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LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
2ª EDICIÓN 2018
COLEX 2018
Copyright © 2018
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y sigs. del Código Penal) El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) garantiza el respeto de los citados derechos.
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Dep. Legal: C 1409-2018
Imprime: Fragma Reprografía S.L. Tlf: 91 355 56 23
5
LEYENDA ICONOS
Texto modificado Texto nuevo
ABREVIATURAS
ART. Artículo
CC Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889)
C de c Código de Comercio (Real Decreto de 22 de Agosto de 1885)
D Decreto
DA / D.A. Disposición Adicional
DDT / D.DT. Disposición Derogatoria
DF / D.F. Disposición Final
DT / D.T. Disposición Transitoria
L Ley
LECiv Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
LO Ley Orgánica
LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985, de 1 de julio)
O Orden
RD Real Decreto
RDL Real Decreto Ley
RDLeg Real Decreto Legislativo
Sigs. / ss. Siguientes
7
SUMARIO
LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
PREÁMBULO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13
TÍTULO PRELIMINAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TÍTULO I. De las normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
CAPÍTULO I. Normas de Derecho internacional privado . . . . . . . . . . . 28CAPÍTULO II. Normas de tramitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TÍTULO II. De los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
CAPÍTULO I. De la autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
CAPÍTULO II. De la habilitación para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor judicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
CAPÍTULO III. De la adopción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37CAPÍTULO IV. De la tutela, la curatela y la guarda de hecho. . . . . . . . 40
SECCIÓN 1ª. Disposición común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40SECCIÓN 2ª. De la tutela y la curatela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41SECCIÓN 3ª. De la guarda de hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
CAPÍTULO V. De la concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
CAPÍTULO VI. De la protección del patrimonio de las personas con discapacidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
CAPÍTULO VII. Del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente . . . 47
CAPÍTULO VIII. De la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
CAPÍTULO IX. De la declaración de ausencia y fallecimiento . . . . . . . 50CAPÍTULO X. De la extracción de órganos de donantes vivos . . . . . . 53
8
SUMARIO
TÍTULO III. De los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
CAPÍTULO I. De la dispensa del impedimento matrimonial. . . . . . . . . 55CAPÍTULO II. De la intervención judicial en relación con la patria potestad 56
SECCIÓN 1ª. Disposición común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56SECCIÓN 2ª. De la intervención judicial en los casos de desacuerdo
en el ejercicio de la patria potestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56SECCIÓN 3ª. De las medidas de protección relativas al ejercicio
inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
CAPÍTULO III. De la intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales . . . . . . . . . 58
TÍTULO IV. De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al Derecho sucesorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
CAPÍTULO I. Del albaceazgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59CAPÍTULO II. De los contadores-partidores dativos . . . . . . . . . . . . . . 59CAPÍTULO III. De la aceptación y repudiación de la herencia . . . . . . . 60
TÍTULO V. De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al Derecho de obligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
CAPÍTULO I. De la fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
CAPÍTULO II. De la consignación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
TÍTULO VI. De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a los derechos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
CAPÍTULO I. De la autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo . . . . . . . . . . . . . 63
CAPÍTULO II. Del expediente de deslinde de fincas no inscritas . . . . . 64
TÍTULO VII. De los expedientes de subastas voluntarias . . . . . . . . . 65
TÍTULO VIII. De los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
CAPÍTULO I. De la exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
CAPÍTULO II. De la convocatoria de juntas generales . . . . . . . . . . . . . 69CAPÍTULO III. Del nombramiento y revocación de liquidador, auditor o
interventor de una entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70CAPÍTULO IV. De la reducción de capital social y de la amortización o
enajenación de las participaciones o acciones . . . . . . . . . . . . . . . . 70CAPÍTULO V. De la disolución judicial de sociedades . . . . . . . . . . . . . 71
9
SUMARIO
CAPÍTULO VI. De la convocatoria de la asamblea general de obligaciones 71CAPÍTULO VII. Del robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o
representación de partes de socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72CAPÍTULO VIII. Del nombramiento de perito en los contratos de seguro 74
TÍTULO VI. De la conciliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
DISPOSICIONES ADICIONALES � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78
DISPOSICIONES TRANSITORIAS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80
DISPOSICIONES DEROGATORIAS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 83
DISPOSICIONES FINALES � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84
ÍNDICE ANALÍTICO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 151
LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
13
LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
-BOE nº 158, de 3 de julio de 2015-
FELIPE VIREY DE ESPAÑAA todos los que la presente vieren y entendieren.Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar
la siguiente Ley.
