El Desafío de La Participación Ciudadana

EL SALVADORGUATEMALASede Acadmica, Costa Rica

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

EL DESAFO DE LA PARTICIPACIN CIUDADANA

EN EL ESTADO DEMOCRTICO DE DERECHO

AVANCES Y RETOS DE LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GESTIN DE POLTICAS PBLICAS, EN ESPACIOS INSTITUCIONALES

DE LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS


EN EL ESTADO DEMOCRTICO DE DERECHO

AVANCES Y RETOS DE LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GESTIN DE POLTICAS PBLICAS, EN ESPACIOS INSTITUCIONALES

DE LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS

RICARDO SOL ARRIAZA

323.6D441d El Desafo de la participacin ciudadana en el estado democrtico de derecho y retos de la participacin ciudadana en la gestin de polticas pblicas, en espacios institucionales de los estados centroamericanos / Ricardo Sol Arriaza, edit. 1. ed. -- San Jos, C.R. : FLACSO, 2012. 202 p. ; 24 x 16 cm.

ISBN 978-9977-68-235-8

1. Participacin ciudadana Amrica Central. 2. Desarrollo poltico.3. Desarrollo econmico. 4. Participacin poltica. I. Sol Arriaza, Ricardo, edit. II. Ttulo.

Coordinador editorial: Abelardo Morales GamboaDiseo de portada: Grafica Medium

Produccin editorial: Grafica MediumPrimera edicin: Enero 2012

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- Sede Costa RicaApartado Postal 11747, San Jos, Costa Rica. Tel. (506) 2224-8059

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Esta publicacin es posible gracias al apoyo institucional de la Agencia Sueca de Cooperacin para la Investigacin (SAREC) de la Agencia Sueca para el

Desarrollo Internacional (ASDI).

EL SALVADORGUATEMALA

5El desafo de la participacin ciudadana en el estado democrtico de derecho

NDICE

IntRODuCCIn ....................................................................................................... 7

CAptuLO I: EL DESAfO DE LA pARtICIpACIn CIuDADAnA ................................ 17

CAptuLO II: SOCIEDAD CIvIL y DEmOCRACIA ..................................................... 33

CAptuLO III: SujEtOS SOCIALES y pOLtICA pbLICAS ....................................... 45CAptuLO Iv: InCLuSIn y COnStRuCCIn DE ESpACIOS DE DILOgO y ACuERDOS, hACIA unA DEmOCRACIA DELIbERAtIvA ................................................................. 57

CAptuLO v: nuEvAS fORmAS DE EjERCICIO DE LA CIuDADAnA: LA DIpLOmACIA CIuDADAnA .................................................................................. 79

CAptuLO vI: pROCEDImIEntOS DE ACCESO y pARtICIpACIn DE LA SOCIEDAD CIvIL En LA gEStIn DE pOLtICAS pbLICAS ....................................................................... 89

CAptuLO vII: COnSuLtA E InCIDEnCIA, fORmAS DE pARtICIpACIn CIuDADAnA quE fORtALECEn LA DEmOCRACIA ............................................................................. 101

AvAnCES y REtOS DE LA pARtICIpACIn CIuDADAnA En LA gEStIn DE pOLtICAS pbLICAS, En ESpACIOS InStItuCIOnALES DE LOS EStADOS CEntROAmERICAnOS ............................ 119


INTRODUCCIN

El desafo de la participacin ciudadana, en el marco de un Estado democrtico de derecho (EDD), equivale -en esencia- al compromiso social y poltico de fortalecer una ciudadana activa y responsable. El avance en esta direccin est condicionado por las caractersticas de la sociedad civil, en tanto espacio de articulacin y construccin de la diversidad de actores, con sus propias debilidades y fortalezas, y cuya interaccin, en un juego de fuerzas y conflictos, van a permitir la emergencia del Estado democrtico y la fortaleza institucional que se logre en cada rgimen democrtico particular.

La relacin entre Estado y sociedad civil es interdependiente: el desarrollo de la sociedad civil y sus caractersticas, est en consonancia con el desarrollo del EDD, y por consiguiente, con los avances en la construccin de los regmenes democrticos. La naturaleza de la demanda social, el tipo de organizacin, sus niveles de independencia y autonoma, el carcter de la peticin ciudadana y sus alcances, as como el reconocimiento social o la inclusin se conforman de cara al Estado.

La ciudadana, ms que un atributo predefinido e inamovible, es una realidad o una prctica en construccin. Esta, en la evolucin de los Estados democrticos, ha ido amplindose a partir del reconocimiento de los derechos individuales o civiles, para abarcar los derechos polticos y ms recientemente los derechos sociales incluido el derecho a la proteccin y conservacin de los servicios ambientales. Esta ampliacin de derechos ha dependido y depende del fortalecimiento de los actores que conforman la sociedad civil, as como de los avances en su inclusin como ciudadanos, de sectores o grupos poblacionales tradicionalmente excluidos. En consecuencia, la construccin de ciudadana ha ido aparejada al reconocimiento de los derechos de sectores sociales que no gozaban de ellos y que han conquistado su reconocimiento y con ello ampliado el concepto de ciudadana.

De esta manera, podemos sostener con Cndido Grzybowski (2004; 123), que

Afianzar la democracia pasa necesaria e indispensablemente por la sociedad civil, sobre todo por las posibilidades de volver visibles a los invisibles. Esto simplemente porque no puede existir derechos de ciudadana si no son para


todas y todos. Derechos para algunos, por ms numerosos que estos sean, no son derechos, son privilegios. Ciudadana es expresin de una relacin social que tiene como presupuesto a todos, sin excepcin. Cmo incluirse en la relacin de ciudadana? Tomando nuestra realidad de millones y millones que an permanecen fuera del sistema, sin que su ciudadana haya sido reconocida; se trata de ver cmo y en qu condiciones pueden transformarse en sujetos histricos, iniciado un proceso virtuoso de rupturas y de refundacin social, econmica, poltica y cultural, de modo democrtico y sostenido.

Este autor concluye este planteamiento con un acierto esencial, que por s solo coloca un enorme desafo a las democracias latinoamericanas en construccin.

Nunca est de ms recordar sostiene- que los grupos populares en situacin de pobreza y desigualdad, casi en la exclusin social, no son ontolgicamente o necesariamente democrticos. Al igual que todos los sujetos sociales, estos necesitan tornarse democrticos con el proceso mismo por el cual se tornan sujetos.(Grzybowski, 2004; 123)

Como corolario, puede decirse que los regmenes democrticos, para avanzar en su consolidacin como tales, deben generar procesos de inclusin y favorecer la constitucin de sujetos sociales y ofrecer garantas de cumplimiento de los derechos, particularmente los derechos sociales.

Analizar estas relaciones, desde la realidad latinoamericana, pero particularmente desde experiencias concretas centroamericanas, es el objetivo de este libro

Como es sabido, a mediados de la dcada de los 70 y durante la dcada de los aos 80, los Estados de la regin sufren un profundo colapso en el marco de una crisis que abarca, con distintas expresiones, a la mayora de Estados de toda Amrica Latina.

La causas de ese agotamiento de los Estados latinoamericanos son mltiples, entre otras: la conflictividad generada y acumulada por aos de un crnico dficit de equidad y creciente desigualdad; la resistencia al autoritarismo y despotismo oligrquico-militar; la postergada construccin de un verdadero Estado democrtico de derecho; la corrupcin y el enriquecimiento a costas de las arcas del Estado; el agotamiento del modelo agro-exportador y el escaso xito del modelo de sustitucin de importaciones, con la secuela del consecuente endeudamiento externo; todo lo cual se presenta en el marco internacional de la guerra fra y la lucha ideolgica implcita.

Todos estos factores van a traducirse en un ambiente de creciente conflictividad, propicio para la emergencia de movimientos sociales y de propuestas revolucionarias o contestatarias frente a los regmenes establecidos; todo lo cual se tradujo, en muchos casos, en una autntica guerra civil, particularmente en Centroamrica, espacio geopoltico desde el que hacemos las reflexiones que presentamos en este libro.

Es de suponer que la sociedad civil y la diversidad de actores que en esta se constituyen como tales, en el marco de este tipo de Estados, se debata entre el conservadurismo o conformismo y lo contestatario o la rebelin; y la ciudadana era debilitada por la exclusin.


Cabe destacar que ya sea a travs de manifestaciones de la guerra fra o de conflictos de baja intensidad, como los identificara Xabier Gorostiaga, esta conflictividad perme a pases en los que aquella no se desarrollara en todas sus dimensiones y no alcanzara los niveles de una guerra civil, como puede ser particularmente el caso de Costa Rica. No obstante, el Estado de bienestar que lleg a desarrollarse en este pas vio agotadas sus posibilidades y sucumbi; por una parte, por su escaso nfasis, y consecuente poco desarrollo, de la responsabilidad social de los gobernantes y de los ciudadanos de cara a los ejercicios y prcticas de solidaridad que ese tipo de Estado presupone; y, por otra parte, ante la avasalladora propuesta desreguladora que cubriera el orbe en el mismo perodo.

En trminos ms generales, pero que apuntan a casos como el de Costa Rica, Cunill Grau (2008; 116) seala que:

En efecto una de las crticas tempranas producidas a partir del anlisis socio-poltico al Estado de Bienestar mostr que no obstante sus innegables logros en la instauracin de derechos, estaba posibilitando la creacin de ciudadanos privados, con su nfasis en derechos pasivos. De otro lado, el desafo ideolgico que se impuso en los aos 80 al paradigma dominante, tanto desde la nueva derecha como desde las corrientes comunitarias, fue argumentar que el Estado de Bienestar puede conducir a la pasividad social y la dependencia.

Como lo recuerda Rabotnikof (citado en Cunill, 2008; 116) en el lenguaje del comunitarismo: las garantas y prestaciones del Estado social de derecho habran sido, a la vez, causa y resultado de un individualismos sin confianza, sin reciprocidad, sin obligaciones y sin solidaridad

Pero tambin, los Estados de bienestar, o las polticas que parcialmente se aplicaron en algunos Estados latinoamericanos, paradjicamente, al igual que los Estados oligrquicos tradicionales o sus formas de expresin, se vieron debilitados o sucumbieron frente a las nuevas propuestas de organizacin del Estado y para el desarrollo, que emergen en el mbito de organismos multilaterales y de corporaciones internacionales y que privilegian de manera predominante las leyes del mercado, en un marco creciente de mundializacin de los procesos productivos, del comercio y de los espacios comunicacionales.

