ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE DÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (23 DE JUNIO) · 2019-01-25 · COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 274/18 21 DE JUNIO DE 2018 PÁGINA

COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 274/18 21 DE JUNIO DE 2018

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“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE… DÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (23 DE JUNIO)”

En 2016, 4.2 millones de servidores públicos trabajaban en las diferentes instituciones de las administraciones públicas de México, lo que representó una tasa nacional de 344 servidores públicos por cada diez mil habitantes. El 39% laboraba en el ámbito federal y el 61% en las administraciones estatales

Si bien se encontró una proporción similar de hombres y mujeres laborando en la administración pública federal y en las entidades federativas, en todos los ámbitos de gobierno persiste la inequidad salarial por sexo, ya que la proporción de mujeres que recibía más de 20 mil pesos mensuales era menor que la de hombres.

En 2017 más de 60% de la población manifestó confiar en las instituciones públicas de educación, salud, el ejército y la marina; alrededor de 2 de cada 10 personas expresó tener confianza en los partidos políticos o en los diputados y senadores

Las Naciones Unidas establecieron el 23 de junio como el Día para la Administración

Pública con el “objetivo de revitalizar la administración pública creando una cultura de

renovación, colaboración y respuesta a las necesidades de los ciudadanos”, poniendo en

relieve su contribución al proceso de desarrollo. El tema que en 2018 enmarca este día es

“Transformar la gobernanza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 1

En el marco de la Agenda Global para el Desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) fueron establecidos para que los países adopten medidas destinadas a

mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras en condiciones de mayor igualdad

de oportunidades y reconociendo la importancia de cuidar el medio ambiente.

Por su parte, la gobernanza juega un papel clave porque ofrece elementos para transformar

la forma de gobernar un país a partir de los principios de transparencia, participación

ciudadana, libertad de expresión, lucha contra la corrupción y acceso a la justicia.2

Teniendo esto en cuenta, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta

información estadística sobre algunos aspectos en que las administraciones públicas

federal y estatal en México pueden contribuir a la consecución de estos objetivos; en

particular a lo que se refiere el Objetivo 16, el cual promueve la igualdad, la seguridad, el

acceso a la justicia y, en general, la protección de los derechos fundamentales a través de

la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

Para conocer la composición de las administraciones públicas, se presenta información

sobre las funciones y características de los recursos humanos que trabajan en las

instituciones públicas federales y estatales.

También se ofrecen datos sobre qué tan satisfecha está la población con algunos servicios

públicos, así como las acciones que lleva a cabo el gobierno para garantizar el derecho de

acceso a la información.



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Adicionalmente, y como un aspecto significativo de las dimensiones de gobernanza, se

presentan cifras sobre la confianza de la población en las instituciones gubernamentales.

La información estadística proviene de los censos nacionales de gobierno y de la Encuesta

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 y 2017, los cuales son parte de los

proyectos que el INEGI realiza en el marco del Subsistema Nacional de Información de

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

RECURSOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y FEDERALES

En 2016 las administraciones públicas estaban integradas por 4 203 475 servidores

públicos, de los cuales 39% laboraba en el ámbito federal y 61% en las administraciones

estatales.

De acuerdo con la función que desempeñaban, se observa que la mayor parte del personal

estatal laboraba en instituciones educativas, ya sea de nivel básico, media superior o

superior, las cuales concentraban 51.1% del personal; en tanto que 14.7% de los servidores

públicos estatales estaban adscritos a instituciones dedicadas a la salud, y 14.4% en

instituciones de justicia, que incluye seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

En el ámbito federal, 33.1% de los servidores públicos trabajaban en dependencias de

seguridad social y 21.4% en educación (Gráfica 1).

Educación, 51.1

Otras19.8

Salud14.7

Justicia14.4

Nota: La función de Justicia incluye al personal de las instituciones de Seguridad pública, Procuración e Impartición de justicia. Otros incluye al personal de las instituciones de Despacho del Ejecutivo, Gobierno, Tesorería o finanzas, Ciencia y tecnología, Artes y/o cultura, Cultura física y/o deporte, Comunicaciones y/o transportes, Desarrollo social, Desarrollo rural, Desarrollo urbano y/o Asuntos metropolitanos, Desarrollo económico, Trabajo, Turismo, Vivienda, Medio ambiente y ecología, Mejora de la gestión gubernamental, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Marina, Impartición de Justicia en materia agraria

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal y Federal, 2017.INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatales y Federal, 2017 y 2016.INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatales y Federal, 2017.

Gráfica 1Distribución porcentual del personal en las instituciones públicas por ámbito de

gobierno según función 2016

Ámbito Estatal2 568 846

servidores públicos

Ámbito Federal1 634 629

servidores públicos



PÁGINA 3/20

Respecto a la capacidad de atención a la población, en 2016 había 344 servidores públicos

por cada diez mil habitantes a nivel nacional, de los cuales 210 laboraban en las

administraciones públicas estatales y 134 en la administración pública federal (Gráfica 2).

A nivel estatal se encontraron diferencias significativas. Por ejemplo, en entidades como

Puebla, Sinaloa y Coahuila de Zaragoza había menos de 100 servidores por cada diez mil

habitantes.

En estados como Tabasco, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas,

Yucatán, Durango, Hidalgo y Ciudad de México había más de 300 servidores por cada diez

mil habitantes.

Los ODS buscan reducir las desigualdades en todas sus expresiones, ello incluye cerrar

las brechas de participación de los diferentes grupos poblacionales en las decisiones de

gobierno.

Respecto a la distribución de los servidores públicos por sexo, con excepción de las

instituciones del ámbito de procuración de justicia -tanto federal como estatal- donde la

proporción de hombres fue mayor a la de mujeres, en general se encontró una distribución

equivalente de hombres y mujeres laborando en las administraciones públicas (Gráfica 3).

Esto contrasta con la distribución observada en el resto de la economía donde el 61.8% de

los trabajadores eran hombres y 38.2% mujeres.

370

337

330

328

321

313

312

312

304

300

289

275

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242

232

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224

204

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203

195

185

179

178

169

134

109

108

99

98

74

Ta

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Guerr

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Oaxaca

Chia

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Sin

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a

Pu

ebla

Gráfica 2Tasa de servidores públicos en las instituciones públicas por cada diez mil habitantes

según ámbito de gobierno y entidad federativa 2016

1 Corresponde a la suma de servidores públicos estatales y federales entre el total de población nacional.Nota: La tasa es obtenida al multiplicar por 10 mil el cociente de los servidores públicos según nivel de gobierno y

la población total. Incluye al personal de las insituciones de gobierno, procuracion e impartición de justicia.Los datos de las entidades federativas se refieren a las instituciones estatales de gobierno, procuracion eimpartición de justicia, y no incluyen instituciones federales.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal y Federal, 2017INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatales y Federal, 2017 y 2016.INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatales y Federal, 2017.CONAPO, Proyecciones de población 1990-2030.

134Federal

344Nacional1

Vera

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210Estatal

Mic

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Coahuila

de

Za

ragoza



PÁGINA 4/20

Al centrarnos en las instituciones de los gobiernos estatales se observa que en la mayoría

de las entidades las mujeres representaban más de la mitad del personal laborando en las

administraciones públicas estatales, con excepción de la Ciudad de México, Oaxaca y

Chiapas donde alrededor de 6 de cada 10 servidores públicos eran hombres.

Sin embargo, al analizar la distribución de los puestos de dirección, apenas uno de cada

cuatro titulares de esas dependencias eran mujeres, y en Chiapas esta razón fue solo de

uno de cada 10 funcionarios titulares (Gráfica 4).

46.7

59.4

40.5

51.1

57.1

50.4

61.8

53.3

40.6

59.5

48.9

42.9

49.6

38.2

Gobierno: 2 407 943

Procuraciónde Justicia: 96 406

Imparticiónde Justicia: 64 497

Gobierno: 1 567 381



PoblaciónOcupada: 52 123 674

Hombres Mujeres

1 Se refiere a personal del año 2015.2 Se refiere a la población ocupada al cuarto trimestre de 2016.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales y Federal, 2017

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatales y Federal, 2017 y 2016.INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatales y Federal, 2017.INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Ámbito Estatal

ÁmbitoFederal 1

2

Gráfica 3Distribución porcentual del personal en las instituciones públicas por ámbito de

gobierno y función según sexo2016



PÁGINA 5/20

En el análisis de las edades del personal de las instituciones públicas, se observa que poco

más de 60% de los servidores públicos se ubicaban en el rango entre los 30 y 49 años de

edad, tanto en las instituciones del ámbito estatal como del federal.

A diferencia de lo que se observa en el resto de la economía, donde 30% del personal

ocupado tenía entre 18 y 29 años de edad, en el gobierno los jóvenes representaban

alrededor de 15% del personal ocupado en las administraciones locales y 11.5% en la

administración pública federal (Gráfica 5).

76.5

70.9

80.0

78.9

80.0

74.6

77.1

89.1

61.9

86.3

74.5

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88.0

67.1

80.8

75.0

69.0

56.9

72.1

88.5

75.7

88.7

76.9

67.2

64.0

86.3

83.3

69.8

75.8

76.5

82.9

80.6

68.8

23.5

29.1

20.0

21.1

20.0

25.4

22.9

10.9

38.1

13.8

25.5

20.0

12.0

32.9

19.2

25.0

31.0

43.1

27.9

11.5

24.3

11.3

23.1

32.8

36.0

13.8

16.7

30.2

24.2

23.5

17.1

19.4

31.3

46.7

51.6

46.2

45.8

49.2

50.8

44.9

56.7

43.1

64.4

47.7

40.3

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42.8

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40.2

52.0

39.1

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41.3

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49.1

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55.1

43.3

56.9

35.6

52.3

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57.2

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48.0

60.9

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53.3

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49.7

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52.8

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55.7

56.8

50.9

51.1

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Gráfica 4

Distribución porcentual del personal y de los titulares de los gobiernos estatales por entidad federativa según sexo

2016

Nota: No se consideraron los casos en donde no se especificó el sexo del titular, que en conjunto representó 3.9% deltotal de ese rubro. En rubro "personal" se identificó el sexo de la persona en todos los casos.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017.

Hombres

Mujeres

Total: 2 407 943

Total: 2 156

To

tal

Nacio

na

l



PÁGINA 6/20

Otro aspecto importante por analizar es la equidad en las remuneraciones de los servidores

públicos. La Gráfica 6 muestra que en todos los ámbitos de gobierno persiste la inequidad

salarial por sexo, ya que la proporción de mujeres que recibía más de 20 mil pesos

mensuales era menor que la de hombres.

Asimismo, en el ámbito federal se encontró una mayor diferencia entre los que más y menos

ganaban. Mientras que en el ámbito estatal alrededor de 50% de los servidores ganaban

entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales, menos de 20% de los empleados federales se

encontraban en este rango salarial, ya que más de 50% de los servidores públicos del

gobierno federal ganaban menos de 10 mil pesos mensuales, con excepción de las

instituciones de justicia donde se observaron las remuneraciones más altas.

15.2

17.4

16.0

11.5

17.5

16.9

29.0

30.1

32.2

31.3

30.5

34.9

33.7

23.9

29.1

31.6

31.4

30.2

29.7

29.8

22.4

20.5

14.7

15.6

21.5

17.8

14.8

15.4

4.5

4.0

5.1

6.2

4.8

9.2

Gobierno: 2 407 943



Gobierno: 1 567 280



PoblaciónOcupada: 52 123 674

18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 a 59 años De 60 años o más

ÁmbitoEstatal

Ámbito Federal

1 No se presenta el porcentaje de servidores de los que no se especificó su rango de edad ya que es menor al 1%2 Se refiere al personal del año 2015.3 Se refiere a la población ocupada al IV trimestre del 2016.4 Se omiten 101 servidores de 16 a 17 años.Nota: La información presentada en la categoría de 50 a 59 años de Procuración de Justicia de la Administración

Federal corresponde a los servidores públicos de 50 años o más.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales y Federal, 2017

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatales y Federal, 2017 y 2016.INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatales y Federal, 2017.INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Gráfica 5

Distribución porcentual del personal en las instituciones públicas por ámbito de

gobierno y función según grupo de edad

2016

1

1

1,3

2

4



PÁGINA 7/20

Por entidad federativa, en la mayoría de las entidades las diferencias de género se

registraron en los rangos de ingresos más altos, principalmente en las remuneraciones de

más de 20 mil pesos mensuales.

Las entidades con mayores diferencias en este rango de ingreso fueron Guanajuato, San

Luis Potosí, el estado de México y Sonora, con una brecha de más de siete puntos

porcentuales. Las excepciones fueron la Ciudad de México, Yucatán, Tabasco,

Aguascalientes y Baja California Sur (Gráfica 7).

Asimismo, se encontró que en 13 entidades la proporción de mujeres que ganaban menos

de 10 mil pesos mensuales fue mayor que la proporción de hombres en el mismo rango de

ingresos. En Colima y Nuevo León esta diferencia alcanzó más de diez puntos

porcentuales.

43.338.4

18.525.7

19.221.7

53.170.0

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37.944.8

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45.349.7

19.916.9

23.134.9

48.659.7

18.316.3

23.819.4

35.028.2

27.013.1

67.143.2

51.440.3

Hombres: 1 124 680Mujeres: 1 282 485

Hombres: 57 259Mujeres: 39 145





De 1 a 10 mil pesos De 10 001 a 20 mil pesos Más de 20 mil pesos

Gobierno1

Procuración de Justicia

Impartición de Justicia1

ÁmbitoEstatal

Gráfica 6

Distribución porcentual del personal en las instituciones públicas por ámbito de gobierno, función y sexo según rango de ingreso mensual

2016

1 No se presenta el porcentaje de servidores de los que no se especificó el rango de ingreso ya que es menor al 1%2 Se refiere al personal del año 2015.Nota: Se omite el personal sin paga para el ámbito estatal, 778 servidores públicos de Administración Pública, 2 de

Procuración de Justicia y 1 de Impartición de Justicia.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales y Federal, 2017

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatales y Federal, 2017 y 2016.INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatales, 2017.

Gobierno

Procuración de Justicia2

Ámbito Federal

Impartición de Justicia



PÁGINA 8/20

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Otro aspecto de trascendencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la creación de

instituciones públicas eficaces en la atención de las necesidades y demandas de la

población, para lo cual se ha propuesto medir la satisfacción de la población con algunos

de los servicios básicos que proporciona el gobierno.

Con relación al servicio de agua potable, en 2017, 53.8% de la población de 18 años y más

que habitaba en áreas urbanas expresó su satisfacción con este servicio, observándose un

ligero aumento con respecto al año 2015.

Por entidad federativa, en algunos estados como Nuevo León, Baja California, Querétaro,

Sinaloa y Yucatán el nivel de satisfacción fue mayor a 70% y en otros como en Chiapas,

Guerrero y Tabasco el nivel de satisfacción fue menor a 30%.

Entre los años 2015 y 2017, en 27 estados hubo un aumento en la proporción de personas

urbanas satisfechas con el servicio de agua potable, entre las cuales destacan Campeche,

Baja California Sur y Durango como las entidades con cambios mayores a 10 puntos

43.5

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Gráfica 7

Distribución porcentual del personal de los gobiernos estatalespor sexo y entidad federativa según rango de ingreso mensual

2016

Nota: Se refiere al ingreso mensual bruto. No se incluye al personal que trabaja sin paga y los casos en que no seespecificó el rango de ingreso, que en conjunto representaron el 0.6% del personal total.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017.

Menos de 10 mil pesos

De 10 001 a 20 mil pesos

Más de 20 mil pesos

To

tal

Nacio

na

l



PÁGINA 9/20

porcentuales. En contraste, en cuatro entidades se observó un ligero deterioro en el nivel

de satisfacción con dicho servicio (Gráfica 8).

De acuerdo con la información brindada por la encuesta, la mayoría de la población urbana

reportó que entre las fallas más comunes en el servicio de agua potable se encontraron la

calidad del agua y las fugas, ya que únicamente 23.7% de la población consideró que el

agua era potable y 35.1% que no había desperdicios por fugas.

Con respecto al alumbrado público, en el año 2017, 35.9% de la población de zonas

urbanas estuvo satisfecha con este servicio, encontrándose una ligera mejoría respecto a

lo observado en 2015.

Las entidades donde aumentó significativamente el nivel de satisfacción con este servicio

fueron Querétaro, Coahuila, Durango y Nuevo León que tuvieron una mejoría de alrededor

de 10 puntos porcentuales en comparación con 2015.

En caso contrario, en la Ciudad de México, Aguascalientes y Guanajuato se observó un

deterioro en la satisfacción con el servicio de alumbrado público de más de cinco puntos

porcentuales.

Entre las causas que explican este bajo nivel de satisfacción con el servicio de alumbrado

está la falta de atención inmediata a las fallas, así como un mantenimiento e iluminación

inadecuados.

Con respecto a los parques y jardines, 38% de la población manifestó estar satisfecha con

estas instalaciones, encontrándose diferencias notorias entre entidades. Mientras que en

46.743.7

46.0

38.2

16.6

51.7

54.0

40.3

56.4

29.4

41.3

34.3

49.9

25.1

41.1 42.9

33.0

38.3

57.6

40.037.1

29.6

61.6

55.9 57.9

46.9

23.9

53.8

47.4

34.5

51.9

27.8

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48.6

60.0

34.7

50.2 51.1

35.9

30.3

49.8

34.633.2

26.1

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2015

Servicio de agua potableServicio de alumbrado público

Nota: Se presentan las cinco entidades con mayor incremento y mayor reducción con la satisfacción del serviciopúblico. La población satisfecha incluye a la población que indicó estar "Muy satisfecho" y "Satisfecho".

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2015 y 2017.

Gráfica 8

Porcentaje de población de 18 años y más satisfecha con los servicios de agua potable y de alumbrado público por entidad federativa seleccionada

2015-20172017

Aumento Disminución



PÁGINA 10/20

Yucatán y Aguascalientes el nivel de satisfacción se ubicó cerca del 60%, en Tabasco,

Ciudad de México, Chiapas y Puebla el porcentaje de la población satisfecha fue menor a

30%.

Entre 2015 y 2017, algunas entidades como Yucatán, Nuevo León, el estado de México,

Baja California Sur y Campeche registraron avances en la satisfacción de la población con

dicho servicio (Gráfica 9).

En tanto otras, como Aguascalientes, Puebla, Ciudad de México, Sonora y Guanajuato, se

observó una disminución en el nivel de satisfacción. La inseguridad, la falta de limpieza y

buena imagen fueron de las fallas más señaladas por la población respecto a los parques

y jardines.

En lo que atañe al servicio de recolección de basura, 65% de la población expresó estar

satisfecha con dicho servicio en 2017, observándose un aumento de cuatro puntos

porcentuales respecto al año 2015.

En el 2017, únicamente en cuatro entidades menos de la mitad de la población indicó

sentirse satisfecha con el servicio de recolección de basura, entre las que se encontraban

Oaxaca y Guerrero en las que se detectó un deterioro mayor en el nivel de percepción.

Para la población urbana, uno de los mayores retos del servicio de recolección de basura

es la separación de residuos.

31.3

37.3

23.6

42.6

51.7 38.0 40.0

35.0

66.3

40.5 40.9 49.846.6

52.4

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58.3

33.6 34.1

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65.0

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2015

Parques y jardines Servicio de recolección de basura

Gráfica 9

Porcentaje de población de 18 años y más satisfecha con los servicios de parques y jardines y de recolección de basura por entidad federativa seleccionada

2015-2017



2017




PÁGINA 11/20

En 2017, 23.7% de la población manifestó estar satisfecha con las calles y avenidas de su

ciudad, ubicándose como uno de los servicios públicos peor evaluados por la ciudadanía.

No obstante, hubo entidades, como Yucatán, donde el nivel de satisfacción mejoró respecto

a 2015, alcanzando un nivel de 50% de la población satisfecha.

En cambio, en Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México alrededor de 2 de cada 10 personas

expresaron estar satisfechas con las calles y avenidas (Gráfica 10), siendo el mal estado

de las calles y la falta de mantenimiento algunas de las razones que explican este bajo nivel

de satisfacción.

Por su parte, con más de 75% de la población satisfecha, el servicio de energía eléctrica

fue uno de los que registró el mayor nivel de satisfacción en 2017. Entre las entidades

donde se evaluó mejor este servicio se encuentran Baja California Sur, Chihuahua y

Aguascalientes, pese a que en este último estado hubo un deterioro de 2.5 puntos

porcentuales.

La satisfacción con el servicio de energía eléctrica puede explicarse porque la mayoría de

la población coincidió en que es un servicio sin apagones frecuentes, sin variaciones

importantes de voltaje y donde la reinstalación en casos de apagón es inmediata.

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD

El acceso a servicios educativos y de salud de calidad son dos de los temas de mayor

prioridad en la agenda global de desarrollo 2030. Ambos son fundamentales para ampliar

las oportunidades de alcanzar un mayor bienestar humano y social.

19.723.5 21.5

41.126.1

20.7

18.0

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22.8 21.826.9

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31.5 34.5 32.4

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2015

Calles y avenidas Energía eléctrica

Gráfica 10

Porcentaje de población de 18 años y más satisfecha con los servicios de calles y avenidas y de energía eléctrica por entidad federativa seleccionada

2015-2017



2017




PÁGINA 12/20

En México, los servicios educativos pueden ser agrupados en educación básica, es decir,

primaria, secundaria y bachillerato, y en educación universitaria.

Respecto a la primera, en 2017, 66.7% de los usuarios de educación pública básica

expresaron su satisfacción con estos servicios, lo que significó un aumento de 5.7 puntos

porcentuales en comparación con 2015.

Oaxaca, Querétaro, Puebla y Tabasco fueron de las entidades que presentaron

incrementos superiores a 15 puntos porcentuales en la proporción de usuarios satisfechos.

