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Género y Comunicación
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El feminicidio en Hidalgo, una revisión desde la agenda de medios.
Elsa Ángeles Vera
Josefina Hernández Téllez
Universidad Autónoma de Hidalgo
Resumen
La violencia feminicida en el país permea cada rincón del país. Hidalgo, un estado entre
los cinco más pobres y con una población indígena importante, suma a sus problemas
de rezago y marginación cultural, la violencia feminicida. El caso de los asesinatos en
Tula es la primera llamada para atender un tema de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y revisar las inconsistencias de su aplicación.
El feminicidio en Hidalgo, recuperado desde la agenda periodística revela visiones,
percepciones del problema y sobre todo la invisibilización de la violencia contra las
mujeres por su carácter espectacular, morboso y motivo de descalificaciones explícitas
e implícitas.
Palabras clave: Feminicidio, agenda periodística, discurso periodístico.
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El feminicidio en Hidalgo, una revisión desde la agenda de medios.
Elsa Ángeles Vera
Josefina Hernández Téllez
Marco conceptual
El discurso periodístico es vasto en la historia nacional. Miguel Ángel Granados Chapa,1
afirmaba del periodismo que su importancia destaca por su objetivo: la orientación
sobre el entretenimiento e información. La función del periodismo es de alto nivel en la
sociedad porque no sólo analiza e interpreta sino que su misión es educativa al ofrecer
al público el significado y consecuencias de los acontecimientos, lo cual no es poca cosa
en un mundo global, de nuevas tecnologías y de una inconmensurable oferta
informativa, que crea imaginarios sobre una sociedad informada y pareciera entonces
de conciencia y conocimiento.
Bajo esta premisa es innegable y trascendente el propósito y objetivo de todo escrito
periodístico. Hoy como nunca los mensajes persiguen obtener respuestas, no son
lanzados “al aire” inocentemente. Cualquier texto lleva explícita e implícitamente
razones y sin razones. La interpretación de éstos va de lo textual a lo contextual, por
tanto, sus significados latentes están y quedan consignados a través del tejido que se
hace con palabras y frases hasta llegar a claros productos argumentativos que nos
cobijan, pero que al mismo tiempo nos condicionan sutil y eficazmente.
1 Miguel Ángel Granados Chapa. El periodismo de opinión. Tesis de licenciatura en Ciencias de la
Comunicación. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. México. 1978.
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En el análisis del discurso Oswald Ducrot establece cómo hay que partir de lo sintáctico
para entender y explicar el nivel semántico y pragmático:
la mayoría de las palabras evocan, en su sentido mismo argumentaciones, pero
no de la manera tradicional… Si se interesan en la verdad, no esperen encontrarla
al final de una argumentación, no crean que pueda venir como conclusión de un
discurso. Si es posible acercarse a esta verdad, lo es a través de la reflexión sobre
los discursos, a través de su crítica.2
Roland Barthes, por su parte, no creía en la “separación” entre el efecto y el signo, por
eso para develar el sentido comunicativo de todo enunciador se debe acudir a las
sustancias de la expresión.3
Estas sustancias de la expresión se hallan ligadas a los componentes gramáticos del
lenguaje e implica el análisis que nos llevaría de las partes al todo, al significado y
sentido de oración por oración en ese engarzamiento lógico y coherente que plantea,
pero que también refuerza una idea central.
Esta relación conlleva no sólo a la identificación del texto bien escrito o
periodísticamente adecuado y eficaz en sus propósitos informativo u opinativos sino al
necesario salto cualitativo que implica el texto en tanto discurso social vigente
respecto a un tema como reflejo de la postura de un grupo, una asociación, una
mayoría o un partido, entre otras posibilidades.
De ahí la importancia de cómo nos informan los medios hoy en temas trascendentes
y relativos a la mitad de la humanidad: las mujeres y su entorno, su desempeño, sus
problemas y sus oportunidades, su papel en la sociedad, en suma.
