Mesa: Lucha de clases en los 70

El agro frente a la crisis orgnica argentina, 1966-1976

Resumen de la Tesis Doctoral en Historia La burguesa agraria entre Ongana y

el golpe militar de 1976. La Sociedad Rural Argentina, la CARBAP y la

Federacin Agraria Argentina ante la crisis orgnica argentina

Gonzalo Sanz Cerbino

(IEALC-CONICET)

camilogx@yahoo.com

Introduccin

Este trabajo constituye un resumen de nuestra Tesis Doctoral en Historia, que lleva por

ttulo La burguesa agraria entre Ongana y el golpe militar de 1976. La Sociedad Rural

Argentina, la CARBAP y la Federacin Agraria Argentina ante la crisis orgnica

argentina, y fue defendida satisfactoriamente en diciembre de 2012. Nuestra tesis se

plante como objetivo la reconstruccin de la intervencin poltica de la burguesa

terrateniente pampeana en un contexto particular, en el que se puso en juego la

continuidad de las relaciones de produccin capitalistas en la Argentina. Entre 1966 y

1976, se asisti al desarrollo de una crisis orgnica y a la emergencia de un proceso

revolucionario, que se cerr con un golpe de estado de caractersticas altamente

represivas, sin llegar a plantearse una situacin revolucionaria.1 Postulando alternativas

1La lucha de clases y el enfrentamiento entre fuerzas sociales suelen agudizarse en momentos de crisis

econmica, social y poltica. El punto de partida suele ser la contraccin de las variables econmicas, que

segn su intensidad suele disparar conflictos sociales. Cuando la crisis econmica se sostiene en el

tiempo, apareciendo factores polticos que impiden descargar sus costos sobre algn sector, destrabando

el funcionamiento de la economa, estamos frente a una crisis de acumulacin. A su vez, la crisis en la

esfera econmica suele ir acompaada por distintos niveles de crisis poltica. En primer lugar, la crisis de

contrapuestas para sortear la crisis, durante el perodo presenciamos la disputa entre dos

programas de origen burgus, que encarnaron en dos fuerzas sociales o alianzas:

reformista y reaccionaria. A partir de 1969, observamos la aparicin de una tercera

alianza, compuesta por fracciones minoritarias del proletariado y la pequea burguesa,

que terciaron en la disputa con una perspectiva propia e independiente de las propuestas

de la clase dominante.

En nuestra tesis, buscamos reconstruir la intervencin de la burguesa terrateniente en

este escenario turbulento, y su ubicacin en este mapa de alianzas. Sostuvimos, como

hiptesis, que no se produjo un alineamiento automtico y sin fisuras de las capas ms

dbiles de la burguesa pampeana con la alianza reformista, y de los ms poderosos

terratenientes con la alianza reaccionaria, como postula cierta bibliografa. Esperbamos

gobierno, que se expresa como inestabilidad poltica, operando como un desgaste del personal estatal (desde altos funcionarios hasta la cabeza del Ejecutivo) y se resuelve con su recambio. Un segundo nivel

es el de la crisis de rgimen, en donde el cuestionamiento social no recae sobre el personal poltico sino

tambin sobre la forma en que se organiza el poder. Un tercer nivel es el de la crisis de hegemona, que

implica la ruptura de los lazos polticos e ideolgicos que unen a las clases subalternas con las

dominantes. La hegemona es la forma especfica de dominacin social que se expresa a travs del

consenso de los dominados. Cuando las relaciones que permiten sostener el consenso comienzan a romperse, y afloran los cuestionamientos, tanto hacia la clase dominante como hacia el Estado en su rol

de rbitro, nos encontramos frente a una crisis de dominacin de la sociedad. El cuestionamiento, a este

nivel de crisis, no se expresa individual sino colectivamente, y a travs de acciones que dan cuenta de su

profundidad, abriendo un campo para el desarrollo de una intervencin poltica independiente de los

explotados. La conjuncin de una crisis hegemnica y una crisis de acumulacin ponen sobre la mesa el

agotamiento de la reproduccin social. La situacin llega a un punto en el que la continuidad de las

relaciones sociales solo podr obtenerse sobre la base de profundos sacrificios, y la transformacin de las

bases de la sociedad capitalista se encuentra objetivamente planteada. A esta situacin denominamos

crisis orgnica.

Estas circunstancias son excepcionalmente propicias para la aparicin de una disputa por el poder social

que exceda los marcos de las relaciones capitalistas. Es decir, para el surgimiento de una fuerza social que

se plantee el objetivo de transformar las bases de la sociedad. Si eso ocurre, nos encontramos ante la

apertura de un proceso revolucionario, que es necesario distinguir de la situacin revolucionaria, que remite a un momento definitorio de la lucha de clases en que se encuentra planteada directamente la toma

del poder.

La apertura de un proceso revolucionario no implica que la disolucin de la sociedad capitalista se

encuentre a la vuelta de la esquina, y ni siquiera demanda la existencia de una organizacin capaz de

llevar a cabo esta tarea. El concepto remite a la conjugacin de una serie de elementos estructurales y

superestructurales que hacen posible el desarrollo de tal alternativa. Implica la apertura de una etapa en la

que se pone en juego la disputa por el poder social, y la intervencin de una fuerza social que se plantea

(an en forma embrionaria y difusa) la transformacin de las relaciones sociales. El inicio del proceso

est marcado por tres elementos: una crisis orgnica (crisis de hegemona ms crisis de acumulacin); la

exacerbacin de las disputas interburguesas, por la incapacidad de sus fracciones para imponer una salida;

y la constitucin de una fuerza social revolucionaria. Esto ltimo supone que fracciones y capas de las

clases dominadas comienzan a desarrollar formas de accin que superan las mediaciones institucionales y

tienden a comportarse con independencia poltica de la burguesa, enfrentndose a las alianzas por ella

dirigidas y al Estado, disputando el poder social. La accin de las masas en esta etapa contrasta

visiblemente con las pocas de normalidad burguesa, en las que domina en ellas una conciencia reformista. Sobre el tema ver: Lenin, Vladimir: La bancarrota de la II Internacional, Obras completas, Tomo XXI, Cartago, Buenos Aires., 1960 y Portantiero, Juan Carlos: Clases dominantes y crisis poltica en la Argentina, en Braun, Oscar: El capitalismo argentino en crisis, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973. Ambos hablan de situacin revolucionaria y crisis revolucionaria, que nosotros trocamos por proceso revolucionario y situacin revolucionaria que nos parecen ms adecuados.

encontrarnos con un proceso ms complejo, en el que determinaciones de distinta

naturaleza operaran trastocando este esquema. A su vez, partimos de la hiptesis de que

las transformaciones ocurridas en la estructura social en el agro hacia las dcadas de

1960 y 1970 operaron sentando las bases para una confluencia de las diferentes capas de

esta fraccin de la clase dominante. Los cambios en el sistema de arrendamientos y el

reajuste en la escala productiva generaron tendencias a la homogenizacin de la

burguesa rural, que deban manifestarse en su intervencin poltica. Por lo tanto,

esperbamos encontrar tendencias a la integracin de todas las capas de la burguesa

pampeana, chicas y grandes, en un Bloque Agropecuario.

Para avanzar en una investigacin que nos permitiera demostrar estas hiptesis,

tomamos como observables a las corporaciones agropecuarias. En la primera mitad del

siglo XX, estas organizaciones expresaban los intereses de capas diferenciadas, y

enfrentadas entre s, de la burguesa agropecuaria pampeana. En primer lugar, la

Sociedad Rural Argentina (SRA), que nucleaba a la gran burguesa terrateniente,

fundamentalmente ganadera. En segundo lugar, Federacin Agraria Argentina (FAA),

expresin de las capas ms pequeas de la burguesa agraria no terrateniente, enfrentada

a los dueos de la tierra en ciertas coyunturas por la apropiacin de la renta. Por ltimo,

Confederacin de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que

nucleaba a las capas medias de la burguesa terrateniente ganadera, enfrentada a los

invernadores abroquelados en SRA. A su vez, debimos incorporar como observables a

CONINAGRO (Confederacin Intercooperativa Agropecuaria) y CRA

(Confederaciones Rurales Argentinas). La primera era la expresin de una pequea y

mediana burguesa (fundamentalmente) agrcola, unida en cooperativas para aumentar

su escala en el terreno de la comercializacin. La segunda, fruto de la alianza de los

ganaderos medios pampeanos (CARBAP) con la mediana burguesa terrateniente de

otras zonas del pas.

Esta representacin no se mantuvo invariable a lo largo del tiempo. En primer lugar, la

diferenciacin por tipo de produccin tendi a modificarse: quienes en principio

agrupaban a los ganaderos, se diversificaron hacia la agricultura y viceversa. Ciertos

cambios productivos tambin eliminaron las tradicionales diferencias entre la ganadera

de cra y la invernada. A su vez, por efecto de las transformaciones estructurales,

algunas de las diferencias de la primera mitad del siglo XX tendieron a superarse en la

segunda mitad. Una de las mutaciones ms significativas fue la prdida de importancia

del arrendamiento tradicional. Con l, fueron desapareciendo las capas de la

burguesa agropecuaria no terrateniente, con el acceso de ciertos sectores a la propiedad,

o la expulsin de la produccin de otros tantos. Hacia la dcada del 70, se haban

reducido en forma sustantiva las capas de la burguesa no propietaria, lo que afectaba la

representacin de las corporaciones. FAA, expresin tradicional de los pequeos

arrendatarios, haba pasado a representar mayoritariamente a una capa (la ms pequea)

de la burguesa terrateniente. Por otro lado, los reacomodos en la escala productiva, que

eliminaron a las capas ms chicas por efecto de la concentracin, y a las ms grandes,

por efecto de la agriculturizacin y la subdivisin de parcelas por la herencia,

tendieron a acortar la brecha que separaba a los ms chicos de los ms grandes. En el

caso de FAA, los productores all referenciados se encontraban ms cerca de los estratos

medios que agrupaba CARBAP. En el caso de SRA, suceda lo mismo pero a la inversa:

sus socios ya no eran tan grandes como antao, y tambin se encontraban ms cerca de

la burguesa media referenciada en CARBAP.

