, tanto los funcionariosde los diversos niveles del Estado, comodeterminados individuos y empresas delsector privado, que se coluden y actúan enperjuicio del país y de todos los ciudadanosal ocasionar la pérdida de grandes cantidadesde dinero que debieran permanecer comorecursos fiscales.

El grupo de poder corrupto liderado por AlbertoFujimori y Vladimiro Montesinos capturó el Estadoperuano en 1990 y se constituyó en red autoritariadesde 1992 hasta noviembre del 2000. Buscójustificar su accionar en la necesidad de aplicar unconjunto de reformas estructurales para sacar al paísde la crisis económica en la que se encontraba afinales de los años ochenta. Sinembargo, transcurrida la década, es claro que existeuna grave contradicción entre los objetivos originalesplanteados y los resultados de las acciones delrégimen. Los procesos derivados de dichasreformas, fueron utilizadas para que este grupo depoder asociado ilícitamente, actuara en contra de losintereses del Estado y de la sociedad peruana.

A despecho de su propio discurso de ortodoxialiberal, que preconizaba una pulcra y mínimaparticipación del Estado en la esfera económica, elrégimen fujimorista intervino activamente en laeconomía en función de los intereses de la red decorrupción. En el manejo de los grandes – y muchasveces dolosos - negocios de la década se halla lamano del Estado favoreciendo intereses privados.

En los procesos de privatización, salvatajebancario, negociación de la deuda pública, lasgrandes licitaciones y adquisiciones delEstado, intervino activamente el gobierno y fue unagente de transferencia de recursos públicos a manosprivadas, a partir de negociaciones políticas y acambio de beneficios económicos ilegales parafinanciar la red de corrupción. La aplicación de lasreformas económicas neoliberales se dio en el marcode un régimen autoritario que las desfiguró y utilizó.

La hipótesis de partida de la Comisión establece que,durante la década pasada un grupo corrupto de altosfuncionarios públicos y de mandos militaresasociados ilícitamente para delinquir capturaron elEstado con el objeto de imponer un régimenautoritario e ilegítimo, que garantizara su propiareproducción y continuidad. Esta asociación utilizóun conjunto de mecanismos que permitieron latransferencia ilícita de recursos públicos a manosprivadas, ya fueran propias o de terceros.

Este núcleo corrupto ha estado integrado pordiversos grupos vinculados de forma distinta yparticular al poder político.

El ex - Presidente Alberto Fujimori y su entornopersonal que asumieron al Estado y la funciónpública como fuente de beneficio patrimonial.

Los servicios de inteligencia y Vladimiro Montesinos,jefe real del SIN, articulando diversos intereses quellevaron a subordinar a las FFAA. Entre losintegrantes del núcleo corrupto también seencuentra a algunos integrantes del alto mandomilitar que, desde fines de la década de los ochenta,venía preparando una propuesta de reestructuracióneconómica, jurídica, social y de control del Estadopor 20 ó 30 años.

Un conjunto de grupos de poder económico,financiero y comunicacional, conectados a sectoresde empresarios y tecnócratas ubicados en puestosestratégicos de la administración del Estado.

Este núcleo corrupto se constituyó desde el inicio del gobierno deAlberto Fujimori en 1990. Pero, se expandió y se consolidó a partirdel Golpe de Estado perpetrado el 5 de abril de 1992, para imponersu dictadura al margen de la Constitución. A partir de entonces, seinició un conjunto de procesos simultáneos por los que un núcleomafioso, tomó control dictatorial, extra-legal del aparato del Estado.Los procesos referidos se resumen en las siguientes líneas:

Respecto al Poder Ejecutivo, la concentración del poder se efectuóen dos niveles:

Control del Poder Ejecutivo sobre el Congreso y el Poder Judicial yMinisterio Público.

Al interior del Poder Ejecutivo, concentrando las decisiones crucialesen la Presidencia de la República y sus órganos (entre ellos el SIN), elMinisterio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de laPresidencia (MIPRE).

Reestructuración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de los Sistemade Inteligencia y de Seguridad Nacional, asegurando el controldirecto de las mismas por parte del Presidente de la República,Vladimiro Montesinos y la cúpula militar en el poder. Como efectode ello se acentuó la progresiva militarización de diversos aspectosde la vida nacional, como la concesión de prerrogativas casiilimitadas para la disposición de fondos públicos en el SectorDefensa.

Se incrementa sustancialmente la capacidad normativadel Presidente de la República, por medio de legislacióndelegada y normas de excepción, muchas veces secretas;habilitándolo para sustraer los procedimientos de losniveles de control establecidos.