2 Helena Berinstáin. Comp. El abismo del lenguaje. México: Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM.
2002. p. 7
3 Paolo Fabbri. El giro semiótico. Barcelona: Gedisa. 1999.
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El discurso periodístico nos “habla”, entonces, de la real condición de las mujeres en
general en nuestra sociedad, más allá de discursos, planteamientos oficiales,
espejismos y utopías de las propias mujeres. La lente que nos permite interpretar esta
realidad es la perspectiva de género, entendida como la construcción cultural4 sobre
los cuerpos de unas y otros. Es decir, la postura desde la cual se entiende y explica por
qué se informa de una forma y no de otra en temas álgidos como el feminicidio, o bien,
cómo se expresa la incongruencia entre el discurso y los hechos, entre las leyes y su
aplicación. En resumen, por qué no pasa nada en nuestro país frente a las cifras
escandalosas de muerte y depredación de las mujeres
Qué y cómo se recuperó el tema del feminicidio en Hidalgo.
El tema del feminicidio, pese a ser un problema grave y escandaloso en nuestro país a
raíz de los asesinatos en Ciudad Juárez, es un tema poco documentado y atendido a
nivel gubernamental y social. El tema en Hidalgo tiene mucho menos importancia si
consideramos el nivel del estado en general respecto de los índices de desarrollo
humano. Sin embargo, los nueve asesinatos en Tula pusieron en debate y en acción
legislativa los mecanismos formales y jurídicos relativos al feminicidio.
Para documentar el estado de cosas se recurrió a la investigación documental sobre el
tema que han realizado organismos no gubernamentales y gubernamentales. La fuente
periodística fue esencial para conocer y reconstruir el proceso de las víctimas del
feminicidio. Se revisaron periódicos locales: Independiente de Hidalgo, El Sol de
Hidalgo y Crónica. Así como la agencia de noticias Cimacnoticias.
Un poco de historia
4 Teresita De Barbieri. 1990. Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica. Ensayo presentado en el Taller sobre Derechos Reproductivos. Sao Paulo, Brasil.
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El municipio de Tula detonó la alarma en Hidalgo en enero de 2013 con el hallazgo de la
novena mujer violada y asesinada. Dos meses después, en marzo y con motivo del Día
Internacional de la mujer, el gobernador tomó cartas en el asunto al presentar la
iniciativa al Congreso estatal para tipificar el feminicidio.
La violencia feminicida es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado,
conformado por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad
social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de
mujeres”, de acuerdo con la definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (2007)
En el país son siete los estados que aún no tipifican este delito: Baja California Sur,
Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. La gravedad del tema
ha ido creciendo desde la denuncia y movilización por los feminicidios en Ciudad
Juárez, quien registra el 45 por ciento de éstos durante el periodo 2001-2010.
En el estado de Hidalgo el feminicidio se tipificó el 8 de marzo de 2013, como respuesta
a los asesinatos de 9 mujeres en Tula. La modificación al Código de Procedimientos
Penales del estado incluye la pena de cárcel hasta por 60 años, 20 años más de pena
contra los 40 con los que se castigaba como máximo porque se tipificaba como delito
simple.
Ese mismo año, organizaciones civiles del estado solicitaron emitir la Alerta de Género
por los 93 asesinatos registrados de 2009 a 2011, además de los perpetrados en Tula.
Sin embargo, como consecuencia de la poca visibilidad del tema, el Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(SNPSASEVM) negó dicha petición.
“Durante la votación llevada a cabo el 19 de abril (2013), todas las instancias
de la administración pública federal votaron en contra y sólo Baja California,
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Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán se pronunciaron a favor de la Alerta en
Hidalgo, pero no fue suficiente.
Para las organizaciones Servicios de Inclusión Integral (SEIINAC), Observatorio
Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH), esta decisión demuestra la falta de
compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto y el fracaso de los
institutos estatales para proteger la vida e integridad de las mujeres en
México.
A los organismos civiles solicitantes les resulta inconcebible la negativa del
gobierno federal. Declararon haber presentado pruebas que demuestran
una situación generalizada de violencia contra las mujeres en Hidalgo,
además de cumplir con todos los requisitos que establece el reglamento de
la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
que se implemente dicho mecanismo en un estado.” (Ortiz Acevedo,
Lizbeth, Animal Político, 20/04/2013.)
Los argumentos principales contra esta decisión lo sustentan las cifras. La Colectiva
Feminista Hidalguense, una de las asociaciones que solicitó la alerta de género, informó
que de 2005 a enero de 2013 se registraron 221 homicidios de mujeres y la mayoría de
sus cadáveres presentaban huellas de tortura (Zamora Márquez, Anaiz, Hidalgo tipifica
delito de feminicidio. Cimacnoticias, 26/03/2013).