Entre las entidades que entre 2015 y 2017 redujeron sus niveles de satisfacción con la

educación básica, Quintana Roo y Tlaxcala fueron las únicas que registraron disminuciones

mayores a cinco puntos porcentuales (Gráfica 11).

En relación con la educación universitaria, 8.9% de la población de 18 años y más en zonas

urbanas era usuaria de este servicio en el año 2017,3 cuyo nivel de satisfacción se ubicó

en 2015 y 2017 en alrededor de ocho de cada 10 personas.

De las cinco entidades con mayor aumento en la proporción de usuarios satisfechos,

Michoacán tuvo el mayor incremento con 21.3 puntos porcentuales respecto a 2015; en

Guerrero, Chiapas, Hidalgo y Durango se observaron mejorías superiores a 10 puntos

porcentuales.

Dentro de las entidades que registraron disminuciones en la proporción de usuarios

satisfechos con la educación universitaria se encontraron Tlaxcala, San Luis Potosí,

Querétaro, con reducciones de 16.5, 8.3 y 5.9 puntos porcentuales, respectivamente.

Aspectos de calidad, como la capacidad del personal docente, el cumplimiento de los días

de clase y el buen estado de las instalaciones, fueron de los mayormente reconocidos por

la población usuaria.



PÁGINA 13/20

De acuerdo con la ENCIG, 59% de la población de 18 años y más residente de áreas

urbanas hizo uso de los servicios públicos de salud en 2017. De esta población, 58.5% fue

usuaria del IMSS, 11.4% del ISSSTE y 30.1% del seguro popular o servicios de salud

estatales.

En la Gráfica 12 se observa la proporción de usuarios que reportó sentirse satisfecha con

este servicio de acuerdo con la institución a la que se encontraba afiliada.

En 2017, la proporción de población usuaria satisfecha con el servicio de salud

proporcionado por el IMSS a nivel nacional fue de 44.4%, cifra mayor a la registrada en

2015.

Entre las entidades donde se observó un avance en la proporción de personas satisfechas

con este servicio, se encuentran Yucatán, Michoacán y Chiapas con aumentos de más de

15 puntos porcentuales respecto al año 2015.

En cambio, en Tlaxcala y el estado de México, el nivel de satisfacción con los servicios de

salud del IMSS se redujo -9 y -3.7 puntos porcentuales, respectivamente.

De forma similar, se observa que la proporción de usuarios satisfechos con el servicio de

salud brindado por el ISSSTE aumentó 8.6 puntos porcentuales entre 2015 y 2017.

Por entidad federativa, Baja California registró el mayor aumento con más de 30 puntos

porcentuales, seguido por el estado de México y Tlaxcala con incrementos de más de 15

45.049.2

51.5

46.4

62.261.0

66.565.5

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67.9

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93.787.1

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61.564.8 66.5

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74.6

66.7

58.3 59.4

71.5

59.4

68.0

87.1

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88.3 87.882.1

89.3

78.8 79.676.5

59.5

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2015

Educación pública básica1 Educación pública universitaria

1 Incluye primaria, secundaria y bachillerato.Nota: Se presentan las cinco entidades con mayor incremento y mayor reducción con la satisfacción del servicio

público. La población satisfecha incluye a la población que indicó estar "Muy satisfecho" y "Satisfecho".Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2015 y 2017.

Gráfica 11

Porcentaje de población de 18 años y más satisfecha con el servicio de educación pública básica y universitaria por entidad federativa seleccionada

2015-2017

2017




PÁGINA 14/20

puntos porcentuales. Entre los estados que registraron una disminución en la proporción de

usuarios satisfechos con el ISSSTE estuvieron Nuevo León con 13.5 puntos porcentuales

menos, Sinaloa con -7.2 y Querétaro con -5.9.

Respecto a los servicios de salud estatales o el Seguro Popular, la proporción de usuarios

satisfechos a nivel nacional se mantuvo en torno a 47% entre 2015 y 2017. Chihuahua,

Yucatán y Nuevo León registraron aumentos de más de 10 puntos porcentuales.

Entre las entidades federativas donde se observaron disminuciones en este nivel de

satisfacción estuvieron Jalisco, que pasó de 60.2% en 2015 a 52% en 2017, le siguieron

Sinaloa y San Luis Potosí que registraron disminuciones de 6.9 y 5.8 puntos porcentuales,

respectivamente.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La transparencia y el acceso a la información son parte del derecho a la libertad de

expresión instaurado en diferentes documentos y tratados internacionales.4

Propiamente, estos derechos se inscriben en las metas 16.6 y 16.10 de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, los cuales plantean la necesidad de crear instituciones eficaces y

transparentes que garanticen el acceso público a la información y protejan las libertades

fundamentales.

38.5

32.8

26.9

38.8

49.8

42.139.0

33.8*

45.3

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41.6

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47.7 60.8

52.049.2

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2015

Servicio de salud del IMSS Servicio de salud estatal o Seguro Popular

* Indican un coeficiente de variación (%) en el rango de (15, 25]Nota: Se presentan las cinco entidades con mayor incremento y mayor reducción con la satisfacción del servicio

público. La población satisfecha incluye a la población que indicó estar "Muy satisfecho" y "Satisfecho".Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2015 y 2017.

Gráfica 12

Porcentaje de población de 18 años y más satisfecha con el servicio de salud por entidad federativa seleccionada según institución de salud

2015-2017

Servicio de salud del ISSSTE

2017




PÁGINA 15/20

En México, el derecho de acceso a la información es garantizado por el Sistema Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuya

misión es construir la política nacional, así como organizar y coordinar los esfuerzos entre

los distintos organismos involucrados en la materia.

De esta manera, las administraciones públicas del país contribuyen al logro de estas metas

por medio de los mecanismos de transparencia y de protección de datos personales que

facilitan la interacción entre el gobierno y la población.

Al respecto, las 32 entidades federativas contaban en 2016 con normativas para regular el

acceso a la información pública, así como con sistemas para la recepción y atención de

solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales (Gráfica

13).

Asimismo, 31 entidades reportaron tener Portales de Obligaciones de Transparencia y 30

estados tuvieron normativas para regular la protección de datos personales, con excepción

de Baja California Sur y Chiapas que no disponían de este mecanismo.

Solo Jalisco, Puebla y Zacatecas fueron las entidades que en 2016 reportaron tener los 6

instrumentos para garantizar estos derechos.

Una forma de dimensionar la participación y ejercicio de este derecho por parte de la

población es mediante el número de solicitudes de acceso a la información presentadas a

las instituciones públicas.

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AguascalientesBaja California

Baja California SurCampeche

CoahuilaColima

ChiapasChiuahua

Ciudad de MéxicoDurango

GuanajuatoGuerrero

HidalgoJaliscoMéxico

MichoacánMorelosNayarit

Nuevo LeónOaxacaPuebla

QuerétaroQuintana Roo

San Luis PotosíSinaloaSonora

TabascoTamaulipas

TlaxcalaVeracruzYucatán

Zacatecas

Normatividad para regular el acceso a la información pública

Normatividad para regular laprotección de datos personales

Sistemas para la recepción y atenciónde solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales

Sistema o procedimientos deorganización, protección ymantenimiento de archivos

Programa de capacitación parael personal sobre transparencia,el derecho de acceso a la informacióny protección de datos personales

Portal de Oblogacionesde Transparencia

Otros

Gráfica 13

Entidades que cuentan con mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales por tipo de mecanismo

2016

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2017.

32 entidades

30 entidades

32 entidades

18 entidades

23entidades

31entidades

4 entidades

Mecanismos por entidadMecanismos a nivel nacional



PÁGINA 16/20

En el año 2016, la población mexicana realizó 653 369 solicitudes de acceso a la

información pública a los sujetos obligados federales y de las entidades federativas, lo que

se traduce en una tasa de 5.3 solicitudes de acceso a la información por cada mil personas

en el país.

Se observa que los sujetos obligados del nivel federal fueron los que recibieron más

solicitudes de acceso a la información, al concentrar 28.9% del total de requerimientos

presentados en el país.

A nivel de entidad federativa, la Ciudad de México y Jalisco recibieron la mayor proporción

de solicitudes, con 19.4% y 10.4% de total nacional, respectivamente (Gráfica 14).

Una forma de conocer la eficiencia de las instituciones respecto a la atención de las

solicitudes de acceso a la información presentadas por la población es la tasa de respuesta

a estos requerimientos, que es el porcentaje de solicitudes respondidas durante 2016

respecto al total de solicitudes recibidas por las instituciones obligadas a brindar esta

información.

A nivel nacional, los sujetos obligados del país de la administración pública estatal

respondieron 76.1% de las solicitudes recibidas, mientras que a nivel federal la tasa de

respuesta fue de 68.9%.

28.9

19.4

10.4

7.4

4.4

2.9

2.9

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1.8

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Nota: No se incluye Quintana Roo ya que no especificó el número de solicitudes recibidas.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos..............Personales Estatal y Federal 2017.

Gráfica 14

Distribución porcentual de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas por los sujetos obligados por entidad federativa y nivel federal

2016

653 369 solicitudes recibidas a nivel nacional:



PÁGINA 17/20

De las entidades que proporcionaron información, la mayoría reportó haber atendido más

de 90% de las solicitudes de información recibidas (Gráfica 15).

CONFIANZA EN EL GOBIERNO

La buena gobernanza es el pilar para impulsar el cumplimento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Esto implica promover la equidad, la participación ciudadana, el

pluralismo, la transparencia en el actuar del gobierno, la responsabilidad y el estado de

derecho.5

Una de las dimensiones claves de la gobernanza es la confianza que deposita la población

en las instituciones públicas, ya que es un indicador de la forma en que las personas

perciben el actuar gubernamental.

En el año 2017, las instituciones de educación pública recibieron el mayor nivel de confianza

con 76.9% de la población de 18 años y más en áreas urbanas que indicó sentir algo o

mucha confianza en las universidades públicas y 74.6% en las escuelas de nivel básico.

Las instituciones de salud, el Ejército y la Marina, así como las comisiones de Derechos

Humanos, también recibieron niveles altos de confianza con 64.7%, 62.2% y 52.7% de la

población que sentía mucha o algo de confianza en estas instituciones, respectivamente

(Gráfica 16).

10010010010010010010010010099.999.999.998.998.8

97.393.7

89.788.8

85.481.8

78.674.1

71.468.9

49.34.8

2.6

Baja CaliforniaBaja California Sur

GuerreroHidalgoNayaritPueblaSinaloaSonora

TlaxcalaDurangoOaxacaMorelos

ChihuahuaAguascalientes

MéxicoMichoacán

ChiapasJalisco

YucatánCiudad de México

TabascoNuevo León

ZacatecasFederal

CampecheQuerétaro

San Luis Potosí

Nota: No se incluye Quintana Roo ya que no especificó el número de solicitudes recibidas ni respondidas. No..........presenta información de Coahuila, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, ya que no especificaron el..........número de solicitudes respondidas.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos..............Personales Estatal y Federal 2017.

Porcentajenacional: 76.1

Gráfica 15

Tasa de respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública delos sujetos obligados por entidad federativa y nivel federal

2016



PÁGINA 18/20

Las dependencias relacionadas con el ámbito legislativo o el ejercicio del poder registraron

los niveles más bajos de confianza. El 51.5% de la población indicó sentir mucha

desconfianza hacia los partidos políticos y el 28.9% algo de desconfianza. Así mismo,

74.4% expresó sentir mucha o algo de desconfianza en las Cámaras de Diputados y

Senadores, y 71.7% en el Gobierno Federal.

El análisis de la confianza en los gobiernos de las entidades federativas reveló que

alrededor de 50% de la población de Yucatán, Durango y Querétaro señaló sentir mucha o

algo de confianza en el gobierno de su estado.

En contraste, entre las entidades en las que la mayoría de su población manifestó sentir

desconfianza en el gobierno del estado, se encuentra la Ciudad de México con 55.5% de

su población expresando mucha desconfianza y 28.7% algo de desconfianza.

En una situación parecida están Morelos, Tabasco y el estado de México en las que la mitad

de su población señaló sentir mucha desconfianza en el gobierno estatal (Grafica 17).

1.7

1.8

3.1

3.4

3.4

3.1

3.6

3.8

4.4

3.2

8.8

16.6

13.0

16.8

24.8

16.1

18.8

22.4

25.6

25.9

27.0

28.1

29.5

28.8

35.5

43.9

45.6

51.7

57.8

52.1

28.9

29.7

27.7

31.2

30.4

30.3

32.0

30.6

31.4

34.6

25.7

21.7

23.8

15.8

11.4

51.5

44.7

44.0

35.8

37.8

38.9

29.4

33.7

32.5

24.4

14.1

11.9

9.4

5.4

2.7

Partidos políticos

Cámaras de Diputados y Senadores

Gobierno Federal

Ministerio Público

Gobiernos estatales

Policías

Jueces y Magistrados

Gobiernos Municipales

Institutos electorales

Servidores públicos

Comisiones de Derechos Humanos

Ejército y Marina

Hospitales públicos

Escuelas públicas de nivel básico

Universidades públicas

Mucha confianza Algo de confianza Algo de desconfianza Mucha desconfianza

Gráfica 16

Porcentaje de población de 18 años y más según nivel de confianza en instituciones públicas

2017

Nota: Los totales pueden no sumar cien por ciento debido a que se excluyen los casos donde el informantemanifestó que dicha institución o sector quedaba fuera de su contexto.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.



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La información aquí presentada ofrece un panorama general de algunos de los desafíos

que enfrentan las administraciones públicas del país para contribuir al logro de las metas

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales demandan instituciones más inclusivas

que integren la participación de diferentes grupos poblacionales.

No menos importante es el reto de crear instituciones eficaces que satisfagan de manera

efectiva las necesidades de la población sin menoscabo de garantizar los derechos

humanos. Esto a la larga tenderá a fortalecer los lazos de confianza entre gobierno y

sociedad.

En el marco de la conmemoración del Día de la Administración Pública, el INEGI busca

promover el conocimiento y uso de la información relacionada con el tema de gobierno en

nuestro país. Por lo que se invita a los usuarios a consultar la diversidad de proyectos afines

y que son generados por el INEGI en el marco del Subsistema Nacional de Información de

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

1 “Public Service Forum”. Naciones Unidas. https://publicadministration.un.org/unpsa2018/ (Fecha de consulta: 18 de abril de 2018). 2 Daniel Kaufmann “La gobernanza es clave para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda Post 2015” https://resourcegovernance.org/blog/la-gobernanza-es-clave-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-la-agenda-post-2015 (Fecha de consulta: 5 de junio de 2018). 3 La población de 18 años y más que abarca la encuesta es de 47 760 774 personas. 4 Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 5 “Temas mundiales. Gobernanza”. Naciones Unidas. http://www.un.org/es/globalissues/governance/ (Fecha de consulta: 6 de junio de 2018

10.7

8.4

6.8

7.6

5.8

3.4

1.5**

1.5**

1.9*

2.0*

1.0

42.5

44.6

42.8

37.5

38.3

25.9

20.6

20.1

18.2

17.7

13.4

21.9

29.1

23.4

30.6

31.6

30.4

35.2

27.3

24.3

30.1

28.7

21.5

15.1

23.7

22.7

22.3

37.8

38.3

50.2

52.3

48.1

55.5

Yucatán

Durango

Querétaro

Tamaulipas

Hidalgo

Nacional

Baja California

Tabasco

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Mucha confianza Algo de confianza Algo de desconfianza Mucha desconfianza

Gráfica 17

Porcentaje de población de 18 años y más por entidad federativa seleccionada según nivel de confianza en el gobierno estatal

2017

Mayor confianza

Menor confianza

* Indica un coeficiente de variación de 15 a 25%** Indica un coeficiente de variación de 25% y másNota: Se presenta información de las cinco entidades con mayor y menor porcentaje de confianza. Los totales

pueden no sumar el cien por ciento debido a que se excluyen los casos donde el informante manifestó quedicha institución o sector quedaba fuera de su contexto.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.

https://publicadministration.un.org/unpsa2018/

https://resourcegovernance.org/blog/la-gobernanza-es-clave-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-la-agenda-post-2015

https://resourcegovernance.org/blog/la-gobernanza-es-clave-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-la-agenda-post-2015

http://www.un.org/es/globalissues/governance/



PÁGINA 20/20

Para consultas de medios y periodistas, contactar a: [email protected] o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241.

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COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 136/18 22 DE MARZO DE 2018

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RESULTADOS DE LA

ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) 2017

Ofrece información sobre la satisfacción de la población de 18 años y más acerca de los servicios públicos básicos y bajo demanda

Contiene datos sobre experiencias en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contactos con autoridades

También ofrece información sobre la percepción y experiencias de corrupción que sufrió la población al realizar algún trámite ante servidores públicos

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 en su Cuarta Edición ofrece información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y bajo demanda, así como las experiencias en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contactos con autoridades que tuvo la población de 18 años y más, que reside en áreas urbanas de 100,000 habitantes y más durante 2017. Asimismo, la ENCIG 2017 proporciona información sobre la percepción de la población acerca del fenómeno de corrupción y las experiencias de corrupción que sufrió la población al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos, y otro tipo de contacto con servidores públicos durante 2017. El diseño estadístico para esta edición permite contar con representatividad en estimaciones a nivel nacional, por entidad federativa en dominio urbano y para 32 áreas metropolitanas de interés. PRINCIPALES RESULTADOS La ENCIG mide el nivel de satisfacción1 de la población con respecto del agua potable, el drenaje y alcantarillado, el alumbrado público, los parques y jardines, la recolección de basura, la policía, las calles y avenidas, y las carreteras y caminos sin cuota. De igual forma, se mide la satisfacción de la población con los servicios de educación pública básica, educación pública universitaria, servicios de salud del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, energía eléctrica, transporte público masivo automotor, autobuses de tránsito rápido, metro o tren ligero y autopistas de cuota. En general, la satisfacción promedio a nivel nacional pasó de 43.5% en 2015, a 44.5% en 2017. Para el caso de los servicios públicos básicos, las calles y avenidas, la policía y el alumbrado público, obtuvieron un nivel de satisfacción de 23.7%, 23.8% y 35.9%, respectivamente.

1 Se refiere a la población que declaró estar muy satisfecha o satisfecha con el servicio.



PÁGINA 2/4

En cuanto a los servicios públicos bajo demanda, 82.1% de la población de 18 años y más está satisfecha con el servicio de educación pública universitaria durante 2017, mientras que para el servicio de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la satisfacción fue de 44.4% y, respecto al transporte público masivo automotor2, fue de 31.3 por ciento. De la misma forma, en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con servidores públicos, en 78.5% de los casos los usuarios manifestaron sentirse satisfechos3. Mapa 1. Nivel de satisfacción general con los servicios públicos básicos y bajo demanda

Durante 2017, la corrupción se ubicó nuevamente en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos. Sin embargo, el porcentaje de población preocupada por este fenómeno pasó de 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017. La inseguridad y delincuencia se mantuvo como el principal problema que preocupa a la población con 73.7%, superior al 66.4% estimado en 2015.

2 Transporte público tipo autobús urbano, van, combi o microbús. 3 Se refiere a la población que declaró estar muy satisfecha o satisfecha con el servicio.



PÁGINA 3/4

Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5% de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción; solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 30.7 por ciento. Además, se estima que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14,635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes a 25,541 en 2017. Estas cifras expresan tanto la relación de personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos en áreas urbanas. La cobertura conceptual y el alcance metodológico de este proyecto estadístico contemplan actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas.

Mapa 2. Tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes (en miles de víctimas de corrupción)



PÁGINA 4/4

Mapa 3. Tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes (en miles de actos de corrupción)

Finalmente, se ha incluido una sección sobre confianza en personas, instituciones o actores de la sociedad, con la cual se ha podido estimar que las personas confían más en sus familiares, así como en las universidades públicas, con 87.3% y 76.8% respectivamente. Por otro lado, el menor grado de confianza se presentó en los partidos políticos 17.8%. El período de referencia de la información es de enero a diciembre de 2017. Toda la información que se genera a partir de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 está disponible en la página de Internet del Instituto: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/default.html

Se anexa Nota Técnica



http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/default.html








NOTA TÉCNICA

ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) 2017

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017

ofrece información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y bajo

demanda, así como las experiencias en la realización de pagos, trámites, solicitudes

de servicios públicos y otro tipo de contacto con autoridades que, durante 2017, tuvo

la población de 18 años y más, que reside en áreas urbanas de 100,000 habitantes

y más.

Asimismo, la ENCIG 2017 proporciona información sobre la percepción de la

población acerca del fenómeno de corrupción y sobre las experiencias de corrupción

que sufrió la población al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos,

además del contacto con autoridades, durante 2017.

La medición de las experiencias de corrupción, la cobertura conceptual y el alcance

metodológico de este proyecto estadístico, contemplan actos de corrupción en

actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades

que permiten el desarrollo de las unidades económicas.

Diseño Estadístico

1

A nivel nacional existen 82 áreas urbanas de 100,000 habitantes o más las cuales contaron en su conjunto con una población estimada de 47.8 millones de personas de 18 años y más, a diciembre de 2017.


Objetivos de la ENCIG 2017

• Medir la satisfacción de los usuarios de servicios públicos básicos y bajo

demanda durante 2017.

• Captar información sobre las características de los servicios públicos

básicos y bajo demanda.

• Reunir información sobre la condición de realización de trámites, pagos y

solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las

autoridades en ciudades de cien mil habitantes y más durante 2017 y

diversos atributos de calidad.

• Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante

2017.

• Medir la percepción sobre el grado de confianza que la población tiene

tanto en personas presentes en su entorno, como en instituciones

públicas y de la sociedad civil.

• Generar estimaciones sobre el número de víctimas de corrupción en

trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otro tipo de

contacto con las autoridades realizados durante 2017.

