FORMULARIO DE PETICIÓN CÓDIGO: I

CASO-DPE-1701-170102-7-2014-000849

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FORMULARIO DE PETICIÓN CÓDIGO: I

CASO-DPE-1701-170102-7-2014-000849

• El Oíitfio ii« ¡«i cf<7ew<t*; M MMHMH ip"ie»u'»tei LUGAR: OFICINA QUITO FECHA: 8/01/14 17:27

SERVIDOR/A QUE GESTIONA:

EDGAR GUATEMAL | LUGAR: OFICINA QUITO FECHA: 8/01/14 17:27

SERVIDOR/A QUE GESTIONA:

EDGAR GUATEMAL |

Señor/a: Defensor/a del Pueblo del Ecuador.

DATOS DEL PETICIONARIO

Peticionario VERONICA ALEXANDRA SARAUZ Cédula: 1715950786

Teléfono: 3811739 E-mail: verosarauz@gmail.

Dirección: sANTA TERESA DE JESUS S/N Ciudad : QUITO

DATOS CONTRA QUIEN SE PRESENTA LA

Me dirijo a usted con el fin de exponer lo

LA NOCHE DEL MIERCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2013 FUE ALLANADO MI DOMICILIO DE MANERA VIOLENTA POR UNA ORDEN DIRECTA DE LA PRESIDENCIA A TRAVÉS DE LA FISCALIA, EL GRUPO DEL GIR Y OTROS INGRESARON A MI CASA VIOLENTANDO LOS DERECHOS DE MIS HIJOS. DEJANdO SECUELAS IRREVERSIBLES EN ELLOS

Petición concreta:

EMITIR MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO E INMEDIATO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES PERTINENTES INVESTIGUEN A TODOS QUIENES PROMOVIERON EL ALLANAMIENTb SIN HABER SIDO RESPONSABLES DE UN DELITO.

Derechos vulnerados:

28.Derechos de Protección: Debido Proceso

13.Derechos de libertad: Intimidad personal y familiar

Firma del peticionario

Instrucción: Superior Grupo étnico MESTIZO

Estado civil: CASADO Sexo FEMENINO

Nacionalidad ECUADOR

Por favor llenar para estadísticas de la institución

SEÑOR DEFENSOR D E L PUEBLO D E L ECUADOR

VERÓNICA SARAUZ DE VILLAVICENCIO, ciudadana ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en el departamento No. 18 del cuarto piso, bloque No. 1 del Conjunto Porvenir, ubicado en la calle Santa Teresa de Jesús y Panamericana Norte, diagonal a la entrada a Llano Grande, sector de Carapungo, de esta ciudad de Quito, ante usted comparezco con la siguiente denuncia:

ANTECEDENTE DE HECHO:

La noche del ?5 de diciembre de 2013, como todas las familias del país y del mundo, la mía se encontraba descansando en nuestro hogar, disfrutando de los momentos de paz y alegría de las festividades navideñas. M i familia, compuesta por mi esposo Fernando Villavicencio y nuestros hijos, José Emiliano de 6 años de edad y Martín, de 1 año 7 meses de edad, se aprestaba a dormir. M i hija, Antonella, de 14 años de edad, no se encontraba en ese momento en nuestra casa, por estar de visita en casa de familiares.

El día indicado, a eso de las 23:h00 aproximadamente, escuchamos el timbre de la planta baja, pensando que era por algún vecino del conjunto, pero sentimos inmediatamente el ascenso rápido de varias personas, que subían las gradas. Mi esposo y yo estábamos desnudos, cuando escuchamos junto a la puerta de nuestro apartamento, una voz que decía abra la puerta somos de la Fiscalía. Nos levantamos e inmediatamente tomé a mi niño Martín de la cama, pues por la alarma familiar, se despertó y empezó a llorar. Mi esposo, desnudo, salió hasta la sala y pidió a los extraños, que nos permitan un minuto para vestirnos, pero no accedieron y, más bien intentaron derribar la puerta, con lo que luego supimos era una herramienta de asalto a moradas, denominada "tumbapuertas", que usa la policía. Yo logré cubrirme solamente con una salida de cama y mi esposo se puso un pantalón y se mantuvo con el torso desnudo, saliendo yo brevemente para evitar que derrumben la puerta dados los violentos golpes que realizaban desde afuera. Producto de estos impactos, la puerta de nuestro apartamento, quedó descentrada y con remelladuras.