Para el coordinador de la dirección de Seguridad Pública de Tula, sin embargo, del tema
-señaló en entrevista radiofónica-, se hacía “uso político” (Criterio, “Feminicidios azotan
Tula; están impunes.” 28/01/2013.), cuando que la realidad es que no se resolvieron los
casos en su momento, ni se le dio la importancia debida.
En mayo de 2014, de nueva cuenta, Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC),
Constituyente Feminista de Hidalgo, la Academia Hidalguense de Derechos Humanos A.C.
(ACADERH) y la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Hidalgo
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A.C., denunciaron 17 feminicidios en 2013 y 12 de enero a mayo de 2014 y demandaron a
la Subprocuraduría Especializada en Delitos contra las mujeres y feminicidios, en el
marco de la celebración en Hidalgo del Foro Hemisférico de la Convención Belem Do
Pará +20, realizar los protocolos de investigación y hacer efectivos los mecanismos de
investigación de la Alerta de Violencia de Género (Portal red.com, 15/05/2014).
Diagnóstico de la violencia feminicida en Hidalgo
No obstante que en Hidalgo la estadística no reporta focos rojos, en el documento
Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009, Algunos
elementos para un diagnóstico del feminicidio en el estado de Hidalgo, editado por la
ONU, señala que a pesar de que “había mostrado importantes descensos en las tasas
de defunciones femeninas con presunción” de 1986 a 1993, a partir del 2000 esta
tendencia ha desaparecido y tiene un incremento superior al 50% de la media nacional.
Cabe señalar que durante los años de 2002 a 2004 Hidalgo ocupó el último
lugar nacional en presuntos homicidios de mujeres, y en los cuatro años
siguientes el penúltimo lugar, a pesar de que entre 2004 y 2005 la tasa
creció en un tercio y casi la mitad el año siguiente. De hecho, se mantuvo
casi constante entre 2006 y 2008 y tuvo un crecimiento de 45% al llegar a
2009, incremento 68% superior al observado en el plano nacional (p. 3).
El principal problema, de acuerdo con este estudio, es que “en Hidalgo hay
gran variabilidad en el seguimiento de los asesinatos de mujeres, pues
mientras que en los ocho homicidios ocurridos en 2005 la muerte fue
certificada por un médico legista, quien practicó una necropsia, solamente
en 10 de los 19 ocurridos en 2009 sucedió lo mismo. De manera parecida, si
en 2005 se presumió violencia familiar en una cuarta parte de los casos, no
fue así en ninguno cuatro años después.” (p. 4).
“Otra característica en la que se observa una tendencia contraria a la
nacional en es el asesinato de niñas menores de 18 años, mientras que en el
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conjunto del país el porcentaje de menores de edad entre el total de
homicidios de mujeres se redujo en 15.7 entre 2005 y 2009, para llegar a 16%,
en Hidalgo la octava parte observada el primer año se duplicó para alcanzar
26.3% en 2009.” (ONU, 2010, p. 4)
Un elemento adverso a la atención y prevención de la violencia contra las hidalguenses
ha sido el tratamiento legislativo, pues apenas en 2013 se tipificó la figura de feminicidio
en el Código Penal Estatal, es decir, seis años después de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia que exigía la armonización legislativa de los
instrumentos legales estatales. Lo que implicó es que hasta hace poco más de un año
los criterios anteriores ocultaran y no sancionaran cabalmente la violencia contra
mujeres.
“Pues si bien se mantiene por un lado la figura de violencia familiar, por
otro, en el delito de homicidio, se conserva como atenuante el estado de
emoción violenta, en cuyo caso al agresor se le impondrán tan sólo de tres a
10 años de prisión. También se conserva el delito de rapto, por lo que a
quien sustraiga, retenga o se apodere de una mujer, por medio de violencia
física o moral, para realizar un acto erótico sexual se le impondrá una pena
de uno a seis años, mientras que el castigo para el delito de violación va de
siete a 18 años; en Hidalgo conviene a los delincuentes retener a sus
víctimas, en vez de solamente violarlas, pues tendrán una penalidad
inferior” (ONU, 2010, p. 8).
Así, aunque actualmente se incorporó el feminicidio al Código Penal, las costumbres e
inercias son difíciles de erradicar. El secretario de Gobierno, Fernando Moctezuma
Pereda, por ejemplo, descartó que los homicidios de mujeres estuvieran relacionadas
con el crimen organizado y arguyó que se debían sobre todo a “riñas familiares”.