En sntesis, nos encontramos entonces con una burguesa agropecuaria ms homognea

que antao, y sus corporaciones daban cuenta de este fenmeno. Todas expresaban,

mayoritariamente, a alguna capa de la burguesa terrateniente. FAA a la ms pequea,

CARBAP a la mediana y SRA a la grande, aunque las diferencias de escala entre chicos

y grandes eran menores que a principio de siglo. Sin embargo, por efecto de prejuicios

construidos sobre la dinmica productiva en el agro, quienes han trabajado con estos

observables, magnificaron diferencias que eran cada vez menos significativas. As, se

construy una visin que separaba tajantemente a las corporaciones que expresaban a

los grandes terratenientes pampeanos, naturalmente reaccionarios y liberales (la

oligarqua), de las que expresaban a las capas ms dbiles. Estas ltimas, agrupadas

en FAA y CONINAGRO, estaran enfrentadas a los primeros, seran propensas a

alinearse con los gobiernos democrticos (contrastando con una oligarqua

genticamente golpista), y a expresar parcialmente intereses populares, confluyendo

con la clase obrera y con la burguesa industrial ms dbil. Creemos haber desterrado

definitivamente estos prejuicios mediante el anlisis histrico realizado en esta tesis. A

lo largo de la investigacin hemos analizado los posicionamientos pblicos ante los

principales sucesos de cada etapa y la accin poltica emprendida por cada una de las

corporaciones agropecuarias. Hemos analizado tambin cmo se ubicaron las diferentes

capas de la burguesa agropecuaria pampeana en el mapa de alianzas, y sus

alineamientos con regmenes polticos y gobiernos. Para ello recurrimos a un nutrido

corpus documental, que se asent fundamentalmente en los documentos de las propias

corporaciones: Memorias y Balances, publicaciones peridicas como Anales de la

Sociedad Rural Argentina o La Tierra (de FAA), documentos de trabajo, libros

editados, comunicados de prensa y testimonios vertidos a los medios de comunicacin.

Algunos de estos documentos, en particular los producidos por FAA y CONINAGRO,

haban recibido escasa atencin de los historiadores o cientistas sociales. Completamos

el anlisis de estas fuentes con un relevamiento sistemtico de la prensa peridica y

revistas de actualidad poltica de la poca, que nos permitieron a acceder a informacin

complementaria. A su vez, trabajamos con estadsticas econmicas y entrevistas a

informantes clave, que nos permitieron una reconstruccin acabada de cada uno de los

perodos abordados. De esta manera, creemos haber contribuido, en primer lugar, al

conocimiento sobre la naturaleza social y la intervencin poltica de nuestro objeto de

estudio: la burguesa agropecuaria pampeana. A su vez, la tesis echa luz sobre la

dinmica de los enfrentamientos sociales en el perodo 1966-1976. Permiti aportar al

conocimiento de las capas y fracciones de clase que dieron vida a las fuerzas sociales

enfrentadas en el perodo por imponer su solucin a la crisis orgnica, y tambin los

apoyos sociales de los distintos regmenes y gobiernos. Por ltimo, permiti reconstruir

los programas polticos que cada unas de estas alianzas esgrima y los enfrentamientos

internos en que cada una de ellas se debata. A continuacin, expondremos una sntesis

del trabajo realizado.

Las corporaciones agropecuarias entre dictadura y democracia (1966-1969)

Hacia mediados de los 60 una serie de conflictos enfrentaban a las diferentes capas de

la burguesa agropecuaria. En primer lugar, la segmentacin de la carga impositiva: los

ms chicos pretendan, mediante una serie de instrumentos como el impuesto a la renta

potencial, que los grandes tributaran proporcionalmente ms. En segundo lugar, la

cuestin de los contratos de arrendamientos, congelados desde principios de los 40.

Este ltimo problema se encontraba en el centro del debate desde el golpe del 55,

momento en el que comenz a discutirse la liberacin del mercado de arriendos, que,

segn cmo se la instrumentara, poda derivar en el acceso a la tierra o el desalojo

masivo de los arrendatarios. De estos conflictos se nutra una divisin que ubicaba, de

un lado, a la burguesa terrateniente de mayor tamao, representada por CARBAP y

SRA. Ambas integraron, junto a la Unin Industrial Argentina, la Cmara Argentina de

Comercio y la Bolsa de Comercio, un reagrupamiento de carcter anti-reformista,

denominado ACIEL (Accin Coordinadora de Entidades Empresarias Libres). Del otro

se ubicaba la burguesa agropecuaria pequea, propietaria y no propietaria, y el

cooperativismo, representadas por Federacin Agraria y CONINAGRO.

Sin embargo, en los meses previos al golpe del 66 tendieron a primar los acuerdos y las

coincidencias entre ambos bloques. Algunos elementos estructurales habilitaban la

confluencia: el acceso a la tierra de buena parte de los socios de FAA y el aumento de la

escala merced a la unin en cooperativas.2 Lo cierto es que la coyuntura encontr a la

Sociedad Rural y a Federacin Agraria actuando juntas. Uno de los reclamos en los

coincidieron fue la disminucin de la presin gubernamental sobre la renta agraria. Los

ruralistas, de conjunto, exigieron la disminucin de los impuestos sobre el sector y una

devaluacin de la moneda que restableciera sus ingresos. Consecuentemente, exigieron

un recorte en los gastos estatales, que se financiaban con las transferencias de renta, lo

que implicaba despidos en la administracin pblica, menor gasto social y menos

transferencias a la burguesa industrial que se traduciran cierres de plantas y aumento

del desempleo. Estas demandas, profundamente impopulares, no sorprenden en boca de

CARBAP o SRA, pero pocos saben que FAA comparta estas posiciones asociadas al

liberalismo. As lo expresaba una editorial de su peridico oficial a comienzos de

1966:

Se contina cargando al agro con el peso de presupuestos siderales para seguir manteniendo una

burocracia frondosa e inoperante, que se aferra a su permanencia en cargos oficiosos e intiles para la

comunidad y que aumenta en nmero cada vez que se aproxima una contienda electoral, sin percatarnos

del tremendo mal que le ocasionamos a la democracia.3

Pero no era esta la nica demanda con que FAA y sus aliados de la oligarqua

pretenda avanzar sobre los intereses de la clase obrera. El problema de los bajos

ingresos del sector rural fue relacionado tambin con la poltica laboral de Illia, que las

entidades rurales juzgaron populista y permisiva. Una serie de huelgas en el sur

santafesino a comienzos de 1966, que reconocan antecedentes en las cosechas de 1964

y 1965, pusieron de manifiesto la posicin anti-obrera de FAA y sus aliados. Ante la

aparicin de los primeros conflictos, el presidente de FAA se reuni con el gobernador

2Estos procesos han sido documentados por una profusa bibliografa, en la que se destaca Barsky,

Osvaldo y Alfredo Pucciarelli: Cambios en el tamao y en el rgimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas, en Barsky, Osvaldo (Ed.): El desarrollo agropecuario pampeano, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1991. 3La Tierra, 25/1/1966.

de Santa Fe para demandar una solucin al proceso de distorsin que se viene

advirtiendo en las relaciones laborales que [] se genera en las explotaciones

agropecuarias en oportunidad de las cosechas. Reclamaron de las autoridades locales

una actitud firme frente a los alzamientos que contra las disposiciones [oficiales] se

vienen sucediendo en los departamentos del sur de la provincia. Es decir, en un

reclamo que poco tena de popular, exigieron reprimir las huelgas de peones. En

respuesta, el gobernador se comprometi a hacer cumplir lo dispuesto, impidiendo la

actividad de perturbadores.4 FAA carg con fuerza contra los obreros rurales y sus

dirigentes sindicales, para finalizar demandando una respuesta represiva del Estado. No

se privaron de agitar el fantasma del comunismo, que estara detrs de las huelgas, ni de

denunciar la pasividad oficial, que permitira tales desbordes:

All, un falso sindicalismo obrero en el que escudan algunos conocidos extremistas de izquierda, al

servicio de intereses internacionales que pretenden subvertir el orden y la paz en el mundo, aprovechan la

pasividad asombrosa de las autoridades para, con sus pretensiones desmedidas y en el momento ms

propicio, repartir el resultado de una explotacin agraria entre quienes no tuvieron ninguna participacin

anterior y por ende no corrieron ningn riesgo [] As como suena: un grupo de malos obreros rurales

viene repartiendo un botn que no les pertenece, a vista y paciencia de las autoridades nacionales y

provinciales, pese a todas las denuncias que [] se han venido y se viene realizando []5

La nota continuaba con la descalificacin a la organizacin sindical, un puado de

agitadores profesionales que vivan a expensas de los mismos obreros o, a lo mejor,

pagados por algn comit internacional. Detrs de lo que se presentaba como

demandas legtimas, ocultaran sus oscuros designios de confundir y engendrar el caos,

para desencadenar el desorden institucional y as servir a sus amos forneos,

materialistas y ateos. A su vez, el reclamo sera desmedido: los peones exigiran

salarios abusivos y disparatados. Aunque era cierto que los salarios haban

comenzado a ascender con las huelgas, en 1964, no haban hecho ms que recuperar la

cada que experimentaron con el Plan de Estabilizacin implementado en 1958 por

Frondizi, de la mano de una fuerte represin. La posicin de FAA poco tena para

envidiar a la de SRA, que se expres en una nota remitida al Ministerio del Interior

demandando la intervencin de las fuerzas del orden para aplacar el conflicto:

4La Tierra, 4/3/1966.

5dem.

