B.7 Derecho a un ambiente sanoLa enunciación de los derechos y garantías contenida en esta Constitución no debeentenderse como negación de otros que, .siendo inherentes a la persona humana, nofiguren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria de estos derechos nomenoscaba el ejercicio de los mismos.

Artículo 50 de la Constitución de la República de Venezuela.

El Estado atenderá la defensa y conservación de los recursos naturales de su territorio,y la explotación de los mismos estará dirigida primordialmente al beneficio colectivo delos venezolanos.

Artículo 106 de la Constitución de la República de Venezuela.

El marco supranacional generado por laCumbre de la Tierra ofreció una oportunidadpara delinear una política de gestión ambiental yde manejo de los recursos naturales coherente

con el nuevo enfoque del desarrollo sustentable.Sin embargo, en Venezuela, tanto el Poder Eje­cutivo como el Legislativo, continúan tomandodecisiones que profundizan desequilibrios am­bientales y ecológicos, poniendo en serio peligrola base natural de sustentación del pueblo vene­zolano.

Tal como lo demuestra el contenido de este

capítulo, el peso de la política económica neoli­beral, y una incapacidad de la alta gerencia gu­bernamental para generar soluciones alternati­

vas impidieron que el país transitara por estecamino, muy al contrario de lo afirmado por elvicecanciller Fernando Gerbasi, durante el pri­mer período de sesiones la Comisión de Desarro­

llo Sustentable, organizado por la ONU en Nue­va York, en junio de 1993.

Ante ese foro el representante oficialdeclaróGerbasi que, entre las medidas a tomar por elgobierno nacional se encontraban "La prohibi­ción de la minería y del aprovechamiento comer­cial de la madera en el estado Amazonas y ladedicación del 4,4% del presupuesto nacional

para 1994 a la gestión ambiental... ,,275. Para elmomento en que se cierra esta edición todavíano se ha dado a conocer la distribución del pre­

supuesto nacional para el año referido, pero laraíz del problema ambiental es más bien produc­to de la no ejecución de políticas estatales razo­nables y coherentes. Citando apenas algunos delos más graves conflictos que actualmente en­frenta esta área -entre los que se cuentan preci­samente la minería y el aprovechamiento comer­cial de la madera en Amazonas-, es fácil demos­

trar lo lejos que se encuentra Venezuela de co­menzar la ejecución de un programa acorde conlos contenidos de la Agenda 21.

La extracción de recursos del subsuelo y laminería, continúan a la cabeza de las actividades

depredadoras de recursos naturales y destructi­vas de recursos explotados por pequeños pro­ductores, campesinos pobres y poblaciones indí­

genas de Bolívar, Amazonas y Zulia. Los planesde nuevas y mayores explotaciones de hidrocar­

buros en zonas marinas y en tierra firme, agudi­zarán esta situación. Exceptuando los gruposambientalistas, algunos universitarios y las co­

munidades afectadas, no parece existir una con­ciencia nacional de las consecuencias catastrófi­cas de estas actividades.

275 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Intervención del vicecancillerFernando Gerbasi en el primerperíodo de sesiones de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Nueva York, junio de 1993.

159

PROVEA Informe Anual octubre 1992-septiembre 1993

El Estado venezolano demostró su incapaci­dad para dar respuesta al complejo problemaambiental de los fronterizos estados Bolívar,Amazonas y Zulia, donde confluyen una tramade factores étnicos, ecológicos, geopolíticos yeconómicos. La ausencia de soluciones adecua­

das crea un marco de impunidad delictiva para laacción de mineros ilegales, narcotraficantes y sa­queadores de especies nativas, en el que la peorparte la llevan los pobladores indígenas y losrecursos naturales de los cuales viven.

Esto demuestra la inexistencia de una políti­ca para la gestión de la diversidad biológica ycultural que posee el país. Por su incapacidadpara comprender el valor intrínseco y económicode estos recursos, el Estado los está perdiendoirremediablemente, mientras los mismos sonaprovechados por empresas e instituciones depaíses industrializados.

Las concesionesotorgadas por organismos ofi-

ciales para la instalación de actividades producti­vas y con fines de lucro, en zonas bajo protecciónespecial, contradicen todo lo avanzado por el paísen materia de leyes para la protección del medioambiente. Estas decisiones debilitan la posicióndel gobierno venezolano, a la hora de intentarcontrolar las actividades de los particulares yhacer cumplir las leyes en materia ambiental.

La ausencia de una política oficial para ladisposición de desechos sólidos yaguas servi­das, es la principal causa de la insalubridadurbana. Durante el período analizado Vene­zuela no avanzó absolutamente nada hacia un

nuevo enfoque para trabajar el reciclaje indus­trial y urbano como instrumento para contro­lar la basura. Destaca la ausencia de un pro­grama nacional de educación ambiental tantoen el ámbito urbano como en el rural, paracapacitar la gestión regional y municipal enmateria de salud ambiental.