• Generar estimaciones sobre el número de actos de corrupción que

sufrieron las víctimas en la realización de trámites, pagos y solicitudes de

servicios públicos, además de otro tipo de contacto con las autoridades

durante 2017.

• Generar estimaciones sobre el grado de interacción de la población con

las autoridades gubernamentales a través de medios electrónicos.


PRINCIPALES RESULTADOS

Evaluación de Servicios Públicos (ejemplos)

Agua potable

A partir de la ENCIG se estima que de los 47.8 millones de personas de 18 años y más en áreas urbanas de 100,000 habitantes y más, en relación con el servicio de agua potable, 60.5% refiere que el suministro de agua es constante; mientras que 23.7% considera que el agua es potable1.

1 Bebible, sin temor a enfermarse. 2 Características se miden por primera vez en la ENCIG 2017. El informante pudo haber elegido más de una respuesta. 3 “Satisfacción con el servicio”, se refiere a la población que declaró estar muy satisfecha o satisfecha con el servicio.

Agua potable – Potabilidad


Recolección de basura

En 2017, 77.7% de la población de 18 años y más refirió contar de manera oportuna

con el servicio de recolección de basura. Por otra parte, al 19.9% le solicitaron la

separación de residuos.

1 “Satisfacción con el servicio”, se refiere a la población que declaró estar muy satisfecha o satisfecha con el servicio.

Recolección de basura – Libre de cuotas o propinas

1 Esta cifra equivale a 5.9 millones de hogares en áreas urbanas de 100 000 habitantes o más a nivel nacional.


Evaluación de Servicios Públicos Bajo Demanda (ejemplos)

Servicio de Salud en el IMSS

La ENCIG 2017 estima que 77.9% de la población usuaria del servicio de salud en

el IMSS refiere que se brinda atención sin requerirle material de curación o

equipo médico adicional. Por otra parte, 15.4% afirma que los hospitales no

están saturados de usuarios.

1 Por lo que no ha tenido que pagar por un servicio de salud privado. 2 Se refiere a la población que declaró estar muy satisfecha o satisfecha con el servicio.

Servicio de Salud en el IMSS – Satisfacción


Educación pública obligatoria

En 2017, 83.6% de la población usuaria del servicio de educación pública en

primaria, secundaria o bachillerato refiere que se cumple con los días de clase

programados en el calendario. Por otra parte, 27.4% refirió que la educación

pública obligatoria en estos niveles es gratuita.

1 “Satisfacción con el servicio”, se refiere a la población que declaró estar muy satisfecha o satisfecha con el servicio.

Educación pública obligatoria – Cumplimiento de días de clase


Transporte público masivo automotor

Durante 2017, 68.6% de la población usuaria1 del servicio de transporte público

tipo autobús urbano, van, combi o microbús refiere que existen rutas

suficientes para llegar a su destino. Por otro lado, 17.8% afirmó que se dan a

conocer las tablas de horarios de las corridas en las estaciones de ascenso y

descenso.

1

La población usuaria contempla a la población de 18 años y más que manifestó haberse transportado en autobús urbano, van, combi o microbús. 2 “Satisfacción con el servicio”, se refiere a la población que declaró estar muy satisfecha o satisfecha con el servicio.

Transporte público masivo automotor – Rutas suficientes


Experiencias con pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos

Tipo de lugar o medio para la realización de pagos, trámites y solicitudes de

servicios públicos

A nivel nacional, en 57.1% de los pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos,

los usuarios acudieron a instalaciones de gobierno para realizarlos. En 2.8% se

utilizó Internet para este fin.

Problemas para realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos

A nivel nacional, del total de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos

realizados por los usuarios, en 46.5% de ellos se presentó algún tipo de problema

para realizarlo.

1 El informante pudo haber elegido más de una opción. 2 Incluye los casos en que había largas filas, le pasaban de una ventanilla a otra, tuvo que ir a un lugar muy lejano y requisitos excesivos. 3 Incluye los casos en que no se exhibían los requisitos y en que se obtuvo información incorrecta. 4 Incluye los casos en que existieron problemas con la atención telefónica, problemas con la página de internet y otras causas.


Nivel de satisfacción con el tiempo destinado a realizar trámites, pagos o

solicitudes de servicios públicos

A nivel nacional, el trámite, pago o solicitud de servicio público con el nivel de

satisfacción más alto con relación al tiempo destinado a realizarlo fue el pago

ordinario de luz con 88.9 por ciento. En 76.1% de los pagos, trámites o solicitudes

de servicios realizados personalmente durante 2017, la población se sintió muy

satisfecha o satisfecha con el tiempo destinado a realizarlos.

Porcentaje de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos en donde los usuarios

se sintieron muy satisfechos o satisfechos con el tiempo destinado para realizarlos, por

entidad federativa.


Experiencias de Corrupción

Corrupción — Tasa de prevalencia de corrupción

La tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público, y

experimentó algún acto de corrupción fue de 14,635 por cada 100,000 habitantes

a nivel nacional.

* En estos casos sí existió un incremento estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior. 1 Esta medición corresponde al dominio urbano alto.


Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 habitantes

/a De acuerdo con las pruebas de hipótesis correspondientes, en estos casos NO existe diferencia estadística significativa con

respecto del nivel estimado para el año anterior. Los márgenes de error de las estimaciones por Entidad Federativa para el año

de referencia 2017 en promedio son del 16.3%, con un máximo de error de hasta el 23% para un caso y un mínimo de margen de

error del 7% para un caso. Para mayor detalle, ver tabulados básicos ENCIG 2017.

Tasa de incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes

/a De acuerdo con las pruebas de hipótesis correspondientes, en estos casos NO existe diferencia estadística significativa con

respecto del nivel estimado para el año anterior. Los márgenes de error de las estimaciones por Entidad Federativa para el año de

referencia 2017 en promedio son del 28.2%, con un máximo de error de hasta el 73% para un caso y un mínimo de margen de

error del 12% para un caso. Para mayor detalle, ver tabulados básicos ENCIG 2017. /b No disponible ya que al menos uno de los componentes para su cálculo no es estadísticamente significativo. /c No se recomienda su uso para obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos, ya que sus coeficientes de variación

son mayores al 25%, sólo se presentan para análisis cualitativo


Corrupción — Corrupción por tipo de trámite

El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2017 fue el

contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5%, seguido de los

trámites relacionados con la propiedad con 30.7 por ciento.

1 Trámites municipales, se refiere a permisos para vender en la vía pública, conexión o regulación del servicio de agua potable y

drenaje, etc. 2 La opción otros pagos, trámites y solicitudes, incluyen trámites ante el INE, carta de antecedentes no penales y cartilla del Servicio

Militar, etc. 3 Servicios municipales, se refiere a pavimentación, reparación de calles, alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines,

pipas de agua potable, etc.


Corrupción — Costos

En 2017, el costo total1 a consecuencia de corrupción en la realización de pagos,

trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de

7_218 millones de pesos; lo que equivale a 2 273 pesos promedio por persona

afectada.

Nota: Dado que se incluyen solamente aquellas desagregaciones con representatividad estadística, la suma de éstas no representa el total a nivel nacional. 1 El costo total calculado representa únicamente actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas o de servidores público a servidores público. \a Las estimaciones no cuentan con la calidad estadística suficiente para realizar análisis cuantitativos, se muestran sólo con fines cualitativos. N.D. No disponible dado que al menos una de las estimaciones no es estadísticamente representativa.


Corrupción — Corrupción por tipo de trámite y entidad federativa

Los tres trámites con mayor prevalencia de corrupción por entidad federativa, 2017


Confianza en instituciones o actores de la sociedad

Nivel de confianza

A nivel nacional, 87.3% de la población de 18 años y más identifica a familiares como

los actores que mayor confianza inspiran. Por otro lado, 17.8% de la población identifica

a los partidos políticos como instituciones que inspiran confianza.

Diseño de la encuesta

El diseño de la Encuesta, desde su origen, fue desarrollado por el INEGI con base en las actividades y servicios que, por disposición constitucional, el gobierno federal y los gobiernos municipales están obligados a proveer. De igual forma se han evaluado aquellos servicios a cargo de los gobiernos estatales. En el proceso de diseño se han tomado en consideración las buenas prácticas internacionales en materia de gestión gubernamental, confianza y mejora regulatoria; así como las necesidades de información y aportaciones de los principales usuarios. Ello, a efecto de que la información sea del más alto valor en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en estas materias. Con esta encuesta se generan variables que, entre otros muchos usos, permitirán completar los indicadores de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular los indicadores 16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de servicios públicos, así como el indicador 16.5.1 Porcentaje de las personas que han tenido por lo menos un contacto con un servidor público y pagaron un soborno a un servidor público, o tuvieron la experiencia de que un servidor público les pidiera que lo pagaran, en los 12 meses anteriores.


Productos y documentos de la ENCIG 2017

Los productos y documentos de la ENCIG 2017 que el INEGI pone a disposición de los usuarios son los siguientes:

Tabulados con los principales resultados Cuestionario

Tabulados con los intervalos de confianza para cada una de las estimaciones

Diseño muestral

Bases de datos Informe operativo

Marco conceptual

Estos productos pueden ser consultados en la página del Instituto en internet http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/default.html y en los centros de consulta y comercialización del INEGI. La agrupación de los temas que comprende la ENCIG 2017 es la siguiente: 1) Evaluación de Servicios Públicos Básicos; 2) Evaluación de Servicios Públicos bajo Demanda; 3) Experiencias con Pagos, Trámites, Solicitudes de Servicios y Contacto con Autoridades; 4) Corrupción; 5) Gobierno electrónico; 6) Principales Resultados a nivel área metropolitana; y 7) Confianza en personas, instituciones y actores de la sociedad. El primer tema comprende la evaluación de servicios públicos básicos, a través de la cual es posible conocer la experiencia de la población de 18 años y más en localidades urbanas con este tipo de servicios requeridos para mantener un adecuado nivel de vida. Tomando como base distintas series de atributos deseables para cada uno de los servicios seleccionados, se puede obtener un panorama sobre las características que prevalecen en mayor y menor medida en cada región del país. En el segundo tema la información se refiere a la evaluación de los servicios públicos bajo demanda, aquellos que, si bien, son administrados en algunos casos por entidades privadas mediante permisos o concesiones, es obligación del gobierno proveer las bases sobre las cuales operan. De igual forma, se presentan series de atributos deseables a través de los cuales se determinan las condiciones de calidad que presentaron cada uno de ellos durante 2017. El tercer tema está relacionado con las experiencias de la población al realizar trámites, pagos, solicitudes de servicios, o cualquier otro contacto con autoridades o servidores públicos. En esta sección se pueden conocer los niveles de satisfacción, los problemas a los que se enfrentaron las personas, el medio a través del cual fueron realizados, el trato recibido al acudir a oficinas gubernamentales y la frecuencia con la cual se obtuvo lo requerido.

En el cuarto tema se abordan aspectos relacionados con las experiencias de corrupción. De esta forma, se pueden conocer niveles de percepción y experiencia de corrupción al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos, o bien, haber tenido algún contacto con autoridades o servidores públicos durante 2017, así como los costos asociados a estas conductas.

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/default.html


En el quinto tema se exploran las características de la interacción de la población urbana con instituciones gubernamentales a través de medios electrónicos, esto es, aquellos trámites realizados vía telefónica, por internet o en kioscos inteligentes. En el sexto tema se presentan los resultados de las principales variables de la encuesta desagregados a nivel área metropolitana, mismos que cobran gran relevancia al estar evaluando la actuación de los gobiernos municipales. Finalmente, el séptimo tema se refiere a los niveles de confianza que la población tiene en las personas de su entorno más cercano, autoridades, instituciones y otros actores relevantes de la sociedad. Esto, con el fin de identificar a los elementos que inciden de manera positiva y negativa, directa e indirectamente, en la calidad de vida de las personas en cada región del país.


BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 537/16

12 DE DICIEMBRE DE 2016 AGUASCALIENTES, AGS.

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RESULTADOS DE LOS CENSOS NACIONALES DE GOBIERNO,

SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA PENITENCIARIO ESTATALES, DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL Y DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

ESTATAL 20161 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer la información de tres proyectos estadísticos: el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016; el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016; y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016. Todos ellos se desarrollan en el marco de los trabajos del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ).

El primero de ellos, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 (CNGSPSPE), tiene por objetivo ofrecer información de la gestión de las Administraciones Públicas de las entidades federativas en las materias de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario. La información de este proyecto estadístico fue declarada Información de Interés Nacional por la Junta de Gobierno del INEGI en diciembre de 2011, y a la fecha se cuenta con siete ejercicios realizados desde el año 2010.

El CNGSPSPE cuenta con una base de más de 445 mil datos y presenta 85 tabulados organizados de manera general en cinco apartados conforme a los siguientes temas: Administración pública de la entidad federativa; Seguridad Pública; Sistema Penitenciario; Medio Ambiente; y Justicia Cívica (este último únicamente para la Ciudad de México).

De éstos, destaca que 2 millones 283 mil 652 personas estaban empleadas en las administraciones públicas de las entidades federativas al cierre del año 2015. Por lo que toca al tema de Seguridad Pública, con información del año 2015 se identificó que 216 mil 927 personas trabajan en funciones de seguridad pública en las corporaciones policiacas de las entidades federativas (Se incluye también al personal de instituciones de seguridad pública municipal que se hayan encontrado bajo un esquema de mando único).

Por su parte, en lo que refiere al tema de los Sistemas Penitenciarios, se puede identificar que durante el año 2015 se registraron un total de 166 mil 532 personas ingresadas a los Centros Penitenciarios a cargo de las entidades federativas, por un total de 169 mil 790 personas

1 El 12 de diciembre de 2016 se cambió el archivo del comunicado de prensa de los Resultados de los Censos

Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, de Procuración de Justicia Estatal 2016 y de Impartición de Justicia Estatal 2016 (difundido 6 horas antes).

Para una mejor comprensión del documento, en el primer párrafo, página 4 de la Nota técnica decía:

“Finalmente, del total de reclusos al cierre de 2015, 191 mil 537 (87.6%) correspondió al fuero común, 22 mil

330 al fuero federal (10.3%) y 4 mil 728 (2.2%) a reclusos por delitos de ambos fueros”.

Debe decir:

“Finalmente, del total de reclusos al cierre de 2015, 190 mil 537 (87.6%) correspondió al fuero común, 22 mil

330 al fuero federal (10.3%) y 4 mil 728 (2.2%) a reclusos por delitos de ambos fueros”.




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egresadas de los mismos. En este sentido, al 31 de diciembre del año de referencia se contó con un total de 217 mil 595 personas recluidas en los centros penitenciarios a cargo de las entidades federativas.

El segundo proyecto estadístico, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016 (CNPJE), tiene como objetivo generar información estadística y geográfica de las Procuradurías Generales de Justicia en las entidades federativas.

El CNPJE, que se realiza por sexta vez con un enfoque integral y con el destacado apoyo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, cuenta con una base de más de 1 millón 53 mil datos a disposición de los usuarios y presenta 39 tabulados que se organizan de manera general en cuatro apartados conforme a los siguientes temas: Estructura organizacional y recursos de las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas; Ejercicio de la función en procuración de justicia en el ámbito de las entidades federativas; Justicia para adolescentes y Justicia alternativa. Todo ello, en el ámbito de procuración de justicia de las entidades federativas Entre la información que se puede consultar en los tabulados, así como en el mecanismo de consulta interactiva de datos destaca que: al cierre del año 2015, 37 mil 745 personas estuvieron adscritas a las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común, de las cuales el 24.5% corresponden a Fiscales y Agentes del Ministerio Público, 17.9% a Secretarios del Ministerio Público, 2.2% a Actuarios del Ministerio Público, 6.3% a Peritos, 26% a Policías Ministeriales o Judiciales y el resto en otros cargos o funciones (23%). Además, durante 2015 se iniciaron o abrieron un total de 1 millón 532 mil 403 averiguaciones previas o carpetas de investigación, según corresponda, por un total de 992 mil 950 averiguaciones previas o carpetas de investigación determinadas; mientras que, al 31 de diciembre del año de referencia, se registraron un total de 988 mil 437 averiguaciones previas en trámite y carpetas de investigación pendientes por concluir. Por último, el tercer proyecto estadístico, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016 (CNIJE) tiene como objetivo difundir información estadística y geográfica de los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como de las instituciones que integran al Poder Judicial en cada entidad federativa en su función de impartición de justicia. El CNIJE, que se ha realizado por sexta vez con un enfoque integral y con el apoyo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, cuenta con una base de más de 1 millón 374 mil datos a disposición de los usuarios y 49 tabulados con información básica organizada en cinco apartados conforme a los siguientes temas: Estructura organizacional y recursos de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas; Impartición de justicia en materia penal; Justicia para adolescentes; Impartición de justicia en todas las materias (excepto materia penal) y Justicia alternativa. Todo ello en el ámbito de impartición de justicia en las entidades federativas.




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Destaca el dato de 45 mil 864 personas adscritas a los Órganos Jurisdiccionales de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas al cierre del año 2015; de éstos, se identificó que el 9.48% corresponde a los Magistrados y Jueces en los órganos Jurisdiccionales de los Tribunales Superiores de Justicia, 13.35% son Secretarios, 8.46% secretarios de estudio, 41.9% personal de administración y apoyo, 7.67% son Actuarios y el resto son otros servidores de carrera jurisdiccional (19%). En cuanto a los datos sobre el ejercicio de la función de impartición de justicia en materia penal, sobresale que durante el año 2015 se registraron, por un lado, 182 mil 764 delitos en causas penales ingresadas, mientras que por la vía de Justicia Alternativa se registraron 14 mil 250 delitos y conductas antisociales registrados en los expedientes abiertos derivado de las solicitudes procedentes) por Justicia Alternativa.



NOTA TÉCNICA CENSOS NACIONALES DE GOBIERNO, SEGURIDAD

PÚBLICA Y SISTEMA PENITENCIARIO ESTATALES, DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL Y DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ESTATAL 2016

Corresponde a tres proyectos estadísticos que en su conjunto ofrecen información relevante en los temas de administración pública, seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia, y sistemas penitenciarios de las entidades federativas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer la información de tres proyectos estadísticos: el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016; el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016; y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016. Todos ellos se desarrollan en el marco de los trabajos del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ). El primero de ellos, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 (CNGSPSPE), tiene por objetivo ofrecer información de la gestión de las Administraciones Públicas de las entidades federativas en las materias de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario. Ello, a efecto de apoyar el diseño de políticas públicas con información especializada, de calidad, oportuna y homogénea. La información de este proyecto estadístico fue declarada Información de Interés Nacional por la Junta de Gobierno del INEGI en diciembre de 2011, y a la fecha se cuenta con seis ejercicios realizados desde el año 2010. El CNGSPSPE, que se realiza con un enfoque integral, cuenta con una base de más de 445 mil 793 datos, y presenta 85 tabulados, guardando consistencia conceptual, temática y metodológica con los tabulados que se han publicado en los dos ejercicios anteriores; ello, a efecto de apoyar los procesos de análisis, bajo un esquema comparativo. Los 85 tabulados que comprenden los resultados del Censo se organizan de manera general en cinco apartados conforme a los siguientes temas: Administración Pública de la entidad federativa; Seguridad Pública; Sistema Penitenciario; Medio Ambiente; y Justicia Cívica (este último únicamente para la Ciudad de México).


Entre la información que se puede consultar en los tabulados, así como en el mecanismo de consulta interactiva de datos de este Censo, se pueden identificar las características de las estructuras organizacionales y los recursos de las administraciones públicas; de éstos destaca que 2 millones 283 mil 652 personas estaban empleadas en las administraciones públicas de las entidades federativas al cierre del año 2015. 12.9% de los empleados corresponden a la administración pública del Estado de México y 0.7% a la de Aguascalientes. Gráfico 1. Distribución porcentual del personal nacional en Administraciones

Públicas Estatales por entidad federativa.

0.7%

1.0%

1.0%

1.1%

1.1%

1.1%

1.2%

1.2%

1.3%

1.3%

1.6%

1.8%

1.8%

1.9%

2.0%

2.1%

2.2%

2.2%

2.3%

2.3%

2.7%

2.8%

3.2%

3.7%

3.8%

4.0%

4.8%

4.8%

6.6%

8.6%

10.8%

12.9%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0%

Aguascalientes

Colima

Baja California Sur

Campeche

Quintana Roo

Coahuila de Zaragoza

Sinaloa

Oaxaca

Tlaxcala

Querétaro

Nayarit

Nuevo León

Morelos

Puebla

Zacatecas

Michoacán de Ocampo

Sonora

Chiapas

Durango

Baja California

San Luis Potosí

Yucatán

Hidalgo

Tabasco

Chihuahua

Tamaulipas

Guerrero

Guanajuato

Jalisco

Veracruz de Ignacio de la Llave

CDMX

México


Por lo que toca al tema de Seguridad Pública, con información del año 2015, se identificó que 216 mil 927 personas trabajan en funciones de seguridad pública en las corporaciones policiacas de las entidades federativas(Se incluye también al personal de instituciones de seguridad pública municipal que se hayan encontrado bajo un esquema de mando único). 40.7% de estos servidores públicos corresponden a la Ciudad de México y 0.2% al Estado de Aguascalientes.

Gráfico 2. Distribución porcentual del personal nacional en corporaciones policiacas por entidad federativa.

