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**********
VS.
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y OTRA AUTORIDAD
EXPEDIENTE 124/2015 S.S.
RECURSO DE REVISIÓN
Mexical i, Baja California a tres de mayo de dos mil diecisiete.
V I S T O S los autos para resolver en definitiva en el
Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Baja Cal ifornia, el recurso de revisión interpuesto por la
autoridad demandada en contra de la sentencia dictada el
diez de febrero de dos mil dieciséis por la Segunda Sala de este
Tr ibunal, en el juicio contencioso administrativo citado al rubro.
R E S U L T A N D O
I.- Mediante escrito presentado el catorce de abri l
de dos mil dieciséis , la autoridad demandada interpuso recurso
de revisión, que se admitió mediante acuerdo del veinticuatro
de octubre del mismo año, en el que se designó como Ponente
al Magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, y se ordenó dar
vista a las partes por el término de cinco días para que
manifestaran lo que a su derecho conviniese.
II.- Una vez transcurrido dicho plazo sin que las partes
real izaran manifestación alguna, mediante acuerdo de
presidencia se ordenó citar a las partes para oír resolución, y se
turnaron los autos al magistrado ponente para efecto de
formular el proyecto de resolución respectivo.
III.- La sentencia de Sala en sus puntos resolutivos
establece:
SENTENCIA DE PLENO EXP: 124/2015 S.S.
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"PRIMERO.- Se sobresee el presente Juicio por lo
que hace a la autor idad Di rector General del Inst i tuto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Gobierno y Municipios del Estado de Baja Cal i fornia.
SEGUNDO.- Se determina la nul idad de la
resolución de seis de febrero de dos mi l quince, dictada por e l
Di rector de Pensiones y Jubi laciones del Inst i tuto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y
Municipios del Estado de Baja Cal i fornia, que declaró
improcedente la pet ición de la actora.
TERCERO.- Se condena al Di rector de Pensiones y
Jubi laciones del Inst i tuto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, para
que, en términos del art ículo 58 de la Ley del Inst i tuto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Gobierno y Municipios del Estado de Baja Cal i fornia, integre el
expediente, se elabore el dictamen correspondiente y lo turne
a la Junta Di rect iva, a efecto de que ésta resuelva lo
conducente en un plazo no mayor de quince días, tomando
en consideración lo resuelto en el presente fal lo .”
IV.- Agotado el procedimiento de conformidad con
lo establecido en la Ley del Tr ibunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, se procede a dictar la resolución
correspondiente, de acuerdo a los siguientes...
C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO.- El Pleno del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja Cal ifornia es competente
para conocer del recurso de revisión, en términos de lo
dispuesto por los artículos 17, fracción I I y 94 , ambos, de la Ley
que lo rige.
SEGUNDO.- Los antecedentes del presente juicio
contencioso son los s iguientes.
El acto impugnado es la resolución contenida en el
oficio ********** de fecha seis de febrero de dos mil quince,
suscrito por el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Gobierno y Municipios del Estado de Baja Cal ifornia (en lo
SENTENCIA DE PLENO EXP: 124/2015 S.S.
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subsecuente ISSSTECALI) , en el cual, a decir del actor,
condiciona el otorgamiento de la jubilación sol icitada a la
exhibición de requisitos extralegales.
La Sala de conocimiento declaró nul idad de la
resolución impugnada, al considerar que la autoridad
demandada no fundó ni motivo lo concerniente a su
competencia y facultades para restr ingir o conceder las
pensiones por jubilación, actuando en detr imento del artículo
97, primer párrafo, de nuestra Carta Magna, pues
indebidamente emitió el acto combatido, toda vez que la única
autoridad facultada para conceder, negar, suspender,
modificar y revocar, es la Junta Directiva del ISSSTECALI , no así
la Dirección de Pensiones y Jubilaciones.
Consecuentemente, determinó que se actual izó la
causal de nul idad prevista en el artículo 83, fracción I de la Ley
que rige a éste Tr ibunal ; por lo que condenó a la autoridad
demandada para que, en los términos precisados en el artículo
58 de la Ley del ISSSTECALI , integrara el expediente de la
actora, se elaborara el dictamen correspondiente y lo turnara a
la Junta Directiva del Insti tuto, a efecto de que ésta resuelva lo
conducente en un plazo no mayor a quince días.
Por otra parte, la Sala de origen resolvió sobreseer en
el juicio, por lo que hace al Director General del Instituto, en
virtud de que el acto impugnado fue emitido por el Director de
Pensiones y Jubilaciones de aquel Instituto, sin participación d el
primero en mención.
Inconformes con la anterior determinación, las
demandadas acudieron ante esta instancia revisora, y
formularon los agravios que en el presente fal lo serán materia
de anál isis y resolución.
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TERCERO.- Se tienen por reproducidos en el presente
capítulo los conceptos de agravio hechos valer por la
recurrente, atendiendo al principio de economía procesal, lo
anterior, toda vez que la ley que rige a este Tribunal no
establece como obl igación que el juzgador transcriba los
recursos de revis ión interpuestos por las partes; sin demérito de
que, este Pleno resolutor, a fin de satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia, real izará el examen de los
argumentos de agravio planteados, una vez precisados los
puntos sujetos a debate.
Apoya lo considerado, la jurisprudencia por
contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda
Sala del Alto Tribunal, con número de registro 164618, de rubro:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.
Los agravios hechos valer por las autoridades
recurrentes se precisan a continuación.