Es en este nuevo escenario internacional en el cual convergen los procesos identificados como ajuste estructural y modernizacin del Estado en el marco, como sealamos, de los fenmenos implcitos en la globalizacin, como el libre comercio, las migraciones, la movilidad de capitales y los desarrollos cientficos y tecnolgicos, particularmente en el campo de la informacin y la comunicacin, lo que traer aparejado nuevos escenarios culturales entre otros procesos.

Es en este escenario convulso y contradictorio que emerge la exigencia de refundacin del Estado, tomando como referente el Estado democrtico de derecho (EDD), lo que para los pases de la regin significaba construir nuevas relaciones de poder, en un perodo posterior a intensos procesos de conflicto social y guerras

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El desafo de la participacin ciudadana en el estado democrtico de derecho

civiles; lo que implica tambin refundar la ciudadana y ampliar la sociedad civil y consecuentemente los sujetos o actores sociales, aun cuando esto no queda claramente identificado, mucho menos explcito, en los acuerdos fundacionales de esta nueva etapa y de su apuesta socio-poltica.

Para el caso de Centroamrica, el hito fundacional de esta nueva era lo fue la firma de acuerdos de paz, tanto a nivel regional, conocidos como Acuerdos de Esquipulas, as como el fin de la dictadura de los Somoza en Nicaragua y el posterior arreglo electoral que pondra fin a la guerra civil en ese pas; pero tambin los acuerdos de paz firmados en El Salvador y tardamente en Guatemala, todo lo cual, abrir el imaginario del desarrollo con equidad y la posibilidad de la refundacin del EDD en Centroamrica.

Los pactos sociales o acuerdos polticos que sustentan esta nueva etapa de construccin del EDD en Centroamrica van a enfatizar tres elementos fundamentales en la construccin de la democracia. En el mbito poltico, la reconstruccin de la clase poltica con la inclusin de nuevos actores y partidos as como la modernizacin del sistema electoral. En el mbito institucional, el fortalecimiento de las instituciones del Estado de derecho: los poderes del Estado, su autonoma, la legislacin y las finanzas o recaudacin fiscal. Equidistante a estos dos, el desarrollo de nuevas instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Y, finalmente, de forma ms difusa, en cuanto a la satisfaccin de expectativas, la bsqueda de la equidad, el desarrollo sostenible, la generacin y distribucin de riqueza; sin embargo, estos alcances no se traducen en acuerdos explcitos o en proceso concretos.

En consecuencia, los componentes centrales de la construccin de la ciudadana en el EDD, es decir los derechos ciudadanos, son celosamente resguardados cuando se trata de aquellos de carcter poltico, as como los de signo civil; pero no as para los de carcter social y menos an la apertura al fortalecimiento de la sociedad civil y al reconocimiento de nuevos actores sociales.

En conclusin, en el esquema anterior queda implcito, pero desdibujado, un factor esencial en el EDD: la ciudadana. Si analizamos el tema de los derechos desde la perspectiva del sujeto, como veremos ms adelante, encontramos por una parte que el sujeto de los derechos civiles, el individuo est claramente protegido y tutelado; que el de los derechos polticos, los institutos o partidos polticos, tiene igual proteccin; pero el de los derechos de acceso a la participacin y a la informacin, de las ciudadanas y ciudadanas organizados para hacer efectivos derechos colectivos, no tiene ni la misma apertura, ni las mismas garantas o tutela.

De otra manera, encontramos que en los acuerdos polticos con que se proponen refundar el Estado, toman como referente el EDD, no hay propuestas ni alusiones visibles y mucho menos categricas sobre el fortalecimiento de la ciudadana y menos sobre la participacin ciudadana, ms all del ejercicio electoral y su derecho a organizarse en partidos polticos.

Las razones de esto son muchas y fuertes, como la falta de una cultura de participacin y de reconocimiento de la participacin ciudadana. Lo que se manifest tanto en un Estado oligrquico, excluyente, con tendencias al corporativismo; como en el Estado de bienestar donde como sealamos- priva el individualismo y la falta

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de responsabilidad social. Pero tambin esto se evidencia en los Estados populistas, donde se propicia la pasividad complaciente del ciudadano, asociada a la recepcin de ddivas.

Aunado a estos tipos de comportamiento, tambin est presente el temor, por parte de los que ejercen el poder pblico, a la asociatividad, a la conformacin de grupos que, desde la organizacin social, llmese movimientos sociales o sociedad civil organizada, puedan dispersar o cuestionar su poder o el temor a las posiciones contestarias de la organizacin de sectores tradicionalmente excluidos, que reclaman sus derechos legtimos, pero con formas de lucha no reconocidas en el juego institucional1. Pero tambin la organizacin de la sociedad civil, encuentra reparos en la cultura hegemonista propia de organizaciones desarrolladas bajo la prctica contestataria o insurgentes, lo que se explica por las exigencias de prcticas organizativas de sobrevivencia frente a la represin y persecucin. Por otra parte es importante destacar que a la propia sociedad civil le es innato el conflicto, lo que se originada en su diversidad, en la desigualdad, en estructuras ancestrales de control del poder, etc.

En este contexto, y lejos de superarse este proceso de construccin de ciudadana basada en derecho y en reconocimiento/inclusin de sujetos sociales, es lgico que los ndices de participacin ciudadana y de su compromiso con la democracia, sean fluctuantes con tendencia a debilitarse; en tanto dicho compromisos se pretenden construir sobre la base de una convocatoria limitada a la asistencia a las urnas electorales para emitir un voto.

El Latinobarmetro 2009 destaca que:

Si se usa un indicador compuesto, donde se incluye la necesidad de partidos polticos, parlamento, rechazo a los gobiernos autoritarios, el apoyo a la democracia por encima de los otros tipos de rgimen, la cantidad de personas que adhieren a la democracia no alcanza los dos dgitos en Amrica Latina. Si se incluyen en el ndice las elecciones, la libertad de expresin aumentan los porcentajes. Si se buscan categoras ms hbridas donde las personas tienen algunas actitudes correctas y otras incorrectas, se pude alcanzar hasta el 40% de la poblacin. Por ltimo, es desalentador saber que alrededor de un 40% a 45% de la poblacin de la regin no logran tener actitudes democrticas en ms de 2 aspectos de la democracia como arriba definidos. La libertad de expresin y las elecciones es por definicin la caracterstica ms universal que todos tienen en comn y muchos ms seran demcratas si esas fueran sus nicas caractersticas. (Latinobarmetro, 2009; 16)

No obstante, este mismo informe concluye de igual manera que en Amrica Latina La democracia se afianza en tiempos de crisis, como tambin que:

Las democracias latinoamericanas muestran crisis de representacin, en primer lugar a travs del hiperpresidencialismo, la fiebre reeleccionista y

1 Como ya lo indicamos en cita anterior de Grzybowski.

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el desmedro de la confianza en las instituciones, as como la atomizacin del sistema de partidos en tantos pases. Honduras, tiene adems de los problemas institucionales de la poltica, una situacin econmica crtica, donde un 66% de la poblacin declara que la situacin econmica es mala. (Latinobarmetro, 2009; 4)

A nuestro juicio estos criterios son ambiguos y limitados a un enfoque electoral, y no hacen referencia e incluso evaden el tema del fortalecimiento de la ciudadana, de sus formas organizativas y de las caractersticas de la sociedad civil de la cual emergen los actores sociales.

En el informe del PNUD, La Democracia en Amrica Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos (2004; 80) aun cuando toma como referente el concepto de ciudadana, no logra superar esta ambigedad y limitacin. En este se afirma que La participacin ciudadana en el proceso electoral en Amrica Latina, aunque con diferencias importantes entre pases, es positiva. Para sostener lo anterior destaca que el 89,3% de los votantes potenciales en la regin estn inscritos en los registros electorales, de los cuales el 62,7% vota y el 56,1% emite voto vlido, y a continuacin seala: Estas cifras indican que es posible ganar elecciones sin que el candidato triunfante logre el respaldo de la mayora de los ciudadanos. Pero el anlisis no concluye all, para sealar que estos porcentajes de participacin electoral se encuentran por debajo de los de Europa occidental pero por encima de los de Estados Unidos Los parmetros, en nuestro criterio, nos llevan a conclusiones paradjicas, por ejemplo: que un candidato pueda ser presidente sin el apoyo de la mayora y es democrtico; o que, con superar los ndices de participacin electoral de Estados Unidos, estamos bien; si estamos por debajo de Europa estamos bien?

En el ya citado informe 2009 del Latinobarmetro se sostiene que no existe una teora social robusta para medir el apoyo ciudadano a la democracia2, lo cual es una observacin muy reveladora para regmenes que de antemano se le identifica como originados en el poder del pueblo, como soberano.

En consecuencia, proponemos, con el nimo de aportar a una visin ms integral de la democracia, otros criterios y puntos de vista que sin ser propios, estn respaldados en experiencias enriquecedoras- y que podran enriquecer el anlisis la participacin ciudadana en un rgimen democrtico.

Partimos de compartir el criterio que sostiene el mismo Informe del PNUD, de que solo con ms y mejor democracia las sociedades latinoamericanas podrn ser ms igualitarias y desarrolladas. (2004; 38), an ms, nos parece un gran avance en este sentido que el mencionado informe se subtitule Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanas, lo que debe entenderse como una apuesta a fortalecer la ciudadana.2 SecitaqueLasciencias socialesnohandesarrolladouna teora losuficientemente robusta

para medir empricamente el apoyo a regmenes democrticos. El sustituto de la teora lo han dado estudios de opinin que indagan sobre diversos aspectos del apoyo de los ciudadanos a la democracia. Dependiendo de cuales aspectos se consideran en un indicador, es la cantidad de personas que se encuentran a favor o no de la democracia (Latinobarmetro, 2009; 16).

