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ESTADO, POLÍTICAS SOCIALES Y MOVIMIENTOS

SOCIALES : DEBATES

LATINOAMERICANOS.

SILVIA FERNÁNDEZ SOTO

Y JORGE TRIPIANA

(COORD.)

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Oliver, Lucio Estado, políticas sociales y movimientos sociales : debates latinoamericanos / Lucio Oliver ; José Seoane ; Silvia Fernández Soto ; coordinación general de Silvia Fernández Soto ; Jorge Tripiana. - 1a ed . - Tandil : Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2018. Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-658-464-1

1. Estado. 2. Políticas Públicas. 3. Política de las Ciencias Sociales. I. Seoane, José II. Fernández Soto, Silvia III. Fernández Soto, Silvia, coord. IV. Tripiana, Jorge, coord. V. Título. CDD 320.6

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ESTADO, POLÍTICAS SOCIALES Y MOVIMIENTOS

SOCIALES : DEBATES

LATINOAMERICANOS.

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Presentación. Silvia Fernández Soto – Jorge Tripiana // pág. 6.-

Lucio OliverEstado y políticas públicas en el contexto de avance del neoconser-vadurismo en América Latina. // pág. 12.-

José Seoane Notas sobre la ofensiva neoliberal conservadora y los retos emancipa-torios en Nuestra América// pág. 28.-

Silvia Fernández Soto – Jorge Tripiana Estado, hegemonía y políticas en el capitalismo contemporáneo: los programas de transferencias monetarias y la construcción de la legiti-midad social en América Latina en el siglo XXI.// pág. 44.-

Pierre Salama Globalización y profundizacion de las desigualdades de ingresos, rel-aciones complejas. // pág. 56.-

IND

ICE 1

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CAPÍTULO

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Estado y neoliberalización en América Latina

Políticas sociales, instituciones y sujetos post-crisis del 2001.

PRIMER PARTE

SEGUNDA PARTE

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Marcela Leivas Avances de investigación en relación a la problemática de la “desigualdad educativa en contextos de obligatoriedad de la escuela media”, abordada desde los enfoques críticos del campo de la So-ciología de la Educación. // pág. 68.-

Marisa Tomellini Los programas socio-productivos y los procesos autogestionados de trabajo en la “economía social”: materialidades y sentidos. // pág. 84.-

Cynthia TerencioEstrategia de investigacion en el estudio de los sentidos y alcances de la contraprestacion educativa para desocupados. Un estudio de caso postcrisis 2001.// pág. 92.-

Angeles GonzálezEl Funcionamiento de Patronato de Liberados Tandil en el contexto de Ajuste Neoliberal. Primeras interpelaciones para guiar la tarea investigativa.// pág. 104.-

Paula Rodríguez Traiani Elementos para un análisis teórico de la política “Asignación Univer-sal por Hijo para protección social”: Las Nociones De Individuo Y So-ciedad A La Luz De Los Clásicos // pág. 112.-

Melina FernándezLas políticas alimentarias en el neoliberalismo: análisis de la inci-dencia en las condiciones de vida de mujeres beneficiarias y en las relaciones de género. El caso del Plan Más Vida en la ciudad de Tandil en el período 2015-2018. // pág. 122-

María EscurraLas políticas de salud en la Argentina. Del Plan Nacer/Sumar a la CUS. Algunas aproximaciones.// pág. 132.-

Mag. Analé Barrera La incidencia de las intersecciones entre clase y género en el desar-rollo de las organizaciones de la “economía social” en Tandil, 2009-2017. La construcción de un problema de investigación. // pág. 149.-

78910111213

CAPÍTULO

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6CAPÍTULO

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PRESENTACIÓNSilvia Fernández Soto // Jorge Tripiana

El libro Estado, políticas sociales y movimientos sociales : debates

latinoamericanos, que organizamos recoge distintos aportes de investi-

gación, realizados tanto sobre la realidad local, como la nacional y latino-

americana. Desde el Programa de Investigación y Estudio sobre Política y

Sociedad (PROIEPS) de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN

venimos realizando año a año reuniones científicas que convocan a espe-

cialistas en investigación social para socializar resultados de sus trabajos

en lo local, regional e internacional, sobre todo en latinoamérica, pero sin

desconocer las implicancias de la globalización del capital en las últimas

décadas y las consecuencias de este proceso para las realidades latino-

americanas.

En este sentido, el libro es una muestra del intercambio permanente

y la reflexión sobre el contexto inmediato. Forma parte de nuestra política

como grupo de investigación la difusión de resultados que dan cuenta de

la situación de nuestros países, con fines de conocimiento e intervención

sobre esa realidad.

Bajo esta propuesta se realizaron durante el año 2018 las Segundas

Jornadas sobre Estado, políticas sociales y movimientos sociales. Debates

latinoamericanos, que contó con la presencia, entre destacados investi-

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gadores locales, de los Doctores Lucio Oliver, de la UNAM (México), y la

de José Seoane del IEALC-FCS-UBA. Y también el año 2018 nos permitió

desarrollar el tercer ATENEO del PROIEPS, espacio abierto de reflexión

sobre las investigaciones en curso de la totalidad de lxs investigadorxs del

núcleo.

Se suma a estos espacios los bi-anuales dedicados específicamente

a los estudios sobre el trabajo y sus modificaciones en la sociedad actual,

que denominamos Encuentros Regionales sobre Estudios del Trabajo, los

cuales funcionan como encuentros previos al congreso nacional de la Aso-

ciación de Especialistas en Estudios del Trabajo, Pre-Aset, y que ya tiene

8 ediciones, y en donde se recogen las investigaciones sobre aspectos de

la realización del trabajo en el ámbito regional y nacional, se conforma un

importante abanico de espacios de debate y reflexión sobre la sociedad y

sus cambios recientes.

Estos espacios de encuentro y reflexión organizados desde el

PROIEPS se han convertido en ámbitos de discusión de diferentes acto-

res sociales sobre las problemáticas locales y regionales del Estado y sus

políticas en la sociedad contemporánea, estimulando el intercambio entre

investigadores/as, y entre éstos/as y diversos actores sociales. Siempre

la idea ha sido promover un debate crítico sobre temas relevantes para

el conocimiento del Estado, las políticas publicas, y las organizaciones y

movimientos sociales, es decir, la relación y dinámica estatal en relación

al movimiento de la sociedad.

El libro que presentamos recoge diversos aportes realizados en dis-

tintas instancias de reflexión y debate. Lo hemos organizado en dos par-

tes. En la primera de ellas hemos colocado los artículos que remiten a

cuestiones tanto teóricas como empíricas generales. En primer término,

quisimos comenzar con la conferencia brindada por el Dr. Lucio Oliver,

destacado profesor e investigador mexicano, sobre la situación actual en

latinoamérica.

El Dr. Oliver nos introduce en su conferencia en el análisis de la

experiencia progresista en latinoamérica del siglo XXI, con las figuras rel-

evantes de Néstor y Cristina Kirschner, Lula, Chavez, Correa, Mujica y Evo

Morales, que sin duda han contribuido a darle forma a un momento que

ha sido de suma importancia para el conjunto de la región y para lo que

ocurre en cada uno de esos países posteriormente.

El análisis crítico de Oliver nos permite conocer las limitaciones y

alcances de esas experiencias progresistas, tanto las dificultades con las

cuales se encontraron en su desarrollo, obstáculos que la derecha regional

no dejó de colocar en su camino, así como los límites que la propia con-

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figuración histórica de esos procesos colocó en su propio desarrollo: los

actores involucrados, las ideologías que le dieron forma, las relaciones

Estado/sociedad que terminaron reafirmando.

Los desafíos que el nuevo escenario que se abre recientemente con

la elección del nuevo presidente mexicano López Obrador, y las conse-

cuencias de la llegada de una nueva propuesta progresista en la región que

actualiza una disputa que nunca se extingue. México no había participado

de esa oleada progresista regional, fue el gran ausente de ese proceso casi

generalizado en la región, porque su proceso fue obturado por la corrup-

ción priísta en las anteriores elecciones, pero ahora la figura de López Ob-

rador como presidente permite un aire fresco ante la avanzada neoliberal

que baña el continente. Oliver nos advierte sobre los posibles caminos de

esta experiencia en curso, y también sobre la posibilidad de que el país

mexicano se constituya en un faro para una nueva avanzada de experien-

cias populares en la región.

El artículo de José Seoane se complementa con este análisis. Al cen-

trarse en el análisis de la nueva ofensiva neoliberal en el ámbito latino-

americano, necesariamente busca las respuestas al por qué de las mismas

en las limitaciones que se encuentran en las experiencias progresistas.

Ocupa un lugar importante en este análisis el desarrollo sobre las car-

acterísticas que asume el capitalismo en la actualidad, las matrices de

desarrollo que promueve, los obstáculos que coloca para la generación de

alternativas.

La caracterización de la ofensiva neoliberal en la región tiene un

marcado sesgo extractivista y trasnacional, con lo cual las alternativas

progresistas deberían colocar su desarrollo en la ruptura con estas pautas

de desarrollo, que sin duda alguna ocasionan solo mayor desigualdad y

deterioro de las condiciones sociales y naturales en nuestros países.

El otro componente destacado en este análisis refiere a los rasgos

sobre los cuales se desarrolla el gobierno de la neoderecha en la región, el

cual condiciona y modifica la democracia tal como se ha entendido hasta

el momento. La represión generalizada se combina con racismo en gobier-

nos que consolidan grupos de gran poder económico, mediático y judicial,

cuyo resultado son gobiernos con marcadas características fascistas. Bol-

sonaro en Brasil, y Macri en Argentina son emergentes de un desarrollo

profundo de la derecha en la región.

Los dos trabajos siguientes, de Fernández Soto y Tripiana, y el de

Pierre Salama, se enfocan al análisis de las consecuencias sociales de las

políticas desarrolladas en la región. En el nuestro, se trata de análisis so-

bre los programas de transferencia de renta condicionada, su extensión

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y las razones de su implementación a nivel generalizado en la región. So-

bre la base de la investigación realizada en colaboración con núcleos de

investigación de Brasil y Uruguay, que tomó como objeto de estudio los

programas de transferencia de renta condicionada en América Latina y el

Caribe, se plantea el origen de los programas en la región, su alcance y las

características de su implementación, teniendo en cuenta los procesos de

hegemonía, o sea la vinculación con las situaciones concretas de poder en

cada Estado en particular.

En el caso del trabajo de Pierre Salama, se plantea con profundidad

las consecuencias en la desigualdad social en el mundo y su relación con

las transformaciones en la producción capitalista. La globalización y la

concentración de ingresos, y su relación con la apertura de las economías,

y la situación de estas transformaciones tanto en los países desarrollados

como en los “emergentes” son analizados por Salama, quien remarca la

necesidad de la participación del Estado para garantizar políticas sociales

que atiendan las necesidades más urgentes, cuya base debería estar en

matrices de desarrollo industrial que permita desarrollos incluyentes.

En la segunda parte del libro, hemos situado trabajos de investi-

gación en curso de algunxs de lxs integrantes del núcleo de investigación

PROIEPS y que resultan importantes avances en el conocimiento de la

implementación de diversas políticas sociales en el ámbito local-regional.

En todos los casos se trata de avances de investigaciones en desarrollo en

el marco de estudios de postgrado, y se plantean alcances y limitaciones

en cada una de las políticas analizadas.

El avance del conocimiento social tiene como línea primordial de

desarrollo la relación de la discusión teórica con el trabajo empírico. He-

mos planificado este libro de acuerdo con esta premisa: todos los trabajos

que lo conforman mantienen esta relación en una situación dinámica. Se

trata de investigaciones sobre la sociedad que parten para su conocimien-

to del bagaje teórico acumulado y que es puesto en el mismo acto en situ-

ación de suspenso ante la indagación empírica que comprueba/modifica

esos preceptos conceptuales.

Entendemos que los trabajos recopilados para este libro en su total-

idad resultarán un aporte en la reflexión tanto sobre las formas pertinen-

tes de realizar la investigación como sobre la intervención profesional en

áreas y espacios específicos.

Silvia Fernández Soto // Jorge Tripiana

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PARTE

ERA

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Estado y neoliberalización en América Latina

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2CAPÍTULO

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Estado, políticas sociales y movimientos

sociales en la actualidad de América Latina

y el Caribe.

Dr. Lucio Oliver (UNAM-México)Presentación a cargo de la Dra. Silvia Fernández Soto,

Directora del PROIEPS.

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Estado, políticas sociales y movimientos sociales en la actualidad

de América Latina y el Caribe 1.

LUCIO OLIVER, es profesor mexicano, integrante del comité Directivo de CLACSO, sociólogo y especialista en cuestiones del Estado por la UNAM, tiene instancias postdoctorales, es un profesor que ha tenido muchas invitaciones como profesor titular en muchas univer-sidades del exterior, actualmente está vinculado al postgrado en Estudios latinoamericanos de la UNAM, y es un intelectual que no es solamente de la academia, sino que es una persona comprometida con el tiempo presente, aportando y vinculado con espacios colectivos de lucha, de transformación, y podría decir también que Lucio es uno de los principales intelectuales contemporáneos desde una perspectiva gramsciano.

SFS: Hola Lucio, la conferencia está pensada para compartir la situación del Estado en América Latina, y un poco para caracterizar el proyecto actual neoconservador, neoliberal, con elementos fascistas en Brasil, para que puedas compartir tu visión y tu análisis, y después realizar en colectivo un intercambio.

LO: Veo muchas caras jóvenes interesadas, por lo cual me dará mucho gusto comenzar cuando tu me digas, y compartir este intercambio.

SFS: Lo consideramos un maestro para todos nosotros. Bienvenido, y te escuchamos.

Muchas gracias, espero que esta comunicación virtual en un tiempo se traduzca en la posibilidad de ir personalmente a conocerlos en su ciudad, en sus instalaciones, y tener un in-tercambio directo, personal. Sobre este tema, un gran tema, es importante en primer lugar de-cir que el Estado Nacional sigue siendo fundamental para entender los intereses, expectativas y 1 Videoconferencia realizada por el Dr. Lucio Oliver. El 12 de octubre de 2018, como inauguración de las II JORNADAS sobre ESTADO, POLITICAS SOCIALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES. DEBATES LATINOAMERICANOS. Orga-nizado por el Grupo de Investigación PROIEPS, de la Facultad de Ciencias Humanas-UNICEN, el 29 y 30 de Octubre de 2018

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decisiones de las poblaciones y grupos sociales de los territorios en que están divididos los países del mundo, y de América Latina. Es decir, es importante pensar que el Estado sigue siendo la síntesis de las sociedades, aún cuando estas sociedades sean más integradas al sistema mun-dial capitalista, estén más integradas a una red de relaciones políticas mundiales, no obstante eso, el Estado sigue siendo ese conjunto de instituciones de poder, de fuerza y de dirección de la sociedad, que es fundamental. No se puede pensar una sociedad sin el Estado. Ahora vamos a ver qué hay que pensar acerca del Estado, pero lo primero que hay que decir es que estamos ante una situación mundial en que el Estado nacional sigue siendo, tal como el siglo pasado, la fuerza concentradora de la capacidad de una sociedad con intereses diversos y contrapuestos también, pero sigue siendo la fuerza que concentra el poder de la sociedad. Y esto se basa en que el Estado sigue siendo la referencia de “lo común”, todavía nos queda la sociedad misma como referencia de lo común. No es la única institución que expresa lo común de la sociedad, sino que la propia sociedad tiene que encontrar en su propio seno, la referencia de lo común. Y esto es que lo es difícil, es difícil desde la teoría política y de la práctica política, porque la sociedad existe mediada por el dinero, el intercambio, y dominada por el capital, por eso le resulta difícil a ese elemento vital de lo común encontrarse. Generalmente se encuentra a través del dinero y del dominio del capital, entonces, y por eso, la sociedad busca al Estado como referencia a lo común, de alguna manera para incidir en las grandes decisiones que la propia sociedad podría tomar si lograra superar esa mediación del dinero y la mediación del capital, pero no lo puede hacer solo con la voluntad, tiene que reorganizarse como sociedad para madurarlo y eso es una lucha histórica; en tanto esa la lucha histórica no ha avanzado hoy podemos decir que el Estado sigue siendo la síntesis de la sociedad, la extensión de sus estructuras formas de dominación y de hegemonía. Esto es importante tenerlo presente porque desde una perspectiva crítica sí sería conveniente considerar que no hay otra institución que exprese lo común hoy más que el Estado, y está en proceso el que la sociedad se reorganice para encontrar en ella misma la perspectiva de lo común. Ahora, como decía el sociólogo boliviano René Zavaleta, los estados de América Latina tienen una condición dependiente, son estados que operan bajo formas de capitalismo dependiente y subordinadas, eso no hay que olvidarlo, porque ese elemento va a estar condicionando a los Estados, los Estados latinoamericanos son Estados de capitalismo dependiente, eso hay que tenerlo muy claro, no para generar a partir de esa condición un fa-talismo, en donde todas las decisiones políticas sean exclusivamente las que interesan al gran capital económico-financiero mundial. No, y por eso el propio René Zavaleta planteaba que siempre hay que pensar en lo que él llamaba las formas primordiales que tienen las distintas sociedades latinoamericanas, que es donde se expresan las distintas luchas histórico-políticas de las sociedades. Entonces, la condición dependiente, común a todos los estados actuales de América Latina, sin embargo encuentran formas primordiales muy intensas en los distintos países; porque las formas primordiales es la manera en que las fuerzas, sobre todo las fuerzas de masas, las fuerzas de las sociedades actuando políticamente, logran conformar un sistema de relaciones políticas, una serie de derechos y una serie de digamos, no solo de derechos sino de propuestas nacionales que van a actuar en esa condición de capitalismos dependientes. Y esto es algo que nosotros tenemos que valorar profundamente, lo que se llaman las formas primordiales, porque es donde la sociedad se va a expresar para incidir en y al mismo ti-empo para ir , lo que podemos llamar, dirigiendo al Estado, esto es algo muy importante, porque la sociedad no es un actor pasivo, sino que es un elemento activo de la vida y de la política, y es a través de esa actividad en la vida y en la política la que implica reconocerse como sociedad civil capaz de ser espacio de disputa de fuerzas, capaz de ir construyendo un proyecto de sociedad común, y capaz de dirigir al propio Estado, y de alguna manera contrapesar ese dominio del capitalismo dependiente. Esto es muy importante porque acá aparece una primera cuestión de la cual quisiera hablar: el Estado hoy no es solo el aparato de poder y de administración pública, el Estado es la unidad de ese aparato, de eso que se ha llamado sociedad política, con la sociedad

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civil, es decir lo que Gramsci llamaba el Estado integral, el Estado donde hay ver si las fuerzas que actúan en la sociedad, que actúan en el Estado, su relación, la relación de fuerzas entre ellas, y también reconocer que hay siempre una ecuación entre Estado y sociedad civil, que es la que determina siempre las decisiones últimas del Estado, y generalmente en América Latina el Estado ha sido el que determina las decisiones, la sociedad civil ha sido una sociedad fuerte, con cultura, y algún grado de organización, pero normalmente atravesada por eso que Gram-sci llamaba una perspectiva económico-corporativa, es decir, muy implicada en los intereses inmediatos como sociedad, muy ubicada en, incluso en constituirse en una clase con derechos pero no siempre plantándose el problema que en la propia sociedad civil debe gestarse una concepción general de la política, una serie de valores muy prácticos que le permitan a la socie-dad reconocerse como fuerza dirigente del Estado. Y como ello no ha sucedido la sociedad civil no se reconoce, uno, ni como sociedad civil, y dos, mucho menos como fuerza dirigente el Esta-do. Y entonces generalmente las relaciones Estado-sociedad civil han permitido que el Estado sea el elemento dominante de esa ecuación, que la sociedad civil tenga que permanentemente sufrir los embates de un Estado “todopoderoso”, por así decirlo, o con la principal capacidad de tomar las decisiones públicas. Y esto creo que es uno de los problemas principales de nuestra época, cómo la sociedad civil se puede constituir, y esto ha generado mucho debate también, porque hay quienes piensan que la sociedad civil solo son las gongs, las organizaciones particu-lares como las Iglesias, o como las entidades educativas, esos son expresiones organizadas de la propia sociedad civil, pero la sociedad civil es toda la sociedad interrelacionada, por el trabajo, interrelacionada por el intercambio, porque el constituye quizás el elemento moderno más fuerte. Y esto, sorprendentemente quién lo descubrió, con toda la dimensión teórica impor-tante, fue un señor del cual casi no nos acordamos, que se llamó Federico Guillermo He gel, y que descubrió que la sociedad civil es un elemento central de la modernidad, que no es verdad que las sociedades se conformen con individuos aislados, separados, egoístas, en lucha; claro que sí existe eso, pero no es lo que conforma a la sociedad, la sociedad está conformada por vínculos, de trabajo común, de fuerzas productivas común, de cultura común, que la sociedad tiene que reconocer, porque con estos elementos, trabajo común, organización común y cul-tura común, la sociedad puede confrontar el otro elemento que domina la vida social que es el capital, el capital como la expresión concentrada de poder en la economía, en la política y en la cultura. Cómo va a enfrentar el dominio del capital en la sociedad si no es recuperándose como sociedad civil?, es decir, una sociedad que reconoce sus vínculos comunes y que a partir de eso, utiliza los elementos de la modernidad para organizarse y desarrollar una cultura política y una capacidad política. Cuáles son los elementos de la modernidad? La voluntad, la libertad, esto es muy importante, las sociedades no pueden ser menos que sociedades libres, como decía el viejo Hegel, sociedades en donde puedan expresar sus ideas, su cultura, organizarse con derechos, y eso es fundamental. Ayer mismo el candidato de la extrema derecha, el fascista Bolsonaro, no tuvo más, en su discurso de victoria, que decir que va atener un régimen de libertades, de derechos. Esto lo hizo seguramente para tranquilizar a las potencias internacionales capital-istas, frente a las cuales va a querer tener una política de vínculo y de apoyo, pero incluso una persona cargada con un discurso que se plantea erradicar toda visión de izquierda, toda visión socialista, eso que el llamó el populismo, aún a pesar de ese discurso tan fascista, tan cerrado del nuevo presidente del Brasil, tuvo que reconocer que va existir un régimen de libertades y derecho. Es muy difícil para cualquier Estado no reconocer hoy la existencia de libertades y derechos, porque eso es parte histórica de la modernidad, eso ha sido una conquista histórica del individualismo en el sentido positivo, y esta situación hace que la sociedad civil dominada por el capital pero vinculada por el trabajo, la organización y la cultura, pueda ejercer las liber-tades y derechos para constituirse en una fuerza capaz de dirigir los asuntos públicos. Y ese es el gran reto de la contemporaneidad, digamos de la situación actual de la modernidad, el reto de nuestros países, y le hemos dado poca atención a eso porque siempre estamos mirando a

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la sociedad política, a los grupos políticos, a las fuerzas políticas, en vez de trabajar por la au-to-organización, por el desarrollo de una cultura política de la propia sociedad y por superar ese nivel económico corporativo, o el nivel solo de defensa de clase, necesitamos crear sociedades civiles que sean y donde se creen culturas capaz de crear una puerta de dirección de la sociedad y del Estado. Esto es muy importante, y creo que es lo que hoy se abre en algunas experiencias como un horizonte pequeño, como una luz, pero que no se ha trabajado suficiente en eso, los sectores populares no han trabajado suficiente en una reforma de la sociedad civil que permita que la sociedad civil se reconozca como espacio abierto de la disputa por la dirección de los asuntos públicos, y que puede acompañar proyectos políticos que coincidan con eso. Entonces lo que estamos viendo es poca claridad de la sociedad civil, y eso significa que desde el punto de vista de las fuerzas progresistas, todo se deposita en la sociedad política, en ocupar los espacios de la sociedad política, como son el parlamento, el poder ejecutivo; ya menos, con menos claridad, los gobiernos progresistas, han tratado de ocupar parcialmente los medios de comunicación, ocupar parcialmente el poder judicial, el poder electoral. Lo que vemos es que ahí dominan más, digamos, ciertos valores condicionantes conservadores, el que por ejemplo hace que el ejército, el poder judicial, se vean como instituciones cerradas, con intereses corporativos donde nadie puede entrar; incluso los medios de comunicación en al-gunos países son instituciones cerradas, dominados por ciertos políticos y empresarios, donde la sociedad no puede entrar, no hay medios de comunicación prácticamente bajo propiedad y dirección de la propia sociedad civil. Prácticamente no hay. Solo algunos que son muy locales, pero plantearse el problema de que la sociedad política tiene que juntarse junto con el peso, la cultura, la libertad de la sociedad civil, no hay... prácticamente estamos iniciando una lucha histórica en ese sentido. Y esto nos lleva a otra cuestión; la noción de libertad que permanece en la vida moderna está muy caracterizada por lo que Hegel mismo llamaba como libertad negativa, es decir, la creencia de que todos tenemos derechos, y los principales derechos son que el Estado no inter-venga en nuestras vidas. Esto es lo que llamaba libertad negativa, pero como la sociedad civil puede transformar esa libertad en un proyecto de emancipación? En un proyecto de desarrollo organizativo cultural que le permita ser la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado. Ese es el gran problema de la libertad, que no es solo la libertad negativa si no la libertad como proyecto histórico de emancipación, y ese es el gran problema que ya apareció en el debate del siglo XIX pero que hoy todavía no cristaliza en una sociedad civil capaz, activa, de dirigir a la sociedad misma y al Estado. Y qué pasa, que el mundo, después de la época dorada de los Estados nacio-nales de posguerra, 1945 a 1975, vivió al final una gran crisis, a finales de los 70 y principios de los 80, vivió una gran crisis que llevó a crear estados nuevos, llamémosle así, nuevos algunas veces en países por la vía de golpes de Estado, estoy pensando en Chile, Bolivia, la propia Argen-tina...Brasil en el 64, que sirvieron para cambiar la la idea de un Estado para todos, que habían creado las burguesías nacionales de América Latina, un Estado para todas las fracciones del capital y para los intereses económicos corporativos de los trabajadores, sobre todo los tra-bajadores urbanos, y sustituir ese Estado para todos con referencia nacional, por otro tipo de Estado, al servicio de el gran capital económico que luego se desarrolló sobre todo como capital financiero. Esto se produjo por la vía de los golpes de Estado, y llevó a que se desarrollara una mo-dalidad Estado en América Latina y en el mundo que algunos llaman el Estado neoliberal, y que se impone ya como Estado abierto a derechos democráticos liberales a partir de mediados de los años 80,, y el corazón de ese nuevo Estado fue el llamado “Estado de competencia”, es decir aquel Estado cuyo objetivo central es competir en el ámbito mundial para valorizar el gran capital económico financiero trasnacional. Y digamos que se abre una época en los años 80 del siglo pasado hasta prácticamente el 2010-2013, donde la referencia de lo que eran las virtudes del Estado neoliberal estaba asociada con esta noción de Estado de competencia, es decir, que

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todos los recursos, las instituciones, las actividades de política económica, de política fiscal, de política de derechos, tenían que estar vinculados a propiciar la valorización del capital. Y la valorización de una capital que ya no se metía a nuestras sociedades para construir fábricas, par construir comercio, para construir instituciones, no, es un capital muy volátil, dominado por las finanzas, por las nuevas finanzas, el capital financiero transaccional. Y ya se creó todo un culto a ese capital dominado por ese capital financiero, en donde todas las políticas tenían que cuidarse de no contradecir los intereses de ese capital económico-financiero. Y digamos que esta noción del Estado de competencia ha dominado incluso la teoría política de los últi-mos 25 o 30 años, esto es lo que hemos entendido por el Estado, los Estados de competencia que normalmente dejan de lado a la sociedad civil, a la mayoría popular de las sociedades, y se concentrar en valorizar, en crear las condiciones de valorización de las inversiones del gran capital trasnacional. Y desarrollan toda una campaña ideológica, para que la gente piense que si, que es lo más importante, porque de él depende todo, de que tengamos satisfechos a los capitales transnacionales económico-financieros, depende que haya empleo, recursos para la educación, para la salud, que permitan un desarrollo de los mercados. Y esto, sin embargo, se ha vivido no solo como una tensión y una política latinoamericana sino que es prácticamente mundial. Podemos decir que esta concepción del Estado como al servicio de la valorización del gran capital económico financiero internacional ha dominado incluso en los países que de-nominamos centrales. Ha dominado en Alemania, en Estado Unidos, en Francia, en la UE, en Inglaterra, etc. En donde empezaron la quiebra de los derechos laborales de los trabajadores, para consolidar esta idea del Estado de competencia, con Margaret Tatcher, con Ronald Rea-gan, hace ya muchos años. Y eso logró que se diera esta normalidad. Es decir, las sociedades aceptan que prevalezca el Estado de competencia, porque es la única forma en que en esta globalización las sociedades pueden crecer, pueden desarrollarse. Ese mito, porque al final es un mito, porque mientras los Estados centrales compiten valorizando su capital, llevando su capital a los países atrasados para tener más ganancias por la vía de la sobre-explotación de los trabajadores y por la vía del despojo, y del extractivismo, fíjense como el Estado de competencia es un vehículo para que esos grandes capitales mundiales se valoricen sin restricciones. Es decir, por ejemplo, en México esta noción del Estado de competencia sirvió al último gobierno del ciclo neoliberal de 1988 hasta el 1 de julio de 2018, sirvió para permitir el ingreso de grandes inversiones de maquiladoras, grandes inversiones de minería extractivista, que permitieron o que se basaban en la competencia internacional del gran capital, pero que al interior de nuestros países se basaban en el control que el poder imponía al incremento del salario de los trabajadores; es decir la condición que tenían nuestros países para competir por la vía del Estado de competencia en el mercado mundial cuál era? Los salarios de miseria de los trabajadores, y la entrega de los territorios que pertenecían a comunidades originarias, que pertenecían a la sociedad en su conjunto. Y esto significó que nuestros países se convirtieron en maquiladores, en vendedores de commodities para la economía internacionales, a bajísimos precios, en vehículos de economías extractivistas, y eso hacía que la noción de Estado de com-petencia en realidad fuera rentismo para políticos y para empresarios nacionales,, que entonc-es dedicaban toda su energía a esas políticas de vinculación subordinada al mercado mundial, y ellos reconocían su papel como vehículo de esa globalización, a través del estímulo al rentismo, es decir al rentismo financiero, el rentismo que surgía como algunos remanentes de esa ex-plotación y opresión internacional que el capital hacía sobre nuestros recursos nacionales. Para esto sirvió la figura teórica y política del Estado de competencia. Ahora, esto se creó, esto se dio, este concepto del Estado de competencia se forjó al calor de una transfor-mación económica, política y científico-técnica mundial. Que algunos han llamado como “revolución científico-técnica”, que produjo una vincu-lación mundial de otro tipo, tanto en las fábricas, como en la sociedad y las instituciones, por la vía de las nuevas tecnologías, y por las vías de los nuevos elementos de la ciencia. Es así que la

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globalización actual significó un salto, un avance en el capitalismo mundial que integró al mun-do, creando lo que se llaman las nuevas fábricas mundiales, en donde por ejemplo, en la pro-ducción de automóviles participan, creando sus partes, trabajadores de todo el mundo. Es decir se creó por primera vez en la historia mundial el trabajador global. Así como se creó el capital dominante transnacional global se creó el trabajador global, donde los trabajadores contribuyen a la fábrica mundial de automóviles, de productos de todo tipo, de computadoras, de productos médicos, de todo tipo, en un proceso acumulado que crea capital mundial y que crea traba-jadores globales. Esto, para la lucha histórica de las sociedades civiles es fundamental, entender eso, la importancia de la globalización, como el nuevo ámbito de la vida social; dominada sí por estos Estado de competencia pero también con grandes posibilidades que tiene que ver con esa existencia de los trabajadores globales. Que todavía, como no nos reconocemos como sociedad civil al interior de nuestros países, tampoco hemos logrado reconocernos como trabajadores globales. De esta globalización, de estas fábricas mundiales, de esta economía, comercio y ser-vicios mundiales. Donde el trabajador global ya tiene también elementos científico-técnicos, lo que se ha dado en llamar capitalismo digital, y esto es muy importante porque hoy se demostró que esa globalización tan importante que creó al trabajador global, que creó al capital global, sin embargo tuvo como rasgo característico ser una globalización políticamente excluyente, y en términos económicos, económicamente y socialmente bárbara, en sentido negativo. Y digo en sentido negativo porque se que en Argentina el concepto de bárbaro tiene una acepción que no es del todo negativa; aquí queremos significar la noción de explotación, de despojo, en México por ejemplo, las compañías mineras transnacionales han creado un despojo tal que no solo han quitado territorios de comunidades originarios, sino que han destruido la fisonomía de las ciudades, han destruido cerros enteros, que eran el orgullo de una determinada ciudad, porque México es un país montañoso, imagínense que llega una compañías y destruyen montañas que son elementos de identidad, independientemente que se llevan todos los recursos que hay ahí. Son economías de despojo, de barbarie, por explotación, y además políticamente excluyentes, es decir, nos hemos topado a inicios de esta segunda década del siglo XXI con que se trata de una globalización políticamente excluyente y con elementos de barbarie, esto que Meszáros lla-ma “la crisis estructural del capital”, pero que implica una exclusión política. Esos trabajadores globales que acompañan la globalización no han tenido la menor posibilidad de participar en las decisiones políticas de la globalización. Han estado fuera, al igual que han estado fuera nues-tros países, como actores, como actores centrales que pueden plantear sus derechos, sus con-cepciones. Pero los trabajadores también han quedado fuera porque esta figura de los Estados de competencia también se aplicó para los Estados centrales, y esto significa que los propios trabajadores de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, quedaron fuera de las decisiones sobre lo que debía hacer la globalización. Y para esto sirvió la noción de Estados de competencia, para crear una globalización políticamente excluyente y de barbarie en términos económico-sociales. Pero alrededor del 2008 se produjo una gran crisis financiera internacion-al y a partir de ahí se empezó a evidenciar la situación de dificultad para reproducir este tipo de globalización dominante, y eso empezó a significar grandes movimientos de resistencia ante el hecho evidente de que los trabajadores y la mayoría de jóvenes, las mayorías de ciudadanos de toda la sociedad no tenían ningún elemento para intervenir en la orientación de esos estados de competencia. Y esto significó la resistencia que llevó a levantamientos de ciudadanos muy fuertes, primero en Grecia, luego en España, en Francia, en Inglaterra, en Islandia, en Italia, y llevó en América Latina al surgimiento de gobiernos progresistas a principios de siglo que dije-ron no a una globalización sin participación de las mayorías, no una globalización que generara sobre-explotación de los trabajadores y despojo y destrucción de los recursos naturales. Los gobiernos progresistas fueron importantes porque fueron la expresión de la resistencia a esos estados de competencia. Pero los gobiernos progresistas tampoco caracterizaron realmente bien lo que estaba pasando. Lo hicieron a partir del intento de desarrollar otras políticas, por

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ejemplo las políticas de Mercosur, por ejemplo las políticas de luchar por una multipolaridad, que quería decir en cierta forma que en algunos lugares aparecieron otras concepciones, ya no la de los estados de competencia, pero hay que ver que en la mayor parte de los gobiernos progresistas se vieron afectados por cuatro elementos: primero por los pobres recursos inter-nos, del tipo económico-industrial para autodeterminarse, ahí se vio que América Latina había vivido procesos terribles de fragmentación, de desintegración de su mercado interno y de sus cadenas productivas, y cuando se plantearon otro tipo de políticas por vía de los gobiernos progresistas, no tuvo capacidad de autodeterminación, de autodeterminación plena, es decir, de recuperar en serio economías sociales, economías estatales, economías regionales, con los cuales redireccionar esa participación en la globalización. Es más, muchos de estos gobiernos progresistas basaron sus luchas por cambiar las políticas públicas y sociales internas, y por incidir en el ambiente internacional basado en la vieja división internacional del trabajo, en donde América Latina produce materias primas y alimentos, lo que se llama los commodities, para los países centrales, y deja de lado la reconstitución de sus cadenas productivas internas. Entonces asistimos a un intento de los gobiernos progresistas de redireccionar la globalización hacia una política multipolar, pero con pocas bases internas, eso es lo primero que hay que destacar. Tuvo un segundo elemento, que la cultura política de esos gobiernos progresistas, por una razón quizás de falta desarrollo de las sociedades civiles, de desarrollo político de las socie-dades civiles, se canalizó a lo que se llama “cesarismo burocrático”. Es decir la idea de que el Estado tiene sí que recuperarse, pero por la vía de liderazgos políticos separados de la sociedad, liderazgos políticos que asumen que la burocracia es el único intermediario para administrar la reforma progresista del Estado, y no la sociedad organizada y politizada. Esto fue muy importante, este fenómeno del cesarismo burocrático nos afectó profundamente, y claro que estos nuevos líderes en los gobiernos progresistas para la sociedad, por ejemplo el que los dirigentes vinieran de las formaciones indígenas, como Evo Morales, que vinieran de los militares de izquierda, como Hugo Chávez, que vinieran de los obreros metalúr-gicos, como Lula da Silva, de los pequeños propietarios como Mujica, de una clase política que había estado vinculada con cierto nacionalismo peronista popular, como los Kirschner, pero lo que es sorprendente que en esa recuperación del Estado que hubo bajo los gobiernos progresis-tas la figura dominante fue el cesarismo burocrático, es decir la idea de líder con una genialidad especial capaz de saber lo que conviene o no, lo que conviene a la sociedad, capaz de ser el único mediador de la política, el único en el sentido, en cuanto al elemento que era capaz de determi-nar el rumbo de la política. Y esta figura del cesarismo burocrático no fue criticado en el período de los gobiernos progresistas, se vio como algo aceptable, pero nunca se acompañó con una idea su capacidad, su poder depende de que la sociedad se haya organizado, se haya politizado, crear una cultura política capaz que vaya dirigiendo los Estados. Eso no hubo, dominó la con-cepción de los gobiernos bajo cesarismo burocrático, y eso es muy débil, eso crea una capacidad muy pequeña para mantener esos gobiernos, cuando aparece otro fenómeno de sustitución del Estado de competencia por el Estado de excepción, voy a hablar de eso, pero es ese fenómeno dejó a la sociedad sin recursos, sin recursos culturales y políticos, porque le dio demasiado peso y valor al cesarismo burocrático, y no a la auto-organización de las sociedades. Y eso es una experiencia, una experiencia de los gobiernos progresistas que se tradujo en que los beneficios en términos de compensar las políticas de barbarie de la globalización que implicaron mejor salario de los trabajadores, más derechos, más capacidad de consumo, mejor situación, no se asociaron con procesos de politización de la sociedad, más bien la politización fue con mucho peso se veía como algo innecesario e inadecuado, porque alteraba las políticas de conciliación de clases, de pacificación social en que se querían producir los cambios. Es decir, fue como un intento tímido de empezar a producir cambios en la globalización políticamente excluyente de barbarie, un intento muy tímido, que veía que tenía que hacerse por la vía de la conciliación de

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clases, de respeto a la formulación del gran capital financiero mundial, que aceptara la trans-nacionalización de la economía y de los estados, pero por otro lado, es la conducción de ese proceso quedaba en manos de los grandes líderes y la sociedad...a su casa. Esta despolitización impidió que la sociedad desarrollara una cultura política de comprensión de lo que se estaba jugando en nuestros países, bajo gobiernos progresistas, y eso explica el vuelco a la derecha de gran parte de los gobiernos progresistas de América del Sur. Pero aquí hay que decir que una cosa es la globalización en crisis, la globalización en crisis hoy, llevó a cambios políticos muy fuertes, por ejemplo en Estados Unidos, que les está llevando al ascenso de fuerzas de extrema derecha en todo el mundo. Por qué? Porque los Estados de competencia han tenido problemas de cohesión social y hegemonía, los Estados de competencia no resuelven los problemas de crecimiento, de seguridad, de violencia, de economías ilegales, de salud, de educación, no re-suelven y al contrario, como se basan en la exclusión política y económico-social se han basado en una subordinación extrema de la masa popular y esto lo que ha generado es el fenómeno que hemos podido atestiguar en los últimos años de crisis de las instituciones democrático-libera-les en todo el mundo.