CUARTO.- El presente recurso de revisión es
improcedente por lo que respecta al Director General del
ISSSTECALI , pues la sentencia que se revisa sobreseyó en el
juicio respecto de dicha autoridad en razón de que no tuvo
injerencia en la emisión del acto impugnado, y esta
consideración en la que se sustenta dicho sobreseimiento, no es
combatida por la recurrente, por lo que, la sentencia que se
revisa no le irroga perjuicio alguno en su esfera jurídica.
Sirve de apoyo el siguiente criterio orientador
I .3o.C.91 K, postulado por e l Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, con
número de registro 166087.
"RECURSO DE REVISIÓN. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR
FALTA DE LEGITIMACIÓN CUANDO LA RESOLUCIÓN
SENTENCIA DE PLENO EXP: 124/2015 S.S.
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RECURRIDA NO LE IRROGA PERJUICIO ALGUNO AL
PROMOVENTE. El recurso de revis ión en contra de las
sentencias dictadas por el Juez de Distr i to en la
audiencia constitucional sólo puede ser interpuesto por
una persona, f ís ica o moral , a quien afecta la resolución
impugnada. Así se desprende de la teleología de los
artículos 107, fracción VI I I , inciso a) y b), párrafo tercero,
de la Constitución Federal, y 83, fracción IV, 86 y 88 de la
Ley de Amparo, en tanto que disponen que el recurso de
revisión en amparo indirecto sólo procederá cuando se
presente oportunamente y que con el dictado de la
resolución que se impugna se causen agravios al
recurrente. Esto es, para interponer recursos en el juicio
de amparo, como el de revis ión, se requiere que exista
legitimación, es decir, un interés concreto para que no
subsista o desaparezca la resolución impugnada porque
le causa al recurrente un agravio personal y directo, pues
sólo de esta manera se puede acreditar el elemento
fundamental y estructural del principio de instancia de
parte agraviada que r ige al juicio de amparo tanto para
ejercer la acción constitucional como para continuar
esta últ ima hasta su decisión definit iva, a f in de que se
modif ique o revoque una resolución. Si la resolución
recurr ida no irroga perjuicio a la parte recurrente en su
esfera jur ídica o material, ni trasciende a su esfera
jur ídica o importa una modif icación al acto reclamado
objeto de la l i t is constitucional, que altere su s ituación
como parte en el juicio de amparo debe desecharse por
no contar con legitimación para promoverlo."
QUINTO.- Los argumentos de agravio hechos valer por
la recurrente, consisten en lo siguiente:
En su primer agravio , argumenta que la Sala de
conocimiento indebidamente fundó su competencia para
conocer del juicio en el artículo 22, fracción V, de la ley que
rige a este Tribunal, puesto que la materia del juicio no es una
resolución definitiva que verse sobre pensiones o jubilaciones a
cargo del ISSSTECALI , sino que se trata de una instancia no
resuelta.
Expone, que la Sala desatendió que la actora, en su
demanda manifestó que la demandada condicionó el
otorgamiento de su pensión por motivos extralegales , y que esta
al contestar la demanda hizo valer la incompetencia de este
Tr ibunal , con sustento en que la l i tis se centra en la nul idad de
un acto imputable a una autoridad que no tiene facultades
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para decidir sobre el otorgamiento de una pensión, sino que es
el conducto para la tramitación de la sol icitud de pensión y
debe vigilar que se cumplan los requis itos para la obtención de
la pensión y que la respuesta fue en tal sentido.
Agrega que, en su escrito de contestación de
demanda hizo valer la incompetencia de este Tr ibunal para
conocer del juicio, por ser el actor un trabajador en activo;
que, no obstante que el artículo 22, fracción V, de la ley que
rige a este Tribunal, establece la competencia para conocer de
juicios que se promuevan en contra de actos o resoluciones
definitivas que versen sobre pensiones y jubilaciones, tal
supuesto se surte únicamente cuando el actor haya adquirido el
carácter de jubilado o pensionado, lo que en el caso no se
actual iza ya que el actor es trabajador en activo.
Para apoyar el argumento antes reseñado, invoca los
criterios judiciales de rubros: “CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE
EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL TRIBUNAL
DE ARBITRAJE, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON. DEBE
DECIDIRSE EN FAVOR DE ESTE, CUANDO SE DEMANDA EL PAGO
DE PRESTACIONES SOCIALES (PENSIONES Y JUBILACIONES),
DERIVADAS INDIRECTAMENTE DE UNA RELACION LABORAL QUE SE
ENTABLA ENTRE TRABAJADORES JUBILADOS Y EL ISSSTELEON Y NO
DE UN CONFLICTO SUSCITADO ENTRE PARTICULARES Y EL ESTADO".
[…] con número de registro 181763; “INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUAL ES EL
ORGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS
LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL
REGIIVIEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VINCULO LABORAL DEL
QUE ÉSTAS SE DERIVAN". […] con número de registro 189692;
"SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE NUEVO LEÓN (ISSSTELEÓN). CUANDO EN UN
AMPARO CONTRA LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, SE RECLAMA
COMO ACTO DE APLICACIÓN UN DICTAMEN QUE FIJA EL MONTO
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DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA, DEBE CONOCER UN JUEZ DE
DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO". […] con número de registro
175213; y, "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DELOS TRABAJADORES DEL ESTADO, LAS RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUEL O POR SUS ÓRGANOS
DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN NIEGUEN, REVOQUEN,
SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON
ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO
SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIOS DE
DEFINITIVIDAD. […] con número de registro 177279.