PREÁMBULO
I
La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una Ley de la Jurisdicción Voluntaria forma parte del proceso general de modernización del sistema positivo de tutela del Derecho privado iniciado hace ahora más de una década. La disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, encomendaba al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, una previsión legal vinculada con la construcción de un sistema procesal avanzado y homologable al existente en otros países.
Con la Ley de la Jurisdicción Voluntaria se da una mayor coherencia sistemática y racionalidad a nuestro ordenamiento jurídico procesal. En efecto, el lugar central de la Ley de Enjuiciamiento Civil en nuestro sistema de justicia, como norma encargada de la ordenación completa del proceso civil y de dar plenitud al sistema procesal en su conjunto, es difícilmente compatible con el mantenimiento en su articulado de algunas materias que merecían un tratamiento legal diferenciado, por mucho que su conocimiento correspondiera a los tribunales civiles.
Entre esas materias se encuentra, de forma pacíficamente aceptada, la jurisdicción voluntaria. Su regulación dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ha ocurrido en España desde 1855, era fruto más bien de la vocación recopiladora de nuestro Derecho histórico que el resultado de la aplicación al ámbito jurídico-procesal de determinadas categorías conceptuales. Por esa razón ahora se opta, al igual que en la mayoría de las naciones de nuestro entorno, por separar la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, manteniéndose entre ellas las relaciones naturales de especialidad y subsidiariedad que se producen entre normas dentro de cualquier sistema jurídico complejo.
Su regulación en una ley independiente supone, al mismo tiempo, el reconocimiento de la autonomía conceptual de la jurisdicción voluntaria dentro del conjunto de actividades jurídico-públicas legalmente atribuidas a los tribunales de justicia.
14
PREÁMBULO
II
La Ley de la Jurisdicción Voluntaria no se justifica sólo como un elemento más dentro de un plan de racionalización de nuestro ordenamiento procesal civil. Tampoco como un simple cauce de homologación legislativa con otras naciones. La Ley de la Jurisdicción Voluntaria debe ser destacada, además, como contribución singular a la modernización de un sector de nuestro Derecho que no ha merecido tan detenida atención por el legislador o los autores como otros ámbitos de la actividad judicial, pero en el que están en juego intereses de gran relevancia dentro de la esfera personal y patrimonial de las personas.
Esta Ley es, en otras palabras, la respuesta a la necesidad de una nueva ordenación legal, adecuada, razonable y realista de la jurisdicción voluntaria. En la normativa anterior no era difícil advertir la huella del tiempo, con defectos de regulación y normas obsoletas o sin el adecuado rigor técnico. Las reformas parciales experimentadas en este tiempo no evitaron la pervivencia de disposiciones poco armónicas con instituciones orgánicas y procesales vigentes más modernas, lo que constituyó un obstáculo para alcanzar la eficacia que se espera de todo instrumento legal que debe servir como cauce de intermediación entre el ciudadano y los poderes públicos.
La Ley de la Jurisdicción Voluntaria aprovecha la experiencia de los operadores jurídicos y la doctrina emanada de los tribunales y de los autores para ofrecer al ciudadano medios efectivos y sencillos, que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma pronta y con respeto de todos los derechos e intereses implicados.
III
El interés del ciudadano ocupa un lugar central entre los objetivos de esta Ley. A lo largo de su articulado se establecen instrumentos sencillos, efectivos y adecuados a la realidad social a la que se aplican, en el caso de que requieran la intervención de los tribunales de justicia a través de cualquiera de los actos de jurisdicción voluntaria.