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Tanto el informe citado del 2004 como el enfoque general del libro Democracia/Estado/Ciudadana. Hacia un Estado de y para la Democracia en Amrica Latina (PNUD, 2007), aun cuando tienen la enorme virtud de poner en primera plana y como referente principal a la ciudadana, por sobre aquellos anlisis que toman como referente el aparataje institucional de la democracia, que han privado en la construccin de la teora de la democracia y sus consecuentes mediciones, segn nuestra lectura dicho avance an se queda corto, no obstante que en esos estudios encontramos elementos esenciales para hacer efectivo el axioma de que solo con ms democracia se resuelven los problemas de la democracia. Particularmente nos parece un aporte fundamental el de Nuria Cunill Grau (2008, 113): La construccin de ciudadana desde una institucionalidad pblica ampliada. La diferencia fundamental entre este y otros enfoques de los estudios citados radica en la antinomia de una visin del ciudadano y la ciudadana como objetos pasivos beneficiarios de las polticas pblicas o aquella en la que se le aborda como sujetos activos de los procesos o ciclos de las polticas pblicas.

De otra manera, la democracia salvando la tautologa- ser de ciudadanas y ciudadanos cuando las polticas pblicas se enfoquen a ellos y los beneficien o cuando estos y estas hagan posible ese resultado. En nuestro criterio, no existe institucionalidad que por s sola se oriente a objetivos definidos si no existen actores capaces de darle ese rumbo y esa orientacin.

En consecuencia, desde este enfoque, se vuelve evidente que la construccin del EDD no puede prescindir de la construccin de ciudadana y de formas, quizs inditas, de participacin ciudadana. La satisfaccin de expectativas, el fortalecimiento institucional, la democracia representativa y electoral, slo adquieren sentido con una participacin ciudadana multidimensional y en todo el espectro de las polticas pblicas y en las diferentes etapas de gestin de estas. Como se ver a lo largo de este libro, la participacin ciudadana, como la entendemos aqu, va ms all de la participacin electoral y cala en todo el proceso de gestin de las polticas pblicas, tanto en el mbito local, como nacional e internacional.

La razn de esta propuesta se sustenta en un reconocimiento de la complejidad de la actual sociedad y sus consecuentes formas de convivencia, lo que hacen imposible la intervencin absoluta del Estado en esa complejidad de demandas e interacciones; as como la insolvencia de los partidos polticos para asegurar la intermediacin para todos los actores que surgen de este entramado o tejido social y en todos esos espacios de la sociedad moderna. Las formas totalitarias del Estado, ante esa complejidad social moderna, estn destinadas al fracaso.

Esto demanda una nueva forma de conjugar el inters particular y el de los diversos niveles asociativos, con el bien comn, con el inters colectivo, es esto lo que demanda la participacin ciudadana.

En consecuencia proponemos, observar con especial atencin las prcticas concretas del actual esfuerzo por construir EDD y las demandas de participacin ciudadana como un recurso o imperativo. De hecho, con mayor o menor xito, como veremos a lo largo de este libro, en los distintos pases latinoamericanos se han intentado experiencias de participacin en los temas de polticas pblicas,

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en la construccin de espacios de concertacin nacional, en el campo de polticas especficas, en el gobierno local, etc.

Pero en la era de la mundializacin, esta propuesta de participacin ciudadana no se restringe a los espacios nacionales. Como ampliaremos en los captulos de este libro, distintos organismos, nacionales, regionales o multilaterales destacan lo que se espera de la participacin de la sociedad civil o de los ciudadanos y las ciudadanas en cada uno de esos mbitos. Entre otros, se espera que aporte, desde su vivencia existencial o su experiencia profesional, en el diseo y formulacin de polticas pblicas, a la capacidad de fiscalizacin, en el marco de una gestin trasparente por parte de las autoridades gubernamentales y, consecuentemente, que con su participacin la sociedad civil proponga y visibilice los intereses y demandas especficas de los actores de la sociedad civil.

En este libro presentaremos distintos intentos o bsquedas, subregionales, regionales, nacionales, locales y esfuerzos sectoriales que han sido planteados para procurar la participacin ciudadana, orientados a involucrar a la ciudadanas y ciudadanos en la generacin de propuestas, construccin de acuerdos, incidir en polticas pblicas o legitimar iniciativas o polticas particulares o incluso para la construccin de un Proyecto Nacional.

Las motivaciones y los orgenes son sin duda diversos y amplios, pero evidencian la existencia de esta demanda y la urgencia de fortalecer el EDD, con la participacin ciudadana.

No podremos presentar en este libro todos los intentos o propuestas por concretar experiencias de participacin ciudadana, algunos solo los citaremos, como son los esfuerzos del BID por crear un espacio de participacin de la sociedad civil en ese organismo multilateral; para otros presentaremos y analizaremos casos concretos como el de la Organizacin de Estados Americanos, OEA y las Cumbres de las Amricas (ver Captulo V) ; o como lo planteado en las Cumbres especializadas de Ro (ver Captulo VI) o la de Benn, como tambin las propuestas de la propia OIT (ver Captulo VII). Para el caso de Centroamrica, que es el espacio que nos ha permitido una praxis concreta, que da origen a la reflexin que se recoge en este libro, relataremos la experiencia de creacin y desarrollo del Comit Consultivo del Sistema de la Integracin Centroamericana, CC-SICA, (ver Captulo IV). Cabe mencionar tambin otras iniciativas, realizadas en el mbito de los pases. En El Salvador, la iniciativa de construccin de Foro de Concertacin y Proyecto de Nacin; en Guatemala el Foro Cvico, en Honduras Foro ciudadano de concertacin; en Nicaragua el Dilogo Nacional, en Costa Rica las convocatorias a Concertacin Nacional; en Panam, los Encuentros Panam y Visin Nacional 2020.

Ms recientemente, pases como Honduras, Nicaragua, Bolivia, Venezuela han generado legislacin sobre la participacin ciudadana, ms all de la que ya est implcita en la normativa o cdigos de desarrollo local, para estos y la mayora de pases de la regin. Otros pases, como Costa Rica han elevado el concepto de la participacin ciudadana a la normativa constitucional y en ella se incluye los ejercicios de consulta popular, particularmente el referndum. Introducimos aqu esta referencia, a manera de ejemplo, aunque el tema lo tocamos en otros captulos.

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Otra tesis central de este libro, sostiene que el fortalecimiento de la ciudadana se constituye en el principal reto para el desarrollo y consolidacin del EDD en los pases de la regin. Pero esto exige un desarrollo y fortalecimiento de los espacios y procedimientos para participacin ciudadana, para que sta tenga una efectiva incidencia en el ciclo de las polticas pblicas.

No ignoramos que esta demanda enfrenta diferentes y relevantes desafos. La participacin ciudadana no ha logrado an un espacio y reconocimiento en la cultura poltica de la regin. La diferenciacin social, basada sobre todo en un dficit de equidad, genera antagonismo y hasta exclusin recproca entre las organizacin de la sociedad civil y frente al Estado. Es an dbil la reflexin y fundamentacin sociolgica, antropolgica, poltica y econmicas de la sociedad civil. La caracterizacin de las instituciones y por consiguiente el fortalecimiento y desarrollo de las procedimientos y espacios de participacin, son an incipientes. En este libro tratamos de indicar un camino para sustentar este desafo conceptual (ver captulos I, II y III)

Adems, es importante desatacar que la legitimidad de la representacin de las organizaciones de la sociedad civil es objeto de permanentes cuestionamientos, sin que exista una voluntad poltica real para que esta representatividad se garantice y robustezca.

La pluralidad de actores sociales, que emergen de la propia diversidad de la sociedad civil, requiere de un cambio en la cultura poltica que incorpore el reconocimiento y el respeto al otro, a las diferencias y por consiguientes de la legitimidad de esa pluralidad. Lo que demanda a la vez, un reconocimiento de las formas y roles de las organizaciones de las sociedad civil, en la vida democrtica y en el desarrollo.

Este reconocimiento, tambin demanda superar las formas de relacionarse los partidos polticos y la organizacin de la sociedad civil.

Finalmente, los procesos de institucionalizacin jurdica y procedimental, que demanda un EDD, para garantizar la participacin ciudadana es an dbil y en los casos en que existe, su aplicacin en muy deficiente. Falta de legislacin y procedimientos que aseguren espacios y formas y garanticen la participacin ciudadana en el ciclo de polticas pblicas, es decir la identificacin, la formulacin, la ejecucin y la evaluacin de los resultados de estas.

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CAptuLO I


En Amrica Latina se ha alcanzado una democracia electoral y sus libertades bsicas. Se trata ahora de avanzar en la democracia de

ciudadana. La primera nos dio las libertades y el derecho a decidir por nosotros mismos La segunda, hoy plena de carencias, es la que avanza

para que el conjunto de derechos se tornen efectivos. Es la que nos permite pasar de electores a ciudadano (PNUD, 2004; 34)

La reflexin sobre la democracia, desde la ptica de la participacin ciudadana, conduce de manera obligada a profundizar sobre temas propios de este tipo de rgimen poltico, pero poco explorados. Temas que, consecuentemente, son de reciente abordaje en la literatura poltica. Esto se refleja, de entrada, en la diferenciacin entre el concepto democracia delegativa y democracia representativa que introdujo ODonnell (2010), o entre electores y ciudadanos, que aparece con fuerza en los estudios sobre la democracia que impulsa el PNUD y que, a manera de eplogo, colocamos en este captulo.

As mismo, este ejercicio de repensar la democracia, desde esta perspectiva, introduce nuevas temticas a saber: gobernanza o gobernabilidad, rendimiento de cuentas o accountability, sociedad civil y ciudadana, e incluso nuevas antinomias: democracia participativa y democracia electoral, democracia y desarrollo entre otros.