Insiste la recurrente, en que la ley que r ige al instituto
demandado no otorga competencia a este Tr ibunal para
conocer de todos los actos que se emitan con motivo de la
apl icación de dicha ley, s ino que establece en el artículo 14
que la ley pueda ser apl icada por diversos tr ibunales del Estado
en el ámbito de sus respectivas competencias y que, en el caso
de estudio, el tr ibunal competente es el Tribunal de Arbitraje del
Estado, de conformidad con los artículos 45 y 51 de la Ley del
Servicio Civil Estatal .
Señala que la Primera Sala de este Tribunal, en los
juicios **********, ********** y **********, se declaró incompetente
por razón de la materia, ya que los actores en dichos juicios
reclamaron de su patrón prestaciones derivadas de su relación
laboral, circunstancia que, a decir de la recurrente, se actual iza
en la especie, pues el actor conserva su carácter de trabajador
en activo, por lo que debe concluirse que, de conformidad co n
el artículo 22, fracción V, de la ley que rige a este Tribunal, el
supuesto se surte cuando el actor ha adquir ido ya el carácter
de jubilado o pensionado.
Reitera, que en su contestación de demanda sol icitó
la inapl icación del artículo 22, fracción V, de la ley que rige a
este Tr ibunal por considerar que es contraria a los establecido
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por el artículo 116, fracciones V y VI , y 123, apartado B,
fracciones XI y XI I de la Constitución General, lo que obl igaba a
la Sala de conocimiento a un exhaustivo anál isi s, s in embargo,
esta se l imitó a establecer que no se advertía incompatibil idad
entre los preceptos legales y constitucionales, ni violación
alguna de derechos humanos y que, por tanto, no procedía la
inapl icación sol icitada.
Es infundado el primer argumento de agravio hecho
valer por el recurrente.
No le asiste razón a la recurrente, en cuanto a que la
Sala indebidamente fundó su competencia para conocer del
juicio en el artículo 22, fracción V, de la ley que rige a este
Tr ibunal porque el acto impugnado no tiene el carácter de
definitivo.
Debe precisarse, que el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo es un órgano autónomo en sus fal los e
independiente de cualquier autoridad administrativa, dotado
de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumpl ir sus
resoluciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la ley
que lo rige, sin embargo, el lo no s ignifica que conozca de
acciones de reparación directa, s ino que, conforme su
legislación, únicamente podrá conocer de la pretensión si existe
un acto o resolución administrativa previa. Atendiendo al
principio de decisión previa. Lo anterior se deduce de lo
dispuesto en el artículo 22 de la citada ley, que establece la
competencia de las Salas del Tribunal, el cual preceptúa, que
son competentes para conocer de los juicios que se promuevan
en contra de los actos o resoluciones definitivas, señalándolos
en siete fracciones.
En relación a este tema, José Roberto Dromi, en su
obra “El Acto Administrativo” , publ icada por el Instituto de
Estudios de Administración Local (1985) a página 27, sostiene:
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“El acto administrativo definitivo o decisión definitiva es el que
resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y el que,
siendo de trámite, impide totalmente la continuación de la
reclamación interpuesta. Este últ imo es asimilado a la decisión
de fondo y se le confiere definit ividad procesal” .
Si bien es cierto, como lo aduce la recurrente, ésta es
el conducto para la tramitación de la sol icitud de pensión y
debe vigilar que se cumplan los requis itos para la obtención de
la pensión, y que mediante el acto impugnado se informa a la
parte actora en relación con el trámite de su sol icitud; cierto es
también que, se determina de manera definitiva respecto al
otorgamiento de la pensión por jubilación, impidiendo con el lo
que dicha sol icitud siga su curso de conformidad con el
procedimiento establecido en el Reglamento para el
Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del ISSSTECALI ,
con el fin de que le sea otorgado la pensión sol icitada; de ahí,
lo infundado del argumento de agravio en estudio.
En relación con el argumento de de la recurrente, en
el sentido de que el supuesto previsto por el artículo 22,
fracción V, de la ley que rige a este Tribunal, se surte
únicamente cuando el actor haya adquir ido el carácter de
jubilado o pensionado, lo que en el caso no se actual iza ya que
el actor era trabajador en activo; debe decirse que la Sala de
conocimiento atendió dicho argumento, sin que la combata de
manera eficaz las consideraciones de la Sala.
La sentencia recurrida, en lo conducente, estableció
lo siguiente:
“Son infundados los argumentos mediante los cuales
las autoridades demandadas denuncian la incompetencia de
este Tr ibunal para conocer del asunto, dado que, contrario a
su senti r , la fracción V del art ículo 22 de la Ley del Tr ibunal de
lo Contencioso Admini strativo del Estado otorga competencia
para conocer de los asuntos que versen sobre pensiones y
jubi laciones a cargo del insti tuto demandada, s in dist inguir
aquel los en los que el sol ici tante tenga el carácter de
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trabajador o cuando ya se reconozca como pensionado, dado
que la relación que une a un asegurado y el insti tuto
asegurador no es de carácter laboral s ino administrativo,
independientemente de que la ley de la materia establezca
que el disfrute a la pensión está condicionado a que
previamente el trabajador haya finiquitado la relación laboral
que lo unía con el estado empleador.
Es por el lo que, al demandarse en el presente juicio
una resolución atr ibuible al Di rector de Pensiones y
Jubi laciones del Insti tuto demandado mediante el cual le fue
expresamente negado al actor el derecho a la pensión por
jubi lación, esta Sala asume la competencia, en términos de lo
dispuesto por los art ículos 2 y 22, f racción V, de la Ley del
Tr ibunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
Los citados preceptos legales establecen lo
s iguiente:
“Art ículo 2. - E l T r ibunal de lo Contencioso
Administ rat ivo, tendrá a su cargo, di r imir las controvers ias de
carácter administ rat ivo que se susci ten entre la Administ ración
Públ ica del Estado, los Municipios, y Organismos
Descentral i zados y los part iculares; as í como entre el f i sco
estatal y los f i scos municipales, sobre preferencias en el cobro
de crédi tos f i scales.”