Apenas abierta la puerta, violentamente ingresaron a mi hogar cerca de diez hombres de negro, policías del Grupo de Intervención y Rescate GIR, armados con ametralladoras y fusiles, equipados como para una guerra, todos cubiertos su rostro con pasamontañas, quienes me agredieron, empujándome alevosamente. M i niño lloraba en mis brazos, y mi esposo pedía que nos permitan vestirnos bien, al menos a mí, pues estaba solo con una salida de cama, pero este grupo no accedió.

Junto a los miembros del GIR se encontraba personal de civil, tres mujeres, una que fungía de secretaria del Fiscal, quien nos leyó un fragmento de la orden judicial suscrita' por el Juez Jorge Blum, por pedido del Fiscal Galo Chiriboga. En el documento no había ninguna motivación o razón para el operativo, solo era una autorización para allanar el departamento No. 42 del condominio, no el 18 en el que vivimos. Además, se encontraba un camarógrafo con una cámara profesional de video y varios funcionarios de la fiscalía ;on teléfonos celulares grabando todo lo que ocurría. Entre el personal masculino que ingresó a mi departamento y que cumplía actividades operativas de revisión de toda el área, sumaban seis personas, a más de un Fiscal, de apellido Jaramillo. En la puerta de ingreso se apostaron tres personas uno vestido con gabán

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azul, otro con un saco beige sin corbata y otro con camiseta y saco, quién mantenía su rostro con un rictus de agresividad. Este individuo, mantenía constante comunicación con alguien, dando la impresión de ser personal burocrático de alguna entidad pública. Ahora podemos entender que se trataba de personal de la Presidencia de la República y de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, según las revelaciones que ha dado el mismo presidente Correa y varios medios de información pública.

Les exigimos a este grupo, que nos expliquen las razones del allanamiento, presentándose entonces el Fiscal José Luis Jaramillo, quien dijo que era un acto urgente que tenía orden judicial para requisar la vivienda. Solo luego de 20 minutos de forcejeos y exigencias, nos permitieron vestirnos, lo que en mi caso fui obligada a vestirme frente a un policía del GIR, portando una arma de grueso calibre, que me miraba amenazantemente. Uno de mis niños, José Emiliano, de 6 años, se mantenía dormido en su cuarto, aparentemente extraño a los sucesos, pero al día siguiente nos comentó que cuando vio entre las cobijas a los "hombres de negro" con pasamontaña, el se asustó tanto que se hizo el dormido para que no le hagan daño. El percibió toda la violencia que produjo la incursión y la forma como me trataron, a más de los gritos de mi niño pequeño.

En esos minutos iniciales, yo pedí auxilio a los vecinos quienes actuaron inmediatamente, dando aviso a mi familia que se movilizó de inmediato, reportando el hecho incluso por las redes sociales. Mientras tanto, los individuos que allanaban mi hogar, revolvían todo lo que encontraban en uno de los dormitorios. De allí sacaron cuadernos de mi hija Antonella, que por suerte no se encontraba en casa. Vaciaron los cajones de los veladores sobre la cama, revisaron cuadernos, libros, ropa interior, closets, alzaron el colchón, removiéndolo todo. En el closet encontraron una computadora Mac de escritorio, tomándola para llevarse. Luego pasaron al dormitorio master donde la cama estaba semi tendida, igualmente revolvieron todos los objetos que teníamos en los cajones de los veladores, encontrando luego junto a la cama, una computadora portátil marca Mac Book Pro, con la cual mi esposo trabaja; igualmente encontraron más de una decena de unidades USB de memoria, un micro proyector y varios documentos impresos, todo lo cual, incluida la computadora, fue tomado para llevarse. Además, revolvieron toda la ropa de los closets, de los cajones, buscando según nos dimos cuenta, equipos electrónicos y documentos. Entonces, nos exigieron despertar al niño José Emiliano porque iban a revisar su dormitorio, a lo que les dijimos que respeten su sueño, pero esto no les importó. En las tomas de video que posteriormente difundió la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, SECOM, aunque se aprecia el dormitorio sin destrozos, pues son las tomas del momento inicial de la incursión, se puede notar a mi niño dormido en su cama.

Al despertarlo, el rostro de mi hijo José Emiliano era de terror y miedo, llevándolo inmediatamente al dormitorio que ya fue violentado por los intrusos. Con mi esposo, debimos retira: los cajones que dejaron revueltos sobre la cama, para que el niño pueda acostarse y volver a dormir o mejor dicho, como lo supimos con gran dolor al día siguiente, a fingir estar dormido, debido al espanto que la situación le producía.