Pero tambin, esta reflexin desde la ciudadana coloca temas sumamente relevantes para la construccin de la democracia en los pases latinoamericanos, como se refleja en la agenda de foros internacionales o de organismos multilaterales; entre otros:

el Grupo de Ro, las Cumbres Iberoamericanas de los Jefes de Estado y de Gobierno y la OEA a travs de la Unidad para la Promocin de la Democracia estas iniciativas vienen impulsando la definicin de una agenda poltica y de los partidos polticos, las organizaciones de la sociedad civil y la participacin ciudadana en diversos procesos de la vida pblica, la cultura democrtica, las instituciones garantes de la transparencia y la eficacia

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gubernamental, la gobernabilidad democrtica, el Estado de derecho, la reduccin de la pobreza, y el impacto de la nueva economa sobre el desarrollo econmico. (PNUD, 2004, 44)

En bsqueda de una explicacin conceptual a estas iniciativas de fortalecer la democracia con la participacin de la sociedad civil, la revista Gobernanza (citado en Prats, 2006; 80-81), sostiene que:

Las democracias liberales son sistemas institucionales en permanente evolucin que tratan de responder en cada momento a una misma pregunta cmo hacer posible la existencia duradera de una sociedad de ciudadanos considerados libres e iguales y que, por lo mismo, se hallan profundamente divididos por cuestiones culturales, identitarias, religiosas, filosficas y morales razonables? La poltica democrtica existe para hacer viable una sociedad de personas libres y por ello diversas y hasta enfrentadas severamente en sus intereses y convicciones. La libertad igual de los seres humanos nos lleva a afirmar su radical diversidad y su potencial enfrentamiento. Quien no entiende esto no ha entendido nada de democracia ni de poltica.

En sociedades profundamente desiguales como las latinoamericanas la cuestin de la diversidad queda en general opacada por la gran cuestin de la desigualdad. El mismo John Rawls sealaba que la estructuracin justa de las democracias deba satisfacer no slo la vigencia de libertades polticas iguales y de un mismo esquema bsico de derechos para todos sino adems que las desigualdades sociales y econmicas vigentes slo seran justas en la medida que: (a) estuvieran vinculadas a posiciones y cargos abiertos a todos en condiciones de igualdad efectiva de oportunidades y (b) promovieran el mayor beneficio para los miembros ms vulnerables de la sociedad. Amrica Latina siempre ha estado lejos pero el mundo en general tambin parece estarse alejando de estos ideales de justicia. Sin embargo, hoy queremos llamar la atencin sobre otro dato: aunque el ideal de justicia democrtica se realizara bsicamente, la diversidad, contradiccin y conflicto de creencias (y la miseria y limitaciones humanas que las acompaan) seguiran amenazando la existencia de nuestras sociedades. Por eso el propio Rawls plante que la democracia no era compatible con cualquier pluralismo sino slo con concepciones y doctrinas razonables.

Destacamos dos orgenes importantes en estas nuevas tendencias. Por una parte el reconocimiento y reflexin sobre la pluralidad de actores que conviven en las sociedades actuales y particularmente las latinoamericanas y, por otra parte, la creciente inclinacin a reconocer una relacin estrecha entre sistema poltico basado en derechos y las condiciones de vida o calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

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Los referentes conceptuales ms cercanos a estas propuestas y reflexin son los de Robert Dahl, quien propone la categora de poliarqua, que fue planteada por Aristteles3 y rescatada relativamente recientemente por dicho actor. Pero cabe apuntar, para efectos de este replanteamiento de la democracia, que Dahl an diferencia la democracia como sistema poltico que incluye una serie de requisitos, particularmente las elecciones libres, peridicas y competitivas, de la efectividad de ste para promover el desarrollo y alcanzar el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.

No obstante Dahl, sigue siendo una referencia importante en el renovado debate sobre la democracia desde la ciudadana porque, como lo destaca Yolanda Casado (s.f.), ste autor, en su libro Poliarchy. Participation and Opposition (1971) va a retomar el concepto de poliarqua, precisamente para rescatar la pluralidad de actores sociales que concurren al juego democrtico y lo opone al de hegemona, sin duda por su carcter claramente excluyente; de all que en su planteamiento asuma especial importancia las dimensiones de debate pblico y el derecho a participar4.

Estas tendencias, se expresan en retos para los Estados latinoamericanos en general y los centroamericanos en particular que, en las ltimas dos dcadas del siglo XX, optaron por la construccin5

de regmenes democrticos para resolver sus conflictos socio-polticos dando un salto del autoritarismo a la democracia6.

As, en el campo de la prctica poltica, al tenor de este enfoque desde la participacin ciudadana, se evidencia un proceso de construccin institucional que se concreta en expresiones jurdicas y prcticas orgnicas, aunque an muy dbiles, experimentales y, en algunos casos, instrumentales. La debilidad de estos procesos est en directa relacin con la debilidad del tejido social y de sus organizaciones y a la falta de reconocimiento de actores generalmente excluidos por razones de pobreza, gnero, etnia, entre otros.

En este sentido, no obstante, cabe destacar el surgimiento de legislacin y la construccin de instituciones de participacin ciudadana en el campo de la gestin

3 Aristteles distingui, en sus tratados tica a Nicmaco y Poltica, tres formas justas de gobierno (monarqua, aristocracia y poliarqua (del griego, pols, mucho y arch, gobierno, gobierno de muchos forma atenuada de democracia) y sus correspondientes formas corruptas (tirana, oligarqua y demagogia). (Marcano, 2005)

4 Siguiendo a Yolanda Casado (s.f), uno de los componentes que definen la democracia deacuerdo a Dahl es el Derecho a constituir asociaciones u organizaciones autnomas, partidos polticos y grupos de intereses, este concepto es ampliado con los de: igualdad de oportunidades de participacin en las decisiones, igualdad de oportunidades en los procesos a travs de los cuales se aprende a comprender que quiere uno, delimitacin de los intereses, las metas y los valores,elcontrolfinaldelosasuntospblicosydelasdecisionesporlosciudadanosy,eldeque cuerpo de los ciudadanos debe ser inclusivo, es decir no debe ser excluida de los derechos una parte sustancial de la poblacin del pas.

5 Llanos y Sample (2008), al analizar el tema de la Participacin poltica de la mujer en Amrica Latina, ubican el ao 1978, como el ao de inicio de los que denominan la ola democrtica.

6 En el caso de Costa Rica, y Mxico, cada uno con sus particularidades, aun cuando evidencian una continuidad en el ejercicio de la democracia, han debido enfrentar un cambio sustancial en su modelo, tanto de Estado (Estado de bienestar), como socio-econmico para el desarrollo, por ello, no son ajenos a los retos democrticos que enfrentan el resto de pases latinoamericanos que sufrieron largos perodos de autoritarismo.

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ambiental y de los recursos naturales, iniciativas amparadas en los compromisos de Ro Janeiro, particularmente del Principio 10, que establece que la mejor forma de abordar los asuntos o la gestin ambiental es, precisamente, con la participacin de las y los ciudadanos. Tambin debe de incluirse en esta tendencia la obligatoriedad a la consulta sobre temas que afectan a las poblaciones indgenas, segn lo establece el Convenio 169 de la OIT, suscrito por buen aparte de los Estados de Amrica Latina, como tambin las propuestas de consejos u organismos de dilogo social, particularmente para asuntos laborales, que promueve la misma OIT.

Cabe destacar tambin el cmo los Estados latinoamericanos han venido incorporando legislacin e instituciones relacionadas con el acceso a la informacin y la transparencia de la gestin pblica, en la que las y los ciudadanos adquieren un carcter de sujetos activos y preponderantes. Finalmente, y con repercusiones polticas ms amplias y complejas, algunos de los Gobiernos de esta regin, han impulsado e incluso obtenido el respaldo legislativo para incorporar leyes denominadas de participacin ciudadana, que incluye tanto figuras consultivas no vinculantes, como institutos de acatamiento obligatorio, como pueden ser el referndum, el plebiscito, la consulta revocatoria, entre otras; pero tambin en algunos casos se contemplan, Consejos de desarrollo nacional o regional (Guatemala) o los Consejos Nacionales Sectoriales (Nicaragua)7, Consejos Comunales (Venezuela). As como Consejos Econmicos y Sociales (El Salvador y Honduras) o el Foro Nacional de Participacin Ciudadana (Honduras), solo para citar algunos ejemplos.

A su vez, como referentes tangibles, en la primera dcada del presente siglo los regmenes latinoamericanos8 han debido responder al impacto de dos grandes desafos para la construccin de la democracia. Estos surgen, por una parte, de las exigencias por la puesta en prctica de los postulados de los Derechos Humanos, lo que propicia el surgimiento de nuevos actores y requiere de una nueva institucionalidad9 y demanda mayor eficiencia en las polticas pblicas vinculadas a la vigencia efectiva de esos derechos, particularmente de los derechos econmicos, sociales culturales y ambientales.

Paralelo a este proceso se potencian y se diversifican actores sociales que encuentran en estos valores, mayores recursos para fundamentar sus demandas y exigirlas, con base en los principios de equidad y justicia, como referentes para valorar los logros en la aspiracin a un desarrollo humano digno y el logro de una mayor calidad de vida para los seres humanos. Esto ampla el concepto de ciudadana

7 El caso de Nicaragua es sui generis ya que durante la administracin Bolaos (2002-2007) se promulg una Ley de participacin ciudadana (No.475) que luego, en el gobierno de Daniel Ortega, fue ignorada, para impulsar una nueva forma de participacin denominados Consejos de Participacin Ciudadana, en el marco de una esquema de gestin poltica e imagen autodenominada Pueblo presidente.

8 Aunque en este trabajo haremos referencias a las acciones y movilizaciones de las organizaciones de la sociedad civil ante regmenes autoritarios destacaremos, de manera particular, los retos de la participacin de la sociedad civil en espacios o regmenes democrticos

9 Por institucional, en este caso entendemos el desarrollo de discursos legitimadores, como de legislacin y espacios formales en organismos multilaterales, en los Estados, en los partidos polticos, y en las propias organizaciones de la sociedad civil.

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concebido y practicado como electores o legitimadores del ejercicio del poder en las urnas. El ejercicio de la ciudadana, pasa de ser un momento en la vida democrtica, a un continuo en la vida social, al menos de los sectores organizados de la sociedad. Estas organizaciones sociales reclaman atencin a sus demandas y necesidades, estn vigilantes y reclaman resultados. Esto reta y cuestiona a los Gobiernos como a los partidos polticos y al Estado mismo en su institucionalidad.