“Art ículo 22. - Las Salas del T r ibunal de lo
Contencioso Administ rat ivo son competentes para conocer de
los juicios que se promuevan en contra de los actos o
resoluciones def ini t ivas s iguientes: [… ]
V.- Los que versen sobre pensiones y jubi laciones,
a cargo del Inst i tuto de Seguridad y Serv icios Sociales para los
Trabajadores del Estado y Municipios de Baja Ca l i fornia.”
En el caso, se surte el ci tado supuesto de
competencia, en razón de que la materia de l acto impugnado,
es de naturaleza administrativa; lo anterior, atendiendo a que,
conforme a lo dispuesto por la ley de la materia, la relación
jur ídica que se entabla entre los órganos del Estado facultados
para resolver sobre pensión por jubi lación y el particular es de
supra a subordinación, por ende, de naturaleza administrativa,
y de ahí que se surta la competencia de este T r ibunal.
Sobre el tema, la Ley del Insti tuto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Municipios
de Baja Cali fornia establece lo s iguiente:
“Art ículo 58. E l derecho a jubi lación y a las
pensiones por ret i ro de edad y t iempo de servicio, inval idez o
muerte, nace cuando el t rabajador o sus fami l iares
derechohabientes, se encuentre en los supuestos consignados
en esta Ley y sat i sfagan los requis i tos que la misma señale.
El Inst i tuto deberá resolver la sol ici tud de pensión
en un plazo no mayor de quince días, a part i r de la fecha en
que quede integrado el expediente. Dentro de los quince días
inmediatos s iguientes, el Of icial Mayor del Gobie rno del
Estado, o quien tenga esa facultad en los Organismos Públ icos
incorporados al régimen que esta Ley establece, revisará y
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resolverá en def init iva acerca de la sol ici tud de que se t rata,
para los efectos que expresa la pr imera parte del Art ículo 120
de esta Ley.”
“Art ículo 63. - E l Inst i tuto podrá ordenar en
cualquier t iempo, la ver i f icación de la autent icidad de los
documentos y la just i f icación de los hechos que hayan servido
de base para conceder una pensión.
Cuando se sospechase que son falsos, e l Inst i tuto,
con audiencia del interesado, procederá a la respect iva
revis ión y de comprobar la falsedad ordenará la suspensión
del pago de la misma y su cancelación y denunciará los
hechos al Mini ster io Públ ico, para los efectos que procedan.”
“Art ículo 67.- Art ículo 67.- T ienen derecho a la
jubi lación, los t rabajadores con 30 años o más de servicios e
igual t iempo de contr ibución al Inst i tuto, en los términos de
esta Ley, cualquiera que sea su edad.
La jubi lación dará derecho al pago de una
cant idad equivalente al 100% del sueldo regulador que se
def ine en el Art ículo 72 y su percepción comenzará a part i r del
día s iguiente a aquel en que el t rabajador hubiese disf rutado
el últ imo sueldo por haber causado baja .”
“Art ículo 116. Corresponde a la Junta D i rect iva:
[…]
IV. Conceder, negar, suspender, modi f icar y
revocar las jubi laciones y pensiones en los términos de esta
Ley; […]”
“Art ículo 120. Los acuerdos de la Junta Di rect iva
por los cuales se concedan, niegue, modif iquen, suspendan o
revoquen las Jubi laciones y Pensiones a que esta Ley se
ref iere, serán sancionados por el E jecut ivo del Estado para
que puedan ser ejecutados.
Las demás resoluciones de la Junta Di rect iva que
afecten intereses part iculares, podrán recurr i rse ante la misma
dentro de los quince días s iguientes. Si la Junta sost iene su
resolución, los interesados podrán acudi r ante el Gobernador
del Estado dentro de los quince días s iguientes; para que éste
resuelva en def ini t iva.”
De los transcri tos preceptos legales se deduce lo
s iguiente:
1.-La Ley confiere a determinados órganos del
Estado la facultad para decidi r respecto a la pensión por
jubi lación.
2.-Es indudable que se trata de potestades
i rrenunciables, al ser públ ica la fuente de la que derivan, que
es precisamente la ley.
3.-No se requiere del consenso del particular ni de
la intervención de los órganos jur i sdiccionales para emiti r el
acto impugnado.”
De la anterior transcripción se advierte que la Sala
desestimó los argumentos expuesto por la demandada al
considerar que la l it is del juicio versa sobre una negativa a
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otorgar pensión por jubilación a la actora, si tuación que
encuadra en el supuesto del artículo 22, fracción V, de la ley
que rige a este Tribunal, y que la competencia de este inicia
con la sol icitud de pensión, en donde el aún trabajador sol icita
al insti tuto asegurador le sea reconocido su derecho a recibir
una pensión en cualquiera de sus modal idades, sin que el
referido numeral, precisó el A quo , l imite la competencia del
Tr ibunal al requisito de que el demandante tenga la cal idad de
pensionado o jubi lado.
Los anteriores argumentos no fueron controvertidos
por la autoridad recurrente, quien se l imitó a reiterar la
improcedencia de lo peticionado, dada la cal idad de
trabajador activo del actor pero sin controvertir las
consideraciones del fal lo de primera instancia.