La situación durante todo el momento era de pánico, con lloros de mi hijo pequeño, pedidos groseros de los intrusos, forcejeo con ellos para que nos dieran un mínimo de respeto, lo cual fue ignorado. El grupo de asalto que allanaba mi casa, actuaba con un

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aire de superioridad, arrogancia, control de la situación, deprecio a nuestra morada. Forcejeando con varios de los intrusos, mi esposo pudo sacar a mi hijo pequeño hasta las gradas fuera del departamento, para en medio de gritos, entregarlo a una vecina para que lo cuide. Como es natural, el niño lleno de angustia, no dejaba de llorar.

Posteriormente el grupo, salió a revisar la sala, ahí lanzaron al piso decenas de documentos que mi esposo utiliza en su trabajo de periodista de investigación, regándolo todo el piso. Movieron los muebles en busca de equipos, que es lo que decían a cada instante, era lo que les interesaba. Otro grupo simultáneamente revisaba en la cocina, en la basura, revolviéndolo todo. Los libros que había en los anaqueles de la sala, eran revisados con desgano. Libros de poesía de Mario Menedetti, Pablo Neruda, Roque Dalton, César Vallejo o Gioconda Belli, los vieron a la rápida y sin interesarlos, los soltaban con un aire de desprecio. De todo este material de lectura en papel que encontraron, solo se llevaron los documentos que al parecer ellos intuían se trata de informes gube namentales.

Luego de aproximadamente dos horas de esa inspección alevosa a mi hogar, a eso de la una de la madrugada, ya del día siguiente, llegó el abogado defensor de mi esposo, Ramiro García en compañía de dos personas más, pidiendo que le permitieran ingresar al departamento, pero el personal del GIR lo impidió. M i esposo pidió entonces al Fiscal Jaramillo que permitiera el ingreso de este abogado, pero igualmente se negó. Jaramillo pidió luego a mi esposo que le llevara al garaje, para revisar el auto de la familia, para así mismo revisarlo, bajando al parqueadero con dos agentes fiscales junto al citado Jaramillo. Ellos, según me indicó mi esposo, procedieron a revisar todo en el vehículo, abriendo incluso mi billetera personal, sacando todos los papeles sobre el capot de carro, negándose a dejar los documentos en el sitio en donde los encontraron. Curiosamente, una de las mujeres de la fiscalía, que revisó la gaveta del auto, encontró un disco etiquetado a mano con el nombre de "Putumayo". Entonces expresó entusiasta, dirigiéndose a Jaramillo, "IBingo!". Esa alegría, según pudo darse cuenta mi esposo, debió haberla producido el hecho de que debe haber pensado que se trataba de información sobre la zona geográfica del Putumayo, en la frontera con Colombia. Sin embargo, no advirtió esa funcionaría, que en realidad se trataba de música de la conocida casa disquera "Putumayo Records".

A eso de las 23H45, la madre de mi esposo, Gloria Valencia y su hermana Aleczandra Villavicencio, llegaron al condominio para intentar ingresar al departamento, pero fue ultrajada por agentes del GIR que la lanzaron contra el pasamano generando hematomas en su brazo. Una de nuestras vecinas, Lupita Escobar, igualmente fue agredida por los policías, quienes la sacaron a empellones del edificio.

La situación de terror que se vivió durante casi tres horas en la noche y madrugada siguientes a la Navidad, en el interior de mi hogar, era reflejada también en las afueras del condominio, en donde había más de una decena de vehículos gubernamentales, sin placas, personas de civil que mal disimuladamente controlaban a todos los vecinos, quienes con gran alarma se mantenían en las inmediaciones, u observaban por las ventanas de sus casas. Para todo el vecindario, que ignoraba por completo que sucedía, la situación también era de pánico, pues no pocos pensaron que ese grupo de asalto, podría también intervenir en sus moradas.

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Un aspecto de importancia es que según relato del guardia de seguridad del condominio y de varios vecinos del mismo, al inicio de la incursión, el Fiscal Jaramillo preguntó por el departamento No. 42, al que estaba dirigida la orden de allanamiento y que se encuentra en el bloque No. 3 planta baja, el cual se encontraba vacío. Ante esto, los intrusos habrían llamado a alguien que vive en uno de los departamentos del condominio y que al parecer es informante de la Fiscalía. Esta persona les habría indicado que mi familia vive en el departamento 18 del bloque No. 1. Este individuo, de nombre de Martín Navarrete, aparentemente es un agente fiscal, y vive en un bloque No. 3, cercano a mi hogar.