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.5%

0.6%

0.6%

0.7%

0.9%

0.9%

0.9%

1.0%

1.3%

1.5%

1.6%

1.6%

1.7%

2.1%

2.5%

2.7%

2.8%

3.0%

3.7%

3.9%

4.4%

8.7%

9.0%

40.7%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0%

Aguascalientes

Baja California Sur

Baja California

Colima

Sinaloa

Sonora

Durango

Querétaro

Quintana Roo

Zacatecas

Nayarit

Tlaxcala

Campeche

Guanajuato

Chihuahua


Tamaulipas

Hidalgo

San Luis Potosí

Yucatán

Jalisco


Guerrero

Nuevo León

Puebla

Morelos

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

México


CDMX


Por su parte, en lo que refiere al tema de los Sistemas Penitenciarios, se puede identificar que durante el año 2015 se registraron un total de 166 mil 532 personas ingresadas a los Centros Penitenciarios a cargo de las entidades federativas, por un total de 169 mil 790 personas egresadas de los mismos. En este sentido, al 31 de diciembre del año de referencia se contó con un total de 217 mil 595 personas recluidas en los centros penitenciarios a cargo de las entidades federativas. Del total de ingresos el 88.1% corresponde a delitos del fuero común (146 mil 696), 9.5% al fuero federal (15 mil 815) y 3,986 a ingresados por delitos del fuero común y federal; en relación al total de egresados el 86.5% (146 mil 835 casos) corresponde al fuero común, 12.5% al fuero federal (21 mil 232) y 1% a egresados por delitos del fuero común y federal. Finalmente, del total de reclusos al cierre de 2015, 190 mil 537 (87.6%) correspondió al fuero común, 22 mil 330 al fuero federal (10.3%) y 4 mil 728 (2.2%) a reclusos por delitos de ambos fueros.

Gráfico 3. Distribución porcentual de la población ingresada, egresada y reclusa en centros penitenciarios por tipo de fuero

* Porcentaje de reclusos al cierre de 2015.

El segundo proyecto estadístico, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016 (CNPJE), tiene como objetivo generar información estadística y geográfica de las Procuradurías Generales de Justicia en las entidades federativas con la finalidad de que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en materia de procuración de justicia.

88.1%86.5% 87.6%

9.5% 12.5% 10.3%

2.4% 1.0% 2.2%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

Ingresos Egresos Reclusos*

Fuero comúny fuero federal

Fuero federal

Fuero común


El CNPJE, que se realiza por sexta vez con un enfoque integral y con el destacado apoyo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, cuenta con una base de más de 1 millón 53 mil datos a disposición de los usuarios y presenta 39 tabulados, guardando consistencia conceptual, temática y metodológica con los tabulados que se publicaron en el Censo del año anterior. Ello, a efecto de apoyar los procesos de análisis bajo un esquema comparativo. Los 39 tabulados que comprenden los resultados de este Censo, se organizan manera general en cuatro apartados conforme a los siguientes temas: Estructura organizacional y recursos de las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas; Ejercicio de la función en procuración de justicia en el ámbito de las entidades federativas; Justicia para adolescentes y Justicia alternativa. Todo ello, en el ámbito de procuración de justicia de las entidades federativas Entre la información que se puede consultar en los tabulados, así como en el mecanismo de consulta interactiva de datos, destaca que al cierre del año 2015, 37 mil 745 personas estuvieron adscritas a las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común, de las cuales el 24.5% corresponden a Fiscales y Agentes del Ministerio Público, 17.9% a Secretarios del Ministerio Público, 2.2% a Actuarios del Ministerio Público, 6.3% a Peritos, 26% a Policías Ministeriales o Judiciales, y el resto (23%) en los cargos o funciones que se describen en la gráfica.

Gráfico 4. Distribución porcentual del personal en Agencias del Ministerio

Público por tipo de puesto.

4.4%

20.1%

17.9%

2.2%

6.3%

26.0%

18.2%

4.7%

Fiscales del MinisterioPúblico

Agentes del MinisterioPúblico

Secretarios del MinisterioPúblico

Actuarios del MinisterioPúblico

Peritos

Policias Ministeriales oInvestigadores o Judiciales

Personal de Apoyo


En cuanto a los datos sobre el ejercicio de la función, relacionado con las averiguaciones previas y carpetas de investigación, destaca que durante el año 2015 se iniciaron o abrieron un total de 1 millón 532 mil 403 averiguaciones previas o carpetas de investigación, según corresponda, por un total de 992 mil 950 averiguaciones previas o carpetas de investigación determinadas; mientras que, al 31 de diciembre del año de referencia, se registraron un total de 988 mil 437 averiguaciones previas en trámite y carpetas de investigación pendientes por concluir. Por último, en el tercer proyecto estadístico, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016 (CNIJE) tiene como objetivo difundir información estadística y geográfica de los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como de las instituciones que integran al Poder Judicial en cada entidad federativa en su función de impartición de justicia, a efecto de que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en materia de impartición de justicia. El CNIJE que se ha realizado por sexta vez con un enfoque integral y con el apoyo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, cuenta con una base de más de una base de más de 1 millón 374 mil datos a disposición de los usuarios y 49 tabulados con información básica, que se organiza en cinco apartados conforme a los siguientes temas: Estructura organizacional y recursos de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas; Impartición de Justicia en Materia Penal; Justicia para Adolescentes; Impartición de justicia en todas la materia (excepto materia penal) y Justicia Alternativa. Todo ello en el ámbito de impartición de justicia en las entidades federativas. Entre la información que se puede consultar en el mecanismo de consulta interactiva de datos, destaca el dato de 45 mil 864 personas adscritas a los Órganos Jurisdiccionales de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas al cierre del año 2015; de éstos, se identificó que el 9.48% corresponde a los Magistrados y Jueces en los órganos Jurisdiccionales de los Tribunales Superiores de Justicia, 13.35% son Secretarios, 8.46% secretarios de estudio, 41.9% personal de administración y apoyo, 7.67% son Actuarios y el resto son otros servidores de carrera jurisdiccional (19%).


Gráfico 5. Distribución porcentual del personal en Órganos Jurisdiccionales

según cargo.

En cuanto a los datos sobre el ejercicio de la función de impartición de justicia en materia penal, sobresale que durante el año 2015 se registraron, por un lado, 182 mil 764 delitos en causas penales ingresadas, mientras que por la vía de Justicia Alternativa se registraron 14 mil 250 delitos y conductas antisociales en los asuntos abiertos y solicitudes procedentes (registrados en los expedientes abiertos derivado de las solicitudes procedentes) por Justicia Alternativa. Por otro lado, en 2015 el número de adolescentes procesados registrados en los asuntos en primera instancia abierto durante el año fue de 9 mil 983, de los cuales el 91% fueron hombres (9 mil 54), frente a 929 mujeres (9%); mientras que el porcentaje de adolescentes hombres con resolución registrados en asuntos en primera instancia concluidos durante el año fue de 81% (2 mil 645 adolescentes), 6% fueron mujeres (197 adolescentes) y se registraron 442 casos en los que no se tiene identificado el sexo.

9.48%

13.35%

7.67%

8.46%41.90%

19.06%

Magistrados y Jueces

Secretarios

Actuarios

Secretarios de estudio

Personal administrativo

Servidores de carrerajurisdiccional


Gráfico 6. Distribución de adolescentes procesados y con resolución

registrado en los asuntos en primera instancia abiertos y concluidos según sexo

* * * * * * *

91%81%

9%

6%

13%

Adolescentes procesados registrados en losasuntos en primera instancia abiertos

durante el año

Adolescentes con resolución registrados enlos asuntos en primera instancia concluidos

durante el año

Hombres Mujeres No especificado

COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 641/18 6 DE DICIEMBRE DE 2018

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“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL1 DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN (9 DE DICIEMBRE)”

14.6% de la población adulta en contacto con algún servidor público en 2017 experimentó algún acto de corrupción. Mientras, 5.4% del total de los establecimientos fueron víctimas de corrupción

En 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 541 delitos por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos) fue incluso mayor que la incidencia delictiva de robo en calle o transporte público (11 081 delitos por cada cien mil habitantes)

Al cierre de 2017, 15 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en sus procesos de trabajo; 14 estados lo habían implementado parcialmente.

La corrupción puede ser definida como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”.1

Puede presentarse a grande o pequeña escala. La corrupción a gran escala en el espacio público involucra a grandes empresas que deliberadamente entregan dinero o regalos a funcionarios públicos para verse beneficiadas de decisiones del gobierno2. La corrupción a pequeña escala es la que afecta a la población en general y se produce cuando la gente o las empresas pagan un soborno por obtener acceso a un servicio o bien público. Este documento se centra en la corrupción a pequeña escala debido a que es el tipo que la población experimenta con mayor frecuencia.

La relevancia del fenómeno de corrupción en el sentir de la sociedad mexicana se refleja en que más de la mitad de la población adulta considera que es uno de los principales problemas que enfrenta el país, solo por debajo del tema de inseguridad y la delincuencia, además de que se ha acrecentado en los últimos años3.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el INEGI ofrece información sobre las experiencias de corrupción que han padecido personas y unidades económicas al intentar hacer algún trámite gubernamental.

Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública, y Sistema Penitenciario Estatales y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales.

EXPERIENCIAS DE CORRUPCIÓN

En el país se percibe que la corrupción es una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental. En 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio.

Pese a que la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de esta, la

proporción de personas adultas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción se ha

1 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa:

El 6 de diciembre de 2018 se cambió el archivo del comunicado sobre Estadísticas a propósito del día internacional contra la corrupción, difundido 5 horas antes, debido a un error en los títulos de las etiquetas del mapa 1 “Entidades según condición de implementación del esquema de la Ley General del Sistema Anticorrupción” (Página 11), mismos que ya fueron corregidos.


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incrementado en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013 (3.6 millones de personas) a 14.6% de

la población (5.2 millones) que en 2017 tuvo contacto con algún servidor público (Gráfica 1).

Esto significó que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 541 delitos por cada cien mil

habitantes) fuera incluso más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en calle o transporte

público4.

Respecto a las unidades económicas, 247 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción en

20175. La prevalencia de corrupción también aumentó significativamente entre 2013 y 2017, para

colocarse en un nivel de 5.4% del total de los establecimientos en 2017.

Aunque se trata de un fenómeno extendido a lo largo del país, es posible distinguir diferencias entre entidades. En 2017, en 11 entidades se estimaron prevalencias superiores a la prevalencia de corrupción a nivel nacional entre la población, siendo la Ciudad de México la entidad que registró la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1% de la población que tuvo contacto con alguna autoridad o servidor público, mientras que en Puebla o Guanajuato esta prevalencia no superó el 10%.

Ello significa que una persona de la Ciudad de México tiene casi el doble de probabilidad de ser víctima de un acto de corrupción al tener trato con un servidor público que un ciudadano de Guanajuato, Puebla, Colima o Veracruz (Gráfica 2).

Al considerar lo reportado por las unidades económicas en 2017, se observa cierta congruencia en las entidades donde la población reportó las mayores y las menores prevalencias de corrupción. De nuevo destaca la Ciudad de México como la entidad con la mayor proporción de establecimientos víctimas

12.1 12.6

14.6

3.64.9 5.4

2013 2015 2017 2013 2015 2017

Gráfica 1Prevalencia de actos de corrupción en población y unidades económicas

según año de ocurrencia2013 - 2017

1 Se refiere al porcentaje de población de 18 años y más víctimas de corrupción respecto a la población que tuvocontacto con algún servidor público.

2 Se refiere al porcentaje de unidades económicas víctimas de corrupción respecto al total de unidadeseconómicas.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2013, 2015 y 2017.INEGI. Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2014, 2016 y 2018.

Porcentaje de población víctima de actos de corrupción1

Porcentaje de unidades económicas víctima de actos de corrupción2


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de corrupción con 11 de cada 100 unidades económicas, seguida por los estados de México, Morelos y Quintana Roo.

Si bien la prevalencia de corrupción sufrida por la población se ha incrementado en la mayoría de las entidades con relación al nivel registrado en 2013, Sonora, Guerrero y Aguascalientes fueron las entidades que presentaron un deterioro más pronunciado en los niveles de corrupción, mientras que siete entidades exhibieron mejoras6.

En el caso de las empresas, las entidades que presentaron un aumento en la prevalencia de corrupción en unidades económicas respecto al nivel registrado en 2013 fueron San Luis Potosí, Ciudad de México y Querétaro, a diferencia de entidades como Guanajuato, Yucatán, Baja California y Puebla que tuvieron las mayores reducciones en el indicador.

De acuerdo con los tipos de trámites o solicitud de servicios que realizaron las personas en 2017 y las empresas en 2016, se observa que a nivel nacional, los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal (Gráfica 3).


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Al distinguir los trámites de acuerdo con el nivel de gobierno se pudo identificar que, entre la población, las mayores prevalencias de corrupción se presentaron al realizar trámites o tener contacto con autoridades del ámbito estatal, en comparación con los trámites federales o municipales, siendo los trámites relacionados con la propiedad y los trámites vehiculares en los que las prevalencias de corrupción fueron más altas, con 30.7% y 17.8%, respectivamente. En contraste, los actos de corrupción fueron menos frecuentes en los trámites o servicios a cargo del gobierno federal.

En el caso de las unidades económicas, estas fueron más susceptibles de ser víctimas de corrupción al solicitar algún trámite o permiso federal o municipal, necesario para su operación, tales como una licencia o permiso de construcción o de uso de suelo, un permiso para importar o exportar, o en la atención de alguna inspección requerida por parte de una autoridad.


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Al analizar el tipo de trámite con mayor prevalencia de corrupción, contacto con autoridades de seguridad pública, se observa que, independientemente de la región del país, 6 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de un acto de corrupción cuando interactuaron con policías u otras autoridades de seguridad pública, ya sea por incidentes de tránsito, infracciones o algún tipo de detención.

Adicionalmente, se encontró que la región centro del país, seguida de la región sureste, es donde las empresas y las personas que han sido arrestadas por la policía (adultos y adolescentes) tienen la mayor probabilidad de estar involucradas en un acto de corrupción (Gráfica 4). Este riesgo es significativamente mayor respecto a lo que se observa principalmente en las regiones del norte del país.

12.3 7.7 11.4 12.5* 15.4 18.8

27.2 21.6 22.5 23.6 27.5 33.7

27.5 21.4 20.2 21.3 29.8 38.7

59.5 59.4 60.5 61.9 55.2 58.9

EstadosUnidos

Mexicanos

RegiónNoroeste

RegiónNoreste

RegiónOccidente

RegiónSureste

RegiónCentro

Población privada de la libertad de 18

años y más2016 3

Unidades económicas

2016 2

Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal

2017 4

Población de 18años y más

2017 1

Gráfica 4Prevalencia de corrupción al tener contacto con autoridades de seguridad pública

por región según tipo de víctima2016 y 2017

1 Se refiere al porcentaje de población de 18 años y más que experimentó algún acto de corrupción en el contactocon autoridades de seguridad pública

2 Se refiere al porcentaje de unidades económicas que tuvieron experiencia de actos de corrupción respecto altotal de unidades económicas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública. No incluye a lasunidades económicas de tamaño Micro.

3 Se refiere al porcentaje de población privada de la libertad de 18 años y más víctima de algún acto de corrupcióndurante su arresto respecto al total de población privada de la libertad de 18 años y más según región.

4 Se refiere al porcentaje de adolescentes en el Sistema de Justicia Penal víctima de algún acto de corrupcióndurante su detención respecto al total de adolescentes en el Sistema de Justicia Penal según región.

* Indican un coeficiente de variación (%) en el rango de (15, 25]** Indican un coeficiente de variación (%) en el rango de (25 y +)Nota: Región Centro: Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Región Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.Región Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.Región Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.INEGI. Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, 2017.INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, 2016.INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, 2016.


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COSTO DIRECTO DE LA CORRUPCIÓN

Otro aspecto relevante para dimensionar el fenómeno de la corrupción consiste en medir la cantidad de dinero que la población y las unidades económicas desembolsan por concepto de sobornos.

Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7 218 millones de pesos; esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7 146 millones de pesos en 20177.

Por su parte, se estimó que las empresas desembolsaron por concepto de soborno alrededor de 1 612 millones de pesos en 2016 (Gráfica 5).

Pese a que el gasto total de las empresas en sobornos es menor a lo erogado por la población, la carga económica por cada empresa es significativamente mayor. Así, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 273 pesos.

$ 7 217 848 391

$ 2 273$ 1 611 848 721

$ 12 243*

Costo total Costo promedio

Población 2017 Unidades económicas 2016

3.1 millones de personasincurrieron en costos

132 mil unidades económicas incurrieron en costos

Gráfica 5Costo total y promedio de los actos de corrupción en población y unidades

económicas2016 y 2017

* Indican un coeficiente de variación (%) en el rango de (15, 30]Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, 2016.

INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.


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La corrupción es un acto que en México no se denuncia. En 2017, solo 4.6% de la población que fue víctima de un acto de corrupción presentó una denuncia ante alguna autoridad.

De las personas que no denunciaron (82.6%), cerca de la mitad no lo hizo porque consideró que era una acción inútil o una pérdida de tiempo, mientras que 15.1% no denunció porque se benefició del acto y 13.6% porque consideró que es una práctica común (Gráfica 6).

Estas razones dejan ver que la población no denuncia el hecho debido a que no confía en que las autoridades actuarán frente a estos actos o porque consideran que es un acto generalizado del cual son partícipes.

ACCIONES ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN

Las oficinas de control interno son las áreas de las dependencias del gobierno encargadas de vigilar

la correcta aplicación de los recursos materiales y humanos, así como de supervisar el cumplimiento

de leyes y reglamentos aplicables al desempeño de los servidores públicos. A través de estas oficinas,

los ciudadanos pueden presentar quejas o querellas para denunciar actos de corrupción cometidos por

los servidores públicos, para lo cual se debe proporcionar los datos o indicios que permitan determinar

la probable comisión de faltas administrativas.

Gráfica 6Población que experimentó algún acto de corrupción según condición de denuncia y

motivo por el cual no denunció2017

* Indican un coeficiente de variación (%) en el rango de (15, 25]** Indican un coeficiente de variación (%) en el rango de (25 y +)Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.

5 220 175 personas víctimas

de corrupción

Si denunció4.6%

No denunció

82.6%

Es inútil, no le darían

seguimiento26.4%

Por ser una pérdida de

tiempo20.6%

Obtuvo un beneficio

15.1%

La corrupción es una

práctica muy común13.6%

Por falta de tiempo9.8%

Por miedo a represalias

5.7%

Porque no sabe ante quién denunciar

5.4%

Otro motivo2.0%

Porque dio dinero o regalos

1.2%


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En 2017 se encontró que las oficinas de control interno de los gobiernos de las entidades federativas

recibieron 2.6 quejas por actuaciones de servidores públicos por cada cien servidores públicos

estatales, cifra ligeramente inferior a la registrada en el año 2016 que fue de 3.0.

El análisis por entidad reveló diferencias importantes, 10 entidades presentaron tasas de quejas por

arriba de la tasa nacional, entre las que sobresale la Ciudad de México en donde se registraron 10.3

quejas por cada cien servidores públicos, mientras que en Yucatán y Colima la razón fue de 0.1 quejas

por cada cien empleados públicos (Gráfica 7).

Dependiendo del curso de la investigación, los órganos de control interno determinan si

estas conductas corresponden a sanciones administrativas o si se trata de un delito que

amerite una denuncia ante las autoridades ministeriales.

En caso de que se identifiquen conductas que puedan ser tipificadas como presuntos delitos

por actos de corrupción, las autoridades ministeriales determinarán las sanciones de tipo

penal que correspondan.

Respecto a este tipo de denuncias, un total de 408 servidores públicos de las

administraciones públicas estatales fueron denunciados en 2017 ante las instancias

ministeriales por la comisión de algún presunto delito relacionado con el ejercicio de sus

funciones.

Del total de servidores públicos denunciados, 40.7% fue por el delito de uso ilícito de

atribuciones y facultades; mientras que aquellos imputados por delitos relacionados con

corrupción, 19.6% fue por peculado, 8.6% por cohecho y 5.9% por los delitos de concusión,

enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias (Gráfica 8).

2.6

9.5

8.3

5.7

4.9

3.9

3.3

3.3

3.2

2.9

2.8

2.4

1.7

1.6

1.5

1.5

1.3

1.2

1.2

1.0

1.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

To

tal esta

tal

Ciu

dad d

e M

éxic

o

Ag

uascalie

nte

s

Mé

xic

o

Chia

pas

Queré

taro

Jalis

co

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alif

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Ba

ja C

alif

orn

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ur

Chih

uahua

Tla

xcala

Sin

alo

a

Quin

tan

a R

oo

Oaxaca

Cam

peche

Pu

ebla

Mo

relo

s

Hid

alg

o

So

nora

Guanaju

ato

Sa

n L

uis

Po

tosí

Coahuila

Ta

mau

lipas

Nayarit

Dura

ngo

Mic

hoacán

Ve

racru

z

Guerr

ero

Nuevo L

eó

n

Colim

a

Ta

basco

Za

cate

cas

Yu

catá

n

Gráfica 7Total de quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores

públicos por cada cien servidores de las administraciones públicas estatales2017



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SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

La magnitud e importancia del fenómeno de la corrupción como un asunto de política pública ha llevado a la creación de diversos instrumentos para mitigar el problema. El más importante es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en mayo de 2015 a partir de la reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 Constitucional, este Sistema tiene como objetivo la coordinación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), este sistema se integra por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y por los Sistemas Locales Anticorrupción que coordinan a las administraciones locales y municipales, cuyas funciones se describen en la Figura 1.

Uso ilícito de atribuciones y

facultades40.7

Peculado19.6

Otros15.4

Cohecho8.6

Abuso de autoridad8.1

Concusión2.2

Tráfico de influencias2.2

Delitos cometidos contra la administración

de justicia1.7

Enriquecimiento ilícito1.5

Gráfica 8Distribución porcentual de servidores públicos estatales denunciados ante órganos

ministeriales2017

Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018


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Los sistemas locales anticorrupción de las entidades federativas deben integrarse y funcionar de

manera similar al SNA para coordinar a las autoridades locales competentes en la materia, lo que hace

necesario expedir o reformar diversas leyes secundarias de los sistemas locales anticorrupción8 para

armonizar el marco legal estatal con la legislación nacional. Para este proceso, la LGSNA fijó el plazo

de un año, a partir del 18 de julio de 20169.