Este proceso de fortalecimiento y diversificacin de actores, que frente a las dictaduras tradicionales de Amrica Latina se orientaba fundamentalmente a expresiones polticas o eran canalizadas por organizaciones polticas, generalmente contestatarias o antisistema, y ya en los regmenes democrticos o en los proceso de transicin hacia regmenes democrticos, se convierten en expresiones diversas, con pluralidad de actores y orgenes mltiples, como pueden ser razones tnicas, etarias, laborales, territoriales o poblacionales y hasta en las diversas formas productivas. Reconociendo este fenmeno, el IDD-Lat 2009 sostiene que estas manifestaciones reivindicatorias son conducidas por movimientos sociales organizados a partir de alguna condicin particular de exclusin; otras veces, surgen de la propia fragmentacin social y de la ausencia de organizacin poltica. Polilat, 2009: 117

Tomando como referente esta emergencia de actores, demandas y movilizaciones, a lo largo de este libro, sostenemos y buscamos demostrar que esta relacin entre democracia y derechos humanos plantea un nuevo escenario desafiante para el desempeo de los Estados. Los regmenes democrticos ya no slo tienen que garantizar los derechos civiles y polticos, sino que, -y cada vez ms de manera perentoria-, deben garantizar los derechos econmicos, sociales y culturales de los ciudadanos y ciudadanos10 de la nacin. Paralelamente, como hemos sealado, los regmenes democrticos afrontan el fortalecimiento o surgimiento de nuevos sujetos sociales cuya dinmica tiene su origen en el reconocimiento de los derechos. Encontramos un reconocimiento de este fenmeno en las reflexiones que, entre otros ha iniciado el PNUD (2004).

Estos enfoques y los conceptos como el de Dficit Democrtico11 reflejan este mismo desafo; no obstante, muchos de estos estudios no llegan ms all de identificar debilidades en la dinmica o eficiencia de los regmenes democrticos existentes en Amrica Latina para solventar o hacer efectivos los requerimientos o derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Pero no avanzan en la construccin de

10 En algunos casos este precepto se ampla al de habitantes. Que desde ya, reconoce otros sujetos de derecho como son los, nios, los migrantes, etc. En este libro trabajaremos particularmente con el concepto de ciudadana, porque en nuestro criterio, ste recoge mejor la idea de un sujeto activo, con derecho y responsabilidades, a diferencia del de habitante, que nos evoca un ente pasivo.

11 Al respecto, Fernando Carrillo Flores (2001), experto del BID en gobernabilidad democrtica seala que Aprobar una constitucin y celebrar elecciones libres son slo los primeros pasos de una autntica democracia. Amrica Latina y el Caribe enfrentan hoy el gran reto de poner en marcha todo un sistema Aparentemente, en sus pases todo est en orden para que las democracias funcionen a pleno rendimiento, incluyendo elecciones libres, congresos y constituciones. Y, sin embargo, da tras da, los escndalos sobre corrupcin y abuso de poder, la denuncia del malestar social y de la inseguridad ciudadana se publican a los cuatro vientos. La marcha de las democracias parece ser bastante menos que un paseo triunfal al gusto de todos.

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una ciudadana que conceptualice de manera amplia, al ciudadano y la ciudadana como entes activos, como sujetos de esta construccin democrtica y del desarrollo. Esto se refleja claramente en un documento sometido a la discusin en el ao 2009, por la OEA y el PNUD, llamado La Democracia de Ciudadana: Una agenda para la construccin de ciudadana en Amrica Latina, en el que se define ciudadana como el ejercicio sostenible del mximo de derecho a partir de la generacin de polticas convalidadas por la sociedad, promovidas por ella y legitimadas para dar poder al Estado para ejecutarlas (PNUD, 2004).

Este concepto refleja claramente la preocupacin de los derechos y la urgencia de una ciudadana que sea el principio rector y fin de las acciones del Estado y ms especficamente de las polticas pblicas. No obstante, esta propuesta queda en deuda en un punto medular, situado en ese fiel de la dinmica de la generacin de polticas convalidadas por la sociedad y promovidas por ella, encontramos que no se presenta en el documento en cuestin, un desarrollo sobre el carcter del ciudadano o la ciudadana como sujetos y actores fundamentales del ejercicio de la democracia particularmente de los derechos sociales, lo que conduce de manera especfica- a la no identificacin de lo que podramos calificar como un mnimo procedimental para la participacin ciudadana y de los sujetos llamados a practicarla y hacerla efectiva.

En este sentido, Cohen y Arato (2000; 70-71) al analizar el fenmeno de la sociedad civil en la transicin latinoamericana, de las dictaduras a la democratizacin, y al revisar las experiencias y escritos generados en esta regin, concluyen que:

La principal preocupacin de los tericos latinoamericanos y de sus colaboradores ha sido la transicin a partir de un nuevo tipo de gobierno autoritario, militar-burocrtico que involucra primero un perodo de liberalizacin (definida como el restablecimiento o extensin de los derechos individuales y de grupo); y segundo, una etapa de democratizacin (entendida en trminos del establecimiento de un principio de ciudadana basado por lo menos en un mnimo procedimental de participacin). Pero -continan estos actores- se considera que estas transiciones dependen en gran medida de la resurreccin de la sociedad civil. En este caso, la sociedad civil hace referencia a una red de grupos y asociaciones que tienen en s mismas una calidad cvica pblica, relacionada tanto con un derecho a existir reconocido como la capacidad para deliberar abiertamente sobre asuntos comunes y actuar en pblico en defensa de intereses justificables.

En un doble proceso de reflexin y praxis, identificamos dos de los desafos ms relevantes para los regmenes democrticos en Amrica Latina.

El primero de ellos est vinculado directamente con la capacidad de los Estados y sus Gobiernos, en el marco de la construccin de regmenes democrticos, para generar procesos efectivos y polticas convincentes orientadas a atender y satisfacer las aspiraciones de la poblacin y hacer efectivos sus derechos.

La ineficacia de los Estados latinoamericanos, aun cuando hayan alcanzado grados significativos y respetables de democracia, genera reclamos cada vez ms

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fuertes y estructurados por parte de amplios sectores cuya movilizacin se sustenta en organizaciones de la sociedad civil, aun cuando en determinados momentos estas son canalizadas por las instancias propias de la sociedad poltica.

El segundo desafo, vinculado estrechamente al anterior, se expresa en lo que algunos autores identifican como la politizacin de la sociedad civil o la ciudanizacin de la sociedad poltica, estas expresiones tratan de llamar la atencin sobre cmo actores o sujetos sociales organizados, a travs de distintas formas de movilizacin, se proponen incidir en las polticas pblicas y promover sus derechos. En los casos en que estas movilizaciones no encuentran respuesta o resultados concretos por parte de los gobiernos, se multiplican las expresiones de inestabilidad e ingobernabilidad y el desencanto por la poltica se generaliza. Son estos desafos los que dan pie a que analistas y estudiosos hayan acuado frases como dficit democrtico, entendiendo con esto que los regmenes democrticos construidos hasta hoy en Amrica Latina, no estn dando respuestas efectivas y slidas a las crecientes expectativas sobre los derechos de las poblaciones mayoritarias de la regin.

Otros analistas sealan que la democracia est en crisis, ya que si bien ha permitido avances en relacin a la alternancia del poder, quedan an muchas dudas sobre su capacidad para identificar, orientar y vigilar polticas que redunden en el bienestar de las mayoras.

Llama la atencin el que los regmenes polticos de Amrica Latina, sin excepcin, en la actualidad apelan a la democracia para legitimar su autoridad; invocan particularmente a la consulta ciudadana e incluso otros recursos propios del juego poltico de la democracia representativa, como el propio parlamentarismo, para impulsar procesos de toma de decisin por mayora como recurso para impulsar polticas pblicas o incluso reformas a los propios sistemas polticos establecidos.

La legitimidad de estos regmenes y de sus acciones se sustenta en el principio de la toma de decisiones basadas en la voluntad mayoritaria. Un enunciado sin duda limitado y que ha sido usado por los regmenes populistas de derecha e izquierda como un recurso instrumental y manipulador. En consecuencia, una perspectiva profundamente democrtica y de justicia social obliga a pensar la democracia como un ejercicio que va ms all de la toma de decisiones sustentadas en la mayora. En este sentido, toman relevancia los principios democrticos de la deliberacin, del respeto a las diferencias y al pluralismo; componentes indispensables para la construccin de sociedades democrticas, equitativas y justas.

En aquella tendencia, la que mide si un rgimen poltico es democrtico o no porque se sustenta en una consulta y voluntad mayoritaria, la que podramos llamar minimalista, se expresan dos vertientes, que si bien pueden tener signo contrario, se juntan en su resultado y en su concepcin maniquea de la sociedad y en su limitada visin sobre la participacin ciudadana en los asuntos pblicos.

Algunas de estas visiones y prcticas polticas se sustentan en argumentos tecnocrticos, particularmente por parte del Poder Ejecutivo o gobiernos locales cuando, pretendiendo estar conformados por equipos tcnicos y especializados en los asuntos sociales, econmicos o culturales, una vez realizados los procesos electorales,

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menosprecian la consulta y participacin de los y las ciudadanas arguyendo, que las mayoras sociales desconocen o ignoran los asuntos tcnicos de las polticas pblicas.

Por ello, sostienen, el poder debe ser ejercido por los equipos tcnicos y polticos que implcitamente fueron refrendados en la campaa electoral, y validados como autoridad elegida por el voto mayoritario. En este argumento, se entiende que, al ser ungidos por el voto mayoritario, la autoridad ha sido designada para gobernar por un perodo definido y no est obligada a consultar con otras fuerzas o sectores sociales, ya que cuenta con la legitimidad de origen, otorgada por el voto de la mayora. No es sino hasta el prximo escrutinio popular que dicha fuerza poltica o autoridades rendirn cuentas y se someter nuevamente a la decisin de la mayora.