Para finalizar este relato, quiero manifestar que en la acción violenta que he narrado, no se nos permitió que un abogado nos asista, pese a que llegó al lugar de los hechos; no se realizó acta alguna de los documentos y bienes que se llevaron de mi hogar; no se respetó la privacidad familiar; no se respetó a mis niños. Los equipos y materiales que se sustrajeron de mi casa, fueron sacadas por agentes fiscales y otro personal de civil, en fundas abiertas, como se puede notar en las tomas de video del canal NTN24 que estuvo presente en las afueras de mi domicilio, durante gran parte de la incursión y, el camarógrafo ingresó inmediatamente de que los intrusos abandonaron mi hogar, como se aprecia en la hora marcada en las tomas recogidas.

Sin embargo para sorpresa, en la cadena nacional realizada por la Secretaría de Comunicación SECOM, el día domingo 29 de diciembre, se presentaron tomas donde supuestamente los equipos y materiales incautados aparecían en fundas selladas, pretendiendo dar a entender que ese procedimiento fue realizado dentro de mi casa. Esto, como se puede contrastar con las tomas de NTN24, no fue cierto, pues las bolsas con los documentos y artículos incautados de mi casa, fueron llevadas abiertas y no selladas como es usual en este tipo de procedimientos. El montaje en el video de la SECOM es tan burdo y torpe, que el piso en el cual aparecen los bienes incautados y sellados, no corresponde a mi domicilio ni a los exteriores del conjunto habitacional Porvenir, quedando en evidencia que no se cumplió con lo que determina ley y se rompió toda la cadena de custodia.

Además en forma grotesca e igualmente torpe, la SECOM montó todo un video alterando los tiempos y secuencia de las tomas, como se puede apreciar en la filmación al inicio, en donde aparecen los dormitorios en relativo orden. Estas tomas no fueron al finalizar la incursión, sino al inicio, pero son utilizadas para aparentar que así, en orden, dejaron mi casa los intrusos luego del violento allanamiento. Así mismo, algunas tomas del final de la incursión, como aquellas en las que mi esposo y yo aparecemos ya vestidos, se ubican al comienzo del video, para sostener que no fue una incursión violenta. En la misma cadena de la SECOM se elimina de la escena a mis dos hijos, evitando presentarlos al menos a Martín que estaba al comienzo en el dormitorio gritando del susto, y luego de 1 hora de exigencias y forcejeos, mi esposo logró liberarlo entregándole a una vecina que logró subir hasta el cuarto piso, burlando el enorme despliegue policial. Mi niño José Emiliano se mantuvo en el otro dormitorio -al que fue forzadamente llevado- fingiendo estar dormido ante el pánico que le habría generado la violenta invasión armada a mi hogar al filo de la media noche. Desde ese día José Emiliano, no quiere estar solo, tampoco quiere volver a casa y mientras duerme, siempre tiene esas pesadillas de los hombres de negro armados, su hermanito gritando y sus padres siendo violentados.

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RELEVANCIA HUMANA Y JURÍDICA DE LOS HECHOS NARRADOS

Solo al día siguiente de los hechos narrados, por información dada por el mismo presidente de la República Rafael Correa, nos enteramos de que la acción respondía a un pedido de él y de su asesor Alexis Mera, en razón de una aparente denuncia por un supuesto "hacheo" de sus cuentas de correo electrónico. Sin entrar en detalles sobre la legalidad o no de ese pedido y el posterior manejo de la información y tomas de video obtenidas en ese acto, aquí quiero exponer los graves efectos que para las garantías constitucionales de mis hijos menores de edad y, en general de mi familia, tiene la alevosa acción realizada por un equipo de aproximadamente 10 policías encapuchados del GIR, 10 miembros de la Fiscalía y la Policía Judicial, un camarógrafo y, tres personas de civil que permanecieron todo el tiempo en la puerta del departamento, que luego pudimos colegir eran agentes enviados por la Presidencia de la República. Además de varios agentes de civil que se encontraban apostados en diferentes puntos del Conjunto Porvenir, controlando a los vecinos.