Este solo argumento justificaría la procedencia de cualquier reforma legal que afecte a la Justicia y a sus órganos, pues la actividad de estos, como toda labor pública en la que esté en juego la existencia o efectividad de derechos subjetivos, debe ser apta para lograr el efecto que se desea por medios que no generen insatisfacción o frustración entre los interesados. De ahí que la Ley de la Jurisdicción Voluntaria facilite a los ciudadanos una regulación legal sistemática, ordenada y completa de los diferentes expedientes que se contienen en ella, actualizando y simplificando las normas relativas a su tramitación, tratando de optar por el cauce menos costoso y más rápido, desde el respeto máximo de las garantías y de la seguridad jurídica, y tomando especial cuidado en la ordenación adecuada de sus actos e instituciones.
Se trata, de este modo, de regular los expedientes de jurisdicción voluntaria de manera que el ciudadano se vea amparado con el grado de efectividad que demanda una sociedad cada vez más consciente de sus derechos y cada vez más exigente con sus órganos públicos. En ocasiones, el objetivo anterior se consigue con una mera puesta al día de las actuaciones que componen un determinado expediente. En otras, dicho objetivo se busca desde la simplificación, conjunción y armonización de sus preceptos con otros integrados en normas procesales o sustantivas. En especial, se toma
15
PREÁMBULO
particular cuidado en adaptar la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria a los principios, preceptos y normas generales contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tratándose de soslayar con ello problemas de interpretación y dándose respuesta a algunas lagunas legales y aporías.
Esta Ley se ha elaborado al mismo tiempo que otras reformas, afectando a las mismas normas, como las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, que darán una nueva regulación, entre otras cuestiones, al acogimiento y adopción de menores. Ello obliga a coordinar el contenido de estas leyes.
También se busca la adaptación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, la cual afecta a la nueva terminología, en la que se abandona el empleo de los términos de incapaz o incapacitación, y se sustituyen por la referencia a las personas cuya capacidad está modificada judicialmente.
IV
Al operar como cauce de actuación y de efectividad de determinados derechos regulados en el Código Civil, en el Código de Comercio y en la legislación especial de Derecho privado, no es difícil deducir el carácter adjetivo o auxiliar de la jurisdicción voluntaria, si bien con diferencias sustanciales con respecto a la jurisdicción, en sentido propio.
La jurisdicción voluntaria se vincula con la existencia de supuestos en que se justifica el establecimiento de limitaciones a la autonomía de la voluntad en el ámbito del Derecho privado, que impiden obtener un determinado efecto jurídico cuando la trascendencia de la materia afectada, la naturaleza del interés en juego o su incidencia en el estatuto de los interesados o afectados, así lo justifiquen. O también, con la imposibilidad de contar con el concurso de las voluntades individuales precisas para constituir o dar eficacia a un determinado derecho.
La virtualidad de tales efectos requiere la actuación del Juez, en atención a la autoridad que el titular de la potestad jurisdiccional merece como intérprete definitivo de la ley, imparcial, independiente y esencialmente desinteresado en los asuntos que ante ella se dilucidan. Circunstancia que los hace especialmente aptos para una labor en la que está en juego la esfera de los derechos de los sujetos.
No obstante, resulta constitucionalmente admisible que, en virtud de razones de oportunidad política o de utilidad práctica, la ley encomiende a otros órganos públicos, diferentes de los órganos jurisdiccionales, la tutela de determinados derechos que hasta el momento actual estaban incardinados en la esfera de la jurisdicción voluntaria y que no afectan directamente a derechos fundamentales o suponen afectación de intereses de menores o personas que deben ser especialmente protegidas, y así se ha hecho en la presente Ley.