Como lo estableció la Sala, el artículo 22, fracción V,
de la ley que r ige a este Tribunal , no distingue, como afirma la
recurrente, en el sentido de que será competente el Tribunal
para conocer de actos que versen sobre pensiones y
jubilaciones una vez que el trabajador haya finiquitado su
relación laboral que guarda con el ente patrón .
Lo anterior se expl ica porque, el hecho de que
subsista la relación laboral entre la parte actora y el Estado
patrón no impide que se configure la diversa relación jurídica
de supra a subordinación entre el actor y el instituto
asegurador, con motivo de la petición que aquel les dir ige para
que se le otorgue la pensión que la ley contempla a su favor;
por el contrario, de lo dispuesto en la Ley del ISSSTECALI se
advierte que es posible que un trabajador s iga en servicio aun
cuando se le haya reconocido el derecho a la pensión , y lo que
la ley dispone al respecto es que el trabajador no podrá
disfrutar de la pensión, s ino hasta que haya causado baja; lo
anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 60 y 6 7 de la
ley en cita, que enseguida se transcriben.
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“Art ículo 60. - Cuando un trabajador a quien se haya
otorgado una pensión, s iga en servicio s in haberla disfrutado,
podrá renunciar a el la y obtener otra de acuerdo con las
cuotas aportadas y el t iempo de servicios prestados con
posterioridad.
En ningún caso un pensionista podrá regresar a
servicio activo, salvo el de inhabi l i tados que quedaran aptos
para el servicio, los que fueren electos para cargos de elección
popular, o los designados para puestos de confianza del
Ejecutivo, u organismos públicos incorporados.”
“Art ículo 67. - Tienen derecho a la jubi lación, los
trabajadores con 30 años o más de servic ios e igual t iempo de
contr ibución al Inst i tuto, en los términos de esta Ley, cualquiera
que sea su edad.
La jubi lación dará derecho al pago de una cantidad
equivalente al 100% del sueldo regulador que se define en el
Art ículo 72 y su percepción comenzará a parti r del día s iguiente
a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado el últ imo
sueldo por haber causado baja.”
Tampoco le asiste razón a la recurrente, en cuanto a
que en la especie, se actual ice el supuesto de los diversos
juicios contenciosos administrativos **********, ********** y
********** puesto que el actor conserva su carácter de
trabajador en activo; juicios en los que refiere la recurrente que
la Primera Sala se declaró incompetente por razón de la
materia, ya que los actores reclamaron de su patrón
prestaciones derivadas de su relación laboral.
En el presente juicio, la parte actora no formula
reclamo alguno a la patronal sobre prestaciones derivadas de
la relación laboral, sino al Director de Pensiones y Jubilaciones
del instituto asegurador con motivo del otorgamiento de su
pensión por jubi lación que considera dicho instituto debe
otorgarle, por lo que es inexacto que sea el supuesto que
refiere de los mencionados juicios, lo que hace infundado del
argumento de agravio en estudio.
Igualmente infundado resulta el argumento de
agravio consistente en que la inapl icación del artículo 22,
fracción V, de la ley que rige a este Tribunal por considerarla
SENTENCIA DE PLENO EXP: 124/2015 S.S.
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contraria a los artículos 116, fracciones V y VI , y 123, apartado
B, fracciones XI y XI I de la Consti tución General, sol icitada en su
escri to de contestación de la demandada, que obl igaba a la
Sala de conocimiento a un exhaustivo anál isis.
En efecto, la Sala de conocimiento atendió su
sol icitud (fojas 75 y 76) y estableció lo siguiente:
"Respecto al planteamiento de inconsti tucionalidad
que efectúa la demandada, en el sentido de que el art ículo
22, fracción V, de la Ley el Tr ibunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, es contrario a lo dispuesto por los
art ículos 116, fracción VI y art ículo 123 apartado B, fracción XII
de la Consti tución Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio del control consti tucional di fuso que autoriza el
art ículo 133 de la Consti tución, no se advierte incompatibi l idad
entre los preceptos legales y consti tucionales citados, ni
violación alguna a derechos humanos, por tanto, no procede
su inaplicación al caso.