Ambiente y desarrollo en Venezuela: el marco supra-nacional

En el área ambiental, en el presente períodocorresponde obligatoriamente realizar un pri­mer balance de la trascendencia de los acuerdosemanados la Conferencia de Naciones Unidas

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNU­MAD), celebrada en junio de 1992. Esta confe­rencia, también conocida como Cumbre de la

Tierra, fue la culminación de todo un proceso dereflexiones, debates y negociaciones y debió, si­multáneamente, ser el inicio de otro proceso decambios fundamentales en todos los países com­prometidos tanto en eventos oficiales, como nogubernamentales.

Los acuerdos fundamentales firmados porlos países miembros de Naciones Unidas, entreellos Venezuela, fueron:

La Declaración de Río sobre medio am­biente y el desarrollo.

- El Programa 21 (ó Agenda 21).- Declaración de principios sobre conserva-

ción, ordenación y desarrollo sostenible de

los bosques.- Convención sobre cambios climáticos-Convención sobre conservación y aprovecha-

miento de la diversidad biológica.Estos acuerdos pretenden, en su conjunto,

delinear el marco de una alianza internacional

para promover el desarrollo sustentable y la pro­tección del medio ambiente. De todos ellos, elPrograma o Agenda 21, es el más extenso yespecífico en cuanto: "Refleja un consenso mun­

dial y un compromiso político al nivel más altosobre el desarrollo y la cooperación en la esferadel medio ambiente,,276. La ejecución de estecompromiso político "incumbe ante todo a los

gObiernos,,277

El punto de partida o principio fundamentales la ratificación del derecho de los Estados al

aprovechamiento de sus recursos, y de su simul­tánea responsabilidad en que en esta gestión "nocausen daños al medio ambiente de otros Esta­

dos" 278 y de que el ejercicio de este derecho

276 NACIONES UNIDAS: Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,Programa 21. Río de Janeiro, junio de 1992, Volumen 1, pág. 13.

277 NACIONES UNIDAS, op. cit., pág. 13.278 NACIONES UNIDAS: Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, junio de 1992, Volumen 1, pág. 7.

160

debe responder "equitativamente a las necesida­

des de desarrollo y ambientales de las generacio­279

nes presentes y futuras"Luego de la Cumbre de la Tierra no puede

acusarse a los acuerdos suscritos, especialmentea la Agenda 21, de ambigiiedades o inespecifici­dad. Por lo tanto, a partir de junio de 1992 lagestión ambiental cuenta con un marco favora­ble para realizarse con metas bastante específi­cas. Una evaluación realizada en base a los he­

chos, permite afirmar que la trascendencia deestos acuerdos internacionales sobre la políticade desarrollo y gestión ambiental venezolana hasido nula.

El énfasis de los planes de acción acordadosen la Cumbre de la Tierra apunta hacia la trans­formación de las políticasy criterios de desarrolloeconómico tradicional, hacia la búsqueda de undesarrollo sustentable, en el cual la proteccióndel medio ambiente y de los recursos naturalesno pueden considerarse en forma aislada. Noobstante, Venezuela y su política económica, in­cluyendo en ella su gestión de los recursos natu­rales, están cada vez más alejados de la protec­ción del medio ambiente y por lo tanto de laposibilidad de un desarrollo sustentable.

Atrapada en el empeño de las reformas ma­croeconómicas neoliberales, la gestión del Esta­do venezolano en el último año ha sido cada vezmás contradictoria con los acuerdos internacio­

nales, sin que hasta el momento se hayan produ­cido acciones específicas que intenten cumplir,aunque sea en el plano declarativo, algunas de lasactividades del Programa 21.

Por otra parte, resulta preocupante que has­ta la presente fecha el Congreso Nacional nohaya iniciado la consideración de las convencio­nes y tratados para proceder a su ratificación.Esto implica que dichos acuerdos no son de obli­gatorio cumplimiento en nuestro territorio, porlo que, pese al imperativo moral, resulta jurídica­mente improcedente exigir su implementación,hasta tanto el Congreso los ratifique.

El Ministerio del Ambiente y los RecursosNaturales Renovables, (MARNR), la máximaautoridad venezolana en gestión ambiental, noha generado ni siquiera un proceso de difusión

279 NACIONES UNIDAS, op. cit. pág. 7.280 Ministerio de Relaciones Exteriores, op. cit.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

nacional de los acuerdos, pese a que uno de loscompromisos es justamente ése. Así en el Capí­tulo 8 del Programa 21, "Integración del medioambiente y el desarrollo en la adopción de deci­siones",se establece un programa para la integra­ción del medio ambiente y el desarrollo a nivel depolíticas, planificación y gestión. El programareconoce que es "necesario efectuar un ajuste ...

del proceso de adopción de decisiones, ...para queel medio ambiente y el desarrollo se sitúen en el

centro de las decisiones económicas y políticas" .