V
Precisamente sobre la base de la experiencia aplicativa de nuestro sistema de jurisdicción voluntaria, y desde la ponderación de la realidad de nuestra sociedad y de los diferentes instrumentos en ella existentes para la actuación de los derechos, no es nuevo el debate sobre si sería pertinente mantener en
59
Art. 92TÍTULO IV — CAPÍTULO II
TÍTULO IVDe los expedientes de jurisdicción voluntaria
relativos al Derecho sucesorioVer arts. 657 y ss. CC y 55-68 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862
(expedientes notariales en materia de sucesiones)
CAPÍTULO IDel albaceazgo
Ver arts. 892 a 911 CC
ART. 91. Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación.1. En los casos en los que con arreglo a la legislación civil resulte necesario,
será de aplicación lo previsto en este capítulo:1.º Para los casos de renuncia del albacea a su cargo o de prórroga del
plazo del albaceazgo.2.º Para la remoción de su cargo.3.º Para la rendición de cuentas del albacea.4.º Para la obtención de autorización para que el albacea pueda efectuar
actos de disposición sobre bienes de la herencia.2. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención
de Abogado ni Procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros.
3. Será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación se ajustará a las normas comunes de esta Ley, el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. En defecto de todos ellos, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del solicitante.
4. La decisión de estos expedientes corresponderá al Juez, salvo la resolución de los supuestos previstos en el número 1.º del apartado 1 de este artículo, que corresponderá al Secretario judicial.
Apdo. 2: Ver art. 3.2 de esta ley.
CAPÍTULO IIDe los contadores-partidores dativos
ART. 92. Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación.1. Será de aplicación lo previsto en este capítulo:a) Para la designación del contador partidor dativo en los casos previstos
en el artículo 1057 del Código Civil.b) Para los casos de renuncia del contador-partidor nombrado o de prórroga
del plazo fijado para la realización de su encargo.c) Para la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor
cuando resulte necesario por no haber sido confirmada expresamente por todos los herederos y legatarios.
2. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros.
60
Art. 93 TÍTULO IV — CAPÍTULO III
3. La tramitación y decisión de estos expedientes, que se ajustará a las normas comunes de esta Ley y a lo dispuesto en el Código Civil, corresponderá al Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. En defecto de todos ellos, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del solicitante.
Apdo. 2: Ver art. 3.2 de esta ley.
CAPÍTULO IIIDe la aceptación y repudiación de la herencia
Ver arts. 988 a 1009 CC
ART. 93. Ámbito de aplicación.1. Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en todos los casos en
que, conforme a la ley, la validez de la aceptación o repudiación de la herencia necesite autorización o aprobación judicial.
2. En todo caso, precisarán autorización judicial:a) Los progenitores que ejerzan la patria potestad para repudiar la herencia
o legados en nombre de sus hijos menores de 16 años, o si aun siendo mayores de esa edad, sin llegar a la mayoría, no prestaren su consentimiento.
b) Los tutores, y en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o legado o para repudiar los mismos.
c) Los acreedores del heredero que hubiere repudiado la herencia a la que hubiere sido llamado en perjuicio de aquellos, para aceptar la herencia en su nombre.
3. Asimismo, será necesaria la aprobación judicial para la eficacia de la repudiación de la herencia realizada por los legítimos representantes de las asociaciones, corporaciones y fundaciones capaces de adquirir.
ART. 94. Competencia, legitimación y postulación.1. Será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación
se ajustará a las normas comunes de esta Ley, el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o, en su defecto, de la última residencia del causante y, si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del solicitante.
2. Podrán promover este expediente quienes ostenten la representación de los llamados a la herencia, ellos mismos representados por el Ministerio Fiscal si fueran menores o tuvieren la capacidad modificada judicialmente, su defensor judicial si no se le hubiera dado la autorización en el nombramiento y los acreedores del heredero que hubiera repudiado la herencia.
3. Será necesaria la intervención del Ministerio Fiscal en los casos establecidos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 93.
4. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros.
Apdo. 4: Ver art. 3.2 de esta ley.
61
Art. 98TÍTULO V — CAPÍTULO II
ART. 95. Resolución.1. El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida y valorando
su conveniencia a los intereses de los llamados a la herencia, resolverá concediendo o denegando la autorización o aprobación solicitada.
2. En el caso de haberse solicitado autorización o aprobación para aceptar sin beneficio de inventario o repudiar la herencia, si no fuera concedida por el Juez, sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario.