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E. solicitndole disponga con la mayor urgencia y energa la

intervencin de la fuerza pblica nacional, dependiente de ese Ministerio, como el nico medio viable

para poner fin de inmediato a la gravsima situacin que se vive en los establecimientos rurales del sur de

la provincia de Santa Fe, a raz de los delitos cometidos por obreros afiliados al Sindicato nico de

Trabajadores Rurales para obtener salarios exorbitantes [] Es pblico y notorio que obreros y dirigentes

gremiales han invadido las chacras, y en actitud y con procedimientos intimidatorios, empleando armas y

secuestrando personas, [] paralizan los trabajos rurales e impiden recoger la cosecha amenazando

malograr sus resultados [] A ello se agrega la pasividad de las autoridades provinciales []6

Cabe aclarar que estos hechos delictivos, denunciados por SRA y otras corporaciones,

fueron negados rotundamente por el gobernador de Santa Fe, que acus a esta entidad

de promover los rumores ms descabellados tendientes a lesionar la estabilidad

institucional de la Repblica.7 Fue respaldado por la dirigencia sindical, que seal que

las corporaciones empresarias magnificaban el conflicto para exigir una enrgica

represin.8 La nota de SRA continuaba su diatriba contra los gremios, situando el

conflicto en el contexto ms general de Plan de Lucha promovido por la CGT desde

1963, adjudicado a un plan subversivo:

La situacin imperante en el sur de Santa Fe se suma as, a la ola de paros, huelgas, delitos y otros

hechos similares que afectan a todo el pas y tuvieron comienzo con el Plan de Lucha ejecutado por la

CGT con el objeto extragremial de lograr un cambio de estructuras [] La indisciplina y la negacin de

las jerarquas se ha entronizado en todos los lugares de trabajo, como consecuencia de la debilidad con

que se procede y de la prdida del principio de autoridad que es imprescindible restablecer para que

impere nuevamente el orden sin el cual la Repblica no podr recuperarse de la crisis moral y material

que la afecta [] Este estado de cosas cada da ms alarmante por su creciente gravedad, es el resultado

de un plan subversivo que pretende sumir en el caos al pas, para imponernos un rgimen extremista,

contrario a la idiosincrasia y el sentir nacional.9

Pero esta no fue la nica muestra de fervor anti-obrero. FAA y el resto de las

corporaciones rurales se sumaron tambin a un reclamo en contra de la reforma de la ley

de indemnizaciones, que apuntaba a elevar los montos devorados por la inflacin. La

burguesa en su conjunto (desde la CGE hasta la UIA, pasando por las patronales

agrarias) exigi, una vez aprobada la reforma en el Parlamento, que el Ejecutivo la

vetara. Y lo consigui, frente a un gobierno completamente debilitado. As, se impona

6SRA: Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1965-1966, p. 72.

7dem, p. 74.

8La Nacin, 11/4/1966.

9SRA: Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1965-1966, p. 72.

el reclamo de orden en las filas de la clase dominante, que la intervencin militar vino a

aplacar. No es extrao, entonces, que los patrones recibieran el golpe de estado

encabezado por Ongana de la mejor manera.

Las primeras medidas del gobierno de facto comulgaron con el objetivo de reestablecer

el orden: se disolvieron los partidos polticos y el parlamento, y se intervinieron las

universidades pblicas, nico foco opositor. Las corporaciones empresarias respaldaron

abiertamente el golpe que haban impulsado. A nadie sorprende esta actitud de parte de

SRA o CARBAP, pero si de FAA, a la que a algunos autores adjudican una inexistente

vocacin democrtica.10 Esta corporacin respald la racionalizacin estatal y el

despido de empleados pblicos, y si filtr alguna crtica fue que no se avanzaba a fondo

en este sentido. Respald la represin que sigui a la huelga portuaria, reaccin a la

reestructuracin que avanzaba sobre el rgimen laboral, y salud tambin la pax militar

que disuadi, por primera vez en tres aos, los conflictos sindicales en la cosecha

santafesina. No solo eso: exigieron que la dictadura profundice el saneamiento de las

finanzas pblicas y criticaron por populista toda disposicin, por mnima que sea, en

favor de los obreros. Incluso apoyaron, de la mano con la Sociedad Rural y CARBAP,

el arribo de Krieger Vasena, precedido por un fuerte avance represivo contra la CGT y

el vandorismo. Aunque con reticencias, aceptaron el restablecimiento de las retenciones

a las exportaciones agropecuarias que impuso el flamante ministro, pero exigieron que

ese sacrificio fuera puesto al servicio de una reestructuracin productiva. Para ello

haba que avanzar con mayor fuerza en la eliminacin de las industrias artificiales

subvencionadas por el erario pblico, reducir el dficit fiscal, eliminar a la burocracia

de la administracin pblica y al personal sobrante en las empresas estatales. Todo

avalado por el clima represivo impuesto por el gobierno de facto, sin el que difcilmente

se podra haber avanzado en los reclamos de la burguesa terrateniente agropecuaria

grande y chica. De esta manera se aseguraban que, a mediano plazo, la exaccin estatal

de renta fuera disminuyendo y, de esta forma, restablecer el ingreso agropecuario.

La luna de miel con las autoridades militares no se extendi ms all de la segunda

mitad de 1967. La instauracin de las retenciones a comienzos de ese ao, que anulaban

los beneficios que la burguesa agraria obtena de la devaluacin, fue el primer escollo

en la relacin. Como sealamos, ms all de la protesta que elevaron los patrones del

10

Entre otros Mirta Palomino (Tradicin y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955 1983), CISEA, Buenos Aires, 1988) y Roberto Martnez Nogueira (Las organizaciones corporativas del sector

agropecuario. Notas para un ensayo interpretativo de sus comportamientos, CISEA, Documento N 10,

Buenos Aires, 1985).

agro, la medida fue aceptada como contribucin transitoria al saneamiento de la

economa. Sin embargo, su mantenimiento en el tiempo fue minando su confianza en

ese personal poltico que otrora haban promovido. El deterioro en la relacin se

profundiz con nuevas medidas que apuntaban a aumentar el peso de la contribucin del

agro al sostenimiento de la economa. Una de ellas, cuestionada por igual por grandes y

chicos, fue el impuesto de emergencia a las tierras aptas. El paso del tiempo dejaba cada

vez ms claro que, ms all de los conflictos ideolgicos entre liberales y

populistas, ningn gobierno poda renunciar al elemento que sostena en buena

medida el funcionamiento de la economa argentina: la renta agraria. Y contra ello

batallaban las corporaciones agropecuarias, en una lucha que aunaba a chicos y grandes:

eliminar por completo las transferencias de ingresos del agro a la industria urbana y el

proletariado, an a costa de la reduccin de salarios y la desocupacin de masas, la

privatizacin de empresas pblicas o la quiebra masiva de establecimientos fabriles. He

aqu el programa de la burguesa terrateniente agraria, que comenz a expresarse en la

intervencin conjunta de las cuatro corporaciones agrarias de alcance nacional:

Federacin Agraria, Sociedad Rural, CRA y CONINAGRO.

Los elementos constituyentes del programa agrario han quedado de manifiesto en la

reconstruccin realizada hasta aqu. El primero de ellos era la oposicin tajante a

conceder mejoras en las condiciones de venta de su fuerza de trabajo al proletariado

rural, ya sea aumentando los salarios o modificando los regmenes laborales. Tambin

se registr una oposicin a la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera en

general, no slo por solidaridad con otras fracciones de la clase dominante, sino tambin

porque buena parte de esas mejoras eran motorizadas por el Estado que se financiaba

con la apropiacin de renta agraria. Por la misma razn, abogaron por la racionalizacin

del gasto y de las empresas pblicas, saludando los despidos en la administracin.

Tambin se opusieron a que la renta captada sea destinada a subvencionar a las capas

ms dbiles e ineficientes de la burguesa nacional, incapaz de competir

internacionalmente sin la tutela y proteccin estatal. En sntesis, como demuestra la

oposicin conjunta de todas las capas de la burguesa rural a los aumentos de impuestos,

el establecimiento de retenciones o tipos de cambio diferenciales, lo que unificaba a

estas fracciones era la defensa de una riqueza social que consideraban propia. El

corazn del programa agrario era la oposicin a todos los mecanismos establecidos por

el Estado para apropiarse de la renta agropecuaria y distribuirla hacia otros actores

sociales. Sin importar si sta se diriga a sostener la burocracia estatal, mejorar las

condiciones de vida de la clase obrera o sostener a ciertas capas de la burguesa

industrial, lo que soldaba la unin era la oposicin tajante a cualquiera de estas polticas.

Incluso achacaban al Estado problemas derivados de una situacin ms general, la crisis

agraria, que se manifestaba en la reduccin de los montos de renta diferencial que

ingresaba al pas y en el proceso de concentracin de la produccin. El Estado, al oficiar

como terrateniente general, apropindose de la renta, era visualizado como la raz de

todos los males, incluso aquellos que se derivaban del funcionamiento normal de la

economa capitalista.

El corazn del programa agropecuario consista en la defensa de la renta frente a los

intentos de apropiacin por diferentes fracciones sociales, motorizados a travs del

Estado. Era un programa profundamente impopular, que los llevaba a confluir en la

alianza reaccionaria, encabezada por los sectores ms concentrados de la burguesa

industrial, cuando estos avanzaban con mano dura sobre la clase obrera y contra las

fracciones ms dbiles del entramado burgus. Sin embargo, rpidamente quedaba en

evidencia que la alianza con la burguesa industrial urbana era circunstancial y estaba

condicionada: dado que hasta los capitales ms grandes a nivel local dependan para

subsistir de las transferencias de renta, la expropiacin de la burguesa agropecuaria era

una condicin no negociable. Podan coincidir con la burguesa terrateniente en el

avance contra la clase obrera y los capitales ms dbiles, pero no podan eliminar por

completo las transferencias de ingresos en su favor. Por eso, ACIEL no era liberal.

Los nicos que podan ser autnticamente liberales eran los burgueses agropecuarios.

Por esa razn, ms all de confluencias puntuales, el agro no poda movilizar a otras

clases o fracciones tras su programa, y terminaban dependiendo, para la defensa de sus

intereses, de la unidad de todas sus capas y la movilizacin.