Podemos decir que hay una crisis profunda de las instituciones democrático-liberales que han acompañado a los Estados de competencia, y que han servido al gran capital para sus deseos de acumulación de capital, pero que ya no son capaces de controlar las resistencias, y dar un crecimiento económico, y esa situación está generando fenómenos, hasta ahora in-sospechados e inéditos; en primer lugar la falta en los distintos estados del mundo, y ya no solo en América Latina, de un gran centro político que permita la cohesión social. Se están agotan-do las instituciones democrático-liberales que han acompañado los últimos treinta años a la mayoría de los países, porque hay resistencias por izquierda pero hay también una actitud de querer imponer los patrones de acumulación a toda costa por la derecha. Y esto ha generado la actual polarización política que estamos viendo en el mundo como algo insospechado, porque la globalización dominante de los últimos 30 años se los vendió como el paraíso de las insti-tuciones democrático-liberales, y al erosionarse esas instituciones estamos viendo fenómenos como el ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, como el des-ligamiento de In-glaterra respecto a los pactos que tenía con la Unión Europea, el surgimiento de fuerzas de derecha en Italia, de fuerzas de derecha en Francia, en Alemania... entonces estamos viendo una situación sorprendente de polarización en donde el centro que sostenía los Estados de competencia y las instituciones democrático-liberales están debilitándose rápidamente, por izquierda y por derecha . En Islandia por ejemplo avanzó la izquierda de manera sorprendente,

¨ Se están agotando las instituciones democrático-liberales que han acompañado los últimos treinta años a la mayoría de los países, porque hay resistencias por izquierda pero hay también una actitud de querer imponer los patrones de acumulación a toda costa por la derecha.¨

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recuperando lo público, recuperando un Estado nacional. Es la misma tendencia que expresa Podemos en España, y sorprendentemente luego de 30 años de gobierno liberal esa expresión de resistencia adquirió forma política en México, con un gobierno que se plantea recuperar el Estado y recuperar las políticas para la sociedad. Eso es muy importante, porque todos estos casos que hemos comentado es expresión de que está llegando a su fin la noción de Estados de competencia, y de instituciones de centro, liberales, que estamos viendo aparecer lo que se ha llamado, teóricamente desde distintos ángulos, Estados de excepción, es decir, donde las insti-tuciones que ordenaban el juego político, el debate político, están entrando en crisis. Entonces ante la crisis, lo que hacen los elementos de poder es optar por las políticas de fuerza, por las políticas de imponer la militarización de la seguridad pública, de imponer ajustes sin consultas con la sociedad, ajustes tremendos que significan lo que pasó en Brasil, por ejemplo, de fijar el mismo nivel de gasto público durante los próximos 20 años, no puede haber cambios en el gasto público aunque crezca la población, aunque crezca sus necesidades educativas, de salud, de vivienda, de empleo, eso no va a tener cambio porque se está imponiendo una política de Estado de excepción. Excepción que tiene como dominante que las leyes que se cumplen son las que interesan al gran capital, y a la acumulación del gran capital. Y, digamos, se introducen restricciones legales, uso particularista de instituciones que eran para todos, como el poder judicial, el poder mediático, se están violentando, como los propios parlamentos, para que sir-van a los intereses de ese gran capital que ve su dominación en juego. Y si, se basa esto en la polarización, polarización interna en los países y polarización en el ‘ámbito internacional, por ejemplo en Brasil, donde puede ganar la presidencia un militar, un político que tiene origen militar, pero que tiene vínculos activos con los militares, es parte de este avance del Estado de excepción, que ya no es el Estado de competencia normal, sino una modalidad de fuerza de ese Estado de competencia neoliberal. Y lo que estamos viendo, en otros países, como México incluso, el surgimiento de una resistencia de izquierda sorprendente, que ya no se esperaba, y que también expresa la erosión de esas instituciones mediadoras de centro. Esa es la situación actual, y aquí surge que hacer ante estos cambios de las tendencias mundiales, y ante estos ciclos de derecha, o de incluso de neo-progresismo como los que es-tán surgiendo en esta polarización. Qué hacer? En primer lugar, retrotraer, lo que les decía al principio, el Estado no es nunca el Estado en sí, siempre es una relación social Estado-sociedad civil, y si la sociedad civil se achica, se fragmenta, todo el peso lo van a tener las instituciones burocráticas del Estado. Por eso creo que lo que hay que hacer es resolver el problema de cómo la sociedad civil tiene que ser un actor social de la política, tiene que auto-constituirse con una capacidad política e ideológica propia, que le permita intervenir, acompañar las decisiones políticas públicas, esto es muy importante en la situación política actual. En segundo lugar, entrar a una resistencia fuerte que critique la globalización que hemos vivido, y que se plantee la necesidad de una globalización incluyente. Una globalización donde las sociedades puedan intervenir, los trabajadores puedan intervenir en la dirección política de la globalización. Eso es fundamental. Y esto va significar nuevas alianzas internacionales nuevas fuerzas políticas. En tercer lugar, creo que es muy importante que ya no se constituyan procesos de cesa-rismo burocrático, como el que hemos vivido, que la forma política de los sectores progresistas y de izquierda se basen en lo que Gramsci definía como catarsis, es decir, como el encuentro de los distintos movimientos sociales y políticos para generar una política común, y desechar aquella idea de que un partido es el que, el único que va a tener la ventaja; es muy importante que ese encuentro, encuentro a partir del debate, de la confrontación de visiones, del trabajo colectivo común, de la recuperación de la propia sociedad civil, como una nueva forma de man-tener la cohesión política y sobre todo de plantearse una política de sociedad civil para dirigir asuntos públicos. Esto va a significar también una política para mantener a las mayorías cohe-sionadas en torno a las transformaciones, esta idea de hacer una lucha especial para un sector de la sociedad es lo que abre el paso a fenómenos como los de las derechas agresivas que están

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entrando a la política ahora. Entonces, la idea de que la sociedad civil tiene que disputarse para generar cohesión, es fundamental. Nuestras sociedades latinoamericanas son en su mayoría sociedades urbanas, esto es muy importante entenderlo, con sectores medios y sectores popu-lares que viven cientos de elementos de modernidad en torno de derechos, de cultura, que son muy importantes, y toda política de izquierda tiene canalizar y respetar esas particularidades, del conjunto de las mayorías de las sociedades urbanas. Entonces yo creo que estos elementos son muy importantes, tanto en cuanto que no haya un partido digamos que se asuma como el único llamado a dirigir, que pueda ser excluyente de sectores importantes de la sociedad, sino que haya una confluencia de fuerzas que se transformen en cultura y en fuerza política, pero que resulte de la unidad de la diversidad, de la unidad de una sociedad heterogénea, como son las sociedades modernas, urbanas, que 0han generado identidades diversas. Las diversas iden-tidades son muy importantes para el autoconocimiento de la sociedad civil, que sabe que tiene sectores distintos, identidades distintas y con derechos distintos. Esto es muy importante para una política nueva de sociedad civil. Y para una política donde la sociedad civil se transforme en el elemento de dirección general de los asuntos públicos, y eso significa que ya se debe aceptar como agotado la idea de líderes geniales, o de líderes providenciales. Este cesarismo burocrático tiene que ser profundamente criticado, y el surgimiento de nuevos lideres tiene que estar reforzado con el surgimiento de una política del debate de la sociedad civil, y es así como nuestras sociedades latinoamericanas van a poder enfrentar el Estado de excepción, que es una tarea inmediata ya en muchos países, enfrentar el Estado de excepción, generar una sociedad civil auto-reconocida con capacidad cultural y política, y abrir paso a alianzas inter-nacionales que realmente impongan una nueva multipolaridad, que plantee una globalización políticamente incluyente, con los trabajadores como elementos participante en la dirección de los asuntos de la globalización y que le de una voz a los trabajadores globales. Es decir, significa asumir que nuestras sociedades civiles están conformadas no solo con una multitud de traba-jadores nacionales sino que son un sector de los trabajadores globales que están actuando en la fábrica, en el comercio, en los servicios globales, y que tienen que superar la situación económi-co-corporativo en la que viven, en la que se han educado, para asumirse como fuerza política de la globalización. Como ven, esto es un panorama de cómo se produce hoy en el mundo y en América Latina la disputa en el Estado contemporáneo. Muchas gracias. (2:0:0)

Pregunta 1 Cómo ves la situación en particular en México, con esta transición planteada por el go-bierno electo, y que particular que desafíos plantea esa transición a los movimientos sociales, populares en México.

Pregunta 2 Posibilidades del gobierno mexicano electo. Posibilidades que ves en el sentido de de-sarrollar políticas para desactivar el Estado de competencia neoliberal.

Doy mi opinión sobre este asunto. México vivió desde 1968 un ciclo de Estado neoliberal con una hegemonía débil; esto es importante considerarlo, es decir, ustedes saben que México tiene una historia particular, una historia política especial, que se constituyó a partir de la revolu-ción de inicios del siglo pasado, y de las reformas de los años treintas, con el mal llamado cardenis-mo. Esto generó que en México fuera prácticamente liquidada la oligarquía latifundista tradicional, y que el Estado fuera un Estado muy cohesionado y muy fuerte, y que impuso un proyecto de desarrollo nacional con mucha legitimidad y con mucha subordinación económico-corporativa de obreros, de campesinos, de clases medias. México quizá fue Estado más legitimado y poderoso de

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toda América Latina en todo el siglo pasado. Esto es muy importante tenerlo presente porque es una referencia fuerte que no tuvieron otros países, que tuvieron que constituir Estados de compro-miso con sus propias clases oligárquicas, por ejemplo Brasil. Brasil se modernizó, heredó un Esta-do unificado pero a partir de un compromiso con la oligarquía latifundiaria, que siempre mantuvo un grado de poder, y que pudo intervenir en momentos críticos a través de golpes de Estado; esto no pasó en México porque había sido destruida la oligarquía latifundiaria, entonces se constituye un Estado muy fuerte, pero un Estado muy dominante, que impidió que se constituyera una so-ciedad civil con derechos, con instituciones políticas y con libertad. Esto, sin embargo, como hubo grandes beneficios sociales con la revolución, con el desarrollismo nacionalista que surgió a partir de las reformas cardenistas y de la revolución, generó una gran legitimidad que sin embargo em-pezó a hacer crisis cuando los grandes monopolios se constituyeron como una fuerza dominante en la economía nacional. Y que empezaron a generar estos problemas de sobre-explotación de los trabajadores y pérdida de derechos. Esto en México generó un gran movimiento en 1968 que es el movimiento de lucha por la democracia, frente a un Estado que tenía mucho reconocimiento y legitimidad pero poca democracia, que asumía como el único posible representante de la Rev-olución, y que impedía que se desarrollaran otras concepciones y otras interpretaciones. Así que el movimiento del 68, del cual estamos ahora conmemorando los 50 años, fue muy importante, como resistencia del sector que podía rebelarse, que eran las clases medias, que los trabajadores y los campesinos mexicanos estaban muy sometidos y muy articulados a ese Estado dominante. Y ala hegemonía del Estado dominante, porque no eran solo mecanismos políticos, sino que era la idea de que el Estados representa a todos, es un Estado de hegemonía, Y empezó a hacer aguas en 68 con el movimiento urbano de clases medias por las libertades democráticas. Esto significó que el Estado tuvo que empezar a reconocer derechos y libertades, y que en 1988 llevaron a que triunfara electoralmente un movimiento nacionalista popular que buscaba enfrentar lo que ya se veía como el dominio de tecnocracias liberales. Y esto fue un gran momento en México, en 1988, de la sociedad y del Estado, porque prácticamente se superó en ese movimiento toda la conduc-ción del Estado histórico y de su partido que era el PRI, y ganó un movimiento de muchas fuerzas, que aglutinaba muchas fuerzas, incluso un sector que se había salido del PRI criticando la falta de democracia. Como ustedes saben hubo un gran fraude electoral que en realidad fue un golpe de Estado técnico , impuso el proyecto neoliberal contra la sociedad que se había manifestado por recuperar lo nacional y lo popular. Así que se inicia en 1988 el ciclo del Estado neoliberal con hege-monía débil, porque ya no tenía como mantener el dominio de esa sociedad moderna que había surgido buscando los derechos democráticos y la recuperación de lo nacional popular. Y ese ciclo del Estado neoliberal va desde 1988 hasta el 2018, cada elección era, digamos, el intento de recu-peración de la hegemonía, un intento fracasado de recuperación de la hegemonía por esa tecnoc-racia neoliberal, que incluso hizo muchas concesiones a otros partidos de derecha que apoyaban ese proyecto neoliberal, que generó una situación de represión fuerte a los trabajadores y agresión a las comunidades originarias que en México son muy fuertes, muy extensas. Y de digamos, pre-carización de la vida. Vivimos en ese ciclo de Estado neoliberal de 1988 – 2018, un proceso en el que la pobreza alcanzó a ser parte de la normalidad del 60% de la población, que en México es algo muy grave, porque había habido una revolución que logró una inclusión social, beneficios económicos, una situación de dignidad de los trabajadores, y pensar que para 2018 esa situación de pobreza y de extrema pobreza había alcanzado más del sesenta por ciento de la población, pues nos habla de situación explosiva, y de deterioro profundo de la hegemonía. México es una sociedad que tiene instituciones muy fuertes porque fueron instituciones resultado de un proceso histórico muy legítimo en el siglo pasado. Entonces, ese deterioro brutal de la hegemonía, esa pobreza extrema, empezó a abrir espacios, y esto es muy importante, para el surgimiento de economías ilegales que se aprovechaban esa precarización e instrumentaban en su beneficio a grandes masas de trabajadores informales. Los convertían en lo que se llaman vehículo del crimen organizado y de

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la economía ilegal. Esa economía ilegal fue muy estimulada por las políticas desarrolladas por los Estados Unidos, que durante todo este ciclo económico neoliberal fueron haciendo una política de expansión de sus proyectos de globalización políticamente excluyentes y de barbarie, pero que sig-nificaban ampliar los Estados Unidos hacia Canadá y hacia México. De hecho fue una política muy inteligente, muy cuidadosa de los Estados Unidos, de subordinación total de México a las políticas de las clases económicas y políticamente dominantes en Estados Unidos, que después hicieron crisis con la pérdida electoral del partido demócrata en Estados Unidos, pero habían logrado una subordinación de México muy fuerte a las políticas de Estados Unidos que incluso lo hizo pon-erse de espaldas a América Latina y esto avanzó muchísimo. Fíjense que paradoja, los demócratas en Estados Unidos son artífices de esta globalización que luego se erosionó, y siempre preferían gobiernos ilegítimos en México para imponer su dominio, para someterlos, justamente por su ilegitimidad. Cuando hubo el cambio político en Estados Unidos y ganó Trump, este llegó con una idea de desinstitucionalizar la vida, y no se fijó que al no aplicar una política de propiciar la elección de gobiernos ilegítimos, débiles en México, abrió paso a que se pudiera legitimar porque ya tenía todas las condiciones internas para ello, un gobierno surgido de la inconformidad y la resistencia a las consecuencias de esa crisis de legitimidad del principio neoliberal, de inconformidad man-ifiesta con los efectos de violencia, de impunidad, de dominio político del crimen organizado que empezaba a caracterizar la vida de México. Y por ahí se avanzó un movimiento de resistencia y lucha cuyo eje es ser contrario a este neoliberalismo, y que se ubica dentro de esta corriente de lucha por la participación política de los mexicanos y las instituciones, y la recuperación de las instituciones. Entonces, es un movimiento muy afortunado en términos de que, el movimien-to MORENA, se llama así, movimiento de regeneración nacional MORENA, que surge como un partido-movimiento que logra canalizar las inconformidades de los mexicanos, inconformidades de múltiples aspectos: inconformidades con la violencia, con la putrefacción del Estado, contra el crimen organizado, contra la impunidad, contra el sometimiento a los Estados Unidos. Es decir, es un conjunto de inconformidades, y esto ha generado una adhesión que recuperó mucho de lo que había sido el movimiento de 1988, el movimiento con fin electoral de 1988 que sufrió un golpe de Estado. Recuperó esa historia y lo supo hacer tranquilamente en términos de un lugar, de lograr una mayoría de mas del 50% en las elecciones, un gran apoyo popular, grande, pero fíjense que no es lo mismo que lo que pasó en Brasil ayer, porque en Brasil también Bolsonaro ganó una mayoría, más del 50%, pero la segunda fuerza en Brasil quedó en 46%, entonces ahí hay un empate de fuer-zas; en cambio en México no, la derecha neoliberal quedó prácticamente fragmentada, reducida, y es frente a esa situación de fragmentación de reducción de lo que había sido el proyecto dominante del ciclo neoliberal es que aparece el triunfo de López Obrador. Y una diferencia que tuvo ese tri-unfo en relación a otros triunfos de gobiernos progresistas que hubo en América Latina, es que se logró con no sólo un éxito de un partido político en una lucha político-electoral, se logró con una sociedad movilizada, en un torrentes de movimientos sociales que hay en México, y que no se han desorganizado ni desmontado y que están acompañando en ese tránsito a lo que va a ser una nue-vo gobierno progresista mexicano. Que tiene esa peculiaridad hoy, una sociedad civil en proceso dinámico de auto-reconocimiento, que todavía hoy no podemos decir que ya ha superado el nivel económico-corporativo y que sabe muy bien como entenderse a si mismo como cultura política y fuerza política, todavía no, pero está en movimiento, y eso le da una gran fuerza al propio proyecto de López Obrador, tanto que ahora, este domingo, hubo una consulta popular donde se preguntó si continuar las obras del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, que había sido patrimonio del grupo que tenía en sus manos el proyecto neoliberal, el grupo de empresarios que dominara el proyecto neoliberal; bueno, eso fue derrotado, ya tenía como 20% de avance del nuevo aeropuerto, en tierras incluso que reclamaban comunidades originarias, y ese proyecto perdió, ya no se va a hacer el aeropuerto ahí, porque hubo una consulta popular en donde participó, más de un millón de personas, de votantes, de los interesados, sobre todo los que están en los alrededores del proyect-ado aeropuerto, y derrotó ese proyecto al servicio y para el núcleo de los empresarios.

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Eso un hubiera sido posible si no existiera una sociedad movilizada. Ahora estamos viviendo una transición que es quizá de las más largas del mundo, porque son cinco meses de transición entre el momento en que se obtuvo el triunfo electoral y cuando toma posesión el nuevo presidente, que es el primero de diciembre de 2018, nos falta un mes todavía, y se ha logrado una buena conducción de esa transición. Yo creo que el destino de este nuevo gobierno progresista va a radicar en que si logra enfrentar de otra manera los mismos ejes que circundan y han circundado a los gobiernos progresistas de América Latina, por ejemplo, que tenga una articulación internacional que per-mita vínculos con otros movimientos antiglobalización excluyente y barbarie, que logre superar el cesarismo burocrático, porque López Obrador es ahora un líder tan importante como lo fueron Néstor Kirschner, Hugo Chávez o Lula da Silva en su momento, ahora el reto que tiene es que eso no se traduzca de nuevo en un cesarismo burocrático despolitizado. .Hay un elemento bueno, que parece que López Obrador mismo está consciente de que eso que es fuerte, se puede transformar en debilidad, y esperamos que permita, digamos, que se constituya una fuerza política, una fuerza de movimientos sociales que acompañe las transformaciones, y que no despolitice a la sociedad mexicana, que hoy tiene un nivel de recuperación de politicidad muy alto, justo porque prevaleció una terrible impunidad, una terrible despolitización, una terrible imposición en México. Entonces, es un gobierno con una propuesta progresista y un torrente de movimie ntos sociales que están actuando, que están exigiendo derechos y participación, puede ser una gran diferencia en México con las experiencias de América Latina. Recuerda un poquito más lo que pasó en Bolivia, que lo que pasó en otras experiencias. Ahora, tiene muchos retos porque pues la globalización no ofrece muchas alternativas a nadie, lo que ha impuesto es el Estado de excepción, entonces se plantea el reto de como va a resolverse en México, digamos, esa combinación entre acumulación del gran capital transnacional financiero y el desarrollo de un proyecto autónomo mexicano; entre la política intervencionista de Estados Unidos en toda América Latina y el desarrollo de un proyecto soberano nacional. Son cuestiones que nos van a mantener tensos los próximos 6 años de gobierno. Hubo un a buena característica que es que junto al triunfo nacional de López Obrador, la izquierda volvió a ganar, ahí si más como izquierda que como gobierno progresista, volvió a ganar la ciudad de México. Y aquí ya habla de experiencia acumulada y de una gran capacidad organizativa. Es decir, México está viviendo una situación excepcional en América Latina, con muchas potencialidades y posibilidades, con muchos retos, porque casi la va a vivir sola, no va a ser la situación que vivieron las experiencias progresistas de América del Sur, que se acompañaron, México va a estar solo en esta lucha y por eso es muy importante que pueda tener apoyo de otros pueblos de América Latina, quizá no de gobiernos pero sí de los pueblos de América Latina, para que logre un proyecto progresista estable y fuerte, y eso es muy difícil, muy difícil por la situación de la globalización actual, pero que es posible porque esa misma globalización políticamente excluyente, con expresiones de barbarie, está erosionando al mundo, es decir, eso es lo que a hecho posible que México tenga esta situación excepcional hoy, y esperemos que se abran otras opciones desde esta erosión de la globalización que permitan que México tenga algunos apoyos, aliados, que comparta con otras sociedades luchas progresistas que permitan cambiar el mundo, que es de lo que se trata. Eso es en general, solo una acotación última. El movimiento de los zapatistas, que logró una gran identidad local en una región comunitaria indígena, no está integrada a esta lucha porque no la considera una lucha anti-capitalista, y creo que es un error del movimiento zapatista porque está menospreciando la importancia de la politicidad de la sociedad, de la actividad política, digamos, democrática, para recuperar un peso y un poder de la sociedad civil; no está considerando eso el zapatis-mo, y se está quedando marginado en sus propias críticas, cuando la sociedad en su conjun-to está enfrentando el gran reto de avanzar y transformar el Estado.

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3CAPÍTULO

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Notas sobre la ofensiva neoliberal

conservadora y los retos emancipatorios en

Nuestra América.

José Seoane1

1 Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Profesor Adjunto en la Facultad de Ciencias Sociales UBA. Investigador del IEALC-FCS-UBA

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Nuestra América en el huracán neoliberal.

Las reiteradas amenazas de una intervención militar extranjera en la Venezuela de comienzos de 20191 -que parecen querer reeditar trágicas experiencias vividas en Siria, Libia, Irak y otros países de Asia y África- es el ejemplo más reciente de la vigencia y carácter de la ofensiva neoliberal que se despliega hoy sobre nuestra región. Con sus antecedentes en la derrota de los proyectos neodesarrollistas en Argentina y Brasil en 20152 -con el triunfo electoral de una coalición de signo conservador en el primero y el éxito del golpe parlamen-tario en el segundo, que se prolongó en la prisión de Lula da Silva y la elección presidencial de Bolsonaro en 2018- e incluso más atrás3 , esta ofensiva convoca al análisis y debate del pensamiento crítico latinoamericano; por lo menos, tanto como lo hizo en el pasado inme-diato el llamado “fin del ciclo de los gobiernos progresistas4” . En esta dirección, el examen sobre lo que está aconteciendo hoy en nuestra región y a nivel global; es decir, sobre las formas y desafíos que supone la ofensiva neoliberal conservadora actual; comienza a ser, aunque todavía de forma fragmentada, uno de los centros del debate regional. Sobre ello,

1 Desde el 2013 se registran en Venezuela por lo menos tres grandes ciclos anteriores de violencia y guarimbas des-plegadas contra el gobierno de Nicolás Maduro y apoyadas por los EE.UU.: entre el 15 y 19 de abril de 2013 luego de las elecciones presidenciales que le otorgaron un primer mandato; entre febrero y junio de 2014; y entre abril y junio de 2017 (Iturriza, 2019) Por otra parte, en marzo del 2015 el presidente Obama firma la orden ejecutiva que resuelve la “emergencia nacional” por la amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política exterior que significa Venezuela y que marca una escalada de sanciones acentuadas drásticamente en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump que profundiza el bloqueo económico y financiero.2 En el mismo año debe contabilizarse también la derrota del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) en las elecciones parlamentarias y la derrota en el referéndum habilitante de la reelección de Evo Morales en Bolivia; aunque en dichos países estos hechos no supusieron el quiebre de estos procesos de cambio. Y para adelante también debe contabilizarse el rumbo adoptado por el gobierno de Lenin Moreno en Ecuador desde mayo de 2017, el triunfo de Sebastián Piñeira en las elecciones presidenciales de Chile en noviembre de 2017 y de Iván Duque en Colombia entre mayo y junio de 2018.3 En cierto sentido, como analizaremos más adelante, esta ofensiva conservadora encuentra antecedentes anteriores en el golpe de estado en Honduras contra Manuel Zelaya en 2009 y en el golpe parlamentario en Paraguay contra Fernando Lugo en 2012.4 Hemos examinado el debate planteado alrededor del llamado “fin de ciclo” en una contribución anterior (Seoane, 2016)

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queremos proponer en esta contribución un conjunto de señalamientos y referencias, más que como afirmaciones taxativas como aportes a esta discusión colectiva, que recogen en su formulación algunas de las ideas presentadas en las exposiciones que me tocó realizar en el marco del seminario ….. Agradezco especialmente a los organizadores de dicha actividad por la posibilidad de presentar y sistematizar estas reflexiones que se exponen a continu-ación agrupadas en cuatro notas. Comencemos entonces con el recorrido propuesto.

1. La neoliberalización capitalista

El uso que hacemos de la conceptualización “ofensiva neoliberal conservadora” para caracterizar el momento que vive hoy Nuestra América, el Sur global y otros pueblos del mundo requiere comenzar con algunas precisiones respecto de su significación. En este sentido, en primer lugar, nos plantea clarificar que entendemos por neoliberalismo. Cuando nos referimos a ello no se trata sólo de hacer mención a un conjunto de políticas económicas o a un modelo económico; ni tampoco restringir nuestra mirada a una refor-mulación de las relaciones entre el Estado y el mercado (o la sociedad civil) y las particu-lares configuraciones que en esta relación ambos adoptan. Por el contrario, como muchos han señalado, queremos hacer mención a una mutación más amplia que experimentan los diferentes ámbitos societales -desde el campo de lo económico y lo social a lo político y lo ideológico; del conjunto de las relaciones sociales a las relaciones entre sociedad y naturale-za y el tratamiento de la cuestión ambiental ; de las formas de dominación y subjetivación social dominantes y también de los procesos de constitución de los sujetos subalternos, sus prácticas y programáticas- en los diferentes terrenos nacionales, regionales y mundiales. Considerado así el término neoliberalismo refiere a un período particular del capitalismo que inicia su despliegue efectivo como tratamiento de la crisis capitalista emergida entre los ´60 y los ’70 y que supone una transformación profunda del sistema capitalista y del mundo de posguerra (Duménil y Lévy, 2006; Gilly y Roux, 2009; Harvey, 2007; Saad-Filho y Johnston, 2005; Murillo, 2018; Katz, 2014) . Pero esta transformación no se realiza ipso facto ni de forma automática, ni tampoco su despliegue es lineal ni homogéneo en los diferentes espacios nacionales y societales; el mapa de la neoliberalización es móvil -como lo señaló Harvey- y procesual, y para enfatizar este carácter se habla también de neoliberalización capitalista (Quijano, 2004; Harvey, 2007). Supone así diferentes temporalidades y territo-rialidades a nivel mundial y remite a un proceso de avances y retrocesos vinculados a las contradicciones y conflictos que se suscitan; de aceleración, ralentización y repliegues; de confrontaciones, continuidades, novedades y rupturas a lo largo de las cuatro décadas y media que van desde sus comienzos como un continuado proceso de imposición de cambios sociales con la dictadura chilena de Pinochet de 1973 (Harvey, 2007; Foucault, 2007; Murillo, 2018; Anderson, 2003). En este sentido, este largo proceso de transformaciones neoliberales en Nuestra América puede ser examinado a partir de su periodización en diferentes olas (Petras, 2000; Seoane, 2008). Por una parte, a Nuestra América le tocó el triste privilegio de haber sido el primer territorio de experimentación de las políticas neoliberales a nivel mundial, de la mano de las dictaduras contrainsurgentes en Chile y Argentina. Así, la primera ola neoliber-al tuvo lugar en nuestra región bajo el terrorismo de Estado desplegado contra los procesos de luchas populares y cambios sociales de esos años y con el objetivo también de alterar las bases del orden social de posguerra. Una segunda ola neoliberal se desplegó en nuestra región bajo el signo de las crisis económicas –de la deuda externa y las hiperinflaciones-

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que desde 1984 construyeron las condiciones sociales y políticas para la aplicación de las transformaciones neoliberales en condiciones de democracia representativa y así la década de las transiciones democráticas concluyó convirtiéndose en la década perdida. Algunos identifican una tercera ola neoliberal a nivel regional en la segunda mitad de los años ’90 con la hegemonía casi absoluta ganada por el Consenso de Washington en nuestros países (Morley, 2000) aunque ya en este tiempo comienza a gestarse un nuevo ciclo de conflictivi-dad sociopolítica cuyos comienzos están simbolizados en el levantamiento zapatista de 1994 (Seoane, Taddei y Algranati, 2018) Como sea la cuenta, cuando en los años 2000 se abrieron procesos de cambio en diferentes países de América del Sur, en muchos casos de la mano de la intensificación de la conflictividad social, en otras partes de Nuestra América –en Colom-bia o en México, por ejemplo- la continuidad de las políticas neoliberales asumió la forma de lo que fue llamado “neoliberalismo de guerra” (González Casanova, 2002). Una nueva oleada neoliberal que en estos países asumió la forma del estado punitivo y la militarización social imponiendo crecientemente el patrón de la guerra como ordenador de las relaciones socia-les así como a nivel regional, se expresó en la profundización del extractivismo. En esta pe-riodización, la ofensiva neoliberal actual remite a una nueva ola, la quinta en la numeración más amplia. Examinemos entonces más precisamente su significación y características.

2. La nueva ola neoliberal

Nos hemos referido a esta nueva ola como una ofensiva neoliberal conservadora, pero ¿qué significado tiene esta expresión? Por una parte, el uso del término “ofensiva” no supone desconocer en absoluto que el capital, en sus múltiples formas, persigue de manera regular y permanente incrementar, expandir, intensificar, su proceso de acumulación, tal como lo señaló repetidamente Marx. En este caso, esta referencia remite a un cambio en las relaciones de fuerzas societales (Gramsci, 1984) entre los diferentes sujetos sociopolíti-cos –las clases, fracciones y grupos sociales y los bloques de fuerza que conforman- en la región y en el marco global que se expresa –con una dirección similar aunque con diferentes modalidades y temporalidades- en los diferentes campos de la vida social. En esta direc-ción, se trata de una ofensiva del capital en todas sus dimensiones: contra los trabajadores, sus derechos y condiciones de vida –la explotación-; contra las poblaciones, sus derechos y condiciones de vida –el despojo-; contra diferentes formas de la vida y la naturaleza –la destrucción socioambiental-; y con su particular expresión como ofensiva imperialista y del capital trasnacional sobre el Sur del Mundo –la dominación imperialista, la apropiación y control trasnacional de los bienes comunes y de las economías periféricas. Por otra parte, la presente ofensiva neoliberal es considerada muchas veces como una restauración de las políticas y modelos impuestos en los años ́ 90 en la región. Esta idea de la reposición de los noventa o de una continuidad del Consenso de Washington es potente en la evocación de la memoria popular y resulta útil como primera guía para el análisis, aun-que sin embargo requiere ser complementada con la identificación de las novedades y par-ticularidades que distinguen esta nueva ola. Este doble movimiento es el que nos propon-emos hacer en esta contribución. Desde esta perspectiva, el análisis histórico comparativo supone esa labor de identificación tanto de las continuidades como también de las rupturas. Una exploración que no debería limitarse tampoco a la consideración comparativa con lo sucedido en los años noventa; sobre ello hemos planteado en otras ocasiones la importancia de examinar también las relaciones que este presente guarda con otros procesos, particu-

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larmente con el llamado neoliberalismo de guerra (Seoane, 2016) En esta dirección, ciertamente una de las novedades que caracterizan la coyuntura regional actual y la diferencian de la de los años ́ 90 resulta del contexto global que atraviesa el proceso de neoliberalización capitalista signado por la prolongación de los efectos irre-sueltos de la crisis económica abierta en 2008 y por la intensificación de la confrontación y competencia entre diferentes centros de poder y potencias globales. Por contraposición, la globalización neoliberal de la década de los ´90 impulsada tras el derrumbe o reconfigura-ción de las experiencias del socialismo real en el este europeo y Asia pareció desplegarse sin oponentes ni turbulencias significativas. Allí la proyección global del neoliberalismo supuso una potenciación de la hegemonía y del poder de los EE.UU. a nivel internacional que se prolongó durante toda esa década. Pero el contexto internacional actual es completamente diferente; la guerra comercial y disputa geopolítica multidimensional abierta entre EE.UU. y China son una expresión clara de ello. En este contexto de crisis económica, pérdida de hegemonía de los EE.UU. e intensificación de las pujas mundiales, el gobierno de Donald Trump y expresiones similares en Europa señalan la reacción de vertientes proteccionistas y ultraconservadoras en esos viejos centros del poder mundial así como la exasperación del imperialismo sobre el Sur global, particularmente, con la acentuación de la intervención de los EE.UU. en Nuestra América como lo muestran los recientes sucesos en Venezuela. Así, la promoción del libremercado y de la democracia liberal –particularmente, en su forma de democracia de baja intensidad (de Sousa Santos, 2006)- que caracterizó los anuncios del fin de la historia de Francis Fukuyama a principios de los años ´90 deja paso a una agenda neo-conservadora, militarista y de disputas geopolíticas más cercana al choque de civilizaciones promovido por Huntintong (Fukuyama, 1992; Huntington, 1996) Por otra parte, otra de las novedades en las que se despliega esta nueva ofensiva neoliberal resulta del conjunto de innovaciones científico tecnológicas recientes que en su generalidad han sido llamadas como una cuarta revolución industrial muchas veces referi-da a la hiper-conectividad y los sistemas ciberfísicos (internet de las cosas), la micro-fabri-cación y las tecnologías de impresión 3D y de comunicación 5G (Oliván Cortés, 2016; Sub-irats, 2012; Presta, 2016) Aunque, por otra parte, la vinculación entre neoliberalismo y las grandes mutaciones en ciencia y tecnología no resulta una completa originalidad; podemos recordar, en ese sentido, los comienzos de la implementación de las políticas neoliberales en los años ´70 en el contexto del despliegue de la tercera revolución científica como la glo-balización de los años ´90 y la amplitud que alcanzan los efectos de esta revolución en las comunicaciones, las finanzas y la producción. En esta dirección, tanto en el pasado como ahora resuenan similares trompetas de legitimación tecnocrática de las transformaciones neoliberales.

3. Un nuevo “Consenso de Washington”

Por otra parte, las diferencias en el contexto global que reseñamos no ocultan que, de manera similar a lo acontecido en los años ´90, la ofensiva neoliberal actual promueve un mismo programa de transformaciones en los diferentes países de Nuestra América y, podríamos decir, en el Sur del mundo. Podemos hablar así de un nuevo “Consenso de Wash-ington”; expresión que ya hemos mencionado y que se utiliza habitualmente para aludir a la hegemonía y características del programa neoliberal impulsado en nuestra región en esa década de 1990 y que fuera acuñada por el economista estadounidense Williamson para referirse a un decálogo de las políticas que proponían las instituciones sitas en la ciudad de Washington a los gobiernos latinoamericanos . En esta dirección, si por una lado pueden

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señalarse las continuidades y similitudes existentes en los campos de intervención plantea-dos entre ese decálogo noventista y la actualidad; por otra parte, las diferencias y novedades aparecen en este caso particularmente, aunque no únicamente, bajo la forma de la profun-dización de esas políticas en tanto nuevo escalón en el proceso de neoliberalización. Así, si tuviéramos que reescribir el decálogo de Williamson ciertamente uno sus primeros ítems hoy sería la reforma laboral orientada particularmente a avanzar en el desmantelamiento de una específica institucionalidad estatal legal regulatoria y protectiva bajo la ambición de reconfigurar las relaciones capital-trabajo como relaciones comerciales entre actores de na-turaleza similar –en tanto empresarios o como formas distintas de capital. La supresión de los Ministerios de Trabajo en Argentina y Brasil entre 2018 y 2019; las iniciativas de supresión de la justicia laboral y la búsqueda del debilitamiento o disolución de las organizaciones sindi-cales son ejemplos recientes de esta contra-reforma. Asimismo, estas reformas laborales que se extienden en toda la región acompañan un proceso de transformaciones en el mundo del trabajo caracterizado por el incremento de la explotación, la precarización y la individuación de la relación capital-trabajo mediado muchas veces por el uso capitalista de las innovaciones científico tecnológicas recientes tan presentes en la diseminación del uso de las aplicaciones informáticas y el modelo de “uberización” como nuevo paradigma de los cambios particu-larmente en el sector de los servicios (Fleming, 2018). En este ejercicio de actualización del decálogo del Consenso de Washington, un segundo ítem posiblemente lo ocuparía la reforma jubilatoria impulsada particularmente por el FMI que, de manera similar a lo sucedido en los años ́ 90, busca tanto una extensión de la edad de jubilación, la desaparición de los regímenes especiales, la disminución de los montos jubilatorios y el reemplazo de los sistemas públicos y solidarios por los regímenes de capitalización individual privada donde esto no ocurrió aún. Nuevamente, entre los ejemplos de estas iniciativas se cuenta la aprobación parlamentaria en Argentina de un primer paso de esta reforma en el contexto de fuertes protestas a fines de 2017 así como la apuesta política central planteada por el gobierno de Bolsonaro en 2019 para obtener la aprobación parlamentaria de una nueva ley previsional en Brasil. Por otra parte, otro de los ítems del decálogo actual de la ofensiva neoliberal lo inte-gran los cambios impulsados en el campo de la educación y la salud. En este último caso, el impulso de una reforma sanitaria impulsada por el Banco Mundial y la OMS bajo el pomposo y falaz discurso de asegurar una “cobertura universal de salud” (CUS) se orienta en realidad a reducir la cobertura a los mínimos biológicos y achicar el sistema público en general incor-porando incluso al sector privado en la provisión de estos servicios básicos ( ). Asimismo, la reforma educativa –impulsada tan claramente en Argentina, México y Brasil- viene car-acterizada por la promoción de una serie de transformaciones que bajo la justificación mer-itocrática y de búsqueda de calidad implica procesos de evaluación de la labor docente y de empoderamiento de familias y alumnos en el control de los primeros orientados a permitir un mayor disciplinamiento, precarización y explotación laboral y una modificación de los contenidos con la imposición de una agenda más conservadora. Ciertamente, en esta lista no está ausente la promoción de las privatizaciones, de la inversión extranjera, de la disciplina fiscal, de la llamada independencia del Banco Central, de la liberalización de los mercados y del ajuste en el sector público que estaban también presentes en el “consenso” de los años ’90. Y de manera similar a los procesos vividos en esos años, el despliegue de esta ofensiva neoliberal ha implicado el reposicionamiento y creciente papel en su proyección o imposición internacional de una serie de instituciones internacio-nales caracterizadas como parte de la estructura de poder global (Quijano, 2000; Boron, 2000; Amin, 1999); entre ellas particularmente el FMI, que en las décadas pasadas había perdido parte de su influencia bajo crecientes cuestionamientos.

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4. La dimensión extractivista y trasnacional de la ofensiva neoliberal

Pero, a diferencia de los años ’90, esta nueva ola neoliberal no se despliega ante un contexto previo de crisis de la deuda externa sino que es en su propio avance como los pro-cesos de endeudamiento externo se incrementan forjando las condiciones para un mayor condicionamiento externo y para la propia emergencia de la crisis . El reciente regreso del FMI a la Argentina y al Ecuador son ejemplos de ello. Ello da cuenta ya del carácter imperi-alista y colonial de la actual ofensiva neoliberal en la región presente tanto en el incremento de la deuda y la financiarización como también en un nuevo paso en la trasnacionalización de las economías latinoamericanas de la cual el efecto “Odebrecht” no es ajeno. En este proceso se destaca también un renovado ciclo de profundización de la ap-ropiación privada bajo control trasnacional directo o indirecto de los bienes comunes de la naturaleza; particularmente promovidas por las políticas de cambios regulatorios pro mercado, privatizaciones o nuevas concesiones de áreas o territorios inexplorados. Los dif-erentes pero coincidentes procesos de privatización de la explotación hidrocarburífera y desmantelamiento y reorientación de las petroleras estatales en México (PEMEX), Brasil (PETROBRAS) y Argentina (YPF) dan cuenta de ello. Y, en el mismo sentido, puede leerse la renovada presión y amenaza estadounidense sobre el gobierno de Venezuela y la petrolera PDVSA, siendo que ese país dispone de una de las reservas petroleras más importantes a nivel mundial. En igual dirección deben leerse también los cambios de políticas públi-cas impulsados regionalmente orientados a la promoción del agronegocio y la explotación forestal que abarcan desde la aprobación o promoción de nuevas legislaciones en Brasil y Argentina que convalidan y amplían el paquete transgénico-pesticida hasta la ampliación de la frontera agrícola (por ejemplo, hacia la región amazónica) y la derogación de las regu-laciones impositivas que pesaban sobre estas actividades. Ciertamente, estas políticas van acompañadas por la amenaza y persecución a los movimientos que han encabezado las re-

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sistencias a estos modelos en el pasado, como por ejemplo sobre el MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil) o los movimientos mapuches en el sur argenti-no-chileno. Contracara de la renovada apertura comercial y de la desindustrialización / repri-marización de la estructura económica, la profundización de estas actividades extractivas y de mercantilización de los bienes naturales son presentadas por los gobiernos de la región como las nuevas locomotoras del desarrollo y el crecimiento. Ciertamente todo ello no es nuevo en Nuestra América. La construcción de este modelo extractivo exportador tiene la historia larga de la implementación del neoliberalismo en nuestros países y, particular-mente, nos remonta a las transformaciones institucionales de los años ’90 y a los cambios socioeconómicos de la década siguiente, los 2000, cuando el precio de los llamados com-modities alcanzó un record histórico . Sin embargo, ese “boom de los commodities” pasó y desde los años 2010 hasta la actualidad los valores de estos bienes en el mercado mundial han disminuido causando tanto la desaceleración o crisis económica que, entre otros as-pectos, puso en jaque a los proyectos neodesarrollistas y marcando hoy los límites de la llegada de la inversión extranjera a la región a pesar de las condiciones favorables que para ella intenta impulsar la propia ofensiva neoliberal. En este contexto, la profundización del extractivismo supone incluso promover mayores niveles de despojo, destrucción socioam-biental y dependencia. Estos procesos se expresaron, por ejemplo, en la promoción global de un programa orientado a la supresión de los subsidios públicos y el incremento de los precios de la energía y los combustibles que llevó adelante el FMI y frente al cual, en los últi-mos dos años, han tenido lugar insurrecciones y grandes protestas populares en diferentes países del mundo, desde el levantamiento de Haití en julio de 2018 o el del Líbano de diciem-bre de 2017 hasta incluso en Francia con la aparición de los llamados “chalecos amarillos” en noviembre de 2018 .