(Camacho, Carlos, Visiones distintas sobre los feminicidios, cronicahidalgo.com,
11/07/2014).
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Bajo estos argumentos y perspectiva es característico el subregistro y la insensibilidad y
ceguera social impiden ubicar el problema en su justa dimensión.
Crónica de muerte feminicida
El primer caso se registró en junio de 2012, en El Llano: Angélica Selene Hernández
Vega, de 33 años, muerta a “rocazos”.
El segundo caso se localizó cerca de la presa Endhó en agosto de 2012, la mujer no fue
identificada.
En septiembre de 2012, el siguiente asesinato fue el de Ana Maribel Florian, por
degollamiento y localizada también en El Llano.
Un caso conocido y muy divulgado localmente, fue el de la taxista Elda Ordaz García, de
33 años. Localizada en El Llano, en octubre de 2012.
El quinto caso se dio en diciembre de 2012 en Los Quemadores: Laura Reyes Ramírez,
de 27 años, quien trabajaba en una gasolinera en San Lorenzo.
En enero de 2013, fue asesinada Catalina Mendoza Pérez, de 40 años, quien era guardia
de seguridad.
En ese mismo mes se encontró a Mónica Sánchez Lugo, de 32 años, quien trabajaba en
la misma gasolinera de Laura Reyes, en San Lorenzo.
Con dos días de diferencia del anterior caso se localizó a Ana María Tecontero
Contreras, encontrada en San Pedro Alpuyeca. Tres en un mismo mes.
El noveno caso ocurrió en Xitejé de Zapata el 26 de noviembre de 2012. Una niña de 10
años de edad, fue violada y asesinada por Francisco Aguilar Jiménez. En apariencia este
hecho no tiene relación con los anteriores, o al menos así se determinó judicialmente.
Todos estos eventos fueron el detonante para visibilizar la problemática feminicida en
el estado, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han registrado y
reportado casos en diferentes municipios del estado, entre ellos Tepatepec, Atotonilco
el Grande, Zempoala y en los lìmites con el estado de México: Tizayuca y Tecamac.
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Relación de mujeres asesinadas registradas en la prensa
NOMBRE FECHA LUGAR CONDICIONES Valeria Carbajal Moreno (18 años)
Desapareció 10 febrero 2011 Encontraron muerta 11 febrero 2011
Municipio Tepatepec
“Levantada” junto con su hija de 29 días de nacida. Fue asesinada a golpes. Amarrada de pies y manos con una bolsa en la cabeza
Sin identificar (entre 27 y 30 años)
Localizada 29 enero 2011
Comunidad Estación Tepa, municipio Zempoala
Cuerpo desnudo, descuartizado, parcialmente incinerado, golpes contusos en tórax y cráneo, desfigurado su rostro por algún químico corrosivo
Dos mujeres sin identificar (entre 25 y 35 años)
Localizadas 23 enero 2011
Comunidad Santa María Amajac, municipio Atotonilco El Grande
Semienterradas en una zanja, parcialmente incineradas, con el cuero cabelludo y partes del rostro desprendidos
Sin identificar
Localizada 23 enero 2011
Km 43 autopista México-Pachuca, en los límites entre los municipios de Tecamac y Tizayuca
Tirada boca-arriba, degollada
Nancy Yarely Villegas Pérez (23 años)
Localizada con vida 31 diciembre 2010 Falleció en el hospital 2 enero 2011
Santa María Amajac, Atotonilco El Grande
Atacada sexualmente y apedreada en el rostro
NOTA: De acuerdo con registros en publicaciones periodísticas, ésta es la lista de víctimas de feminicidios
en Hidalgo en lo que va del presente año. Sin embargo, falta una porque hasta el pasado 5 de febrero
Damián Canales, secretario de Seguridad Pública estatal eran seis víctimas, pero el caso de Valeria
Carbajal sucedió hasta el 11 de febrero; por lo tanto, falta una. ¿Son seis o siete? Es un dato que el propio
funcionario no pudo aclarar porque no existe un registro puntual de lo que está sucediendo, por lo tanto,
en Hidalgo no se cumplen las recomendaciones contenidas en la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por el caso llamado “Campo algodonero”.
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*Cuadro de elaboración propia.
Los feminicidios tipo…
Basta la revisión de dos casos registrados en los medios de comunicación para
demostrar que prevalece la improvisación, la tortura y la violación al debido proceso en
el tratamiento de feminicidios en Hidalgo.