Este tipo de propuesta o visin se ha identificado como democracia elitista, en la que no hay ninguna pretensin de que los votantes establezcan la agenda poltica o tomen decisiones polticas; ellos ni generan los temas a tratar ni eligen las polticas. Ms bien, los lderes (partidos polticos) agregan los intereses y deciden cules habrn de ser relevantes polticamente (Cohen y Arato, 2000; 24). No obstante, como lo sealan estos mismos autores, este modelo de democracia se basa en supuestos importantes para su viabilidad: que exista competencia entre lites en la adquisicin del poder poltico y en la toma de decisiones; que la sancin mediante el voto haga que las lites tomen decisiones que sean justas y se aliente a las autoridades a responder a las mltiples demandas y a responsabilizarse ante los ciudadanos y ciudadanas, lo que a su vez los impulsar a formular compromisos entre las lites.

Pero tambin, este modelo supone precondiciones cuya reproduccin debe ser garantizada por el sistema: liderazgo de alta calidad, tolerancia con las diferencias de opinin, una cultura poltica basada en el autocontrol democrtico; pluralismo y diferenciacin social sustentado en una competencia no violenta, por los cargos y las influencias y, un sistema poltico capaz de tomar decisiones, protegido de demandas excesivas por parte de la poblacin y, consecuentemente, un sistema en el que esta poblacin acepte una divisin del trabajo entre ellos y los polticos que elige. En consecuencia, este modelo requiere de una institucionalidad que garantice el voto secreto, plena vigencia de derechos civiles, la alternancia, elecciones peridicas y la competencia entre partidos.

Al evaluar este conjunto de supuestos, condiciones y precondiciones se puede concluir sobre las debilidades o fortalezas de este modelo, que sin duda ha sido el paradigma predominante en los pases latinoamericanos. Siguiendo siempre a estos actores citados, podemos destacar los elementos centrales de la crtica a este modelo, en el cual destaca el sealamiento de su tendencia a generar apata en la poblacin al privilegiar la delegacin del poder, la concentracin de lo pblico en lo privado y la selectividad de las demandas de la poblacin en manos de las lites.

Otras expresiones polticas que se traducen en una subvaloracin de la participacin ciudadana, ms all de la reconocida en el ejercicio del voto en las elecciones, se expresa en el desconocimiento y desvalorizacin de la diversidad de intereses y consecuentemente de actores con vocacin de incidir en las polticas pblicas sean estas sociales, econmicas, culturales o polticas propiamente. La diversidad de actores sociales, el pluralismo poltico-ideolgico, pero tambin

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la diversidad originada en las formas sociales del trabajo, de la subsistencia o la reproduccin social, o en las expresiones culturales, las diferencias etarias o poblacionales y los orgenes tnicos, entre otros, son desconocidos cuando se acta subvalorando la diversidad de actores e intereses sociales, aduciendo que un asunto u objeto de una poltica pblica se circunscribe a los intereses de un solo sector, aparentemente el directamente relacionado con ese tema.

Lo anterior est relacionado con prcticas polticas corporativistas, tambin limitantes de la participacin ciudadana, en las que se privilegia a determinado sector o gremio para consultar o impulsar determinadas poltica pblica. Esta limitada visin y prctica corporativista, junto a las cuotas de poder que se generan en la desigual distribucin de la riqueza, constituyen la justificacin para que las autoridades gubernamentales restrinjan la consulta, para la toma de decisiones en torno a polticas pblicas, a determinados sectores sociales y las organizaciones que los representan y agrupan.

Tambin limitan la participacin ciudadana las prcticas clasistas, vinculadas a opciones ideolgicas o mercantilistas propias de los partidos polticos y sus dirigentes, al restringir la organizacin de la sociedad civil a determinada militancia poltica. Tanto la organizacin gremial, como la de la comunidad, incluso la cultural u otras formas organizativas propias de la sociedad civil, son cooptadas por los partidos polticos, llegando incluso en determinadas formas autoritarias de ejercicio del poder del Estado, a restringir las formas no partidarias oficiales de organizacin de la sociedad civil.

Las distintas prcticas que limitan la participacin ciudadana en los asuntos pblicos, paradjicamente, tienden a absorber la sociedad civil en la sociedad poltica. Esto se ejecuta por medio de procesos de cooptacin de las organizaciones o de los lderes de los sectores sociales, gremiales o poblacionales que integran la sociedad. En este caso, particularmente los partidos polticos, incorporan a sus filas a dirigentes sociales, o ellos mismos, ante la urgencia de obtener resultados para sus, gremios, sectores o grupos, se afilian como dirigentes de partidos en el poder o con importantes cuotas de poder.

Cabe destacar, que desde la perspectiva de nuestro anlisis, es decir el de la participacin ciudadana como base y sustento principal de la democracia, encontramos serias deficiencias sobre el rol de la ciudadana en la prctica efectiva de la construccin de los regmenes democrticos, precisamente porque en la teora democrtica hay un enorme vaco con respecto al tipo de sociedad que requieren las democracias para existir y desempearse exitosamente, desde la perspectiva de los derechos de las personas, de la equidad y del desarrollo social integral. Por ello, asumimos el concepto de sociedad civil como una categora indispensable y necesaria en la reflexin sobre la democracia. Es este un reto conceptual que trataremos de abordar en el siguiente captulo, sociedad civil y democracia.

Con la reflexin anterior, buscamos contribuir a entender mejor los desafos de la propuesta sobre la urgencia de una democracia participativa que hoy da como hemos reseado en este captulo- surge tanto de propuestas de foros e instituciones multilaterales internacionales, as como de desafiantes enfoques conceptuales, pero

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tambin de prcticas institucionales que ya tiene un peso especfico en el escenario poltico actual de los Estados, lo que responde a un cambio en la estructura de los actores sociales de las sociedades contemporneas.

Las reflexiones que introducimos en este libro buscan tambin establecer criterios que permitan superar la antinomia entre democracia participativa y democracia directa y entre estas y la democracia representativa.

En este sentido se pueden identificar dos posiciones, una la que homologa la democracia participativa con la democracia directa. En este enfoque, se desconoce la pluralidad y diversidad de la sociedad civil y se fuerza a la homogenizacin de la ciudadana por medio del voto, reconocindose este mecanismo como nico recurso para la expresin pblica o poltica y el voto mayoritario como nico recurso a la legitimidad. Esto conduce a negar la esencia de la democracia participativa, que se sustenta en el reconocimiento relevante de la pluralidad de actores sociales y la diversidad de intereses propio de las actuales sociedades latinoamericanas. De esta manera, las prcticas de la democracia directa (es decir la consulta vinculante a la poblacin) se elevan, no como un recurso especfico de la democracia, sino como una categora superior, por sobre el juego de las instituciones republicanas, el respeto a las minoras, los poderes locales, la diversidad, el pluralismo y los mecanismos representativos. En estos casos, la democracia representativa, va perdiendo vigor y se reduce a una mera legitimacin de autoridades por la mayora.

La otra posicin, la de la participacin ciudadana, lejos de abandonar el Estado democrtico de derecho, como concepto y propuesta de organizacin social y la democracia representativa como recurso para la organizacin poltica del Estado, busca privilegiar la deliberacin y as fortalecer las prcticas que conduzcan a la cohesin social, la construccin de acuerdos, la gobernabilidad y la resolucin de conflictos por la va democrtica, fortaleciendo la participacin ciudadana, ms all del voto. Esta participacin ciudadana se concreta en prcticas plurales y diversas de incidencia de las sociedad civil organizada o de sujetos individuales interesados en la gestin de las polticas pblicas, tanto nacional, como locales o sectoriales.

Para concretar la construccin de un rgimen democrtico de esta tesitura se requiere que los distintos ejercicios o prcticas de la democracia, -es decir de libre expresin, de consulta a la poblacin y de respeto a la vigencia de la voluntad ciudadana-, tengan un reconocimiento y un rol claramente definido. As los mecanismos y las prcticas de eleccin de representantes ante los poderes del Estado, se respeten y se vuelvan efectivamente accesibles para todas y todos los ciudadanos. Que la identificacin, diseo, implementacin y vigilancia de las polticas pblicas cuenten con espacios, oportunidades y condiciones para la efectiva participacin de los y las ciudadanas, identificando claramente el alcance de esta participacin. Pero tambin, que en los casos calificados y definidos, la ciudadana pueda ser consultada de manera directa y sus opiniones sean vinculantes. Desde esta perspectiva, se propone una complementariedad entre la democracia representativa, la democracia participativa y las prcticas concretas de democracia directa.

Esto permitira que el ciudadano y la ciudadana dejen de ser aquellos entes pasivos o potenciales que se activan nicamente el da de las elecciones y superar la

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participacin que se reduce a depositar su voto, para elegir a quien lo va a representar y gobernar por cuatro o cinco aos o para delegar, por medio del voto, su responsabilidad en los asuntos que son propios o de inters de la comunidad. A esto algunos han llamado la ciudadana de medio minuto. Pero tambin ha dado origen a lo que con una buena carga peyorativa se ha denominado la democracia delegativa, con sus niveles de desencanto y la disminucin en los ndices de participacin y compromiso, medidos y reportados por distintos instrumentos como el Latinobarmetro y el IDD-Lat entre otros.

Ms importante an que el reporte consistente y documentado del descenso o desencanto de la participacin ciudadana en las urnas, lo que parece ms significativo observar, como proceso y fenmeno poltico, es que de esta manera se generan condiciones favorables para propuestas efectistas de supuestos ejercicios democrticos caudillistas, elitistas que crecen en el sustrato del desencanto con la democracia electoral republicana.