5. Los modos de la gubernamentalidad Posiblemente, uno de los aspectos que distinguen en mayor medida la ola neolib-eral actual de las pasadas y que le dan su tono “conservador” es el que refiere a los modos de la gubernamentalidad –las formas que asume el gobierno de poblaciones e individu-os- que el despliegue de la misma pone en juego. En esta dimensión una de las cuestiones más evidentes refiere a un proceso de reestructuración de la matriz estatal liberal y que abarca desde los modos de la democracia representativa a las formas de la justicia basa-das en el derecho liberal aún sin olvidarnos que estas construcciones nunca tuvieron en nuestra región las características de las que gozaron en los países centrales atravesadas aquí por la condición subordinada del capitalismo periférico y la colonialidad del poder. Asimismo, el carácter conservador de esta ola neoliberal que aparece tan presente en la emergencia de rasgos de un neofascismo sociopolítico, de un estado punitivista y de excepción, de una justicia que no requiere evidencias ni condena para imponer el encar-celamiento; es decir, de restricción y desaparición de la democracia liberal; ciertamente no es extraño o ajeno a la racionalidad neoliberal. Recordemos sobre ello que el propio Hayek afirmaba ya a mediados del siglo XX que la democracia era simplemente un me-dio, no necesariamente el más útil en todo tiempo y lugar, para alcanzar el fin mayor de la libertad individual cuyo fundamento residía en la libertad económica (Hayek, 2000) y que en los años ´70 la llamada Comisión Trilateral proponía una visión de la crisis capitalista que la entendía como resultado de “un exceso de democracia” causante de la falta de “gobernabilidad” (Crozier, Huntington y Watanuki, 1975) En esta dirección, la contraposición entre neoliberalismo y democracia ha sido señalada en muchas ocasiones

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en el campo del pensamiento crítico (Boron, 2000; Murillo, 2018; Laval y Dardot, 2013 y 2017; de Sousa Santos, 2006; Wood, 1995). En particular, en relación con la emergencia o retorno de procesos de fascistización, el pensamiento crítico analizó bajo esa categoría, en el pasado, la activación conservadora de sectores de las clases medias urbanas en los años ´60 y ´70 frente a la dinámica que asumió la conflictividad sociopolítica y la radi-calización de sectores populares y juveniles que la caracterizó, señalando, por ejemplo en relación con la experiencia de la Unidad Popular en Chile, que este enfrentamiento asumió una forma ideológica abierta entre socialismo y fascismo (Dos Santos, 1976 y 1978). Asimismo, la dualización social promovida por las políticas neoliberales en los años ´90 fue considerada también en términos de sus efectos en el surgimiento de un fascismo societal no como régimen político sino en el plano social-civilizatorio (de Sou-sa Santos, 2006) Finalmente, entre estos antecedentes no puede dejar de mencionarse la experiencia del neoliberalismo de guerra expandido por la región norte de Nuestra América desde mediados de los años 2000 caracterizado por promover la guerra interna y la militarización social (Seoane, Taddei y Algranati, 2011; Seoane, 2016) y estrecha-mente vinculado con la emergencia y potenciación de ese segundo estado mafioso del que habla Rita Segato (Segato, 2016). En esta dirección, la campaña electoral y el triunfo de Bolsonaro pueden considerarse como la reaparición de esos procesos de fascistización de décadas pasadas y también como la proyección de estas tendencias neoliberales al régimen político. Ciertamente, en esta perspectiva, el término fascismo es utilizado más como figura sociopolítica que como categoría histórica ya que, como ha sido bien señala-do, no se trata de la reedición de la experiencia europea de preguerra de un nacionalismo estadocéntrico que a la par que vulnera libertades y promueve la guetificación, violencia y odio sobre ciertos grupos sociales se afirma en un proteccionismo militarista (Boron, 2019) Lejos de todo nacionalismo, los neofascismos latinoamericanos de estos tiempos son bien periféricos y surgen bajo la hegemonía del imperialismo estadounidense. Hun-den sus raíces en el pensamiento neoconservador estadounidense que resurgió en los años ’80, se expandió particularmente en la década de los 2000 y ganó nueva expresión con el gobierno de Trump. Como es sabido, para estas corrientes uno de los aspectos más importantes del cambio necesario se inscribe en la “guerra cultural” contra cierto liberalismo, el fem-inismo, el relativismo, el multiculturalismo y el progresismo; todos sindicados como armas de los activistas de izquierda y de la amenaza marxista. Es actualmente bajo esas formas, entre otras, que se expresa la centralidad que asume la producción y gobierno de la subjetividad social en el neoliberalismo (Murillo, 2017). En este sentido, no es nuevo que las racionalidades neoliberales pongan el acento en la activación de grupos y el pro-tagonismo de la sociedad civil y conviertan a ésta en el principio generador de la gestión de los asuntos sociales y de nuevos vínculos que interpelan al Estado y plantean su desre-sponsabilización y privatización (la ruptura del monopolio estatal de la regulación social que parecía caracterizar al período capitalista anterior) con la promoción de un sujeto emprendedor y constructor de lazos comunitarios (Murillo, 2008; Presta, 2016). Estas racionalidades que se orientan al empoderamiento de la sociedad civil y que durante un largo periodo hicieron énfasis en las ong y ciertas prácticas comunitarias (la onegeización de la sociedad civil) ahora aparecen atravesadas por la proyección política de las iglesias evangélicas, particularmente las pentecostales. En ello, ciertamente su participación y peso en la coalición de gobierno de Bolsonaro resultan el ejemplo más próximo y reso-nante; pero este proceso de proyección político estatal de las iglesias neopentecostales conservadoras ha tenido otras expresiones anteriores en la región; por ejemplo con el triunfo presidencial del pastor y actor Jimmy Morales en Guatemala (2016); el paso a la segunda vuelta en Costa Rica del pastor y diputado Fabricio Alvarado (2018); en su

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participación decisiva en la derrota del Acuerdo de Paz en Colombia (2016), y en el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil (2015) (Calderón Castillo y Zuñiga, 2019). En el caso de Brasil, los sectores más conservadores de la iglesia evangélica ya contaban con una bancada parlamentaria importante a partir de las elecciones de 2014 y actuaron como un verdadero partido político a nivel nacional en las elecciones de 2018 a favor de Bolsonaro (Piñero, 2019). Su peso político expresa a su vez una de las formas que adoptan los procesos de subjetivación social bajo el neoliberalismo en este período . Complemen-tariamente con estas formas más “arcaicas”, las racionalidades neoliberales despliegan el uso de las innovaciones en las tecnologías de la comunicación y la información en el gobierno de individuos y poblaciones. En este sentido, la campaña presidencial en Brasil de 2018 con la divulgación masiva y orquestada de fake news (noticias falsas) a través de las redes sociales resultó una de los mayores laboratorios a nivel global de una estrategia psicosocial altamente tecnologizada (Magnani, 2018) que consiguió impactar profunda-mente en la opinión pública aunque dispositivos similares -desde Cambridge Analyti-ca- fueron utilizados en las elecciones de Donald Trump en EE.UU. (2016); el referén-dum del “Brexit” (2016) e incluso en las elecciones presidenciales en Argentina del 2015 (House of commons, 2018; Thompson y Vogelstein, 2018; Perfil, 2018). En esta dirección, el uso masivo de plataformas cuyo estudio permite reunir grandes cantidades de datos que, explotados por algoritmos de inteligencia artificial, sirven a visualizar fenómenos antes invisibles (Stpehen-Davidowitz, 2017) u operar sobre los sujetos para generar re-spuestas determinadas (Bartlett, 2018) no solo posibilitan un proceso de monetización de la inteligencia colectiva y mercantilización de los espacios de sociabilidad sino también incidir en la producción de subjetividades políticas (Magnani, 2019). Sea bajo la forma de la fascistización sociopolítica, la violencia, el emprende-durismo, las iglesias pentecostales o el uso de las redes sociales; estas tecnologías se disponen en esta ofensiva neoliberal como gestoras de la creciente polarización social que las transformaciones neoliberales producen. Ya se sabe, no se trata de remediar o resolver la grieta sino de gobernar en el terreno de la subjetivación –es decir, de config-urarla identitariamente desde ciertas prácticas discursivas- lo que es su construcción en el terreno socioeconómico en tanto proceso de dualización social. Por supuesto, que en este plano también interviene la coerción, los asesinatos selectivos pero numerosos de líderes y liderezas sociales en Colombia, Centroamérica y todo el continente son una muestra trágica de ello. Pero también, en esta ocasión, el uso de la violencia y la produc-ción del consentimiento más que antitéticos –como esas caras opuestas del Jano grams-ciano- aparecen en ciertos procesos estrechamente amalgamados.

Presentes y futuros de Nuestra América A lo largo de estas páginas hemos intentado dar cuenta de la significación, di-mensiones y características que adopta la actual ofensiva neoliberal que se despliega en Nuestra América y particularmente de la novedad que ésta introduce respecto de las capas arqueológicas de transformaciones u olas neoliberales anteriores impuestas en la región. Ciertamente, el avance de esta ofensiva conservadora ha supuesto o tuvo lugar en un contexto defensivo, de repliegue, reflujo e, incluso, derrota de los movimientos pop-ulares y la acción conflictiva y transformadora de los sujetos subalternos caracterizada por las dificultades de generar procesos de activación social amplia y continuada de los oprimidos y dominados. Ello está lejos de significar que el triunfo de esta nueva ola neo-liberal resulta inevitable o históricamente decretado. Por un lado, recordemos que tras la aplicación de la primera etapa de estas transformaciones en México con el llamado

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Pacto por México firmado por la élite política tradicional en 2012 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto; las elecciones presidenciales de 2018 le dieron el triunfo a la opción progresista representada por López Obrador. En ese sentido, está abierta la posibilidad de triunfo de opciones disonantes con el programa de esta ofensiva neoliberal en las elec-ciones presidenciales del segundo semestre de 2019 en Argentina, Bolivia y Uruguay que terminarán de configurar el panorama político regional. Por otro lado, la continuidad de los efectos de la crisis económica surgida en 2008 y la intensificación de las disputas geopolíticas –tanto en los planos económicos como militares- plantean un escenario de enorme incertidumbre y turbulencias, de impredecibles cambios tan plagados de som-bras como de urgencia de alternativas. Finalmente, sin poder afirmar aún la presencia de un nuevo ciclo de conflictividad social a nivel regional, ciertamente el escenario latino-americano aparece atravesado por experiencias de movilización y conflicto sociopolítico como las recientes masivas movilizaciones estudiantiles y de la comunidad universitaria en Brasil; el paro territorial de las comunidades indígenas del Cauca y el paro nacional que le siguió en Colombia; las movilizaciones campesino indígenas en Perú y Paraguay; incluso podríamos sumar en esta lista la resistencia demostrada por el procesos bolivari-ano frente a la ofensiva imperialista en un contexto dramático de asfixia económica-fi-nanciera, sabotaje energético y amenaza militar. En este sentido, lejos de todo destino prefigurado, el presente y futuro de nuestra América latina y caribeña están todavía por escribirse y se inscriben en un horizonte de conflictos locales y tensiones globales.

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4CAPÍTULO

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Estado, hegemonía y políticas en el capitalismo

contemporáneo: los programas de

transferencias monetarias y la construcción de la legitimidad social en América Latina en el

siglo XXI.

Silvia Fernández Soto (CONICET-PROIEPS-FCH-UNCPBA)

Jorge Tripiana (PROIEPS-FCH-UNCPBA)

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Resumen

En las últimas tres décadas del siglo XX, en un contexto de transformaciones de sus procesos de acumulación/legitimación, América Latina experimenta un acelerado proceso de centralización de la propiedad y la riqueza, que se corresponde con un proceso de repulsión de los sectores trabajadores, la alteración de las condiciones de realización del trabajo y el despojo de conquistas y beneficios sociales institucionalizados.Se trata de un nuevo momento de de-sarrollo del capitalismo. La agudización de la crisis y conflictividad social a fines de siglo XX dio paso a la reconfiguración de las matrices de desarrollo de la primeros años del siglo XXI, en donde se observan inflexiones y continuidades en relación al momento anterior de claro predominio de una matriz neoliberal. Las políticas sociales constituyen así mediaciones políti-co-institucionales que participan en la configuración de la sociedad, en la construcción del or-den hegemónico. Tomamos el surgimiento y la implementación de los programas de “Trans-ferencias Monetarias Condicionadas” en América Latina, y caracterizamos estos programas a partir de un conjunto de dimensiones de análisis, desde una perspectiva amplia y compleja sobre la estatalidad, la política social, y las estrategias de legitimación social . De los avances de investigación surgen una serie de problemas que han guiado el trabajo: ¿Cuáles son los funda-mentos históricos que permiten explicar el surgimiento y consolidación del los PTMC como principal política social en América Latina? ¿Revierten las modalidades de intervención social del neoliberalismo? ¿Constituyen un avance en la universalización y reafirmación de derechos sociales? ¿Bajo qué argumentaciones se construyen los procesos de legitimación de estos pro-gramas que ha permitido su masividad y aceptación? Las fuentes utilizadas son documentos oficiales de creación y reglamentación de los PTRC, datos de los sistemas de estadísticas nacionales, datos institucionales gubernamentales, documentos de organismos internacionales, informes y resultados de investigación.

Introducción La crisis orgánica del capital iniciada en la culminación de la década de 1960, origina un conjunto de transformaciones que darán origen a una nueva manera de organizar el dominio capitalista, bajo el predominio de la capa financiera de la burguesía, cuyos procesos generales característicos pueden sintetizarse de la siguiente manera:1) proletarización de extensos grupos sociales, especialmente a partir de la violenta expropia-ción de campesinos; 2) financierización, con su estilo especulativo, predatorio y fraudulento; 3) garantía de derechos de propiedad intelectual sobre elementos biológicos (ingeniería genética, biotecnología); 4) la mercantilización de la cultura, que se torna uno de los principales espacios de acumulación con el desarrollo de la industria cultural; y 5) la privatización de los bienes pú-blicos y de la seguridad social a partir de las reformas neoliberales del Estado. (Harvey, 2004) Estos procesos adquieren historicidad en cada territorio social involucrado, pero los diferentes componentes que le dan su fisonomía característica como nuevo estadio de desar-

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rollo capitalista, pueden encontrarse en cada uno de ellos. En América Latina, estos procesos acentúan algunos de los rasgos preexistentes, en economías que manifiestan en general su dependencia de otras más desarrolladas (Ferreira Santos, dos Reis, Arregui, Tripiana (2014).) Esto ha acarreado la insuficiencia de la integración territorial, y altos niveles de precariedad en la masa trabajadora y explotada. Sobre estos rasgos estructurales en el desarrollo histórico de la región, los cambios en la organización del dominio del capital que genera el predominio de la capa financiera de la burguesía trasnacional, iniciada en la primera mitad de la década del setenta y consolidada en los años 80 y 90, agudiza la ya existente desigualdad social. La consolidación de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) es uno de los elementos que dan cuenta de una nueva correlación de fuerzas sociales a nivel regional1 .

La estrategia de los PTMC en la región.

Como puede verse en los mapas que siguen, la evolución de los PTMC es muy impor-tante en la región, haciéndose extensivo al sur del planeta, como herramienta de cobertura masiva de la población pobre. Los primeros programas datan de la década de los años 1990, pero son adoptados en forma masiva en los años 2000.

1 Los PTMC han sido estudiados exaustivamente a nivel regional por un equipo de investigadores de Brasil, Uruguay y Argentina, del cual formamos parte. Los resultados pueden consultarse en Silva, 2014, y Silva (coord.) (2016)

FUENTE: Banco Mundial 2009.

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En América Latina se implementan en la casi totalidad de los países para el 2008, lo cual continúa hasta la actualidad. La evolución de los programas no es homogénea entre los países de la región, el incremento más importante en términos de cobertura e inversión de los PTMC ocurrió durante la década de los 2000. La puesta en marcha de PTMC en varios países, sobre todo en los años 2002 y 2003, se refleja en una fuerte alza de la cobertura y la inversión regional a partir de esos años. Las series regionales de cobertura e inversión se han estabilizado después de 2010. En 2014 y 2015 la inversión en términos reales ha mostrado una tendencia a la baja y la población que participa de estos programas ha disminuido. Datos preliminares para 2016 confirman esta tendencia a la baja. (CEPAL 2017)

El número de personas que viven en hogares destinatarios de los PTC ha aumentado de menos de un millón en 1996 a 131,8 millones en 2015, lo que representa el 20,9% de la po-blación regional.

Al mismo tiempo, la cobertura regional de hogares destinatarios de los PTC ha aumentado de menos de 300.000 hogares en 1997 a 29,8 millones en 2015, correspondientes al 17,5% del total de hogares de la región. La diferencia entre el porcentaje de personas cubiertas y el porcentaje de hogares destinatarios se explica por el hecho de que estos últimos tienen un número pro-medio de miembros superior a los hogares no participantes. Las series de cobertura regional muestran un aumento sostenido hasta el año 2010, estabilizándose en el último quinquenio pero con disminuciones en los años 2014 y 20152 .

2 Según datos preliminares, la cobertura sigue disminuyendo también en 2016. La tendencia a la baja que se observa en 2014 y 2015 parece así representar un punto de inflexión y es explicada principalmente por la disminución de la cobertura del Bono de Desarrollo Humano de Ecuador (-582 mil madres en el bienio), Mi Bono Seguro de Guatemala (-441 mil hogares en el bienio), Bolsa Família de Brasil (-149 mil hogares) y Más Familias en Acción de Colombia (-87 mil hogares). La baja en la cobertura es preocupante porque ocurre justo en años en los cuales CEPAL (2016) estima un aumento de la pobreza en la región, que habría pasado de 28,1% de la población en 2013 a 29,2% en 2015. Datos pre-liminares al 2016 muestran que la disminución de los hogares destinatarios de Bolsa Família (-367 mil hogares respecto a 2015) y Más Familias en Acción (-56 mil) ha continuado, y a ella se ha sumado la baja en el número de destinatarios del programa Juntos de Perú (-101 mil hogares). La baja en los hogares destinatarios de Bolsa Familia ocurre justo en un momento en el cual todo indica que la pobreza en Brasil está aumentando y en el cual por lo tanto sería necesario am-pliar y no achicar el programa. Con una tendencia opuesta, la Asignación Universal por Hijo de Argentina ha sumado 130 mil hogares adicionales en 2016. (CEPAL, 2017)

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En América Latina y el Caribe, la cobertura de la población regional por parte de los PTC au-mentó en su conjunto de 3,6% en 2000 a 20,9% en 2015.

Los datos sobre la cobertura de personas que viven en hogares destinatarios de los PTC como porcentaje de la población total nacional alrededor de 2015, nos indica que alcanza en prome-dio al 20,9 % de la población total de América Latina3 .En 2015 el número total de personas que vivían en hogares destinatarios de los PTC era mayor al número de personas que vivían en situación de extrema pobreza, pero representaba sola-mente el 73,6% del número de personas en situación de pobreza. (CEPAL 2017)Los Programas de Transferencia Monetaria condicionada se caracterizan por proveer dinero —y en ciertos casos transferencias no monetarias— a familias en situación de pobreza o po-breza extrema que tienen uno o más hijos menores de edad, a condición de que éstas cumplan con ciertas exigencias, generalmente vinculadas con la asistencia escolar y el control regular de

3 En esta regularidad, el Estado Plurinacional de Bolivia resulta particular, ya que su principal programa, el Bono Juanci-to Pinto, es el de mayor cobertura y no focaliza por condición de pobreza sino que se entrega a todos los escolares de establecimientos públicos.

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la salud de los niños y jóvenes. Esta provisión de dinero se da bajo un esquema no contributivo y condicionado. Es decir, se les otorgan a las personas sin que éstas hayan realizado aportes previos a la seguridad social para generar ese derecho. Bajo esta transferencia de dinero, priorizando a las madres como titulares, se edifica la estructura básica común de las TMC que pretenden articular objetivos de corto plazo, que participan en “el alivio” inmediato a la pobreza a través de las transferencias monetarias; con objetivos de largo plazo, que pretenden “interrumpir” el ciclo intergeneracional de la pobreza a través de las condicionalidades impuestas en materia de salud y educación y la “inversión en capital humano”. En este esquema adquieren centralidad los beneficios monetarios condicionados transferidos a las familias, apareciendo con menor peso los beneficios no monetarios asocia-dos a la provisión de dinero. Si bien todos los programas transfieren dinero, y esta constituye la dimensión material central de los PTMC, además de compartir un esquema básico común en el que se asientan; es posible observar algunas diferencias: en relación a la inscripción in-stitucional en el sistema de protección social de cada país, los énfasis de las argumentaciones legitimantes de los programas, las articulaciones entre los diferentes niveles gubernamentales, los montos de los beneficios, los mecanismos institucionales de selección de los beneficiarios, las sanciones estipuladas por incumplimientos de las condicionalidades, las modalidades de seguimiento, entre otras cuestiones que hacen al proceso de materialización. Los PTMC, como instrumentos de política social no contributivos, se constituyen en programas que distribuyen pagos monetarios regulares que se institucionalizan en los siste-mas de protección social de cada experiencia nacional, y que operan como una transferencia de renta mínima garantizada a la población en situación de pobreza. En tal sentido superan el carácter emergencial, discontinuo, discrecional, hiper-focalizado de los programas que se des-plegaron en las estrategias de “combate contra la pobreza” de la década del noventa, impulsada en gran medida por los organismos internacionales de crédito. La regularidad de la distribución del beneficio monetario constituye “un “alivio” en las condiciones materiales de existencia de familias trabajadoras que no disponen de forma regular de otras rentas (...) Dada la inestabilidad e insuficiencia de los ingresos laborales del sector de la clase trabajadora al cual va dirigido, las transferencias monetarias del programa constituyen la principal (y/o única) protección “estable” y previsible para las familias involucradas. Si bien los ingresos son insuficientes, son “seguros” en un contexto de inestabilidad, informalidad y precarización estructural. Se construye paradójicamente una “seguridad precaria”” (Fernández Soto: 2013). Los PTMC en América Latina emergen como un mecanismo de enfrentamiento de la pobreza, bajo las recomendaciones de los organismos internacionales, adquiriendo versatili-dad de acomodación según cada trayectoria histórico-institucional y el despliegue de deman-das y conflictividad social. Con bajo costo en relación al PBI, y condicionalidades para manten-er los beneficios monetarios, alcanzan a una importante cantidad de población en cada uno de los países. Los cambios institucionales que expresan, se inscriben en movimientos más gene-rales de monetarización y financierización de las políticas sociales, en tanto se implementan proveyendo recursos monetarios administrados por instituciones bancario-financieras, en un contexto global capitalista de predominio de capital financiero. Conforman una política social novedosa en la forma y el contenido, imbricada al proceso global de reproducción de la acumu-lación capitalista. Y participan en la reproducción de una parte de la clase trabajadora que no reproduce plenamente sus condiciones materiales de existencia a través del salario. Al mismo tiempo, la provisión regular de dinero supone la bancarización de la población, instrumentan-do al mismo tiempo mecanismos crediticios y financieros definidos por grandes instituciones bancarias.

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Los PTMC en Brasil y Argentina. Características, significado y desarrollo

Tomamos para el análisis, a modo de ejemplo, los casos de Argentina y Brasil, y más allá de las particularidades que se identifican en cada uno de ellos, el sentido de los programas, como política social, que entiende en la producción y en la reproducción de la sociedad, es pre-ciso indicar el lugar que ocupan en el proceso de hegemonía, es decir, en la conformación y sostenimiento de un determinado esquema de poder en la región. En Argentina, el PTMC es la Asignación Universal por Hijo (AUH), y en Brasil el Bolsa Familia.

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El sentido último de los dos programas es muy similar: otorgar un beneficio monetario que pueda ser volcado al mercado, y que garantice satisfacer necesidades básicas, alimentarias en primer lugar. Ahora bien, la existencia de condicionalidades implica el intento de relacionar el beneficio con el encauzamiento de los beneficiarios a través de que cumplimenten los niveles educativos básicos, y las instancias de salud, vacunación y controles de crecimiento, lo cual implica un control, un deber, que si no se materializa lleva a la pérdida del beneficio.En relación al monto del beneficio, veremos en los siguientes cuadros la situación primero de Argentina y luego de Brasil. Argentina: Evolución del Beneficio AUH y su correspondencia en relación al Salario Mínimo Vital y Móvil– 2009 a 2014, en $ y en U$S.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo del Salario, Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-guridad Social. (CS-MTEySS)

(1) Se indica fecha de ajuste del valor salario mínimo vital y móvil en base a CS-MTEySS. (2) Corresponde a un beneficio mensual por un menor de 18 años. Máximo posible por familia cinco. Se observa en primer lugar, que el beneficio ronda entre el 13 y 17% del Salario Mínimo Vital y Móvil. En segundo término, el descenso de este porcentaje para los años 2016 y 2017, luego de un sostenido porcentaje entre 2012 y 2014, y un aumento en el 2015.En cuanto a Brasil, el programa se mantiene en un porcentaje levemente superior al de Argen-tina, en relación también al salario mínimo. Evolución del Beneficio medio del BF, Valores Constantes en R$ y en U$S y su corre-spondencia en relación al Salario Mínimo - 2004 a 2017

Fuente: Elaboración de Silva e Lima (2015), con base en datos del MDS y del BCB.Nota: Valores Constantes, inflacionados por el IPCA acumulado hasta 2017.

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Según los datos indicados (do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do Banco Central de Brasil –BCP-), se observa que el valor medio mensual del Beneficio del BF, después de una caída en 2006, y un leve parate en el 2010, presentó un crec-imiento continuo a partir de 2007 hasta 2014. También se observa que el valor medio del Ben-eficio del BF presentó un aumento creciente en relación al dólar a partir de 2008, implicando que el valor se duplicara de 2004 para 2014. Considerando la relación entre el valor medio del Beneficio do BF y el Salário Mínimo, aunque ocurrió un incremento, este fue menos significa-tivo en relación al dólar, en función de que el salario mínimo en Brasil exhibió un crecimiento anual en tasas superiores al crecimiento de la inflación4 . Si bien en los últimos años ambos programas muestran que varía negativamente el peso real de los beneficios, lo más significa-tivo a realzar es tanto la masividad de los mismos como el escaso significado en promedio que brindan, en términos de las posibilidades de reproducción de las condiciones materiales de existencia para los beneficiarios. Esto es extensible al conjunto de los programas de la región, con las particularidades de cada uno (como mencionamos, el caso de Bolivia es muy singular).Conclusiones Los PTMC son uno de los componentes del proceso de hegemonía que se desarrolla en la región, y que involucra a los distintos países de acuerdo a la correlación de fuerzas sociales específica en cada uno de ellos. En las últimas tres décadas del siglo XX, en un contexto de transformaciones de sus procesos de acumulación/legitimación, América Latina experimen-ta un acelerado proceso de centralización de la propiedad y la riqueza, que se corresponde con un proceso de repulsión de los sectores trabajadores, la alteración de las condiciones de realización del trabajo y el despojo de conquistas y beneficios sociales institucionalizados. Se trata de un nuevo momento de desarrollo del capitalismo, que expulsa población de espacios sociales que garantizaban su reproducción, y da como resultado el aumento de la población sobrante para las necesidades de explotación del capital. Esto es una tendencia general, que en la región, según los diferentes momentos, y de acuerdo com las particularidades que asume em cada país, adquiere configuraciones específicas. Sin embargo, los PTMC constituyen una política que se adopta en forma generalizada, en el conjunto de la región. En términos ge-nerales, entendemos que la materialización de estos programas contribuyen a volver menos dramáticas las condiciones de vida de este sector de la clase trabajadora, instalan una “noción de derecho”, de “garantía” y de “universalización” que es diferente al tratamiento dominante de la hiper-focalización de la década de los años 90, y habilita potencialmente un camino de exigencia de cumplimiento de estas garantías mínimas por su proceso de institucionalización; aunque no reviertan los determinantes estructurales de las desigualdades sociales. En este sentido, constituyen un componente imoporante en el proceso de hegemonía en la región.La hegemonía se refiere a la capacidad de dirección del conjunto de la sociedad, imponiendo los intereses de clase como los intereses del conjunto de los sectores subalternos, en términos de un proyecto que se presenta universal. La posibilidad de la construcción hegemónica supone reconocimiento de necesidades sociales que no cuestionen las relaciones fundamentales de la sociedad y la configuración de una dimensión ideológica-valorativa-pedagógica que impregna

4 Es decir, “o Benefício médio do BF só conseguiu ultrapassar 20% do Salário Mínimo no ano de 2005 e no período de 2011 a 2014, coincidindo este último período com a implementação do Plano Brasil Sem Miséria”. (Silva: 2014)

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la cotidianeidad de los sujetos. Un proceso hegemónico comprende no sólo un plano ideológico, sino que contiene siempre una dimensión material. Constituye un hecho estruc-tural político-económico que expresa el procesamiento de una determinada correlación de fuerzas. En este sentido, las políticas sociales integran las estrategias de construcción de he-gemonía en las que la clase dirigente, pretende confirmar la dirección económica-política de la sociedad. En este proceso se produce la incorporación de los intereses materiales de las clases subalternas, proceso limitado por la conservación de la dirección y el dominio de la clase diri-gente, una incorporación de demandas “parcializada” y no esenciales. Entendemos que la implementación de los PTMC en la región debe analizarse en el marco del proceso de reconfiguración de la hegemonía, que debe verse en proceso y en un período que comienza precisamente con la transformación capitalista señalada, signada por la crisis del petróleo de inicio de los años ́ 70. En los distintos países de la región, cada uno con las particularidades que le otorga las particulares relaciones de fuerzas sociales existente, se implementan distintos procesos, que combinan violencia y consenso en diferentes dosis, para dar como resultado nuevas configuraciones sociales, una nueva correlación de fuerzas. Las inflexiones que se verifican em el período se encuentran directamente relacionadas con las fuerza sociales en pugna. Así, como puede ejemplificarse con Argentina, pero se corresponde con o sucedido en otros países de la región, el cuestionamiento a los resultados logrados en el período claramente neoliberal, los años ´90, mediante el despliegue de una multiplicidad de prácticas antagonistas, como expresión de la negación del orden existente, deja ver las “fi-suras” a la subalternización, que se terminan materializando en distintos proyectos de socie-dad a inicios del siglo XXI. En este marco global, América Latina se coloca como uno de los territorios de resistencias y búsquedas de alternativas al capitalismo neoliberal a nivel global. Se trata de un nuevo proceso hegemónico en donde si bien “lo esencial” permanece inalter-ado, la incorporación de demandas “desde abajo” implica un nuevo momento hegemónico.

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na América Latina. Estudo comparado de Programas de Transferência de renda no Brasil,

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5CAPÍTULO

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Globalización y profundizacion de las

desigualdades de in-gresos, relaciones

complejas1.

Pierre Salama2

1 Traducción: Dra. Silvia Fenández Soto, chequeda por el autor.2 Economista, página web: http://pierre.salama.pagesperso-orange.fr/ y desde 2013 http://brics.hypoth-eses.org. Varios de los temas presentes en este artículo han sido desarrollados en mis dos últimos libros: Les économies émergentes latino-américaines, entre cigales et fourmis, publi-cado en Armand Colin a fines del 2012 (va ser publicado en castellano en 2016) y Des économies toujours émergentes ?, publicado en la documentación francesa a fines de 2014. Al lector presenta también una bibliografía detallada.

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En 1993, el Banco Mundial, editaba un informe1 destinado a descifrar las causas del « mila-gro » asiático y las encontraba en el libre cambio. Según este infirme abrirse al comercio inter-nacional debería aumentar la tasa de crecimiento con la condición de que los países « pobres» en trabajo calificado y capital, pero « ricos » en trabajo no calificado, se especializaran según sus dotaciones relativas en factores de producción. Siempre, según este informe, el libre inter-cambio debería generar una disminución de las desigualdades, la demanda de trabajo no cuali-ficada aumentaría, la de trabajo calificado disminuiría, y los salarios desde ese momento segui-rían dicho movimiento en Cincel. Este enfoque idílico fue ampliamente criticado. Los hechos son particularmente obstinados: aumento de las desigualdades entre los salarios, au-mento de las desigualdades entre los ingresos del capital y del trabajo, esto se da tanto en las economías avanzadas o en las economías denominadas en desarrollo, emergentes o no. Después de haber presentado los cambios en la división Internacional del Trabajo en la era de la globalización y la concentración de los ingresos discutiremos posibles vínculos entre la mundialización y la concentración.

I. Globalización comercial y cambios en la división Internacional del Trabajo

Una expansión sin precedentes del comercio internacional que tiende a agotarse.

Según los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el de-sarrollo, la apertura se acentuó fuertemente a partir del comienzo del decenio de 1990. La participación de las exportaciones totales de bienes y servicios sobre el PIB mundial asciende al 20% en 1993, y al 33% en 2010, es decir, se produce un aumento de 13 puntos porcentuales en dieci-siete años2 . El ritmo de crecimiento del comercio internacional supera ampliamente el del pro-ducto bruto interno mundial desde hace varios decenios y más particularmente desde los años 2000. Es aproximadamente dos veces más alto que el crecimiento del producto bruto interno mundial.

1 Banque mondiale, The East Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy, Oxford University Press, 19932 CNUCED o en inglés UNCTAD ; ver UNCTAD stats, dirección electrónica: www.unctad.org

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La estructura de las exportaciones de bienes y servicios evoluciona. Los intercambios de servi-cios son menos importantes que los intercambios de bienes pero tienen una pro-gresión muy rápida. Los mega contratos incorporan en efecto, una serie de servicios. En 2008, el conjunto de los intercambios internacionales se compone de 80% para los bienes y el 20% para los servi-cios; pero cuando se considera los valores agregados intercambiados, la partic-ipación de los bienes en el conjunto de los bienes y servicios intercambiados desciende a 57% y la de los ser-vicios asciende al 43% frente al 20% anteriormente indicado3 . Del mismo modo se observa un creciente poder de los emergentes asiáticos en el comercio mundial de las mer-cancías, de la misma manera que se observa una creciente participación de estos últimos en el comercio de servicios. El peso de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, África del Sur) en el comercio internacional de servicios se duplica entre 2001 y 2010 ascendiendo a 10 % según los datos de la OCDE4 . La tasa de crecimiento anual promedio tanto en las exportaciones (17,5%) como en las importaciones (17,1%) de servicios de BRICS supera ampliamente hoy la de los países de la OCDE. Entre 2001 y 2010, la tasa de crecimiento anual medio de las exportaciones de ser-vicios de la India es de 24,1%, el de China de19,7%, el del Brasil de 13,7% , mientras que los Estados Unidos es de 6,9%. Sin embargo desde hace algunos años la tasa de crecimiento del comercio mundial baja y se sitúa muy cerca de la tasa de crecimiento del producto interno mundial. ¿Estaríamos en pre-sencia de una ligera « des-globalización » y de una centralidad tímida de las actividadades de los países ?, y si esto es así, ¿cuáles serían las causas ? ¿la crisis del 2008 y el largo periodo de estancamiento económico abierto en los principales países industriales ? ¿o el retroceso econó-mico de China desde 2013 sus consecuencias negativas sobre los precios de materias primas y « sus efectos secundarios” sobre el crecimiento de las economías emergentes que habían bene-ficiado hasta entonces de esta « bonanza »? ¿Un efecto de retorno de la revolución de la tec-nología y el auge de las tecnologías de la información que, después de haber fomentado una expansión del comercio internacional permitiendo un estallido cada vez más importante de la cadena de valor, facilitarían hoy un regreso de algunos segmentos de producción, ayer de-spla-zados hacia los países adelantados, favoreciendo a los Estados Unidos una recuperación, aun-que tímida, de la reindustrialización? ¿Los esfuerzos fructíferos de China de disminuir el peso de las exportaciones de productos de montaje en sus exportaciones totales y de integrar aún más los procesos de producción, los insumos locales sustituyendo los importados? Entre tanto, China se convirtió en el taller del mundo, aunque sería hoy en día amenazada en este papel por otros países asiáticos más competitivos en determinados pro-ductos. Los países sur americanos exportan cada vez más materias primas, y se reprimarizan, los de América Cen-tral y del Norte (México) exportan, en cambio, su mano de obra y sacan de allí sustanciales ingresos. El peso de las economías avanzadas en el comercio internacional disminuye fuerte-mente con la excepción de unos pocos países como Alemania. El porcentaje de las exportacio-nes de los Estados Unidos en las exportaciones mundiales es ampliamente inferior al de China. Se situaba en torno a los 12% a finales del decenio de 1990 y un poco más del 8% en 2014 mientras que el de China pasaba en las mismas fechas del 3% a un poco más de 12% 5. Es cier-to que la naturaleza de las exportaciones no es la misma en ambos casos, las de los Estados Unidos es sobre productos sofisticados con gran contenido de nuevas técnicas, las de China sobre los productos sofisticados en realidad son aún muy a menudo productos mon-tados, con fuerte contenido en trabajo, los insumos sofisticados tienen, importados. Es verdad que esta tendencia tiende a invertir y que China comienza a exportar productos sofisticados del punto de vista tecnológico con insumos producidos localmente.

3 UNCTAD, op.cit. 4 OCDE (OECD en Anglais), Statistics, 2013, adresse électronique : www.stats.oecd.org5 Banque Mondiale, Word development indicators, 2015, dirección electrónica: http://data.worldbank.org/news/release-of-world-development-indicators-2015

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El estallido internacional de la cadena de valor y el difícil aumento de la gama de productos mas y mas sofisticados

El esfuerzo de China en investigación y desarrollo, ya sea por los gastos públicos, por la com-pra de empresas extranjeras, por las condiciones, a veces leoninas, vinculadas a la im-plantación de las empresas multinacionales que producen para el mercado interior chino,o por la “piratería » más o menos legal y « aceptada” por las empresas multinacionales desposeí-das en parte de sus derechos de propiedad – comienza a materializarse en la exportación de productos tecno-lógicamente avanzados/sofisticados. Por consiguiente, sería un error creer que la China sólo sería una amplia maquiladora, que ensambla los productos sin tratar de in-tegrar los procesos de producción. La política económica de aumentar la gama no es fácil de aplicar. Se opone a la estrategia de estallido internacional de la cadena de valor de las empresas multinacionales. En los años setenta, los procesos de segmentación-deslocalización se desarrollaron, en el “be-neficio » de los Dragones (Corea del Sur, Taiwán…) y luego de los tigres asiáticos (Mala-sia, Tailandia...). El coste unitario del trabajo (combinación de la productividad, del salario y del tipo de cambio), más las posibilidades de gestionar la mano de obra sin prácticamente ningu-na coacción/condición (flexibilidad, la inseguridad en el manejo de productos peligrosos) y las ventajas fiscales, hacían atractivos la producción de segmentos de producción en esos países con el objetivo de importar inmediatamente. Desde hace quince años, las deslocalizaciones se han multiplicado por tres razones: la disminu-ción de los costos de transporte intercontinentales, la revolución de la informática y la liberali-zación de los mercados. Esta Segunda fase de las deslocalizaciones se encuentra en el origen de un auge de los intercambios internacionales de segmentos de líneas de pro-ducción. Cono-cido bajo el nombre de estallido internacional de la cadena de valor este pro-ceso concierne el despiece de la cadena de producción de un producto acabado dado en varios segmentos pro-ducidos en diferentes países. Esto da lugar a una cadena de importaciones y exportaciones hasta el montaje final del producto. Las relaciones comerciales entre países son más densas, sobre todo entre los países asiáticos y explican en parte la expansión del comercio Sur-Sur en el comercio mundial. Las actividades de producción se concentran en varios países, especial-mente asiáticos, las denominadas “inmateriales” están situadas principalmente en las empresas de los países avanzados, los que indican las órdenes. Son éstas las que tienen el valor agregado más elevado. En total, la participación de las exportaciones de los países asiáticos en

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sus res-pectivos PIB es menos elevada que lo que sugiere las medidas que toman en cuenta las expor-taciones sin considerar sus componentes importadas. Asimismo, los economistas buscan hoy medir el valor agregado realmente exportado. Esta se-gunda fase en las deslocalizaciones es el origen de un notable crecimiento del comercio Sur-Sur.

La expansión del comercio Sur-Sur y el aumento en potencia de la inversión extran jera di-recta del Sur.

Las importaciones Sur - Sur aumentan considerablemente a partir de 1990. Entre 2000 y 2012, las exportaciones de la casi totalidad de los países latinoamericanos con destino a los países del Sur tienen una tasa de crecimiento anual más altas que las destinadas a los países del Nor-te, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el caso de la Argentina (10% contra 7%), del Brasil (17% contra 9%), de Chile (16% contra 10%) del Perú (20% contra 16%). Es tam-bién el caso de México (18% contra 6%). Sin embargo, en México la parte del comercio Sur-Sur sigue siendo marginal, el grueso del comercio de ese país está orientado hacia los Estados Uni-dos y Canadá. Las relaciones comerciales entre los propios países asiáticos son muy importantes, más impor-tantes que las relaciones intra- latinoamericanas. El peso de las exportaciones Sur - sur de Asia hacia América Latina y el África progresa de 13% en 1995 hasta 15% en 20116 , según las fuentes que proveen las instituciones internacionales. El comercio Sur-Sur de América Latina conoce un cambio importante en el período. En 1995, el 70% de las exportaciones Sur - sur de América Latina se efectuaban entre los países latinoamericanos – estadounidenses, pero en 2011 sólo 50%. En cambio, las intercambios Sur - Sur latinoamericanos destinados a los países asiáticos aumentan considerablemente y pasan del 26% en 1995 al 45% en 2011, pero también llevan cada vez más sobre las materias primas, cuyos precios además y los volúmenes aumen-tan, y luego se desmoronan a partir de 2012-2013. Las importaciones chinas procedentes de los países asiáticos están formadas por bienes

6 Banque interaméricaine de développement, 2013 : After the boom, prospects for Latin America and the Carabbean in South South trade, adresse électronique : https://publications.iadb.org/bitstream/han-dle/11319/3658/Trade%20and%20Integration%20Monitor%202013.pdf;jsessionid=14261D9B5A614CE-0BE088665CDE25A01?sequence=4

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dura-bles, equipos sofisticados y componentes para ser montados, en cambio los procedentes de los países africanos y latinoamericanos se concentran en materias primas. Las exporta-ciones Chi-nas hacia esos países se centran en los productos manufacturados. Se encuentra así una espe-cialización que presenta aspectos comparables a la antigua especialización inter-nacional, fuente de relaciones de dominación e incluso de imperialismo: a unos las materias primas, a los demás los productos manufacturados, a diferencia sin embargo que esta vez se trata de una gran parte del comercio Sur-Sur. Estos últimos veinte años, las inversiones directas extranjeras hacia los países emer-gentes au-mentaron tanto en términos absolutos como en términos relativos. El hecho más importante no es éste. Las economías emergentes se han convertido exportadoras de capitales, sobre todo desde el comienzo de los años 2000. En efecto, cuando se toma la forma de absor-ción, este crecimiento se explica por la necesidad de dominar las nuevas tecnologías. Cuando se realiza en materias primas y de la infraestructura, corresponde a las necesidades de orden estratégico de control de los suministros. Este crecimiento es financiado en el caso de China por la acumu-lación de reservas internacionales, ellas mismas son resultado de los excedentes comerciales considerables desde el comienzo de los años 2000. Aunque en fuerte progresión, los flujos salientes del IDE siguen sin embargo inferiores a los flujos entrantes, a excepción de Corea del Sur y de Taiwán, que son exportadores netos de inversiones directas. Aunque la mayoría de esos países siguen siendo importadores netos de inversiones extranjeras directas, la fuerza creciente de inversiones extranjeras directas salien-tes es probablemente el hecho más importante de la última década. Hace caducar una serie de teo-rizaciones sobre las economías de la periferia. Las inversiones de cartera se caracterizan por su elevada volatilidad. La política de los países emergentes con respecto a estas inversiones no es siempre la misma, algunos han abi-erto sus mercados financieros y otros han limitado considerablemente la penetración de estas inversio-nes en sus territorios, con el riesgo de proceder a los ensayos de apertura. En ambos casos, sin embargo la volatilidad de los mercados financieros es muy elevada: las bolsas de es-tos países se han elevado para volver a caer tan brutalmente (el ejemplo de la bolsa de Shanghái en 2015 es edificante). El mundo de hoy no es el de ayer. El Norte no puede más dominar de la misma manera el sur. El propio Sur está profundamente heterogéneo. Sobre numerosos puntos, lo que ayer era inimaginable, se realiza hoy. Algunos países del Sur, principalmente asiáticos, llegan a im-poner sus propias reglas del juego aunque en razón del elevado coeficiente de endeudamiento del Norte con respecto a ellos, o por el alcance de sus inversiones extranjeras directas, o por la magnitud de los logros alcanzados por las empresas multinacionales en su mercado interior, o por último y sobre todo por la crisis estructural que atraviesan las economías avanzadas.

II. Una profundización de las desigualdades

Las desigualdades son elevadas y numerosas. Cabe citar las principales. Desigualdad entre los ricos y pobres 7, entre las personas que no tienen patrimonio y aquellos que no poseen

7 El ejemplo de los Estados Unidos es edificante. Mientras que la tasa de mortalidad de la mujer en el parto disminuye en los países avanzados entre 1990 y 2013, aumenta enormemente en los Estados Uni-dos. La tasa de mortalidad de mujeres negras durante el parto es tres veces más alta que la de las mu-jeres blancas. Es difícil de no relacionar estas tasas con la concentración de la pobreza entre las mujeres negras. .Ver The Economist : ‘Death from childbirth is unusually common in America”, 18 Juillet 2015.

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nada desde el nacimiento ; desigualdades ante el impuesto ; desigualdades ante la muerte, los ricos viven en general más tiempo que los trabajadores y los pobres; desigualdades en el traba-jo, en-tre los inmigrantes y los indígenas; desigualdades entre los que van a las escuelas de cal-idad y aquellos que no tienen otra opción que ir a las escuelas menos consideradas ; desigual-dades entre hombres y mujeres; Desigualdades ante los despidos, las condiciones de trabajo; entre las personas que trabajan en pequeñas empresas y las y los que trabajan en las grandes empresas ; desigualdades entre los que tienen un empleo informal o bien un empleo formal, protegido; desigualdades según el color de piel; y, por supuesto, las desigualdades entre los patrimonios y entre los ingresos. La mayoría de esas desigualdades se superponen y han ido casi todas au-mentando en los quince últimos años. A veces esas desigualdades se añaden las unas a otras: en Brasil por ejemplo, una mujer negra con poca formación, gana menos que una mujer blanca con la misma formación y mucho menos que un hombre blanco con iguales condiciones.