San Miguel Tornacuxtla es una pequeña comunidad en el municipio de San Agustín
Tlaxiaca, en el estado de Hidalgo. Con poco más de 600 habitantes y a escasos 40
minutos del centro de Pachuca, registró en 2014 la desaparición y asesinato de dos
mujeres muy jóvenes. Del primero se sabe poco porque la familia no reaccionó, a
excepción de la mamá quien se encuentra sola porque hay un ambiente de violencia
por parte de su esposo e hijos varones para que deje su lucha por conseguir justicia en
el caso de su hija. El segundo caso, por el contrario, la familia organizó marchas,
manifestaciones y exigió a las autoridades, especialmente al gobernador Francisco
Olvera, pero en un giro de las investigaciones terminaron señalando al padre de la
víctima como responsable de violación y asesinato, y actualmente se encuentra bajo
proceso.
Vianey Mendoza Cerón, de 18 años de edad, desapareció el 14 de marzo de 2014,
alrededor de las 7 u 8 de la noche, en la comunidad de Tornacuxtla, al descender del
transporte público, en un crucero sin pavimentar, sin luz pública y a escasos metros de
su casa. De acuerdo con el testimonio de su mamá Josefina Cerón Cerón, apareció su
cuerpo en pedazos 15 días después en un paraje cerca de la presa Durazno, en la
comunidad Cerro Colorado, Chilcuautla.
Ana Itzel Escamilla Téllez, de 14 años y estudiante de la secundaria técnica 40 en
Pachuca, desapareció el 19 de mayo de ese año y vivía en la misma comunidad. Su
cuerpo apareció el 2 de junio en una construcción del ejido de Tilcuautla, municipio de
San Agustín Tlaxiaca. De acuerdo con la averiguación previa 12/SPM/758/2014 la causa
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de muerte fue asfixia por mecanismo de estrangulación, sin mencionar violación sexual
previa que añadieron cuando detuvieron al presunto responsable.
Sola en su lucha
Doña Josefina Cerón Cerón, no rebasa los 50 años pero físicamente está acabada,
marchita porque al dolor por el asesinato de su hija Vianey se suma la indolencia de las
autoridades, su situación de pobreza pero sobre todo que lucha sola por lograr justicia
pues dijo que para su esposo e hijos varones “fue como si hubieran matado a un perro
y no quieren que de tantas vueltas a la procuraduría”, expresó con angustia durante la
entrevista concedida en agosto de este año.
Es madre de siete hijos, incluyendo a Vianey. El mayor tiene 29 años y la más pequeña
13. Narra que su hija desaparecida y asesinada abandonó la escuela por la situación
económica de la familia. Cuando la asesinaron trabajaba en una fábrica de zapatos en la
cabecera municipal de Tlaxiaca. Su turno era de 8 de la mañana a 6:30 ó 7 de la noche;
es decir, más de 10 horas de jornada. Para trasladarse de su casa al trabajo y viceversa,
tomaba dos transportes, pero su vivienda es la última de un camino sin pavimentar ni
luz pública. Las combis la dejaban en un crucero, de ahí debía caminar por un sinuoso
lugar y tras varios metros y unas cuantas viviendas, al final está su domicilio, una
construcción a medias, custodiada por una pandilla de perros.
El 14 de marzo llegó a su trabajo y cumplió con su jornada completa. Vecinos atestiguan
que la vieron llegar a Tornacuxtla y abordar la segunda combi. Desapareció después de
descender del transporte en el crucero, camino a su casa, cuando ya oscurecía.
A finales del mes, cuando apareció su cuerpo, su madre asegura que los policías no le
permitieron acercarse y constatar las condiciones en que estaba. “Me dijeron que era
mejor que la recordara como estaba en vida”. Dos días después le entregaron los
restos en una bolsa de papel gris, sin tener los resultados de estudios genéticos para
confirmar su identidad. “Nos dijeron que tardarían tres meses, que los recibiéramos
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para darle sepultura o se irían a la fosa común. Preferimos enterrarla, pero seguimos
esperando los estudios”, narró en la entrevista realizada en agosto de 2014.
Hasta ese momento, en el caso de Vianey Mendoza Cerón, no había detenidos y solo su
madre Josefina recibía apoyo psicológico cada 15 días en la Instancia municipal de
apoyo a las mujeres, en Tlaxiaca: “Sí me ayudan, en la procuraduría me tratan bien pero
es difícil que vaya a las consultas porque trabajo en casas y gasto mucho en pasajes;
además tengo a mi hija chica y no me gusta dejarla mucho tiempo sola”.