Aun as, la propuesta de ampliar la participacin ciudadana encuentra resistencia en posiciones que cuestionan el que un ciudadano o una ciudadana comn y corriente puedan o tengan las condiciones y las cualidades necesarias para influir ms all del voto- en los asuntos de Estado. Esto se expresa en la poca disposicin de las autoridades legtimamente elegidas, para aceptar la participacin de los ciudadanos y las ciudadanas en la gestin de los bienes pblicos y en el ejercicio del gobierno que se les ha entregado por las urnas. Por otro lado, teniendo tambin como referente el desencanto de la participacin ciudadana en las urnas, se cuestiona el que el pueblo est en disposicin y posibilidad de asumir la responsabilidad de coadyuvar en la planeacin, diseo, ejecucin, acompaamiento y vigilancia de las polticas pblicas. Se argumenta, que no es solo cuestin de inters, sino tambin de capacidad, de tiempo y de movilizacin. Con estos argumentos se elude la responsabilidad del Estado y los gobernantes de promover y facilitar la construccin de sujetos sociales como recurso para la superacin de la exclusin y se entroniza la aceptacin de la exclusin social como realidad insuperable o natural.

Son estos algunos de los elementos del debate y del desafo, la puesta en escena del fortalecimiento de la participacin ciudadana en los regmenes democrticos.

Es en este escenario de un debate inconcluso y de retos histrico concretos, que la mayor parte de los Estados centroamericanos y latinoamericanos han dejado atrs, relativamente de manera reciente, formas autoritarias de Gobiernos y estn en proceso de construccin de Gobiernos democrticos basados en elecciones populares, en sistemas de partidos polticos, en el juego legislativo o parlamentario y en regmenes de libertad de expresin. Es evidente que estos sistemas no se han terminado de consolidar cuando ya las demandas sociales estn haciendo crujir los nuevos cimientos de la gobernabilidad, entendida esta como la capacidad del Estado para superar los conflictos sociales y lograr el desarrollo.

El proceso de empobrecimiento e informalizacin se ha incrementado desde los aos 70`s y el impacto en la sociedad se manifiesta en la cada de salarios, la desocupacin y los cambios en las relaciones laborales. Las dificultades para identificar, construir y promover los modelos de desarrollo conducen a la incertidumbre. Hoy ms

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que nunca el debate sobre las propuestas de desarrollo, sean estas implcitas o explicitas, se convierte en un enorme ruido indescifrable. Predominando ideas contrapuestas: libre mercado e inversin extranjera o desarrollo nacional y capitalizacin; privatizacin y competitividad o servicios pblicos solidarios; desarrollo local o desarrollo regional; etc.

Es este el contexto concreto en el que surgen las propuestas de distintos organismos internacionales y multilaterales sobre la construccin de una democracia participativa. As, el Plan de Accin de Qubec, suscrito por los presidentes de todos los pases de las Amricas en el 2001, dice:

Reconociendo el importante papel de la participacin de la sociedad civil en la consolidacin de la democracia y que dicha participacin constituye uno de los elementos vitales para el xito de las polticas de desarrollo; considerando que los hombres y mujeres tienen derecho a participar, en condiciones de igualdad y equidad, en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y bienestar, y tomando en cuenta que la diversidad de opiniones, de experiencias y de conocimiento tcnicos de la sociedad civil constituyen un recurso importante y valioso para iniciativas y respuestas de los gobiernos e instituciones democrticas, el Plan de Accin de Qubec, establece compromisos para el fortalecimiento de la participacin de la sociedad civil en los procesos hemisfricos y nacionales.

Por su parte, los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamrica, en la Declaracin de Bvaro o la declaracin de XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Repblica Dominicana, 15 y 16 noviembre de 2002, en su numeral 3 sostienen:

En el comn propsito de fortalecer el sistema democrtico y as asegurar la gobernabilidad democrtica, reconocemos la necesidad de promover y continuar apoyando acciones que consoliden una cultura democrtica y el Estado de Derecho, que se sustentan en la libertad, la paz, la tolerancia y la participacin social y ciudadana y la justicia social. Al mismo tiempo destacamos la importancia de aquellas instituciones que aseguran la transparencia y eficacia en el ejercicio de la accin gubernamental, de los partidos polticos, las agrupaciones y otras entidades representativas de la sociedad civil, as como de una ms activa participacin ciudadana en las cuestiones de la vida pblica.

El presente libro pretende aportar desde una praxis social sustentada en experiencias concretas y en una reflexin conceptual, propuestas que abonan al fortalecimiento de la democracia, por la va de la participacin ciudadana en los asuntos pblicos.

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La corriente de la participacin ciudadana ya avanza y se desarrolla. Como se indic antes, pases como Colombia, Nicaragua y Honduras12 cuentan con una ley de participacin ciudadana, el Distrito Federal de Mxico13 cuenta tambin con una ley de este tipo. Costa Rica, en su Constitucin Poltica se incorpor el concepto de democracia participativa, como valor esencial del Estado costarricense. Por otra parte, y de manera mucho ms amplia, otros Estados han empezado por desarrollar y aprobar leyes de transparencia y acceso a la informacin pblica, que son instrumentos precisos de participacin ciudadana.

A su vez, los procesos de descentralizacin y fortalecimiento de gobiernos locales llevan implcito la participacin ciudadana y as se refleja en la legislacin que se ha generado en Amrica Latina en los ltimos lustros. Los mismos procesos legislativos no escapan de esta corriente histrica, algunos parlamentos incorporan en sus comisiones de trabajo a dirigentes, lderes o expertos de la sociedad civil. En Costa Rica, en el ao 2006, se promulga la Ley de Iniciativa popular, en su Artculo 1, seala: Durante el perodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, un cinco por ciento (5%), como mnimo, de los ciudadanos inscritos en el padrn electoral podrn ejercer la iniciativa para formar las leyes o reformar parcialmente la Constitucin Poltica.

Pero adems de voces de tericos, propuestas de organismos internacionales, y avances jurdicos e institucionales, tambin la propia sociedad civil organizada ha alzado su voz para manifestar lo que piensa y espera de la participacin ciudadana.

En este sentido, cabe resear el debate pblico que se gener en torno a la agenda participativa, (propuesta por el gobierno de la Presidenta Bachelet), sostenido entre lvaro Ramis Presidente de ACCIN14, y Francisco Estevez, director de la Divisin de Organizaciones Sociales, DOS15. Este dilogo, genera una serie de temas que contribuyen a ordenar, una agenda pendiente para avanzar en la construccin de una democracia participativa, sustentada en el fortalecimiento de la ciudadana. As surge, los siguientes temas, en los que se debe avanzar para apuntalar y concretar la participacin ciudadana en los asuntos pblicos: a) la urgencia de un cuerpo legal, b) el reconocimiento de que las formas actuales de participacin desde la sociedad civil, representan un cambio histrico para la democracia, c) que el fortalecimiento de la sociedad civil como actor del desarrollo incorpora mecanismos que pasan por transformaciones profundas al sistema poltico que den fundamento a una democracia participativa, d) estos procesos se reflejan en un perodo acelerando la tramitacin de los proyectos de ley sobre discriminacin, defensor ciudadano junto a una vigorosa campaa de apropiacin ciudadana de la ley de transparencia y e) el reconocimiento

12 En este pas el Congreso Nacional, promulg una Ley de Participacin Ciudadana, mediante DECRETONo.3-2006,RepblicadeHonduras,C.A.2006.

13 En Mxico tambin existe una Ley de Participacin Ciudadana decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nacin ISBN 968-6145-75-3, Mxico DF.

14 La Asociacin Chilena de ONG, ACCIN.15 La Divisin de Organizaciones Sociales (DOS), dependiente del Ministerio Secretara General

de Gobierno de Chile, es la institucionalidad del Estado que tiene a su cargo la implementacin ycoordinacindelapolticapblicaenmateriasdeparticipacinciudadana.

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de que hay una tendencia a la politizacin de la sociedad civil y a ciudadanizar a la sociedad poltica16.

Pero por otro lado, ciertos avances en el proceso de participacin ciudadana deben ser vistos crticamente, para obtener lecciones. As, cabe destacar para el caso de Honduras, lo que Eugenio Sosa previ al promulgarse la Ley de Participacin Ciudadana, en este pas. Sosa (2008) sentenci: la Ley de Participacin Ciudadana aprobada, tiene un carcter vertical y jerrquico, desconoce otros espacios y mecanismos reales de participacin ciudadana y no desarrolla ni profundiza los principios constitucionales sobre la condicin y ejercicio de la ciudadana. Pero, a su vez, destaca su importancia ya que identifica oportunidades o lineamientos de accin que podra aprovechar e impulsar la sociedad civil. Recordemos que el intento de acogerse a esta Ley, para impulsar sus iniciativas, por parte del Presidente Manuel Zelaya, condujo al golpe de Estado, en ese pas.

Desde la propia visin de las organizaciones sociales que impulsan iniciativas de participacin de la Sociedad Civil en los asuntos pblicos se ha buscado precisar y explicar el carcter de su propia iniciativa, en este sentido, la Asociacin Chilena de ONG, ACCIN, a la que ya hemos hecho alusin, y que agrupa a un nmero muy relevante de organizaciones de sociedad civil de ese pas, identifica elementos definitorios de la identidad y accin de estas organizaciones, lo que nos perece clave para entender temas esenciales de lo que conceptualizamos en el ttulo de este captulo como El desafo de la participacin ciudadana.

En primer lugar, las organizaciones sociales demandan que se reconozca el carcter heterogneo y diverso de la sociedad, as como la complejidad del espacio desde el cual la ciudadana se organiza y promueve sus iniciativas; pero tambin, la vocacin de estas organizaciones para aportar al desarrollo y a la democracia.

Por otra parte, estas organizaciones de ciudadanos y ciudadanas, autoidentifican su perfil poltico caracterizado por una tradicin de resistencia al autoritarismo; por la contribucin a la consolidacin de nuevos actores sociales y movimientos; por la construccin de la ciudadana y la defensa de la tica en la poltica para la profundizacin de la democracia.

A su vez, destacan como su aporte a la sociedad, el compromiso tico con las personas y comunidades con las que trabajan cotidianamente, a travs de una participacin activa en los procesos que conduzcan a mejorar sus condiciones de vida.

Tambin se pronuncian por el principio de la igualdad de derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, lo que los impulsa a luchar contra toda forma de discriminacin y exclusin, sea esta del carcter que fuere: laboral, gnero, raza, etnia, religin, orientacin sexual.