Un aumento de las desigualdades de ingresos

La concentración de los ingresos ha aumentado en los últimos decenios en práctica-mente to-dos los países, ya sea al Norte o al Sur: en los Estados Unidos por ejemplo, al final del decenio de 1990, 10% de los americanos más ricos tenían entre 30 y 35% del conjunto de la distribu-ción del ingreso, en 2013, 50%. Las desigualdades de ingresos se han incrementado en todos los países de la OCDE los últimos treinta años, a excepción de Grecia y Turquía donde los da-tos estadísticos no son muy fiables. Las desigualdades de ingresos y de patrimonio se acen-tua-ron considerablemente en China, al punto que hoy, medida a la luz de las desigualdades, Chi-na se ha latino americanizado: La concentración de sus ingresos es similar a la de los países latinoamericanos que son muy elevadas. En todas partes, en los países asiáticos, con excepción de unos pocos países como Corea del Sur, la desigualdad ha aumentado significativamente. Unos pocos países latinoamericanos, el Brasil, la Argentina, etc., parecen haber tenido en los años 2000 una reducción de sus desigualdades de ingresos, pero los cálculos más recientes, efectuados a partir de una metodología combinando las declaraciones fiscales del 10% más rico y las encuestas de población, demuestran que esos países no son una excepción, el 5% al 10% más rico de la población se enriquecieron más rápidamente que el resto de la población8 . Por el contrario, la participación en los ingresos del treinta por ciento de los más pobres ha au-menta-do en los años 2000, por lo menos hasta la víspera de la crisis y/o la desaceleración eco-nómica de 2014-2015 de varios países (Argentina, Brasil y México). Los ricos cada vez más ricos, pobres cada vez menos pobres y cada vez menos numerosos en los países emergentes, pero, al final

8 Según Meideros et. al., en Brasil, la relación entre los ingresos del 0,1% y los del 1% llega a 43,2 cuando se utilizan los datos fiscales y no 24,2 cuando se toman los datos de las encuestas entre 2006 y 2012 por ejemplo. Pasa lo mismo entre los 0,1% y los 5% de 24.6 y de 10.1, entre el 1% y 5% de 56.7 y de 41.6 respec-tivamente. La subestimación sistemática del 10% de los más ricos por parte de las encuestas, se explica esencialmente por el hecho de que gran parte de sus ingresos es igno-rada. Cuanto más elevado es el ingreso, más notoria (marcada, acentuada) es esta subestimación. La razón es simple: en la distribu-ción personal de ingresos sólo son considerados los ingresos percibi-dos por los individuos, es decir, los salarios, los ingresos de trabajadores “cuentapropistas”, los di-videndos, los intereses recibidos, etc..De modo que los ingresos de los más ricos son considera-dos cada vez más como ingresos de empresa y por lo tanto contabilizados como ganancias, ya que así la progresividad del impuesto es más baja (Afonso,op.cit.). Entonces no son ni considerados como ingresos percibidos por los individuos ni contabilizados como tal por las encuestas lo que conduce a una subestimación de las desigualdades. Cf. Meideros et. al.“O topo da distribuçao de renda no Brasil : primeiras estimativas com dados tributarios e comparaçao com pesquisas domici-liares, 2006-2012 ”, mimeo, Universidade de Brasilia, disponible en la red, 1-33.

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las desigualdades de ingresos son más importantes que las desigualdades decla-radas por los gobiernos latinoamericanos.La participación en el ingreso nacional del 30 a 40% de la población menos “rica» ha aumen-ta-do de manera significativa y la pobreza ha disminuido de manera significativa en países la-ti-noamericanos, al menos hasta 2013. Desde entonces, con la crisis económica, la probabilidad de aumento de la pobreza es elevada. En lo que respecta a los más pobres, América Latina se distingue de los países avanzados. Pero en lo que respecta a los más ricos, se aproxima, inclu-so en los países dirigidos por los gobiernos progresistas. Los gastos sociales han aumentado per-mitiendo así esperar que mañana estas sociedades sean más inclusivas. Pero con la crisis que atraviesan las principales economías latinoamericanas que se han vuelto fuertemente de-pen-dientes del curso de las materias primas, y, por consiguiente de rebote de China, las políti-cas de reducción del déficit presupuestario tienen en primer lugar esas políticas sociales. Los ries-gos de una subida de las desigualdades y sobre todo del aumento de la pobreza para 2015

son, por consiguiente elevados.

Conclusión Cada vez mayor concentración de los ingresos, apertura creciente de los mer-ca-dos, hay allí una relación de causa y efecto? Globalización significa que un proceso de apertura está en curso, yendo de la au-tarquía al libre cambio. Este proceso no se hace al mismo ritmo en todos los países. El peso de las exportacio-nes de China en las exportaciones mundiales era de 1% en 1980, idéntica al de Brasil, en la misma fecha. En el 2014 estos datos pasan a 12% para China, pero siguen siendo un 1 % para Brasil. Los dos países están abiertos pero China lo ha hecho a un ritmo mucho más rápido que el Brasil. Esto no quiere significar que Brasil no sea más abierto que en el pasado, ya que el ritmo de crecimiento de las exportaciones mundiales era dos veces más rápido que el del PIB mundial, pero sí significa que lo han hecho a un ritmo más lento. Entonces debemos tener cui-dado con estos datos cuando se intenta poner en relación la globalización y la acentuación de la concentración de ingresos. En los países avanzados, la fuerte competencia de varios países del Sur, sobre todo asiáticos, favorecería la « oferta más baja » a nivel de salarios y condiciones de trabajo, a falta de una progresión pronunciada de la productividad del trabajo. Habría así una rel-ación de causa y efecto entre estallido internacional de la cadena de valor, la desindustri-alización, y la modera-ción salarial. Ésta sería por tanto una de las causas de las crecientes desigualdades. La otra causa provendría de la financiarización de las actividades, las tasas de rendimiento son más elevados en el sector financiero que en el sector industrial. La preferencia del pago de divi-dendos más que a la inversión, explicaría a la vez la tenden-cia al estancamiento económico, la pérdida de competitividad, la moderación salarial y la multiplicación de multimillonarios en muchos países adelantados. El aumento de las desigualdades de ingresos de los países avan-zados tendría así dos causas: una externa, la globalización comercial, otra interna, la financiari-zación, estas dos causas no eran inde-pendientes una de la otra. Esta explicación no es pertinente para el conjunto de los países. Si parece global-mente exacta para los países avanzados, no lo es para los países emergentes. En China y en muchos países asiáticos –con la notable excepción de Corea del Sur, que ha hecho el de-safío exitoso de la innovación- se observa desde hace diez años la coexistencia de crecien-tes desigualdades de ingresos, un alto coeficiente de inversión, un rápido crecimiento de la productividad del traba-jo, a partir de un bajo nivel, y finalmente una tasa de crecimien-

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to más fuerte de los bajos ingre-sos si la comparamos con la de la productividad, pero más lenta que el aumento de los altos ingresos (es decir, el aumento de los altos ingresos va más rápido). En América Latina, la glo-balización está menos sostenida que en Asia y se observa una desindustrialización pronuncia-da - consecuencia de la reprimarización de las actividades-, una progresión muy baja de la productividad, un aumento salarial más importante que la progresión de la productividad en los últimos años, al menos hasta 2013. La economía es economía política. No se puede comprender los mecanismos económicos, si se omite en el razonamiento la participación del Estado, los grupos sociales y las luchas que los animan. La mundialización no siempre es culpable de la concentración de los ingresos obser-vada. Lo es cuando el Estado se borra y da lugar al libre funciona-miento del mercado. Pero es menos culpable cuando el Estado impone una política redis-tributiva, desarrolla una política social consecuente, afirma una política industrial con el objetivo de integrarse activamente en la división Internacional del Trabajo. En América Latina, las políticas sociales se han desarro-llado en muchos países. Ello explica en parte la moderación del aumento de las desigualdades, e incluso su estabilidad en niveles cier-tamente elevados. La falta de política industrial explica su no preparación para los golpes de la economía mundial y pone en evidencia su muy alta vulnerabilidad. En Asia, en China más particularmente, el Estado es particularmente activo salvo en un ámbito: el merca-do de trabajo, esto es lo que explica hoy los límites de su modelo durante una deficiencia relativa del consumo interno. En los países avanzados, los efectos del liberalismo son importantes: desindustrialización generalmente. desregulación del mercado de trabajo, desafiliación de una parte importante de los trabajadores por consecuencia una pérdi-da de consciencia de pertenecer a una clase social. En esos países, parece que la elección se reduce a una alternativa. Preservar un poco, y por un tiempo, una serie de logros sociales (man-tenimiento relativo de los salarios y los servicios públicos) con el precio a pagar de un aumento de la tasa de desempleo tanto más elevada que la nueva revolución industrial y la utilización de los equipos de cada vez más informatizados parecen poco creadores de empleo. O bien ba-jar considerablemente los salarios y cuestionar los servicios públicos, con la consecuencia de una tasa de desempleo poco elevado pero empleos creados poco productivos y de baja califi-cación. En este último caso, la tasa de crecimiento puede ser algo más elevada que en el primer caso, pero este mayor crecimiento es fuente de un po-tencial de crecimiento baja. En los períodos de crisis como la que atravesamos desde hace algunos años, la dimensión polí-tica está más que nunca presente. La opción es entre globalización sinón-imo de liberalización de todos los mercados o globalización controlada por las políticas in-dustriales activas, las polí-ticas sociales agresivas y necesarias. Esta última abre el cami-no a las utopías matrices fundado-ras y no regresivas.

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PARTE

DA

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Políticas sociales, instituciones y sujetos post-crisis del 2001.

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6CAPÍTULO

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Avances de investigación en relación a la problemática de la

“Desigualdad educativa en contextos de

obligatoriedad de la escuela media”,

abordada desde los enfoques críticos del campo de la Sociología de la

Educación1 .

Dra. Marcela Leivas2

1 Trabajo presentado en las II JORNADAS sobre ESTADO, POLITICAS SOCIALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES. DEBATES LATINOAMERICANOS. Organizado por el Grupo de Investigación PROIEPS, de la Facultad de Ciencias Humanas-UNICEN, el 29 y 30 de Octubre de 2018. 2 CONICET-PROIEPS-FCH-UNICEN

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Presentación

Con el objetivo de indagar científicamente el comportamiento de la escuela media en la Argentina y en provincia de Buenos Aires se han desarrollado una serie de proyectos de investigación que buscan socializarse con la aspiración de enriquecer las posibilidades investigativas de las perspectivas críticas de la Sociología de la Educación. En esta oportunidad se presentan los avances de un ejercicio de investigación que busca indagar la realidad social/educativa en su doble existencia estructural e interacti-va. Siguiendo las recomendaciones del enfoque “estructural-genético” de Pierre Bourdieu (2005) se abona a la construcción de un conocimiento crítico capaz de conocer la comple-jidad de la realidad educativa, en su génesis y en su doble existencia, desde sus dinámicas contradictorias, dialécticas, materiales y simbólicas. El proceso de investigación, aún en desarrollo, se presenta aquí en tres momen-tos, el primero la construcción de una cartografía estructural, que permitió identificar tendencias estructurales del comportamiento de la matrícula en el nivel medio y se siste-matizó en un informe de Tesis Doctoral titulada Desigualdad Educativa en contextos de obligatoriedad de la Educación Secundaria. Un estudio sobre el comportamiento de la matrícula y los indicadores de eficiencia interna en el país y en la provincia de Buenos Aires durante el período 2001/2015, donde se interpretan las condiciones estructurales que caracterizan algunas de las tendencias a la desigualdad educativa en el nivel medio nacional y bonaerense. La segunda etapa, es la que esta en proceso, y cuyos avances se presentan en este artículo, que intenta indagar la dinámica interactiva de la escuela me-

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dia, tomando a la “trayectoria de los jóvenes” como objeto de estudio, pero partiendo de las orientaciones que aquellas tendencias estructurales mostraron como condiciones de posibilidad de la práctica escolar. Finalmente, en una tercera etapa, para la cual, aún resta el trabajo anterior, se propone poner en diálogo los momentos anteriores, y poder establecer hallazgos que den cuenta de un conocimiento fundado sobre el fenómeno de la desigualdad educativa en la escuela media en la contemporaneidad. Siendo así, aquí se presenta el camino de investigación, que, para este artículo sido estructurado de la siguiente manera, en principio se desarrolla una breve referencia a las concepciones teóricas y metodológicas desde las cuales se interpreta y guía el proceso, luego, se sistematizan los hallazgos de la investigación doctoral en tanto son el cimiento a partir del cual se propone continuar el proceso de investigación, a continuación, tomando como referencia los hallazgos presentados anteriormente se presentan las hipótesis de trabajo seleccionadas para la indagación de las trayectorias de los jóvenes en su dimen-sión interactiva, para finalmente concluir sobre el sentido y la importancia de este trabajo para el desarrollo del campo de la Sociología de la Educación en su concepción crítica.

1. Perspectiva teórica y metodológica desde la cual se interpreta y guía este proceso de investigación Este marco teórico y metodológico se inscribe en el enfoque “estructural genético” de Pierre Bourdieu, el cual se “rechaza la división entre objeto y sujeto, intención y causa, materialidad y representación simbólica” (Bourdieu y Wuaqcuant, 2005: 29) proponién-dose finalmente, más que una teoría, un método sociológico. Desde esta perspectiva, cualquier elemento que pretenda conocerse debe estudi-arse asumiendo el desafío metodológico de conocerse en su doble objetividad, por un lado, expresar una “física social”, como una estructura objetiva “cuyas articulaciones pueden ser materialmente observadas, mensuradas y cartografiadas independientemente de las representaciones que se hagan de ella quienes la viven” (Bourdieu y Wuaqcuant, 2005: 32), aquí son útiles las herramientas como las estadísticas, pues permiten decodificar “la par-titura no escrita según la cual se organizan las acciones de los agentes (…) y averiguar las regularidades objetivas a las que obedecen” (Bourdieu y Wuaqcuant, 2005: 33). Y, por otro lado, conocer la dinámica que da origen a la información “el producto emergente de las decisiones, acciones y cogniciones de individuos consientes y alertas, a quienes el mundo se les presenta como inmediatamente familiar y significativo” (Bourdieu y Wuaqcuant, 2005: 34-35). En otras palabras, desde esta perspectiva el universo social posee estructuras que “son dos veces existentes”, en principio en “la objetividad de primer orden, constituida por la distribución de recursos materiales y medios de apropiación de bienes y valores”, se entiende al respecto que la realidad no es solamente compleja, sino también estructurada, jerarquizada y que hay que dar la idea de esta estructura, si se quiere conocer al mundo en toda su complejidad y al mismo tiempo jerarquizar y articular reconstruir relaciones y ordenamientos sociales, y en segundo lugar “en la objetividad de segundo orden bajo la forma de sistemas de clasificación, esquemas mentales y corporales, que funcionan a manera de patrones simbólicos para las actividades prácticas” (Bourdieu y Wuaqcuant, 2005: 32). Por otro lado, desde esta perspectiva también se entiende que la información de-berá reconstruirse en su “génesis”. Según Pierre Bourdieu (1996), “la sociología plena-mente realizada deberá considerar como variable de análisis, la historia de las estructur-

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as” (Bourdieu P. 1996:51). Esto no supone el desarrollo de una mirada historiográfica, sino la reconstrucción de un espacio geográfico, donde se recupere la génesis de las luchas, tensiones, contradicciones, reformas, y/o transformaciones fundamentales que hacen del espacio geográfico lo que es.

Según Pierre Bourdieu

“Se trata de hacer una historia estructural que encuentre en cada estado de la estructura a la vez el producto de las luchas anteriores para transformar o conservar la estructura, y el principio de las transformaciones ulteriores, a través de las contradicciones, las tensiones, y las relaciones de fuerza que las constituyen” (Bourdieu, 1996: 51)

Para un abordaje estructural, la noción de “campo” permite establecer, identificar, y/o develar el camino a seguir para conocer cuál es la “configuración de fuerzas” que de-terminan la “posición” de los agentes en el “espacio social”, y a partir de allí caracterizar sus relaciones y la génesis de sus relaciones (Bourdieu, 1996). Según Pierre Bourdieu, un “campo” refiere a una serie de “microcosmos sociales relativamente autónomos, es decir, espacios de relaciones objetivas que son el sitio de una lógica y una necesidad específica e irreductible” (Bourdieu y Wuaquant, 2005: 154). El “campo” es “una configuración relacional dotada de una gravedad específica que se impone sobre todos los objetos y agentes que se hallan en él” (Bourdieu y Wuaquant, 2005: 45), se presenta como una estructura de probabilidades determinada por la cor-relación de fuerzas que las relaciones de poder establecen entre sí. Al punto que conocer el fenómeno, implica conocer la correlación de fuerzas que operan en el campo y que lo afectan de manera tal que lo constituye en lo que “es”. El sistema educativo, formaría parte de lo que esta perspectiva considera como “meta-campo del Estado”, permitiendo poner en relación a la educación no solo con la forma de organización social sino también con la dimensión político gubernamental.

Según esta perspectiva el “meta campo del Estado” (2005) es, “…el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de capital, capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, policía), capital económico, capital cultural o, mejor, informacional, capital simbólico, contrac ción que en tanto tal, constituye al Estado en detentor de una suerte de meta-cap ital que da poder sobre las otras especies de capital y sobre sus detentores” (Bour dieu, 1993: 52)

Se entiende que el Estado ha acumulado a lo largo de su existencia diferentes es-pecies de capital, obteniendo como resultado “la emergencia de un capital específico, un capital propiamente estatal” (Bourdieu y Wuacquant, 2005:172). Este capital, propiamente estatal, produce poder sobre los diferentes campos que forman parte de la sociedad y so-bre las diferentes formas de capital que circulan en el. Ahora bien, el Sistema Educativo pertenece al “meta campo del Estado”, pero posee una identidad propia, una estructura institucional que funciona bajo la órbita del estado y que regula el funcionamiento de las unidades educativas sistemáticamente articuladas en la totalidad de sus expresiones. Según Pierre Bourdieu “la institución escolar contribuye

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a reproducir la distribución del capital cultural, y con ello, la reproducción de la estruc-tura del espacio social” (Bourdieu, 2008: 108). Cuándo el propio Bourdieu ha estudiado el sistema escolar, ha establecido algunos mecanismos que le son propios y le dan entidad en tanto tal.

En principio, ser un espacio de producción del “trabajo pedagógico”, según él,

“…trabajo de inculcación con una duración, suficiente para producir una for- mación duradera, o sea, un habitus como producto de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse una vez termina da la Acción Pedagógica y, de este modo, de perpetuar en las prácticas los princip ios de la arbi trariedad interiorizada” (Bourdieu y Passeron, 1972: 72)

En el caso del abordaje estructural, en este caso, el comportamiento y/o funcionamiento desigual de la escuela media en la sociedad argentina y bonaerense para el período 2001/2015, ha permitido como se considera en el siguiente apartado, ordenar los hallazgos y sus interpretaciones. A partir de él y dado el cruce de fuentes y herramientas teóricas, ha sido posible reconstruir un espacio geográfico y recuperar una génesis de tensiones contradicciones y/o transformaciones que se suceden en el “meta campo” del Estado durante el período. Ahora bien, al considerar un marco interpretativo y metodológico que permita el abordaje de la dimensión interactiva de la realidad educativa, se vuelve necesario ampliar e incorporar algunas categorías conceptuales. Es por ello que a continuación se presentan conceptos que son coherentes con el enfoque “estructural genético”, pero que son aún más potentes que los presentados en el primer apartado para conocer, no ya la dimensión estructural, sino también ahora la dimensión interactiva de la desigualdad educativa en la escuela media. Para este segundo momento de la investigación se considera un concepto central que da profunda complejidad a la noción de prácticas, el de “habitus”. Él refiere a los esquemas preceptúales y valorativos que los agentes educativos emplean para captar los objetos sociales (personas, relaciones, e instituciones). Esos esquemas, desarrollados en el curso de una biografía social y profesional orientan sus prácticas según “puntos de vista” adquiridos según la posición que se ocupa en la estructura social. (Roovers A. 2008) A partir de la teoría del “habitus” podremos reconocer si las prácticas de los agentes son coherentes con las posibilidades estilísticas de su condición de clase, de sus condiciones de existencia, pues, como agentes pertenecientes a una clase social están enfrentados a las mismas situaciones y condicionamientos. Lo anterior es posible de análisis en tanto se identifican principios generadores y organizadores de las representaciones y prácticas sociales producidos por sistemas de disposiciones semejantes. El “habitus” es “capital cultural”, por ser inculcado dentro de las posibilidades e imposibilidades inscriptas en las condiciones objetivas de vida, sus disposiciones durables son compatibles con esas condiciones de clase y pre-adaptadas a sus exigencias. La interiorización de la trayectoria social se hace a partir de las aspiraciones y la conciencia de qué es, para cada quien, posible y alcanzable. Las relaciones de sentido que se organizan a través del habitus, no son conscientes y se imponen a partir de la acción ideológica que ejerce el poder simbólico, al imponer significados e imponerlos como legítimos. La hegemonía de unos grupos sociales sobre otros arraiga en la interiorización de la desigualdad social bajo la forma de disposiciones inconscientes inscriptas hasta en el propio cuerpo.

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También se recuperan concepciones provenientes de las Teorías de la Resistencia, por ejemplo, se considera importante retomar la conceptualización de “hegemonía”, entendida como el conjunto de relaciones y procesos mediante los cuales se construye una orientación hacia determinadas estructuras de significados y de valores de la sociedad, producto de un sistema vivido de significados y valores, pues una hegemonía es una cultura. Esta noción nos permite identificar procesos constantes de recreación de la cultura, de redefinición y modificación, dado que continuamente es resistida, limitada, desafiada. Por lo tanto, como proceso vivo produce siempre sus propias formas contrahegemónicas. (Roovers, A: 2016, clase 9) Así, estas teorías, coinciden con las de la reproducción en entender a la dominación cultural y social como un proceso de reproducción sujeto a contradicciones y resistencias. Michel Apple, presenta en “Educación y Poder”, supuestos teóricos y metodológicos nodales en las teorías de la resistencia. Allí, se retoma la perspectiva que se desarrolla en el enfoque interpretativo respecto del actor social y su papel activamente creador de cultura, de significados, permitiendo acceder a la dinámica interaccional del aula. Aunque, reconocen que es limitada la explicación que producen, en tanto observan esa dinámica en los estrechos límites de las relaciones maestro – alumno, inconexa respecto del “control social” y el “poder” externos a las escuelas. Trabajos recientes del campo de la Sociología de la Educación argentina han aportado al análisis de la desigualdad educativa elementos para una perspectiva crítica, entendiendo que la estructura de desigualdad tiene un impacto simbólico en los jóvenes que la transitan, y que dicho impacto permite sostener esos procesos o legitimar esa institucionalidad, aunque con identidades o improntas propias.

Según sus aportes las prácticas escolares hegemónicas permiten que,

“…los puntos desiguales de partida se transformen, por una suerte de magia social, en déficit de aptitud individual o en carencia familiar. (…) a partir de estos discursos individualizantes, se ayuda a configurar en los sujetos una suerte de conciencia acerca de los límites, conciencia que adquiere una suerte de efecto de destino en función de marcas o sellos que tienen la apariencia de lo inevitable” (op cit, 135)

Desde esta perspectiva se ha construido la categoría de “trayectorias educativas”, según ella es necesario considerar las posiciones que los agentes ocupan en el espacio social, según la disputa que dan entre grupos sociales en el campo de las relaciones de poder, por lo que estudiar los recorridos sociales o educativos de los estudiantes implica ponerlos en diálogo con el contexto socio histórico, cultural e institucional en el que estos se desarrolla (Claudia Bracchi y María Inés Gabbai, 2009). Según Flavia Teriggi, las trayectorias escolares pueden entenderse como teóricas o reales. Las teóricas “expresan recorridos de los sujetos en el sistema que siguen la progresión lineal prevista por éste en los tiempos marcados por una periodización estándar” (Teriggi, 2009:66), las reales representan intinerarios que no siguen ese cauce teórico pues transitan de modos heterogéneos, variables y contingentes su escolaridad, y son denomidadas por la autora como “trayectorias no encauzadas” (Teriggi, 2008) Este aporte permite complejizar la lectura de los datos que aquí se presentan. Pues dichos datos dan cuenta de una “experiencia escolar” que es lineal, que se mide

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según fracasos o éxitos, y que no representa la trayectoria pedagógica de la mayoría de las juventudes, la cual según las autoras deberían observarse como experiencias educativas no lineales ni homogéneas, sino caracterizadas por la heterogeneidad. Se afirman así en la noción de experiencias y trayectorias educativas en plural (Bracchi y Gabbai, 2009). La noción de “trayectoria escolar” incorpora una concepción de tiempo histórico diferencial al hegemónicamente establecido. Es necesario reconocer un mosaico complejo donde el sujeto se va configurando a medida que avanza en el recorrido escolar. Estudiarlo implica referirse a avances, a elecciones realizadas en los itinerarios emprendidos, los retrocesos, en algunos casos, los abandonos y en otros, los cambios de escuelas, entre otras varias situaciones posibles (Bracchi y Gabbai, 2013). Dada esta ampliación del marco teórico e interpretativo desarrollado hasta aquí,

y frente al desafío de poner en relación la investigación estructural con un abordaje interactivo, se intentará a continuación identificar cuáles podrían ser las posibilidades

de abordaje desde los hallazgos realizados en la Tesis Doctoral. En otras palabras, en el siguiente apartado se colocarán los hallazgos estructurales, cimiento desde los

cuales luego si se podrán identificar líneas de abordaje capaces de analizar las prácticas cotidianas en un conjunto de instituciones educativas del nivel medio.

2. Hallazgos Tendencias estructurales de la Desigualdad Educativa en la Educación Secundaria para el período 2001-2015. Como ya se adelantara en la introducción de este artículo aquí se sistematizan los hallazgos de la investigación doctoral en tanto son el cimiento a partir del cual se propone continuar el proceso de investigación. Se recuerda que dicha tesis doctoral fue denominada, “Desigualdad Educativa en contextos de obligatoriedad de la Educación Secundaria. Un estudio sobre el comportamiento de la matrícula y los indicadores de eficiencia interna en el país y en la provincia de Buenos Aires durante el período 2001/2015”, y permitió establecer una serie de elementos característicos sobre el comportamiento de la matrícula en el período denominado “neodesarrollista”. Al respecto en principio se recupera el 2001 como el momento histórico en que entra en crisis no solo un modelo económico, sino y fundamentalmente, un modelo político. En un contexto de profunda crisis de legitimidad política, los poderes dominantes pierden capacidad de construcción de hegemonía, y se vuelve prioritario un cambio de estrategia en la gobernabilidad del país. La crisis del 2001 implicó la metamorfosis de las “formas de gobierno” que habían hegemonizado al “meta campo” del Estado durante la década de los 90´, dado un acumulado de malestar, producido, entre otros determinantes, por la configuración de una política de estado capaz de promover procesos de desregulación, privatización, y descentralización de las funciones tradicionales del Estado. En materia educativa, este período esta hegemonizado por una perspectiva neoliberal del Sistema Educativo en su conjunto. Al amparo normativo de la Ley Federal de Educación (en adelante, LFE) de 1994, la educación se configuraba al compás de las políticas de desregulación, privatización y descentralización. Recién en el 2005 con la sanción de una nueva legislación, la Ley Nacional de Educación (en adelante, LNE), donde comienzan a recuperarse algunos elementos como la concepción de derecho a la educación y el aumento sistemático del presupuesto educativo. Aun así, el comportamiento de la Tasa Bruta de Cobertura de la Educación Secundaria para el período pos 2001, indica la existencia de una caída de la cobertura,

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sutil a nivel nacional, donde se pasa del 88,72% en el 2001 al 87,27% en 2010, y aguda en la Provincia de Buenos Aires que cae un 9.49%, pasando del 97,46% al 87,97%, respectivamente. Al diferenciar el comportamiento de la cobertura de la Educación Secundaria por Ciclo, se corrobora que la anterior caída no se registra para ambos ciclos, sino que solo se presenta en el Ciclo Orientado. El Ciclo Orientado cae fuertemente en ambas jurisdicciones de 74,48% en 2001, a 66,47% en 2010 a nivel nacional, y del 87,97% al 67,87% a nivel provincial. Por su parte, el Ciclo Básico además de superar el 100% tanto en un período como en otro y para ambas jurisdicciones, aumenta entre el período 2001 y el 2010, yendo de 102,36% a 108,14% a nivel nacional, a 106,48% a 108,14% a nivel provincial. Lo anterior permite inferir, por un lado la existencia de un proceso de “selección” en el paso de un ciclo a otro, donde según se observa en los porcentajes hay una pérdida de cobertura importante, que se registra para ambas jurisdicciones y para ambos períodos, lo cual permitiría inferir que este comportamiento es una tendencia estructural del Sistema Educativo Argentino y del SEB que se mantiene durante la crisis 2001 y con posterioridad a la misma. Por otro lado, lo anterior también permite inferir la convivencia de dicha “selectividad” con otros mecanismos, pues para los mismos períodos se registra un aumento de la cobertura del Ciclo Básico que incluso supera al 100% de sus posibilidades, y en el período intercensal 2001-2010 registra un aumento de su cobertura en 5.78% a nivel nacional, y en 1.66% en la provincia. Siendo así, se indica la existencia de un Ciclo Básico con mecanismos estructurales que suponen el cumplimiento del imperativo vigente de la obligatoriedad (según la LFE y LNE), e incluso lo supera, generando mecanismos de “retención”. Ahora bien, frente a los anteriores hallazgos, podría pensarse que existe un Sistema Educativo (en adelante, SE), y específicamente un nivel secundario, enfrentado con un problema estructural evidente, la convivencia de estructuras con tendencias a la obligatoriedad, con fenómenos de “retención” y consiguiente “selectividad”, que incluso se agudizan en un contexto de recuperación política y económica. Una tercera característica que surge del análisis de estructuras de la Escuela Secundaria (en adelante, ES) para el período intercensal, es la continuidad de un proceso, que ya en la década de 1980 consideraba Cecilia Braslavsky, como la “desarticulación” del nivel secundario. Aquel fenómeno donde se registran hacia dentro del sistema diferencias verticales, donde cada nivel, o en este caso, cada ciclo puede funcionar como un coto cerrado, aislado de los restantes niveles. Donde lo que pasa en el Ciclo Básico parece no definirse en consonancia con lo que sucede en el Ciclo Orientado. Ahora bien al caracterizar la composición de la Matrícula por sector público y privado para ambos períodos, 2001 y 2010, se observa un sector que cae y otro que crece. El primero es el sector público, el segundo es el sector privado. El sector público cae en el período intercensal, para la nación en un - 0.77% y en la provincia en un - 2.26%. El sector privado aumenta un 0,76% en la nación, y un 1.26% en la provincia. Hasta aquí la hipótesis que surge es que en un período de recomposición política y económica parecen profundizarse mecanismos, que dan cuenta de un proceso que algunos autores llaman de “segregación” (Vázquez, 2012). Esto es, de separación de la población estudiantil en establecimientos que en este caso se diferencian por su forma de gestión. Quizás al mejorar sus posibilidades económicas algunos sectores de la población, elijan diferenciarse del sector público, en este caso, en lo que respecta a sus trayectorias educativas. Al considerar estas diferencias en el comportamiento por sector, podría pensarse en la existencia de mecanismos latentes de privatización, proceso acompañado por

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las jurisprudencias del momento. Pues, la diferenciación por sector es reafirmada en la LFE y la LPE, donde los intereses del sector privado terminan siendo reconocidos y fortalecidos, pasando a formar parte de la “gestión pública” del SE. Introduciendo no solo a las religiones inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, sino también a fundaciones y empresas, como ámbitos posibles en donde transitar por la escuela secundaria. La sanción de la LNE en el 2006, en un contexto de recuperación política y económica, establece la necesidad de institucionalizar nuevas concepciones sobre el SE nacional y provinciales, incorporando elementos importantes a tener en cuenta para caracterizar la relación de consenso entre el SEA y el período neodesarrollista, manteniendo aspectos como la diferenciación entre público y privado, ampliando incluso a otras instancias la segunda opción, pero promoviendo la obligatoriedad de la escuela secundaria, la extensión de la educación inicial, la ampliación de la jornada de clase, la unificación de la estructura del sistema, el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de gobierno, reconociendo el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información, la asignación de recursos para programas de equidad y la compensación de desigualdades, entre otros elementos. En esta tesis también se analizaron los Indicadores de Eficiencia Interna, ellos permiten “evaluar el movimiento de alumnos y su trayectoria escolar entre dos años lectivos consecutivos. Estos indicadores se obtienen por la aplicación del “Método de flujo de Alumnos” (DGCyE, 2007), y suponen la medición de: tasa de abandono interanual 1, tasa de promoción efectiva2 , y tasa de repitencia3 . Dichos indicadores se analizaron por sector y por ciclo, y se identificó que hay una Tasa de Repitencia con una importante diferenciación entre el sector privado y el sector público. Por ejemplo, la repitencia es tres veces mayor en la educación pública que en la educación privada, la Tasa de Abandono Interanual es dos veces mayor en el Ciclo Básico del sector público, y tres veces más en el Ciclo Orientado del sector público, que en el privado, y la Tasa de Promoción Efectiva es 20% más alta en el sector privado. Estos datos dan cuenta de la implicancia de la “segregación” y/o tendencia a la “privatización”, y la posible agudización de la “fragmentación” de la experiencia escolar que esta conlleva. Pues se estarían construyendo experiencias profundamente diferenciales de “repitencia”, “sobreedad” o “abandono” según el sector educativo por donde se transite.Ahora bien, un elemento a resaltar y que surge del análisis de los Indicadores de Eficiencia Interna diferenciado por sector y por ciclo para la provincia de Buenos Aires, es que la racionalidad diferenciada por ciclo donde se identifica en el Ciclo Básico una capacidad de contención y en el Ciclo Superior un fenómeno selectivo, es común tanto para el sector público como para el privado. En ambos sectores se produce el fenómeno donde el Ciclo Básico tiende a la “retención” y el Ciclo Superior a la “promoción efectiva”. Se repone la hipótesis de la “desarticulación” entre ciclos, la cual no necesariamente obedece a un proceso “selectivo” en el paso de un ciclo a otro, sino a la existencia de racionalidades diferentes en la circulación por uno u otro ciclo. Es importante mencionar que en los últimos años del período de análisis, entre

1 Expresa el porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año lectivo en ningún año de estudio. Es posible calcular una tasa total y/o por año de estudio. Muestra, en términos relativos, el volumen de los alumnos que abandonan el sistema educativo entre dos años consecutivos y no vuelven a matricularse al año lectivo siguiente (DGCyE, Serie Indicadores, 2014)2 Es el porcentaje de alumnos matriculados en un año de estudio de un nivel y/o modalidad de enseñan-za en particular, que se matriculan como alumnos nuevos en el año de estudio inmediato superior de ese nivel o modalidad, en el año lectivo siguiente. (DGCyE, Serie Indicadores, 2014)3 Es el porcentaje de alumnos que se matriculan en el mismo año de estudio en el año lectivo siguiente. Es posible calcular una tasa total y/o por año de estudio. (DGCyE, Serie Indicadores, 2014)

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el 2012 y 2015 se establecen una serie de Resoluciones del Consejo Federal de Educación4 , que parecen tener un impacto en el aumento de la Matrícula y el mejoramiento de los Indicadores de Eficiencia Interna para este período. Las mismas están dando cuenta de posibles buenos resultados dada la implementación de una serie de “ecualizadores” (Braslavsky, 1985) por parte del gobierno. Es bueno recordar que ya la propuesta normativa de ampliación de la obligatoriedad, tanto la LFE, como la LNE, parten de considerar la existencia de procesos de desigualdad educativa y en este sentido de limitaciones al cumplimiento de la obligatoriedad escolar, y que en este sentido se proponen, en la LFE, una serie de programas, que en su Artículo Nº 64, denomina “programas especiales de desarrollo educativo”, y la LPE en su Artículo Nº 18, considera “programas asistenciales de salud, alimentación, vestido, material de estudio, y transporte”. Por su parte el plexo normativo de reformas iniciado en 2006, continúa, como ya se ha planteado, con la aspiración de ampliar la obligatoriedad extendiéndola a la totalidad del nivel secundario, y previendo para ello, en el Artículo Nº 79 de la LNE “políticas de promoción de la igualdad”, y en LEP en su Artículo Nº 108 “políticas de inclusión y promoción de la igualdad educativa”. Lo llamativo es que dichas políticas que podrían calificarse como “ecualizadores” de los efectos de la DE, parecen tener efecto en un contexto posterior a la sanción del segundo período de reformas, específicamente de forma posterior a la crisis de gobernabilidad que se registra desde el 2008 en adelante. Posterior a la crisis del 2008, y como estrategia de recomposición de la gobernabilidad comienzan a implementarse una serie de políticas con efectos puntuales en el ingreso, permanencia y egreso de la educación. Entre ellas, la Asignación Universal por Hijo. Frente a este escenario las Resoluciones se proponen, además de diferentes mecanismos como los “planes mejora”, o los “acuerdos de convivencia”, para trabajar en la continuidad de las trayectorias, garantizar o regularizar diferentes recorridos y/o trayectorias por el nivel según diferentes organizadores. Según la Resolución 84/09 esto supone, legitimar diferentes recorridos según la estructura curricular y la carga horaria, recorridos donde se enseñan saberes vinculados a otros campos de conocimiento, y recorridos con ampliación a experiencias como los Centros de Actividades Juveniles (Ver Resolución 103/10) Hasta aquí, se evidenciaría un proceso de re-centralización de la política, que a partir de generar “ecualizadores” (Braslavsky, 1985) promueve la ampliación de la obligatoriedad, aunque sosteniendo en términos estructurales una estrategia de “fragmentación” de los circuitos de tránsito, que dado el marco teórico e interpretativo no puede dejar de pensarse en relación con el nuevo esquema de alianzas que se propone el gobierno pos crisis del 20085 .

4 En materia educativa desde el 2008 en adelante se sancionan una serie de Resoluciones que buscan afectar específicamente al sector público o el sector privado con subvención completa (Ver, Resolución Nª 88/09), de la educación secundaria. Entre sus características generales sobresalen el reconocimiento de profundas vulnerabilidades en los adolescentes, pero también la existencia de fragmentación insti-tucional, y problemas de convivencia escolar.5 En Argentina, entre el 2008 se entra en una crisis política dada la conformación de la “mesa de enlace” y del “lock-out” patronal del campo. Este período tiene como contexto la crisis internacional desatada entre el 2007 y 2008, donde se genera un proceso de la contracción del comercio internacional y la de-saceleración de la economía global. En este contexto internacional, el gobierno propone aumentar las retenciones al campo, lo cual genera tal conflicto que se resuelve elevando un proyecto de resolución a una ley del Congreso de la Nación. Políticamente el dato más relevante fue el quiebre del frente político del propio gobierno. Allí, un bloque de poder rompe abiertamente el consenso, se moviliza contra el gobierno quebrando las relaciones de poder al interior de las clases dominantes. Esta etapa se car-acteriza por la recomposición, pos derrota en el Congreso, de un eje fundamental de la estructuración de la política neodesarrollista, la apropiación estatal de la renta de la soja.

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Lo llamativo es que dichas políticas “ecualizadores” parecen tener efecto en un contexto posterior a la sanción del segundo período de reformas del 2005, específicamente de forma posterior a la crisis de gobernabilidad que se registra desde el 2008 en adelante. Por otro lado, de las anteriores afirmaciones surge la posibilidad de pensar que la caída de la matrícula del sector público en contextos de reconstrucción política y económica, estaría dando cuenta de que la población en estos contextos “neodesarrollistas”, no priorizaría su participación en el SE, como sí lo hace en contextos de crisis. Seguramente aquí operen numerosas mediaciones, pero también es probable que esta inferencia permita guiar la búsqueda de las mismas, por ejemplo pensando, que si la caída en la matrícula pública es especialmente en el Ciclo Orientado, existe la posibilidad de que esto se deba a que los jóvenes acceden, entre otras cuestiones, durante el período a posibilidades laborales, precarizadas quizás, que en el momento de crisis no accedían. Al respecto podría inferirse que en un contexto de recuperación económica los mecanismos de “segmentación” parecen flexibilizarse, pues un porcentaje de la población parece elegir para continuar con el Ciclo Superior de su educación al sector privado, momento donde se observa el proceso de selectividad antes mencionado. Llama la atención que el mismo flujo se corte en el 2009, período de crisis económica y política en que el gobierno comienza a definir una nueva estrategia de hegemonía, que también parece evidenciarse en materia educativa, a partir de una serie de resoluciones del Consejo Federal de Educación que tienen como objetivo principal mejorar los IEI del Ciclo Orientado de la ES pública. Ahora bien, hasta aquí se han identificado características estructurales que atraviesan al SEA y al SEB durante el período 2001-2010, y características que parecen agudizarse en la coyuntura específica pos 2001, que ha sido denominada como “neodesarrollismo”. En cuanto a las características estructurales, se identifican tendencias a la “selección”, “retención”, “desarticulación”, “segregación” y “segmentación”. En cuanto a las características coyunturales, se observan procesos que agudizan o flexibilzan a las primeras, por ejemplo mayor “selectividad” en el paso de un Ciclo a otro, mayor “retención” del Ciclo Básico, menor “segmentación” por la existencia de flujos de circulación de la población escolar de un sector a otro, y mayor “segregación” por un aumento de porcentaje de población que accede al sector privado. Anticipando este escenario, ya en 2002 Gabriel Kessler se preguntaba, ¿aumentará la fragmentación del sistema, ya que los sectores en mejores condiciones relativas se nuclearán en los colegios que consideren de mayor calidad mediante mecanismos formales e informales de segregación? O, por el contrario, ¿habrá un aumento de la homogeneidad social por la vuelta de sectores que antes habían abandonado a esas escuelas? (Kessler, 2002: 109-110). Al respecto los datos estructurales analizados parecen indicar que la respuesta mas pertinente a estos cuestionamientos es la tendencia a la “segregación”, que también podría estar aportando a profundizar lo que el autor denomina “fragmentación” de la experiencia escolar.

3. Consideraciones para un abordaje interactivo de la Desigualdad Educativa

Los hallazgos estructurales antes presentados permiten identificar la existencia de una racionalidad propia en el vínculo entre el sistema educativo nacional y bonaerense con el funcionamiento del “meta-campo” del Estado para el período 2001-2015. Vínculo que se considera ordena y enmarca la indagación de las “trayectorias educativas” (Bracci y Gabbai, 2013) desde una perspectiva dinámica o interactiva.