De víctimas a victimarios
En el caso de Ana Itzel Escamilla Téllez, sus padres con apoyo de otros familiares, se
movilizaron para exigir justicia y buscaron todos los espacios en los medios de
comunicación para presionar a las autoridades. Ella desapareció el 19 de mayo y su
cuerpo fue localizado el 2 de junio de 2014. Dos días después organizaron una marcha
que partió de la secundaria técnica 40, ubicada en la colonia Piracantos, en Pachuca,
acompañados por estudiantes y profesores para exigir vigilancia en los alrededores del
plantel, ya que para entonces había dos estudiantes víctimas de feminicidio
Ataviados con playeras blancas y portando cartulinas que contenían mensajes de
repudio al homicidio, salieron del plantel educativo ubicado a un costado del bulevar
Colosio y caminaron por la avenida El Palmar para dirigirse hasta el palacio de gobierno,
en plaza Juárez. En completo silencio caminaron por las calles, resguardados por
elementos de la Policía municipal y estatal, un contingente de aproximadamente 300
personas.
En la escalinata del Palacio de gobierno colocaron una manta gigante que exigía al
gobernador Francisco Olvera Ruiz y al procurador de Justicia Alejandro Straffon Ortiz
una investigación transparente para resolver el segundo homicidio que registró la
secundaria técnica número 40 en la capital. La anterior víctima fue María de los Ángeles
Hernández Muñoz, también de 14 años, quien también desapareció y días después fue
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localizada sin vida en un terreno baldío en la exhacienda La Concepción en Tilcuautla.
Los hechos ocurrieron en 2013.
Una comisión de los manifestantes fue recibida por el subsecretario de Gobierno
Alberto Escamilla; durante la reunión, directivos de la secundaria entregaron un pliego
con necesidades de la escuela; prometieron una respuesta en 10 días. No hubo
seguimiento de su cumplimiento.
En esa ocasión, en declaraciones a la prensa, la madre de Itzel, Janet Téllez Islas, dijo
que las autoridades les pidieron paciencia, “que pronto detendrán a los responsables”.
Horas más tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Alfredo Ahedo
Mayorga, anunció en conferencia de prensa la detención de Juan Carlos Escamilla
Rodríguez como presunto responsable del homicidio de su hija Ana Itzel Escamilla
Téllez. El golpe para la familia fue contundente. Parecía la respuesta a su protesta.
En el diario Libre por convicción Independiente de Hidalgo quedó constatado que en un
anuncio breve, sin respuestas concretas, las autoridades solo dijeron que durante las
investigaciones el padre cayó en diversas contradicciones hasta que reconoció que él
asesino a su propia hija. A pregunta expresa de reporteros, el jefe de la Policía, Alfredo
Ahedo Mayorga, negó que estuvieran fabricando culpables ante la presión social que
significó el caso.
Graves violaciones al debido proceso
Janet Téllez Islas, madre de Ana Itzel Escamilla Téllez, acusó diversas irregularidades en
la detención de su esposo Juan Carlos Escamilla, señalado por la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) como presunto responsable del homicidio.
En diferentes medios de comunicación narró que semanas previas a la detención,
agentes investigadores intentaron persuadir a familiares de la víctima para que
acusaran a Juan Carlos Escamilla. Aseguró que en varias ocasiones los policías llegaron
a su domicilio en la comunidad de Tornacuxtla, en San Agustín Tlaxiaca, para llevarse a
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sus hijos de 15 y 12 años de edad para declarar. Refirió que a su hija Belem, menor de
edad, fue presionada para que declarara contra su padre.
El día de la detención de Juan Carlos Escamilla, aseguró su esposa Janet Téllez, fue
retenida e incomunicada a lo largo de seis horas en las instalaciones de la coordinación
de investigación.
“Desde (…) que llegué ahí me dijeron: ‘señora ya diga que Juan Carlos se llevó la
camioneta si no también se va a ver envuelta en muchos problemas’”, señaló. Además
no le permitieron verlo ni leer la declaración de su esposo. “Es muy triste y feo pues
ahora resulta que como familia agredida no podemos presionar a las autoridades y para
ellos lo más fácil es tratar de armar la situación y amedrentarnos”, denunció.