Para lograr este objetivo se acordó realizar acti­vidades tan importantes como: ''Adoptar un mar­

co de políticas ... que refleje una perpectiva a largo

plazo y un enfoque intersectorial, como base parala adopción de decisiones, teniendo en cuenta losvínculos entre las diversas cuestiones políticas,

económicas, sociales y ambientales". De igualmanera, se estableció que los gobiernos debenefectuar "exámenes periódicos" [anuales] de las

"tendencias económicas y sociales y estado del

medio ambiente"; así como "asegurar el acceso del

público a la información pertinente, facilitando la

recepción de opiniones".Nuevamente,a pesar de las palabras pronun­

ciadas por el vicecanciller Gerbasi en el primerperíodo de sesiones de la Comisión de DesarrolloSostenible, "a un año de la Conferencia sobre

Medio Ambiente y Desarrollo, la celebración deesta primera sesión de la Comisión sobre desarro­llo sostenible marca un paso histórico al comen­

zar la ejecución del programa de acción más

ambicioso adc;¡gtadopor las Naciones Unidas, laAgenda 21" 2 , Y a la luz de la actual políticaeconómica, es evidente que nunca como hoycrecimiento económico, desarrollo sustentable ymedio ambiente estuvieron tan diametralmenteenfrentados.

La expresión más palpable de que el Estadovenezolano continúa en el viejo orden del "desa­rrollismo" tradicional, lo constituye la afirmacióndel presidente Carlos Andrés Pérez: "Si quere­

mos ir en camino del desarrollo tenemos que

arriesgar todo lo que respecta a la ecología". Másaún, él mismo llamó a desoir las voces de lasensatez científica y popular, cuando afirmó que:"no podemos hacer concesiones con los que ma-

161

PROVEA Informe Anual octubre 1992-septiembre 1993

nifiestan su disconformidad cuando está en jue[oelprogreso y desarrollo de la región y del país" 2 1.

Curiosamente esta confesión de parte de Pé­rez se produjo en el marco de la firma de nuevasconcesiones carboníferas en la Sierra de Perijá,asiento de un potencial de recursos para el desa­rrollo sustentable, como agua dulce, diversidadbiológica y de ecotecnologías indígenas de unvalor estratégico, infinitamente superior a todoel carbón que pueda sacar Corpozulia.

De igual manera la gestión ambiental delEstado venezolano se coloca de espaldas a lasdecisiones de la Cumbre de la Tierra en su con­sideración de un tema tan fundamental como la

pobreza. En palabras del ex Ministro del Am­biente, Enrique Colmenares Final, "el principalproblema ambiental venezolano es la marginali­dad", y según su interpretación de las enseñanzasde la CNUMAD, la pobreza "es la principal y

peor causa V efecto del problema ambÚntal en elmundo" 282.

Sin embargo, en el capítulo 4 del Programa21, se afirma claramente que: "...Si bien la pobre­

za provoca ciertos tipos de tensión ambienta~ las

principales causas de que continúe deteriorándo-

se el medio ambiente mundia~ son las modalida­

des insostenibles de consumo y producción, parti­

cularmente en los países industrializados, que son

motivo de grave preocupación y que agravan lapobreza y los desequilibrios,,283. Contrariamenteal criterio del ex-ministro, el consenso mundiales que la principal y peor causa del problemaambiental del planeta es la opulencia y el siste­ma de producción que la sostiene, con base enla pobreza y el desequilibrio del ambiente. Ve­nezuela no es una excepción a esta realidad.Los dirigentes del Estado deberían ser los pri­meros en reconocerla y estructurar una políti­ca de gestión ambiental que partiera de estediagnóstico.

Desarrollar una gestión ambiental al margende los acuerdos de la Cumbre de Río, no sóloimplica desaprovechar un marco favorable parauna acción coherente con el desarrollo sustenta­

ble, sino que contribuye a debilitar el alcance y elpeso específico de las decisiones del sistema in­ternacional, en la búsqueda de relaciones másequitativas y favorables para los países en desa­rrollo como Venezuela.

La gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales

El divorcioentre las decisionespolíticasy eco­nómicas y las de manejo de los recursos naturales,así como la ausencia de una perspectiva de usosustentable, condicionanel ejerciciode una gestiónambiental eficaz, desde el punto de vista de laconservación de nuestra base natural de sustenta­

ción, con visión de largo plazo. Las consecuenciasno se hacen esperar, y así en 1993 continuaronagravándose problemas de degradación de los re­cursos naturales y se registran una serie de nuevasdecisionesque amplían el espectro de efectos des­tructivos sobre los mismos.