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Retomando lo hasta aquí presentado, se considera que los hallazgos estructurales en relación a la “segmentación” “selección” “segregación” y “desarticulación” tienen una dimensión práctica, esto es, se producen también a partir de una cotidianeidad escolar, cuyas características generales se expresan en sus límites estructurales, límites a las posibilidades de acción puestos en tensión permanente con prácticas que interpelan y se disputan permanentemente la legitimidad simbólica y práctica de dichas estructuras. Ahora bien, dicho interjuego dinámico y estructural no es evidente. Siguiendo los principios teóricos antes esbozados podríamos decir que aparecen pero invisibilizados, ocultos detrás de fetiches que determinan lo que sí es posible hacer y lo que no es posible hacer. Lo importante de esto es que, esa dinámica de invisibilización es la que permite que las propias estructuras se instalen en el tiempo, cómo a partir de naturalizarse, logrando producirse y perduren en el tiempo. Aparece aquí, como hipótesis, lo que Adriana Puiggrós (1980) plantea con respecto al ejercicio de hegemonía en la escuela, donde a partir del ejercicio de dispositivos hegemónicos se adecua la simple particularidad diferencial y se expulsa lo que realmente propone una interpelación. Siendo así, la pregunta que permitirá identificar las variables de observación que mejor den cuenta de la dimensión interactiva del fenómeno educativo es, ¿Qué mediaciones se identifican entre la cartografía estructural antes presentada y la cotidianeidad escolar? Esta pregunta guía el inicio de una indagación metodológica de corte específicamente cualitativo que será profundizada con el avance de la investigación. Es importante explicitar que enfrentar un trabajo investigativo de estas características implicará reconocer un límite fundamental, los datos estructurales identifican tendencias nacionales y provinciales, y los datos cualitativos apenas caracterizaran a una localidad, la ciudad de Tandil , por lo tanto hablará de lo que sería “un estudio de caso”. Pero se espera que dicho trabajo sirva de ensayo para fundamentar la proyección de una investigación que abarque, al menos la región XX a la que pertenece la ciudad de Tandil. Ahora bien, intentando avanzar en identificar acercamientos a la respuesta inicial sobre qué mediaciones considerar entre las condiciones estructurales y las prácticas cotidianas, y entendiendo la concepción ordenadora de la cartografía estructural, debería sí diseñarse una muestra de instituciones que representen la expresión local de la escuela media en sus variantes institucionales. Dicha muestra debería considerar en principio al sector público y al sector privado, e intentar acceder a la complejidad institucional de cada sector, por ejemplo construyendo una matriz donde queden expresadas las características comunes y diferenciales entre instituciones del mismo sector, considerando como variables la ubicación territorial, la modalidad, el tipo de subvención, y algunas características cuantitativas como matrícula y cantidad de secciones por ciclo. A partir de allí, seleccionar en función de las posibilidades que el propio sistema y el tiempo de investigación permitan, una serie de instituciones para relevar datos ahora sí cualitativos sobre las dinámicas escolares. Ahora bien, ¿Cuáles dinámicas conviene observar, teniendo en cuanta lo trabajado hasta el momento? Aquellas que permitan identificar la racionalidad práctica en relación al tránsito de los jóvenes por la escuela media en general, y específicamente por uno u otro ciclo. Se tomará como eje de indagación a las prácticas juveniles, pues tanto la matrícula, como la repitencia, el abandono interanual y la promoción efectiva tienen a un único protagonista, el joven. Aunque las ciencias de la educación nos indica que estos comportamientos obedecen a dinámicas también institucionales, aquí se propone como hipótesis metodológica que, a ellas, a estas mediaciones, accederemos a partir de observar al sujeto joven.

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Las primeras variables de indagación, aquellas que permitirán guiar en un primer momento el trabajo de campo, se desprenden de los hallazgos estructurales, y se espera que sean refinadas y ajustadas en función de la observación de las dinámicas escolares a partir del propio ejercicio de relevamiento de datos. Dichas variables buscarán identificar las mediaciones antes consideradas, apuntan a identificar, “trayectorias educativas” prácticas según ciclo básico y ciclo orientado, prácticas según sector público – privado, “ecualizadores” propuestos por el gobierno para sostener la escolaridad, y además relevar alguna información con respecto al capital social y cultural de los jóvenes y su aspiración en relación el mercado laboral.

Para indagar estas variables se proponen una serie de herramientas metodológicas, entre ellas: 1. Encuesta individual que releve información básica sobre sus trayectorias sociales y escolares. La misma constará de dos partes, la primera, cerrada. En tanto permita dar cuenta de una caracterización general que permita rápidamente hacer explícitos elementos como edad, género, sector socioeconómico, acceso a programas sociales, tránsito por el sistema educativo, y vínculos con el mercado laboral. Se indagará sobre la relación del joven con la institución y sus propuestas curriculares y ocultas. Se indagará sobre las expectativas de los jóvenes en relación a su escolaridad, y con el futuro laboral. 2. Guía de observación que oriente la mirada en el trabajo de campo: a. La interacción cotidiana entre los jóvenes y la institución. Momentos importantes de las jornada, observar allí el comportamiento de la institución, los jóvenes y lo que resulta del intercambio. Entrada, recreos, trabajo en el aula, actos, salida. b. Espacios de circulación institucional. Cómo atraviesa la significación de los jóvenes el espacio institucional, los baños, los pasillos, las aulas, los bancos, cómo lo habitan, en soledad, en grupos, hablando, jugando, interactuando. c. Practicas pedagógicas como se enseña y aprende en la institución, tanto el conocimiento formal como informal, cuàles son las dinámicas de trabajo, como se construyen. d. Espacios de identidad juvenil, centros de estudiantes, grupos de pares, espacios de recreación, 3. Estrategias de narración. Construir un relato en base a alguna experiencia buena y alguna experiencia mala en la escuela. Alguna situación donde ellxs hayan sido protagonistas y se hayan sentido bien y mal. 4. Entrevistas grupales (grupos focales) a jóvenes que habitan las instituciones educativas. a. Como significan el paso de un ciclo a otro. b. Como significan las disposiciones institucionales y como se proponen a atravesarlas, en función de qué dispositivos. a. Cómo se significa la trayectoria escolar según el ciclo y/o según el sector. Que implica repetir, permanecer o abandonar en un sector como en el otro, en un ciclo o en otro. Luego de relevada esta información, se procederá a un ejercicio de “codificación”. Este proceso proveniente de la perspectiva cualitativa, permite captar la realidad y el sentido del fenómeno de estudio realizando: interpretaciones en proceso, lecturas teóricas de las situaciones, codificaciones, identificación de dimensiones para describir la racionalidad de

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las prácticas de los trabajadores escolares, etc. Finalmente, se “triangularán” las fuentes de datos, buscando realizar un ejercicio de confrontar y someter a control recíproco relatos, observaciones y perspectivas permitiendo obtener una comprensión más profunda y clara del escenario y de las personas estudiadas.

4. Conclusiones: el sentido de investigar en la doble dimensión estructural e interactiva.

Hasta aquí se fundamentan una serie de hipótesis de trabajo, específicamente metodológicas, que serán la base a partir de la cual continuar un proceso de investigación que, como se planteaba en el inicio tiene tres momentos, y que en el presente busca conocer el fenómeno de la desigualdad educativa en un contexto de obligatoriedad del nivel medio, en su dimensión interactiva y en su expresión a nivel local de la ciudad de Tandil. El aporte sustancial de este trabajo, radica que expresa una hipótesis metodológica enmarcada en el enfoque estructural – genético, cuya novedad se expresa en el desafío de que sea el conocimiento estructural, quien enmarque y dé sentido general al conocimiento interactivo, cuestión que ameritará toda otra exploración, en relación a dejar bien establecidas en qué condiciones los datos serán articulados/ triangulados. Se espera que este trabajo sea un aporte al campo de la Sociología de la Educación, específicamente a sus enfoques críticos, y que sea un elemento mas para superar el reduccionismo que muchas veces ahoga al campo en su potencial de desarrollo disciplinar, pero especialmente científico, en este caso, abordando un fenómeno tan actual como apremiante: la Desigualdad Educativa.

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7CAPÍTULO

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Los programas socio-productivos y los procesos autogestionados de trabajo

en la “economía social”: materialidades y sentidos1.

Marisa Tomellini2

1 Trabajo presentado en las II JORNADAS sobre ESTADO, POLITICAS SOCIALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES. DEBATES LATINOAMERICANOS. Organizado por el Grupo de Investigación PROIEPS, de la Facultad de Ciencias Humanas-UNICEN, el 29 y 30 de Octubre de 20182 PROIEPS-FCH-UNICEN.

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Cursando actualmente el Doctorado en Trabajo Social en la Facultad de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de La Plata, me encuentro en el proceso de elaboración de la tesis, y en este sentido me propongo indagar acerca de la relación entre políticas sociales y trabajo autogestionado, en el periodo 2003-2015. La forma en que se materializa esta relación en el marco de la intervención social del Estado argentino, es la concreción de distintos programas socio-productivos, que se plasman en lo local-municipal. Este trabajo académico es continuidad de uno anterior, realizado para obtener el título de Magister en Trabajo Social, también en la UNLP, cuyo propósito era analizar las relaciones existentes entre trabajo, ingresos y programas sociales, en la Argentina de comienzos del siglo XXI, particularmente el caso de implementación desde la Municipalidad de la ciudad de Tandil del Plan “Manos a la Obra”, del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. En esa investigación, el análisis quedo circunscripto a lo escrito, a lo dicho plasmado en distintos documentos oficiales, lo cual no permite mostrar en su totalidad el movimiento y el proceso, por eso ahora el objetivo es poder reflexionar acerca de cómo es entendido y pro-ducido el trabajo autogestionado en este principio de siglo, pero desde las y los productores/trabajadores. Conocer, desde sus propias percepciones y representaciones, acerca de las prác-ticas socio-productivas que construyen: qué se realiza?, en qué condiciones?, cómo y con qué recursos?, y fundamentalmente, por qué y para qué?. La propuesta es indagar en experiencias concretas, y el foco esta puesto en aquellos proyectos productivos autogestionados surgidos y/o “sostenidos” por programas sociales, en-marcados en la “economía social”. Estos programas socio-productivos refieren a “apoyos”1 a proyectos individuales de autoempleo, a emprendimientos mercantiles de familias o pequeños grupos asociativos, la creación y desarrollo de cooperativas y encadenamientos productivos, hasta el sostenimiento de fábricas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores. Una política social que a prin-cipios del 2000 aparece de manera residual, luego emerge con fuerza, y perdura en el tiempo hasta entrada la segunda década del siglo XXI. A continuación, se plantean algunos lineamientos teóricos-metodológicos de esta in-vestigación en curso.

I.- Primeramente es importante aclarar que no se está analizando el trabajo sólo restringido al trabajo material, sino éste unido a las formas asumidas por las relaciones sociales que le dan sustento. Las formas de organización del trabajo y la participación en sus “frutos”, en el marco del proceso de producción mercantil capitalista, están condicionadas

1 Fundamentalmente capacitaciones, transferencias monetarias para el pago de fuerza de trabajo y/o financiamiento (subsidios o créditos) para la compra de insumos y/o materiales.

Los programas socio-productivos y los procesos autogestionados de trabajo en la “economía social”: materialidades y sentidos.

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por la distribución de los medios de producción, y expresan formas diferentes de relación y articulación entre grupos sociales distintos2 . Es en este sentido, que la masa trabajadora 3, para la reproducción de su vida, depende de un conjunto de mediaciones que son sociales. Estas pueden tomar la forma de dinero4 , de salario5 , o de transferencias monetarias y/o de servicios y bienes en la esfera pública a través de distintos programas sociales 6. Se considera que los programas socio-productivos, al igual que el resto de las políticas sociales, son intervenciones del Estado condicionadas por el contexto histórico en que emer-gen, y, por consiguiente, expresan contradicciones, relaciones y conflictos entre distintos in-tereses sociales en un momento determinado. Por esto mismo, en su materialidad subyace siempre un posicionamiento, un rumbo, una intencionalidad política asumida por el Estado, producto de relaciones de fuerza entre los grupos sociales fundamentales. En la Argentina, en la etapa post crisis 2001/2002, ante la expulsión y/o no incorpo-ración al mercado de trabajo formal, se promueven desde el Estado políticas que proponen el trabajo autogestionado en proyectos productivos, como alternativa al trabajo asalariado. Es decir que, frente a la desocupación estructural, el Estado interviene transfiriendo diferentes recursos a personas y grupos de desocupados, o trabajadores “independientes”, para la gen-eración de proyectos productivos autogestionados o, como también se los denominan oficial-mente, de “autoempleo”.

II.- Se entiende que trabajo no asalariado no es igual a trabajo no capitalista, por lo cual se considera que el desarrollo de proyectos productivos autogestionados son procesos de trabajo con características específicas, pero en el marco de la sociedad capitalista. Como parte de las transformaciones societales producidas en las últimas décadas en la Argentina, el trabajar de manera “independiente y autogestionada”, es una de las formas que adopta el trabajo en el marco de un creciente proceso de complejización del “mundo del trabajo”.

2 Hablar de grupos sociales es reconocer las contradicciones y conflictos, antagonismos y desigualdades en torno al desarrollo de una relación fundamental: capital –trabajo. Los grupos sociales se definen y distinguen entre sí teniendo en cuenta dos dimensiones: la posición con relación a la propiedad (propi-etarios o no propietarios) y la función, vinculada a la actividad productiva. A su vez estas dos dimensiones permiten distinguir capas y fracciones al interior de los grupos sociales, las unas se tratan de cortes verticales que dividen transversalmente cada grupo social (pudiéndose distinguir 3 grandes fracciones coincidentes con las esferas en que se divide el trabajo social: agrícola, industrial y comercial, no pro-ductivo), las otras son cortes horizontales al interior de cada grupo social que refieren a las condiciones de vida (pudiéndose distinguir en cada grupo social entre capas más acomodadas y capas más pobres). (PIMSA, 2000)3 Tomando la definición que aporta Iñigo Carrera y Podesta (1997, nota a pie n°10), se considera que la masa trabajadora está conformada por “el conjunto de los que, sean o no propietarios de sus condiciones materiales de existencia, es decir sean proletarios o pequeños propietarios, reproducen su vida por su propio trabajo y son explotados o expoliados por diversos mecanismos”.4 Objeto material (papel moneda) que es el equivalente general de todas las mercancías, en el caso del productor lo recibe a cambio de los valores de uso que ofrece y vende en el mercado.5 Nombre especial con el que se designa el precio de la fuerza de trabajo. Los ingresos toman la forma de salario en caso de que el productor no sea propietario de las mercancías y de los medios de produc-ción, entonces vende en el mercado directamente su fuerza de trabajo como mercancía para producir en condiciones que le son dadas.6 Las transferencias desde el Estado están destinadas principalmente a aquella fracción de la clase tra-bajadora que no puede vender en el mercado sus productos y/o su fuerza de trabajo.

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Se considera que muchas de las personas que participan de proyectos productivos autogestionados, están incluidas en el universo del trabajo precarizado y flexibilizado, ya que en su mayoría no participan de los derechos de la seguridad social (obra social, jubilación, asignaciones familiares), o para acceder a ellos es necesario ser contribuyente con la figura de “monotributista social” , y muchas participan de los procesos de external-ización y tercerización de las empresas, trabajando en algunos casos “cautivas” para un empleador en particular, pero haciéndose cargo ellas de todos los costos de producción, incluyendo el valor de su fuerza de trabajo. Si lo restringimos a lo meramente técnico, podemos decir que el trabajo autoges-tionado es una forma de organización y de gestión de trabajo en el contexto de la produc-ción capitalista, pero los procesos autogestionados de trabajo en el marco de la “economía social” se han convertido fundamentalmente en un ámbito de disputa de sentidos. Se plantea entonces la posibilidad de discutir si estos proyectos productivos au-togestionados se desarrollan como proyectos contestatarios a las reglas del orden social capitalista, como mecanismos “adaptativos” a las nuevas relaciones laborales, o como dis-positivos de control social destinados al disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Así mis-mo, y en relación con lo anterior, si la “economía social” es un sector de refugio, implica la asistencialización del trabajo, no disputa significativamente espacios con el capital y por eso no entra en contradicción con sus intereses, o intenta ser otra forma de entender cómo se construye sociedad. Es otra economía? Es parte de la misma economía? Es un circuito útil de la economía para generar ganancias o mayores ganancias? La “economía social” aparece en el espacio público desde distintas perspectivas: como objeto de políticas públicas, como estrategia de supervivencia, reivindicación popu-lar, o como alternativa “más allá del capital”. Habitualmente se define a la “economía social”, como un subsector de la economía, comprendido por un conjunto de unidades económicas, nuclearmente cooperativas, mu-tuales y asociaciones, guiadas por principios como la supremacía del trabajo sobre el cap-ital, la finalidad de servicio más que de lucro, los procesos de gestión democrática, y au-tonomía respecto del Estado. Desde los organismos oficiales que han propuesto distintos programas socio-pro-ductivos, fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Social de Nación en el periodo 2003-2015, se considera a la “economía social” como un sector económico conformado por cooperativas, mutuales, organizaciones sociales pero también por experiencias produc-tivas individuales, familiares y/o asociativas. Un “subsector” de la economía, “diferente” al Estado y al mercado, y una “nueva forma de abordaje de la cuestión social”, si bien se aclara que “no es considerada una economía pobre para los pobres”, continuamente tanto en los registros como en las prácticas, las acciones quedan restringidas a un determinado grupo social: a los “más vulnerables” para mejorar su calidad de vida, a los “excluidos” del mercado de trabajo. En el caso específico analizado, 43 emprendimientos productivos asociati-vos comerciales a nivel local municipal, en el marco del Plan nacional Manos a la Obra (Tomellini, 2015), se puede afirmar que un programa social definido por un organismo estatal nacional como es el Ministerio de Desarrollo Social, fue promovido y ejecutado por un órgano municipal local como es la Secretaria de Desarrollo Social con el objetivo de dar respuesta institucional a una demanda social, en este caso concreto la falta de ocupación en el mercado de fuerza de trabajo (y concomitantemente de ingresos) por parte de un porcentaje de la población de Tandil, que llevaba a ésta a solicitar trabajo al municipio. Como propuesta de trabajo, el desarrollo de proyectos productivos autogestiona-dos fue “novedosa” para algunas de las personas que integraron los grupos asociativos de trabajo, ya que no poseían experiencia en este tipo de relaciones laborales. Los in-

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formes oficiales dan cuenta también que, en algunas de estas experiencias, se generaron conflictos entre integrantes de un mismo emprendimiento, ya que algunas personas “se agrupan con otras solo forzados por la necesidad de responder al requisito de asociativi-dad, más que como una elección de forma de trabajo”. También a partir del análisis de dichos informes, se puede concluir que el objetivo que se planteaba este programa social (generar trabajo de manera autónoma, y a partir de éste ingresos), no ha podido ser resuelto en un alto porcentaje, ya que varias personas abandonaron el proyecto o dejaron de realizar esa actividad laboral de manera autogestio-nada, o complementaron ese trabajo con otro que les permitiera generar ingresos, o más ingresos que los que la propia actividad les genera; y que la mayor dificultad, no deriva del proceso de producción propiamente dicho - ya que las personas que continuaron con sus proyectos tienen experiencia en la realización de los productos-, sino en la comercial-ización de dichos productos, es decir en el momento de circulación e intercambio en el mercado. A partir de lo que manifiestan aquellas personas productores/trabajadores de proyectos productivos autogestionados en el marco del “Manos a la Obra” en Tandil, lo que centralmente se prioriza es el trabajo y el trabajar como forma de vida. Así queda ex-presado:

“podemos dedicarnos a trabajar y a conseguir clientes porque sabemos que ahora les podemos cumplir”.

“Los cambios han llegado a nuestras vidas no sólo en el aspecto comercial, sino desde el lado humano…hoy puedo soñar con una vida mejor”. “Me capacitaron y me hicieron sentir dignificada como persona, pero lo más im-portante es que mis hijos están orgullosos de mi y eso no tiene precio”.

“cómo empezó?: las ganas de trabajar, las ganas de salir adelante, es bueno porque uno tiene su plata pero hay que salir a pelearla, a buscarla”.

“todo empezó a encaminarse, con el tiempo se llego, para mi es todo, es mi vida”.

“crecimiento a lo que es producción, crecimiento propio a lo que es persona, no es fácil llevar un grupo, a veces se suma la familia, es compartir, el día a día”.

“el deseo es que esto siga andando, cualquier emprendedor lo que quiere es que lo que hace llegue a buen puerto”.

“un proyecto de vida, con la seguridad de que por lo menos tenes un piso, podes proyectar y, sobre todo, que las cosas (herramientas) que vos tenes son propias, por tu propio esfuerzo, esto es importante…”. A partir del año 2003, el Plan “Manos a la Obra”, es una de las respuestas materi-ales que el Estado desarrolla ante la demanda de trabajo de un alto porcentaje de traba-jadores expulsados del mercado formal de fuerza de trabajo, convirtiéndose así en una “opción” para algunas personas que se encontraban desocupadas o subocupadas, o eran en ese momento “beneficiarias” de un programa social con contraprestación laboral. El Plan “Manos a la obra” permitió que persona/s (productor/es) puedan acceder a herramientas e insumos para desarrollar su trabajo en forma “independiente y auto-gestionada”. Trabajo independiente y autogestionado en el sentido de que los producto-

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res modifican materias primas, a través del uso de su propia fuerza de trabajo, con la utilización de medios de producción de su propiedad, para producir un bien o servicio, sin que medie una relación salarial en el proceso, y donde sus propias decisiones definen la gestión de éste. Por lo tanto, no será el salario, sino las posibilidades de vender dicho producto en el mercado, lo que les permitirá generar ingresos para cubrir todo lo relativo a su reproducción cotidiana, y la de su familia. En la mayoría de las experiencias analizadas no es una elección de las y los productores/trabajadores, sino que se ven inducidos a trabajar de manera “autóno-ma” frente a un contexto de desempleo y precarización en el mercado formal de tra-bajo, y como la única alternativa posible para generar ingresos, necesarios para vivir en una sociedad de mercado. En este caso en particular, si bien las y los productores acceden a las herra-mientas e insumos para materializar un proyecto productivo autogestionado, el de-sarrollo de éste por sí solo no implica que mejore la cantidad y calidad de los ingresos de su unidad doméstico/familiar. Estos ingresos dependen de la venta de los produc-tos, y muchos productores manifiestan la escasez o imposibilidad de comercializarlos, encontrando en el momento del intercambio las mayores dificultades. Además sus ingresos se desprenden del precio puesto al producto, y el precio de sus mercancías también está determinado socialmente, lo que los hace semejantes en sus ingresos a aquellos que generan trabajo productivo para el Capital. Se está en condiciones de afirmar que las y los productores con esta modalidad de trabajo se reproducen como trabajadores como el resto de las y los otros traba-jadores, y el hecho de que no dependan directamente del Capital mediante una rel-ación salarial, no los hace independientes del modo capitalista de producción. Para seguir indagando: el trabajo autogestionado en estos momentos históricos, es una estrategia ante la emergencia, es decir, una forma de gestionar la/su fuerza de trabajo, en un contexto de desempleo estructural y reestructuración productiva?; o una posición política y social de satisfacción de necesidades y reproducción de la vida?. La propuesta es conocer cómo es entendido y producido el trabajo autogestiona-do en este principio de siglo, haciendo foco en aquellos proyectos productivos surgidos y/o sostenidos por programas sociales, enmarcados en la “economía social”. Indagar en estas experiencias concretas los sentidos de estos procesos socio- productivos. Reconociendo que la producción y reproducción social es a la vez material y simbólica y que, como plantea Marx, no es la conciencia la que determina la vida sino que es la vida real y concreta la que determina la conciencia, las personas son partic-ipes de la/ su producción material y al cambiarla, cambian también su pensamiento y los productos de su pensamiento. Marx nos dice que “los hombres (y las mujeres) reales y actuantes son los productores de sus representaciones”. Al cambiar las condi-ciones de vida, las relaciones sociales, la existencia social de las personas, cambian también sus ideas, sus opiniones y sus conceptos, así la producción simbólica cambia y se transforma con la producción material. Por eso, y retomando el análisis, el propósito de esta nueva investigación es poder conocer desde las y los trabajadores que las producen, cómo se materializan distintas experiencias de trabajo autogestionado que estén vinculadas con programas socio-productivos, en esta ciudad de la provincia de Buenos Aires. Particularmente, ahora el interés esta puesto en conocer los fundamentos y sentidos de estas prácticas socio-productivas desde las y los trabajadores que las producen. Indagar, el “sentido vivido” (al decir de Bourdieu, en Gutiérrez, 2005) de las prácticas, las percepciones y representaciones de las personas, considerando las condiciones que constituyen el fundamento de sus experiencias, en un tiempo y en un

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contexto determinado (el “sentido objetivo”). Es decir, conocer desde sus propios testimonios el movimiento de lo real, por entender que “cada persona es sujeto y actor en la compleja cadena de ciertas rel-aciones sociales”, y que “cada historia de vida puede ser considerada un verdadero testimonio de la sociedad en que se desenvolvió” (Saltalamacchia, 92:60). Conocer de sus trayectorias, lo común y lo singular. Indagar representaciones y sen-tidos mediante testimonios, a través de entrevistas que permitan reconstruir trayec-torias de trabajo y observar cómo están atravesados esos procesos por las políticas sociales, más específicamente por aquellas que promueven el trabajo autogestionado. Cómo las políticas socio-productivas participan en las historias laborales de las per-sonas y de la trama social que se construye.

En este sentido, las y los trabajadores son considerados informantes privile-giados que pueden dar cuenta desde sí de las situaciones que los involucran, ya que las personas “producen la racionalidad de sus acciones y transforman la vida social en una realidad coherente y comprensible” (Guber, 2011: 44).Para recabar esta información centralmente se utilizará la entrevista “informal”, “no directiva” (Guber), o “en profundidad” (Piovani). Dice Piovani (en Marradi et.al., 2007) que la información que nos proveen las personas entrevistadas no debe considerarse “en términos de veracidad-falsedad, sino como el producto de un individuo en socie-dad cuyos relatos deben ser contextualizados” (219).

Referencias:

GUBER, R. (2011): La etnografía. Método, campo y reflexividad. (2da edición revisada y ampliada). Siglo XXI, Buenos Aires.

GUTIÉRREZ, A. (2005): Las prácticas sociales: Una introducción a Pierre Bourdieu. Ferreyra Editor, Cordoba.

IÑIGO CARRERA, N.; PODESTA, J. (1997): “Las nuevas condiciones en la disposición de fuerzas objetivas. La situación del proletariado”, en Documento de Trabajo N° 5. PIMSA, Buenos Aires

MARRADI, A.; ARCHENTI, N Y PIOVANI, J.I. (2007): Metodología de las ciencias sociales. Emecé, Buenos Aires,

PIMSA (2000): Documento de Trabajo N° 24, Taller “Estructura social de La Argentina” en: http//www.pimsa.secyt.gov.arpublicacionesDT24.pdf

SALTALAMACCHIA, H. (1992): Historia de vida. Reflexiones a partir de una experiencia de investigación. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/281642460

TOMELLINI, M (2015): Trabajo, ingresos y programas sociales. Fundamentos y sentidos del desarrollo de emprendimientos productivos autogestionados como estrategia de in-tervención estatal en el mercado de fuerza de trabajo a principios del siglo XXI. Servicio de Difusión de la Creación Intelectual, UNLP, La Plata, disponible en http://hdl.handle.net/10915/50297

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8CAPÍTULO

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Estrategia de investigación en el estudio de los sentidos y alcances

de la contraprestación educativa para

desocupados. Un estudio de caso postcrisis 20011 .

Cynthia Terenzio2

1 Trabajo presentado en las II JORNADAS sobre ESTADO, POLITICAS SOCIALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES. DEBATES LATINOAMERICANOS. Organizado por el Grupo de Investigación PROIEPS, de la Facultad de Ciencias Humanas-UNICEN, el 29 y 30 de Octubre de 2018.2 PROIEPS-FCH-UNICEN

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1. Introducción

En el presente trabajo, pondré a consideración algunos avances en el planteo teórico-metodológico definido en el marco del desarrollo de mi Tesis Maestría en Ciencias Sociales, cuya preocupación es analizar “la relación entre capacitación y planes sociales de empleo. Un estudio particular en la ciudad de Tandil en el período 2003-2007” . Se analizan estas relaciones en la dinámica que asume una modalidad institucional que at-raviesa diferentes programas de empleo: la Contraprestación Educativa (CE) en la ciudad de Tandil en el período 2003-20071. En este sentido, el trabajo está organizado de la siguiente manera: en primer lu-gar, expongo los fundamentos de la perspectiva de investigación adoptada, recuperando los aportes de Hugo Zemelman referidos a la teoría abierta. En segundo lugar, presento algunas cuestiones centrales del proceso de delimitación del tema de investigación y en tercer lugar caracterizo el instrumental diseñado para la recolección de información en el marco de una estrategia cualitativa, detallando las diferentes fuentes primarias y se-cundarias seleccionadas y sus principales aportes en la investigación en curso, haciendo hincapié en la potencialidad de la entrevista como estrategia de co-investigación. Por últi-mo, compartiré con el lector algunas reflexiones finales.

1 La misma se enmarca en las líneas de indagación desarrolladas por el NACT PROIEPS-FCH-UNCPBA (PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD).

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2. Pensamiento abierto, sentido y contexto: Implicancias para lo construcción de conocimiento Cuándo hacemos investigación social, muchas veces no nos planteamos la necesi-dad de explicitar los supuestos que en cuanto sujetos investigadores guían el acercamien-to a la realidad social que pretendemos conocer. ¿Cómo nos planteamos los problemas de la realidad de la cual somos parte? ¿Cómo y desde dónde nos ubicamos para poder apropiarnos del movimiento de la realidad sin reducirla a su explicación? A partir de es-tas inquietudes, ¿Es posible encarar el conocimiento de la realidad desde una perspectiva teórico metodológica compleja, incluyente, articulada? Siguiendo a Zemelman, la relación entre conocimiento y realidad social, entre ob-jetividad e historicidad: “Demanda al sujeto la construcción de su propia ubicación, para apropiarse de una realidad que de acuerdo con su riqueza y complejidad, exige la incor-poración de otras dimensiones, y no solo las cognitivas”2 . Esto es así porque no podemos soslayar que la realidad es una construcción social, construcción accionada por un sujeto histórico que le otorga un significado y la interpreta con un sentido. En base a este punto de vista, cobran relevancia dos ejes que no se pueden perder de vista para esta forma de pensamiento: el contexto y el sentido. “La realidad es una articulación abierta y dinámica, y en su objetividad conjuga regularidades cristalizadas en productos (instituciones, por ejemplo) con intencionalidades de construcción”3 (Zemelman, 1996:17) En otras palabras, no es posible reducir la realidad a un objeto teórico . Dado que la realidad es construcción, movimiento, articulación, se debe elegir una forma de indagación que permita abordarla en su complejidad, y esta “…resulta de consid-erar cualquier estructura (real o conceptual) como abierta con base en la idea de que está en movimiento”. (Zemelman,1996:52)4. Esta perspectiva instala el desafío de plantear la construcción de conocimiento en clave de un pensamiento abierto y problematizador, otorgándole un papel de activación de la realidad; pues “la realidad, en sus contenidos no es, entonces, sino una articulación específica entre el “límite de lo dado y lo que es posible de darse”. Y este es el eje del pens-amiento dialéctico: la determinabilidad de lo indeterminado”. De lo que se trata entonces, es de volcarse a la reconstrucción de las relaciones fundamentales que presenta el movimiento del objeto de investigación en su devenir. Así pues, debemos plantearnos la investigación como un proceso inacabado, un trabajo de búsqueda y problematización permanente, que pone en tensión lo determinado con lo indeterminado, lo instituido con lo instituyente, lo construido con el desafío de encontrar nuevas relaciones posibles.

2 Zemelman Hugo, y Gómez, Marcela (2001): Pensamiento, política y Cultura en América Latina. Colec-ción Multidisciplina. Universidad Nacional Autónoma de México. (Pág. 50). Edición digital.3 Esta concepción cuestiona el papel de las teorías cuando funcionan como determinaciones fijas, con-ceptos cerrados o normativos, ya que la realidad no se agota en un enunciado. Por el contrario, el posi-cionamiento de Zemelman nos permite considerar a la teoría como abierta, recuperando la noción de praxis que debe estar presente en la construcción del conocimiento.

4 Al respecto, Zemelman plantea que…”no hay teoría suficientemente elaborada, compleja, abarcado-ra, como para dar cuenta de una vez y para siempre del movimiento de la realidad, y de las relaciones posibles que un problema puede tener en el tiempo”. Esto es así porque el propio movimiento del prob-lema nos obliga a adoptar una mirada que pueda ir captando las diferentes dimensiones y articulaciones que constituyen su especificidad.

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3. Consideraciones acerca del proceso de delimitación del tema. El supuesto de la articulación y la función de los conceptos ordenadores La delimitación del tema supone –en términos de Zemelman- ir definiendo la especificidad del fenómeno que nos interesa conocer, “es la concreción del fenóme-no según resulta determinada por su inserción en un campo conformado por múlti-ples determinaciones, de acuerdo con las exigencias de historicidad del momento”, en cuanto a coordenadas de tiempo y espacio (contextualización). A partir de la crisis del 2001-2002, la respuesta del estado frente a los altos niveles de pobreza y desocupación existentes, fue la implementación de planes socia-les de asistencia al desempleo con un carácter masivo, siendo el Programa Jefes/as de Hogar un punto de inflexión. A partir del 2003, con la asunción del gobierno de Nestor Kirchner, desde el discurso oficial se enfatiza la necesidad de superar el rasgo asisten-cialista y focalizador de las políticas para desocupados precedentes. En este marco, se reorienta y reorganiza la política social. Desde la órbita del en su momento Ministe-rio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (MTySS) y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) se ponen en marcha un conjunto de programas de transfer-encia de ingresos y políticas activas de empleo, dirigidas a lograr la inclusión social y laboral de los trabajadores desocupados5. Dentro de estos lineamientos de política, el componente educativo recobra una atención importante. En este contexto, que los beneficiarios estudien, aprendan, se formen o se capaciten “en algo” para tener dere-cho al beneficio monetario, convierte a la educación en estrategia de legitimación para acceder a la asistencia estatal: En consonancia con los lineamientos a nivel nacional, -y en el marco de las transformaciones contextuales de los últimos años- la instancia municipal se con-stituye en un eslabón ejecutor y también planificador de una diversidad de planes de empleo. Se despliegan distintas estrategias que configuran una trama compleja inter-gubernamental e interactorial de planes de empleo bajo una modalidad de políticas activas para las personas sin trabajo bajo procesos de contraprestación laboral y ed-ucativa6. El proyecto de Contraprestación Educativa (CE) se lanza como política en el

5 Como antecedente, es importante destacar que a partir de la década el 90 el trabajo por contraprestación se ha generalizado como requisito de las políticas de asistencia hacia los beneficiarios de planes de em-pleo. El camino de los gobiernos “parece orientarse hacia una nueva vinculación entre trabajo y políti-cas sociales (…) el paso del vínculo entre empleo-protección social hacia un nuevo mix en el que tiene mayor preponderancia el vínculo trabajo asistencia” (Britos, Fernandez Soto y otros: 2006:31). Así, los numerosos programas estatales dirigidos a la población desocupada (en sus distintos niveles nacional, provincial, municipal) han exigido contraprestación laboral y en los últimos años se viene extendiendo la contraprestación educativa.6 En el marco de las transformaciones contextuales de los últimos años, lo local municipal adquiere may-or protagonismo, mostrando un proceso reconfiguración institucional y nuevas estrategias de gestión en materia de política social. De la mano de procesos de descentralización durante la hegemonía neoliberal, se ha producido lo que Fernandez Soto (2012) plantea como “municipalización liberal”, que constituye un movimiento específico del Estado, donde se trasladan funciones y responsabilidades desde el Estado nacional a unidades sub nacionales y en un contexto de empobrecimiento e incremento de las necesi-dades sociales. En este sentido…”el formato que se promueve es un localismo que “movilice” la sociedad,

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nivel municipal en el 2004, destinado a una población que provenía en su mayor parte del Programa Jefes/as de Hogar Desocupados (PJJHD) lanzado en el 2002, con gran presencia de mujeres a cargo del hogar. La preocupación de la presente investigación está atravesada por la discusión más amplia de la relación entre educación, trabajo y asistencia. Se analizan estas rel-aciones en la dinámica que asume una modalidad institucional que atraviesa difer-entes programas de empleo: la Contraprestación Educativa en la ciudad de Tandil en el período 2003-2007. Así pues, el estudio de caso supone una aproximación a la rel-ación planteada, en tanto se dirige a analizar una política social que pretende abordar el problema del desempleo y supone alguna articulación con una oferta educativa for-mal y no formal territorializada (oferta de capacitación). Así pues, la CE consistió en la posibilidad de presentar a los beneficiarios de todos los planes sociales la posibili-dad de aumentar su nivel educativo, ya sea completando estudios dentro de los niveles de la educación oficial, o bien capacitándose en alguna oferta educativa no formal disponible a nivel municipal. La implementación de la CE requirió de la articulación de diferentes actores sociales del ámbito local, (Municipio en sus diferentes áreas: Desarrollo Social, Desarrollo Local, Empleo, Centros Comunitarios/ Instituciones educativas de los diferentes niveles y modalidades / beneficiarios), lo cual significó poner en movimiento criterios, lógicas, modos de funcionamiento y representaciones diferentes al momento de recrear una política educativa que incluía a beneficiarios de planes de empleo. Algunos de los interrogantes planteados como punto de partida y que forman parte de la delimitación del tema: ¿Cómo se va delineando y construyendo la política social para desocupados post 2001 a nivel general y cómo se materializa en lo local municipal? ¿Qué particularidades asume la Contraprestación Educativa como plan de empleo? ¿Cuáles son los problemas que intenta solucionar? ¿Cuál es la trama de sen-tidos, acciones y sujetos que sostiene esta política para desocupados? ¿Qué tensiones se registran entre los lineamientos de la política y su implementación práctica? Así, el problema se construye en el seno del entrecruzamiento de varias dimensiones que configuran una trama de compleja de intencionalidades, representaciones, discursos, instituciones, prácticas, y sujetos7. A partir de lo expuesto, el reconocimiento de las articulaciones que presenta el problema, nos exige indagar y desentrañar el entramado, la urdimbre de la política social, los arreglos institucionales específicos que se construyen para implementarla; que expresan un conjunto de procesos, actores, sentidos, problemas, acciones que se van definiendo en la relación tensionada entre lo macro y lo micro, entre el poder

articulando estrategias institucionales públicas y privadas, y asista en conjunto a los pobres y excluidos”.7 Se definieron los siguientes objetivos para el estudio: Objetivos generales: 1) Comprender el sentido histórico social que adquiere la noción de educación en el formato de las políticas sociales actuales para desocupados. 2) Realizar una aproximación a la vinculación educación--trabajo en el marco de una política social de empleo en el ámbito local.Objetivos específicos: 1) Observar y analizar las orientaciones y fundamentos de la política social local en la ciudad de Tandil en el período 2003-2007. 2) Caracterizar y analizar las diferentes dimensiones constitutivas de la política social objeto de estudio: Contraprestación Educativa. 3)Identificar, describir y analizar en el ámbito local la trama institucional que se configura en el proceso de materialización de la contraprestación educativa. 4) Conocer y caracterizar el universo de beneficiarios comprendidos en la modalidad de contraprestación educativa. 5) Reconstruir la trayectoria formativa (terminalidad ed-ucativa, cursos de capacitación) que contiene el curso de acción de la contraprestación educativa en el ámbito local.

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nacional y el poder municipal, entre el momento del diseño y el plano de la imple-mentación de las políticas, entre lo que se propone la política y las expectativas de los sujetos a los que se dirige la misma. De la Garza Toledo -quien retoma a Zemelman- plantea que “el supuesto de la articulación implica metodológicamente la búsqueda de las áreas de la realidad per-tinentes al problema y de los conceptos ordenadores de cada una de las áreas, para luego buscar las articulaciones posibles y relaciones conceptuales”8. Para la presente investigación fueron definidos algunos conceptos orde-nadores, que por su carácter inclusivo, son el punto de partida para buscar rela-ciones posibles en el plano de la realidad empírica. Se han seleccionado al menos tres: Políticas activas de empleo, trabajo bajo asistencia, Contraprestación educa-tiva. En este sentido, la función de los conceptos ordenadores es delinear posibles “campos de observación”, aunque sin determinar los contenidos de la realidad. Estos conceptos, según Zemelman cumplen un papel crucial, donde la reconstrucción “es una forma de razonamiento que se mueve desde un problema definido según un or-denamiento previo y que lo problematiza al buscar sus articulaciones, para lo cual el razonamiento debe seleccionar un cuerpo de conceptos capaces de organizar la delimitación cada vez más inclusiva de las posibles articulaciones del problema que nos interesa abordar9.

4. Estrategia metodológica La complejidad del problema mereció tomar decisiones teórico metodológicas que permitieran trabajar con una estrategia de abordaje múltiple. Al respecto, es im-portante considerar que “la elaboración de la información, cuantitativa o cualitativa, tiene que ser construida no desde el fenómeno definido como objeto que se aísla, sino desde su condición de componente de una articulación gestada por el momento histórico”10. En este sentido, la investigación cualitativa se presentó como el camino más indicado. Justamente porque la política social en estudio se constituye en un entramado de sujetos, relaciones y sentidos, exige un abordaje teórico metodológico que permita ir reconstruyendo esta trama donde se anudan diferentes planos o di-mensiones que configuran el problema: lo general y lo particular, lo objetivo y lo sub-jetivo, lo macro y lo micro, de manera de abordar el problema con una perspectiva de totalidad. En este sentido, para conocer y comprender tanto lo que sucede en el plano institucional de las políticas así como a nivel de las representaciones y sentidos de los sujetos involucrados, se define una estrategia que combina el trabajo con diferentes

8 El autor propone que “la reconstrucción articulada” delimita la realidad como contexto del problema para, dentro de su marco, definir un campo de opciones a partir del cual sea posible elegir la o las alter-nativas viables que concreten el interés de un sujeto social. Así la reconstrucción articulada sirve de base para la selección de los conceptos ordenadores más apropiados para llegar al conocimiento del proble-ma, puesto que ayuda a determinar la naturaleza específica que éste asume. Citado en Andrada, Larry. Del Tema al Objeto de Investigación en Hugo Zemelman Cinta Moebio 30: 262-282. Edición digital. www.moebio.uchile.cl/30/andrade.html9 Citado de Andrade, Larry (2007). Op. Cit. Zemelman agrega que “la esencia de la cuestión está en pen-sar los conceptos, ante todo, como organizadores de la relación con la realidad; y, una vez delimitada la realidad como campo de objetos posibles, proceder a destacar las opciones de explicaciones teóricas. La teoría reviste, de este modo, un carácter abierto, puesto que está determinado por la configuración problemática que puede trascenderla”.10 Extraído de “Sobre la situación actual de las Ciencias Sociales”. Colegio de México, CEME, Archivo Chile Historia Político Social.

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fuentes de información. A partir de los conceptos ordenadores que se plantearon, el trabajo empírico apunta a reconstruir información sobre las siguientes dimensiones:

1) Con referencia a la política de la contraprestación educativa11

Se intenta realizar una reconstrucción de la oferta de capacitación existente en el territorio local a partir de la consulta de archivos y documentos institucionales, a fin de lograr una descripción y caracterización acerca de: a) Perfil de capacitaciones ofrecidas b) Población destinataria c) Ejes de la capacitación y contenidos de las mis-mas, d) Duración y lugares de realización, e) Cantidad de personas que participan, f ) Cuáles son los cursos que mayor cantidad de personas atraen, g) Tipo de certifi-cación otorgada. Además, dentro de esta dimensión, interesa conocer/ identificar la trama de actores, dispositivos y organizaciones existente vinculada a la contraprestación ed-ucativa, contemplando qué articulaciones se definen entre los distintos sujetos que participan de la implementación de la políticas, desde qué lógica participan, cuáles son sus funciones y responsabilidades, qué pautas de interacción se construyen, qué relaciones de poder se despliegan, entre otras.