A lo largo del perodo estudiado se verifica una tendencia a confluir de las diferentes

capas de la burguesa rural en torno a este programa, porque la dinmica econmica y

poltica iba convirtiendo en secundarias las diferencias que las enfrentaban, y las

obligaba a abroquelarse en torno a lo que las una. El proceso de concentracin y

centralizacin, junto al reacomodo de la escala que afectaba a las grandes propiedades,

tenda a borrar las diferencias estructurales. Por otro lado, un proceso poltico signado

por una crisis de acumulacin en que diferentes fracciones de clase se enfrentaban entre

s en pos de apropiarse de los recursos provenientes de la renta agraria, que les

permitiran sortear las consecuencias de esa crisis, las unificaba en su defensa. Sin

embargo, esas tendencias a la unidad agraria se enfrentaran, en la etapa siguiente, a un

cambio significativo en la coyuntura poltica y econmica, que puso en cuestin el peso

de estas coincidencias. Con el estallido del Cordobazo, se hara presente un problema

que ya se anticipaba en las preocupaciones que expresaban las diferentes capas de la

burguesa agropecuaria: el fantasma del comunismo.

De la unidad programtica a divisin estratgica: la burguesa agropecuaria ante

el proceso revolucionario (1969-1973)

Desde 1968, la oposicin a las retenciones impuestas por Krieger Vasena fue soldando

una unidad en la accin de las distintas capas de la burguesa agropecuaria, que se

expres en una serie de encuentros y pronunciamientos comunes. La crisis poltica

abierta por el Cordobazo en 1969, que comenz a bifurcar los caminos de la poltica, no

hizo mella en la senda unitaria que comenzaba a recorrer la burguesa rural. La defensa

unitaria frente a los intentos de apropiacin de la renta agraria sigui primando frente a

otras determinaciones de la coyuntura poltica, como el ascenso de la alianza reformista

o la creciente conflictividad social. Este elemento llevaba a una confluencia cada vez

ms marcada de las corporaciones del campo.

Las cuatro corporaciones mantuvieron reclamos similares a los observados en el perodo

anterior. El eje de la protesta agraria sigui pasando por la demanda de precios

remunerativos para el sector, que se vean afectados por el peso de los impuestos. En

esta materia, dirigieron sus misiles contra dos blancos: el impuesto de emergencia a las

tierras aptas, que comenz a aplicarse desde mediados de 1969, y las retenciones a la

exportacin de productos agropecuarios. La presin impositiva sigui siendo asociada al

peso excesivo de los gastos estatales, que todas las corporaciones se ocuparon de

denunciar. A su vez, cuestionaron que los ingresos que se le sustraan al campo fueran

destinados a subsidiar el consumo y a sostener una errnea poltica de sustitucin de

importaciones. El resultado era, segn sus denuncias, que se estaba asfixiando al nico

sector capaz de proveer divisas e impulsar el desarrollo nacional: el agro. La poltica

seguida producira desaliento en los productores, desincentivara la inversin productiva

y conducira al estancamiento. Estos tpicos fueron reiterados en decenas de

comunicados y discursos por todas las corporaciones agrarias, sin excepcin.11

11

Para CRA y SRA, ver por ejemplo La Nacin, 24/7/1969, 23/8/1969, 17/9/1969 y Memoria de la

Sociedad Rural Argentina 1968-1969, pp. 67-69; para FAA y CONINAGRO: La Tierra, 24/7/1969,

4/12/1969 y La Nacin, 25/9/1969.

Al aumento del costo de los insumos que retrasaba los precios agropecuarios, se sum,

luego del Cordobazo, un nuevo problema: el de los costos salariales. Tras permanecer

dos aos congelados, estaba prevista la apertura de negociaciones paritarias para 1969.

Y las mismas no se desarrollaran en el mejor contexto para la burguesa: el alza de la

lucha de clases que sigui al Cordobazo, y el lugar que comenzaron a ocupar dirigentes

gremiales de izquierda en comisiones internas y seccionales sindicales provinciales,

auguraban una negociacin salarial conflictiva. Las corporaciones agropecuarias

pasaron factura al gobierno del efecto del aumento de sueldos, que conflua con el

reclamo de mejorar los precios frente a costos crecientes. Otro reclamo que se sum en

este perodo fue el rechazo a las medidas para controlar los precios de la carne,

implantadas a mediados de abril de 1970. Las polticas de control de precios no eran

nuevas, y venan siendo denunciadas por las corporaciones desde el inicio del Plan

Krieger Vasena. Sin embargo, el nuevo paquete de medidas inclua una particular, que

provoc un fuerte rechazo en la burguesa agropecuaria: la implementacin de una veda

al consumo interno de carne vacuna. Desde fines de 1969, los precios internos de la

carne fueron sufriendo un aumento progresivo, empujados por el alza internacional.

Este fenmeno vena impulsando la suba del costo de vida, generando un gravoso

problema para el gobierno. As, la veda termin implantndose, primero en forma

temporal, y luego se mantuvo con diferentes variantes y medidas complementarias hasta

el fin del ciclo de la Revolucin Argentina. Las corporaciones agropecuarias de

conjunto rechazaron las medidas desde un primer momento. El conflicto, a su vez, fue

motivo de acercamiento para las corporaciones otrora enfrentadas: desde la

implantacin de la veda proliferaron los pronunciamientos conjuntos y las reuniones

para acordar los trminos de la intervencin.

A diferencia de la etapa anterior, las corporaciones agropecuarias no se limitaron a

denunciar la situacin imperante, sino que comenz a desarrollarse, hacia 1970, un

incipiente proceso de movilizacin de las bases. El primer impulso parti de FAA, que

en marzo lanz un Plan de Accin Gremial, consistente en una serie de actos y

asambleas para denunciar la crisis del campo en distintos puntos del pas.12 Una

asamblea de particular importancia se desarroll en Tres Arroyos (Buenos Aires), el 8

de agosto de 1970. La misma fue convocada por FAA, CARBAP, CSRP13

y ACA,14

12

La Tierra, 12 y 19/3/1970; 16/7/1970. 13

Corporacin de Sociedades Rurales de la Patagonia, adherida a CRA.

que agrupaban al conjunto de sociedades rurales, cooperativas y filiales de la zona del

sudoeste y oeste de Buenos Aires y este de La Pampa. Es decir, por corporaciones

pertenecientes a los dos bloques agrarios que hasta ese momento haban actuado por

separado. Sin duda, constituy un hito en el proceso de unidad que se vena

desarrollando y que terminara dando forma a la Comisin de Enlace algunos meses

despus. El encuentro se prepar con tiempo. A fines de junio, se conform una

comisin organizadora, y se dispuso que todas las instituciones comprometidas llevaran

adelante actividades de difusin y reuniones preparatorias en su zona de influencia.15

De

la asamblea participaron finalmente 1.200 delegados de ms de un centenar de entidades

gremiales y cooperativas de primer grado, e intervinieron, entre otros, los mximos

dirigentes de CARBAP y FAA. La asamblea vot solicitar a las entidades madres del

movimiento agropecuario la convocatoria a una reunin nacional en Capital Federal,

para demostrar al gobierno la unidad de propsitos del campo. A su vez, se resolvi que

la comisin organizadora elaborara un memorial para entregar al gobierno con sus

reclamos.16

En dicho memorial exigieron, nuevamente, reducir la carga impositiva sobre

el sector y mejorar los precios.17

Esta fue la primera de una serie de asambleas

convocadas por las cuatro corporaciones agropecuarias de influencia nacional, que se

sucedieron anticipando la futura confluencia de todas ellas en la Comisin de Enlace.

La multiplicacin de actos y asambleas, en especial aquellas en las que entidades otrora

enfrentadas confluan, estaba dando cuenta de un vasto movimiento que apuntaba hacia

la unificacin de las corporaciones para enfrentar la poltica agropecuaria

gubernamental. Ese movimiento ya se haba insinuado en las reuniones celebradas

durante 1968 y 1969 a nivel dirigencial, de las que haban brotado pronunciamientos

conjuntos objetando medidas puntuales. Las tendencias a la unidad eran cada vez ms

palpables. En los primeros das de agosto, los dirigentes de CRA, SRA, FAA y

CONINAGRO concurrieron juntos a una audiencia con el presidente Levignston, en el

que entregaron un memorial con sus reclamos. El comunicado de prensa emitido por las

entidades destacaba que esto indica hasta que punto el campo est unido, unin que se

ha evidenciado en muchas oportunidades y que sigue vigente.18 Uno de los ejes del

discurso inaugural de Antonio Di Rocco (presidente de FAA) en el 58 Congreso Anual

14

Asociacin de Cooperativas Argentinas, adherida a CONINAGRO, aunque en lnea opuesta a la

direccin ligada a FAA. 15

La Nacin, 29/6/1970. 16

La Nacin, 9/8/1970. 17

La Nacin, 24/8/1970. 18

La Nacin, 4/8/1970.

de la Federacin, de fines de septiembre, fue el proceso de unidad que ya se encontraba

en marcha. El mismo fue presentado como una necesidad imperiosa dictada por las

circunstancias, y como nica alternativa para enfrentar y derrotar a una poltica

agropecuaria divorciada de la realidad:

El campo, seores, va a unirse definitivamente y son las cruciales circunstancias por las que atraviesa,

las que acelerarn el proceso. Hoy el pequeo, el mediano y el grande productor, estn igualmente

desorientados, por cuanto no vislumbran ninguna posibilidad que se revierta el proceso actual, sobre la

base de una verdadera poltica agraria que se ha venido reclamando constantemente, sin que jams se

pasara de enunciados y de los consabidos planes, proyectos, estudios y ros de tinta, verdaderos

monumentos a la letra muerta; o del nivel de las aspirinas para el tratamiento de un enfermo tan grave que

su mal lo ha transmitido a todo el pas y a todos sus sectores, sin que se reflexione que es imperioso

curarlo para salvar al conjunto nacional [] Slo unido el campo podr hacer cambiar la mentalidad de

muchos de nuestros economistas de turno, que han estado errando constantemente el enfoque de la

conduccin por desconocimiento del agro; por la falta de comunicacin y de dilogo con el sector, al que

slo se recuerda para aplicarle impuestos, tasas, retenciones y establecerle o manejarle precios deprimidos

a su produccin, obligndolo [] a subsidiar todas las verdaderas ineficiencias estructurales

argentinas.19

La referencia fue saludada por el presidente de CARCLO,20

quien pronunci un

discurso en la inauguracin del congreso de FAA, lo que de por si, ya era una muestra

de lo avanzadas que estaban las tratativas de unificacin. Destac, a su vez, a ese gran

movimiento de unidad que se estaba gestando:

[] Quiero hacer referencia a algo que nos atae a todos. Se est gestando en el pas un gran

movimiento de unidad de los productores agropecuarios. El paso principal se est dando: existe

conciencia en el productor agropecuario sobre la necesidad de unirse. En primer trmino es necesario que

esa conciencia se concrete en los hechos, reafirmando y apuntando las organizaciones primarias.