La extracción e industriade hidrocarburos

La extracción y exportación petrolera conti­núa siendo la actividad productiva fundamentaly la fuente de recursos mayoritaria del presu-

281 Ultimas Noticias, 11.02.93.282 El Nacional, 22.12.92.

283 NACIONES UNIDAS, op. cit., pág. 35

162

puesto nacional y del producto territorial bruto.Se profundiza así la desestimación de otras acti­vidades productivas, desperdiciándose el poten­cial que como país tropical posee Venezuela,toda vez que se encuentra en la franja de mayordiversidad biológica y ecológica del mundo. ElEstado venezolano no ha tomado iniciativasni ha

estimulado en el sector privado la búsqueda defuentes alternativas de energías, no contaminan­tes, de bajo costo y sustentables. Por el contrario,se ha tomado una serie de decisiones, altamentecuestionables por sus consecuenciasambientales.

En primer lugar, la aprobación de una seriede proyectos denominados de Asociación Estra­tégica, con incidencia en los estados costeros deloriente venezolano: Anzoátegui, Sucre y DeltaAmacuro, así como en el Edo. Monagas. Ellosson los proyectos: Cristóbal Colón, Explotación

del Pantano Oriental, Exploración petrolera cos­ta afuera y Manejo de la Orimulsión. De llevarsea cabo todos estos proyectos, la zona costeraoriental de Venezuela se vería seriamente ame­

nazada, toda vez que las labores de exploracióny extracción están ubicadas en zonas ecológica­mente vulnerables y que son la fuente de susten­tación de miles de familias que viven de la pescay otras formas de manejo de los recursos de lafauna marina. Estos proyectos se promocionanante la opinión pública, destacando la cantidadde empleos que generarán, pero nada se dice dela cantidad de empleos que eliminarán.

El proyecto más claramente cuestionado hasido el Cristóbal Colón, no sólo por sus conse­cuencias ecológicas y sociales, sino por constituirun mal negocio para nuestro país, desde el puntode vista estrictamente económico. El proyectoCristóbal Colón ha sido objetado por miembrosdel Congreso Nacional, especialistas en derechode hidrocarburos, ambientalistas, economistas yecólogos de carrera, e indirectamente por el Mi­nistro del Ambiente, mediante su voto salvadosobre el convenio de asociación estratégica Ma­raven-Moroco. Igualmente el Gobernador delEdo. Sucre y su Consejo Consultivo han expre­sado reservas sobre las consecuencias que tendráel proyecto sobre esta región de precaria infraes­tructura de atención social. No obstante, el Con­greso Nacional autorizó el inicio de los estudiospara la exploración en la búsqueda de gas meta­no para su exportación. Los principales cuestio­namientos hacia este proyecto son:

-Ausencia de un estudio de impacto ambien­tal. Se estima que el mismo sólo podría cul­minarse en 1997.

-No hay solicitudes ante el MARNR de lasautorizaciones respectivas.

-Despojará a miles de pescadores de su zonatradicional de pesca, aumentando la tensiónextractiva sobre otras zonas, el desempleo yla inseguridad alimentaria en un renglón tanimportante de fuente protéica.

-Provocará migración de población hacia unazona carente de infraestructura de servicios,creándose así condiciones para el floreci­miento de aglomeraciones urbanas insalu­bres.

-Violación del artículo 5 de la Ley de Naciona­lización Petrolera, pues el Estado venezola-

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

no no cuenta con la mayoría accionaria en laasociación de las empresas: Lagoven, Mitsu­bishi,ShellyExxon. Secrea así un precedentedesfavorable para los restantes proyectos deasociación estratégica y para toda la políticapetrolera, que compromete la soberanía na­cional.

-Manipulación informativa y engaño a la opi­nión pública por parte de PDVSA y sus filia­les, respecto a las ventajas locales que gene­rará el proyecto. Se ha ofrecido la creacióndesde 25 mil empleos directos e indirectos(en la prensa), hasta un máximo de 500 en sufase clímax durante la construcción (en reu­nión en la academia de Ciencias Económi­

cas). De igual forma se ha exagerado la frac­ción de las inversiones sociales y ambientalesque se harán en el Edo. Sucre.

-Altos costos de inversión que aumentarán elendeudamiento, con el agravante de una ren­tabilidad dudosa, por la situación actual delos precios del gas. Se estima que el preciorentable del gas metano es de $5 (Bs. 501,75)por millar de pie cúbico, mientras que elactual es de $2,60 (Bs. 260,91).

-Retroceso en los impuestos que pagará laexplotación de gas hasta condiciones másdesfavorables que las concesiones de la Leyde Hidrocarburos de 1943.