Al cierre de 2017, 15 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la LGSNA en sus

procesos de trabajo, mientras que 14 estados lo habían implementado parcialmente (Mapa 1).

Sistema Nacional Anticorrupción

Cómite Coordinador

- Aprobar la metodología de los indicadores para el seguimiento yevaluación de la política en la materia- Requerir información a los entes púbicos respecto al cumplimientode la política en la materia- Establecer los mecanismos de coordinación con los SistemasLocales- Establecer una plataforma digital, para la integración de lainformación, para establecer políticas integrales y metodologías demedición-Participar en los mecanismos internaciones para el combate a lacorrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticasinternacionales

Comité de Participación Ciudadana

- Opinar y realizar propuestas, sobre la política nacional y laspolíticas integrales- Opinar y proponer indicadores y metodologías para la medicióny seguimiento del fenómeno de la corrupción- Dar seguimiento al funcionamiento del sistema nacional-Servir de enlace con organizaciones de la sociedad civil, laacademia y grupos de ciudadanos

Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización

- Establecer un sistema electrónico que permita ampliar lacobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federalesy locales- Informar al comité coordinador sobre los avances en lafiscalización de los recursos federales y locales

Sistemas Locales - Integrados de forma equivalente al Sistema Nacional

Fuente: Elaborado con base en Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Figura 1Sistema Nacional Anticorrupción


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Esto indica que, pese al plazo establecido en la LGSNA, en la mayoría de las entidades federativas

aún no se ha terminado el proceso de integración de los sistemas locales anticorrupción.

A pesar de la falta de implementación total del Sistema a nivel local, las entidades federativas han

establecido planes o programas anticorrupción que incluyen medidas de control para mitigar el riesgo

de corrupción en espacios donde hay interacción entre usuarios y servidores públicos.

PROGRAMAS Y MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN A NIVEL ESTATAL

En 2017, se identificaron 17 entidades que contaban con un plan o programa anticorrupción y nueve

informaron que se encontraban en proceso de integración. Cabe mencionar que de las entidades que

en 2016 manifestaron que estaban en proceso de integración de este plan o programa, Chiapas e

Hidalgo concluyeron este proceso en 2017 (Mapa 2).


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Algunos de estos planes o programas estatales contemplan acciones tendientes a vigilar y controlar

aquellos trámites o servicios que son susceptibles de presentar eventos de corrupción.

Al respecto, de las entidades que informaron tener un plan o programa anticorrupción en 2017, 17

entidades tenían identificados trámites o procesos de gestión propensos a conductas asociadas a la

corrupción como parte de los programas anticorrupción.

En este sentido, Zacatecas fue el estado que tenía el mayor número de trámites considerados dentro

de las acciones de control de la corrupción, con un total de 23 trámites, seguido del estado de México

con 19 trámites.

Las compras de gobierno y la declaración patrimonial de servidores públicos fueron las gestiones que

más entidades informaron tener para controlar riesgos de corrupción. Otras medidas de control

consideradas fueron las relacionadas con los trámites de solicitudes de apoyo de programas sociales

y las infracciones administrativas (Gráfica 9).

Al contrastar los trámites estatales en los que la población experimentó mayor corrupción, se observa

que únicamente tres entidades consideraban las infracciones de seguridad pública; cuatro

contemplaban las licencias de funcionamiento para negocios, mientras que seis estados incluían algún

trámite vehicular como la verificación vehicular, licencias de conducir, infracciones de tránsito y trámites

de control vehicular.

Mapa 2Entidades que disponían de un plan o programa anticorrupción

2017



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MECANISMOS MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN

Las administraciones públicas municipales también han puesto en marcha planes y programas para

disminuir y/o controlar riesgos de actos corrupción en sus oficinas; sin embargo, los avances en este

tema a nivel municipal son escasos. Al cierre de 2016, únicamente 168 de los 2 302 municipios que

reportaron información10 contaban con un plan o programa anticorrupción.

En Baja California Sur y Querétaro se encontró el mayor porcentaje de municipios que tenía un plan o

programa de este tipo, mientras que en 20 estados menos del 10% de los municipios contaban con un

plan o programa anticorrupción.

Es importante mencionar que en Baja California, Colima, Ciudad de México y Sinaloa se reportó que

los municipios y alcaldías no contaban con un plan anticorrupción porque estaban en proceso de

integración o no disponían de información para responder sobre el tema (Mapa 3).

Asimismo, al cierre de 2016, 67.3% de los municipios del país tenían una oficina de control interno y

en 14 estados todos los municipios disponían de una oficina de contraloría. En contraste, el estado de

Oaxaca presentó la menor proporción de municipios con oficinas de control interno (9.5%).


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Los datos presentados permitieron distinguir que la corrupción es un problema que afecta de manera

importante tanto a personas como a empresas, cuya carga económica es equivalente a lo que el

gobierno federal gasta en programas de desarrollo social o económico de envergadura nacional.

También la información estadística disponible permite identificar los espacios y los ámbitos de gobierno

donde se presentan los mayores niveles de corrupción, lo que contribuiría a focalizar de mejor manera

las acciones y trámites de las políticas federal, estatal y municipal en materia anticorrupción.

Finalmente, la información estadística disponible permite dar seguimiento al proceso de

implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción como instrumentos fundamentales para la

atención integral del problema.

De esta manera el INEGI contribuye a la tarea de dimensionar el fenómeno de la corrupción en el país

siguiendo las mejores prácticas internacionales, tal como se reconoce en el Manual on Corruption

Survey de Naciones Unidas11, proporcionando información oportuna y de calidad que facilite la toma

de decisiones para la prevención y erradicación de uno de los problemas que más preocupa a la

sociedad mexicana.

Notas


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1 Casar, María Amparo, México: Anatomía de la Corrupción (México: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., CIDE, 2015), 65 2 Joel Hellman y Daniel Kaufmann “La captura del Estado en las economías en transición” en Finanzas & Desarrollo, (Estados Unidos de América, Fondo Monetario Internacional, 2001), 31 3 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2013, 2015 y 2017. 4 La tasa de incidencia delictiva de robo o asalto en calle o transporte público en 2017 fue de 11 081 delitos por cada cien mil habitantes. 5 Las prevalencias para la población y para las unidades económicas difieren, ya que para las empresas se refiere respecto al total de las empresas y no solo a las que tuvieron contacto con un servidor público, como en el caso de la población. 6 Guanajuato, estado de México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. 7 SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 Tomo I https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/20/r20_reurgfpp.pdf (fecha de consulta 30 de Octubre) 8 Las leyes que las entidades deberían homologar o aprobar para implementar los sistemas locales anticorrupción son: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Estatal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Estatal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General Estatal, la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso, el Código Penal Estatal y la Ley de Responsabilidades Administrativas. 9 Articulo Segundo Transitorio, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 10 Un municipio no contó con información y 155 respondieron “no se sabe”. 11 UNODC et. al. MANUAL ON CORRUPTION SURVEYS. Methodological guidelines on the measurement of bribery and other corruption-related topics through sample surveys. (UNODC, UNDP, UNODC-INEGI Center of Excellence, 2018)

-oOo-


Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/20/r20_reurgfpp.pdf







COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 439/17 27 DE OCTUBRE DE 2017

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PRESENTA INEGI RESULTADOS DE LA SEGUNDA

EDICIÓN DEL CENSO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN

LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL

En 2016, los Sujetos Obligados que reportaron información a los Órganos Garantes Estatales y Federal, registraron haber recibido un total de 653 mil 369 solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales, siendo aceptadas 70.9% de éstas.

De los mil 583 servidores públicos que integraron los Órganos Garantes Estatales al cierre de 2016, 15.7% se encontraba adscrito a unidades administrativas cuya función principal fue la administración y finanzas. Del personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 25.2% desempeñó funciones de asesoría a comisionados.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CNTAIPPDP) 2017, proyecto estadístico de Censos Nacionales de Gobierno que se lleva a cabo en los ámbitos federal y estatal bajo un mismo operativo de levantamiento.

Entre los datos que aporta la segunda edición de este Censo se encuentran:

Al cierre de 2016, los Sujetos Obligados que reportaron información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los Órganos Garantes de las Entidades Federativas (OG’s), registraron haber recibido un total de 653 mil 369 solicitudes, siendo 88.4% en materia de acceso a la información pública y 11.6% en materia de protección de datos personales. Del total, 70.9% fueron aceptadas.

Durante 2016, el INAI recibió 9 mil 369 recursos de revisión, mientras que los OG’s recibieron 33 mil 049. De la suma de éstos, 96.9% fueron en materia de acceso a la información pública y el restante 3.1% en materia de protección de datos personales.

De los 42 mil 418 recursos de revisión recibidos por el INAI y los OG’s, 64.7% fue admitido.

En 2016, el INAI y los OG’s resolvieron un total de 26 mil 864 recursos de revisión, de los cuales en 25.3% se resolvió revocar la repuesta.

De los recursos de revisión en materia de acceso a la información pública atendidos por los OG’s durante 2016, destacan los que tuvieron por causa de interposición la falta de respuesta a una solicitud en los plazos establecidos, mismos que representaron 31.1% de los admitidos y 23.1% de los resueltos.

COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 439/17 27 DE OCTUBRE DE 2017

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En ese mismo año, fueron interpuestos ante el INAI 241 juicios de nulidad y amparo, mientras que los OG’s reportaron la cantidad de 179. Del total, 69.8% correspondió a juicios de amparo y 30.2% fueron juicios de nulidad.

En cuanto a los 706 servidores públicos adscritos a las unidades administrativas del INAI al cierre de 2016, 25.2% desempeñó funciones de asesoría a comisionados. Por su parte, de los mil 583 servidores públicos que integraron los OG’s, 15.7% se encontraba adscrito a unidades administrativas cuya función principal fue la administración y finanzas.

Las mujeres representaron 48.4% de la plantilla laboral del INAI en 2016 y 47.4% del personal de los OG’s.

En lo que respecta al nivel de escolaridad de estos servidores públicos, se identifica a la Licenciatura como grado de estudios más frecuente, con 78.9% del personal del INAI y 69.5% en los OG’s.

Este Censo tiene como objetivo generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño, tanto del INAI como de los OG’s, profundizando en las funciones que dichas instituciones realizan como coordinadores de la política de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en sus respectivos ámbitos de competencia; todo ello con la finalidad que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas. Constituye una herramienta para la transparencia institucional y el acercamiento con la sociedad, puesto que publica, en formatos accesibles, las principales actividades realizadas por referidas instituciones públicas, agrupando dicha información en tres apartados: 1) Estructura Organizacional y Recursos, 2) Garantía del Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y 3) Sujetos Obligados Registrados. El CNTAIPPDP 2017 cuenta con 51 tabulados publicados en la página electrónica del INEGI, además de ser accesible a través de enlaces en las páginas institucionales de las mencionadas unidades de análisis.


Para consultas de medios de comunicación, contactar a: [email protected] o al teléfono 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241.

Dirección de Atención a Medios.

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NOTA TÉCNICA

INEGI PRESENTA EL SEGUNDO CENSO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL

Se constituye como un proyecto estadístico que se realiza

en los ámbitos federal y estatal del Estado Mexicano y, en conjunto, ofrece información relevante de la estructura, organización, recursos y ejercicio de la función del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y de los Órganos Garantes en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de cada Entidad Federativa.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer la información del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CNTAIPPDP) 2017, proyecto de Censos Nacionales de Gobierno que se lleva a cabo en los ámbitos federal y estatal bajo un mismo operativo de levantamiento. Este Censo tiene como objetivo generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño, tanto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como de los Órganos Garantes de las Entidades Federativas (OG’s), profundizando en las funciones que dichas instituciones realizan como coordinadores de la política de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en sus respectivos ámbitos de competencia; todo ello con la finalidad que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas. Los instrumentos de captación del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales están diseñados tomando en consideración las atribuciones que dispone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objeto de poder contar con información que permita monitorear la transición hacia la atención de los principios establecidos por la nueva política de transparencia y protección de datos personales, tanto por los Sujetos Obligados (SO’s) como por el INAI y los OG’s.


En esta segunda edición, el CNTAIPPDP integra información correspondiente a 2016 y 20171 en 51 tabulados, guardando consistencia conceptual, temática y metodológica entre el INAI y los OG’s. Ello, a efecto de apoyar los procesos de análisis y de toma de decisiones, al tiempo de permitir comparabilidad en la información. Los 51 tabulados que comprenden los resultados del Censo se organizan en tres apartados conforme a la siguiente estructura temática: 1) Estructura organizacional y recursos del INAI y los OG’s; 2) Garantía del acceso a la información y protección de datos personales por parte del INAI y los OG’s; y 3) Información de los SO’s registrada por el INAI y los OG’s. Entre la información que se puede consultar en los tabulados es posible conocer las características de la estructura organizacional y recursos con los que contaron las referidas unidades de análisis, destacando que al cierre del 2016 se tuvo registro de 361 unidades administrativas, donde resalta el INAI, Estado de México y Quinta Roo, al concentrar 10.5%, 8.0% y 5.0% del total nacional, respectivamente. (Ver Gráfica 1) En lo que respecta al personal adscrito a estas unidades administrativas, se reportó la existencia de 2 mil 289 servidores públicos en ellas. La distribución por entidad federativa se presenta en la Gráfica 2, donde sobresalen los casos del INAI, con 30.8%, Ciudad de México, con 11.1% y Estado de México, con 6.1% del total.

1 Aplica sólo para las preguntas que solicitan datos al momento de la aplicación del cuestionario.


10.5%

8.0%

5.0%

4.4%

3.9%

3.6%

3.3%

3.3%

3.3%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

2.8%

2.8%

2.5%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

1.9%

1.9%

1.7%

1.7%

1.4%

1.4%

1.1%

1.1%

1.1%

INAI

México

Quintana Roo

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Morelos

Nuevo León

Puebla


Chihuahua

Ciudad de México

Hidalgo

Jalisco

Tabasco


Zacatecas

Chiapas

Guerrero

Campeche

Baja California

Guanajuato

Oaxaca

Yucatán

Sonora

Tamaulipas

Aguascalientes


Colima

Querétaro

Baja California Sur

Nayarit

Tlaxcala

Gáfica 1. Distribución porcentual de las unidades administrativas del INAI y OG's, por entidad federativa


30.8%

11.1%

6.1%

4.9%

3.0%

2.9%

2.9%

2.9%

2.6%

2.5%

2.4%

2.2%

1.9%

1.9%

1.7%

1.7%

1.6%

1.5%

1.5%

1.5%

1.4%

1.4%

1.4%

1.1%

1.1%

1.0%

0.9%

0.9%

0.8%

0.7%

0.7%

0.5%

0.3%

INAI

Ciudad de México

México

Jalisco

Tabasco


Yucatán

Oaxaca

San Luis Potosí


Chihuahua

Morelos

Nuevo León

Quintana Roo

Guanajuato


Zacatecas

Campeche

Sinaloa

Guerrero

Chiapas

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Tamaulipas

Sonora

Baja California

Durango

Querétaro

Aguascalientes

Nayarit

Colima

Baja California Sur

Gráfica 2. Distribución porcentual de los servidores públicos adscritos al INAI y OG's, por entidad federativa


Por su parte, en el promedio de servidores públicos por unidad administrativa, Ciudad México es quien encabeza la lista, con un aproximado de 23.1. Le siguen el INAI, con 18.6 y Jalisco, con 10.3:

23.1

18.6

10.3

8.4

8.3

6.5

6.3

6.3

6.1

5.3

4.9

4.8

4.8

4.6

4.2

3.9

3.8

3.7

3.6

3.6

3.4

3.4

3.4

3.3

2.9

2.7

2.6

2.5

2.4

2.4

2.2

2.0

1.4

Ciudad de México

INAI

Jalisco

Yucatán

Oaxaca

Tlaxcala


Tabasco



Chihuahua

México

Guanajuato

San Luis Potosí

Morelos

Campeche

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Tamaulipas

Sonora

Guerrero

Zacatecas

Chiapas

Hidalgo

Puebla

Baja California

Aguascalientes

Colima

Quintana Roo

Sinaloa

Baja California Sur

Durango

Gráfica 3. Promedio de personal por unidad administrativa del INAI y OG's, por entidad federativa

2, 289 Servidores públicos 361 Unidades administrativas


El segundo apartado contiene información sobre las competencias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, donde se obtiene un total nacional de 8 mil 121 SO’s por disposición de ley. Conjuntamente, los Municipios o Delegaciones y el Poder Ejecutivo son los SO’s que concentraron el mayor porcentaje, con 67.8% del total nacional:

40.4%

27.4%

9.6%

8.6%

5.8%

3.6%

2.1%

0.7%

0.7%

0.7%

0.5%

Municipios o delegaciones

Poder Ejecutivo

Fideicomisos y fondos públicos

Otros

Sindicatos

Partidos políticos

Organismos constitucionales autónomos

Poder Judicial

Poder Legislativo

Instituciones de educación superiorpúblicas autónomas

Autoridades administrativas yjurisdiccionales en materia laboral

Gráfica 4. Distribución porcentual de los SO's registrados por el INAI y OG's, por sujeto obligado


En cuanto a la distribución de estos SO’s registrados por los OG’s y el INAI, este último concentra 10.6% del total nacional, Chihuahua 10.2% y Oaxaca 8.3%:

10.6%

10.2%

8.3%

6.1%

5.0%

4.3%

4.1%

4.1%

3.1%

3.0%

2.8%

2.7%

2.6%

2.5%

2.2%

2.1%

2.1%

1.9%

1.8%

1.8%

1.8%

1.7%

1.7%

1.7%

1.6%

1.6%

1.5%

1.4%

1.3%

1.3%

1.2%

1.2%

0.8%

INAI

Chihuahua

Oaxaca

Jalisco


Chiapas

México

Puebla

Sinaloa

San Luis Potosí


Yucatán

Guerrero

Tamaulipas

Sonora

Morelos


Baja California

Nuevo León

Campeche

Tlaxcala

Nayarit

Zacatecas

Baja California Sur

Durango

Querétaro

Ciudad de México

Colima

Tabasco

Hidalgo

Aguascalientes

Quintana Roo

Guanajuato

Gráfica 5. Distribución porcentual de los SO's registrados por el INAI y los OG's, por entidad federativa


En lo que respecta a los recursos de revisión recibidos por el INAI y los OG’s, se registró un total nacional de 42 mil 418, de los cuales 64.7% fueron admitidos, 13.7% desechados, 19.5% no presentados y el restante 2.1% no fue especificado:

De esta cantidad de recursos de revisión, 96.9% fueron en materia de acceso a la información y 3.1% en materia de protección de datos personales. En la Gráfica 7 se presenta la distribución porcentual de los mismos por entidad federativa y materia:

64.7%

13.7%

19.5%

2.1%

Gráfica 6. Distribución porcentual de los recursos de revisión, por estatus

Admitidos

Desechados

Nopresentados

Noespecificado


Morelos

INAI

Ciudad de México

México



Tabasco

Jalisco

San Luis Potosí

Nuevo León

Sinaloa

Guanajuato

Chiapas

Yucatán


Oaxaca

Baja California

Sonora

Puebla

Campeche

Guerrero

Chihuahua

Durango

Tamaulipas

Zacatecas

Baja California Sur

Tlaxcala

Nayarit

Querétaro

Colima

Quintana Roo

Aguascalientes

Hidalgo

Gráfica 7. Distribución porcentual de los recursos de revisión recibidos por el INAI y los OG's, por entidad

federativa y materia

Acceso a la información pública Protección de datos personales

31.5%

22.1%

8.8%

8.6%

3.6%

3.4%

3.0%

2.3%

1.8%

1.6%

1.4%

1.1%

0.8%

0.8%

0.8%

0.7%

0.7%

0.7%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.2%

0.2%

1.4%

0.1%


Finalmente, en el tercer apartado se presenta información estadística sobre los SO’s que reportaron información sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales al INAI y a los OG’s. Al respecto, al cierre de 2016 se registró un total de 6 mil 938 servidores públicos en las unidades de transparencia u homólogas, por un total de 12 mil 885 servidores públicos en los comités de transparencia u homólogos de los SO’s que reportaron información, sobresaliendo Chihuahua, Jalisco e INAI:

Chihuahua

Jalisco

INAI

Ciudad de México

México

Guerrero

Morelos

Zacatecas

Tlaxcala

Aguascalientes

Sinaloa

Durango

Baja California

Chiapas

Oaxaca


Guanajuato

Puebla

Quintana Roo

Sonora

Campeche

Baja California Sur

San Luis Potosí

Nuevo León

Hidalgo


Nayarit

Querétaro


Colima

Tabasco

Tamaulipas

Yucatán

Unidades de Transparencia Comités de Transparencia

28.4%

14.6% 12.7%

6.1%

5.7%

5.0%

4.2% 3.2%

2.5% 2.7%

1.3%

1.8%

1.6%

1.2%

1.2%

1.1%

1.1%

1.1%

0.9%

0.9%

0.7% 0.7%

0.7%

0.4%

0.1%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

Gráfica 8. Distribución porcentual del personal en unidades y comités de transparencia de los SO’s, por entidad federativa


En lo concerniente a las solicitudes recibidas por los SO’s en materia de acceso a la información y protección de datos personales, se observa un total de 653 mil 369 solicitudes, de las cuales 88.4% fueron en materia de acceso a la información y 11.6% en materia de protección de datos personales. Del total, 53.6% correspondió a SO’s del Poder Ejecutivo:

* * * * * *

53.6%

32.0%

5.4%

2.1%

2.0%

1.5%

1.0%

0.9%

0.7%

0.5%

0.3%

Poder Ejecutivo

Municipios o delegaciones

Organismos constitucionales autónomos

Poder Legislativo

Poder Judicial

Instituciones de educación superiorpúblicas autónomas

Partidos políticos

Fideicomisos y fondos públicos

Autoridades administrativas yjurisdiccionales en materia laboral

Otros

Sindicatos

Gráfica 9. Distribución porcentual de las solicitudes recibidas por los SO´s, por sujeto obligado


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RESULTADOS DEL SEGUNDO CENSO NACIONAL DE PODERES LEGISLATIVOS ESTATALES

En 2017 fueron presentadas 18 mil 900 iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo ante los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México

En el mismo periodo se discutieron en el pleno de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 12 mil 595 iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, de las cuales fueron aprobadas en dicha instancia 82.8 por ciento

El Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2018, tiene como objetivo generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, específicamente en sus funciones de gobierno y proceso legislativo. El propósito de esta información es que se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas. Entre los datos que aporta la segunda edición de este Censo se encuentran:

Durante 2017 los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contaron con mil 118 comisiones legislativas y comités de trabajo. De ellas, 83.4% fueron comisiones legislativas ordinarias.