Se produjo la captura y sometimiento de las principalesinstituciones colocando en todas ellas funcionariosoperativos del régimen. Así habrían caído bajo sucontrol:

El Congreso de la República, primordialmente a través dela mutilación de su facultad fiscalizadora y laminimización de su función legislativa.

El Poder Judicial y el Ministerio Público, a través de laComisión reorganizadora y de dos mecanismossimultáneos: por un lado la abundancia de juecesprovisionales sin independencia y, por el otro, lacreación de salas especializadas para controlar asuntosde interés al núcleo corrupto.

La Contraloría General de la República y otrosorganismos de supervisión y control como laSuperintendencia de Administración Tributaria(SUNAT), con el doble objeto, primero, debeneficiar y proteger al núcleo de corrupción(por ejemplo a través del RUC Sensible) y,segundo, hostigar y perseguir a los opositoresal régimen.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y elservicio diplomático donde se modificó laorientación histórica de la diplomacia peruana aprivilegiar una política latinoamericanistacomprometida con la democracia y el TercerMundo. En vez de ello se sometió a losdiplomáticos y se orientó la política exterior alcumplimiento de la agenda presidencial.

Implementación de un sistema normativo “ad hoc” para dotara los actos ilegítimos del régimen de visos de legalidad eincluso, garantizar la impunidad de sus actos. En laconstrucción de esta normatividad, tiene responsabilidadtambién, la mayoría oficialista que controló el Congreso ydelegó gran parte de sus funciones legislativas en el PoderEjecutivo; así como renunció al ejercicio de los deberesparlamentarios de fiscalización y de control político.

Captura de varios los principales medios de comunicación(especialmente televisión de señal abierta) e implementaciónsistemática de campañas de manipulación de la opiniónpública. Los medios habrían sido fundamentales para manejarla opinión pública y piezas claves de toda la maquinariareeleccionista.

Manejo de los Programas de Asistencia Alimentaria para elclientelismo. El Estado central intervino activamente enmateria económica a través de extensos programas socialescuyo fin último era someter las conciencias de lossupuestamente beneficiarios.

Puesta en marcha sistemas de planillas paralelaspara los altos funcionarios del Estado, quienesrecibían sus honorarios pagados por las NacionesUnidas, aunque era el mismo Estado quiendepositaba el dinero en las cuentas del PNUD paradichos pagos.

Eliminación de los Gobiernos Regionales ycentralización en el Ejecutivo de las decisiones sobrela inversión y las obras públicas en provincias. Esteproceso vino acompañado de un enfrentamientosostenido contra los municipios.

Para validar su autoritarismo, el Gobierno deFujimori buscó a cualquier costo la legitimaciónproveniente de la OEA y del gobierno de los EstadosUnidos.

Una fuente adicional de corrupción durante la década pasadahabría sido el narcotráfico que habría proveído de ingentesrecursos aún no cuantificados. Ellos son especialmenteimportantes porque durante el período materia de nuestrainvestigación, el control de las zonas cocaleras pasó de laPolicía Nacional a las Fuerzas Armadas. Así, estas zonasfueron controladas por altos oficiales cercanos al entorno deVladimiro Montesinos. Este es un tema pendiente de seresclarecido en futuras investigaciones.

La corrupción sin embargo, no incluye necesariamente a todofuncionario que haya ejercido cargos de la administraciónestatal entre 1990 y 2000. A través de una redorganizada, con funciones definidas y con un sistema derelación con los principales cabecillas; controlarondeterminados centros neurálgicos de las instituciones. Porello, no se debe generalizar indiscriminadamente a todofuncionario estatal la tipificación de integrante de la red decorrupción. Así mismo, es preciso diferenciar entre quienesdirigieron esta asociación ilícita o cumplieron un rol parafavorecerla, de quienes por la naturaleza de su labor, fueronutilizados desconociendo los reales propósitos ilegales dedeterminada acciones.

La red de corrupción así conformada habría abusado dela información privilegiada a su alcance, y del excesivopoder concentrado, violando sistemáticamente los niveleslegalmente establecidos para la toma de decisiones.Empleó normas de excepción, muchos de ellas secretas,para usufructuar ilícitamente y en beneficio propio losrecursos del Estado.

Ninguno de estos actos ha constituido un hecho aislado.Por el contrario, expresó una forma ilegal de ejercicio delgobierno para sustraer recursos públicos y patrimonionacional en beneficio propio y de terceros.

Se ejecutaron a través de grupos organizados, quecontaban con dominio e influencia directa en las diversasinstituciones del Estado. Por este motivo, tales actosdeben ser enmarcados dentro del concepto de asociaciónilícita para delinquir previsto y sancionado en el artículo317º del Código Penal vigente.