Lo anterior, de acuerdo a la juri sprudencia
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los art ículos
1o. y 133 de la Consti tución Pol ít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, las autoridades juri sdiccionales ordinarias, para
hacer respetar los derechos humanos establecidos en la
propia Consti tución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes
secundarias, lo que consti tuye un control di fuso de su
consti tucionalidad y convencionalidad, también lo es que
subsiste el control concentrado de consti tucionalidad y
convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde
en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del
juicio de amparo, las controversias consti tucionales y las
acciones de inconsti tucionalidad. La diferencia entre ambos
medios de control (concentrado y di fuso), estr iba en que, en
el primero, la competencia específ ica de los órganos del
Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es
precisamente el anál isi s de consti tucionalidad y
convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste
en determinar s i la disposición de carácter general impugnada
expresamente es o no contraria a la Consti tución y a los
tratados internacionales, exist iendo la obl igación d e analizar
los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en
cambio, en el segundo (control di fuso) el tema de
inconsti tucionalidad o inconvencionalidad no integra la l i ti s,
pues ésta se l imita a la materia de legalidad y, por el lo, el
juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo
argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora
bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia
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específ ica del Tr ibunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa es en materia de lega lidad y, por razón de su
función juri sdiccional, este tr ibunal puede ejercer control
di fuso; sin embargo, s i el actor formula conceptos de nul idad
expresos, sol ici tando al tr ibunal administrativo el ejercicio del
control di fuso respecto de determinada norma, de exist i r
coincidencia entre lo expresado en el concepto de nul idad y
el cri terio del tr ibunal, éste puede inaplicar la disposición
respectiva, expresando las razones jur ídicas de su decisión,
pero si considera que la norma no tiene méri tos para ser
inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió
violación alguna de derechos humanos, para que se estime
que real izó el control di fuso y respetó el principio de
exhaustividad que r ige el dictado de sus sentencias, sin que
sea necesario que desarrol le una justi f icación jur ídica
exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos
del actor, pues además de que el control di fuso no forma
parte de su l i ti s natural, obl igarlo a real izar el estudio
respectivo convierte este control en concentrado o di re cto, y
transforma la competencia genérica del tr ibunal
administrativo en competencia específ ica. Así, s i en el juicio
de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de
nul idad relativo al ejercicio de control di fuso del tr ibunal
ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos
de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la
Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se
conceda el amparo para que se dicte un nuevo fal lo en el
que se ocupe de dar respuesta a ese te ma, debido a que el
Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia
respecto del control de consti tucionalidad de normas
generales y, por el lo, puede abordar su estudio al dictar
sentencia. Si , además, en la demanda de amparo se aduce
como concepto de violación la inconsti tucionalidad o
inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar
inoperantes los conceptos de violación relacionados con el
control di fuso y anal izar los conceptos de violación
enderezados a combati r la consti tuciona lidad y
convencionalidad del precepto en el s i stema concentrado."
De conformidad con el criterio de la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que la Sala de
conocimiento apoyó su determinación, este Tribunal puede
inapl icar una disposición expresando las razones jurídicas de su
decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para
ser inapl icada, bastará con que mencione que no advirtió
violación alguna de derechos humanos, para que se estime que
real izó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad
que rige el dictado de sus sentencias; por lo tanto, la sentencia
recurrida cumple con el principio de exhaustividad, conforme a
dicho criterio, al establecer que no advirtió incompatibil idad
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entre los preceptos legales y consti tucionales invocados por la
parte actora, ni violación alguna a derechos humanos por lo
que no procedía la inapl icación sol icitada, de ahí lo infundado
el argumento de agravio en estudio.
En su segundo agravio , la recurrente argumenta que
la Sala de conocimiento indebidamente consideró que la
petición de la parte actora impl icaba el reconocimiento de un
derecho que el acto impugnado le negó; que la Sala de
conocimiento no real izó un anál isis exhaustivo de la petición
que originó el acto impugnado, puesto que pidió la remisión de
la sol icitud de jubilación a la autoridad hoy recurrente.
Agrega que la declaración de nul idad del acto
impugnado resul ta contraria a las constancias, al señalar que el
acto impugnado carece de fundamento jurídico relacionado
con las facultades de la autoridad emisora del acto
impugnado.
Sostiene que el acto impugnado contiene la debida
fundamentación y motivación, puesto que informó a la parte
actora que el instituto está sujeto a la existencia del
comunicado o propuesta de la patronal de la que derive que el
asegurado causó baja como trabajador, con sustento en el
artículo 67 de la ley que rige al instituto asegurador.
Asevera que la Sala de conocimiento transcribe el
artículo relativo a las facultades del Director del Departamento
de Pensiones y Jubilaciones (art ículo 66 del Reglamento Interno
del instituto asegurador, citado a foja 17 de la resolución que se
revisa), en la que se establece que el ti tular tiene facultades
para l levar el control de expedientes actual izados, pero que la
Sala se excede al condenarla a remitir la sol icitud de la actora
a la Junta Directiva para que determine lo conducente en un
plazo no mayor de quince días, en el entendido de que no es
indispensable para el reconocimiento del derecho a la pensión
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por jubilación que el trabajador se de baja como trabajador
activo porque, a decir de la recurrente, el mencionado
reconocimiento del derecho no es la pretensión de la parte
actora en el presente juicio, ya que en el acto impugnado se
reconoce que la parte actora cumple con el requisi to de
tiempo establecido en el artículo 67 de la ley que rige al
insti tuto asegurador, por lo que la Sala resuelve una cuestión no
sol icitada por la parte actora y además, vincula a la Junta
Directiva del Instituto a ejecutar actos, desatendiendo lo
dispuesto por el párrafo segundo del mencionado artículo 67.
Añade que la Sala pasa desapercibido que el acto
impugnado no niega el derecho a la pensión, sino que informa
que el instituto está sujeto a la existencia del comunicado o
propuesta de la patronal de la que se desprenda que el
asegurado causó baja como trabajador , y que la Sala se
excede en la condena desatendiendo que el segund o párrafo
del artículo 67 en cita impone una condición al insti tuto que se
encuentra fuera de su órbita competencial por tratarse de un
acto de la patronal y/o de la actora.
Es infundada la segunda expresión de agravios hecha
valer por la recurrente.
La parte actora, en su escri to que dirigió a las
autoridades demandadas, vis ible a foja 9, señaló lo siguiente:
“**********, por este conducto, vengo a sol ici tar de
nueva cuenta se me otorgue la Jubi lación, toda vez que
cumplo con los requisi tos establecidos en la Ley de ISSSTECALI
en su art ículo 67, as í como lo dispuesto en el Art. 22 y 23 del
reglamento para el otorgamiento de pensiones a los
asegurados del Inst i tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja
Cali fornia, me permito exhibi r la s iguiente documentación:
1.- Sol ici tud por escri to de la prestación, di rigida al
Di rector General del Insti tuto.