Del total de comisiones legislativas y comités de trabajo, 4.8% atendió temas de hacienda, presupuesto y cuenta pública; 4.2% atendió temas o asuntos de justicia; y 4.0%, de seguridad pública y protección civil.1

Al cierre de 2017 los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aperturaron un total de 149 periodos de sesiones, en los cuales se presentaron 13 mil 425 iniciativas y 5 mil 475 proposiciones con punto de acuerdo.

Del total de iniciativas presentadas en 2017, 29.6% fueron iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma; 26.4% iniciativas de ley; y 6.6% iniciativas con proyecto de decreto por el que se modifica. Por su parte, 83.1% de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas fueron de exhorto.2

De las 18 mil 900 iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 82.8% se turnó a comisiones legislativas para su dictaminación.

En 2017 se discutieron en el pleno de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 12 mil 595 iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo. Fueron aprobadas en dicha instancia 82.8% de éstas.

1 La distribución porcentual por tema o asunto se realiza sobre un total de 1,118, debido a que en algunos casos una comisión legislativa ordinaria pudo abarcar más de un tema o asunto. 2 La distribución porcentual por tipo de iniciativa se realiza sobre un total de 13 mil 425 y la de proposiciones sobre 5 mil 475; ello en virtud que una iniciativa o proposición presentada pudo contener más de uno de los tipos establecidos en el instrumento de captación.


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En cuanto a la integración de los grupos parlamentarios de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, al cierre de 2017, estuvieron constituidos por mil 123 legisladores, de los cuales 60.3% fue electo bajo el principio de mayoría relativa.

El grupo parlamentario con mayor representatividad a nivel nacional fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 31.2% del total de legisladores, seguido del Partido Acción Nacional (PAN) con 26.4%; y, en tercer lugar, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 12.4 por ciento.

En lo que respecta a la estructura organizacional de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, al cierre de 2017 se identificó un total de 343 unidades administrativas. De éstas, 11.7% desempeñaron como función principal servicios parlamentarios u homólogas.

El CNPLE constituye una herramienta para la transparencia institucional y el acercamiento con la sociedad, puesto que publica en formatos accesibles las principales actividades realizadas por las referidas unidades de análisis, agrupando dicha información en dos apartados: 1) Congreso Estatal y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y Grupos Parlamentarios.

El CNPLE 2018 cuenta con 30 tabulados publicados en la página electrónica del INEGI, además de estar disponible a través de ligas electrónicas en las páginas institucionales de los distintos Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

Se anexa Nota técnica










NOTA TÉCNICA

INEGI PRESENTA EL SEGUNDO CENSO

NACIONAL DE PODERES LEGISLATIVOS

ESTATALES

Se constituye como un proyecto estadístico realizado en el

ámbito estatal del Estado Mexicano y, en conjunto, ofrece información relevante de la estructura, organización, recursos y ejercicio de la función relacionada con el proceso legislativo de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer la información del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2018, proyecto estadístico de Censos Nacionales de Gobierno que se constituye como el segundo producto que el INEGI realiza en la materia.

Este Censo tiene como objetivo generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, específicamente en sus funciones de gobierno y proceso legislativo, ello con la finalidad que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Los instrumentos de captación del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales fueron diseñados a partir del inicio, en 2016, de las actividades de revisión y generación de información en temas de gobierno y proceso legislativo desarrolladas por los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, todo esto como parte de los trabajados realizados en el marco del Comité Técnico Especializado de Información de Gobierno.

En esta segunda edición, el CNPLE integra información correspondiente a 2017 y 20183,

en 30 tabulados, mismos que se organizan en dos apartados conforme a la siguiente estructura temática: 1) Congreso estatal y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y 2) Grupos Parlamentarios.

Entre la información que se puede consultar en los tabulados es posible conocer las características de la estructura organizacional y recursos con los que contaron las referidas unidades de análisis, destacando que al cierre de 2017 se tuvo registro de 343 unidades administrativas, donde resalta Puebla, Guanajuato y Oaxaca, al concentrar 8.2%, 5.8% y 5.2% del total nacional, respectivamente:

3 Aplica sólo para las preguntas que solicitan datos al momento de la aplicación del cuestionario.


Mapa 1. Distribución porcentual de las unidades administrativas de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,

por entidad federativa, 2017

En lo que respecta al personal adscrito a estas unidades administrativas, se reportó la existencia de 14 mil 375 servidores públicos en ellas. La distribución por entidad federativa se presenta en el Mapa 2, sobresaliendo los casos de Ciudad de México, con 14.6%; estado de México, con 9.1%; y, Jalisco y Michoacán, ambos con 6.9% del total nacional:


Mapa 2. Distribución porcentual de los servidores públicos adscritos a los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,

por entidad federativa, 2017

La tasa de servidores públicos por unidad administrativa, se encabeza por la Ciudad de México, con 233.2. Le siguen estado de México con 217.5 y Chihuahua, con 171.7:


Mapa 3. Tasa de personal por unidad administrativa de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por entidad federativa, 2017

En cuanto al presupuesto, durante 2017, los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ejercieron 14 mil 318 millones 608 mil 669 pesos, destacando la Ciudad de México con 2 mil 106 millones 772 mil 460 pesos, seguido de estado de México con mil 132 millones 333 mil 085 pesos. En contraste se ubican Aguascalientes y Colima con 126 millones 229 mil 879 y 99 millones 664 mil 481, respectivamente.

Estados Unidos Mexicanos: 41.9


Gráfica 1. Recursos presupuestales ejercidos por los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por entidad federativa, 2017

El segundo apartado contiene información sobre los grupos parlamentarios que integran los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, así como el proceso legislativo desarrollado en éstos. En este sentido, se destaca que al cierre de 2017 se reportaron mil 123 legisladores, presentando la siguiente distribución por grupo parlamentario:

2,106,772,460

1,132,333,085

899,565,079

790,368,073

738,954,917

695,131,503

678,348,630

558,706,591

540,764,415

495,308,578

483,919,838

478,745,895

327,000,000

325,521,057

313,457,812

301,728,090

301,169,972

294,778,731

293,705,050

283,938,645

277,366,851

251,069,801

234,060,529

208,861,195

203,864,000

191,152,855

189,640,003

186,814,654

167,899,000

141,767,000

126,229,879

99,664,481

Ciudad de México

México


Sonora

Oaxaca

Jalisco


Baja California

Guerrero

Morelos

Guanajuato

Quintana Roo

Nuevo León

Chihuahua

Tabasco

Chiapas

Querétaro

Sinaloa

San Luis Potosí

Zacatecas

Nayarit

Durango

Baja California Sur

Hidalgo


Campeche

Tlaxcala

Tamaulipas

Puebla

Yucatán

Aguascalientes

Colima


Gráfica 2. Distribución porcentual de los legisladores de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por grupo parlamentario, 2017

Asimismo, 60.3% de éstos fue electo bajo el principio de mayoría relativa:

Gráfica 3. Distribución porcentual de los legisladores de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por tipo de elección, 2017

En lo que respecta al personal de apoyo con el que contaron los legisladores para el desarrollo de funciones, al cierre de 2017 se reportaron 4 mil 250 personas en estos puestos, de las cuales 37.4% fueron asesores; 19.9%, personal administrativo; y 13.2%, secretarias:

31.2%

26.4%

12.4%

7.0%

6.4%

4.5%

3.7%

3.1%

2.5%

1.6%

1.2%

Partido Revolucionario Institucional

Partido Acción Nacional

Partido de la Revolución Democrática

Movimiento de Regeneración Nacional

Partido Verde Ecologista de México

Legisladores sin grupo parlamentario

Partido Nueva Alianza

Partido Movimiento Ciudadano

Partido del Trabajo

Partido Encuentro Social

Legisladores independientes

60.3% 39.7%

Mayoría relativa Representación proporcional


Gráfica 4. Distribución porcentual del personal de apoyo de los legisladores de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por cargo, 2017

No especificado: 4.1%.

Retomando los legisladores, el personal adscrito a los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y el personal de apoyo a legisladores, enseguida se presenta la distribución porcentual por entidad federativa. Como se observa, Chiapas y San Luis Potosí fueron las entidades con los porcentajes más altos de personal adscrito a sus Congresos estatales con 93.5% y 91.1% respectivamente.

37.4%

19.9%

18.5%

13.2%

5.7%

1.2%

Asesores

Personal administrativo

Otro

Secretarias

Asistentes personales

Choferes


Gráfica 5. Distribución porcentual de legisladores, personal en los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y personal de apoyo, por entidad federativa,

2017

Por otro lado, durante 2017 los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contaron con mil 118 comisiones y comités de trabajo, de los cuales 83.4% fueron comisiones legislativas ordinarias:

2.4%

4.7%

2.7%

3.2%

5.0%

4.7%

4.1%

3.2%

3.5%

4.9%

6.7%

5.7%

6.5%

7.3%

5.8%

9.8%

5.2%

8.0%

8.7%

7.5%

11.4%

8.9%

11.1%

13.4%

9.6%

10.5%

10.5%

10.5%

13.2%

18.7%

21.9%

23.8%

76.0%

81.0%

65.6%

80.7%

66.4%

59.9%

64.7%

66.2%

76.6%

71.2%

69.7%

66.8%

93.5%

57.1%

87.3%

59.3%

67.3%

73.4%

50.0%

85.0%

77.1%

91.1%

77.8%

76.7%

72.0%

68.5%

65.0%

78.9%

86.8%

81.3%

78.1%

76.2%

21.6%

14.3%

31.7%

16.2%

28.7%

35.4%

31.2%

30.7%

19.9%

23.9%

23.7%

27.5%

NA

35.5%

6.9%

31.0%

27.5%

18.6%

41.3%

7.5%

11.4%

NS

11.1%

9.9%

18.4%

21.0%

24.5%

10.5%

NA

NA

NA

NS

Ciudad de México

México


Jalisco


Guerrero

Chihuahua

Baja California

Quintana Roo

Tabasco

Nuevo León

Guanajuato

Chiapas

Oaxaca

Hidalgo

Sinaloa

Baja California Sur

Zacatecas

Morelos

Querétaro

Tamaulipas

San Luis Potosí

Sonora

Campeche

Yucatán

Aguascalientes

Durango

Tlaxcala

Nayarit

Puebla


Colima

Legisladores Personal adscrito al CE o ALCDMX Personal de apoyo


Gráfica 6. Comisiones y comités de trabajo de los Congresos estatales y Asamblea Legislativa

de la Ciudad de México, 2017

83.4%

11.1%5.5%

Comisiones legislativas(ordinarias)

Comisiones legislativas(extraordinarias/especializadas)

Comités de trabajo


En cuanto a las iniciativas presentadas ante los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, al cierre de 2017 se presentaron 13 mil 425,

correspondiendo 29.6%4 a iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma:

Gráfica 7. Distribución porcentual de las iniciativas presentadas ante los Congresos

estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por tipo, 2017


NOTA: La suma de los porcentajes podría ser menor al 100% debido a los decimales.

Por su parte, de las 4 mil 547 proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México durante 2017, destaca que 83.1%5 fue de exhorto:

4La distribución porcentual por tipo de iniciativa se realiza sobre un total de 13 mil 425; ello en virtud que una iniciativa presentada pudo contener más de uno de los tipos establecidos en el instrumento de captación. 5La distribución porcentual por tipo de proposición con punto de acuerdo se realiza sobre un total de 5 mil 475; debido a que una proposición presentada pudo contener más de uno de los tipos establecidos en el instrumento de captación.

29.6%

26.4%

17.4%

6.6%

6.1%

1.9%

1.2%

1.0%

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma

Iniciativa de ley

Otro

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona

Iniciativa de decretopor el que se expide

Iniciativa de decreto por el que se crea

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga


Gráfica 8. Distribución porcentual de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,

por tipo, 2017


En este sentido, de las 18 mil 900 iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 82.8% fueron turnadas a comisiones para su dictaminación:

Gráfica 9. Iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante los Congresos

estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por estatus, 2017

83.1%

3.5%2.6%

De exhorto De pronunciamieno De recomendación

82.8%

0.2%2.4%

14.6%

Turnadas acomisiones

Desechadas(sin ser turnadas a

comisiones)

Pendientes(de ser turnados a

comisiones)

Aprobadas(sin ser turnadas a

comisiones)


Finalmente, los Congresos estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobaron y remitieron al Poder Ejecutivo de cada Entidad Federativa para su promulgación y publicación un total de 8 mil 020 leyes y decretos, de los cuales 98.8% se publicaron en la gaceta o periódico oficial de la respectiva Entidad Federativa:

Gráfica 10. Leyes y decretos aprobados por los Plenos de los Congresos estatales

y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2017

* * * * * *

Aprobados para promulgación y

publicación

Efectivamente promulgados y

publicados


COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 114/18 28 DE FEBRERO DE 2018

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RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y DELEGACIONALES 2017

Información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las 2 mil 458 Administraciones Públicas Municipales y Delegacionales del país

Contiene información sobre los temas de Ayuntamiento, Administración Pública Municipal y Delegacional, Seguridad Pública Municipal, Justicia Municipal, Agua Potable y Saneamiento y Residuos Sólidos Urbanos

El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD) 2017 tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas que integran las 2 mil 458 Administraciones Públicas Municipales y Delegacionales del país, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, justicia municipal, agua potable y saneamiento, así como sobre la recolección de residuos sólidos.

La cuarta edición del CNGMD cuenta con una base de más de 60 millones de datos y presenta 95 tabulados, organizados en seis apartados: Ayuntamiento, Administración pública municipal o delegacional, Seguridad Pública, Justicia Municipal, Agua potable y saneamiento y Residuos sólidos urbanos.

AYUNTAMIENTO

Al cierre de 2016 se censaron 22 mil 824 integrantes de los Ayuntamientos que corresponden a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de cada Municipio. De éstos, la participación de mujeres en cargos de Presidente Municipal es del 11.5%, mientras que 39.5% de Síndicos y 40.5 % de Regidores son mujeres.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL O DELEGACIONAL El segundo apartado permite identificar las características de las estructuras organizacionales y los recursos de las administraciones públicas. En 2016 se registraron 1 millón 012 mil 348 personas como empleadas en las administraciones públicas de los gobiernos municipales y delegacionales. Con respecto al tema de catastro municipal y cobro predial, 85.6% de las administraciones públicas municipales y delegacionales realizaron dicha función. En cuanto a gestión territorial, 46.0% de las administraciones públicas municipales y delegacionales realizaron actividades en materia territorial. Este apartado también cuenta con información de gobierno electrónico, trámites y servicios, funciones específicas, transparencia y anticorrupción así como resultados en el ámbito de participación ciudadana, servicios públicos y marco regulatorio. SEGURIDAD PÚBLICA La información de este apartado corresponde a temas relacionados con la función de la seguridad pública, los recursos humanos destinados a tales actividades y la infraestructura que se utiliza en esta materia.


COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 114/18 28 DE FEBRERO DE 2018

PÁGINA 2/2

En 2016, 175 mil 762 personas trabajaron en funciones de seguridad pública en los municipios de todo el país (no incluye las delegaciones de la Ciudad de México). JUSTICIA MUNICIPAL Este apartado ofrece datos sobre la cantidad de procedimientos administrativos, y sus características generales, que fueron atendidos por los Jueces y Oficiales Calificadores en los municipios. También se ofrecen datos sobre los recursos humanos y la infraestructura con la que contaron para el ejercicio de esta función. Durante 2016 se atendieron 2 millones 175 mil 046 procedimientos administrativos iniciados por los Jueces Cívicos u Oficiales Calificadores. En ellos se registraron 2 millones 208 mil 300 infracciones. Del total, la mayoría de las infracciones fueron por consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos con 18.8%, generar escándalos con 10.9%, y consumir sustancias que provoquen dependencia en lugares públicos con 7.6%. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Este apartado presenta información relacionada con la provisión de los servicios de agua potable a través de la red pública y el tratamiento de las aguas residuales. Al cierre de 2016 se registró que 98.0% de los municipios del país cuentan con el servicio de agua potable de la red pública y 77.4% con alcantarillado y drenaje. Asimismo, en 32.1% de los municipios se da tratamiento a las aguas residuales. También se conoce que 67.8% de los municipios facturan el servicio de agua potable. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS El CNGMD registra que en México se recolectan alrededor de 104 mil 350 toneladas diariamente. En seis entidades federativas se recoge casi la mitad de los residuos sólidos: la Ciudad de México registra la mayor proporción con 13.4% del total nacional, el Estado de México con 11.4%, Jalisco con 7.1%, Veracruz de Ignacio de la Llave con 5.8%, Michoacán y Nuevo León con 4.4% cada uno. Toda la información que deriva del CNGMD 2017, de los proyectos estadísticos que lo anteceden y de los otros Censos Nacionales de Gobierno, está a disposición del público en general en la página del Instituto en Internet: www.inegi.org.mx.

Se anexa Nota técnica



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NOTA TÉCNICA CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y

DELEGACIONALES 2017

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), da a conocer la información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD) 2017. El CNGMD 2017 tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas que integran las 2 mil 458 Administraciones Públicas Municipales y Delegacionales del país, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, justicia municipal, agua potable y saneamiento, así como sobre la recolección de residuos sólidos urbanos. La información contenida en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, fue declarada Información de Interés Nacional por la Junta de Gobierno del INEGI desde diciembre de 2011. Esto significa que la información de este Censo, conforme al Artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es oficial y de uso obligatorio para la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Esta cuarta edición del CNGMD, que tiene un enfoque integral, cuenta con una base de más de 60 millones de datos, los cuales se presentan con diferentes temáticas en 95 tabulados. Esto guarda consistencia conceptual y metodológica con los tabulados que se han publicado en los ejercicios anteriores, lo que permite apoyar los procesos de análisis, bajo un esquema comparativo. Los tabulados que comprenden los resultados del Censo se organizan en seis apartados. Los primeros cuatro con los temas de Ayuntamiento, Administración pública municipal o delegacional, Seguridad Pública y Justicia Municipal y se presentan en 74 tabulados. Los últimos dos apartados ofrecen 21 tabulados con información vinculada con el medio ambiente, específicamente en temas relacionados con agua potable y saneamiento, y sobre manejo de residuos sólidos urbanos. El primer apartado contiene información sobre la forma en que se integran los Ayuntamientos en los municipios del país, así como las características de presidentes municipales, síndicos y regidores, y los trabajos de estos órganos de gobierno.


Se censaron 22 mil 824 integrantes de los Ayuntamientos al cierre del año 2016, que corresponden a los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de cada Municipio. De éstos, la participación de mujeres para cargos de Presidente Municipal es de 11.5%, mientras que para Síndicos y Regidores se ubica en 39.5% y 40.5%, respectivamente. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Participación porcentual de mujeres en cargos de los Ayuntamientos por entidad federativa

El segundo apartado, con el tema de Administración Pública Municipal o Delegacional, permite identificar las características de las estructuras organizacionales y los recursos de las administraciones públicas. 1 millón 012 mil 348 personas se registraron como empleadas en las administraciones públicas de los gobiernos municipales y delegacionales en 2016, conforme a este Censo Nacional. La tasa de servidores públicos indica que Yucatán tuvo 1 mil 669 y Tlaxcala 311 por cada 100 mil habitantes. (Gráfico 2).

(X>45%)

(30% ≥ X ≤ 45%)

(15% ≥ X < 30%)

(X<15%)


Gráfico 2. Tasa de personal empleado en Administración Pública Municipal y Delegacional por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa

Por lo que respecta al tema de anticorrupción, 6.8% de las Administraciones Públicas Municipales y Delegacionales contaron con Plan o Programa anticorrupción, mientras que en 9.6% se encuentra en proceso de integración. (Gráfico 3).

1,669

1,521

1,391

1,251

1,182

1,111

1,050

1,027

1,004

984

981

951

947

933

925

918

908

880

857

853

828

809

779

751

724

715

703

657

607

593

556

541

311

Yucatán

Baja California Sur

Campeche

Tabasco

Quintana Roo

Zacatecas

Ciudad de México

Colima

Nayarit

Jalisco

Morelos

Hidalgo

Guerrero

Durango

Sinaloa

Aguascalientes

Sonora

San Luis Potosí

Querétaro


Estados Unidos Mexicanos

Chiapas


Oaxaca

México

Guanajuato

Tamaulipas

Chihuahua

Nuevo León

Baja California


Puebla

Tlaxcala


Gráfico 3. Porcentaje de Administraciones Públicas Municipales y Delegacionales con Plan o Programa Anticorrupción

Durante 2016, 49 mil 939 servidores públicos de las Administraciones Públicas Municipales y Delegacionales acreditaron algún curso de capacitación sobre anticorrupción; de ellos, 44.0% fueron mujeres. Con respecto al total de servidores públicos registrados a nivel nacional, de los que acreditaron capacitación sobre temas de anticorrupción, 27.8% correspondió a gobiernos municipales de Guanajuato, mientras que 0.1% correspondió a gobiernos municipales de Sinaloa. (Gráfico 4).