2) Con relación a la constitución de los beneficiarios, se busca:

a) caracterizar el universo de sujetos beneficiarios incluidos en la contra-prestación educativa, para lo que será necesario conocer el perfil sociodemográfico de los mismos: ¿Qué características personales, sociales, educacionales y ocupacionales tienen los beneficiarios que acceden a las mismas? ¿Cuánto tiempo hace que están con el plan de empleo? ¿Se relaciona la capacitación realizada con sus ocupaciones y/o experiencias de formación anteriores? b) Reconstruir el sentido que construyen los sujetos involucrados en la trama de la política de contraprestación educativa: Aquí interesa conocer: ¿Qué significado le otorgan a la contraprestación educativa? ¿Cuál es el sentido que los mueve acapac-itarse, a estudiar? ¿Con qué razones, expectativas, motivaciones participan? ¿Cuáles son los márgenes de elección de los sujetos beneficiarios? ¿Qué trayectorias es posible identificar en función de los circuitos de aprendizaje por los que circulan?12 En el marco de una estrategia cualitativa, el instrumental metodológico elegi-do combina el uso de fuentes primarias y secundarias, seleccionando como las más apropiadas en función de las características del estudio de caso a la entrevista y la observación documental.

11 Aquí se apunta al análisis de la dimensión educativa y de capacitación contenida en el Proyecto. Se entiende la capacitación en un sentido amplio, incluyendo cursos, talleres, carreras, que ofrezcan for-mación tendiente a aportar, ampliar, mejorar, perfeccionar los conocimientos, saberes, capacidades, habilidades, de los beneficiarios para el acceso al mercado laboral. Aquí se incluyen las propuestas en-marcadas en el circuito educativo formal y no formal, público y privado, así como las ofrecidas desde organizaciones de la sociedad civil.12 La reconstrucción del sentido desde la perspectiva de los beneficiarios de la CE no alcanza lo expuesto en este trabajo, sino que se ha privilegiado la reconstrucción del análisis de la trama institucional de la política analizada.

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4. 1 La entrevista como herramienta de co-investigación La entrevista es una herramienta privilegiada en el marco de una estrategia cual-itativa, en tanto permite situar al sujeto como producto y productor de la realidad social. Consideramos que la entrevista, “es un instrumento de investigación específico que per-mite poner en evidencia hechos particulares (…) cuyo valor heurístico es que tiende a captar las representaciones articuladas en su contexto experiencial e inscribirlas en una red de significación” (Blanchet y Gotman, 1992)13. En ella, el sujeto ocupa “un lugar de “anudamiento” de un conjunto determinado de relaciones sociales (…) donde cada uno es, por ende, representativo de ese particular nudo en el tejido social”14 . En otras palabras, cada persona es sujeto y actor en la trama compleja de ciertas relaciones sociales15. Asi-mismo, resulta oportuno recuperar a Saltalamacchia cuando plantea que la entrevista no es solo una estrategia de recolección de datos, sino la producción de una relación social, una tarea de “búsqueda compartida”, una propuesta de co-investigación, al convocar a los entrevistados a participar “en una investigación conjunta sobre áreas de interés común”. En el estudio de caso que ocupa mi interés, el testimonio de los actores involucra-dos en el entramado de la política social resulta fundamental, en tanto posibilidad de re-construir el sentido que construye la direccionalidad de la política implementada. Sentido que, siguiendo al autor mencionado- se define ”como lugar que ocupan los hechos en la “estructura de relevancias” que organizan la percepción activa del sujeto”. En el proce-so de planificación de las entrevistas se ha tenido en cuenta, básicamente, dos informa-ciones: el tipo de entrevistado y el esquema categorial que organiza la investigación. Con respecto al tipo de entrevistado se consideran: 1) Agentes institucionales de diferentes niveles gubernamentales y de diferentes niveles de operatividad de las políticas: funcionarios políticos del ámbito local y provincial y profesionales/técnicos involucrados en la CE. 2) Población “asistida” por los distintos dispositivos institucionales analizados. Aquí la entrevista será una herramienta privilegiada de conocimiento para reconstruir la trayectoria personal, social, laboral, educativa, de los sujetos beneficiarios. Hasta el momento, se han concretado entrevistas con funcionarios y agentes insti-tucionales . Se optó por la modalidad de entrevistas no estructuradas o semiestructradas -que adoptando la definición de Saltalamacchia- son aquellas en las que el entrevistador parte de un plan general sobre el tema o los temas que desea encarar durante la entrev-ista, pero deja que sea el entrevistado el que, durante la conversación, vaya desarrollando cada uno de los temas con la profundidad y el método que le resulte más atractivo. En este sentido, el potencial de la entrevista radica en que permite preguntar al entrevistado “sobre ese sentido particular que para él tuvieron los actos en el momento de ocurrir” ; cómo el entrevistado interpreta los acontecimientos, desde qué valores e instru-mentos de conocimiento que le son propios; permitiendo así “reconstruir los sentidos dormidos en la densa humareda del pasado” .

13 Al respecto, los autores agregan que su utilización es especialmente pertinente cuando…” se quiere analizar el sentido que los actores dan a sus prácticas, a los acontecimientos de los que son testigos; cuando se quieren poner en evidencia los sistemas de valores y las referencias normativas a partir de las cuales los actores se orientan y determinan.14 Extraído de Saltalamacchia, H: El uso de la Técnica (Cap4: pag. 160) en Historia de Vida s/f.15 Siguiendo al mismo autor, “los individuos, lejos de ser esencias fundantes, son principalmente pro-ducto (aunque también a su vez productores) de las particulares configuraciones sociales en las que han desplegado sus vidas” (op. Cit, pag, 156)

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4.2 La observación documental Es importante el trabajo con fuentes documentales, archivos y registros a los fi nes de complementar el la información recogida a través de la entrevista. En la presente in-vestigación se han indagado diferentes archivos públicos y documentos ofi ciales exis-tentes en el municipio que contienen información sobre la política de contraprestación educativa A continuación, se exponen los distintos tipos de documentos hallados durante el trabajo de campo, con el detalle de la información que brinda cada uno de ellos y la posib-ilidad de conocimiento que permite en el marco de la investigación.

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Palabras finales A lo largo del presente trabajo se ha intentado reconstruir la perspectiva de cono-cimiento que guía el proceso de investigación apelando a los aportes de Hugo Zemelman, resaltando la necesidad de adoptar un pensamiento “abierto y problematizador” al mo-mento de encarar el conocimiento de la realidad social. Luego se ha esbozado el papel que algunos conceptos ordenadores cumplieron en el estudio de caso, cumpliendo la función de direccionar la búsqueda de relaciones

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posibles en torno de las diferentes dimensiones que constituyen el objeto de estudio.En la delimitación de la investigación, ha quedado planteado el entramado de sujetos, relaciones y sentidos diversos que configuran los puntos de articulación desde los cuales partir para especificar las dimensiones de observación planteadas en el estudio de caso.Por último, se han apuntado algunas consideraciones sobre la importancia de adoptar una estrategia cualitativa, en un esfuerzo por conocer y comprender tanto lo que sucede en el plano institucional de las políticas así como a nivel de las representaciones y sentidos de los sujetos involucrados, resaltando particularmente la potencialidad del uso de la entrev-ista como herramienta de co-investigación. Queda pendiente la realización de entrevis-tas a los sujetos beneficiarios de la Contraprestación educativa, con el fin de reconstruir trayectorias, en un momento posterior de la investigación.Aún queda mucho por delante en esta investigación y no es posible realizar reflexiones concluyentes. El proceso de conocimiento es siempre inacabado. Mi pretensión ha sido solo compartir con el lector avances realizados, con la intención de que puedan aportar en algún sentido a enriquecer la práctica de la investigación como camino ineludible en la construcción de conocimiento sobre lo social.

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9CAPÍTULO

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El Funcionamiento de Patronato de

Liberados Tandil en el contexto de Ajuste Neoliberal. Primeras

interpelaciones para guiar la tarea

investigativa1.

Lic. Angeles María González2

1 Trabajo presentado en las II JORNADAS sobre ESTADO, POLITICAS SOCIALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES. DEBATES LATINOAMERICANOS. Organizado por el Grupo de Investigación PROIEPS, de la Facultad de Ciencias Humanas-UNICEN, el 29 y 30 de Octubre de 2018.2 PROIEPS-FCH-UNICEN

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I) Introducción

En estas Jornadas, tenemos la intención de sumar y promover el debate crítico de esta Agenda de Investigación que tal lo previsto nos invita a pensar Elementos Teóricos y Empíricos de las Intervenciones Estatales y de los Sujetos en un Contexto de Ajuste Neolib-eral, a partir de la problematización del Estudio de Caso de Patronato de Liberados, Deleg-ación Tandil, Buenos Aires. Habiéndonos incorporado recientemente al Programa de Investigación y Estudio sobre Política y Sociedad (PROIEPS) y pensando como eje de trabajo las políticas sociales y la dialéctica entre penalización, reconocimientos de derechos y organizaciones sociales, nos parece pertinente intentar en adelante de construir las particularidades de las dinámicas y de los agentes que bregan por la integración social de las personas en conflicto con la ley penal al medio libre. Cabe señalar que a inicios de este año, en el marco de un trabajo interinstitucional que implica recuperar las miradas de compañeros/as de otras dependencias institucionales con los/as cuales articulamos desde nuestro organismo, comenzamos a pensar estrategias que nos ayuden a sistematizar el trabajo realizado a lo largo del tiempo. Sin perjuicio de lo expuesto y reconociendo continuidades con esa experiencia, en esta instancia queremos proponer a futuro el análisis del impacto del accionar de los/as agentes y profesionales trabajadores/as que laboran en este espacio estatal, sobre la trayec-toria de vida de los sujetos que diariamente son interpelados por la institución. En este sentido, consideramos central para este trabajo partir desde el año 2004, momento en el que se dictó la Ley 13.190, que declaró el estado de emergencia de este organismo pro-vincial. Reconocemos que ese nuevo momento en la historia institucional, implicó a lo largo de los años movimientos, tensiones y rupturas que atravesaron y atraviesan a los/as traba-jadores/as, así como también, a las personas con quienes estos/as interactúan día a día.

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Si a esos movimientos, sumamos las particularidades de la crisis actual, el esce-nario no sólo se torna más complejo, sino también más interesante de interpelar toda vez que posibilita, tal lo estipulado en los fundamentos de estas Jornadas, echar luz sobre las transformaciones que van suponiendo las consecuencias destructivas de las políticas neoliberales y las resistencias, erosiones, precarizaciones y adaptaciones que atraviesan los/as Trabajadores/as de la dependencia institucional. Sin contar, el efecto de las políti-cas mencionadas precedentemente sobre las trayectorias de vida de los sujetos en conflic-to con la ley penal. Tal exploración requiere plantear interrogantes, que guíen la tarea investigativa, así como también, supone un esbozo del problema. En consecuencia, consideramos importante explicitar qué particularidades reviste Patro-nato de Liberados y cómo podemos pensar esta Institución a la luz de las diferentes tesis que analizan el funcionamiento de las agencias estatales del área de incumbencia.

II) Manejo de fuentes bibliográficas y descripción preliminar del problema

Partiremos por reconocer que el Patronato de Liberados es un organismo técnico criminológico de asistencia, tratamiento y seguridad pública, es una entidad autártica de derecho público (art. 210 Ley 12.256). El mismo realiza tareas de super-visión sobre tutelados, entendiéndose por ello “(...)Toda persona que por disposición judicial deba estar bajo tutela, asistencia, tratamiento y/o control del Patronato de Lib-erados: libertad condicional, condenados condicionales, eximidos de prisión, excarce-lados, condenados con libertad asistida, probados con suspensión de proceso y todo aquel que deba cumplir medidas o penas sustitutivas de prisión. También es compren-siva de aquellos liberados cumplidos que necesiten o requieran asistencia (Art 161, Ley 12.256). En este sentido, el Patronato de Liberados puede ser considerado como parte de los mecanismos de la red legal e institucional del estado que articula diversas formas de control social y particularmente formas singulares de prevención de conductas y hechos que violan las normas que regulan la vida social (Sain 2002: 17). Aunque por cuestiones de espacio, no podamos aprehender en profundidad las diferentes tesis que analizan el funcionamiento de las agencias estatales del área de incumbencia y el impacto que el accionar de las mismas tiene sobre las trayectorias de vida de los sujetos y la sociedad en su conjunto, consideramos pertinente dar cuenta aunque más no sea sintéticamente de las mismas en tanto, éstas pueden echar luz so-bre la institución que deseamos explorar. Así, podemos rescatar las tesis de autores como Foucault (1976), Rusche y Kirch-heimer (1968) acerca del funcionamiento del sistema penal en las sociedades capitalis-tas y del papel que dichas instituciones tienen en la constitución de determinadas for-mas de marginación social. De acuerdo al planteo que realizan estos autores, “La cárcel produce hoy, reclutándolo sobre todo en las zonas más desfavorecidas de la sociedad, un sector de marginación social particularmente cualificado por la intervención estig-matizante del sistema punitivo del Estado, y por la realización de aquellos procesos que, en el nivel de la intervención social y de la opinión pública, son activados por la

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pena y concurren a realizar su efecto marginador y atomizador” (Baratta, 1986:174). Dirá Foucault que “(…)la prisión lejos de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve más que para fabricar nuevos criminales o para hundirlos todavía más en la criminalidad” (Foucault, S/D:90). Pero además, estos autores reconocen que la cárcel es sólo uno de los engranajes del sistema penal burgués que contribuyen a conformar ese sector de marginación social al que se refieren. En última instancia, de acuerdo a esta línea de pensamiento, el sistema carcelario, “representa el momento culminante de un proceso de selección que comienza antes de la intervención del siste-ma penal con la discriminación social y escolar, con la intervención de las instituciones de control de la desviación de menores, de la asistencia social, etc” (Baratta, 1986:175). Por lo tanto, la cárcel no es la única institución que el estado utiliza para conformar sectores de población marginales a partir de su funcionamiento, sino también existen otras agencias estatales por las cuales los sujetos transitan con anterioridad a la cárcel y cuyo impacto también es estigmatizador y marginador sobre la vida de los mismos. Teniendo en cuenta las funciones que el Patronato de Liberados lleva a cabo y siguiendo con la línea de pensamiento que venimos explorando, la institución parece ser, parte del engranaje activado por el estado para crear un sector de población mar-ginal. Esto parece confirmarse cuando Baratta establece “El cuidado siempre mayor de la sociedad punitiva consagra al encarcelado una vez finalizada la detención y que continúa rastreando su existencia de mil modos visibles e invisibles, podría interp-retarse como la voluntad de perpetuar, con la asistencia, aquel estigma que la pena ha hecho indeleble en el individuo. La hipótesis de Foucault del ensanchamiento del universo carcelario a la asistencia anterior y posterior a la detención, de modo tal que este universo se tenga constantemente bajo el fuego de una observación cada vez más científica, que a su vez hace de ella un instrumento de control y observación de toda la sociedad, parece bastante próxima a la línea de desarrollo que el sistema pe-nal ha tomado en la sociedad contemporánea. Es un nuevo panóptico que tiene cada vez menos necesidad del signo visible (los muros) de la separación para asegurarse el control perfecto y la perfecta gestión de esta zona particular de marginación que es la población criminal” (Baratta 1986, 197 y 198). De esta forma, se pone de manifiesto que no sólo las instituciones que los sujetos transitan con anterioridad a los procesos de in-ternación carcelarios originan sectores de población marginal, sino también aquellas que los sujetos transitan una vez superados tales procesos de internación. Además de esta línea que hemos intentado exponer sintéticamente, también nos interesa mencionar que tesis como las que propone Wacquant (2000) quien ha pos-tulado que en las últimas décadas del siglo XX los Estados Occidentales han asumido funciones marcadamente represivas, distintas de aquellas que hasta mediados de los años 70 los definían como Estados de Bienestar (Wacquant, 2000). Al respecto, este au-tor establece en una de sus obras que los estados europeos y latinoamericanos adhieren a las políticas ideadas desde Estados Unidos que postulan más estado penal y menos estado social en el mundo. El autor considera que políticas como las llamadas de “Tol-erancia Cero” que reflejan esta idea de más estado punitivo y menos estado providen-cia se propagan desde los Estados Unidos a otros países de manera acelerada con el objetivo de librar una batalla al crimen (Wacquant, 2000:32). Y en última instancia, lo que terminan haciendo es judicializando la pobreza de las sociedades en las que dichas políticas son aplicadas (Wacquant, 2000:23). Por su parte, Zaffaroni, desde una perspectiva que considera criminología clíni-ca crítica, y más precisamente como clínica de la vulnerabilidad reconoce que el siste-ma penal arroja su red sobre sectores de población que son vulnerables tanto social como psíquicamente (Zaffaroni, 1988:25 y 26). Y siguiendo una perspectiva semejante

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a los autores trabajados anteriormente, este autor refiere que “El sistema penal no se preocupa en general por el castigo de ciertas conductas, sino por la selección de ciertas personas de la clase marginal que, por acción de factores sociales negativos anteri-ores a su intervención, se presentan ya como vulnerables al mismo y procede luego a aumentarles su vulnerabilidad mediante la creación o acentuación de un deterioro de personalidad” (Zaffaroni, 1988:26). En otra de sus obras Zaffaroni (1993) caracteriza además el accionar del sistema penal sobre la vida de los sujetos como un accionar vi-olento que puede llevar hasta la muerte. Autores como Daroqui (1992), Pegoraro (1999), Font (1999) y Stanley (2001), se acercan a lo planteado por Zaffaroni al considerar que el sistema penal aplica altos niveles de violencia (pegoraro), los procesos de internación y el accionar de la justicia en nuestro país pueden ser caracterizados como represivos (Daroqui, 1992), los sectores marginales son víctimas de la violencia policial (Stanley, 2001). Ahora bien, como contrapunto a estas líneas de pensamiento que hemos pre-sentado, es importante marcar que Isla y Míguez (2003), intentan problematizar para el caso argentino la aprehensión de las instituciones estatales como simples agencias de disciplinamiento social. Así a partir de una serie de trabajos, muestran que por un lado, efectivamente algunas instituciones del estado estigmatizan a sectores de población a partir de su accionar. Pero al mismo tiempo, también ponen en evidencia que “(…) algunos organismos estatales de control son casi indiferentes frente a la trasgresión normativa, y por desidia abandonan su función de disciplinamiento; en otros casos, (…) puede verse cómo los agentes del estado alternativamente reprimen y participan en el delito, por momentos promoviéndolo, facilitándolo, casi institucionalizándolo al interior mismo de las agencias estatales.” (Isla y Míguez, 2003:306 y 307). Lo expuesto precedentemente lleva a estos autores a plantear una cuestión una cuestión interesante “(…)se hace necesario superar la visión tradicional del estado como agente de disciplin-amiento social y se hace necesario pensar, también, a ciertas agencias estatales, in-cluidos algunos “aparatos represivos del estado” como promotores de la transgresión normativa en el conjunto de la sociedad” (Isla y Míguez, 2003:313). Idea que comparte Pegoraro cuando señala que en América Latina un conocido tema por todos es que los aparatos de seguridad del estado participan en el delito y en el crimen. (Pegoraro, 1999:20). No podemos concluir este apartado sin hacer referencia a una cuestión más. De modo que es importante señalar que actualment, nos encontramos aprehendiendo consideraciones vinculadas al paradigma de los Derechos Humanos en relación a la conceptualización del estado y las instituciones que lo comprenden. De acuerdo con esto, Lechner (1983), parte de reconocer a nuestra sociedad como una comunidad de hombres libres e iguales. Así como también, autores como Abramovich (2009) invitan a pensar el estado como un conjunto de instituciones con el deber de tomar cada vez más partido en la búsqueda de respuestas frente a las crecientes “(…) demandas de igualdad más complejas que (…) son demandas de segunda generación” (Abramovich, 2009:7). Tarea que de acuerdo a la línea de pensamiento planteada por el autor, implica reconocer que ciertos grupos, sectores y colectivos son atravesados cotidianamente por situaciones de desigualdad jurídica y desigualdad social y por ello, requieren de protección especial en pos de garantizar para los mismos un piso común de ciudada-nía. En consecuencia, el autor estipula que si nuestras sociedades no crecen al abrigo de los principios esenciales de igualdad y no discriminación, inevitablemente, nos en-contraremos una y otra vez frente a situaciones de violación de Derechos Humanos, que entendidas en términos de agresión social, impactarán negativamente sobre la colectividad de la que somos parte (1983).

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III) Esbozando disparadores que orienten la tarea investigativa Como mencionamos precedentemente, durante el año 2004 se dictó la Ley 13.190, habida cuenta de la imposibilidad de este organismo estatal de supervisar y de asistir a las personas en conflicto con la ley penal en las tareas de inserción de las mismas al medio libre. La estructura institucional que hasta allí prevalecía a nivel provincial, se tornaba insuficiente y se replicaba al interior de la misma en todos los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires. Llegados hasta aquí cabe entonces preguntarnos: ¿Qué elementos y procesos impulsaron la sanción de la mencionada Ley? (Coyuntura Social, Política, Económica, Cultural) ¿Qué particularidades tuvieron los procesos de incorporación de personal a Patronato de Liberados a partir del año 2004? (Continuidades/ Rupturas) ¿Qué transformaciones sufrió desde entonces el organismo? (No sólo la Incorporación de Personal, sino también, la ampliación de su Estructura, Ap-ertura de Delegaciones y Oficinas de Atención, la asignación de partidas presu-puestarias, entre otras) ¿Cómo se operativizaron territorialmente en Delegación Tandil estas transformaciones? ¿Cómo se llevaron adelante en esta ciudad las tareas de asistencia, control y tratamiento? ¿Cuál fue el impacto de las intervenciones en la vida de los/as Tutelados/as, sus familias y la comunidad de Tandil en su conjunto? ¿Quienes fueron y son esos/as sujetos interpelados por el Estado? ¿Cuál es la situación que actualmente atraviesan los Trabajadores/as de Patronato de Liberados Delegación Tandil? ¿Qué movimientos implicó el Femicidio de la Compañera Laura Iglesias para ellos/as?

Creemos que estos disparadores nos ayudaran en adelante a orientar la investi-gación y trazar un plan de trabajo acotado toda vez que la tarea a realizar avance. En este sentido y en nuevos espacios de trabajo e intercambio, deseamos poder presentar avances de lo estipulado hasta aquí.

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CAPÍTULO

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Elementos para un análisis teórico de la política

“Asignación Universal Por Hijo Para Protección Social”:

las nociones de individuo y sociedad a la luz de los clásicos1

Paula Rodríguez Traiani2

1 Trabajo presentado en las II JORNADAS sobre ESTADO, POLITICAS SOCIALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES. DEBATES LATINOAMERICANOS. Organizado por el Grupo de Investigación PROIEPS, de la Facultad de Ciencias Humanas-UNICEN, el 29 y 30 de Octubre de 20182 PROIEPS-FCH-UNICEN

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1- Introducción El presente trabajo expresa los lineamientos generales del proyecto de Tesis de Maestría1 que estoy llevando a cabo. El mismo pretende indagar las concepciones de in-dividuo y sociedad, y la relación entre ambas, que subyacen en una de las intervenciones específicas del Estado en la Argentina: la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) en tanto Programa de Transferencia de Renta Condicionada. Y analizarlas a la luz de una matriz teórica construida a partir de dos de los clásicos fundamentales de la teoría social, Durkheim y Marx. Considero aquí la posibilidad de realizar un análisis teórico/epistemológico de la formulación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como política social. Con el propósito de indagar cómo aparecen definidas dichas nociones, observando especial-mente cómo las mismas sostienen y le otorgan especificidad a esta política social, y cómo se articulan los diferentes conceptos que a partir de ellas se construyen2 . La indagación de estas nociones en la AUH se realizará a partir de la letra de los documentos oficiales (como leyes, decretos, documentos de trabajo y publicaciones referidas a la AUH, realizadas por diferentes Ministerios y Secretarías de Gobierno). La matriz teórica recogerá lo esencial de las concepciones de individuo y socie-dad presentes en Durkheim y Marx, seleccionando para ello algunos de los conceptos centrales de cada autor. He tomado especialmente estos dos autores, considerados como representantes de la teoría social clásica, ya que su pensamiento ha delineado los debates durante todo el siglo XX - ya sea para refutarlos o continuarlos – y porque ellos sostienen concepciones diferenciadas respecto de las nociones que aquí pretendo trabajar, aunque

1 Maestría en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, UNICEN, Tandil, Argentina.2 Estudiar, por ejemplo, la relación entre la concepción de individuo y sociedad, y el concepto de pobreza, cómo se lo define; aquí de ser posible sería importante identificar saltos o rupturas, contradicciones, continuidades, en la construcción de la argumentación.

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en ambos es posible identificar una concepción moderna de sociedad, basada en la noción de totalidad. En cada una de estas concepciones teóricas subyace una forma específica de concebir las relaciones sociales que los individuos establecen entre sí y que dan forma a lo que denominamos en términos genéricos “sociedad”. Para evitar forzar el análisis, yuxtaponiendo las categorías teóricas clásicas a los conceptos vertidos en los documentos sobre la AUH, el razonamiento que guiará el análi-sis puede sintetizarse en tres pasos básicos: primero, las nociones individuo y sociedad presentes en la AUH se pondrán en discusión con las categorías teóricas clásicas; segun-do, se identificarán aquellos elementos conceptuales de la AUH que pongan en relación dicho programa con la perspectiva teórica durkheimniana; y tercero, análisis y crítica a partir de las categorías marxianas.

2- DESARROLLO

2.1 Las nociones de individuo y sociedad Las nociones de individuo y de sociedad pueden entenderse como nociones fun-dantes, “primitivas” (no exigen ser probadas mediante referencias empíricas), a partir de las cuales se construye un entramado teórico como complejo articulado de concep-tos. Marcan simplemente los límites de alcance de una teoría, el campo de la realidad al cual hará referencia, el “punto de vista” que le dará marco a dicho entramado conceptu-al. También en base a estas nociones “primitivas” se organiza la concepción del mundo (en tanto ideología, intereses) que subyace implícitamente - o explícitamente, en algunos casos - en un cuerpo teórico. Además, es posible discernir y analizar cómo dichas nociones - a través de los conceptos fundamentales de la teoría – sustentan también los presupuestos metodológi-cos que de ella se desprenden y que permitieron su construcción. Es decir, respetando el principio de la no contradicción la metodología seguida por un autor en la construcción de conocimiento también exige su adecuación a dichas nociones. Las nociones sirven para guiar el razonamiento hacia su objeto de estudio pero no lo definen. Por esta razón las nociones que veremos adquieren definiciones diferentes en cada autor o corriente teórica. Gracias a las nociones podemos afirmar que están hablan-do de lo mismo aunque tengan diferencias profundas en su definición o concepto. La noción de individuo designa el hecho de pertenecer a un todo, ser miembro de una asociación. A esta noción se vinculan dos procesos, el primero, hace referencia a cómo un individuo pasa a formar parte de un todo, esto se vincula con el proceso de so-cialización mencionado anteriormente. El otro proceso refiere a la individualización, es decir, a cómo un individuo “se constituye en partícula singular de un conjunto” (de aquí se derivan las nociones de: actor, autor y sujeto). La noción de sociedad se basa en la existencia real, independiente del pensamien-to, de la relación asociativa, pero vista en tanto todos y cada uno, también designada como totalidad (socialidad). Así, hace referencia, por un lado, a la “relación” que constituye di-cha totalidad (relación asociativa: relación social), y, por el otro, al proceso de constitución de dicha relación (socialización). Del estudio de ambas nociones, surge una tercera cuestión que es la relación que se establece entre el individuo y la sociedad, esta relación puede expresarse en términos de libertad / determinación, como los puntos extremos que refieren a preguntas como quién determina a quién o hasta dónde es posible pensar la autonomía individual.

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2.2 Las nociones de individuo y sociedad en la AUH3 Explorando los documentos oficiales, lo primero que surge en relación a estas no-ciones se refiere a la población destinataria del programa: especialmente, la familia y la infancia, sometidas a situaciones de desocupación, informalidad y pobreza. En los considerandos del Decreto 1602/09, que hace efectiva la AUH, se expresa que: “existe consenso entre la comunidad y las instituciones sobre la urgencia en imple-mentar medidas que permitan combatir la pobreza así como brindar apoyo y asistencia a las familias como núcleo de contención natural y bienestar de la sociedad, mediante la adopción de medidas de alcance universal”. Remarcando además la importancia de adoptar “políticas públicas que permitan mejorar la situación de los menores y adoles-centes en situación de vulnerabilidad social” La familia es entendida “como núcleo de contención natural y bienestar de la so-ciedad” a la cual el Estado brinda “apoyo y asistencia”, implementando medidas “de al-cance universal” para combatir la pobreza con el consenso de “la comunidad y las insti-tuciones”. Así, la familia es el núcleo de la sociedad y sobre ella recae el rol de ser la con-tención “natural” y el bienestar de la sociedad, con lo cual, pareciera que el bienestar de la sociedad depende de la esfera individual/familiar. Así entendida, la sociedad aparece como “la suma” de familias de cuyo bienestar depende el bienestar de la sociedad en su conjunto; pero no son cualquier tipo de familia, son familias pobres, a las cuales es necesario apoyar y asistir, desde el Estado y con el “consenso” de la “comunidad y las instituciones”. Las familias pobres parecen así repre-sentar un subconjunto de “la sociedad”, donde su situación de pobreza traba/impide la realización del pleno bienestar de la sociedad en general. Poner el acento en la familia como camino para la solución de problemas sociales como la pobreza, creo que implica dejar de lado las determinaciones históricas y sociales que hacen a la conformación de la sociedad como totalidad y que marcan límites mate-riales a las posibilidades reales de desenvolvimiento de las vidas de los integrantes de esas familias. La relación de la familia/individuo con el resto de la sociedad sólo aparece planteada en términos de problemas (la pobreza, la vulnerabilidad social) y de objeto de la asistencia y apoyo el Estado. Por otra parte, de la misma letra del decreto se desprende que la “situación de vulnerabilidad social” de los menores y adolescentes remite a (o se explica por) la situ-ación laboral y de ingresos de las familias, como si esas familias no constituyeran también (junto con las familias que “no son pobres”) el entramado de la sociedad. Además, esa situación de “vulnerabilidad” en la que están colocadas no es fortuita, sino resultado de un conjunto específico de relaciones sociales en las cuales los individuos se ven impelidos a entrar para reproducir su vida, y son esas mismas relaciones la que determinan que algunos de ellos no puedan hacerlo. Por otra parte, la familia, como relación social pri-maria, pareciera estar desgajada del “resto” de la sociedad. Paralelamente, a través de la contribución monetaria por hijo se espera lograr un mejoramiento de las condiciones de vida de la familia en general, ya que esto “significa más dinero en los bolsillos de los sectores más postergados. No implica necesariamente el fin de la pobreza, pero inocultablemente ofrece una respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por políticas económicas de corte neoliberal.” Ayudar a los individuos (hijos menores de 18 años), mediante una contribución

3 En esta sección del trabajo ha sido construida a partir del estudio de los documentos oficiales, algunos de los cuales se citan al final del mismo. Se han obviado expresamente las citas textuales extensas para cumplir con los requisitos de ésta presentación.

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monetaria a las familias, es visto como una “respuesta reparadora” a la situación de pos-tergación a la que han sido sometidos por la políticas económicas neoliberales de la déca-da del ‘90. Se plantea que ello impactará en la familia mejorando sus condiciones de vida, y que este mejoramiento se verá reflejado en la sociedad. Sin embargo, entiendo que se parte de una premisa errada, la sociedad no está com-puesta por una sumatoria de individuos o familias, sino que representa un todo orgánico donde los individuos entran en relaciones con otros (relaciones familiares, económicas, sociales, etc.), relaciones de mutua dependencia determinadas por condiciones materia-les históricas concretas. Además, esta forma de entender las medidas para combatir un problema social como la pobreza, lleva implícita una concepción respecto de la sociedad y del individuo que entiende que si la sociedad es sólo un agregado de individuos/familias, interviniendo sobre ellos y mejorando su situación singular, se mejora la situación de vida de la sociedad en general. No se niega con esto el impacto que la AUH pueda tener en el desenvolvimiento cotidiano de las familias, es cierto que en algo mejoran sus vidas con “más dinero en el bolsillo4” . Ahora bien, afirmar que ello implique una mejora en las condiciones materiales de vida es otro punto a discutir, sobre todo si entendemos esas condiciones en términos históricos, y como condiciones sociales y no individuales. Si lo vemos sólo en términos del consumo inmediato, cotidiano, tal vez, pero habría que considerar si realmente es una medida indicada para combatir la pobreza; en todo caso, como se señala en los mismos considerandos del decreto, representaría sólo un “paliativo importante”. En el mismo decreto se aclara que la manera de dar una respuesta estructural al problema de la pobreza es tomar medidas que impacten sobre el mercado de trabajo, gen-erando más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, entiendo que estas discusiones deben ser dadas en el marco de una concepción de individuo y de sociedad que contemple la lucha de clases como la base sobre la cual se gestan los problemas sociales y se con-quistan respuestas a los mismos, concepción que además implica entender a la socie-dad, al individuo y a las relaciones que se establecen entre ellos, en términos históricos y orgánicos. En definitiva, la AUH puede significar un avance en materia de política social que intenta alejarse de la concepción neoliberal, sin embargo, la concepción de individuo y de sociedad que la sustentan, sigue manteniendo los mismos rasgos conservadores.

2.3 Las nociones de individuo y sociedad en Durkheim y Marx

El desarrollo de estas cuestiones es demasiado extenso para ser presentado aquí en su totalidad, pero intentaré dejar planteadas algunas de las categorías fundamentales que han sido trabajadas para dar forma a esta doble matriz teórica que pretende conver-tirse en la guía para el análisis y la crítica de las nociones presentes en la AUH.

Con respecto a Durkheim, trabajé especialmente el concepto de hecho social, entendido como aquellos “modos de obrar, de pensar y sentir que presentan la notable

4 Hay estudios oficiales que recogen “la voz de los beneficiarios” – el mejoramiento de las condiciones de vida queda ligado a que un incremento del dinero en los bolsillos les permite a las familias comprar algo de ropa, o útiles escolares a sus hijos, o acceder al transporte para asistir a alguna actividad recreativa. Ver, por ejemplo: Análisis y evaluación de los aspectos educativos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Ministerio de Educación de la Nación, Nov.2011

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propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales” (Durkheim, 2003: 35,36). La “externalidad de lo social” refiere al carácter sui generis de la asociación, entendiendo que ésta no está dada en las conciencias individuales sino que surge como producto de las relaciones de los hombres entre sí. “(…) la sociedad no es una simple suma de individuos, sino que el sistema formado por su asociación representa una realidad específica que tiene sus caracteres propios. Sin duda, no puede producirse nada colectivo si no existen las conciencias particulares; pero esta condición necesaria no es suficiente. Es preciso además que estas conciencias estén asociadas, combinadas, y ello de cierta manera; es de esta organización de donde resulta la vida social y, en consecuencia, es esta combinación la que la explica” (Durkheim, 2003:129) Los individuos, si bien no son absolutamente pasivos, se encuentran obligados por el resultado de esa combinación / asociación, de la cual son parte, pero que a la vez, se les impone. “(…) el hecho de la asociación es el más obligatorio de todos, porque es la fuente de todas las demás obligaciones” (Durkheim, 2003:130) De aquí deriva su concepto de coacción social, que es “la presión ejercida por la conciencia de un grupo sobre la conciencia de sus miembros”. “Lo que tiene de especial la coacción social consiste en el prestigio de que se hallan investidas ciertas representa-ciones sociales. Las costumbres, individuales o hereditarias, nos dominan desde adentro”; “Por el contrario, las creencias y prácticas sociales actúan sobre nosotros desde el exterior” (Durkheim, 2003:27). A esta fuerza externa Durkheim la caracteriza como centrípeta, ya que es, al principio, externa al individuo pero tiende enseguida a formarlo, desde afuera, a su imagen. Para Durkheim, el individuo sometido a esta coacción social no es enteramente pasivo, “Al pensar en las instituciones colectivas, al asimilarlas, las individualizamos, les damos más o menos nuestra marca personal”. “No hay conformismo social que no lleve consigo toda una gama de matices individuales” (Durkheim, 2003:128). La reglamentación de la vida social, que surge de la asociación de las conciencias individuales, pero que las excede (naturaleza sui generis) y obliga, nace para Durkheim, en la sociedad moderna, con la división del trabajo. La división del trabajo aparece así como fuente de solidaridad (orgánica), es decir, produciendo ese lazo moral del cual brotan las reglamentaciones que regularán esas mismas relaciones. Como consecuencia, si la división del trabajo no produce esa reglamentación que regule las relaciones entre las partes, esas relaciones se encontraran en un estado de anomia. En la actualidad, el concepto de anomia desarrollado por Durkheim nos puede ayu-dar a pensar en cómo se ha dado la reconfiguración del orden social a partir de la construc-ción de nuevas formas de integración y a indagar sobre qué fundamento está construida ésta forma específica que representa la AUH; es decir, qué tipo de socialidad y de integración (o “solidaridad”) construye. Así, la matriz durkheimniana permitirá analizar a la AUH y a sus fundamentos con-ceptuales, como una práctica ordenadora de comportamientos sociales y de coacción social, en relación con determinadas representaciones sociales, que en este caso aparecen delinea-das vía la figura del Estado, pero que no dejan de ser expresión y resultado del conjunto de la sociedad, cristalizada bajo la forma de una política social específica. Además, y a modo de pregunta, surge la cuestión de cómo los individuos, beneficia-rios del programa, reglamentan y ordenan sus prácticas y comportamientos obedeciendo (en términos de Durkheim) a esta fuerza externa coactiva que se les impone. Si bien aquí sería necesario realizar un abordaje de tipo cualitativo, será posible aventurar una respuesta en base a algunos trabajos ya escritos que abordan el tema desde esa perspectiva. Con respecto a la teoría de Marx, que pretendo usar como herramienta de crítica, tal vez lo más relevante del contrapunto con Durkheim se halle en la concepción de la di-

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visión social del trabajo, su origen, explicación y consecuencias. Para Durkheim, la división social del trabajo es resultado de las acciones de los individuos viviendo una vida común y fuente de solidaridad orgánica, es decir, de la regla-mentación necesaria a la constitución de un ordenamiento moral. Por su parte, para Marx, la división social del trabajo es fuente de sojuzgamiento y enajenación. “(…) la división del trabajo nos brinda ya el primer ejemplo de que (…) los actos propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil, que le sojuzga, en vez de ser él quien lo domine. En efecto, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades, que le viene impuesto y del que no puede salirse” (Marx, 1968:16) Aquí Marx nos revela la primera contradicción que encierra la división del traba-jo: las relaciones en las cuales debe entrar el hombre para poder vivir (relaciones que él no ha creado individualmente y a las que está obligado a entrar – “independientes de su voluntad” - , pero que contribuye a mantener su actividad) se le revelan como un poder ajeno que lo domina y que determina de antemano el lugar que ocupará en la estructura de la organización social. A su vez, mediante su trabajo, (entendido como fuerza social producto de la cooperación), él contribuye a crear un cúmulo de riquezas “sociales” a las cuales sólo tiene acceso una parte de la sociedad. La producción de riqueza y su resultado (los productos de esa riqueza) son entonces sociales y no individuales, la sociedad toda mediante la cooperación de los diferentes individuos en diferentes trabajos es lo que la ha producido; sin embargo, sólo algunos individuos se apropian de esa riqueza y gozan de los productos del trabajo. De este modo, lo que es creado como un producto social toma la forma de “producto individual” porque es apropiado por la clase explotadora (burguesía), apareciendo así como propiedad privada (forma jurídica que adquiere el producto de la división del trabajo). El hombre pierde todo dominio sobre algo que es producto de su pro-pia creación y que además lo sojuzga y se transforma en fuente de su propia explotación.Esto que para Marx es fuente de enajenación, es para Durkheim la base del ordenamiento de la vida social. La división del trabajo para Durkheim es la fuente de la solidaridad social (cuanto mayor es la división del trabajo más integrada, más cohesionada está la socie-dad, más puede el individuo diferenciarse, individualizarse), para Marx es el origen de la dominación del hombre por el hombre, “El poder social, es decir, la fuerza de producción multiplicada, que nace por obra de la cooperación de los diferentes individuos bajo la acción de la división del trabajo, se les aparece a estos individuos, por no tratarse de una cooperación voluntaria, sino espontánea, no como un poder propio, asociado, sino como un poder ajeno”, poder ajeno que los sojuzga y los somete (Marx, 1968:16) Otra importante contradicción, producto de la división del trabajo y que se de-sprende de la anterior, es “(…) la contradicción entre el interés del individuo concreto o de una determinada familia y el interés común de todos los individuos relacionados entre sí, interés común que no existe, ciertamente, tan sólo en la idea, como algo «general», sino que se presenta en la realidad, ante todo, como una relación de mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece dividido el trabajo”. “(…) precisamente por virtud de esta contradicción entre el interés particular y el interés común, cobra este último, en cuanto Estado una forma propia e independiente, separada de los reales intereses particulares y colectivos y, al mismo tiempo, una forma de comunidad ilusoria, pero siempre sobre la base real de los vínculos existentes. (…) todas las luchas que se libran dentro del Estado, no son sino las formas ilusorias bajo las que se ventilan las luchas reales entre las diversas clases”. (Marx, 1968:18) En términos generales, según Marx, las consecuencias de la división del trabajo producto de las contradicciones que acarrea son, por tanto, la propiedad privada, “la ena-jenación de la actividad social” y el Estado.

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Hasta aquí he presentado de manera muy sintética algunos de los planteos con-ceptuales de Durkheim y Marx, que pretendo me guíen en la construcción de esa doble matriz teórica que posibilite el análisis y la crítica de los supuestos que subyacen a la fun-damentación de la AUH.

3- Consideraciones finales

El trabajo de tesis aún está en proceso de elaboración, con lo cual las conclu-siones son más bien interrogantes guías para seguir trabajando.Una de las cuestiones sobre las que intentaré avanzar, es la relación entre la con-cepción durkheimniana de coacción social como reguladora de las prácticas y com-portamientos de los individuos con la concepción fundante de la AUH, entendiendo que ésta como intervención específica del Estado no es sólo expresión del gobierno actual, sino que surge de la constitución de lo que Durkheim llama la moral social. En este sentido, recientemente e indagado en autores contemporáneos que siguen la tradición durkeimniana, aunque enlazando su pensamiento con perspec-tivas más actuales dentro de la teoría sociológica. Entre ellos menciono a Randall Collins, y entre sus varias obras, cito “Perspectiva sociológica: Una introducción a la sociología no obvia”. Collins articula la visión macrosocial de Durkheim con la per-spectiva microsocial de Goffman, destacando a los rituales de interacción social de la vida cotidiana (es decir, aquellos de carácter informal como por ejemplo, una conv-ersación) como elementos importantes de integración, que no se basan en elecciones racionales “sino en sentimientos no racionales de solidaridad” que crean un sentido de identidad grupal. Esta nueva perspectiva puede arrojar luz sobre la idea de pensar a la AUH como una forma de integración social y de construcción de identidad a par-tir de los pequeños rituales y prácticas que desarrollan aquellos sujetos que la perc-iben. De este modo, podría verse que la fuerza coactiva de la sociedad - considerada desde la acción de la lógica estatal -, no actúa simplemente desde afuera, imponiendo una nueva forma de integración, sino que actúa desde la cotidianeidad de la práctica social. Así, entender a la AUH como una nueva forma de integración social implicaría también analizarla desde el propio desarrollo de las prácticas cotidianas de los su-jetos a los cuales está destinada, donde, en definitiva, esa nueva forma se objetiva y refuerza. Esta misma cuestión, pensada desde Marx, nos remite a las consecuencias de la lucha de clases, que teniendo su fundamento en la organización social capitalista se expresa en las diferentes formas de la práctica social, pero no de una manera abso-luta y lineal, sino arrastrando consigo las contradicciones que determinan esa lucha.El sentido del análisis pretende, en definitiva, aportar elementos para discutir y pro-bar por qué la AUH no es una política esencialmente neoliberal, como las de los ’90, pero que esconde en su fundamentación elementos fuertemente conservadores. En el caso particular que me ocupa, entiendo que esto puede ser desentrañado a partir del estudio de los fundamentos conceptuales de dicha política respecto de las no-ciones de individuo y sociedad, ya que de la concepción que se sustente respecto de éstas nociones, se deriva, o bien, la posibilidad de pensar en la transformación so-cial, o bien, se obtura cualquier vía de cambio reproduciendo las mismas condiciones pero bajo otras formas.