2.- Constancia de sol ici tud a ISSSTECALI recibida el
28 de Junio de 2013, donde se anexa la hoja de servicios
expedida por la oficial ía mayor.
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3.-Constancia expedida por ISSSTECALI de fecha 12
de Noviembre de 2013, donde se hace constar que la suscri ta
tengo derecho a la pensión por jubi lación y cumplo con los
requisi tos que establece el Art. 67 de la Ley de ISSSTECALI.
Atento a lo anterior, y por el hecho de haber
cumplido con los requisi tos indicados en los citados art í culos 22
y 23 del Reglamento de referencia, sol ici to que de forma
inmediata se remita mi solici tud de jubi lación y documentación
anexa al Departamento de Pensiones y Jubi laciones, para que
en términos del art ículo 6 del Reglamento en cita, y en términos
de la fracción I, del art ículo 43 del Reglamento Interno del
ISSSTECALI, se integre el expediente personal del suscri to, para
efecto de real izar los cálculos a que haya lugar y se elabore un
dictamen el que debe de remiti r o enviar de inmediato a la H.
Junta Directiva, para que esta, como lo indica el artículo 7, del
Reglamento para el otorgamiento de Pensiones, y con base en
la fracción IV, del art ículo 116 de la Ley de dicho Insti tuto,
determine sobre la procedencia de la sol ici tud, en el entendido
de que no podrá condicionar su otorgamiento a la existencia
de recursos económicos aprobados en el presupuesto, ni a una
supuesta calendarización programada de los expedientes en
trámite, a requerimientos s indicales o diversa causa ajena a la
Ley. Debiendo comprender que el procedimiento interno en
cita en su conjunto deberá real izarse en el t iempo previsto en
el art ículo 58 de la Ley en comento. Por últ imo, el dictamen de
la H. Junta Directiva, será remitido al Oficial Mayor del
Gobierno del Estado, quien revisara y resolverá en defini tiva
para que pueda ser ejecutada.”
La parte actora sol icitó el otorgamiento de la pensión
por jubilación, para lo cual, pidió la remisión de su sol icitud de
jubilación y documentación anexa al Departamento de
Pensiones y Jubilaciones, a efecto de que real izara los cálculos
y elaborara el dictamen correspondientes, luego, enviara éstos
a la Junta Directiva para que ésta determinara sobre la
procedencia de su sol icitud; asimismo, sol icitó que el dictamen
de la Junta Directiva fuera remitido al Oficial Mayor del
Gobierno del Estado.
Ahora bien, como se estableció en el considerando
anterior, el acto impugnado determinó de manera definitiva
respecto de la sol icitud efectuada en relación con el
otorgamiento de la pensión por jubilación, impidiendo con el lo
que dicha sol icitud siga su curso de conformidad con el
procedimiento establecido en el Reglamento para el
Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno
y Municipios del Estado, luego impl ica la negativa a lo
sol icitado, por lo que, la determinación de la Sala de
conocimiento, en el sentido de que el acto impugnado le negó
el reconocimiento del derecho impugnado, con sustento en las
consideraciones transcri tas , resul ta apegada a derecho.
Asimismo, la parte actora sol icitó que su petición
fuere remitida, además del Departamento de Pensiones y
Jubilaciones, a la Junta Directiva del insti tuto asegurador, por lo
que la condena, en el sentido de que sea remitida la petición,
con el dictamen y expediente a la Junta Directiva, resul ta
acorde a la petición, así como conforme al procedimiento
establecido en el Reglamento para el Otorgamiento de
Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del
Estado de Baja Cal ifornia, según lo estableció la Sala de
conocimiento (foja 91), en los términos s iguientes:
“Así, en términos del art ículo 6º del diverso
Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los
Asegurados del Insti tuto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja
Cali fornia, el Departamento Pensiones debe integrar el
expediente del caso y elaborar un dictamen que enviará a la
Junta Directiva, para que ésta, como indica el art ículo 7º del
reglamento en cita y con base en las facultades que le
concede la fracción IV del art ículo 116 de la Ley, determine
sobre la procedencia de la sol ici tud.”
En relación con el argumento de agravio, consistente
en que la Sala de conocimiento haya resuelto contra
constancias al establecer que el acto impugnado carecía de
fundamento jurídico respecto de las facultades de la emisora
del acto impugnado, debe decirse que el argumento es del
todo infundado.
En efecto, la Sala estableció que carecía de
facultades para conocer de la petición de la parte actora, esto
es, el reconocimiento de un derecho y que la facultad para
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conceder, negar, suspender, modificar y revocar jubilaciones y
pensiones, le corresponde de manera exclusiva a la Junta
Directiva del instituto asegurador, lo que se constata, de la
siguiente transcripción de la sentencia recurrida (fojas 90 y 91).
" De los preceptos transcri tos, se advierte que la
autoridad Director de Pensiones y Jubi laciones del In sti tuto,
que emitió el acto impugnado, quien tiene facultades para
supervisar la recepción de las sol icitudes de los asegurados,
integrar los expedientes y dar seguimiento al trámite de
pensiones y jubi laciones, a través de sus Departamentos de
Nóminas de pensiones y Jubi laciones, Departamento Histórico
de Cotizaciones y Departamento de Gestión de Pensiones y
Jubi laciones, siendo éste últ imo quien recibe, tramita y
controla las sol ici tudes de pensión y jubi lación, realiza estudio
actuarial de los trabajadores que se proponen para
pensionarse o jubi larse.