Estas organizaciones se perciben a s mismas con espacios de trabajo por el fortalecimiento de la ciudadana, promoviendo una amplia participacin social en los asuntos pblicos y en el financiamiento pblico al desarrollo, en tanto se entiende que estos no constituyen un monopolio ni del mercado, ni del Estado.

16 El nombre de los representantes de las diferentes organizaciones, as como el debate que surgi fueron encontrados en la pgina web de Es Tiempo de ACCION programa radial de la Asociacin Chilena de ONGs.

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En consecuencia, y asumiendo que los recursos pblicos no son gubernamentales sino, precisamente, pblicos; estas organizaciones pregonan su legitimidad para incidir en la orientacin del gasto, gestionar y administrar fondos pblicos, como recurso para construir una esfera de participacin ciudadana en el desarrollo y la democracia, en el mbito nacional e internacional.

Lo anterior, autodemanda a las propias organizaciones civiles, la exigencia de ser transparentes y rendir cuentas pblicamente, respecto de quines son, qu pretenden, qu hacen, cmo se organizan, cmo lo hacen y con qu recursos lo hacen.

A su vez, estn obligadas a una prctica sustentada en los valores de honestidad, probidad, tica, y transparencia; cumplimiento de compromisos, eficiencia, eficacia y efectividad, y coherencia con su misin.

De las actividades e iniciativas impulsadas por estas organizaciones se extraen algunos temas que conforman lo que podra denominarse la vocacin de las organizaciones sociales o la agenda de accin, desde la sociedad civil organizada. Estos temas son: la erradicacin de la pobreza y de las desigualdades sociales, la defensa irrestricta de los derechos humanos, promovemos el ejercicio pleno y la ampliacin de derechos polticos, sociales, econmicos, culturales y ambientales de las personas, grupos organizados y pueblos originarios. Se privilegia a su vez, iniciativas por la equidad de gnero, el respeto y valoracin de la diversidad cultural y la interculturalidad, como recursos ineludibles para generar procesos de cohesin social.

Recuadro No. 1Valores medulares para la prctica de la participacin pblica.

La Asociacin internacional para la Participacin Pblica, AIPP, promueve siete valores medulares que sustentan sus iniciativas para el fortalecimiento de la participacin de la sociedad civil:

1. El pblico debe tener voz en las decisiones que afectan su vida.2. La participacin pblica incluye la promesa de que las

contribuciones del pblico van a tener influencia en las decisiones.3. El proceso de participacin pblica comunica los intereses del

pblico y cumple con la necesidad del proceso de ser participativo.4. El proceso busca y facilita la participacin de aquellos

potencialmente afectados.5. El proceso de participacin pblica involucra a los participantes

en la definicin de cmo van a participar.6. El proceso de participacin pblica brinda a los participantes

toda la informacin que necesitan para participar de una forma significativa.

7. El proceso de participacin pblica comunica a los participantes la forma en que sus opiniones han afectado la decisin.

Fuente: AIPP: http://iap2.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=75

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Los valores en los que se sustenta la accin de estas organizaciones estn signados, de acuerdo con su propia visin, en principios del desarrollo humano sostenible y el equilibrio ambiental, la cultura de paz, y la soberana, la independencia y la reciprocidad.

Por su parte, las organizaciones sociales que buscan fortalecer su incidencia en las polticas pblicas realizan esfuerzos por una articulacin organizacional o construccin de redes de organizaciones, tanto a nivel temtico, como territorial en sus distintos niveles; local, regional, nacional, latinoamericano y global. Para ello se demanda el reconocimiento del derecho a la comunicacin y la garanta de acceso irrestricto a la informacin pblica

Se vuelve evidente, en esta autopercepcin, una propuesta orientada a la construccin y ejercicio responsable de una nueva ciudadana, sustentada y orientada al fortalecimiento del Estado de derecho y un rgimen democrtico que garantice el pleno desarrollo de la participacin ciudadana, el reconocimiento de su diversidad y su autonoma, que implica autodesarrollo, autorregulacin de las organizaciones sociales y las personas que las integran. Conceptos que abordaremos en los captulos siguientes.

Por supuesto, como seala Jos Fernndez Santilln (2007; 26), autor que revisaremos con mayor profundidad en el siguiente captulo:

La consolidacin de la democracia y de una sociedad civil robusta, por supuesto, no va a ser obra de un da. En sentido estricto, la democracia se construye con paciencia en una labor comprometida con la formacin y funcionamiento de las instituciones republicanas; la competencia pacfica entre partidos polticos; la existencia de comunicacin independiente; lecciones y cambios de gobierno y el florecimiento de una cultura democrtica. Concomitantemente, la sociedad civil se fortalece en un labor que implica formacin o consolidacin de agrupaciones estables; haciendo pasar a los movimientos sociales, con toda su frescura y espontaneidad, a una etapa de institucionalizacin de sus cometidos.

El reto est planteado.

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CAptuLO II

SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA

Toda teora de la democracia presupone un modelo de sociedad, a pesar de lo cual ninguna se ha ocupado del problema relativo al tipo de sociedad

civil ms adecuado para una poltica democrtica moderna. (Cohen y Arato, 2000; 7)

En este captulo nos proponemos avanzar en el desafo planteado por Cohen y Arato (2000), sobre la relevancia de identificar el tipo de sociedad civil que requiere la democracia. Ciertamente, este es un tema muy poco abordado en el debate y en las iniciativas actuales que pretenden el fortalecimiento de la democracia; en consecuencia, encontramos en esta falencia el origen de las significativas dificultades para impulsar procesos efectivos que permitan alcanzar regmenes apegados al anhelo democrtico.

El concepto de sociedad civil, como lo demuestra Fernndez Santilln (2007) no fue ajeno a la reflexin de los pensadores polticos ni en la antigedad ni a inicios de la poca moderna. Por supuesto, lo que se ha entendido por sociedad civil ha evolucionado y asumido distintas dimensiones, en correspondencia con las diversas formas de reproduccin social vigentes en las distintas pocas histricas, pero tambin dependiendo de los paradigmas sociales que los filsofos han abrazado. No obstante, en la revisin histrica del concepto de sociedad civil en el pensamiento poltico, realizada por este mismo autor, como en la exploracin de este mismo concepto en la teora poltica presente o emergente en procesos social que abarcan el siglo XX, hecha por Cohen y Arato (2000), encontramos coincidencias claves para apoyar la construccin de un concepto de sociedad civil que nos permita contar con un instrumental analtico adecuado para entender lo que es la sociedad civil en la poca histrica actual y, de esa manera, aportar al fortalecimiento de la democracia por medio del conocimiento de las caractersticas de la sociedad en la que esta debe de descansar y alcanzar su mximos niveles de desarrollo y vigencia.

Hay tambin, sin embargo, diferentes aproximaciones que al analizarse comparativamente, aportan heursticamente en la comprensin del fenmeno sociedad

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civil. As, en estos dos enfoques citados, mientras Fernndez Santilln ubica el renacimiento de la reflexin sobre la sociedad civil en las luchas masivas contra el autoritarismo de los pases europeos del socialismos real, Cohen y Arato destacan la relevancia que este concepto adquiere con las luchas de los movimientos sociales contra las dictaduras en Amrica Latina y en las propuestas alternativas de desarrollo econmico, como el pensamiento de los ecologistas europeos y las propuestas de desarrollo sostenible que emergen avanzada la segunda mitad del Siglo XX. En todo caso, el concepto sociedad civil, irrumpe en contraposicin a expresiones autoritarias y de concentracin del poder, particularmente frente a los fundamentalismos que derivan en una prctica totalitaria en lo poltico y en lo econmico, como en la consagracin de un pensamiento nico.

La sociedad civil, en los Estados autoritarios, es la aspiracin al reconocimiento de identidades colectivas y de derechos y a constituir la base social de una nueva relacin social y poltica. En los Estados democrticos es una relacin social en construccin, en donde se realizan y concretan las mltiples identidades, la afirmacin como colectivos y el reconocimiento de derechos. En la sociedad civil las personas multiplican sus capacidades para influir en asuntos pblicos, ejercen su ciudadana, resuelven problemas colectivos entablan luchas por mejorar sus condicin (Estado de la Nacin. Costa Rica, 2002; 299). Por ello tambin, al conceptualizar a la sociedad civil, debemos considerarla como referente para los sectores que luchan para ser incluidos en ella, por ser reconocidos como sujetos con plenos derechos y, de esta manera, alcanzar la ciudadana plena.

En el proceso de construir y sustentar un concepto de sociedad civil destaca, como elemento primario, el reconocimiento de la existencia de una tendencia humana a integrarse en sociedad, y al interior de esta en grupos u organizaciones, como recurso esencial para garantizar su existencia y reproduccin, tanto frente a los desafos de la naturaleza como frente a las contradicciones e interacciones entre los mismos seres humanos, y en etapas ms avanzadas de organizacin social, mejorar y potenciar su relacin como colectivos, frente al Estado. Este fenmeno se expresa en el asociacionismo y la construccin de sujetos sociales.

De este proceso surge la otra caracterstica bsica de la sociedad civil, ampliamente reconocida y coincidente en distintas teoras, esto es su diversidad, la que se expresa y fundamenta en la tendencia a establecer pautas, normas, usar tecnologas, es decir a generar una cultura o forma de hacer las cosas como recurso para asegurar su propia reproduccin social, tanto en el marco de un proceso de subsistencia como en el de avanzados sistemas de divisin social del trabajo y del poder. Estos procesos de reproduccin social, son acompaados de dinmicas de construccin de identidad. Es en estos procesos y dinmicas que se constituye la sociedad civil, en consecuencia, esta debe reconocerse siempre como plural, como plurales son las formas de asociacin, agrupacin y de reproduccin social en un sentido amplio de la palabra, es decir abarracando la perspectiva econmica, cultural, etaria, social, religiosa, comunal, tnica, poblacional, entre otras, lo que se manifiesta en expresiones mltiples, plurales, de intereses e identidades, en las que

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las contradicciones y los conflictos son la regla y no la excepcin, porque tambin las sociedad civil es un espacio de distribucin de cuotas de poder.

En consecuencia, podemos enfatizar que la sociedad civil es un es

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El Desafío de La Participación Ciudadana