-El proyecto es altamente dependiente de unatecnología sofisticada que es controlada ymanejada exclusivamente por los socios ex­tranjeros. No hay ningún proceso de transfe­rencia tecnológica.En segundo término, se ha experimentado

una profundización de efectos contaminantes ydegradantes de la industria petrolera. Durante elperíodo en estudio se registraron nuevas denun­cias,provenientes de comunidades afectadas porefectos contaminantes y destructivos de las acti­vidades de la industria petrolera. Destacaremosalgunos de los casos más resaltan tes:

-Zona Sur-Oeste del Edo. Monagas. En estazona, quince comunidades están siendo afec­tadas por las actividades de la empresa Cor­poven, debido a derrames petroleros fre­cuentes en los tanques de inyecciónde aguas,en las fosas de almacenamiento y de desecho,y en las tuberías, así como por movimientosde tierra. Las principales consecuencias de

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PROVEA Informe Anual octubre 1992-septiembre 1993

estas actividades son: sedimentación de las

quebradas de aguas permanentes para con­sumo y riego "La Burra" y "El Latal", cuyodeterioro fue denunciado desde 1990;conta­minación de las aguas de las quebradas, ydestrucción de la vegetación.

-Punta Cardón (Edo. Falcón). La comunidadde Punta Cardón denunció ante Provea y laFiscalía General de la República, los efectoscontaminantes de los desechos generadospor la refinería Cardón Maraven, a saber:contaminación con desechos tóxicos peligro­sos (vanadio, plomo, asbesto y otros desco­nocidos) debido a las fugas y disposición de­sorganizada y a cielo abierto del botadero dedicha refinería, denominado "El Muladar",el cual se encuentra rodeado por las comuni­dades de Cardón, Puerto Maravén, 23 deEnero y Punta Cardón, violándose así el De­creto N° 2211 del 23.04.92 (Normas para elcontrol de la generación y manejo de dese­chos peligrosos); contaminación del mediomarino costero por descarga de aguas resi­duales con altas concentraciones de tóxicosyaguas de enfriamiento sin tratamiento térmi­co (350a C), violándose así otros artículos delmismo decreto (Normas para regular la des­carga de vertidos líquidos a cuerpos de agua);contaminación atmosférica por dióxido deazufre (S02) y otros contaminantes, debidoa la incineración de gas ácido en los mechu­rrios de alivio y en otras unidades de la refi­nería; ampliación de la refinería Cardón sinhaberse otorgado la permisología respectivapor parte del MARNR, y a pesar de lasseriasobjeciones realizadas por este organismo alproyecto, luego del estudio de impacto am­biental.

-El Ramito, Municipio Miranda, Edo. Zulia.La población de El Ramito ratificó sus de­mandas de indemnización global contra laempresa Petroquímica de Venezuela (PE­QUIVEN), lo cual incluye la reubicación detodas la familias en nuevas viviendas y laasistencia médica para atender a los dafíos desalud ocasionados por las actividades de laempresa. El proyecto de reubicación estáparalizado mientras la comunidad exige quelos exámenes médicos sean practicados pormédicos independientes y no por médicos de

164

la empresa agraviante. Provea visitó la pobla­ción de El Ramito, en una misión conjuntacon miembros del Centro por la Justicia y elDerecho Internacional (CEJIL), de Physi­cians for Rumans Rigths ydel Ruman RigthsProgram de Rarvard. En la visita se constatóun cuadro de agravamiento de los problemasde salud, especialmente lesiones en la piel yproblemas respiratorios.

Minería

El otorgamiento de nuevas concesiones a laempresa Corpozulia para la explotación de car­bón en la Sierra de Perijá (Edo. Zulia), abriránun área de 200 hectáreas adicionales a las conce­

siones que llevan ya veinte afíos en la cuenca delrío Guasare. Los alcaldes de los municipios afec­tados por esta explotación minera, así como pro­fesores y estudiantes de la Universidad del Zulia(LUZ), dejaron ver su clara oposiciónante elotor­gamiento de estas nuevas concesiones, por partedel gobierno nacional. Las principalesconsecuen­ciasnegativasde la minería del carbón son:

-Deforestación y destrucción irreversible delos suelos donde se sostienen los bosques.

-Ruptura de corrientes de agua dulce superfi­cialesysubterráneas, afectándose las 3/4 par­tes de las que llegan hasta el Lago de Mara­caibo.

-Contaminación y muerte de los ríos por acidi­ficación. La minería del carbón en Perijáafectará los ríos: Guasare, Limón, Cachirí,Palmar, Tinacoa, Aroy, Piche, Apón, Negro,Yaza, Yokuko, Peraya, Tontayonto, Shuku­mo, Santa Rosa, Aricuaizá, Cafío Azul, Nor­te Lora, 5 de Julio, Oro, Cata tumbo y Tarra.

-Destrucción de reserva de peces y fauna, asícomo del potencial de diversidad biológicamás importante del Edo. Zulia.