Los hechos narrados configuran una serie de atropellos a la dignidad de mi familia y, en particular de mis niños, pues el operativo policial ordenado por el Fiscal, fue desproporcionado; y, realizado en un momento deliberadamente crítico para cualquier familia del mundo, como es la Navidad y, a media noche. Otros elementos que permiten colegir la malicia con la que se actuó durante el operativo, son los siguientes:

1. Salvo situaciones de delito flagrante, en los que por su naturaleza es menester poner en resguardo los elementos del delito cometido, en los actos y diligencias de la administración pública, sobre otros hechos no urgentes, deben realizarse durante horarios laborales. Más aún, deben ser realizados con el mínimo de afectación de derechos.

2. Bajo cualquier circunstancia, incluso habiendo indicios certeros de culpabilidad de los padres, los derechos de los niños y de las madres con niños de pecho, deben ser respetados con celo por el estado;

3. En cualquier acto gubernamental, diligencia judicial, o de cualquier tipo, los niños, las madres con menores infantes, deben recibir asistencia humanitaria preferente y especializada, respetándose ante cualquier circunstancia, el principio de interés superior de esas personas vulnerables y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas (Constitución, art. 44);

4. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes (Constitución, art. 66, 3b)

No obstante las normas constitucionales y aún de sentido común que he indicado, durante el allanamiento que he relatado, el grupo de asalto que incursionó mi hogar, atropello todas y cada una de las medidas de seguridad y respeto que se deben observar para con los niños y para su madre. Sintetizando la manera del grupo de asalto que allanó mi hogar, se pueden realizar las siguientes reflexiones:

i. De manera incomprensible, este grupo llegó a mi casa a las 11 de la noche y en forma determinante dijo ser de la Fiscalía. Desde el interior, mi esposo y yo, ¿cómo podíamos dar crédito a una voz que a esa hora dice ser de un funcionario público, más aún, en pleno período navideño y a altas horas de la noche? Desde aquí, inició un acto de terror en contra de familia, pues mi esposo y yo, los

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adultos de la casa, inmediatamente intuimos un asalto criminal e inmediatamente nos sentimos indefensos, impotentes ante la brutalidad del grupo que ingresó a nuestra morada;

ii . Posteriormente, pregunto yo, ¿por qué tuvo que integrarse un grupo de alrededor de 20 personas y, más que todo, con 10 policías del GIR, el cuerpo especial de la Policía, que actúa en rescate de rehenes, en captura de bandas delincuenciales peligrosas. Ese grupo policial se encontraba encapuchado, con armas de asalto. ¿Por qué para realizar una diligencia a la casa de un periodista, se actúa de esa manera? ¿Qué antecedentes delictivos o de peligrosidad tiene mi esposo, que amerite dicho trato? La única respuesta es que se quiso causar pánico en mi familia, amedrentarla, someterla, hacerla sentir la fuerza. ¿A qué mente enferma responde el diseño de este acto de terrorismo de estado, encubierto en una diligen;ia judicial?

i i i . Durante la revisión de los bienes de mi casa, este grupo de asalto, realizó su labor de la manera más violenta que le fue posible, impidió que nos vistiéramos al inicio, impidió que estuviera presente nuestro abogado, impidió violentamente que la madre de mi esposo, una mujer de más de 70 años, subiera a ayudarnos, la vejaron empujándola contra el pasamanos de la grada; sacaron a empellones a una vecina. Luego, ordenaron groseramente que retiráramos a uno de mis niños que dormía -luego él nos contó que se hizo el dormido para evitar que le hicieran daño-. Todo esto configura más un acto de amedrentamiento a un grupo familiar, que una diligencia judicial. ¿Qué diferencia habría existido que el material que se llevaron, haya sido tomado en horas del día, con una indicación inicial exacta de lo que se trataba la diligencia?

iv. Para completar el clima de terror que vivió mi familia, los asaltantes, no motivaron su acción, no hicieron una acta de los bienes que se llevaron, destruyeron todo el orden en el que teníamos nuestra casa, se llevaron unidades de memoria no solamente con documentos profesionales de mi esposo, sino también con documentos personales, familiares, fotografías de momentos dichosos, documentos de mi hija, trabajos de su colegio.

v. Finalmente, a los pocos días, conocemos que el presidente de la República, anuncia que ha revisado esa información, ha visto el video filmado durante todo el proceso. Es decir, el presidente de nuestro país, hurgando documentos de una supuesta inspección judicial, pero que en realidad fue un acto de para infundir miedo, para aterrorizar. Al haber llegado a manos del presidente la información que se llevaron de mi casa, se viola todo tipo de intimidad que mi familia tiene derecho de mantenerla.