He recorrido en funcin de dirigente gremial distintos mbitos del pas y vi una cosa saludable: los

productores se sienten ya una sola familia. Ya ese viejo esquema de la divisin de los productores

agropecuarios se ha echado por la borda. Se habla con mucha insistencia de la necesidad de crear y

fortalecer nuestras organizaciones de 2 y 3 grado.21

Finalmente, el 5 de octubre se anunci en conferencia de prensa la convocatoria a una

asamblea nacional conjunta por parte de SRA, FAA, CONINAGRO y CRA. La misma

19FAA: 58 Congreso Anual. Conclusiones, 1970. 20

Confederacin de Asociaciones Rurales del Centro y Litoral Oeste, adherida a CRA. 21

La Tierra, 24/9/1970.

se realizara el 26 y 27 de octubre en Rosario, y como sealaron en la conferencia, era la

conclusin de un largo esfuerzo unitario. El mismo se habra iniciado, como relataron,

con la organizacin del Congreso Nacional del Trigo de 1968, y de all en adelante, con

reuniones peridicas y pronunciamientos comunes. Mencionaron como hitos en este

proceso la elaboracin de un proyecto de Ley de Carnes, la administracin de la

Corporacin Argentina de Productores de Carne (CAP) y la accin conjunta frente al

Plan Econmico puesto en vigencia en 1967.22 Para la preparacin del encuentro

nacional, se decidi impulsar una serie de asambleas regionales en distintos puntos del

pas, como Baha Blanca y Rosario.23

Se proyectaba a su vez que, luego de las

deliberaciones de la denominada Primera Reunin Nacional de Entidades

Agropecuarias, una comisin especialmente designada se abocara a la redaccin de las

conclusiones de la asamblea. Un verdadero programa comn, que sera presentado y

refrendado en una nueva asamblea nacional a desarrollarse en noviembre en la Capital

Federal.24

La asamblea nacional agropecuaria de fines de octubre abri con un posicionamiento

fuerte. Se ley una declaracin conjunta, firmada por las entidades convocantes, que

resalt el franco deterioro que impera en el sector rural, como consecuencia de un

largo proceso caracterizado, en lo que se refiere al sector agrario, por los reiterados

errores de la conduccin oficial, imprevisora, estatizante y burocrtica en exceso.25 A

continuacin, se debatieron en detalle todos los problemas del sector, y se destac la

intervencin de los mximos dirigentes de las entidades rurales. Se objetaron con dureza

las medidas que regulaban el comercio de carnes y las retenciones, y demandaron

mayores desgravaciones. La poltica impositiva en su conjunto fue criticada por todos

los sectores. Exigieron mayor participacin de las corporaciones en la elaboracin de las

medidas y llamaron a recurrir a la accin directa para imponer a las autoridades sus

reclamos.26

Las semanas que siguieron a la Primera Reunin Nacional de Entidades Agropecuarias

estuvieron destinadas a la elaboracin del documento programtico, que fue presentado

y aprobado en un multitudinario acto realizado el 17 de noviembre de 1970 en el local

de la Sociedad Rural en Palermo, Capital Federal. All se dieron cita 10.000 productores

22

La Tierra, 8/10/1970. 23

La Nacin, 17/10/1970. 24

La Nacin, 26/10/1970. 25

La Nacin, 27/10/1970. 26

dem.

de diferentes puntos del pas, y estuvieron presentes las mximas autoridades del

gobierno nacional y de las provincias, entre ella el ministro de Economa Aldo Ferrer y

el secretario de Agricultura Walter Kluger. Adems de refrendar el programa, se decidi

constituir la Comisin de Enlace, un frente conformado por las cuatro entidades que

impulsaron el encuentro.27

El acto comenz con la lectura del documento conjunto, aprobado nuevamente por

aclamacin. El mismo se iniciaba con un balance general (negativo) de la situacin

econmica, poltica y social del pas, cuyo estancamiento se atribua a la desidia

expresada por los distintos gobiernos frente a la cuestin agraria. Sealaba que la

evolucin econmica y social de la Argentina, especialmente desde la posguerra, no

resultaba satisfactoria para ningn sector social. Ello sera el resultado de un grave error

en la concepcin del desarrollo y de la aplicacin de polticas que, en todos los casos,

haban contribuido a deteriorar progresivamente al sector agropecuario, estrangulando

sus ingresos. Esto llev al estancamiento del agro, que a su vez era la causa del

estancamiento nacional. Esta concepcin errada del desarrollo nacional se basaba en el

criterio de que ste podra alcanzarse mediante un fuerte proteccionismo, que

posibilitara un rpido proceso de sustitucin de importaciones. Este diagnstico,

basado en la experiencia que sigui a la crisis del 30 debi haber sido revisado en los

aos subsiguientes, y en particular a partir de la ltima posguerra. Por el contrario, la

poltica econmica argentina sigui fundada en tales concepciones:

En base a ellos, se protegi al desarrollo industrial con aranceles que llegaron a significar efectivas

prohibiciones para la importacin. Al amparo de dicha proteccin, se desarrollaron algunas industrias con

niveles de eficiencia relativamente bajos en comparacin con los internacionales y con notorios defectos

en el orden de la dimensin de las empresas [] Por su parte, por las razones apuntadas, se deprimieron

las posibilidades de exportacin, mediante la aplicacin de tipos de cambio desfavorables o la imposicin

de altos tributos. Estas medidas, tenan un efecto indirecto de subsidio al consumo y al desarrollo

industrial, mediante la artificial depresin de los precios de los productos agrarios. [] Las sucesivas

devaluaciones monetarias, que acompaaban tardamente al proceso inflacionario, slo compensaron un

deterioro ya existente, y sus efectos sobre los precios agrarios, fueron rpidamente absorbidos por los

aumentos de costos que provocaron.28

27

La Nacin, 18 y 19/11/1968. 28CRA, SRA, FAA, CCEA y CONINAGRO: El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones, Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.

A pesar de la sucesin de gobiernos de distintos signos polticos, el esquema se

mantuvo, a excepcin de perodos cortos que no modificaron la tendencia. Destacaban

que su objecin no era hacia la industria en general, sino a la falta de racionalidad en la

concepcin de la poltica industrial, as como los instrumentos puestos en ejecucin para

concretarla:

[] La Repblica Argentina debe orientarse hacia un modelo de economa que cuente con un nivel de

proteccin para la industria nacional, establecido en el lmite adecuado para que empresas debidamente

dimensionadas, con una asistencia tcnica correcta y bien administradas, puedan superar algunas

desventajas que eventualmente el pas pueda presentar para enfrentar la competencia de la industria

extranjera en pie de igualdad, trabajando simultneamente para removerlas.29

En este mismo sentido, se objetaba el alto costo de los insumos agropecuarios,

derivados de niveles de proteccin irracionales que condenaban al sector a pagar

precios muy por encima de los internacionales, subsidiando la industria nacional.

Exigan que esas industrias vayan adquiriendo una capacidad competitiva que

produzca la liberacin de recursos actualmente transferidos por el agro como subsidios.

Que el Estado, mediante la aplicacin de herramientas promocionales (como el crdito o

los impuestos) obligara a la modernizacin de estos sectores, desechando una

estrategia de simple e irracional transferencia de ingresos.

Durante los cuatro aos de la Revolucin Argentina, sostena el documento, se

deprimieron los ingresos del agro a fin de lograr una estabilidad que no se consigui. El

Estado absorba un tercio del PBI con el agravante de una deficiente devolucin en

obras y servicios para la comunidad. La gestin estatal de empresas resultaba

ineficiente, por ausencia de responsabilidad empresarial y por la inevitable politizacin

y burocratizacin de la administracin. En lugar de reducir el gasto pblico, se lo ha

aumentado con nuevos organismos burocrticos y nuevas aventuras de empresario que,

en ltima instancia, siempre pagan los sectores productivos ms eficientes de la

poblacin, sealaba. La reduccin del gasto pblico deba ser el eje de toda poltica de

estabilizacin, para liberar recursos de los sectores improductivos hacia los ms

productivos (especialmente el agro), lo que generara un verdadero desarrollo

econmico.

En consonancia, se expres una fuerte crtica a la poltica fiscal, sealando que no deba

tener una finalidad recaudadora como hasta ahora, sino estimular una mayor produccin

29

dem.

y productividad. Demandaban una profunda reforma fiscal, discutida con los

productores, que adems de simplificar y evitar superposiciones de cargas, generara

estmulos a la produccin agropecuaria. En concreto, exigieron la eliminacin del

impuesto a las tierras aptas y las retenciones, aumento de los mnimos no imponibles y

deducciones en rditos, entre otras cuestiones que apuntaban en la misma direccin:

reducir sustancialmente la carga fiscal sobre la produccin agropecuaria.

Sealaron tambin que cualquier poltica de estabilizacin estaba condenada al fracaso

si no se apoyaba en exportaciones crecientes que alejaran el peligro de la crisis de

balanza de pagos. Esto implicaba una mayor produccin de aquellos bienes que la

Argentina elaboraba a costos internacionales, y que poda colocar en mayores

cantidades en el mercado mundial. Casi en su totalidad, este tipo de productos eran

agropecuarios. Y la nica forma de conseguir estas metas era estimular al sector, por

ello pedan elevar sus precios relativos: siendo el precio el incentivo inmediato de toda

actividad econmica, lo lgico es que para obtener una mayor produccin agropecuaria

exportable, deban mejorarse los precios relativos de dichos productos. Sin mejores

ingresos, no habra estmulo a la inversin y a la incorporacin de tecnologa que

permitiera elevar la produccin. Hasta el momento, sealaban, se haba hecho todo lo

contrario: el agro habra llegado a una situacin de gran deterioro por las polticas

aplicadas, muchas de ellas sin coherencia y como reacciones coyunturales frente a

ciertos problemas. Se referan particularmente a la poltica cambiaria y las retenciones,

que impedan al agro vender sus productos a precios internacionales, y por las cuales el

Estado obtenida una masa de renta que destinaba a subsidiar al entramado industrial. El

reclamo tambin apuntaba a los controles de precios, que contenan los efectos de la

inflacin sobre los bienes-salarios, oficiando como subsidio al consumo de las masas.