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11CAPÍTULO

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Las políticas alimentarias en el neoliberalismo:

análisis de la incidencia en las condiciones de vida de mujeres beneficiarias y en las relaciones de género. El caso del Plan Más

Vida en la ciudad de Tandil en el período 2015-2018.

Lic. Melina Fernández1

1 Lic. en Trabajo Social. NACTS PROIEPS, FCH, UNCPBA. fernandezmelina1991@gmail.com

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Introducción El presente artículo se enmarca en las labores de investigación desarrolladas en el NACTS PROIEPS de la FCH UNICEN desde el año 2018 y en la formación de posgrado emprendida en la Maestría en Ciencias Sociales de dicha Unidad Académica. Se trata de una investigación inscripta en el análisis de la política alimentaria en el con-texto de la crisis de la reproducción social inmanente al desarrollo del neoliberalismo, observando un orden de género que materializa los procesos de implementación, las con-cepciones ético-políticas que contiene, las tensiones que se expresan en torno a este orde-namiento, las continuidades que reafirma. De modo integral, desde la economía política, se analizan las transformaciones en la etapa actual de desarrollo de la sociedad capitalista (Bonnet y Piva, 2009; Sanmartino, 2009; Grigera, 2013), observando el perfil dominante que asume la política social en Ar-gentina (Fernández Soto 2014, 2013) e incorporando una mirada desde la economía fem-inista (Perona, 2012; Rodríguez, 2010; Rodríguez y otras 2012; Castaño, 1999; Vazcones, 2012) para guiar su análisis. En esta línea, se pretende realizar aportes al campo de estudio de las políticas so-ciales en la sociedad contemporánea, a partir del estudio de la incidencia de las políticas alimentarias en las condiciones de vida de mujeres beneficiarias así como también en la reproducción o impugnación de las relaciones de género que constituyen el sistema het-ero-cis-patriarcal. En esta línea, se busca analizar cómo participa la política alimentaria en los complejos procesos de reproducción de las relaciones de género, indagando -desde una perspectiva de complejidad- las tensiones observadas entre la naturalización de las relaciones subalternas constituidas históricamente en la sociedad patriarcal y aquellos procesos de impugnación y politización a esos “lugares asignados”. En el marco de la crisis de la reproducción social inmanente al desarrollo del neo-liberalismo (Federici, 2012) interesa analizar el papel complejo que las mujeres desem-peñan en las políticas sociales alimentarias que las convocan, las relaciones que se es-tablecen con los procesos de reproducción social, las politicidades involucradas en estos procesos de implementación así como las tensiones desplegadas. De esta manera, desde una perspectiva de género y de derechos, se pondrán en relación los estudios sobre políti-cas sociales en el neoliberalismo, considerando las relaciones desiguales de género como una dimensión central del análisis. El Plan Más Vida, implementado desde el año 1994 en la provincia de Buenos Ai-res, resulta un caso pertinente de analizar por diversos factores. En primer lugar, con-

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stituye en una política social alimentaria con más de veinte años de implementación que continúa vigente en la actualidad. En segundo lugar, convoca a mujeres como principales beneficiarias pero también las considera actoras fundamentales en su implementación, cuestión que se vuelve crucial por la perspectiva de género y de derechos aquí adoptada. En tercer lugar, y en relación a lo anterior, se trata de una política social que surge y se implementa en el contexto del neoliberalismo y de su consecuente crisis de los procesos de reproducción social. Por último, las transformaciones que sus líneas programáticas han sufrido en la última década se vuelven cruciales, imponiéndose la necesidad de un análisis al respecto. A continuación, se presentarán algunos elementos teóricos que dan cuenta de una primera aproximación en el desarrollo de esta investigación, con el afán de contribuir a los debates respecto de las políticas alimentarias desde una perspectiva de derechos y de género, entendiendo que se trata de discusiones abiertas que presentan más interro-gantes que respuestas cerradas. El artículo fue organizado en cuatro partes: en primer lugar, se presentan algunas líneas teóricas respecto al neoliberalismo y a la crisis de reproducción social, en segundo lugar se hace referencia a las políticas sociales en el neoliberalismo, luego se exponen algunas consideraciones sobre el Plan Más Vida y en cuarto lugar se indica el recorte es-pacial-temporal de la investigación. Finalmente, se presentan consideraciones finales.

1.Neoliberalismo y crisis de la repro-ducción social Con el objetivo de avanzar en la construcción del problema de investigación, se consid-era fundamental presentar algunos elementos teóricos que permitan problematizar el estudio de las políticas alimentarias en el contexto de la crisis de reproducción social que se desata con y es parte constitutiva del desarrollo del neoliberalismo. Como un primer señalamiento, se parte de entender los procesos de reproducción so-cial desde la perspectiva de Silvia Federici (2013), es decir, como “cimiento de todo sistema político y económico y de lo que mantiene al mundo en movimiento” (Federici, 2013, p. 18) y como “el complejo de actividades y relaciones gracias a las cuales nuestra vida y nuestra capaci-dad laboral se reconstruyen a diario” (Ibidem, p. 21). Esto implica, entonces, entenderla como producción de fuerza de trabajo -que se realiza de manera no remunerada- como una función en la división social y técnica del trabajo y como un momento de la producción capitalista que ha sido asignado no tan naturalmente a las mujeres y que se constituye además en una función específica de este grupo social. Desde una perspectiva histórica, con el fin de contextualizar esta investigación, se de-staca que -según la autora citada con anterioridad- a partir de 1974 se ha asistido a un proceso de re-estructuración de las relaciones de clase a partir de la implementación del modelo neo-liberal. Según Irma Arraigada (1987), en América Latina estas políticas tuvieron como correlato una crisis que afectó de manera diferencial, en primer lugar, a la esfera productiva y repro-ductiva y, luego, a hombres y mujeres. En relación a la esfera productiva, señala que se vivió un proceso de feminización de la fuerza de trabajo (aumento de la participación de mujeres en empleos remunerados) que convivió con un aumento de la tasa de desocupación en mujeres jóvenes. Un dato interesante a resaltar es respecto de los sectores productivos y la inserción lab-oral de las mujeres: se trata de sectores “no estructurados y de baja productividad” (Arraigada,

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1987, p. 8). En este sentido, la reducción del tamaño del Estado significó una disminución del empleo en el sector público para las mujeres, de manera que la desigualdad preexistente fue causa de los efectos diferenciados de la crisis en hombres y mujeres y, a la vez, la consecuencia más profunda de la crisis fue la perpetuación de esa desigualdad” (Ar raigada, 1987, p. 8). Pero estos programas de ajuste estructural -que tienen como protagonistas principales al Banco Mundial y al FMI y que resultan un brutal ataque a los derechos de la clase trabajadora -han implicado también una transformación de los procesos de reproducción social; y más aún, este nuevo modelo económico mundial depende de la “desinversión estatal en el proceso de reproducción social” (Op Cit, p. 147) para su puesta en marcha y consolidación. Concretamente, en los sectores populares latinoamericanos esto se tradujo en distintas estrategias para garantizar la subsistencia, que marcan tendencias complejas: se reforzaron los vínculos de interdependencia entre miembros de las familias, en otros casos se ampliaron y también contrajeron los grupos familiares; se combinaron trabajos remunerados con otros destinados al autoconsumo, aumentó la participación de los miembros de las familias en em-pleos remunerados y al mismo tiempo se intensificaron los trabajos no remunerados en la esfera doméstica. (Arraigada, 1997). Sin duda, y en clave de género, estos procesos posicionaron a las mujeres en un rol fundamental y específico. En términos generales, la crisis impactó mayormente en las mujeres respecto a los varones y en términos particulares, estas asumieron con mayor fuerza las tareas reproductivas, ahora intensificadas y en aumento. En relación a lo anterior, los recortes presupuestarios establecidos en las políticas so-ciales así como la nueva impronta que éstas pasan a adquirir, también han afectado principal-mente a las mujeres y sobre todo a las mujeres beneficiarias de servicios sociales. Resulta evi-dente que la desinversión estatal en salud, educación y desarrollo social implicó la asunción de estas tareas en el seno del ámbito familiar y/o comunitario, que en última instancia, significó una responsabilización para las mujeres en esos espacios. Sin embargo, estos desplazamien-tos, también trajeron consigo la construcción de estrategias colectivas y organizativas en los territorios así como también una valoración subjetiva y una visibilización del trabajo de las mujeres.

2. Las políticas sociales frente a la crisis de reproducción social en el neoliberalismo En el marco de la reforma del Estado a la que se viene haciendo alusión, las

políticas sociales también resultaron objeto de transformaciones. Entendiendo que

hablar de políticas sociales implica dar cuenta de la intervención social del Estado,

esta “(...) constituye un conjunto de dispositivos político-institucionales de inter-

vención sobre las manifestaciones de la cuestión social, resultante del procesamiento

de la dinámica conflictiva de la sociedad expresada en el despliegue de fuerzas socia-

les antagónicas” (Fernández Soto, 2001, p. 3). Dispositivos que, además -en palabras

de la autora- participan en la reproducción de la fuerza de trabajo y presentan impac-

tos en las condiciones de vida de los/as sujetos/as destinatarios/as.

Colocando la atención en Argentina, puede decirse que estas políticas sociales

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-desde mediados de los setenta y con mayor énfasis en la década del noventa- adqui-

eren nuevas características; que responden al cuestionamiento del anterior Estado

de Bienestar, a la consecuente “descalificación del Estado como ámbito público” (Ibi-

dem, p. 6) y a la institución del mercado para la intervención sobre la cuestión social,

en un redimensionamiento que implica nuevas formas de relación entre el Estado y

la Sociedad Civil.

En este contexto, según sostiene Fernández Soto, la intervención social del

Estado pasa a centrarse en cuatro principios: integralidad, privatización, descentral-

ización y focalización, asistiendo a un corrimiento de los principios tradicionales del

sistema de políticas sociales argentinas (carácter sectorial de los servicios, predo-

minio de lo público sobre lo privado, centralismo estatal y aspiración de centralidad)

y dando lugar a la “mercantilización de los derechos sociales” y a la “naturalización

de las desigualdades sociales” (Ibidem, p. 7).

Desde una perspectiva de género, considerando ahora las políticas sociales

que entrecruzan las dimensiones de pobreza y género, Arraigada (2004) remarca

la centralidad que pasan a adquirir las políticas asistenciales orientadas a mujeres

pobres como “grupo vulnerable”, donde se coloca especial énfasis en la dimensión

reproductiva de las mujeres “beneficiarias”. En esta línea, destaca específicamente

el surgimiento de políticas alimentarias de carácter asistencial, con criterios de ac-

ceso focalizados en la población más pobre y de carácter paliativo o compensatorio;

cuestión que se retomará en el próximo apartado.

En consonancia con lo desarrollado hasta ahora, es importante señalar que

frente a este escenario -que se muestra especialmente desfavorable para mujeres de

sectores populares- las mujeres han sido propulsoras de la colectivización del trabajo

reproductivo, para economizar sus costos y enfrentar de manera colectiva la pobreza

y la violencia estatal en el marco de la mercantilización del trabajo reproductivo y de

la “globalización de los cuidados” a la que se asiste en este período (Federici, p. 252).

Interesa realizar este último señalamiento con la invitación a pensar las políticas

sociales desde la complejidad, superando miradas dicotómicas, deterministas o unidirec-

cionales de las mismas y de los escenarios en los que surgen y se implementan.

3. Las políticas alimentarias en el neoliberalismo. El caso del Plan Más Vida.

En este contexto de implementación de políticas neoliberales, las políticas socia-les que brindan asistencia alimentaria a los sectores “pobres” pasan a ocupar un lugar central. Esto se desarrolla bajo los procesos de descentralización ya mencionados, donde los gobiernos provinciales y luego municipales son los encargados de implementar las políticas públicas financiadas por el gobierno nacional y también por organismos inter-nacionales. (Fernández Soto, 2001). La focalización -otra de las características que con más fuerza pasan a asumir las políticas sociales neoliberales- se presenta con una tendencia a

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la provisión selectiva de ciertos bienes y servicios para alcanzar umbrales mín imos de satisfacción de la población en condición de pobreza extrema (población con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI), siendo poco relevantes las acciones dirigidas a la posesión y/o desarrollo de activos físicos y humanos, como a la ga rantización de niveles mínimos de ingreso. (Ibidem, p. 8) Dentro de estas políticas sociales, pueden mencionarse las correspondientes al Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires -ámbito centralizador de la intervención social del Estado provincial en este momento histórico- dentro de las cuales se ubica el Plan Vida. Existen variadas investigaciones realizadas sobre el Plan Más Vida, desde dis-tintas perspectivas analíticas. Pueden mencionarse las de Andrenacci, Neufeld y Raggio (2000), Eguía y Ortale (2007), Fernández Soto (2001, 2006), Masson (2004), Piñeyro (2014), Santarsiero (2010), Schuttenberg (2008), entre otras. Retomando el trabajo de Fernández Soto (2001), se ubica el surgimiento del Plan en el año 1994 en el Municipio de Florencio Varela. Luego, pasa a implementarse en aquel-los municipios de la provincia de Buenos Aires donde se registrara al menos un 40% de hogares con NBI, cuestión a determinar mediante censos por zona. Con un criterio focal-izador territorial, el Plan toma como población objetivo -dentro de estas zonas- a mujeres embarazadas y niños/as hasta 5 años de edad. Los objetivos propuestos se vinculan a la disminución de enfermedades y de la muerte de la población materno-infantil, a la estimulación de la participación de la mujer, a la promoción de lazos solidarios, al “apoyo nutricional” a la población objetivo del Plan, al aseguramiento de los controles de salud de “la embarazada” y del niño, a la promoción de la lactancia materna y de la participación y organización comunitaria, entre otros. En relación a sus líneas programáticas, el Plan cuenta con un eje nutricional, un eje sanitario y un eje de organización comunitaria. El primero de ellos consiste en la entrega de leche, cereales y huevos por parte de trabajadoras vecinales volun-tarias “manzaneras”, que además de la entrega de estos alimentos realizan tareas de promoción, en pos de “optimizar su uso”. Para el caso de niños/as de 6 meses a 1 año esto se complementa con la entrega de medio litro más de leche por día. El eje sanitario, por su parte, se centra en la prevención de enfermedades y controles de salud, tanto de la mujer embarazada como del niño/a, en el primer nivel de atención de salud. Finalmente, el eje organización comunitaria prevé la “autogestión e inter-elación barrial”, proceso en el cual se involucran las trabajadoras vecinales mediante la capacitación en distintos temas (participación comunitaria, prevención sanitaria, nutrición, entre otros), las organizaciones e instituciones barriales. Un elemento central a destacar es el “soporte básico del programa”: la Red Vida. Integrada por las trabajadoras vecinales y sus coordinadoras, hacen posible la imple-mentación del programa mediante el desarrollo de una serie de acciones así como tam-bién la articulación con áreas del Estado. El criterio para su selección es el “perfil solidar-io” para realizar una tarea “voluntaria” y “desinteresada” (Fernández Soto, 2001, p. 11). Esta breve descripción del Plan Vida, puntualmente esta última idea, lleva nuevamente a reflexionar respecto de las formas de convocatoria de las mujeres en la política social alimentaria. Hasta el momento pudo verse que las mujeres son colocadas en el centro de escena, sea como población destinataria -a la que se destinan una variedad de acciones de promoción y asistenciales- o como actoras centrales en su implementación, a través de la designación de trabajadoras vecinales. En este último caso, con la asignación de valores morales como condición necesaria para ser partícipe de la política social. En pa-labras de Masson (2014), con el Plan Vida, la política se convierte en una consagración de

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lo doméstico en la esfera de lo público, a partir de la conversión de madres y esposas en “ejes de la política social”. Se trata de valores morales -ligados a la familia tradicional y a la religión- que constituyen una identidad femenina legítima y que dan cuenta de las formas de convocatoria de las mujeres en las políticas sociales. Cabe destacar que desde su surgimiento hasta la actualidad, el actual Plan Más Vida continúa vigente, habiendo transitado cambios en la gestión política de la pro-vincia de Buenos Aires. Desde una perspectiva histórica, resulta importante destacar que en el año 2002 dicha política sufre varias reformulaciones: en primer lugar, un cambio de denominación, al pasar a constituirse como “Plan Más Vida”. En segundo lugar, pasa a depender del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, al disolverse el Consejo del cual dependía. En tercer lugar, se profundizan los criterios de focal-ización de acuerdo a la “vulnerabilidad nutricional” (Dallorso, 2008) y se modifica el eje “organización comunitaria” por “educabilidad”. El nuevo Plan, además, incorpora una lógica de inter-sectorialidad y articula su implementación con el Ministerio de Educación y Salud. (Sartansiero, 2008). En el 2008 se advierte como un hito fundamental la bancarización del Plan Más Vida, lo cual significó el reemplazo de la entrega de alimentos y leche a sus destinatarios/as por una tarjeta de débito del Banco Provincia. La misma fue destinada de manera ex-clusiva a la compra de productos alimentarios en los comercios locales, por medio de la transferencia mensual de una renta que oscilaba entre los 80 y los 100 pesos. Este giro del Plan a una modalidad de transferencia condicionada de ingresos supone continuidades e inflexiones en la política social, que se consideran fundamentales de indagar desde esta especificidad. Cabe destacar que un conjunto de estudios han analizado los Programas de Trans-ferencia de Ingresos Condicionados destacando el papel central de las mujeres en los mismos (Pautassi y Zibecchi 2010; Arcidiacono, Berrenechea y Straschnoy 2011; Rodri-guez Enriquez, 2011). Estos analizan la participación de las mujeres en los PTIC en la responsabilidad impresa que se les imprime en el cumplimiento de las condicionalidades, poniéndolo en relación con el rol histórico asignado de tareas de cuidado, naturalizando la división sexual del trabajo y la sobrecarga en tareas domésticas en la esfera reproductiva, inscribiéndose en determinados patrones de relaciones de género dentro del hogar. Estos estudios se inscriben en el campo de problematización más amplio que pone en relación la composición de los hogares, las condiciones de participación laboral de las mujeres y el acceso desmercantilizado de servicios de cuidados, arreglos que generan diferentes relaciones entre la vida familiar y laboral (Martinez Franzoni 2010; Esquivel 2011:24; Faur 2012:107-117). Específicamente en lo que respecta al Plan Más Vida, interesa profundizar el análisis las continuidades y las inflexiones que el mismo sufre respecto de sus líneas pro-gramáticas y su implementación en la última década, además de considerar las particu-laridades de su implementación en el recorte espacial que se ha determinado: la ciudad de Tandil en el período 2015-2018.

4. El Plan Más Vida en la ciudad de Tandil en el período 2015-2018 Siguiendo como estrategia metodológica el estudio de caso en tanto “sistema delimitado en tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales” (Nein-

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man y Quaranta en Vasichalis, 2006), se ha establecido como recorte espacial-tempo-ral de la investigación la ciudad de Tandil en el período 2015-2018;”1 fundamentán-dose esto en al menos dos aspectos: en primer lugar, en el espacio socio-ocupacional de quien escribe en una institución dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) del Municipio de Tandil, aspecto que resultó posibilitador del acceso a la políti-ca social a estudiar y a su población beneficiaria; y en segundo lugar, la escasez de estudios centrados en este lapso temporal, donde -como ya se marcó anteriormente- las transformaciones que sufrió el Plan Más Vida vuelven imperante la construcción de conocimiento científico actualizado. Cabe destacar que el Plan Más Vida comenzó a implementarse en Tandil en el año 1996, en 12 barrios de la ciudad, de acuerdo al criterio de NBI especificado en sus líneas programáticas (Fernández Soto, 2001). En la actualidad continúa vigente y se implementa a partir de la articulación con la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tandil y con la red de trabajadoras voluntarias o manzaneras del Plan.Entendiendo que la construcción del campo empírico se vuelve significativa a partir de la información obtenida por medio de fuentes documentales, al año 2018 se registran 2817 beneficiarios/as en la ciudad de Tandil y para su implementación, el Plan cuenta con 1 tra-bajadora municipal y con 40 trabajadoras voluntarias aproximadamente. En esta trama de relaciones, y a partir de lo expuesto a lo largo del trabajo, se indagarán los objetivos de con-ocimientos definidos. Se pretende avanzar en el análisis del rol del Estado Municipal en la implementación del Plan Más Vida en el período de referencia, describir la estructura socio-demográfica de los hogares beneficiarios, caracterizar las implicancias de la bancar-ización para sus beneficiarios/as así como también el uso del dinero y mecanismos de con-sumo, conocer modalidades de relación política social-manzaneras-beneficiarios/as; entre otros aspectos. Para ello, se considerará el trabajo con fuentes primarias (entrevistas a funcionarios del Estado provincial y municipal, trabajadores/as provinciales y municipales, manzaneras, beneficiarios/as) y también secundarias (análisis de fuentes documentales y bibliografía es-pecífica). Reflexiones finales La lectura y el análisis de la bibliografía presentada, nos invita a reflexionar respecto de la participación de la política alimentaria en los procesos de reproducción social, enten-didos como producción de fuerza de trabajo en el sistema capitalista-patriarcal. En una segunda instancia, poniendo el foco en el sistema de políticas sociales alimentarias en la Ar-gentina, interesa conocer las particularidades que asume la implementación del Plan Más Vida en este sentido, tomando el caso de la ciudad de Tandil en el período 2015-2018. En esta línea, se impone la necesidad de analizar las formas de convocatoria por parte del Estado a las mujeres que asisten a la materialización de esta política social, tanto mujeres beneficiarias como trabajadoras voluntarias o “manzaneras”. Para ello, se consid-era que la perspectiva de clase y de género pueden aportar en la construcción de miradas desde la complejidad, la integralidad, el movimiento.

1 Pueden reconocerse antecedentes de estudios centrados en la implementación local del Plan Más Vida, considerados como aporte al análisis de la intervención social del Estado a través de la política alimen-taria y de los perfiles socio-demográficos de los grupos familiares beneficiarios. Ver: Fernández Soto, S. (2005): “Pobreza, intervención social del estado y mercado de trabajo. Precisiones teórico-metodológi-cas en el análisis de un plan alimentario”. En co-autoría con Jorge Tripiana. En Nuevos escenarios en el mundo del trabajo: rupturas y continuidades;. 7º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, ASET. Agosto de 2005, Buenos Aires. ISBN: 987-98870-2-6)

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12CAPÍTULO

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Las políticas de salud en la Argentina.

Del Plan Nacer/Sumar a la CUS. Algunas aproximaciones1

Escurra, María Isabel 2

1 Trabajo presentado en las II JORNADAS sobre ESTADO, POLITICAS SOCIALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES. DEBATES LATINOAMERICANOS. Organizado por el Grupo de Investigación PROIEPS, de la Facultad de Ciencias Humanas-UNICEN, el 29 y 30 de Octubre de 20182 CONICET/PROIEPS-FCH-UNICEN

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Introducción

Entre la literatura que se ocupa de la discusión sobre el Estado y las Políticas Sociales, se registran diferentes perspectivas y con variada amplitud. Puede recon-ocerse una perspectiva que limita su análisis a un “estudio sectorial” de la produc-ción del Bienestar por parte del Estado sin considerar la conflictividad inmanente al campo de la política social. (Fernandez Soto, S: 2012) También pueden reconocerse aquellos estudios que enfatizan el carácter histórico situado de las políticas sociales en relación a la constitución conflictiva de las clases sociales y sus relaciones en la dinámica de la sociedad capitalista. Comprendiendo a las políticas sociales en el con-texto de las contradicciones de la sociedad capitalista. (Fernandez Soto, S: 2012) Desde esta última posición se define a la política social como una fuerza acti-va que se institucionaliza y participa en el ordenamiento de las relaciones sociales y en la construcción de legitimación de proyectos sociales vigentes. Al mismo tiempo, responde a la incorporación (fragmentada y parcializada) de demandas e intereses sociales como resultado de complejos procesos de lucha por la identificación y recon-ocimiento de necesidades, la definición de problemas sociales que merecen atención, la distribución de recursos y responsabilidades (Fernández Soto, S.: 2005). Esto nos señala que no podemos entender las políticas sociales como fenómenos autónomos de la dinámica del movimiento concreto de la sociedad. Al mismo tiempo nos indica que las mismas responden a intereses sociales concretos no constituyendo elementos de intervención pública neutros. El Estado en el marco de su proceso de ampliación en la segunda mitad del XIX, a través de una compleja matriz institucional, va definiendo tratamientos específicos de la cuestión social, los cuales se van materializando en los diferentes “sectores” de las políticas sociales. Entre estos “sectores” podemos encontrar al sector Salud y definir que no

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es posible entender a las políticas de Salud como fenómenos autónomos ni neutros. Sino que las comprendemos como procesos que responden a intereses sociales con-cretos que adquieren significación en el movimiento de totalización en la sociedad. Es necesario avanzar en el estudio de las políticas sectoriales de salud desde sus ar-gumentos políticos, su funcionalidad social y su participación en procesos de legiti-mación y construcción de hegemonía. En torno a la APS, también se podría tomar un enfoque técnico sobre las acep-ciones de APS. Si pensamos en proponer un enfoque que realce el contexto históri-co-social en el que se inscriben los procesos de materialización de las políticas es posible partir de comprender a las políticas de salud como políticas sociales. A su vez, es importante pensar desde donde trabajamos la díada salud-enfermedad, apuntando a construir conocimiento desde una perspectiva que ubique a las políticas en salud como parte de las relaciones sociales de producción y reproducción social. Considerando a la salud, a la enfermedad y a sus formas de atención como construc-ciones sociales, históricamente determinadas por las condiciones de vida y trabajo de una sociedad específica. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en el presente trabajo discutire-mos sobre el sistema de políticas sociales argentino, haciendo hincapié en el período pos crisis 2001. Nos adentraremos en la caracterización de las políticas de salud, el proceso de reforma y las transformaciones posteriores a la crisis del 2001, profundi-zando en el Plan Federal de Salud y el Plan Nacer/Sumar. Luego, intentaremos plantear la discusión en torno al CUS, marcando algunas continuidades y diferencias para con el Plan Nacer/Sumar. Tomando como base las tensiones en las orientaciones que tendrían que han tomado las refor-mas en el sistema de salud, habiendo dos grandes y opuestas propuestas, una ligada a la lógica del aseguramiento y otra ligada a la universalización del derecho a la salud.Y pensando desafíos presentes en torno a los embates neoliberales que estamos at-ravesando en Argentina. De los cuales el sistema de salud no queda ajeno.

Las políticas de salud. Apuntes para la comprensión de la complejidadSi pensamos en el sistema de políticas sociales argentino, pensamos en un sistema universalista estratificado (Filgueira: 1998), ya que entre los sistemas universalistas estratificados podemos ubicar a países en los que la mayoría de la población es cubi-erta por políticas de protección social, con efectos redistributivos y cuyos sistemas de bienestar se han desarrollado tempranamente (Argentina, Uruguay y Chile). Se pre-sentan altos grados de desmercantilización pero, a su vez, una fuerte estratificación de beneficios y condiciones de acceso a estos mecanismos según el grupo ocupacio-nal de pertenencia. También siguiendo los planteos de G. Basile pensamos en la implementación de un modelo de protección dual, que en los últimos 40 años se caracterizó por una segmentación de la sociedad. Planteando que se construyó un modelo piramidal es-tratificado, cuya cima está integrada por sectores de alto poder adquisitivo y/o con empleo en relación de dependencia y en la base queda la mayoría de la población cu-bierta por sistemas de protección social más pobres y para pobres (desbordados por los cambios en las realidades socioeconómicas y sociodemográficas). Tomando en cuanta aportes de Lo Vuolo y Barbeito (1993), Argentina sostu-vo la red de seguridad social sobre una red de seguridad laboral. Estos autores han caracterizado al Estado de Bienestar argentino como un “híbrido institucional” cuya dinámica fue afín a un régimen meritocrático o corporativo, pero que también con-tenía instituciones del llamado modelo institucional redistributivo. Y respondía a los

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sectores más postergados a través de beneficios por goteo desde un componente uni-versalista. G. Basile (2013) al hablar de los “modelos de protección social” en salud que asumen los Estados plantea la existencia de 3 modelos ideales de protección social p: de asistencia social, de seguro social y de seguridad social universal. Bajo esta per-spectiva de análisis:

la red pública de servicios sanitarios de mayor cobertura y extensión terri-torial de América Latina que llevó adelante el primer peronismo (1946-1955) en Ar-gentina bajo el impulso del Ministro de Salud Ramón Carrillo, debería caracterizarla como una ampliación de derechos de ciudadanía con un principio de universalidad acorde al clima de época que ya se venía plasmando en declaraciones internacionales como el Informe Dawson, el Informe Beveridge, el desarrollo posterior del National Health Service en Gran Bretaña, entre otros antecedentes. (Basile, G: 2013; 1)

Este proceso de universalización encuentra límites regresivos a fines de los años ´60 cuando se termina de consolidar el sistema de “seguro social” a través de la Ley 18.610. Según G. Basile:

(…) un pacto digamos entre Estado y organizaciones gremiales atando cober-tura de protección social, previsión y salud al “empleo” formal en un modelo contrib-utivo de aseguramiento, segmentando y estratificando la ciudadanía de la sociedad argentina de acuerdo a la inserción laboral y/o el ingreso. (Basile, G: 2013; 1)

Estos subsistemas han tenido y tienen una relación compleja y tensionada. A su vez esta división dio históricamente al sector un carácter segmentado y heterogéneo, ya que estos tres subsistemas han coexistido de manera desarticulada y difieren respecto de su población objetivo, los servicios que brindan, el origen de los recursos con que cuentan y los intereses que persiguen.

Un ejemplo de esto es lo que pasó en el campo de la “salud pública” que fue a partir de fines de los ´60 fue instalada socioculturalmente como una cuestión social para los empobrecidos. En Argentina se termina de consolidar un sistema de segu-ridad social y salud donde prima la estratificación /segmentación social: un tipo de protección social y salud para pobres, otra salud para sectores medios formalizados y otra para ricos a través de su poder de pago de bolsillo en lo que conocemos como seguros privados con cobertura privada (empresas de medicina privada). Es decir, nuestro sistema de seguridad social y salud en su propia constitución genera inequi-dades y desigualdades de hecho. (Basile, G: 2016; 1)

Esta estructura segmentada y desigual dejaba menos cubiertos a los estratos de la población que no estaban ocupados en el sector formalizado o no estaban ligados con vínculos de dependencia a los beneficiarios del sistema. Para aquellos sectores pobres, desocupados y/o trabajadores informales, se fortalecieron estrategias de protección vía asistencia social con sus características compensatorias y focalizadas, destinadas a aquella personas que demostraban incapacidad para incorporarse en el mercado laboral formal.Mientras perduró el “pleno empleo” y prevaleció la figura del trabajador asalariado formal, el sistema contributivo de seguro social llegó a cubrir a la mayoría de la po-blación.

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Esa vinculación meritocrática de necesariamente tener empleo formal para acceder a la protección social y salud se constituyó en lo que se conoce como modelo de seguro social donde los derechos son condicionados por la inserción laboral de la persona en la estructura productiva. (Basile, G: 2013; 2)

Bajo estas condiciones de dualidad (Basile, G: 2013), estratificación (Filgueira: 1998), hibridez (Lo Vuolo y Barbeito: 1993) los problemas se acrecentaron cuando las cir-cunstancias económicas y políticas a partir de 1976 viraron hacia regímenes de corte neoliberales, informales y excluyentes, que terminaron por implosionar en la crisis del 2001.

En las últimas tres décadas del siglo XX Argentina ingresa en un acelerado proceso de centralización de la propiedad y la riqueza en menos manos, que se corresponde con un proceso de repulsión de los sectores trabajadores, la alteración de las condiciones de realización del trabajo y el despojo de conquistas y beneficios sociales institucio-nalizados en el sistema de Protección Social desde la segunda posguerra, desestruc-turando de esta manera la característica combinación del esquema del seguro y la seguridad social que señalamos. (Fernandez Soto, S; Tripiana, J: 2014; 275)

Los procesos de centralización de la riqueza y repulsión de trabajadores se combinaron con un régimen de bienestar de corte liberal e informal. Dejando por fuera de los clásicos mecanismos de protección social a gran parte de la población.

Argentina “(…) ha virado hacia regímenes de bienestar liberal-informales durante el período de hegemonía del consenso neoliberal (1980-2000), abandonando los es-quemas de tipo corporativo que predominaron durante casi todo el siglo XX. (…) Son liberales porque las presiones externas de mercados globales y de los organismos financieros internacionales destruyeron las estrategias de industrialización por sus-titución de importaciones desarrolladas desde la década de 1930. Y, por último, son informales porque casi la mitad de la población en sectores urbanos y rurales infor-males se encuentra excluida de todo sistema de protecciones sociales (Barrientos, 2004 en Campana: 2015; 31)

Las obras sociales se desfinanciaron por la inimaginable desocupación y la consecuente disminución de aportes sumado al “descreme” 1; los hospitales públicos afrontaron los incrementos de las demandas no obstante las restricciones presu-puestarias impuestas. Las transformaciones en el mercado de trabajo supusieron un porcentaje cada vez menor de cobertura por parte de las instituciones del histórico esquema de protección argentino, lo que implicó un número cada vez mayor de población adulta y niños/as sin acceso al esquema de obras sociales; una crisis inusitada del subsiste-ma público de salud; el crecimiento de la mortalidad infantil y la emergencia de pa-tologías asociadas a la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida. En palabras de Magdalena Chiara: La destrucción de puestos de trabajo generó un cambio en la estructura de la deman-da de los servicios provocando el desplazamiento de la población expulsada de los seguros sociales y privados, hacia los hospitales y centros de atención primaria es-tatales. Agravando estos cambios, el aumento de los precios de los insumos médicos y las demoras en el pago de salarios y contratos pusieron en emergencia a aquellos 1 Para profundizar en torno al “descreme” véase Rovere, M: 2007.

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hospitales y centros de atención primaria que atendían a poblaciones en situación de vulnerabilidad social y sanitaria. (Chiara, M.: 2016; 67)

Esto resultó agravado por los cambios en las políticas de salud; que promov-ieron el alejamiento del Estado de su función de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, a la vez que apoyaron la mercantilización de la salud.Las reformas estructurales inspiradas en los principios liberales del Consenso de Washington orientaron la incorporación del sistema de salud (también en su com-ponente asistencial) a las reglas del mercado, a través de dos políticas sustantivas: el impulso a los hospitales públicos de autogestión y la desregulación del sistema de obras sociales. Los trabajadores del sector salud sufrieron doblemente la aplicación de estas políticas, ya que por un lado se les aplicaron las leyes de flexibilización laboral y , por otro lado, las reformas sanitarias dieron lugar a cambios im-portantes en las condiciones de trabajo de sus trabajadores, tanto en relación a los procesos de trabajo como a las condiciones de empleo. En la práctica operó una descentralización de los hospitales que transfirió el conflicto a la esfera provincial y municipal liberando al presupuesto fiscal de toda responsabilidad por la salud de la población, inclusive del sostenimiento del hospital público, al que se otorgó la posibilidad de financiamiento mediante el arancelamien-to y la contratación con las obras sociales. Construyéndose escenarios y políticas que reprodujeron desigualdades en la protección de la salud en cada territorio, su-madas a desigualdades territoriales. Y reactualizando dispositivos del viejo modelo asistencial, que fueron la base para que los organismos internacionales propiciaran las políticas “focales” o “asistencialismo focalizado”, por las cuales los pobres deben demostrar su incapacidad como individuos y/o grupos para cubrir sus necesidades personales y las de su familia. También debilitando la función de la fiscalización, que es una competencia indelegable del Estado, para el control de la calidad de los servi-cios médicos, de la producción de medicamentos, de la industria de la alimentación y de productos agrícolas. Dejando abierto el paso al mercado. En el marco de la complejidad del sistema de salud argentino, G. Basile (2013) introduce, en torno a la mercantilización y el negocio de la salud, las transforma-ciones en el seguro social. Seguro que se fue transformando en un seguro de la enfer-medad de heterogénea cobertura y calidad, que en muchos casos quedó atrapado en la lógica mercantil privada del complejo industrial médico-farmacológico de alto con un enfoque biomédico asistencial-curativo, alejado de concepciones preventivistas y promocionales de la salud de los trabajadores. Debilitado, a su vez, en un contexto social signado por el desempleo y la precarización laboral. En cuanto a las iniciativas de atención primaria de la salud: “(…) la estrategia de APS se vio traducida al acceso de un paquete mínimo de intervenciones focaliza-das, ocultando y aislando a la salud de cualquier reflexión sobre los determinantes sociales, económicos, culturales y urbanísticos (…)” (Bertolotto, A; Fuks, A; Rovere, M: 2012; 363)2

El sistema de políticas sociales argentino pos crisis 2001 La crisis 2001/2 fue una de las crisis institucionales y socioeconómicas de 2 A fin de complejizar este planteo véase Testa, M (2014), especialmente el capítulo denominado: “Atención ¿Primaria o Primitiva? de salud”

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mayor envergadura sufridas en la Argentina contemporánea, donde la pobreza alca-nzó a más del 50% de la población. Expresándose en Argentina y América Latina el fracaso de las recetas neoliberales.

La década del noventa deja una herencia con altos niveles de precariedad y flexibili-zación, superando el 40% desde 1997 de trabajadores asalariados no registrados en el sistema previsional sobre el total de asalariados, llegando al 2001 con el 42,6 % de as-alariados sin registro. Ello se agudizó tras la mega-devaluación de la moneda argen-tina en 2002, registrándose en 2003 el 49,2% de asalariados no registrados. Si bien se registra una reducción significativa de la informalidad en el período que se abre a partir del 2003 hasta el 2012 (cayó del 49,2% al 34,4%), la misma se relativiza cuando se la pone en relación con la tasa de crecimiento de la economía en el mismo período. Al mismo tiempo se observa a partir del 2008 una desaceleración de la reducción es-tancándose en el 2012. Quedando como saldo pese a la disminución del período altos niveles de informalidad. (Fernandez Soto, S; Tripiana, J.: 2014; 278)

El período pos crisis del 2001, indicó cambios y continuidades con el pasado pro-ducto de correlaciones de fuerza resultantes en el movimiento general de la sociedad. Siguiendo los planteos de S. Fernandez Soto y J. Tripiana (2014) podemos vi-sualizar que emerge la categoría de “trabajador pobre” (el obrero que aun trabajando no cubre la canasta familiar –alimentaria o total-), frente a la figura del “desocupado pobre” que prevalecía en la crisis del 2001. Esto implica que tener trabajo no ga-rantizaría cubrir las condiciones materiales de existencia. Este sujeto/a trabajador/a pobre comienza a ser objeto de políticas sociales de corte asistencial, “acompañan-do estas transformaciones estructurales del “mundo del trabajo”, incluyendo como criterio de acceso a los beneficios sociales, ahora no sólo la condición de pobreza y desocupación, sino también condiciones de informalidad en lo que es la venta de la fuerza de trabajo.” (Fernandez Soto, S; Tripiana, J.: 2014; 278) En un contexto donde permanecen situaciones de informalidad y precariedad laboral extendidas, la experiencia de “recomposición neodesarrollista” se caracterizó por la aspiración a reconstruir la “autoridad estatal” en la regulación socioeconómi-ca, asumiendo el Estado un papel planificador y estratégico en la definición de la obra pública y en la generación de empleo, en el sostenimiento de ciertas actividades industriales y productivas, en la búsqueda de una mejor inserción internacional en el marco de la mundialización capitalista; y al mismo tiempo definir una red de políti-cas sociales compensatorias de “contención e inclusión social” que aborden a los/as sujetos/as trabajadores pobres/ informales/ precarizados/as y/o desocupados/as y sus familias. (Fernandez Soto, S: 2013) Entonces, la intervención social de carácter asistencial se masificó, ex-pandiéndose las políticas sociales de carácter no contributivo. Creció la discusión so-bre los principios neoliberales de la política social (privatización, descentralización y focalización). Se cuestionó la perspectiva asistencialista divorciada de la garantía de derechos y la extensa fragmentación de las políticas sociales. Estos cambios han implicado un proceso de re-estatización de los fondos de pensiones, fortalecimiento y creciente protagonismo de las áreas centrales del gobi-erno para políticas estratégicas como salud y educación, definición de grandes líneas de intervención en el campo de la pobreza, tendencia a la “universalización mínima” de la seguridad social a través de instrumentos que combinan criterios “contributi-vos” y “no contributivos”. Conformándose así un subsistema no-contributivo relacio-nado al contributivo.

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La política de Salud en el Siglo XXI Siguiendo los planteos de las y los autores trabajados, la desigualdad, la frag-mentación, la dualidad como problemas estructurales de la organización del sector salud en Argentina se profundizaron con la crisis de fin de siglo XX, constituyéndose en los principales desafíos que enfrentó la política de salud en el siglo XXI. Es en este marco en el que podemos comprender como en respuesta a la crisis de 2001/2002, en un contexto de emergencia socio-sanitaria y de crisis de legitimidad de las orientaciones de las políticas sociales neoliberales, el gobierno nacional puso en marcha en el año 2004, a través del Ministerio de Salud de la Nación, el Plan Fed-eral de Salud. El Plan Federal de Salud se propone: la integración de los subsectores; la par-ticipación activa del gobierno nacional; la equidad regional y la promoción de la APS como estrategia organizadora del sistema. Pondera incentivar el desarrollo de in-strumentos que incrementen la equidad en el acceso y el financiamiento de la salud, que definan la evaluación del desempeño e implementen mecanismos de partici-pación comunitaria en todos los niveles.

La diferencia más importante respecto del periodo anterior radica en las ideas desde las cuales se sostuvieron las propuestas y en el regreso del Ministerio Nacional como actor a la arena de los servicios, antes presente solo a través de los programas focal-izados. (Chiara, M.: 2016; 69)

El nuevo modelo sanitario propuesto se apoyó principalmente en la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS), con un fuerte anclaje territorial y de for-mación de recursos humanos, considerados elementos eficaces para lograr el mejo-ramiento de la salud de la población.