6.8%9.6%

77.3%

6.3%

Sí En proceso de integración No No se sabe


Gráfico 4. Distribución porcentual del personal de las Administraciones Públicas Municipales y Delegacionales que acreditó capacitación en materia

de anticorrupción

Este apartado también cuenta con información de gobierno electrónico, trámites y servicios, funciones específicas, transparencia y control interno, participación ciudadana, y sobre el marco regulatorio bajo el que operan las administraciones públicas municipales y las delegaciones de la Ciudad de México; además de datos sobre asociación intergubernamental y servicios públicos.

27.8%

11.7%

10.1%

4.8%

4.2%

4.1%

3.9%

3.8%

3.5%

3.1%

3.0%

2.9%

2.5%

2.3%

2.2%

1.9%

1.7%

1.5%

1.2%

0.9%

0.7%

0.6%

0.5%

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

Guanajuato

México

Puebla

Guerrero


Zacatecas

San Luis Potosí

Jalisco

Sonora

Morelos

Querétaro

Quintana Roo

Yucatán

Chiapas

Nayarit


Oaxaca

Nuevo León

Campeche


Colima

Hidalgo

Tabasco

Baja California Sur

Chihuahua

Aguascalientes

Durango

Tamaulipas

Sinaloa

Hombres Mujeres


Por lo que toca al tema de Seguridad Pública, el tercer apartado presenta información relacionada con el ejercicio de la función de seguridad pública, los recursos humanos destinados a tales actividades y la infraestructura que se utiliza en esta materia. 175 mil 762 personas trabajaron en 2016 en funciones de seguridad pública en los municipios de todo el país (no incluye las delegaciones de la Ciudad de México). El 14.5% de estos servidores públicos corresponde a los municipios del Estado de México y 0.5% a los de Tamaulipas. (Gráfico 5).

Gráfico 5. Distribución porcentual del total de personas en funciones de

seguridad pública en los municipios, por entidad federativa

14.5%

8.4%

7.3%

5.2%

4.7%

4.7%

4.6%

4.6%

4.2%

4.0%

3.3%

3.2%

2.9%

2.8%

2.5%

2.4%

2.3%

2.3%

2.1%

2.1%

1.9%

1.9%

1.4%

1.3%

1.2%

1.0%

0.9%

0.8%

0.7%

0.5%

0.5%

México

Oaxaca

Jalisco

Guanajuato

Chiapas

Nuevo León

Puebla

Chihuahua

Guerrero

Baja California

Sonora


Sinaloa


Tabasco

Quintana Roo

Yucatán

Hidalgo

Morelos

San Luis Potosí

Querétaro


Aguascalientes

Durango

Baja California Sur

Nayarit

Tlaxcala

Zacatecas

Colima

Campeche

Tamaulipas


Con relación a la percepción salarial por funciones de seguridad pública, 51% del personal de Baja California percibió ingresos de más de 15,000 hasta 20,000 pesos, mientras que en Yucatán, 74% percibió ingresos hasta 5,000 pesos. Por su parte, en Oaxaca 33% del personal no recibía remuneración (Gráfico 6).

Gráfico 6. Distribución porcentual del total de personas en funciones de seguridad pública en los municipios, por rango de ingresos y entidad

federativa

33%

3%

74%

51%

51%

40%

37%

34%

32%

28%

28%

27%

27%

25%

22%

22%

20%

18%

17%

16%

15%

15%

12%

10%

8%

8%

6%

4%

2%

2%

2%

1%

21%

45%

46%

25%

34%

41%

36%

56%

58%

54%

61%

33%

50%

69%

48%

62%

47%

49%

29%

39%

36%

17%

49%

42%

33%

32%

45%

38%

23%

18%

19%

4%

2%

2%

1%

26%

20%

11%

13%

11%

16%

11%

39%

26%

7%

30%

17%

34%

25%

43%

41%

37%

39%

22%

45%

49%

49%

45%

47%

38%

65%

16%

2%

2%

2%

2%

6%

10%

1%

10%

24%

14%

3%

10%

8%

6%

11%

33%

13%

51%

3%

3%

4%

3%

9%

7%

1%

3%

6%

1%

2%

3%

3%

13%

20%

2%

YUC

CHIS

VER

OAX

PUE

ZAC

TAM

TAB

GRO

MICH

CAMP

SLP

HGO

TLAX

DGO

NAY

MOR

MEX

QROO

COL

SON

COAH

JAL

GTO

CHIH

QRO

BCS

SIN

NL

AGS

BC

Sin paga De 1 a 5,000 pesos De 5,001 a 10,000 pesosDe 10,001 a 15,000 De 15,001 a 20,000 pesos Más de 20,000 pesosNo especificado


Durante 2016 se registraron 4 millones 694 mil 562 intervenciones de la policía municipal, el 48.4% por presuntas infracciones, 7.5% por presuntos delitos del fuero común y 0.4% por presuntos delitos del fuero federal. De los 353 mil 554 presuntos delitos del fuero común, 57.3% fueron contra el patrimonio, entre los que se incluyen: robo, sustracción de hidrocarburos, fraude, abuso de confianza, extorsión, daño a la propiedad, y despojo, entre otros. (Gráfico 7).

Gráfico 7. Distribución porcentual de presuntos delitos del fuero común registrados en las intervenciones de la policía municipal, por bien jurídico

Respecto a los 18 mil 331 presuntos delitos del fuero federal, 58.5% fueron contra la seguridad pública y la seguridad del Estado. Entre ellos se incluyen los delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, contra la salud relacionados con narcóticos, evasión de presos; en materia de armas y objetos prohibidos, cometidos por miembros de la delincuencia organizada, y en materia de armas de fuego, explosivos y otros materiales destructivos, entre otros. (Gráfico 8).

57.3%

11.6%

10.7%

8.5%

6.0%

1.6%

1.4%

0.7%

0.4%

1.8%

El patrimonio

La vida y la integridad corporal

La familia

Otros (bienes jurídicos)

La seguridad pública y la seguridad del Estado

La sociedad

La libertad y la seguridad sexual

La libertad personal

La administración del Estado

No especificado


Gráfico 8. Distribución porcentual de presuntos delitos del fuero federal registrados en las intervenciones de la policía municipal, por bien jurídico

La información del cuarto apartado corresponde al tema de Justicia Municipal, donde se ofrecen datos sobre la cantidad de procedimientos administrativos que fueron atendidos por los Jueces y Oficiales Calificadores en los municipios y las características generales así como los recursos humanos y la infraestructura con la que contaron para el ejercicio de esta función durante el año 2016. Así, durante este período se atendieron 2 millones 175 mil 046 procedimientos administrativos iniciados por los Jueces Cívicos u Oficiales Calificadores. En ellos se registraron 2 millones 208 mil 300 infracciones. Del total, la mayoría de las infracciones fueron por consumo y/o suministro de sustancias que alteran la salud y estado físico de las personas y sus repercusiones con 45.2%, desorden en la convivencia social con 20.1%, mientras que alteración del orden público presentó 14.5%. (Gráfico 9).

58.5%

20.2%

4.8%

4.4%

1.2%

1.1%

0.9%

0.5%

0.2%

8.3%

La seguridad pública y la seguridad del Estado

El patrimonio

La vida y la integridad corporal

Otros (bienes jurídicos)

La libertad personal

La familia

La libertad y la seguridad sexual

La sociedad

La administración del Estado

No especificado


Gráfico 9. Distribución porcentual de infracciones registradas en los procedimientos administrativos iniciados, por grupo de contravención

Sobre los temas de Medio Ambiente se ofrece información relacionada con la gestión que realizan los gobiernos municipales para proveer a la población de los servicios básicos de agua potable y saneamiento y de residuos sólidos urbanos. Respecto del apartado de agua potable y saneamiento, las temáticas que se abordan refieren a los componentes de la gestión de este servicio, tales como: captación de agua para abastecimiento público, tratamiento de aguas residuales, compra de agua en bloque y facturación del servicio, entre las principales. En relación con este tema, de los 2 mil 458 municipios del país, 98.0% cuentan con el servicio de agua potable de la red pública y 77.4% con alcantarillado y drenaje. Asimismo, en 32.1 % se da tratamiento a las aguas residuales (Gráfico 10). También se conoce que 67.8% de los municipios facturan el servicio de agua.

45.2%

20.1%

14.5%

6.7%

6.1%

2.6%

4.8%

Consumo y/o suministro de sustancias que alteran la salud y estado físico de las personas y sus repercusiones

Desorden en la convivencia social

Alteración del orden público

Otro tipo de infracción de seguridad pública

Afectación en contra de las personas y su dignidad

Daño a las cosas (en contra de la propiedad privada o de dominio público)

No especificado


Gráfico 10. Municipios y delegaciones según disponibilidad de servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

En cuanto al apartado de residuos sólidos urbanos, en el CNGMD 2017 se registró que 104 mil 350 toneladas de residuos sólidos urbanos son recolectadas diariamente en el país por parte de los gobiernos municipales y delegacionales. Por otra parte, en los municipios y delegaciones de seis entidades federativas se recoge casi la mitad de los residuos que se recolectan, donde la Ciudad de México registra la mayor proporción con 13.4% del total nacional, el Estado de México con 11.4%, Jalisco con 7.1%, Veracruz de Ignacio de la Llave con 5.8%, Michoacán y Nuevo León con 4.4% cada uno. La recolección promedio diaria por habitante a nivel nacional es de 0.853 kg. (Gráfico 11).

2 408

1 902

789

40

546

1 659

10 10 10

Agua potable Drenaje y alcantarillado Tratamiento de aguasresiduales

Con servicio Sin servicio No especificado


Gráfico 11. Distribución porcentual de Municipios y Delegaciones según disponibilidad de servicios relacionados con los residuos sólidos

Toda la información que deriva del CNGMD 2017, así como de los proyectos estadísticos que lo anteceden y de los otros Censos Nacionales de Gobierno, está a disposición del público en general en la página del Instituto en Internet: www.inegi.org.mx.

* * * * * *

90.0%

2.5%7.3%

0.2%

Con recolección y disposición final de residuos

Con recolección, disposición final y tratamiento de residuos

Sin servicio de recolección de residuos

No especificado


COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 289/18 6 DE JULIO DE 2018

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RESULTADOS DEL SEXTO CENSO NACIONAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA FEDERAL (CNIJF)

En 2017 ingresaron a los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, un millón 050 mil 833 asuntos y se resolvieron un millón 051 mil 672, estando en trámite 289 mil 996

De los mil 429 jueces y magistrados que integran a los órganos jurisdiccionales coordinados por el Consejo de la Judicatura Federal, 758 corresponden a magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 572 a jueces de Distrito1 y 99 a magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el sexto Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF), proyecto estadístico que ofrece información relevante de la estructura, organización, recursos y ejercicio de la función de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación.

En su versión 2018, el CNIJF integra información correspondiente a 2017 en una base de 30 mil 329 datos, con los que se presentan 50 tabulados en cuatro apartados: 1) Estructura organizacional y recursos del Poder Judicial de la Federación; 2) Impartición de justicia en el ámbito de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN); 3) Impartición de justicia en el ámbito de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación (TEPJF); y 4) Impartición de justicia en el ámbito de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito

(TCC), de los Tribunales Unitarios de Circuito (TUC), los Juzgados de Distrito (JD), los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) y el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, todos estos administrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentran:

La mayoría de los asuntos de los cuales tuvieron conocimiento los órganos jurisdiccionales que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), corresponde a procedimientos de Amparo directo en revisión, que representaron 46.1% y 47.8% de los ingresos y resoluciones, respectivamente.

Entre los asuntos conocidos por los órganos jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2017, destacan los procedimientos de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que representaron 49.7% de los ingresos y 50.1% de las resoluciones.

En 2017 ingresaron un millón 050 mil 833 asuntos en todas las materias en los órganos jurisdiccionales administrados por el Consejo de la Judicatura Federal, y se resolvieron un millón 051 mil 672 asuntos, estando en trámite 289 mil 996.

1 La cifra incluye jueces de distrito y jueces de distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio.

COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 289/18 6 DE JULIO DE 2018

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Las causas penales ingresadas en estos órganos jurisdiccionales ascendieron a un total de 23 mil 702, 33% ingresaron a Juzgados de Distrito (sistema tradicional) y 67% a los Juzgados de Control de los Centros de Justicia Penal Federal (sistema acusatorio).

En dichas causas penales se registraron 36 mil 224 delitos, 22% correspondió a delitos en causas ingresadas en el sistema tradicional (Juzgados de Distrito) y 78% a delitos en causas ingresadas al sistema acusatorio (Juzgados de Control).

Del total de delitos registrados en las causas penales ingresadas en ambos sistemas, 50.2% fueron delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos.

En cuanto al personal con el que contaba el Poder Judicial de la Federación (PJF) al cierre de 2017, se identificaron un total de 48 mil 125 servidoras y servidores públicos, de los cuales 3 mil 509 (7.3%) estaban adscritos a la SCJN, mil 573 (3.3%) al TEPJF y 43 mil 043 (89.4%) al CJF, dentro del cual se contabiliza también al personal de los TCC, los TUC, los JD, los CJPF, así como personal del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Las mujeres representaron 49.5% de la plantilla laboral del Poder Judicial de la Federación en 2017.

Del personal que integró a los órganos jurisdiccionales coordinados por el CJF al cierre de 2017, mil 429 servidoras y servidores públicos correspondieron a jueces y magistrados, lo que representa un 3.0% del total de dicho personal. De estos, 758 corresponden a magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 572 a jueces de Distrito y 99 a magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito.

De estos jueces y magistrados, 79.8% corresponde a hombres y 20.2% a mujeres.

La mayor proporción, que corresponde a 35.9%, se ubica en el rango de edad que va de los 40 a 49 años, seguido del rango de los 50 a 59 años, con 32.3%, dando como suma en estos grupos de edad el equivalente a 68.2% del total de jueces y magistrados.

En cuanto al grado de estudios concluido de estos servidores públicos, el más frecuente fue maestría con 54.4%, mientras que licenciatura representó 45.6%.

Este Censo guarda consistencia conceptual, temática y metodológica con sus ejercicios anteriores, lo que permite hacer análisis y comparaciones con resultados de otros instrumentos estadísticos. Los datos del CNIJF fueron declarados Información de Interés Nacional por la Junta de Gobierno del INEGI en septiembre de 2016.











NOTA TÉCNICA

INEGI PRESENTA SEXTO CENSO NACIONAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA FEDERAL

Se constituye como un proyecto estadístico que se

realiza en el ámbito federal del Estado Mexicano y, en conjunto, ofrece información relevante de la estructura, organización, recursos y ejercicio de la función de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer la información del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018 (CNIJF). Este Censo tiene por objetivo generar información estadística y geográfica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro de los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de alcance nacional en materia de impartición de justicia. Cabe destacar que la información contenida en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal fue declarada Información de Interés Nacional por la Junta de Gobierno del INEGI desde septiembre de 2016. Con esta serie estadística se da continuidad a los ejercicios realizados en años anteriores para lograr información estadística integral en una materia propia del Subsistema, que corresponde, en este caso, a la de impartición de justicia. Con ello, se cuenta con series de información homogéneas y consistentes que abarcan los ámbitos estatal y federal para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 cubriendo todas las variables que conforman dichos proyectos estadísticos, dentro de las que destacan datos de los órganos jurisdiccionales, los recursos con los que cuentan y sus características, así como los asuntos que conocen, entre otros. En su versión 2018, el CNIJF integra información correspondiente a 2017 en una base de 30 mil 329 datos, con los que se presentan 50 tabulados, guardando consistencia conceptual, temática y metodológica en los temas que resulta factible respecto de los tabulados publicados del Censo que se realiza con los Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las Entidades Federativas. Ello, a efecto de apoyar los procesos de análisis y de toma de decisiones, al tiempo de permitir comparabilidad en la información. Los 50 tabulados que comprenden los resultados del Censo se organizan en cuatro apartados conforme a la siguiente estructura temática:


1) Estructura organizacional y recursos del Poder Judicial de la Federación; 2) Impartición de Justicia en el ámbito de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 3) Impartición de Justicia en el ámbito de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y 4) Impartición de Justicia en el ámbito de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), de los Tribunales Unitarios de Circuito (TUC), los Juzgados de Distrito (JD), Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) (sistema acusatorio) y el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, todos estos administrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Estructura organizacional y recursos

Entre la información que se puede consultar en los tabulados, así como en el mecanismo de consulta interactiva de datos de este Censo, es posible conocer las características de la estructura organizacional y recursos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación, donde destaca que, al cierre de 2017, 892 órganos jurisdiccionales lo conformaron, los cuales presentan la siguiente distribución: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Pleno Primera Sala Segunda Sala

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Sala Superior 6 Salas Regionales

Órganos jurisdiccionales coordinados y administrados por el Consejo de la Judicatura Federal

262 Tribunales Colegiados de Circuito 99 Tribunales Unitarios de Circuito 430 Juzgados de Distrito 38 Centros de Justicia Penal Federal (sistema acusatorio) 1 Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación,

Arraigo e Intervención de Comunicaciones 52 Otros2

Al cierre de 2017, los plenos de cada uno de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación se integraron de la siguiente manera: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

11 Ministros 2 Mujeres (18%) 9 Hombres (82%)

2 Corresponde a los plenos de Circuito del Consejo de la Judicatura Federal.


Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

7 Magistrados 2 Mujeres (29%) 5 Hombres (71%)

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

7 Consejeros3 2 Mujeres (29%) 5 Hombres (71%)

En cuanto al personal con el que contaba el Poder Judicial de la Federación (PJF) al cierre de 2017, se identificaron un total de 48 mil 125 servidoras y servidores públicos, de los cuales 3 mil 509 (7.3%) estaban adscritos a la SCJN, mil 573 (3.3%) al TEPJF y 43 mil 043 (89.4%) al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dentro de los cuales se considera tanto al personal de los TCC, los TUC, los JD, los CJPF, como al que está adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública. A continuación, se presenta la distribución porcentual del personal de cada uno de los órganos del Poder Judicial de la Federación, según sexo:

Gráfica 1. Distribución porcentual del personal que integra el Poder Judicial de la Federación, según órgano y sexo

3 Además de los 6 Consejeros, se encuentra el Consejero Presidente, que corresponde al Ministro Presidente de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

53.2%

59.9%

50.0%

46.8%

40.1%

50.0%

SCJN

TEPJF

CJF

Hombres Mujeres


En lo que respecta a los Jueces y Magistrados que al cierre del año 2017 integraron los TCC, los TUC y los JD, se identificó un total de mil 429 servidoras y servidores públicos en estas funciones, de los cuales 758 (53.0%) se encontraban adscritos a los TCC, 99 (7.0%) a los TUC, y los restantes 572 (40.0%) a los JD y CJPF. En la Gráfica 2 se presenta la distribución porcentual de los Jueces y Magistrados con los que contaron los órganos jurisdiccionales descritos, según sexo:

Gráfica 2. Distribución porcentual de Jueces y Magistrados, según órgano jurisdiccional y sexo

Este Censo contiene múltiple información respecto de los recursos materiales con los que contó el Poder Judicial de la Federación en el período que se reporta. Como ejemplo sobre esta temática, se identificó que al cierre de 2017 había un total de 50 mil 401 computadoras, de las cuales 42 mil 218 (83.8%) fueron de escritorio y 8 mil 183 (16.2%) portátiles. A continuación, se presenta la distribución de las mismas por órgano integrante del Poder Judicial de la Federación:

Gráfica 3. Distribución porcentual de las computadoras en funcionamiento en el

Poder Judicial de la Federación, según órgano

81.7%

77.8%

77.6%

18.3%

22.2%

22.4%

TCC

TUC

JD

Hombres Mujeres

8.6%4.5%

87.0%

SCJN TEPJF CJF


Ejercicio de la función

Suprema Corte de Justicia de la Nación

En lo que respecta al ejercicio de la función, resulta relevante mencionar que durante el año 2017 ingresaron un total de 17 mil 044 asuntos a los órganos jurisdiccionales de la SCJN (incluidos los Otros Ingresos4), mientras que los asuntos resueltos fueron un total de 16 mil 986. Del total de asuntos que tuvieron conocimiento los órganos jurisdiccionales de la SCJN durante el año 2017, destacan los procedimientos de “Amparo Directo en Revisión”, que representaron 46.1% y 47.8% de ingresos y resoluciones, respectivamente. La distribución de dichos asuntos por tipo de procedimiento se presenta en la siguiente gráfica:

Gráfica 4. Distribución porcentual de los asuntos ingresados y resueltos por los órganos jurisdiccionales de la SCJN, según tipo de procedimiento

NOTA: La suma de los porcentajes puede no ser igual al cien por ciento debido al redondeo de cifras.

4 Se refiere a asuntos que no son clasificados por materia ni órgano debido a que se resuelven en acuerdo de

desechamiento, de incompetencia, de sobreseimiento y devueltos en aplicación al acuerdo plenario 5/2010.

46.1%

23.6%

8.1%

8.1%

3.8%

2.5%

2.4%

1.9%

1.7%

0.9%

0.5%

0.3%

0.1%

0.0%

47.8%

25.7%

10.6%

3.6%

2.2%

2.7%

2.3%

1.3%

2.3%

0.7%

0.6%

0.3%

0.1%

0.0%

Amparo directo en revisión

Recursos

Amparo en revisión

Otro

Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción

Contradicción de tesis

Conflicto competencial

Controversia constitucional

Incidentes

Acción de inconstitucionalidad

Reconocimiento de inocencia

Amparo directo

Jurisprudencia

Declaratoria general de inconstitucionalidad

Asuntos ingresados Asuntos resueltos


Del “Amparo Directo en Revisión”, que significó el tipo de procedimiento con mayor frecuencia estadística, el porcentaje de resolución, desde el año 2010 a 2017, se aprecia en la siguiente gráfica:

Gráfica 5. Porcentaje de resolución de asuntos del procedimiento Amparo Directo en Revisión (SCJN)

NOTA: El porcentaje de resolución se obtiene de la división de los asuntos resueltos entre la totalidad de los asuntos ingresados durante el año de referencia.