Las situaciones aquí descritas muestran que la supuesta diligencia judicial, no fue más que un acto de amedrentamiento a mi esposo, quién a más de ser periodista profesional, es asesor de un asambleísta, que ha realizado denuncias por actos de corrupción. No es mi interés aquí calificar la legitimidad o no de la orden judicial de allanar mi domicilio, sino solamente de observar que el procedimiento empleado en esa acción fue en general lesivo para mi familia y, para mis dos hijos menores de edad, ha tenido un efecto devastador. Como se apreciará adelante, antes de realizar la acción, los funcionarios públicos involucrados en ella, tenían la obligación no solamente moral, sino constitucional de evaluar la composición familiar de la persona cuyo hogar se iba a allanar y, más que todo, el día y la hora en los que se realizó el allanamiento.

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No pido derecho especial para mi familia, pero si respeto a sus derechos: mi esposo no es un criminal y menos tiene antecedentes delictivos como para de manera urgente allanarle su domicilio a media noche, un día después de la Navidad.

LOS NIÑOS ANTE E L ESTADO CONSTITUCIONAL DE D E R E C H O S

Según la Constitución aprobada por el mismo grupo político en el poder y que controla todos los poderes, incluida la Fiscalía, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia (Constitución, art. 1), siendo la Constitución un instrumento eminentemente garantista, protector de los ciudadanos ante los abusos del Estado o de cualquier entidad privada, que viole o amenace violar sus garantías y derechos. En este contexto garantista, el Estado debe promover, de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Esta obligación estatal, que es compartida también por la sociedad y las familias, constituye un principio de "interés superior", por lo los derechos de la niñez, prevalecerán sobre los de las demás personas. (Constitución Art. 44).

Partiendo del hecho del interés superior de los niños, es importante considerar que éstos tienen derecho a su integridad física y psíquica, a disfrutar de la convivencia familiar; al respeto a dignidad, entre otros necesarios para su bienestar. (Constitución Art. 45). Bajo estos derechos, el Estado debe adoptar, medidas que aseguren a las niñas, niños la protección y atención contra todo tipo de violencia o maltrato. (Constitución Art. 46,4)

En el contexto administrativo, los operadores de justicia deben ser debidamente capacitados, en materia de derechos de los niños, a fin de que apliquen los principios de la doctrina de protección integral (Constitución Art. 175)

De las normas constitucionales citadas y, más que todo, del carácter garantista de nuestro sistema constitucional, se desprende que es obligación ineludible del estado ecuatoriano, velar por los derechos y garantías de los niños, dando la máxima prioridad a esta obligación. Precisamente en la protección y tutela de los derechos de los niños del Ecuador y, además, en la defensa de sus derechos, la Defensoría del Pueblo debe actuar de oficio, dado el interés superior del que goza la niñez en el Ecuador, pudiendo incluso emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato para la protección de esos derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos. (Constitución Art. 215).

E L ALLANAMIENTO A MI HOGAR Y L A VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE MIS NIÑOS

El impacto psicológico, moral y emocional de mi familia en general y el de mis hijos menores de edad y mío en particular, ocasionado por el allanamiento a mi hogar, rebasa cualquier límite razonable de lo que legalmente una familia deba aceptar como legítimo. La brutal incursión a mi apartamento ocurrido a medianoche del día 26 de diciembre de 2013, ha destruido de manera irreparable la ilusión que la Navidad ejercía en mis dos niños, especialmente en José Emiliano, niño de 6 años de edad, quién jamás olvidará que en una noche siguiente a la que él recibe los regalos del Niño Dios o de Papa Noel, hubo un griterío descomunal en su casa, unos encapuchados sometieron a su familia, empujaron alevosamente a su madre, forcejearon con su padre, alzaron la voz alevosamente. Este acto de terrorismo de estado, disfrazado de diligencia judicial,

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usurpó las ilusiones de mis hijos, les robó, tal vez para siempre, la idea de una noche de paz y amor, vinculada a la Navidad. El daño moral de esta noche de terror, es incuantifícable.