“No tengo miedo de la sociedad, tengo miedo de la autoridad. Con base en su poder se
aprovechan de gente como nosotros que vivimos al día; dicen que tratamos de
sobornarlos cuando ni para comer tenemos ¡de dónde sacan tantas cosas!”.
Macabro video de la SSPH
La reacción a las denuncias de la madre de Ana Itzel Escamilla, fue la divulgación de un
video de poco más de ocho minutos de duración con la supuesta confesión del crimen
por parte de Juan Carlos Escamilla e imágenes del cuerpo en descomposición de la
víctima. Llevaba como firma el logo y nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del
estado de Hidalgo. Primero apareció en una supuesta página de noticias que ningún
periodista reconoció, luego en el muro del facebook de la hermana de la víctima, Belem
Escamilla Téllez, de apenas 15 años de edad y por último fue subido al portal de
Youtube.
De acuerdo con el testimonio de Belem, y que incluso fue publicado en algunos medios
de comunicación, su madre cuenta que “el sábado por la noche (…) recibió un mensaje
privado en su cuenta de Facebook, era un enlace a una página de noticias que mostraba
un video; su padre aparece a cuadro, con la mirada angustiada mira de frente a la
cámara y dice: ‘cometí un error’.
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“Me puse en contacto con el que publicó la nota, le pregunté de donde había sacado
ese video, me dijo que se lo envió la Secretaría de Seguridad Pública; yo no me di
cuenta, cuando volví a abrir mi cuenta, el video estaba publicado en mi muro”. El hecho
fue calificado por la familia como tortura psicológica.
Mientras las autoridades colocaron como móvil del crimen, que el padre fue
descubierto por su hija Itzel consumiendo drogas, y por eso la viola y estrangula, la
familia asegura que en 15 años de matrimonio nunca tuvo problemas de adicciones.
“Les pedí que hicieran el antidoping a mi marido, pero dijeron que no, que ya era tarde
y el cuerpo ya había eliminado las sustancias, a la fecha a mi esposo no le han realizado
ninguna prueba de drogas”, comentó Janeth Téllez Islas en entrevista días después de
la detención. También mencionó que los peritos nunca levantaron pruebas en su casa,
apenas 15 días después de reportar la desaparición recibió la primera visita de los
investigadores.
La versión oficial es que el padre de Itzel, al momento de ser sorprendido, abusa de ella
sexualmente, la asfixia y traslada su cuerpo hasta Tilcuautla para enterrarlo en una
construcción abandonada. Al respecto, Janet declaró a los medios que no creía que en
media hora su esposo cometiera el asesinato y enterrara el cuerpo, luego regresara a
limpiar la supuesta escena del crimen. “Ni siquiera he lavado la chamarra que tenía
puesta ese día, no tiene tierra ni nada”.
Diferentes miembros de la familia reiteraron que recibieron llamadas telefónicas de los
agentes investigadores para intimidarlos. Janet declaró: “me dijeron que si yo
continuaba con esto, mi esposo podría suicidarse o yo podría resultar cómplice del
asesinato”.
En otro momento narró que en una ocasión la llevaron a la parte de atrás del Ministerio
Público, “alguien de ahí me preguntó ‘¿vas a tener muchos pinches huevos para seguir
con esto?’, y contesté que ‘sí… sí voy a tener muchos pinches huevos para seguir
adelante y no me voy a callar”.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició una queja por los
señalamientos sobre probables violaciones por parte de Janet Téllez, esposa de Juan
Carlos Escamilla, presunto responsable del homicidio de su hija Ana Itzel Escamilla
Téllez.
¿Cuántas víctimas más?
Ante la falta de registros oficiales que permitan geoubicar posibles zonas con clima
feminicida, tal como establecen las leyes federal y estatal de Acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia, resta a los medios de comunicación, organizaciones de la
sociedad civil o investigadores universitarios realizar ese conteo con el mayor número
de datos divulgados por las autoridades para encender alarmas. Lo más grave en cada
feminicidio es reconocer que con un poco de prevención esto se pudo evitar.
En medio del escándalo que significó el caso de Ana Itzel, sólo la bancada del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local levantó la voz para decir que ante
los asesinatos de mujeres en los municipios de Cuautepec, Tizayuca, Tula, Pachuca,
Ixmiquilpan y Apan, era necesaria la comparecencia del secretario de Seguridad,
Alfredo Ahedo Mayorga, para que informara de avances en las investigaciones. Pero
nada cambió.