Demandaban, por tanto, una poltica de desarrollo agropecuario, basada en la

rentabilidad de las explotaciones y la participacin de las entidades en la elaboracin de

tal poltica.

Este programa sintetizaba los planteos que las cuatro entidades venan expresando desde

haca por lo menos cuatro aos. El corazn del mismo era la defensa de la renta agraria

frente a la apropiacin por otros sectores. En su concepcin, una poltica que sustrajera

parte de los ingresos del agro para destinarlos a subsidiar el desarrollo industrial o el

consumo de las masas urbanas, terminaba liquidando al nico sector capaz de impulsar

el desarrollo nacional, condenndolo al estancamiento y con l, a todo el pas. La

poltica que postulaban apuntaba a evitar este tipo de transferencias del agro a la

industria, haciendo que los productores agrarios percibieran el precio lleno por la

exportacin de sus productos, que los impuestos se redujeran al mnimo y sean iguales

para todos los sectores (sin discriminaciones). Por eso exigan una mayor

racionalizacin del aparato estatal y el saneamiento de la industria nacional, que

eliminara progresivamente a los sectores ineficientes. Esa era la forma concreta que

adquirira el restablecimiento de la rentabilidad de la explotaciones agropecuarias:

concentracin y centralizacin del entramado industrial, achicamiento del Estado,

desocupacin y bajos salarios.

Ms all de las diferencias frente a problemas puntuales, las cuatro corporaciones

principales de la burguesa agraria argentina coincidan en la defensa de un supuesto

derecho a apropiarse para s de la renta diferencial de la tierra. Y de ah sus reclamos:

haba que racionalizar el Estado, despedir empleados, contraer los salarios reales y los

gastos sociales. Un programa profundamente impopular, opuesto a cualquier forma de

reformismo. Y si algn sector de la clase obrera osaba discutir esa forma de repartir la

riqueza social, solicitaban inmediatamente el reestablecimiento del orden y la disciplina

(que era la formula eufemstica para pedir represin), como hicieron bajo el gobierno de

Illia.

Ese programa era el que se vena expresando en cada intervencin pblica y en cada

demanda de las corporaciones agropecuarias. Y era el programa implcito de cada una

de las intervenciones futuras, que a partir de este momento seran formuladas

conjuntamente, y con fluida periodicidad, a travs de la flamante Comisin de Enlace.

Un programa que ubicaba en el Estado la raz de todos los problemas, sin identificar el

proceso ms general que explicaba la crisis del sector y del capitalismo argentino: la

cada en los niveles de renta agraria, que otrora haban sostenido un desarrollo que ya no

era viable en las nuevas condiciones.

La Comisin de Enlace, un xito organizativo de la burguesa agropecuaria, no se

tradujo en un xito poltico que permitiera imponer sus demandas al Estado. Frente a la

unidad del agro, el presidente Lanusse no tuvo ms remedio que ofrecerles la cartera de

Agricultura y Ganadera, que pas de secretara a ministerio, respondiendo a una vieja

demanda de las corporaciones. El flamante ministerio fue ocupado por Antonio Di

Rocco, presidente de FAA y uno de los principales impulsores del proceso de

confluencia corporativa. Sin embargo, su gestin choc una y otra vez con una realidad

difcil de eludir, que impeda la concrecin del programa agropecuario: la dependencia

imperiosa de la estructura econmica nacional de las transferencias de renta agraria. Por

esta razn, Di Rocco no pudo eliminar ni las retenciones ni la veda al consumo de carne,

y su gestin, plagada de gestos hacia las corporaciones, no modific el corazn de la

poltica econmica. Finalmente, termin renunciando con el cuestionamiento de sus

pares.

La Comisin de Enlace, golpeada por este fracaso, no sobrevivi a la nueva coyuntura

poltica, signada por el ascenso del reformismo peronista cuyo retorno al poder se

impona como estrategia poltica para contener una conflictividad social creciente. El

Cordobazo marc el comienzo de un proceso de ascenso de la lucha de clases, que lleg

a poner en cuestin la dominacin burguesa. Frente a ello, la clase dominante se dividi,

emergiendo de ella un sector que propugnaba el retorno de Pern como forma de

contener la crisis. La alianza reformista renaca y se nutra de importantes fracciones de

clase que se encolumnaban detrs de esta estrategia. La burguesa agropecuaria vio as

renacer viejas divisiones, que haran imposible reeditar la unidad hasta 1975.

Los muchachos peronistas. Las corporaciones agropecuarias ante la restauracin

democrtica (1973-1974)

El comportamiento de las corporaciones empresariales en Argentina se reorient en la

etapa post Cordobazo. La insurreccin popular de mayo de 1969 provoc una crisis

poltica de tal magnitud que oblig al elenco gobernante a adoptar medidas que

contemplaran parcialmente ciertos reclamos del movimiento obrero, como

recomposiciones salariales, para evitar desbordes mayores. Sin embargo, esto no

alcanz a contener la situacin. Tampoco la salida de Krieger Vasena ni la de Ongana

descomprimieron la presin social. Se haba abierto una crisis de rgimen que solo una

apertura democrtica sin restricciones poda encauzar. Por eso, con la llegada de

Lanusse a la primera magistratura, se iniciaron las negociaciones en pos del retorno del

peronismo como forma de restablecimiento del orden alterado. El rumbo elegido llev a

realineamientos y cambios de estrategia de las corporaciones agrarias e industriales.

La Confederacin General Econmica (CGE), recluida durante el perodo previo, se

constituy en la vanguardia de la alianza reformista que impuls el retorno de Pern.

Recin despus del estallido de mayo de 1969 la CGE impugn globalmente el

programa econmico de la Revolucin Argentina. Su balance del Cordobazo, que

coincida con el de la Confederacin General del Trabajo (CGT), cargaba las tintas

sobre la gestin de Krieger Vasena, adjudicando la explosin social a la poltica

econmica liberal, extrajerizante y carente de contenido social promovida por la

dictadura. Su plan alternativo para revertir la crisis, que prefiguraba el Pacto Social

implementado en 1973, ya haba sido esbozado poco despus del Cordobazo, en junio

de 1969. En esa oportunidad, en medio de la crisis gubernamental, la CGE llam a un

dilogo institucional con la participacin de las entidades representativas.30

Apuntaban, por un lado, a acaudillar a ciertos sectores de la burguesa nacional que se

nucleaban por fuera de la entidad; y por otro, a atraer a su campo a la CGT. El

Cordobazo abri una peligrosa brecha entre burguesa y proletariado, y la confluencia

con la CGT apuntaba a cerrarla. El proyecto reformista se presentaba entonces, no solo

como una alternativa sectorial para las empresas pequeas y medianas, sino como

expresin de un inters general de la nacin. Resultaba imperioso implementar una

poltica econmica y social alternativa, para conjurar el fantasma de los enfrentamientos

sociales.

La coincidencia en el terreno corporativo de la CGE y la CGT era la primera

manifestacin de la resurreccin de la alianza reformista, relegada a posiciones

marginales en los aos previos. En el terreno poltico, el lanzamiento de La hora del

pueblo pona nuevamente en carrera al peronismo para asumir la direccin de esa

alianza, y de la transicin democrtica que comenzaba a abrirse paso. En sus objetivos

estratgicos coincida con los planteos defendidos en el plano corporativo por la CGE y

la CGT. As qued plasmado en septiembre de 1972, cuando el grueso de las fuerzas

polticas suscribieron el documento Coincidencias programticas del Plenario de

Organizaciones Sociales y Partidos Polticos, elaborado por la CGE y la CGT, que

plasmaba la poltica que de la mano de ambas corporaciones implementara el gobierno

peronista en 1973.

El programa econmico promovido por la CGE y la CGT estaba asentado en dos

pilares: expandir la capacidad adquisitiva de la poblacin mediante una mejor

distribucin del ingreso, y proteger e incentivar a la industria nacional. Esas eran las

bases del proyecto que agitaba la CGE, cada vez ms claramente asociado al retorno del

peronismo. Se buscaba, de esa manera, ofrecer una alternativa poltica atractiva para los

sectores sociales que se radicalizaban y comenzaban a romper los lazos ideolgicos que

los ataban a la clase dominante. Era el plan de contingencia para reencauzar

institucionalmente el proceso que se haba abierto tras el Cordobazo. Sin embargo esta

30ODonnell, Guillermo: El estado burocrtico autoritario, Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 236.

propuesta poltica no era compartida an por todas las fracciones de la clase dominante.

Por esa razn, el perodo que se extendi entre 1969 y 1973 se caracteriz por una

profunda fragmentacin al interior de la burguesa, que se expresaba en dos propuestas

que chocaban entre si: la salida reformista, propuesta por la CGE, y la profundizacin

del camino reaccionario y represivo, que postulaban la Unin Industrial Argentina o la

Sociedad Rural.

Dentro de la UIA, la puja entre reaccionarios y reformistas activ disputas intestinas que

enfrentaban a la direccin, compuesta por los capitales ms grandes a escala nacional

que podan beneficiarse de ciertos grados de apertura comercial por la posibilidad de

importar bienes de capital, y a una base de capitales mucho ms dbiles, que

demandaban proteccin. Entre 1966 y 1969 haba primado la estrategia de los capitales

grandes, plasmada en la permanencia de la UIA en ACIEL, que respald el programa de

Krieger Vasena. Tras el Cordobazo, esta lnea sigui siendo dominante, aunque al poco

tiempo comenzaron a aflorar los cuestionamientos de los capitales ms dbiles que a la

larga terminaron imponindose, forzando la retirada de ACIEL y la confluencia con la

CGE.