-Destrucción del asiento natural y ancestral delos Barí y Yukpa, atentándose contra la di­versidad cultural.

-Dafíos a la salud de los trabajadores y lospobladores cercanos a las minas por conta­minación del aire con micro-partículas depolvo y carbón.

-Contribución al aumento de gases de inverna­dero terrestre.

-Reposición muy baja en impuestos municipa­paes (unos 7 millones de bolívares por afío).

Una situación similar puede observarse enlas minas de carbón de Lobatera CEdo.Táchira),donde la empresa responsable de la explotacióna cielo abierto, ejecuta un plan de recuperacióntotalmente ineficaz, sin ningún basamento técni­co. Al parecer Corposuroeste, ente rector de losproyectos de desarrollo en la zona, no cuenta conla capacidad técnica ni los mecanismos adminis­trativos para obligar a la empresa concesionariaa cumplir con sus compromisos de recuperaciónde las zonas donde la explotación ha cesado.

Por otra parte, se sigue produciendo un au­mento de la minería ilegal. Incursiones frecuen­tes de personas venezolanas y extranjeras, y elestablecimiento ilegalde explotaciones de oro enla Amazonia venezolana, ocurrieron pese a quela zona se encuentra bajo la administración devarias figuras de protección ambiental. Las con­secuencias de esta actividad extractiva son dedirecta incidencia sobre los habitantes naturales

de la zona, especialmente de la etnia Yanomamidebido al envenenamiento de las fuentes de aguadulce por mercurio, la destrucción de la fauna, ladeforestación y sus consecuentes desequilibrios,la transmisión de enfermedades contagiosas conefectos mortales sobre la población indígena, elacoso y abuso sexual, el amedrentamiento y elasesinato.

El Estado venezolano ha limitado su acción

protectora de esta zona estratégica por su posi­ción fronteriza y por ser asiento de recursos dediversidad biológica y cultural, a una acción re­presiva escasa y poco coherente, en la que grupospequefios de mineros ilegalesson detenidos tem­poralmente, sin que se apliquen las sancionescorrespondientes, y sin que se exija reparación dedafios a los agresores. Dicha conducta oficialresulta inexplicable, no sólo por la gravedad delos dafios realizados por los mineros ilegales,sinotambién porque Venezuela cuenta con un ins­trumento jurídico como lo es la Ley Penal delAmbiente, que tipifica y sanciona claramenteestos delitos.

La poca firmeza del gobierno y de las FuerzasArmadas Nacionales, permiten un marco favo­rable para la impunidad en la Amazonia venezo­lana, donde los delitos ambientales y el etnocidio

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

contra los Yanomami dejan ver la debilidad delEstado para garantizar a estos pobladores ances­trales el elemental derecho a la vida y a un am­biente sano. Para una cultura como la Yanoma­

mi ambos derechos son totalmente equivalentese interdependientes. La agresión contra el am­biente y los recursos naturales en la Amazonia esde hecho un atentado contra la vida de los pobla­dores indígenas de la zona. Con cada yanomamimuerto, muere también la única alternativa sus­tentable de manejo del bosque amazónico, delcual esta extraordinaria cultura ha sabido obte­

ner por vía del cultivo itinerante Cconuco) y de laextracción, una serie de recursos para su subsis­tencia, recreación y crecimiento espiritual. Ladesprotección y la indolencia frente al actualpeligro de desaparición de esta etnia implicaademás de un delito contra el derecho a la vida,la extinción de una sabiduría ancestral, de unparadigma para el uso de los recursos de ladiversidad biológica, que no será posible recu­perar jamás.

No se produjo una gestión diplomática vene­zolana e internacional para una acción concerta­da entre Brasil, Colombia y Venezuela contraeste problema de la minería ilegal. Del mismomodo, el gobierno central y el regional no adop­taron decisiones, ni realizaron inversiones sus­tanciales que impulsen alternativas productivaspara la explotación sustentable de los recursosdel Edo. Amazonas. Esta debilidad de alternati­

vas mantiene la atracción por la actividad minera,aún con los riesgos que reviste la ilegalidad y lainseguridad misma para el minero.

La ausencia de una política coherente para lapreservación de los recursos del Amazonas vene­zolano quedó nuevamente en evidencia cuandoen septiembre de 1993, en respuesta a la conmo­ción causada por la masacre de un grupo deyanomami, el Ejecutivo nombró una ComisiónEspecial, pasando por alto la existencia de unórgano interministerial -coordinado por elMARNR- responsable de la planificación y eje­cución de políticas que aseguren el cumplimientodel Decreto N° 1635 sobre la Reserva de Biós­

fera Alto Orinoco- Casiquiare, en vigencia desdeel 05.06.91.