En tribuna nombraron algunas de las víctimas durante 2014: Ana Itzel Escamilla, Vanesa
Hernández, Ericka Ivette López, Norma Edith Pérez Ortega, María Dolores Hernández,
Berenice Reyes Ibarra, Nataly López Meza, Maricela González Antonio, Teresa López
Umbral y Maricela Escorcia Soto. En la lista no apareció Vianey Mendoza Cerón.
Por último, mencionaron que el Instituto Nacional de las Mujeres reportó que 85 por
ciento de los casos de violencia de género queda impune: “Esto es un aliciente para el
criminal, pues solo tiene 15 por ciento de probabilidades de ser condenado, ya no
digamos detenido, consignado y procesado”. Lo que significa extender licencias para
matar.
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CONCLUSIONES
No obstante el reconocimiento público, político y legislativo del feminicidio es
innegable, no sólo en la mayor parte del país sino en Hidalgo, lo cierto es que hay poca
difusión y análisis del problema desde una mirada seria y profunda de lo que significa la
violencia feminicida contra las mujeres en un país como el nuestro, que requiere de
toda la integridad de su población para combatir y superar la pobreza, la delincuencia
organizada y la falta de oportunidades.
El periodismo, sujeto clave para sensibilizar y difundir, ha renunciado a su papel
protagónico en HIdalgo y el país porque el asesinato impune de las mujeres se ha
banalizado, minimizado, reducido a la nota roja y a la réplica de voces institucionales y
prejuiciadas sobre las causales de esta violencia feminicida. La investigación
periodística no existe. La documentación obtenida a través de estas publicaciones
revela la invisibilizacion de los atrasos procedí mentales en la impartición de justicia y el
retroceso en la aplicación de los mecanismos jurídicos y legales.
La forma de informar, además, revela la mentalidad, las costumbres, la ideología, la
cultura patriarcal fuera y dentro de las redacciones. Se impone y se minimiza, se ignora
la gravedad del feminicidio al imponer penas menores, “fabricar” culpables o bien
clasificar el feminicidio bajo otra figura como homicidio doloso, homicidio pasional, por
ejemplo.
En Hidalgo, este septiembre de 2014 se condenó al primer feminicida, Modesto Dolores
San Juan, de la comunidad de Tlachiyahualica, Yahualica, con pena de 37 años años y
seis meses, pese a que la penalidad se incrementaba a 50 años en el feminicidio. Las
razones de la mínima penalidad no se saben ni se divulga en medios. Se ponderó el
hecho de sentenciar al primer feminicida.
La cultura respecto a la gravedad de la violencia pasa por creencias y valores. El medio
periodístico constantemente da muestra de esta contradicción, pues mientras se
realizan actividades y dan declaraciones en torno a abatir la violencia contra las mujeres
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por parte de funcionarios e instituciones, las noticias banalizan al mencionar razones
pasionales como la nota del 5 de marzo de 2014 del periódico local Plaza Juárez y que
firma Verónica Monroy: “Confirmó la infidelidad de su esposa y a machetazos la
emprendió… contra el amante”. Esto mientras las declaraciones de la asesora de la
Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dalia
Fuentes Pérez, afirmaban “obligatorio, juzgar con perspectiva de género” (Elsa
Ángeles, Libre por convicción Independiente de Hidalgo, 20/09/2014, p. 5).
En este escenario, la evidencia más dramática del estado de cosas respecto al tema lo
dio el exdiputado priísta de Chiapas, el pasado 21 de septiembre de 2014, Alejandro
García Ruiz, quien declaró en un programa de radio que “todas las leyes tienen lagunas
y como se dice desgraciadamente, las leyes, como las mujeres, se hicieron para
violarlas” (Notimex, Libre por convicción Independiente de Hidalgo, 21/09/2014, p. 30).
En resumen, urgen cambios, que hoy ya son de forma, pero que deben ser de fondo.
Otro aspecto clave es la documentación, el estudio y la investigación del tema. Sin
bases de datos y fuentes fiables no se puede atacar esta problemática que oscurece
cualquier intento de hablar o plasmar acciones equitativas y democráticas.
Hidalgo, sin duda, avanza en forma pero aún falta abatir usos y costumbres que no
permiten sea real el abatimiento de la violencia en general contra las mujeres.
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