El recorrido de las corporaciones agropecuarias no fue ajeno a la fuerza que adquira la

alianza reformista, que tambin impuso la divisin en su seno. Los caminos divergentes

que tomara la burguesa agropecuaria comenzaron a insinuarse en los balances

contrapuestos que hicieron de las insurrecciones de 1969. Sin embargo, no fue hasta que

se puso en marcha la transicin democrtica, en 1971, que la divisin se concret. En

particular para Federacin Agraria, el Cordobazo habilit un giro en las posiciones

polticas sostenidas por la entidad. En un documento elevado a Ongana a principios de

julio de 1969, FAA criticaba la orientacin econmica monetarista, que impuso una

estabilizacin con altos costos sociales, a la que achacaba el estallido social.

Demandaba un giro hacia el estructuralismo y la puesta en marcha del demorado

tiempo social.31 No es casualidad que haya sido FAA la primera en renegar de su

apoyo a la poltica liberal. Era su forma de reaccionar ante el proceso de

concentracin y centralizacin de la economa, que afectaba particularmente a las capas

ms dbiles de la burguesa agraria, nucleadas en su seno, expulsndolas de la

produccin. Muy distinto era el balance que haca SRA de los estallidos

insurreccionales. A diferencia de lo que caracterizaba FAA, la protesta sera

31

La Tierra, 2/7/1969.

injustificada y producto de extremistas y provocadores.32 O sea, la violencia era

externa a la sociedad, y no el resultado de un pueblo cansado de los costos que impona

la poltica econmica.

Tras el alejamiento de Krieger Vasena, la Sociedad Rural y CRA, junto a sus socios de

ACIEL, demandaron que se mantuviera el rumbo econmico, y criticaron a quienes

propiciaban el abandono de los lineamientos seguidos hasta ese momento en pos de un

estatismo que terminara derivando en el colectivismo que promova el desorden y

la protesta social.33

Pero Federacin Agraria, que haba compartido la crtica liberal

hasta 1969, comenzaba a tomar distancia de estos planteos. Ms all de cierta

ambigedad, tmidamente se iba arrimando a la alianza reformista que se reconstitua y

cobraba fuerza. Hacia 1971 ese acercamiento se consum. El proceso de restauracin

democrtica estaba definitivamente lanzado, y el ascenso peronista pareca irrefrenable,

no solo por las alianzas que haba sabido construir en el trayecto, sino por la

profundizacin de un proceso revolucionario que solo el retorno de Pern y el reflote de

las ilusiones reformistas pareca capaz de contener. Frente a ello, FAA termin

abandonando a sus socios de la burguesa agraria para jugarse de lleno por la fuerza

social encabezada por el peronismo y la CGE.

Con su nuevo presidente, Humberto Volando, que asumi el cargo en 1970, FAA

incorporaba nuevos tpicos que reforzaban un discurso nacionalista y reformista que

encajaba perfectamente con los vientos que comenzaban a soplar. As, la entidad

manifest su coincidencia con los dirigentes de CGE, CGT y diversos partidos polticos,

sealando que el pas reclama un cambio de poltica econmica.34 Tambin propugn,

de la mano de los planteos que expresaba la alianza CGE-CGT, por aumentos

salariales.35

El cambio de etapa econmica, motorizado por el ascenso de los precios

internacionales de las mercancas agrarias, dio consistencia y viabilidad al giro

reformista que se profundizaba en los planteos de la entidad.36

La impronta que adquira la salida democrtica influy tambin sobre algunos

posicionamientos de CRA, que comenz a coquetear con el reformismo y tomaba

distancia de ACIEL y SRA, sin alinearse abiertamente con sus antagonistas. Ello se

evidenci en algunas de las medidas propuestas a fines de 1971, ante el agudo proceso

32

Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1968-1969, p. 63. 33

Cronista Comercial, 4/7/1969; La Nacin, 23/7/1970. 34

La Nacin, 20/3/1972. 35

La Tierra, 4/5/1972. 36

Iigo Carrera, Juan: La formacin econmica de la sociedad argentina, Imago Mundi, Buenos Aires,

2007, pp. 51-85.

de deterioro econmico. Demandaba, por ejemplo, reactivar la expansin

econmica, promover la descentralizacin industrial y el mantenimiento de los

salarios reales como condicin para fortalecer el consumo interno, permitiendo el

crecimiento de la actividad de la empresa nacional a niveles ptimos.37 Las posiciones

asumidas por la entidad contrastaban notoriamente con las de ACIEL y coincidan con

la lnea propuesta por Lanusse, a la que CRA se acercaba.

Lo que hasta 1971 fueron balances contrapuestos, se convirti en un enfrentamiento

abierto al ao siguiente. En el marco de una disputa que cruzaba la sociedad por las

caractersticas que asumira la transicin, en enero de 1972 la CGE lanz una ofensiva

convocando a medidas de fuerza que escondan, detrs de los reclamos corporativos, el

intento de imponer una restauracin democrtica sin restricciones. Tras realizar un

balance crtico de la coyuntura poltica y econmica, FAA respald abiertamente las

medidas convocadas por CGE, coincidiendo en la necesidad de fortalecer a las pequeas

industrias y elevar el poder adquisitivo de los sectores populares.38 Frente a las

objeciones provenientes del arco liberal (SRA y ACIEL se opusieron abiertamente a

toda propuesta de mejora salarial y cuestionaron el plan de lucha de la CGE por sus

motivaciones polticas), FAA defendi a la CGE de sus detractores, sealando que

quienes criticaban las medidas de fuerza prefieren resguardar sus privilegios de hoy a

salvaguardar en su integridad el cuerpo social.39 Acompaando la ofensiva de la CGE,

en marzo de 1972 Federacin Agraria se lanz a convocar medidas de fuerza, realizando

actos y asambleas en distintos puntos del pas.40

Otro punto que divida aguas entre reaccionarios y reformistas era el de la propiedad

privada de la tierra. El programa elaborado por la CGT y la CGE, en sintona con los

planteos del peronismo, contemplaba realizar una reforma agraria para poner en

produccin las tierras ociosas o deficientemente explotadas. Como expres el

presidente de Federacin Agraria, la entidad apoyaba la reforma, no tanto por los

beneficios que pudieran recibir sus bases, que haban accedido ya a la propiedad de la

tierra en los aos previos, sino porque apuntaba a dar contencin a la conflictividad

social: soy un pequeo propietario [pero] prefiero esta solucin a que maana me

sorprenda una invasin de campos por parte de trabajadores sin tierras.41 Los dirigentes

37

La Nacin, 15/12/1971. 38

La Tierra, 27/1/1972. 39

La Tierra, 3/2/1972. 40

La Nacin, 1/4/1972 y 9/4/1972; La Tierra, 6/4/1972. 41

La Tierra, 20/7/1972.

de CRA y SRA salieron a cuestionar el pronunciamiento pblico de FAA a favor de la

reforma agraria, acusndola de incentivar un debate que dividira el frente agropecuario.

Se posicionaron por una defensa irrestricta de la propiedad privada de la tierra y

acusaron a los partidos polticos que apoyaban el proyecto de generar incertidumbre y

perturbar la actividad privada.42

El tema haba adquirido tal relevancia que hasta se col en la interna de la Sociedad

Rural, con la presentacin de una lista opositora a las elecciones en las que se renovara

la comisin directiva y la presidencia, un hecho indito en la vida institucional de la

entidad. Ms an lo eran los trminos en los que se plante la disputa, en la que la lista

opositora retomaba propuestas esbozadas por Federacin Agraria, como la funcin

social de la tierra o la necesidad de una economa concertada, elementos del

programa reformista que agitaba a su vez el peronismo. En solicitadas y actos pblicos

la lista opositora haba planteado la necesidad de que los productores asumieran mayor

responsabilidad social, para dar respuesta a las necesidades de las masas y satisfacer

los reclamos de justicia social.43 Las corporaciones empresarias y obreras deban

comportarse no como grupos de poder para lograr beneficios sectoriales sino como

armonizadoras del esfuerzo al servicio del inters general. De all se derivaba un

planteo que sintonizaba con la poltica concertada obrero-patronal planteada desde el

peronismo: la concertacin entre todos los sectores y regiones de la comunidad

nacional con el Estado, para la elaboracin de planes de poltica econmica y social

aceptados y luego apoyados por todos.44 La lista opositora cuestionaba tambin la

defensa incondicional de la propiedad de la tierra, enfatizando la necesidad de anteponer

su funcin social.45

Aunque en los comicios se impuso la lista oficial, eso no restaba importancia a la

formalizacin de una oposicin reformista a la direccin de SRA, que se alz con tres

vocalas suplentes en la Comisin Directiva.46

Las elecciones tuvieron una alta

participacin: votaron 5.314 socios de los 9.700 habilitados, un nmero

considerablemente mayor a los 3.000 4.000 de una eleccin normal. La lista oficial

obtuvo 3.147 escaos, contra 2.126 de la oposicin.47

Es decir que un 40% de los

votantes respaldaron un cambio de direccin que hubiera ubicado a la Sociedad Rural

42

Cronista Comercial, 29/7/1972. 43

Palomino, Tradicin y poder..., op. cit., p. 67. 44

Citado en dem, p. 67. 45

La Nacin, 1/9/1972. 46

Palomino, Tradicin y poder..., op. cit., p. 68. 47

Cronista Comercial, 28 y 29/9/1972.

en el campo del reformismo. Es imposible no ligar este hecho absolutamente

excepcional a una coyuntura poltica en la que, la profundizacin del proceso

revolucionario colocaba al peronismo como nica alternativa viable para contener la

conflictividad social, que pona en peligro la continuidad de las relaciones de

produccin capitalistas. Los disidentes de la Sociedad Rural se sumaban as a otros

sectores de la burguesa, como la UIA o FAA que, renegando de posiciones anteriores,

se sumaban a la alianza reformista encabezada por la CGE que prometa conjurar la

crisis poltica y dar cause institucional a la radicalizacin de las masas.