La heterogeneidad de respuestas provinciales y locales en los establecimientos llevó a la política nacional a plantearse también la necesidad de garantizar de manera ex-plícita un conjunto de prestaciones en cantidad, calidad y oportunidad para toda la población. (Chiara, M.: 2016; 70)

Se observa entonces un replanteo de las responsabilidades del Estado nacion-al en relación a la atención de la salud, que buscó recuperar participación e inciden-cia sobre los servicios de salud a cargo de las provincias y los municipios.Algunos de los puntos centrales fueron mejorar la situación de los ciudadanos “sin cobertura explícita” (en el marco de un sistema de salud que sigue un patrón de uni-versalismo estratificado); la articulación nación-provincia-municipios y el compro-miso de los municipios en la implementación de la APS; la formación, capacitación y evaluación de “recursos humanos profesionales” en las áreas prioritarias, entre ellas medicina generalista y APS. Según Wilner y Stolkiner (2007) el modelo de APS que se propone implica la responsabilidad poblacional nominada y bajo responsabilidad de las redes de atención, en cuyo contexto los niveles locales (municipios y provincias) son los responsables de desplegar una estrategia de APS desarrollando políticas saludables en tanto el nivel central (Ministerio de Salud de la Nación) tienen que desarrol-lar una estrategia que permita asistir a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que se comprometan a implementar un adecuado modelo de APS,

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lo que se corporiza en: la provisión de medicamentos (Programa REMEDIAR), la provisión de leche, vacunas y anticonceptivos (Programa Materno Infantil, Programa de Inmunizaciones y Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Re-sponsable) y la acreditación y capacitación de los trabajadores (Programa Nacional de Garantía de Calidad y Programa Nacional de Médicos Comunitarios).La política de APS durante el período citado buscó que sean los gobiernos locales (primero las provincias y luego también los municipios) quienes desplieguen una estrategia de promoción y prevención, y políticas saludables. Según el mapeo que ha realizado el ISAGS en 2014 en las mayores provincias del país (Buenos Aires, Córdoba y en la Ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe) los municipios cuentan con servicios (ISAGS: 2014) El Plan Federal de Salud, desde lo doctrinario postuló al Estado como garante de la salud de la población y la equidad en el acceso a los servicios de salud, a través de la constitución de redes de atención organizadas según criterios de complejidad que articulen a los diferentes subsectores. Y planteó la provisión de esos servicios a una “(…) canasta de bienes y servicios esenciales en salud a través del aseguramiento que dé cobertura universal básica a todos” (MSN: 2004) Aquí cabe hacer una salvedad en relación a la ruptura con la tradición liberal de políticas sociales. Pues una lógica de cobertura básica es visible en el Plan Federal y se materializa en políticas de salud nacionales, como el Plan Nacer/Sumar. Entran-do en tensión con el modelo de Sistema Universal Integrado de Salud. Al respecto, es necesario ahondar la mirada y tener en cuenta que no se rompe con el vínculo entre los beneficios de la inserción laboral, la capacidad de contri-bución y el acceso al derecho a la salud, para ligarla directamente a la condición de ciudadanía. (Fleury: 2007; Campana: 2015) Más allá de sus aspiraciones universalistas y al logro de mayor “cobertura” y el mejoramiento de indicadores , el sistema de salud argentino mantuvo una dual-ización en sus formas de protección. Asociando muchas de sus iniciativas públicas al carácter de pobre, desocupado y/o trabajador precarizado y, a su vez, diferenciando estas prestaciones de las otorgadas bajo el binomio de la inserción laboral - protec-ción social. Al respecto S. Lopez y V. Michelli (2017) expresan que “la mejoría en el período 2003-2015 no responde a un cambio estructural del sistema de salud sino al diseño de la política pública social inclusiva que en su accionar conjunto con todas la áreas, incluídos los programas específicos en salud, impactan en la calidad de vida de la población.” (Lopez, S. y Michelli, V: 2017; 8) Argentina siguió contando con un sistema de políticas de salud que se corre-sponde con el patrón de universalismo estratificado. Las medidas tomadas no trans-formaron la estructura básica del sistema. Pero “No obstante, las modificaciones re-alizadas se fundaron en un discurso centrado en la estrategia de APS, el incremento de la regulación por parte del Estado y la recuperación de la capacidad de rectoría del Ministerio de Salud Nacional.”(Stolkiner, A.; Comes, Y.; Garbus, P.: 2011; 2808)

El Plan Nacer/Sumar. Límites y tensiones

Luego de estos debates previos nos abocamos al Plan Nacer/Sumar, como uno de los programas puestos en marcha durante el período. El Plan Nacer/Sumar comparte un patrón similar y se materializa sinérgica-mente con otros Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos y Programas

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Nacionales de Salud, conformando un sistema de protección social no contributivo destinado hacia los hogares pobres, con los objetivos de mejorar las condiciones de vida y de salud de niños/as y mujeres no alcanzados/as por el sistema contributivo ni privado de salud; promoviendo de manera explícita un conjunto de prestaciones básicas. El Plan Nacer (2004) es un programa nacional que brindó en un primer mo-mento cobertura médico- asistencial a madres embarazadas, y hasta los 45 días después del parto y niños/as hasta los 6 años de edad en situación de pobreza y car-entes de cobertura en salud. Luego, en 2011, extendió su cobertura a mujeres hasta los 64 años y varones de 0 a 18 años. Y en 2015 a varones de entre 20 y 64 años.El impulso del sistema no contributivo, compensatorio y con una lógica resultadis-ta no es casual. Sino que se desarrolla en un marco de respuesta a una creciente variedad de demandas contenidas, resultado del desmantelamiento de los servicios sociales del Estado, y su traspaso a la actividad privada; del desfinanciamiento y la descentralización de los servicios de salud; de la desregulación de las obras sociales, sufridas en la década del noventa. Y, también, resultado de la ampliación de un col-ectivo de trabajadores precarizados que no pueden cubrir sus necesidades de salud a través de obras sociales, mercado ni prepagas. Los objetivos generales de dicho plan se anclaron en un primer momento en: Mejorar y explicitar la cobertura de salud y la calidad de la atención brindada a la población materno infantil sin obra social (“cobertura efectiva de salud”) fortaleci-endo la red pública de atención; Cambio cultural en la visión y gestión de la salud que priorice la estrategia de APS y un desempeño eficaz del sistema; Contribución al descenso de la morbimortalidad de la población materno infantil y a la reducción de brechas entre jurisdicciones. (MSN, PN: 2011) Para el logro de estos objetivos se propuso un modelo de articulación entre nación, provincias y los establecimientos de salud mediante la celebración de conve-nios formales, el desarrollo de seguros públicos no contributivos de salud que brin-den cobertura explícita y el aumento de la inversión en salud a través de la asignación de recursos basado en los resultados alcanzados. Previéndose un monitoreo de segui-miento de resultados, que las provincias se comprometieron a cumplir.

Asegurar la cobertura de servicios a toda la población fue la preocupación que en-carnó el “Plan Nacer”, posteriormente denominado “Sumar”; se trata de un dispos-itivo de políticas que combinó empadronamiento y responsabilidad nominada, con un conjunto de incentivos que buscaron poner en línea con las metas de la política nacional, a hospitales y centros de atención primaria (provinciales y municipales). (Chiara, M.: 2016; 71)

La gestión por resultados y el elemento participativo/planificador respon-de a la lógica de las recomendaciones del Banco Mundial durante la última década, apuntando a la difusión de políticas de combate a la pobreza y la inclusión de una lógica resultadista en el ámbito de la política pública, específicamente en las políticas de salud. Una de las particularidades del PN es la utilización de un modelo de financia-miento basado en resultados: la Nación transfiere recursos a los seguros provinciales de Salud en función de la inscripción, nominación de la población, los resultados de cobertura efectiva y calidad de atención brindada por los establecimientos públicos que integran los sistemas provinciales de salud. Esto se mide a partir de indicadores denominados “trazadoras”. Para operacionalizar el programa los establecimientos

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de salud, la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) y el Programa Nacional registran, recopilan y consolidan información. Los efectores de salud (CAPS, Unidades Sanitarias y Hospitales) inscriben a los beneficiarios, confeccionan cuasi-facturas por las prestaciones incluidas en el Nomenclador Único para presentar en la UGSP y gestionan adquisiciones y contrata-ciones para fortalecer los servicios de salud con los fondos recibidos. Algunos de estos gastos comprenden: mejoras edilicias, compras de insumos médicos y equi-pamiento, compras para el funcionamiento (por ejemplo insumos de librería, com-putadoras, impresoras, artículos de limpieza, mobiliario, acondicionadores de aire, calefactores, mantenimiento de equipos electrónicos) y capacitaciones a los equipos de salud. También se puede solicitar incentivos para los profesionales y contratar personal. La UGSP revisa la inscripción de los beneficiarios controlando que sean eleg-ibles para el programa y corrobora que los/as inscriptos/as no posean cobertura ex-plícita de salud. La UGSP debe transferir el dinero a los efectores de salud por las prestaciones realizadas según los precios definidos en los manuales operativos, pudiendo esta-blecer variaciones en el valor de las prestaciones. Asimismo, la UGSP envía mensual-mente a la Nación un detalle de las prestaciones informadas por los efectores y del detalle del uso de fondos que efectúan los centros de salud. (MSN: 2014) Como se mencionó anteriormente, una de las particularidades del programa es que los efectores pueden utilizar los recursos percibidos para mejorar la infrae-structura del centro de atención, comprar insumos, incentivos, contratar personal y capacitación. Se propone así la participación de los trabajadores en la planificación local de la atención de la salud, a través de la posibilidad de obtener recursos fal-tantes y/o no provistos por otros programas. En síntesis en torno el modelo de financiamiento y de gestión, el Plan Nacer inaugura una tendencia nacional hacia el desarrollo de seguros de salud. Pero no son los/as beneficiarios/as quienes reciben directamente el seguro y deciden cómo usar-lo, sino que los prestadores de salud cobran un adicional por servicios demandados/prestados que de todas maneras deberían estar prestando. A su vez, son las personas a carga de las instituciones prestadoras –hospitales, centros de salud, postas sanitar-ias quienes deciden bajo pautas establecidas en qué se gasta lo recaudado. En la aplicación del Plan Nacer/Sumar se visualiza una lógica que busca efi-ciencia en el gasto público. Con una estructura burocrática que hace énfasis en la rendición de cuentas ante las autoridades nacionales e internacionales.Es necesario mencionar que este programa nacional financia prácticas brindadas por efectores públicos. O sea, financia (mínimamente, y con distorsiones impor-tantes debido a los problemas de registro y tiempos) parte las demandas recibidas/atendidas. Cabe destacarse que, más allá de las críticas vertidas que visualizan un esque-ma mercantil y básico de financiamiento, el Programa Nacer/Sumar (junto a otros programas) ha implicado la presencia del Estado Nacional como financiador y or-ganizador de políticas de salud, cuestión desdeñada en las décadas anteriores. Más precisamente un papel organizador, ya que desde el rol financiador se puede decir que lo retribuido a través del Plan Nacer/Sumar han significado entre el 1 y el 5% de los presupuestos provinciales en salud. Como es sabido, las reformas neoliberales en salud descargaron la respons-abilidad sanitaria, planificadora y económica del primer nivel de salud a los muni-cipios. Por lo que el establecimiento de una financiación directa a los efectores y la

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presencia nacional durante el último período no puede desestimarse e incluso puede decirse que, con todos los límites anteriormente descriptos, contribuyó a una mejora de la cobertura de salud pública, presencia en territorios olvidados, adquisición de recursos no provistos por otros programas y cierto desahogue de las arcas munici-pales. Pero es interesante tener en cuenta que está necesidad en el corto y mediano plazo corre del eje de discusión la opción por un sistema de salud basado en el ase-guramiento individual o la lógica pública universal y de derechos. Estableciéndose el criterio de aseguramiento, financiamiento de la demanda, universalización mínima y de conjunto de prestaciones básicas, presente también en otros programas, tales como los Programas de Transferencia Condicionada de Renta (con los cuales el Plan Nacer/Sumar ha establecido una relación sinérgica).

Elementos, actores y argumentos que inciden en la política de salud

Siguiendo a Asa Cristina Laurell, es importante pensar en las reformas y con-trarreformas del sistema de políticas de salud.

Los fracasos sociales de la Reforma del Estado en los años ‘80 y ‘90 llevaron a los organismos financieros supranacionales a plantear una segunda reforma o Modern-ización del Estado para atenuar los problemas causados por la primera y recuperar la legitimidad cuestionada. (Laurell, A. C; en Basile, G: 2013; 9)

La autora cuestiona la interpretación que se hace de la contrareforma o segunda reforma, expresando que dichos organismos no estarían reconociendo que el merca-do no resuelve la “cuestión social”. En sus palabras:

la lectura de los textos programáticos de esta reforma aclara que esta no debe infrin-gir los cánones de la nueva economía, o sea, el mercado como principio rector de la economía, la competencia, la flexibilidad del trabajo, el equilibrio fiscal, la apertura externa, o causar la competencia desleal del Estado con el sector privado. La reforma solo debe centrarse en lograr una mayor eficiencia del Estado, la cohesión social y la gobernabilidad. (Laurell, A. C; en Basile, G: 2013; 9)

Esta reflexión nos lleva a repensar y cuestionar las tensiones en las políticas de Salud en torno a la universalidad emprendidas luego de la Crisis del 2001 en Ar-gentina. Teniendo en cuenta tanto sus postulados como el devenir histórico y conflic-tivo de dichas políticas en nuestro país. Se puede tomar como referencia para pensar los antecedentes del Plan Na-cer y sus vinculaciones con las recomendaciones del Banco Mundial el Reporte No. 26144-AR “El Sector Salud Argentino: Situación Actual y Opciones para Mejorar su Desempeño” con fecha 21 de Julio de 2003. En dicho reporte, frente a la crisis sociosanitaria atravesada por Argentina, se identifican algunos párrafos que propusieron recomendaciones: En torno a la introducción de incentivos por desempeño:

No obstante estas múltiples opciones, los gobiernos provinciales, con el apoyo del go-

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bierno nacional, pueden favorecer mejoras a través de la pronta implementación de una serie de intervenciones específicas que mejoran la función de compra de servi-cios e introducen incentivos al mejor desempeño en los prestadores (Banco Mundial: 2003; 49-50)

En torno a las responsabilidades del nivel nacional: “Su responsabilidad cen-tral es corregir inequidades y garantizar una cobertura mínima igual en todas las provincias” (Banco Mundial: 2003; 50) En cuanto al desarrollo y fortalecimiento de seguros provinciales de salud

Este fortalecimiento implica ampliar y mejorar la orden de riesgo de la población, desarrollar la función de compra de servicios, reorientar el gasto en procura de may-or efectividad y eficiencia e introducir incentivos al desempeño en los prestadores. Además, requiere de un esfuerzo deliberado por articular de mejor forma los sub-sistemas de la seguridad social y privado con los esfuerzos de las provincias (Banco Mundial: 2003; 51)

En cuanto al pago en función de resultados y el concepto de afiliación nominal de la población beneficiaria:

la población beneficiaria:Para la seguridad social (nacional y provincial) el seguro implica la aparición de un control explícito desde las jurisdicciones sobre el conjunto de servicios ofrecidos y un cambio en las modalidades de pago en función de resultados esperados. Para la red pública prestadora (hospitalaria y ambulatoria), la existencia de un seguro im-plica además e concepto de afiliación nominal de la población beneficiaria, cambios en la estructura de costos, presencia de incentivos atados a resultados, participación complementaria de prestadores privados y constitución de un fondo específico de financiamiento. (Banco Mundial: 2003; 52)

En cuanto al establecimiento de prestaciones a través de paquetes de presta-ciones básicas centrados prioritariamente en mujeres (madres) y niños/as

En muchas provincias, un seguro provincial de salud puede inicialmente centrarse en un paquete básico para la población materno infantil. Con ello, se da prioridad a resolver un componente relevante de la carga de enfermedad que presenta tanto un alto impacto regresivo como significativas oportunidades de intervención y mejoría. Luego, los seguros provinciales podrían ir sumando otros beneficios adicionales para otros grupos de la población o problemas objetivo, sirviendo así de punta de lanza para la transformación sectorial (Banco Mundial: 2003; 52)

En “Combatir la inequidad en Salud” (2011) Banco Mundial, analizado por G Basile (2013), se pueden visualizar argumentos a favor de la universalización de los sistemas de salud bajo un paradigma que resalta nociones de prioridad, vulnerabilidad, pago por desempeño, criterio de demanda.

Para alcanzar las metas de atención médica, las sociedades y sus sistemas de salud tienen que establecer prioridades, ocuparse de los grupos más vulnerables y decidir qué servicios financiarán y prestarán y cuáles quedarán excluidos. (“Prioridades en el Sector Salud: de América Latina” Banco Mundial 2011, en Basile, G: 2013)

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Estas cuestiones ligadas a la lógica del aseguramiento están presentes en el Plan Nacer/Sumar desde su origen. Que sin mercantilizar en términos de ingreso irrestricto del sector privado en la atención de la salud de los pobres (vía contrata-ciones directas Estado-Efectores privados), instaló una relación de demanda entre los diferentes niveles gubernamentales. Desplegando a su vez un tejido administra-tivo-burocrático para su ejecución y auditorías. Pero con alta presencia estatal e in-tergubernamental, y “sinergia” con otros programas de salud y asistenciales. Esta-bleciéndose una tensión irresuelta entre una lógica de aseguramiento y una lógica de derechos universales en salud. Al respecto es interesante mencionar las percep-ciones positivas de esta organización internacional sobre el programa:

Los resultados del Plan Nacer se encuentran entre los primeros en surgir de la cartera de evaluaciones del impacto del financiamiento basado en los resultados del HRITF y constituyen un aporte interesante a la base de pruebas acerca de la implementación eficaz de los mecanismos basados en los resultados. También proporcionan a los responsables de formular las políticas y a los profesionales de salud de los países de ingreso bajo y mediano pruebas de que el financiamiento basado en el desempeño puede mejorar los resultados sanitarios de las mujeres embarazadas y los niños, así como aumentar el uso de los servicios en este grupo, y promover el buen funciona-miento de los sistemas de salud. (Banco Mundial; 24/09/2013)El Plan Nacer fue uno de los primeros programas a gran escala en todo el mundo en utilizar un método de financiamiento basado en resultados (FBR) en el sector de la salud. Posteriormente, otros programas de FBR en el sector de la salud en todo el mundo se han inspirado en él. (Banco Mundial: 2015; 5)

Algunas consideraciones en torno al presente y la Cobertura Universal de Salud en Argentina

Argentina desarrollo un sistema de políticas de salud que se corresponde con el patrón de universalismo estratificado. Se observó una alta inversión en salud du-rante el período 2003-2015, aspiraciones universalistas, una mejora notable en las estadísticas vitales y la baja del gasto de bolsillo de las personas con menores in-gresos. Pero no se alteró significativamente la estructura estratificada del sistema de salud. Tal como lo plantea A. C. Laurell (2012), si bien hubo consenso en la necesidad de concretar reformas en los sistemas de salud, se observaron tensiones en las ori-entaciones y contenidos que tendrían que tomar las reformas en el sistema de salud. En Argentina fue apareciendo, dentro de algunos sectores y actores sociales (vincu-lados al mercado de la salud), la idea de aseguramiento individual por sobre la de un Sistema Universal Integrado de Salud. Durante el período 2001-2015 se observaron propuestas marcadas por la idea de cobertura básica, la presencia de incentivos ata-dos a resultados, la afiliación nominal y el financiamiento de las demandas. Al respecto es necesario mencionar lo que sucede en la actualidad con la CUS, el predominio de una lógica curativa, el negocio de la salud y lo que significa esto para los sectores pobres. Si comprendemos al neoliberalismo como proyecto de clase tendiente a res-tituir el poder de la clase dominante, en Argentina se observa a partir de la llegada al

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gobierno nacional de la Alianza Cambiemos (diciembre de 2015) una nueva explosión neoliberal, con una fuerza discursiva y operativa arrasadora que reedita, transforma y fortalece valores y principios políticos sociales preexistentes. El actual gobierno ha privilegiado la reducción de la participación del Estado en la redistribución del ingreso, fomentado la especulación financiera e iniciado un peligroso ciclo de endeudamiento externo. Los cambios regresivos en la distribución del ingreso se acompañan con un discurso y accionar político, en cual podemos visualizar viejas expresiones neolibe-rales bajo formas renovadas, desprestigiando los servicios sociales públicos y a sus trabajadores (con una extrema descalificación de la educación, la previsión social y la salud pública), minimizando derechos conquistados, planteando al mercado como la instancia propicia y eficaz para la resolución de los problemas sociales y fortalecien-do lógicas propias del mercado en las políticas sociales. Esto último se hace visible en la situación del subsector público de salud, en el cual se observa el fortalecimiento de elementos propios de una lógica de Asegur-amiento de mercado (Pluralismo estructurado) y Gerenciamiento riesgo social, bajo palabras y discursos de universalización, eficacia y mayor cobertura. Actualmente se piensa en un sistema asistencial de salud que brinde cober-tura mínima a aquellos sectores que califican como pobres. Apareciendo el Estado como financiador pero con mayor capacidad de terciarizar sus funciones en efecto-res privados. Con una impronta que deslegitima e intenta invisibilizar la existencia de un subsector público de salud con aspiraciones universalistas. Escondiéndose en esta lógica renovada, que hace uso de la palabra universal para legitimar intereses financieros que atentan contra la salud de un amplio sector de la población.

(…) Atención Primaria de la Salud, Promoción de la Salud, Prevención, Cuidado, De-scentralización, Participación Social, Equidad, Determinantes Sociales de la Salud, incluso “Universalidad” son palabras utilizadas desde puntos de vista y perspectivas absolutamente opuestas: el uso del propio Banco Mundial, el BID, USAID y prom-inentes referentes del neoliberalismo en salud claramente no dicen lo mismo que lo conceptualizado por el movimiento de la medicina social y salud colectiva lati-noamericana. Usamos las mismas palabras pero claramente no decimos lo mismo, sabiendo que una determinada concepción demarca las acciones, el pensar-hacer correspondiente. (Basile: 2016; 8)

La CUS está en el camino inverso a vincular las prestaciones con el carácter de ciudadano de los sujetos. El decreto 908/2016, publicado en el Boletín Oficial el 3 de agosto de 2016 plantea que es misión del Sistema Nacional del Seguro de Salud procurar el pleno goce del derecho a la salud de todos los habitantes de la República Argentina, sin discriminación social, económica, cultural o geográfica, organizán-dose dentro de una concepción integradora del sector y del concepto de salud, donde la autoridad pública afirme su papel de conducción general del Sistema y las socie-dades intermedias consoliden su participación en la gestión directa de las acciones. Con la CUS se está pensando en un Estado que subsidie la demanda de secto-res sin cobertura de Obra Social o Prepaga para que estos vayan a atender su salud en un efector público o privado. Bajo la figura de sociedades intermedias se da lugar a los intereses privados a la participación directa en la satisfacción de necesidades vinculadas al subsistema público de salud. A su vez los sujetos individualizados son nominalizados y hasta podrán contar con un carnet que les permitirá el acceso a prestaciones de salud. Cuestión no necesaria hasta hoy para el acceso al subsistema

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público de salud, pues con sólo manifestar la propia identidad las personas acceden al hospital, unidad sanitaria y/o CAPS. Como ya se expresó, la CUS está destinada a aquellas personas que no tienen trabajo formal y establecerá una Canasta Básica de Prestaciones. Este sector de la población sólo accedería a esta Canasta y se puede hipotetizar que deberán pagar prácticas no contempladas en ella o judicializar las necesidades de salud para que sean satisfechas. Esto implica, frente a los ajustes en otros programas de salud, un aumento significativo del gasto de bolsillo de las personas y/o la imposibilidad de acceder3. Lo que se traduce en un nuevo impulso mercantilizador de la salud y un deterioro de las condiciones de salud y vida. Para finalizar es necesario mencionar que también surgen resistencias indi-viduales y colectivas frente al ajuste y la mercantilización de derechos, apoyadas en una larga tradición de lucha social por derechos y garantías sociales. De la cual los trabajadores de la salud han sido y son protagonistas principales. Al respecto A. Stolkiner (2010) nos introduce a pensar un doble desafío, que implica transformaciones políticas, sociales y económicas y, a la vez, transforma-ciones en un campo específico que tiene actores y resistencias propias. Llevándonos a reflexionar en torno a las reformas del sistema de salud, observando las tensiones y contradicciones en las cuales nos movemos.

3 Al respecto es importante tener en cuenta lo que A. Cristina Laurell plantea al analizar la situación de la salud públi-ca mexicana en 2012. Donde expresa que: “En países como México donde la absoluta mayoríavive en condiciones de pobreza, es cuestionable la utilidad de los programas focalizados en los más pobres, ya que los errores de exclusión e inclusión son amplios. En este contexto la propuesta del “aseguramiento universal” no se ha demostrado exitosa en los casos latinoamericanos -Chile, Colombia y México- que se presentan como modelos a seguir. Las razones de su fracaso se deben al restringido paquete de servicios que ampara y que están seriamente subfinanciados o, alternativamente, están quebrados.” (Laurell, A.C.: 2012; 2) Observándose claramente los límites y tensiones que surgen entre la política de aseguramiento universal en salud y el derecho a la salud.

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13CAPÍTULO

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La incidencia de las intersecciones entre clase

y género en el desarrollo de las organizaciones

de la “economía social” en Tandil, 2009-

2017. La construcción de un problema de

investigación.

Mag. Analé Barrera1

1 (PROIEPS-CONICET-UNCPBA)

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Introducción El artículo presenta el proceso de elaboración de un problema de investigación vinculado a las intersecciones entre clase y género en organizaciones de la “economía social” y sus intervenciones en la dinámica del conflicto social en la ciudad de Tandil, entre los años 2009 y 2017. La investigación, enmarcada en la elaboración de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (UBA), se propone estudiar y comprender las formas de organi-zación y lucha que emprenden lxs trabajadadorxs de la “economía social” (ES) en el conflicto social en Tandil, una ciudad intermedia del centro de la provincia de Bue-nos Aires, durante el periodo 2009-2017 en Argentina. El recorte temporal inicia en el 2009, momento en el cual experiencias de ES se extienden y consolidan, en un contexto signado por la crisis global y, a nivel na-cional, por el conflicto que se desató a partir del Decreto 125 que establecía una suba en las retenciones a las exportaciones de productos primarios en 2008. El mismo fue referido como el “conflicto campo-gobierno”, repercutiendo en la legitimidad de este último. Entre las medidas que tomó el gobierno nacional como salida de la crisis, se destaca la implementación del Plan Argentina Trabaja, dirigido a la ES. El periodo definido cierra en el 2017, cuando se aprueba la Ley de Emergencia Social y se cumple la primera mitad del gobierno de “Cambiemos”, lo que permite una aproximación a las continuidades y rupturas con respecto a la gestión anterior. El plan de tesis de doctorado retoma, amplía y complejiza el trabajo previa-mente realizado en el marco de la tesis de maestría en Ciencias Sociales (UNCPBA). En la tesis de maestría previa se abordó particularmente el caso de la Mesa de Economía Social y Solidaria (MESyS), un espacio de agregación de trabajadorxs, mil-itantes y representantes de diferentes dependencias del Estado. El periodo definido inició en diciembre de 2011, momento en que comenzaba a gestarse la Mesa, y final-izó en diciembre de 2015, por cuestiones propias de su desarrollo y en un contexto de cambio de signo político del gobierno nacional. La investigación se propuso carac-terizar las condiciones materiales de existencia de quienes habían participado en las Ferias de Economía Social y Solidaria, principal iniciativa de la MESyS; así como la dinámica de su organización, las perspectivas de ES presentes y las relaciones esta-blecidas con el Estado. Este trabajo permitió construir conclusiones parciales así como habilitar nue-vos interrogantes. Se analizó que la ES se ha consolidado como un sector atravesado por la precariedad y con una inserción marginal en la estructura económica y alta-mente feminizado. Se entiende que aquí no se agota su significado socio-histórico; siendo necesario considerar junto a la posición en la estructura económica, la dimen-sión de la movilización de subjetividades y prácticas políticas, considerando niveles

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de conciencia y organización. Por el recorte planteado en la Tesis de Maestría, quedó pendiente profundizar en el análisis del contexto nacional así como la ampliación del periodo para poder vislumbrar cambios y continuidades desde el 2009 –año que fue caracterizado como relevante en el desarrollo de las experiencias de ES en Tandil- en adelante, consid-erando los primeros impactos del cambio de gobierno en 2015. Por otro lado, en dicha investigación, se estudió una única organización y las condiciones de desarrollo de los emprendimientos y trayectorias laborales y de participación de lxs trabajadorxs que la misma nucleaba. La tesis de doctorado planteará además una modificación en las unidades de análisis, ligadas a las organizaciones de ES, entendidas en la dinámi-ca del conflicto social y una complejización teórica, en tanto se incorpora de forma fundamental la perspectiva de las intersecciones entre clase y género.

Antecedentes y referentes teóricos “Economía social” es un término disputado y ambiguo (Barbetta, Rebón, & Salvia, 2005; Coraggio, 2013; Danani, 2004; Ciolli & Rodríguez, 2011; Ciolli & Roffi-nelli, 2009; Hintze, 2010; Mazzeo et. al., 2014; Salvia, 2005, 2007; Stratta, 2014; entre otros), por lo que se vuelve necesario explicitar la perspectiva de la tesis en el contex-to del debate entre distintos usos y sentidos. Se parte de entender que las experiencias de ES surgen como estrategias de supervivencia frente al desempleo y la pobreza en el contexto de crisis y transfor-maciones en la relación capital-trabajo que marcó el cambio de siglo (Amin, 2003; Antunes, 2005, 2009; Harvey, 1990, 2005; entre otros); ubicándose en una posición marginal en la estructura social que se caracteriza por el desarrollo de actividades de baja productividad, baja tecnología y condiciones de trabajo precarias. En este contexto, se retoman los debates de marginalidad e informalidad en América Lati-na (Bertranou & Casanova, 2014; Bogani, 2005; Candia, 2003;Cavalleri, 2001; Neffa, 2008; Nun, Marín &Murmis, 1968; Nun, 1969, 2001; OIT, 1972; Quijano, 1973, 2008, 2014; entre otros) que, sin perder vigencia (Cortés, 2012), aportan a caracterizar y comprender en parte la situación de quienes viven de la ES. La ES se distingue así por la orientación de los ingresos generados a las necesidades de lxs trabajadorxs y no a la acumulación de capital y porque sus prácti-cas suponen algún grado de organización colectiva y reciprocidad. Se sostendrá aquí que es este último aspecto lo que distingue a la ES de la “economía informal” o de la producción mercantil simple. De este modo, la perspectiva sustentada se distancia de aquellas posiciones que, con matices, plantean a la ES como vía para la “integración” de los sectores más “vulnerables” a la sociedad capitalista a partir de la promoción de determinados comportamientos y valores (Kliksberg, 2007; MDS, 2007) como de las que desde una mirada normativa plantean críticas a la sociedad capitalista (especialmente en su fase neoliberal) proponiendo a la ES como un paso en la transición hacia la construc-ción de “otra economía”, centrándose en las potencialidades de estas experiencias en la construcción de alternativas sociales (Coraggio, 2002, 2007, 2011, 2013; Hintze, 2010; Mance, 1999; Razeto, 1999; Singer, 2001). Asimismo, retomando en parte sus consideraciones acerca de la posición que ocupan en la estructura social, se discute con la perspectiva que limita a la ES al plano de la supervivencia (Salvia, 2005; Sar-ria Icaza & Tiriba, 2003). En consonancia con otros trabajos (Ciolli, 2013; Gambina y Roffinelli, 2011), se propone una perspectiva que contempla las tensiones, limita-

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ciones y posibilidades de la ES, históricamente situadas. De esta manera, repensando las críticas que Marx y Engels hicieran a los socialistas utópicos (Engels, 1974, 2012; Lizárraga, 2012; Marx, 1999, 2003, 2014; Miranda Lorenzo, 2011), se consideran tanto los condicionamientos objetivos que se le imponen a estas experiencias y que la asim-ilan a las definiciones operativas de “economía informal” (OIT, 2007; 2018) como los sentidos implicados en la práctica de otros modos de organizar el trabajo. En este marco, se plantea el interrogante por la conceptualización de los su-jetos de la ES. En principio, se caracteriza que lxs trabajadorxs de la ES pertenecen a las capas más empobrecidas de la población y son en su mayoría mujeres. Desde el enfoque propuesto, se considera necesario dar cuenta de dos dimensiones, que hacen a la posición en la disposición de fuerzas sociales objetivas y a los niveles de organi-zación y conciencia (Gramsci, 1990). Se propone entonces una mirada comprehensiva para la conceptualización de quienes viven de la ES, que se nutre de los aportes de la teoría feminista de la interseccionalidad (Arruza, 2010; Crenshaw, 1989; Cubillos Almendra, 2015; Lugones, 2008; Moraga & Castillo, 1988) entendiendo que permite comprender cruces entre distintas opresiones que se dan de forma simultánea. En el caso de la investigación, se entiende que las identidades de “mujeres” y “trabajado-ras” de la ES configuran al mismo tiempo las experiencias de trabajo y organización.El abordaje empírico de dichas intersecciones supone una distinción analítica de las categorías de clase (Donaire & Rosati, 2012; Dos Santos, 2011; Maceira, 2010; Sautu, 2011; Wright, 1987, 2010; entre otros) y género (Arruza, 2010; Fabri, 2013; Hirata, 2017; Scott, 1996; entre otros), así como el reconocimiento de los diferentes modos en que ambas pueden interconectarse y condicionarse mutuamente (Wright, 2000; Young, 2009). Así, se abordan las intersecciones entre clase y género en el plano de las relaciones de producción y en el de las relaciones de poder, retomando los debates en torno a las articulaciones entre capitalismo y patriarcado (Amorós, 1991;Arruza, 2010; Dalla Costa, 1972; Eisenstein, 1980; Federici, 2018; Hirata, 2017; Young, 1992). Particularmente, es importante recuperar los debates en torno al trabajo doméstico y de cuidados y su participación en el proceso de acumulación (Cutuli, 2012; D’Ales-sandro, 2016; Federici, 2013; Pérez Orozco, 2014; Rodríguez Enríquez, 2010, 2015) en tanto aportan a la comprensión de la situación particular de las mujeres trabajadoras pobres en la sociedad, lo cual asume rasgos propios en América Latina. En Argentina, especialmente a partir del momento que se abre en 2009, sur-gen nuevas organizaciones que comparten características y, a la vez, se distinguen de las que habían emergido en el marco de la crisis de fines de los 90 y comienzos de los 2000 (Auyero, 2004; Cotarelo, 2016; Farinetti, 2002; Iñigo Carrera, 2008; Klachko, 2007; Maceira & Spaltenberg, 2001; Merklen, 2010; Retamozo, 2011; Seoane, Tad-dei&Algranati, 2006; Svampa, 2009; Zibechi, 2006; entre otros). Al mismo tiempo, se diferencian de otras que la clase trabajadora viene ensayando en Argentina des-de su formación, como el movimiento obrero (Camarero, 2007; Iñigo Carrera, 2011, 2015;James, 1990; Piva, 2006; Pozzi, 1988; entre otros) y el cooperativista (Gambina, 1998; Gorini, 2003; Petriella, 1998; Plotinsky, 2002; entre otros). Más recientemente, se han presentado estudios sobre la organización que nuclea a trabajadorxs de la ES con mayor gravitación en el escenario político nacional: la Confederación de Tra-bajadores de la Economía Popular (CTEP) (Contartese, 2014;Muñoz & Villar, 2017; Natalucci, 2016), que se centran en su desarrollo nacional. Entendiendo que estas organizaciones, que nuclean a las capas más empo-brecidas de la “clase-que-vive-del-trabajo” (Antunes, 2009), se encuentran atravesa-das por relaciones de género, se recuperan investigaciones que han indagado en la participación de las mujeres en organizaciones populares (Andújar, 2005; Espinosa,

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2010; Partenio, 2008; Tabusch y Caminotti, 2015). Sin embargo, no se han relevado estudios que analicen particularmente los modos en que dichas relaciones configu-ran el lugar de la ES en la estructura económica y la participación de las OES en el conflicto social. A la vez, en el campo académico de la ES, los estudios que abordan los vínculos entre ES y la situación particular de las trabajadoras en tanto mujeres y de las disidencias sexuales son menos frecuentes, aunque se trate de temas presentes en las agendas de las organizaciones, expresándose por ejemplo en los talleres de los Encuentros Nacionales de Mujeres. En general, en las definiciones más “mor-alistas” o normativas de la ES, la igualdad de género aparece como un valor entre otros del sector, como el cuidado al medio ambiente o los criterios democráticos de participación (Kliksberg, 2012). Por otro lado, desde una perspectiva crítica, se han establecido diálogos entre la ES y la “economía feminista” que iluminan la centrali-dad del trabajo involucrado en la reproducción de la vida y la necesidad de construir alternativas a la lógica capitalista (Atienza, 2017; Quiroga Díaz, 2010). A su vez, se han realizado trabajos sobre la situación de las mujeres en ES que se enfocan en las políticas públicas nacionales (Caracciolo, Foti, & Sanchís, 2011) o en su participación política como trabajadoras de empresas recuperadas (Álvarez & Partenio, 2010; Part-enio, 2013). La revisión de antecedentes junto al delineamiento de la perspectiva de análi-sis sustentada, permiten reconocer así un área de vacancia en el campo de estudio de la ES en lo que respecta a las intersecciones clase-género en las organizaciones del sector en el marco del conflicto social.

La construcción del problema y el diseño de la estrategia metodológica Desde la perspectiva sustentada, se entiende que la cuestión de la conceptual-ización de “quienes viven de la ES” implica contemplar las intersecciones entre clase y género tanto a nivel estructural como político. En este marco, se plantea la sigui-ente pregunta-problema: ¿Cuál es la participación de las organizaciones de segundo grado y tercer de trabajadorxs de la ES en el conflicto social y cómo las mismas se ven atravesadas por las intersecciones entre clase y género de su base social en la ciudad de Tandil entre 2009 y 2017? Este interrogante es entendido en el marco de las sigui-entes hipótesis de trabajo: • La composición fuertemente feminizada de la ES se vincula a los roles social e históricamente atribuidos a las mujeres en la división del trabajo y, particular-mente, a las estrategias de reproducción que despliegan las mujeres pertenecientes a las capas más empobrecidas de la clase trabajadora. • La ES muestra en el período un movimiento de organización que se expresa en el surgimiento de organizaciones de segundo y tercer grado con demandas espe-cíficas. El proceso organizativo combina elementos de continuidad y ruptura en la constitución de subjetividades y formas de organización y lucha con respecto a otras experiencias en la historia de la clase trabajadora argentina: el movimiento sindical, el cooperativo y el de trabajadores desocupados. • La composición de las organizaciones de la “economía social” (OES) presen-ta una combinación particular de las pertenencias de clase y género. Los intercambi-os entre espacios doméstico y de trabajo fuera del hogar/comunitario de las mujeres permean las formas en que las organizaciones de la ES participan del conflicto social,

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incidiendo en sus metas, acciones, construcción de referencias.

A partir de las dimensiones del problema de investigación presentadas, se estructura la estrategia metodológica. En el plano nacional, la tesis avanza en la caracterización del desenvolvimien-to general de la ES, considerando tres dimensiones: a) la posición en la estructura económica, b) la participación de lxs trabajadorxs del sector en el conflicto social y, en este marco, c) las respuestas del Estado. En cada una de las dimensiones, se atiende particularmente a las “marcas de las relaciones de género”; considerando la segmentación laboral por género, las demandas y experiencias organizativas propias de las mujeres de la ES, las definiciones de la población destinataria y el lugar de las mujeres en las políticas dirigidas a la ES. Esta tarea supone la sistematización de di-versas fuentes secundarias (estadísticas sobre dinámica de empleo, diarios naciona-les, portales informativos, entrevistas a dirigentes, publicaciones de organizaciones de la ES, documentos gubernamentales como informes, resoluciones ministeriales, decretos, leyes). El estudio a nivel local permite profundizar en la configuración particular de la trama de OES y focalizar en dos organizaciones con distintas modalidades, enten-didas de forma situada. El análisis de las mismas y de su lugar en la dinámica del con-flicto social en Tandil puede iluminar la comprensión del significado socio-histórico de la emergencia de OES de segundo y tercer grado a nivel nacional. Como principal aporte, se propone la confección de una base de datos que registre, a partir del principal diario de la ciudad, la dinámica del conflicto social. Al respecto, debe destacarse que existe una importante tradición en los estudios de conflictividad social; incluyendo a distintos autorxs (Antón, Cresto, & Rebón, 2010; Becher, 2017; Cotarelo, 2016; Iñigo Carrera & Cotarelo, 2006; Piva, 2015, 2016; Schus-ter, 2001) junto a relevamientos sistemáticos de instituciones como el Observatorio de Conflicto Social en América Latina-CLACSO, Observatorio de Derecho Social de la CTA-A y Ministerio de Trabajo. Estos trabajos son tomados como referencia para la identificación y selección de las variables de la base de datos, al mismo tiempo que se contempla la necesidad de una reelaboración propia en función de los objetivos específicos de la tesis, especialmente la incorporación de variables que permitan dar cuenta de las relaciones de género. La base propuesta se distingue no sólo por el recorte del periodo y la dimen-sión local (Becher, 2017; Nieto & Colombo, 2009; Rodríguez, 2001); sino también por el criterio de selección de los hechos relevados y las dimensiones analíticas propues-tas. Ante estudios centrados en la conflictividad laboral y el “sujeto obrero”, como los que –desde diferentes perspectivas y contextos– presentan autores como Shorter & Tilly (1971) o Becher (2017), se retoman por ejemplo sus consideraciones respecto de la ponderación de los distintos niveles de intensidad en las acciones y, por otro lado, se extiende el criterio de selección a los sujetos subalternos (Gramsci, 2004;Modo-nesi, 2010), concibiendo a la lucha de clases como una “lente amplia” que permite analizar una heterogeneidad de manifestaciones y sentidos, poniendo en el centro la disputa por la hegemonía (Viguera, 2009). Asimismo, se incluyen variables relativas a la composición de género o los ejes reivindicativos así como la resignificación de las variables ligadas a los formatos organizativos y modalidades de las acciones. Existen ventajas y desventajas en el uso de fuentes periodísticas para la elab-oración de estudios sobre conflictividad (Ghigliani, 2009). En este sentido, se plantea la complementariedad con la realización de entrevistas en profundidad (Vasilachis, 2006) a referentes de las organizaciones seleccionadas, considerando: trayectorias

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militantes; definiciones sobre la organización: sujeto, estrategia, alianzas; prácticas cotidianas y demandas concretas. De modo transversal, se indaga en torno a las subjetividades que se movilizan y los modos en que la composición de clase y género de la base social de las organizaciones configuran su desarrollo. Particularmente, se considera cómo las organizaciones procesan las demandas específicas de las mujeres o discursos con perspectiva de género o feministas en general.

De esta manera, se propone estudiar la emergencia y desarrollo de las OES en la ciudad de Tandil en un contexto más amplio a nivel nacional; observando par-ticularmente la incidencia de las intersecciones clase-género en su configuración y participación de la dinámica del conflicto social. La investigación se propone así realizar un aporte específico al campo de estudio de la ES al abordar la participación mayoritaria de las mujeres en la ES y su incidencia en el desenvolvimiento de las (nuevas) organizaciones del sector en la Argentina del siglo XXI.

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ESTADO, POLÍTICAS SOCIALES Y MOVIMIENTOS

SOCIALES : DEBATES

LATINOAMERICANOS.

SILVIA FERNÁNDEZ SOTO

Y JORGE TRIPIANA

(COORD.)

2019

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