3. La resolución será recurrible en apelación con efectos suspensivos.
TÍTULO VDe los expedientes de jurisdicción voluntaria
relativos al Derecho de obligacionesVer arts. 1088 y ss. CC; arts. 69 a 71 Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862
CAPÍTULO IDe la fijación del plazo para el cumplimiento
de las obligaciones cuando proceda
ART. 96. Ámbito de aplicación.Cuando, conforme al artículo 1128 del Código Civil o cualquier otra
disposición legal, proceda que se señale judicialmente el plazo para el cumplimiento de una obligación a instancia de alguno de los sujetos de la misma, se seguirán las normas comunes de la presente Ley.
ART. 97. Competencia y postulación.1. La tramitación y resolución del presente expediente corresponderá al
Juez de Primera Instancia del domicilio del deudor. Si la relación trabada fuera entre un consumidor o usuario y un empresario o profesional y éste fuera el deudor de la prestación, la competencia podrá corresponder también al Juez de Primera Instancia del domicilio del acreedor, a elección de éste.
2. Para la actuación en este expediente no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador.
3. Si se suscitare oposición, el expediente se hará contencioso y el Secretario judicial citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
Apdo. 2: Ver art. 3.2 de esta ley.
CAPÍTULO IIDe la consignación
ART. 98. Ámbito de aplicación, competencia y postulación.1. Se aplicará lo dispuesto en este Capítulo en los casos en que, procediendo
la consignación conforme a la ley, se realice ante el órgano judicial.2. Será competente el Juzgado de Primera Instancia correspondiente al
lugar donde deba cumplirse la obligación y, si pudiera cumplirse en distintos lugares, cualquiera de ellos a elección del solicitante. En su defecto, será competente el que corresponda al domicilio del deudor.
3. Para la actuación en el presente expediente no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador.
Apdo. 3: Ver art. 3.2 de esta ley.
62
Art. 99 TÍTULO V — CAPÍTULO II
ART. 99. Tramitación.1. El que promueva la consignación judicial expresará en su solicitud los
datos y circunstancias de identificación de los interesados en la obligación a que se refiera la consignación, el domicilio o los domicilios en que puedan ser citados, así como las razones de esta, todo lo relativo al objeto de la consignación, su puesta a disposición del órgano judicial y, en su caso, lo que se solicite en cuanto a su depósito.
Asimismo, deberá acreditar haber efectuado el ofrecimiento de pago, si procediera, y en todo caso el anuncio de la consignación al acreedor y demás interesados en la obligación.
Con la solicitud se habrá de efectuar la puesta a disposición de la cosa debida, sin perjuicio de que posteriormente pueda designarse como depositario al propio promotor.
2. Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios, el Secretario judicial dictará decreto que así lo declare y mandará devolver al promotor lo consignado.
En caso contrario, admitida la solicitud por el Secretario judicial, éste notificará a los interesados la existencia de la consignación, a los efectos de que en el plazo de diez días retiren la cosa debida o realicen las alegaciones que consideren oportunas. Igualmente adoptará las medidas oportunas en cuanto al depósito de la cosa debida.
3. Cuando los interesados comparecidos retirasen la cosa debida aceptando expresamente la consignación, el Secretario judicial dictará decreto teniéndola por aceptada, con los efectos legales procedentes, mandando cancelar la obligación y, en su caso, la garantía, si así lo solicitara el promotor.
4. Si transcurrido el plazo no procedieran a retirar la cosa debida, no realizaran ninguna alegación o rechazaran la consignación, se dará traslado al promotor para que inste, en el plazo de cinco días, la devolución de lo consignado o el mantenimiento de la consignación.
En el caso de que el promotor solicitara la devolución de lo consignado, se dará traslado de la petición al acreedor por cinco días, y si le autorizara a retirarlo, el Secretario judicial dictará decreto acordando el archivo del expediente y el acreedor perderá toda preferencia que tuviere sobre la cosa y los copromotores y fiadores quedarán libres. Si la cosa fuera retirada por la exclusiva voluntad del promotor, el archivo del expediente dejará subsistente la obligación.