Sin embargo es la Junta Directiva, máximo órgano
autoridad del Insti tuto, según lo dispuesto por el art ículo 5 del
Reglamento Interno del Insti tuto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del
Estado, la facultada para conceder, negar, suspender,
modificar y revocar las jubi laciones y pensiones en un término
de quince días computados a parti r de que recibe el dictamen
correspondiente, de acuerdo a la fracción IV del art ículo 116
de la Ley.”
No le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la
Sala de conocimiento, al condenar desatienda el segundo
párrafo del artículo 67 de la Ley del ISSSTECALI Estado e impone
una condición laboral al instituto que se encuentra fuera de su
órbita competencial .
Al respecto debe decirse que la ley no establece
como requisi to para alcanzar el derecho a la jubilación que
previamente se finiquite la relación laboral, sino que
simplemente se condiciona el disfrute de la pensión a que se
haya extinguido la relación laboral, pues resul ta obvio que el
particular no podría percibir sueldo y pensión de manera
simultánea, por lo que, en caso de que el particular cumpla con
los requis itos legales para tener derecho a la jubilación, la
autoridad administrativa deberá condicionar el disfrute de ese
beneficio de seguridad social a que el trabajador finiquite su
relación laboral por la vía y medios legales a su alcance.
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La Sala de conocimiento estableció que no era
indispensable para el reconocimiento del derecho a la pensión
por jubilación la baja como trabajador activo, que dicho
requisi to era necesario únicamente para su disfrute, de
conformidad con los artículos 60 y 67 de la Ley del ISSSTECALI ,
consideración que la recurrente omite combatir eficazmente,
l imitándose a señalar que se impone una cond ición al instituto,
sin embargo el lo es inexacto, pues la Sala no condiciona al
insti tuto a real izar la baja del trabajador, lo que se constata de
la siguiente transcripción.
"As í, se debe condenar a la autoridad demandada
a que turne la sol ici tud de la parte actora, con su respectivo
dictamen y expediente, en el que se incluya la actual ización al
fondo pensionario y la determinación de las prestaciones y/o
conceptos que integren el últ imo sa lario que la actora tenga
recibido y cotizado en su vida laboral activa al fondo de
jubi laciones y pensiones que administra el Insti tuto asegurador
por sus s iglas ISSSTECALI para que la Junta Directiva determine
lo conducente en un plazo no mayor de quince días, en el
entendido de que, el reconocimiento del derecho a la Pensión
de Reti ro por Edad y Tiempo de Servicios no depende de los
recurso económicos para ejercer durante el ejercicio, ni a la
candelarizacion programada de las sol ici tudes, tampoco es
indispensable para el reconocimiento del derecho que, el
trabajador se dé de baja como trabajador activo, requisi to
necesario únicamente para su disfrute, lo que se deduce de lo
dispuesto por el articulo 60 y 67 de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno
y Municipios de Estado, que señala:
“ARTÍCULO 60. - Cuando un trabajador a quien
se haya otorgado una pensión, s iga en servicio sin
haberla disfrutado, podrá renunciar a el la y obtener otra
de acuerdo con las cuotas aportadas y el t iempo de
servicios prestados con posterioridad. […]”
“ARTÍCULO 68. - Tienen derecho a pensión de
reti ro por edad y tiempo de servicios, los trabajadores
que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
quince años de servicios como mínimo e igual t iempo de
cotización al Inst i tuto; las leyes que regulan a los
trabajadores que se señalan en las fracciones I y I I,
Apartado B, del art ículo 99 de la Consti tución Pol ít ica del
Estado Libre y Soberano de Baja Cali fornia, sin perjuici o
de lo anterior, podrán prever edad diversa.”
Esto últ imo en atención a lo argumentado por la
demandada al dar contestación a la demanda entablada en
su contra.”
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En consecuencia, ante lo infundado de los agravios
hechos valer, procede confirmar la sentencia recurrida.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
además en lo dispuesto por el artículo 94 de la ley que rige a
este órgano jurisdiccional, es de resolver y se...
R E S U E L V E
PRIMERO.- Se desecha el recurso interpuesto por el
Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de
Baja Cal ifornia.
SEGUNDO .- Son infundados los agravios hecho valer
por el Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno
y Municipios del Estado de Baja California.
TERCERO .- Se confirma la sentencia dictada por
Segunda Sala de este Tr ibunal , materia de la presente revis ión.
Notifíquese personalmente a la parte actora y por
oficio a las autoridades demandadas.
Así lo resolvió el Pleno del Tr ibunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Baja Cal ifornia, por unanimidad de
votos de los Magistrados Carlos Rodolfo Montero Vázquez,
Alberto Loaiza Martínez, y Guil lermo Sada, siendo ponente el
primero en mención. Todos firman ante la presencia de la
Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Claudia Carol ina
Gómez Torres, quien da fe.
CR MV / AAR S/ a c b
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LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, HACE CONSTAR:-----------------------------------------
QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION
PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
FECHA TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, RELATIVA AL RECURSO DE
REVISION PROMOVIDO EN EL EXPEDIENTE 124/2015 S.S, EN LA QUE SE
SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE
RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO
CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION
QUE VA EN VEINTIDOS FOJAS UTILES.
LO ANTERIOR CON APOYO EN LINEAMIENTO DECIMO DE “LINEAMIENTOS
PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE RESOLUCIONES Y
SENTECIAS UE TIENEN BAJO SU RESGUARDO, LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”. LO QUE SE HACE
CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
DOY FE.
![Proyecto Tesis Embotelladora Final Aprobado[1]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/563db9d2550346aa9aa040db/proyecto-tesis-embotelladora-final-aprobado1.jpg)