A la mañana siguiente de esa noche y madrugada de terror, mi pequeño José Emiliano, con su inocencia de niño me confesó que él se daba cuenta de lo que ocurría y que temía que esos hombres vestidos de negro y encapuchados, le hicieran daño. Tenía terror solo mirarles. ¿Qué niño no se aterroriza ante un rostro encubierto, aún del de una persona que ellos conocen perfectamente? Mis hijos debieron soportar las miradas de 10 encapuchados y armados como para la guerra, que miserablemente deambulaban el departamento, hacían sonar sus botas, amenazaban actuar ante cualquier situación, hacían ademanes de controlarlo todo a la fuerza. ¿Es ésta una manera con la que el gobierno adopta medidas para prevenir toda forma de violencia, en contra de mujeres y niños?

No encuentro el menor sentido a la manera como el fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga, a pedido de su primo el presidente de la República Rafael Correa, dispuso la realización de una diligencia judicial. Por qué eligieron la noche, por qué eligieron la Navidad; por qué enviaron a encapuchados; por qué fueron armados como para la guerra; porqué no respetaron al menos el sueño de mi pequeño José Emiliano, que en realidad era una forma de auto protección que mi niño estaba aplicando. ¿Es que en las revoluciones socialistas los niños no cuentan? ¿O es que se están reeditando métodos soviéticos y cubanos de anular la voluntad de las personas, destruyendo moralmente a sus familias?

Los hechos que aquí le doy a conocer, señor Defensor del Pueblo, han sido conocidos ampliamente a través de la prensa y las redes sociales. Además la particular característica de la saña gubernamental, de elegir la media noche del día posterior a la Navidad, ha sido público el hecho que la persona cuyo domicilio fue allanado, tenía dos niños en su hogar, uno de ellos aún de pecho. Sin embargo, NINGUNA entidad del estado, NINGUNA organización gubernamental, NINGUN defensor de los derechos humanos, se ha pronunciado sobre los derechos ultrajados de mi hijos. Todos han callado.

El silencio en el caso que aquí relato, contrasta enormemente con situaciones en las que varias entidades públicas se han rasgado las vestiduras, ante la utilización pública de imágenes de niños, como es el caso de los hijos del legislador Abdalá Bucarám. En ese caso, esos niños aparecieron en una foto, sonrientes, protegidos, pero el estado salió a "defender sus derechos" e impuso una sanción a quienes utilizaron sus fotografías, llegando una ministra a calificar ese hecho como "burdo e inescrupuoloso"1. Bien me gustaría que mis hijos hubieran estado así de sonrientes y protegidos la medianoche del 26 de diciembre, pero para desgracia, ellos fueron sometidos a un trato cruel, inhumano, por parte de un grupo de funcionarios públicos que aún no saben que el derecho de los niños en el Ecuador, es un interés superior del estado y, por tanto, prevalecerá sobre

1 Declaraciones de Doris Soliz, Ministra de Inclusión Económica y Social y Presidenta de! Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Ver: Consejo de la Niñez pide sancionar al PRE por el uso político de menores. Ver: " Consejo de la Niñez pide sancionar al PRE por el uso político de menores" Diario El Telégrafo, 13 de agosto de 2012. http://w\vw.telegrafo.com.ec/noticias/info^ pre-por-el-iiF >politico-de-menores.htm 1

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cualquier otro interés. Igualmente, me gustaría preguntar a las autoridades si mis pequeños, por ser hijos de un opositor de este gobierno, carecen de derechos.

PETICIÓN

Protestando por la omisión a sus obligaciones que la institución a su cargo ha mostrado ante el caso que aquí le he descrito, le solicito señor Defensor del Pueblo del Ecuador, lo siguiente:

1. Investigar las razones por las cuales la Fiscalía ha ordenado una diligencia judicial a media noche del día siguiente a la Navidad del año 2013, en una situación en la que no existía delito flagrante alguno, y a resultas de la cual se han violado garantías constitucionales de dos niños, uno de ellos aún de pecho;

2. Determinar las identidades de los participantes en el allanamiento a mi domicilio y establecer las responsabilidades legales que correspondan, por la violación a las garantías constitucionales de mis niños menores de edad;

3. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato a fin de que las autoridades pertinentes investiguen y sancionen a todos quienes promovieron y realizaron el acto que aquí denuncio, en una forma de la que se violaron garantías constitucionales .

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el correo electrónico verosarauzíg.gmail.com v bvronreal@,gmail.com

Firmo con mi abogado defensor.

Verónica Saráuz de Villavicencio Mat. 17-1989-23