Cuando el promotor instara el mantenimiento de la consignación, el Secretario judicial citará al promotor, al acreedor y a aquellos que pudieran estar interesados a una comparecencia a celebrar ante el Juez, en la que serán oídos y se practicarán aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas.
5. El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida, la obligación y la concurrencia en la consignación de los requisitos que correspondan, resolverá declarando o no estar bien hecha la misma.
Si la resolución tuviere por bien hecha la consignación, ésta producirá los efectos legales procedentes, se entregará al acreedor la cosa consignada y se mandará cancelar la obligación si el promotor lo solicitare. En caso contrario, la obligación subsistirá y se devolverá al promotor lo consignado.
6. Los gastos ocasionados por la consignación serán de cuenta del acreedor si fuera aceptada o se declarase estar bien hecha. Esos gastos serán de cuenta del promotor si fuera declarada improcedente o retirase la cosa consignada.
63
Art. 103TÍTULO VI — CAPÍTULO I
TÍTULO VIDe los expedientes de jurisdicción voluntaria
relativos a los derechos reales
CAPÍTULO IDe la autorización judicial al usufructuario
para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructoVer arts. 467 a 522 CC
ART. 100. Ámbito de aplicación.Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en los supuestos en los que
el usufructuario pretenda reclamar y cobrar por sí los créditos vencidos que formen parte del usufructo, cuando esté dispensado de prestar fianza o no hubiese podido constituirla, o la constituida no fuese suficiente y no cuente con la autorización del propietario para hacerlo, así como para poner a interés el capital obtenido con dicha reclamación si no contara con el acuerdo del propietario.
ART. 101. Competencia y postulación.1. Será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación
se ajustará a las normas comunes de la presente Ley, el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o en su defecto, de la última residencia del solicitante.
2. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.
Apdo. 2: Ver art. 3.2 de esta ley.
ART. 102. Solicitud.El expediente se iniciará mediante solicitud del usufructuario, a la que se
acompañarán los documentos o medios de prueba que acrediten su derecho, la existencia del crédito vencido que se pretenda reclamar o, en su caso, el importe cobrado al realizar el mismo y que pretenda poner a interés y la falta de la autorización del propietario. En el supuesto de que solicitara la autorización para poner a interés el capital obtenido tras cobrar el crédito vencido, deberá ofrecer garantías suficientes para conservar su integridad.
ART. 103. Tramitación y resolución.1. Admitida a trámite por el Secretario judicial la solicitud, convocará a
la comparecencia al promotor, al propietario y a aquellos que pudieran estar interesados en el cobro del crédito, quienes serán oídos por este orden. Posteriormente, se practicarán aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas.
2. El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida y valorando la conveniencia del cobro del crédito que forma parte del usufructo o de la inversión del capital obtenido, resolverá concediendo o denegando la autorización solicitada.
Si la autorización otorgada fuera para cobrar un crédito vencido que forme parte del usufructo, deberá establecerse la obligación del usufructuario de informar periódicamente, dentro de los plazos otorgados, al Tribunal sobre las gestiones realizadas, así como del resultado final.
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Art. 104 TÍTULO VI — CAPÍTULO II
Pero si la autorización lo fuera para poner a interés el capital obtenido por el cobro de ese crédito, la resolución deberá contener las garantías a establecer por el usufructuario para conservar la integridad del capital.
CAPÍTULO IIDel expediente de deslinde de fincas no inscritas
Ver arts. 384 a 387 CC
ART. 104. Ámbito de aplicación.Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo cuando se pretenda
obtener el deslinde de fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad. Tratándose de fincas inscritas, se aplicará lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
Tampoco resultarán de aplicación a los inmuebles cuya titularidad corresponda a las Administraciones Públicas, cuyo deslinde se practicará conforme a su legislación específica.
ART. 105. Competencia, legitimación y postulación.1. Será competente para el conocimiento de este expediente el Secretario
judicial del Juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde estuviera situada la finca o la mayor parte de ella.
2. Se iniciará el expediente a instancia del titular del dominio de la finca o, de ser varios, de cualquiera de ellos, o del titular de cualquier derecho real de uso y disfrute sobre la misma.