165

PROVEA Informe Anual octubre 1992-septiembre 1993

Desprotección de la diversidad biológica y cultural

Las regiones tropicales, debido a sus condi­ciones ecológicas, presentan la mayor variedadmundial de especies, y de relaciones entre orga­nismos vivos y el ambiente. Aunque dicha diver­sidad representa en sí misma un gran valor, tienetambién un comprobado valor económico, aúnmás codiciado a partir del auge de la biotecnolo­gía en los países industrial izados. Por esta razónlas empresas mejoradoras de plantas cultivables,las empresas farmacéuticas, y en general losgrandes centros de investigación científica delmundo industrializado, promueven un intensosaqueo de especies nativas de los países tropica­les. Dicho robo lo encubren con el nombre deexpediciones científicas, inventario botánico uotras. Obtienen así plantas comestibles y medici­nales domesticadas hace siglos por las poblacio­nes indígenas, sin reconocer ningún derecho deestas comunidades sobre las inmensas gananciasobtenidas con el mejoramiento y uso posteriorde dichas especies.

Todo este despojo ocurre sin que los gobier­nos de los países afectados se percaten o actúenen función de proteger el binomio indisolubleque representa la diversidad biológico-cultural.En Venezuela se registraron denuncias públicassobre la extracción incontrolada de recursos dela diversidad biológica, especialmente al sur, enla zona guayanesa de los estados Bolívar y Ama­zonas. La extracción de especies de alto valor enel mercado internacional incluye especímenes defauna y flora que sólo existen en la mencionadazona, fibras (como la palma chiqui-chique), asícomo material de las culturas indígenas de Ama­zonas y Bolívar (vasijas, objetos rituales, graba­ciones de cantos religiosos). Se denunció quemiembros de misiones científicas y religiosas seprestan para la extracción de los recursos 284, queen algunos casos ha colocado ciertas especies enverdadero peligro de desaparecer.

Mientras esta situación ocurre en territorio

nacional, en el marco del Pacto Andino, Vene­zuela se integró a la discusión de proyectos deleyes supra-nacionales para la protección de lapropiedad sobre especies vivasy variedades me-

284 El Nacional, 04.12.92.

166

joradas (modificación de la decisión 313 de laJunta del Acuerdo de Cartagena, que consagrael Régimen Común sobre Propiedad Industrial).Esto implica que por un lado la Nación otorga enforma incontrolada los recursos de la diversidad

biológica; y por otro, protege a los extractores delos recursos y poseedores de la biotecnologíapara tales efectos, que son empresas e institucio­nes de naciones industrializadas. Las modifica­ciones consideradas en el marco del Acuerdo de

Cartagena constituyen un nuevo desconocimien­to al derecho ancestral de los pueblos indígenas,manejadores y conservadores de las áreas natu­rales y seminaturales que quedan en territoriovenezolano.

Corrientes de agua dulce

Además de los efectos señalados por la acti­vidad de la industria petrolera y la minería, seobservó una tendencia hacia la destrucción de

ríos y lagos por contaminación, deforestación ysistemas de pesca de alto impacto. Especial aten­ción merece la situación registrada en la zona surdel Lago de Maracaibo. En esta zona, tanto en lacosta del lago, como en sus ríos tributarios seacentuaron problemas de contaminación por re­siduos tóxicos de plantas procesadoras de leche,uso de explosivos y sustancias químicas para lapesca, aguas residuales de poblaciones ribereñas,uso indiscriminado de pesticidas y plaguicidas,detectándose altos niveles de DDT en los peces,crustáceos y aves de la zona (28 mg/lt). Deberesaltarse que el DDT está prohibido en Vene­zuela desde 1970, debido a sus efectos nocivoscomprobados sobre el sistema neurológico, ma­nifestados con mareos, dolores de cabeza y pér­dida del equilibrio y, en caso de intoxicaciónsevera, la muerte.

Recursos forestales

Las zonas boscosas en todo el territorio ve­

nezolano continuaron sintiendo el impacto de ladeforestación con fines de extracción de madera

de valor comercial, sustitución por potreros yavance de la frontera agrícola, construcción de

carreteras y asentamientos humanos. Las zonasmás afectadas fueron las cuencas altas y mediasde los estados andinos, especialmente el Edo.Táchira, la península de Paria CEdo.Sucre), y elcerro Nuria y la reserva de Imataca, ambos en elEdo. Bolívar. El agotamiento de recursos fores­tales, las consecuencias sobre el ciclo natural delagua y el agotamiento de los suelos por erosióny compactación, contribuye a cerrar aún más lasposibilidades de subsistencia de los campesinos eindígenas venezolanos, presionando su expulsióndel campo hacia la ciudad para un mayor engro­samiento de la marginalidad urbana.

Zonas Protegidas

Las zonas bajo regímenes especiales y par­ques nacionales registraron agresiones por parte,tanto de usuarios ilegales, como por decisionesde autoridades del gobierno.