Las posiciones asumidas por las corporaciones empresarias ante la apertura democrtica

se confirmaron con el triunfo del peronismo en las elecciones presidenciales. Quienes

venan impulsando el retorno al reformismo, en particular CGE y FAA, aportaron al

nuevo gobierno proyectos y funcionarios. Los agrupamientos que expresaban las

posiciones ms reaccionarias y anti-reformistas, como ACIEL o la Comisin de Enlace,

se disolvieron. Las corporaciones que otrora haban estado a la cabeza del combate

contra el populismo, como la UIA, CRA o SRA, vieron crecer lneas internas que

proclamaron abiertamente la necesidad de acercarse a los postulados reformistas. En la

UIA y CRA, esas lneas internas lograron imponerse antes de la victoria abrumadora del

peronismo en las elecciones presidenciales. En el caso de SRA, el acercamiento al

gobierno se produjo con posterioridad al triunfo electoral. Pero en todos los casos, las

posiciones que las corporaciones asumieron ante el nuevo gobierno fueron motivo de

arduas disputas internas, que marcaron una evolucin zigzagueante en la relacin de las

distintas fracciones de la clase dominante con el peronismo que retornaba al poder.

La poltica econmica de los triunfadores en las elecciones de 1973 estuvo signada por

el Pacto Social, impulsado por la CGE y la CGT y respaldado desde sus inicios por la

UIA. Ese plan econmico apuntaba a recrear el mercado interno mediante una

recomposicin salarial, proteger a la industria ms dbil y contener la inflacin. Este

programa, inviable durante el perodo previo en el que los bajos niveles de renta

obligaron a realizar ajustes a nivel salarial, de gastos estatales y transferencias a la

industria, era ahora posible merced a una coyuntura internacional claramente favorable.

El aumento de los precios internacionales de granos y carnes hizo que el programa

peronista tuviera, por lo menos en el corto plazo, posibilidades de realizacin. El

ministro Gelbard, entonces, colocaba al agro, otra vez, en un lugar central, en tanto era

el sector que financiara el plan. A travs de la estatizacin del comercio de granos y

carnes, las retenciones y, sobre todo, de una sobrevaluacin cambiaria que alcanz,

entre 1974 y 1975, un 45%, los sectores no terratenientes se apropiaron del grueso de la

renta diferencial.48

Los subsidios y el crdito promocional, y la posibilidad de comprar

insumos y maquinaria con un dlar barato, fueron las vas principales en que la renta

captada por el Estado fue a parar al ineficiente entramado industrial.

Pero la iniciativa ms importante encarada por Gelbard fue el acuerdo entre una

fraccin del empresariado y las cpulas sindicales, destinado a contener la inflacin. El

Pacto Social fue suscripto por la CGT y la CGE, aprobado por el conjunto de la

burguesa industrial, y aceptado a regaadientes por casi todas las capas de la burguesa

agraria. A partir de su firma, los empresarios se comprometan a no aumentar los

precios o realizar sustanciales rebajas en algunos renglones de la produccin, y los

dirigentes sindicales a no encarar luchas por aumentos salariales. El acuerdo tena

implicancias que trascendan los objetivos econmicos: el cerrojo que se impona sobre

los conflictos salariales apuntaba no solo a contener la inflacin, sino a aquietar las

aguas de la conflictividad laboral. El programa econmico era pura ganancia para la

burguesa industrial, que mantuvo su apoyo al peronismo hasta 1975.

En materia de poltica agropecuaria, el peronismo no ocult su voluntad intervenir

captando una porcin sustantiva de la renta diferencial en alza para destinarla a los

sectores urbanos. Buena parte del paquete de leyes remitido a las cmaras apuntaba en

ese sentido. Era el caso de las leyes sobre comercializacin, que buscaban nacionalizar

y centralizar en el Estado el comercio interior y externo de granos y carnes. A travs de

las Juntas de granos y carnes, que sufrieron sustanciales reformas, el Estado estableca

el precio nico de los productos, captando la diferencia entre los valores pagados

internamente y los internacionales. Esto, a su vez, se conjug con los mecanismos

tradicionales para captar la renta diferencial: retenciones y dems impuestos, junto al

tipo de cambio. La otra pata de la poltica agraria peronista fueron las iniciativas que

apuntaban a reformar la estructura de tenencia de la tierra, que se complementaban con

mecanismos para segmentar la carga impositiva a favor de los productores de menor

tamao. Con este objetivo se sancionaron rpidamente algunas medidas, como la

suspensin de los desalojos de arrendatarios, la ley de colonizacin y la de Fomento

Agrario, que habilitaba una lnea de crditos para que los arrendatarios accedieran a la

propiedad de la tierra. Otra iniciativa en ese sentido fue la sancin del impuesto a la

renta potencial de la tierra, instrumento que castigaba impositivamente las tierras

48

Iigo Carrera, op. cit., pp. 41-45.

ociosas o mal explotadas. Aunque nunca lleg a aplicarse, se supona que su efecto sera

la disminucin de la carga sobre las pequeas explotaciones (a las que se asuma como

ms eficientes), mientras que desincentivara la tenencia ociosa de grandes predios. Una

iniciativa con fines similares fue el anteproyecto de Ley Agraria publicitado en 1974,

que se discuti hasta el hartazgo aunque nunca fue remitido al parlamento. Este

proyecto estableca mecanismos para que el Estado expropiara o diera en arriendo

forzoso las tierras explotadas por debajo de su capacidad.49

Sin embargo, ninguna de

estas iniciativas tuvo efectos importantes. En el caso de las leyes sobre arrendamientos,

porque como sealaba la prensa de la poca, sta era ya una figura poco comn. Por

esa razn, estos proyectos seran una concesin a la FAA que forma parte de la CGE-

sin ninguna trascendencia prctica.50 En el caso del impuesto a la renta potencial,

porque nunca se avanz decididamente en su implementacin completa, quedando a la

postre como un impuesto ms a la tierra. Y en el caso del anteproyecto de Ley Agraria,

porque sectores internos del gobierno resistieron su sancin, al punto de terminar

cajoneado. En trminos concretos, la poltica agraria peronista se redujo a una serie de

mecanismos que apuntaban a captar la renta agraria que financiara el programa

econmico, barnizada con tonos reformistas (la nacionalizacin del comercio exterior) y

acompaada con proyectos que remitan a la retrica de la reforma agraria, aunque

nunca pasaron de la declaracin de intenciones.

La recepcin de esta poltica no fue uniforme en las corporaciones agrarias. La captura

de mayores porciones de renta diferencial fue aceptada a regaadientes. Muchos

factores primaron en la resignacin con la que se asumi, en un primer momento, lo que

era un hecho consumado. En primer lugar, los precios eran altos, con lo que no resultaba

mayor problema resignar parte de la ganancia extraordinaria de all derivada. En

segundo lugar, por la coyuntura poltica, en donde pesaba tanto el miedo al desborde

por izquierda de las masas como el abrumador triunfo peronista que daba fuerte

respaldo popular a la ofensiva reformista. Por otro lado, algunas fracciones, como la

representaba por FAA, esperaban que los mecanismos de segmentacin de la carga

impositiva bajaran el precio de su contribucin al programa econmico. Y a su vez,

esperaban compensar las prdidas beneficindose de las iniciativas reformistas en

materia de tenencia de la tierra. El resto de las corporaciones, que combata con igual

recelo tanto la exaccin de renta como la reforma de la estructura, se acercaron al

49

Lattuada, Mario. La poltica agraria peronista (1943-1983). CEAL, Buenos Aires, vol. 2, 1986. 50

Clarn, 21/7/1973.

peronismo con la esperanza de bloquear desde dentro las aristas ms perjudiciales de la

poltica agropecuaria. En cualquier caso, lo que observamos es un alineamiento (no

exento de tensiones) de la mayora de las corporaciones con el gobierno en los primeros

meses. Con la apertura de una nueva crisis econmica, estas mismas entidades

comenzaran a pasarse abiertamente a la oposicin entre 1974 y 1975. Ya sobre el final

del gobierno de Isabel, todas las corporaciones agrarias iniciaran un proceso de

movilizacin y paros que contribuyeron decididamente a desestabilizarlo, generando las

condiciones para el golpe de estado.

Aunque sus corporaciones no participaron oficialmente de la ronda de negociaciones, el

Pacto Social tambin inclua al sector rural: adems del paquete de leyes mencionado, el

gobierno estableci precios mximos para los productos agropecuarios de mayor

incidencia en la canasta familiar, incluyendo una rebaja para las carnes que alcanzaba al

20% de los valores existentes. El gobierno inform a los dirigentes del sector su

aporte en una reunin, tras la cual la Comisin de Enlace emiti uno de sus ltimos

comunicados respaldando el acuerdo.51 Una vez suscripto el Pacto Social, la CGE

intent sumar el apoyo de las corporaciones empresarias que no fueron parte de su

elaboracin. A tal fin, convoc a una asamblea en el Teatro San Martn de la Capital

Federal, que se realiz el 14 de junio de 1973. Con resquemores y alguna queja (en

particular, que no haban sido consultados para la elaboracin del plan y que el aporte

del agro era mayor al de otros sectores), los titulares de CONINAGRO, CRA y SRA

respaldaron con su presencia el Pacto Social.52

Federacin Agraria fue ms all, expresando pblicamente gran satisfaccin con el

triunfo electoral del peronismo y manifestando su esperanza en que la nueva gestin

diera cabida a sus planteos. Aunque a un nivel general la poltica agraria peronista

coincida con sus posiciones, en la letra chica se expresaran diferencias sustanciales

que generaran tensiones en la relacin. Los primeros chispazos surgieron al hacerse

pblica la contribucin del agro al sostenimiento del Pacto Social. El motivo de

discordia eran los nuevos precios de los productos agropecuarios, que FAA acept en

tanto eran necesarios para contener el proceso inflacionario heredado de la gestin

Lanusse, aunque no dejaron de marcar la notoria injusticia para con el campo.53 Sin

embargo, para la entidad era una garanta que el gobierno hubiera convocado para la

51

La Nacin, 2/6/1973. 52

La Nacin, 15/6/1973. 53

La Tierra, 28/6/1973.

elaboracin de la poltica agropecuaria a hombres provenientes de su seno. Aunque

Humberto Volando haba declinado el ofrecimiento para sumarse al equipo