3. En la tramitación del presente expediente será preceptiva la intervención de Abogado si el valor de la finca fuera superior a 6.000 euros.
Apdo. 3: Ver art. 3.2 de esta ley.
ART. 106. Solicitud y tramitación.1. El expediente se iniciará mediante escrito en el que se harán constar
las circunstancias tanto de la finca que se pretende deslindar como las colindantes, así como los datos identificativos de los titulares de una y otras, incluidos los catastrales, con su domicilio si fuera conocido por el solicitante. Cuando el deslinde solicitado no se refiriera a la totalidad del perímetro de la finca, se determinará la parte a que haya de contraerse. Respecto de las fincas colindantes que aparezcan inscritas en el Registro de la Propiedad, deberá aportarse igualmente certificación registral.
El solicitante del deslinde deberá aportar, en todo caso, la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca objeto del deslinde y de las colindantes, así como los documentos o justificantes que sirvan de fundamento a su pretensión. Además, en caso de que el promotor manifieste que la representación gráfica catastral no coincide con la del deslinde solicitado, deberá aportar representación gráfica georreferenciada del mismo. En todo caso, la representación gráfica alternativa habrá de respetar el resto de la delimitación de las fincas afectadas que resulten de la cartografía catastral en lo no afectado por el deslinde. Dicha representación gráfica deberá estar debidamente georreferenciada y suscrita por técnico competente, de modo que permita su incorporación al Catastro una vez practicado el deslinde.
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TÍTULO VII Art. 109
2. El Secretario judicial, admitida la solicitud, comunicará el inicio del expediente a todos los interesados, quienes, en el plazo de quince días, podrán hacer las alegaciones y presentar las pruebas que estimen procedentes. Transcurrido el plazo, el Secretario judicial dará traslado a dichos interesados de toda la documentación aportada y les citará al acto de deslinde a celebrar en el plazo de treinta días para buscar la avenencia entre ellos.
No se suspenderá la práctica del deslinde por la falta de asistencia de alguno de los dueños colindantes, quedando a salvo su derecho para demandar, en el juicio declarativo que corresponda, la posesión o propiedad de las que se creyese despojado en virtud del deslinde. De la misma forma, si antes de la comparecencia, el dueño de alguna de las fincas colindantes se opusiera al deslinde, archivará el expediente en relación a la parte de la finca lindante con la del opositor, reservando a las partes su derecho para que lo ejerciten en el juicio declarativo que corresponda, y continuará con el resto.
ART. 107. Resolución.1. De lograrse el acuerdo, entre todos los interesados o parte de ellos, el
Secretario judicial hará constar en un acta todo cuanto acuerden y que el acto terminó con avenencia total o parcial respecto de alguno o algunos de los linderos, así como los términos de la misma, debiendo ser firmada por los comparecientes. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin avenencia.
2. Finalizado el acto, el Secretario judicial dictará decreto haciendo constar la avenencia, o que fue parcial respecto de alguno o algunos de los linderos, o que se celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones. Al decreto se incorporará el acta y, en todo caso, la certificación catastral descriptiva y gráfica y, en el supuesto de discordancia con esta, la representación gráfica alternativa aportada.
3. El Secretario judicial remitirá testimonio del acta y del decreto al Catastro a los efectos de que puedan realizarse por este, en su caso, las alteraciones catastrales que correspondan, según su normativa reguladora.
TÍTULO VIIDe los expedientes de subastas voluntarias
Ver arts. 72 a 77 Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862
ART. 108. Ámbito de aplicación.Se aplicarán las disposiciones de este título siempre que deba procederse,
fuera de un procedimiento de apremio, a la enajenación en subasta de bienes o derechos determinados, a instancia del propio interesado.
ART. 109. Competencia y postulación.1. Será competente el Juzgado de Primera Instancia que corresponda al
domicilio del titular, y si fueran varios titulares, el correspondiente a cualquiera de ellos. Tratándose de bienes inmuebles será competente el del lugar donde éstos radiquen.
2. Para la actuación en este expediente no será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.
Apdo. 2: Ver art. 3.2 de esta ley.