En el Edo. Amazonas, además de la mineríailegal en zonas como el Parque Nacional CerroYapacana, y la extracción de recursos de la bio­diversidad, los tepuyes y otras zonas naturalesestán afectadas por el otorgamiento de permisospara excursiones turísticas a empresas y particu­lares con escasa preparación y recursos técnicospara su desplazamiento en el territorio amazo­nense. Estos permisos fueron otorgados directa­mente por el gobernador del estado, en abiertacontradicción con las disposiciones de la autori­dad ambiental de área.

La ocupación ilegal del Cayo Crasqui en elParque Nacional Archipiélago Los Roques, porparte de la empresa "Camping Crasquí CA",mediante concesión otorgada por el InstitutoNacional de Parques Clnparques) fue denuncia­da ante la Dirección de Defensa del Ciudadano,la Sociedad y el Ambiente de la FGR y la Fiscalíala. de Defensa Ambiental, que constató que eneste Parque Nacional existe "abandono, anar­quía y administración deficiente de recursos deelectricidad, agua y recolección y disposición debasura en la Isla del Gran Roque. En el CayoFrancisquí del Medio se verificó la existencia deun campamento turístico asentado dentro del

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

área del manglar con instalaciones para aloja­miento permanente y pozos sépticos a menos de25 metros- de orilla de la playa,,285.La fiscal 2°adelantó gestiones ante la CSJ, con la finalidadde estudiar la concesión turística en Cayo Cras­quí, a fin de determinar si procede la nulidad dela misma.

En el Edo. Bolívar el Ministerio de Energía yMinas CMEM)otorgó concesiones mineras en elMonumento Natural y patrimonio de la Huma­nidad Tepuy Waikinima. Las consecuencias ydaños ecológicos de esta explotación de ilmenitade aluvión, fueron denunciadas ante la prensanacional y la fiscalía la de Defensa Ambiental delMinisterio Público. La fiscalía Za. de Defensa

Ambiental abrió una averiguación penal "lf.?rpresunta ilicitud de la concesión otorgada" 86,proceso que cursa ante el Tribunal Superior deSalvaguarda del Patrimonio Público.

El MEM otorgó igualmente concesiones mi­neras para la explotación de oro y diamante en lazona protectora del Parque Nacional Canaima,ubicada en la margen izquierda del río Kukenan,otorgada por el Ministerio de Energía y Minas.La Sociedad Conservacionista de Guayana,quien hizo la denuncia a la opinión pública nacio­nal, insiste en que la concesión se realiza contráfico de influencias por parte de funcionariosdel MARNR en Caracas, cuya intervención porencima de la autoridad de área, constituye unaviolación del artículo 36 de la Ley Orgánica deAdministración Central.

La disposición de desechos sólidos por partede la municipalidad de Mucuchíes en el páramodel pico El Aguila CEdo.Mérida), está ocasionan­do una serie de efectos nocivos en este parque.Debido a las condiciones de baja temperatura, ladescomposición de los desechos es sumamentelenta, por lo que el efecto perturbador se multi­plica en el tiempo. Destaca también la ausenciade planes y programas continuos de educaciónambiental hacia los visitantes del Parque Nacio­nal Sierra Nevada, que permitan el disfrute desus bellezas, sin perjuicio de su exhuberante flo­ra, encabezada por el famoso frailejón.

285 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA: Informe Anual 1992. Caracas, pág. 203286 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, op. cit., pág. 204

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PROVEA Informe Anual octubre 1992-septiembre 1993

Sanidad ambiental en el medio urbano y rural

Graves problemas en cuanto a la disposiciónde basura (desechos sólidos yaguas servidas)registraron todas las ciudades de Venezuela. ElEstado venezolano no ha adoptado medidas al­ternativas como lo es un sistema de clasificación

y reciclaje de basura a nivel industrial y familiar.Se evidencia así la incapacidad técnica y la faltade voluntad política para resolver el problema dela basura tanto a nivel municipal, como a niveldel gobierno centraL

El manejo indiscriminado de fertilizantes,pesticidas y otros agrotóxicos se reflejó clara­mente en lo acontecido en la localidad de Esca-

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gtiey (Edo. Mérida), donde un camión de unaempresa distribuidora se volcó, derramándo to­do su contenido de pesticidas cerro abajo. Elaccidente dio origen a casos de intoxicación dehabitantes inmediatos a la zona del accidente, sinque finalmente se establecieran las responsabili­dades por el hecho. La actuación de las autorida­des en la investigación de los hechos fue cuestio­nada por la comunidad afectada, quien realizóprotestas en la vía pública en demanda de solu­ciones y aclaraciones de lo sucedido. El caso seencuentra en fase de investigación por parte detribunales de Mérida.