Asimismo, del procedimiento “Acción de Inconstitucionalidad”, que representa uno de los procedimientos sustantivos más importantes de la SCJN, el porcentaje de resolución en dicho periodo se presenta en la Gráfica 6:

Gráfica 6. Porcentaje de resolución de asuntos del procedimiento Acción de Inconstitucionalidad (SCJN)


108.0%

80.5%

91.4%

72.7%

80.1%

106.7%

95.5%

103.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

154.1%

91.2%

86.6%

126.2%

93.6%

65.7%

69.9%

73.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

180.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Por su parte, los datos sobre el ejercicio de la función de los órganos jurisdiccionales del TEPJF muestran que durante el año 2017 ingresaron un total de 9 mil 662 asuntos, por 9 mil 544 asuntos resueltos.

Del total de asuntos que tuvieron conocimiento los órganos jurisdiccionales del TEPJF durante el año 2017, destacan los procedimientos de “Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano”, que representaron 49.7% y 50.1% de ingresos y resoluciones, respectivamente. En la Gráfica 7 se presenta la distribución de los asuntos por los 10 procedimientos más frecuentes durante el año 2017:

Gráfica 7. Distribución porcentual de los asuntos ingresados y resueltos por los órganos jurisdiccionales

del TEPJF, según tipo de procedimiento.

NOTA: Los 11 procedimientos restantes representan 0.9% de los asuntos ingresados y 0.5% de los asuntos resueltos.

49.7%

15.4%

13.5%

8.3%

3.8%

3.5%

1.8%

1.6%

1.1%

0.4%

50.1%

15.6%

12.8%

8.7%

3.9%

3.6%

1.8%

1.6%

1.0%

0.4%

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano

Recurso de Reconsideración

Recurso de Apelación

Juicio de Revisión Constitucional Electoral

Asuntos generales

Juicio Electoral

Recurso de revisión del Procedimiento Especial Sancionador

Procedimiento Especial Sancionador de órgano central del Instituto Nacional Electoral

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral

Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción de la Sala Superior

Asuntos ingresados Asuntos resueltos


Del “Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano”, que significó el tipo de procedimiento con mayor frecuencia estadística, el porcentaje de resolución de 2010 a 2017 se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 8. Porcentaje de resolución de asuntos del procedimiento Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano (TEPJF)


Mientras que para el “Juicio de Revisión Constitucional Electoral”, el cual representa uno de los procedimientos sustantivos más importantes del TEPJF, el porcentaje de resolución para referido periodo de tiempo se presenta en la Gráfica 9:

Gráfica 9. Porcentaje de resolución de asuntos del procedimiento Juicio de Revisión

Constitucional Electoral (TEPJF)


99.4%

99.8%

100.1%

100.6%

87.8%

101.2%

110.7%

99.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

98.2%

99.5%

100.5%

99.7%

98.3%

100.6%

99.2%

102.6%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

Los datos sobre el ejercicio de la función de los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), Unitarios de Circuito (TUC) y Juzgados de Distrito (JD), muestran que durante el año 2017 ingresaron a estos órganos un total de un millón 050 mil 833 asuntos en todas las materias, por un millón 051 mil 672 asuntos resueltos.

De esta cantidad de asuntos ingresados a los TCC, los TUC y los JD en 2017, destacan los vinculados a la materia administrativa, con el 32.4% del total; seguido de la materia penal, con 22.5%, y la laboral, con 20.9%. La distribución de los asuntos ingresados por materia y órgano jurisdiccional en el periodo referido se presenta en la gráfica siguiente:

Gráfica 10. Distribución porcentual de los asuntos ingresados a los TCC, TUC y JD, según materia

NOTA: No se incluyó la categoría “otra” en el caso de los TUC que representó 0.01% del total.

12.0%

75.8%

27.1%

24.0%

23.8%

17.4%

39.7%

0.4%

28.8%

24.3%19.6%

7.1%

TCC TUC JD

Penal Civil Administrativa Laboral Mercantil


Causas penales en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal En 2017 se reportan 23 mil 702 causas penales ingresadas en los Juzgados de Distrito (33%) y en los Centros de Justicia Penal Federal (67%), involucrando 36 mil 224 delitos, de los cuales 8 mil 037 ingresaron en el sistema tradicional (juzgados de distrito) y 28 mil187 en el sistema acusatorio (Centros de Justicia Penal Federal – juzgados de control).

Gráfica 11. Distribución porcentual de las causas penales ingresadas y delitos registrados, por sistema penal al que ingresaron

Del total de delitos registrados, 50.2% fueron delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, seguidos por los delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (10.9%).

Gráfica 12. Distribución porcentual de principales delitos registrados en las causas penales ingresadas, por tipo de delito

NOTA: Incluye información tanto de los Juzgados de Distrito como de los Centros de Justicia Penal Federal (juzgados de control). El resto de los delitos representa 22.3% del total.

50.2%

10.9%5.8% 4.1% 3.7% 3.0%

Delitos en materiade armas,

explosivos y otrosmateriales

destructivos

Delitos federalescontra la salud

relacionados connarcóticos

Delitos en materiade hidrocarburos y

sus derivados

Delitos en materiafiscal

Delitos electorales Secuestro

33.0%22.2%

67.0%77.8%

Causas penales Delitos registrados

Sistema acusatorio

Sistema tradicional


Durante 2017 se concluyeron 17 mil 132 causas penales en los órganos jurisdiccionales del CJF, 73% (12 mil 506) se concluyó en los juzgados de distrito del sistema tradicional y 27% (4 mil 626) en los juzgados de control y en los tribunales de enjuiciamiento en el sistema acusatorio5.

Gráfica 13. Distribución porcentual de las causas penales concluidas, por tipo de órgano jurisdiccional y sistema penal

De las 12 mil 506 causas penales concluidas en los juzgados de distrito del sistema tradicional, 6 mil 620 concluyeron con sentencia, la mayoría de ellas en sentido condenatorio (46.1%), el 25.6% tuvo una resolución que puso fin a la instancia, tales como negativa de orden, incompetencia, sobreseimiento y otras6; mientras que 21.5% correspondió a otras resoluciones.

Gráfica 14. Distribución porcentual de las causas penales concluidas en los juzgados de distrito, por tipo de conclusión

NOTA: El porcentaje restante corresponde a Otras resoluciones (21.5%)

5 Como puede observarse, con la implementación del sistema acusatorio oral a partir de 2016, la tendencia es que la proporción de causas penales ingresadas aumente en los juzgados de control de los Centros de Justicia Penal Federal, mientras que las ingresadas en los juzgados de distrito disminuyan. Mientras que la proporción de causas penales concluidas en juzgados de distrito sigue siendo considerablemente mayor con respecto a las concluidas en juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento del sistema acusatorio, toda vez que se encuentran en trámite los juicios del proceso penal tradicional. 6 Acumulación, impedimento, prescripción y otro.

Juzgados de Distrito

73.0%

Juzgados de Control

26.0%

Tribunales de Enjuiciamiento

1.0%

SISTEMA TRADICIONAL

SISTEMA ACUSATORIO

Sobreseimiento

1.4%

Acumulación,

0.2%

Incompetencia

5.6%

Impedimento,

0.3%

Prescripción

1.3%

Negativa de orden

13.8%

Sentencia Condenatoria

46.1%

Sentencia absolutoria

6.8%


Con respecto de las 4 mil 626 causas penales concluidas en los Centros de Justicia Penal Federal del sistema acusatorio, 96.2% se concluyó en los juzgados de control (4 mil 450), y el 3.8% restante en los tribunales de enjuiciamiento (176). Las causas penales concluidas en los juzgados de control del sistema acusatorio, concluyeron en su mayoría con procedimiento abreviado (50.6%) lo que implica un tipo de sentencia condenatoria, seguidas por el sobreseimiento (19.9%) y la suspensión condicional del proceso (18.7%).

Gráfica 15. Distribución porcentual de las causas penales concluidas en los juzgados de control del sistema acusatorio, por tipo de conclusión

Mientras que las causas penales resueltas en los tribunales de enjuiciamiento del sistema acusatorio, se refieren en su mayoría a sentencia condenatoria (76.9%), sentencia absolutoria (20.3%) y sobreseimiento (2.2%).

Gráfica 16. Distribución porcentual de las causas penales concluidas en los tribunales de enjuiciamiento, por tipo de conclusión

50.6%

19.9%

18.7%

2.4%

2.2%

6.2%

Sentencia condenatoria

Sobreseimiento

Suspensión condicional del proceso

Apertura de Juicio Oral

Acuerdo reparatorio

Otro

Sentencia condenatoria,

76.9%

Sentencia absolutoria,

20.3%

Sobreseimiento, 2.2% Otra 0.6%


Por último, durante 2017 ingresaron 6 mil 210 solicitudes al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, de ellas se atendieron 6 mil 208. Del total de solicitudes atendidas 51.8% fueron solicitudes de información, 46.4% de intervención de comunicaciones, mientras que el restante 1.8% fueron de cateo (1.6%) y arraigos (0.2%). La distribución de solicitudes atendidas por tipo de solicitud se presenta en la siguiente gráfica:

Gráfica 12. Distribución porcentual de solicitudes atendidas por el

Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, por tipo de solicitud y estatus de atención

36.6%

25.0%

48.1%

60.8%

40.6%

50.0%

14.2%

20.9%

22.8%

25.0%

37.7%

18.3%

De cateo

De arraigos

De intervención de comunicaciones

De información

Concedidas Negadas No especificado



PÁGINA 1/3

CUENTAS CORRIENTES Y DE ACUMULACIÓN DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y LOCALES1, 2017

El INEGI presenta los principales resultados de las cuentas de los Gobiernos Estatales y Gobiernos Locales2. Cuentas Corrientes y de Acumulación. Cuentas de Producción por Finalidad, 2017, con año base 2013, que forman parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México. En estos resultados se integra el nivel, la estructura y evolución del gobierno de cada una de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

Durante 2017, los gobiernos estatales y locales contribuyeron con un Valor Agregado Bruto (VAB) de 1,212,987 millones de pesos corrientes. De dicho valor el 45.1% se empleó para la prestación de servicios educativos, 43.1% para actividades del gobierno3 y en los denominados servicios de salud y de asistencia social el 11.8% restante.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO DE LOS GOBIERNOS DE LOS

ESTADOS POR FINALIDAD, 2017 (Estructura porcentual)

45.1

11.8

43.1

Servicios de salud y de asistencia social

Actividades del gobierno

Fuente: INEGI.

1 Ambos niveles de gobierno conforman los Gobiernos de los Estados. 2 Están constituidos por las unidades de gobierno municipales, distritales y delegacionales que conforme a su figura como entidad

pública gozan de autonomía política, económica y administrativa. 3 Gastos en los que, a nivel estatal, incurren los órganos legislativos, la administración pública en general y la impartición de

justicia y el mantenimiento de la seguridad y el orden público, además de los servicios que faciliten y regulen las actividades económicas y de mejora y preservación del medio ambiente o las actividades administrativas de instituciones de bienestar social.

Servicios educativos



PÁGINA 2/3

En el año de referencia, las entidades que asignaron una mayor proporción de su VAB a la educación fueron: Sinaloa, Chiapas, Michoacán de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave, Coahuila de Zaragoza, Jalisco, Chihuahua, Puebla y Baja California.

VALOR AGREGADO BRUTO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES EN SERVICIOS EDUCATIVOS, 2017

(Porcentaje del Valor Agregado Bruto de cada gobierno estatal)

2.1

4.0

45.1

46.3

48.2

50.4

50.5

51.1

51.4

52.3

52.6

52.6

52.8

53.1

53.3

53.9

54.0

54.1

55.2

55.3

55.3

55.8

55.9

56.6

56.8

58.3

58.4

58.6

59.1

59.5

59.9

60.8

62.0

65.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Ciudad de México

Gobiernos Locales

Total de los Gobiernos Estatales

Quintana Roo

Estado de México

Guanajuato

Campeche

Baja California Sur

Nayarit

Oaxaca

Tamaulipas

Tabasco

San Luis Potosí

Yucatán

Aguascalientes

Tlaxcala

Zacatecas

Nuevo León

Guerrero

Morelos

Colima

Querétaro

Sonora

Hidalgo

Durango

Baja California

Puebla

Chihuahua

Jalisco




Chiapas

Sinaloa

*

Nota: La centralización de los recursos para los servicios de educación básica y normal en el caso de la Ciudad de

México tiene un impacto en la distribución de su valor agregado bruto (entre estos servicios, los de salud y de asistencia social, así como las actividades del gobierno), y por tanto influye en la del total de los gobiernos estatales.

* Porcentaje del valor agregado bruto en servicios educativos de los municipios. Fuente: INEGI.



PÁGINA 3/3

El gasto en inversión fija (formación bruta de capital fijo) de los gobiernos estatales y locales fue de 261,224 millones de pesos. Las entidades que registraron la mayor participación sobre este total fueron: el Estado de México con 13.8%, Ciudad de México 9.5%, Puebla 3.4%, Chiapas 2.4%, Guanajuato 2.3%, Oaxaca 2.2%, Sonora 2%, Veracruz de Ignacio de la Llave 1.8% y Jalisco con 1.7 por ciento.

En 2017 el número de ocupaciones remuneradas de los gobiernos de los estados se ubicó en 3,660,996 personas, de las cuales el 54.2% prestó sus servicios en actividades del gobierno, 38.3% laboró en el sector educativo y el 7.5% restante contribuyó como parte de los servicios de salud y de asistencia social.

Adicionalmente a los resultados anteriores, se proporciona la información desagregada del VAB de los Gobiernos Locales. Dichos gobiernos destinaron el 92.8% de sus recursos a realizar las denominadas actividades del gobierno.











NOTA TÉCNICA CUENTAS CORRIENTES Y DE ACUMULACIÓN DE LOS GOBIERNOS

ESTATALES Y LOCALES4, 2017 Aspectos Generales

El INEGI presenta los principales resultados de las cuentas de “Gobiernos Estatales y Gobiernos Locales. Cuentas Corrientes y de Acumulación. Cuentas de Producción por Finalidad, 2017 preliminar. Año base 2013”, derivado del Sistema de Cuentas Nacionales de México, en las cuales se integra el nivel, la estructura y evolución del gobierno de cada una de las entidades federativas, el gobierno de la Ciudad de México y los gobiernos locales.

Los resultados de las Cuentas de Gobiernos Estatales y Gobiernos Locales se presentan con su nuevo año base 2013. Esto permitió actualizar la estructura del valor agregado, el gasto en inversión y el empleo en el gobierno a nivel de entidad federativa y municipal.

El Sector Público mexicano está dividido en dos grandes subsectores institucionales, atendiendo a la situación jurídico-administrativa y objeto social de las unidades económicas que lo integran. El Gobierno General otorga servicios con carácter social que se entregan gratuitamente o a precios simbólicos, en tanto que otras unidades de control público, como las Empresas Públicas producen bienes y servicios que son vendidos a precios que tienden a cubrir sus costos de producción. Esta diferenciación permite mostrar a los gobiernos estatales y municipales, como proveedores de “Otra Producción no de Mercado” que depende de los ingresos propios, las participaciones federales y las transferencias que la Federación proporciona a los estados y municipios.

El Valor Bruto de Producción de los servicios públicos está constituido por aquellos gastos en bienes y servicios empleados para proporcionarlos, así como por los pagos por conceptos de remuneraciones al trabajo y por impuestos a la producción. Como resultado de ello, el Valor Agregado Bruto es el principal componente del valor generado por los servicios públicos que de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) se pueden agrupar en: Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales (que son comprendidas en Actividades del gobierno), Servicios educativos y Servicios de salud y de asistencia social, que corresponden a los sectores económicos 93, 61 y 62, respectivamente.

Adicionalmente a los resultados anteriores, se incorpora la información desagregada del VAB de los gobiernos locales; esto permite observar la participación y comportamiento de este orden de gobierno en los diferentes servicios públicos, como son: educación, salud y actividades del gobierno.

4 Ambos niveles de gobierno conforman los Gobiernos de los Estados.


Principales Resultados:

Valor Agregado Bruto de los Gobiernos de los Estados por finalidad

Durante 2017 los gobiernos de los estados contribuyeron con un Valor Agregado Bruto (VAB) de 1,212,987 millones de pesos corrientes, de los cuales el 45.1% se destinó a los servicios educativos, el 43.1% a las actividades del gobierno y un 11.8% a los servicios de salud y de asistencia social.

Gráfica 1

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO DE LOS GOBIERNOS DE LOS

ESTADOS POR FINALIDAD, 2017 (Estructura porcentual)

45.1

11.8

43.1

Servicios de salud y de asistencia social

Actividades del gobierno

Fuente: INEGI.

Del total de este valor agregado bruto, los gobiernos estatales contribuyeron con el 93.5% y el gobierno de la Ciudad de México con 6.5 por ciento. Al interior de los gobiernos estatales se observó que el gobierno de las entidades federativas participó con el 80.5% y los gobiernos locales con el 13 por ciento.

Servicios educativos


Cuadro 1 VALOR AGREGADO BRUTO DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, 2017

Entidades Millones de pesos corrientes

Estructura porcentual

Total de los estados 1,212,987 100.0

Gobiernos Estatales 1,133,620 93.5

Gobierno de las entidades federativas

976,177 80.5

Gobiernos locales 157,443 13.0

Ciudad de México 79,367 6.5

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: INEGI.

En términos reales, durante el periodo 2013-2017, el VAB de los gobiernos estatales creció 0.8% en promedio anual. Al desagregar su comportamiento, los de las entidades federativas mostraron un incremento de 0.4%, los de los locales 3% y el de la Ciudad de México 1 por ciento.

Servicios educativos como proporción del valor agregado bruto

En 2017 los estados que destacaron por la participación de sus servicios educativos en su VAB fueron: Sinaloa con 65.2%, Chiapas 62%, Michoacán de Ocampo 60.8%, Veracruz de Ignacio de la Llave 59.9%, Coahuila de Zaragoza 59.5%, Jalisco 59.1%, Chihuahua 58.6%, Puebla 58.4% y Baja California con 58.3 por ciento.


Gráfica 2 VALOR AGREGADO BRUTO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES EN

SERVICIOS EDUCATIVOS, 2017 (Porcentaje del Valor Agregado Bruto de cada gobierno estatal)

2.1

4.0

45.1

46.3

48.2

50.4

50.5

51.1

51.4

52.3

52.6

52.6

52.8

53.1

53.3

53.9

54.0

54.1

55.2

55.3

55.3

55.8

55.9

56.6

56.8

58.3

58.4

58.6

59.1

59.5

59.9

60.8

62.0

65.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Ciudad de México

Gobiernos Locales


Quintana Roo

Estado de México

Guanajuato

Campeche

Baja California Sur

Nayarit

Oaxaca

Tamaulipas

Tabasco

San Luis Potosí

Yucatán

Aguascalientes

Tlaxcala

Zacatecas

Nuevo León

Guerrero

Morelos

Colima

Querétaro

Sonora

Hidalgo

Durango

Baja California

Puebla

Chihuahua

Jalisco




Chiapas

Sinaloa

*



* Porcentaje del valor agregado bruto en servicios educativos de los municipios. Fuente: INEGI.


En cambio, los gobiernos estatales que mostraron las menores aportaciones de los servicios educativos respecto a su VAB, fueron los siguientes: la Ciudad de México, que registró 2.1% -esta participación se refiere únicamente a los niveles medio y superior por ser el gasto en educación ejercido por el Gobierno Federal5-, Quintana Roo 46.3%, Estado de México 48.2%, Guanajuato 50.4%, Campeche 50.5%, Baja California Sur 51.1%, Nayarit 51.4% y Oaxaca con 52.3 por ciento. Por su parte, en los gobiernos locales la contribución de los servicios educativos sobre el VAB fue de 4 por ciento.

En términos reales, durante el periodo 2013-2017 los gobiernos estatales incrementaron su gasto en educación en 0.3% promedio anual.

Cuadro 2 VALOR AGREGADO BRUTO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES EN

SERVICIOS EDUCATIVOS, 2013-2017

Concepto

Millones de pesos constantes de 2013

TMCA %

2013 2017 2013-2017

Total Gobiernos Estatales1 429,247 435,015 0.3

1 Incluye a la Ciudad de México y los Gobiernos locales. TMCA: Tasa media de crecimiento anual. Fuente: INEGI.

Actividades del gobierno como proporción del valor agregado bruto

En el año de referencia, en las asignaciones que los gobiernos estatales destinan a la prestación de servicios de la administración pública general, impartición de justicia y seguridad, y la preservación del medio ambiente y el bienestar social, destacó la aportación de la Ciudad de México con 83.5% de su valor agregado, seguida por Baja California Sur con 39.3%, Nayarit 38.6%, San Luis Potosí 38.2%, Nuevo León 37.1%, Oaxaca y Tamaulipas 36.6%, cada uno, Campeche 35.9%, Baja California 35.6%, Quintana Roo 34.1% y Sonora que reportó 33.9 por ciento.

Las menores proporciones que registraron los gobiernos estatales se observaron en: Chiapas con 24.2%, Puebla 24.8%, Sinaloa 25.8%, Veracruz de Ignacio de la Llave 26.9%, Jalisco 30.1 y Guanajuato con 31.1 por ciento.

Por su parte, la participación que tuvieron las actividades del gobierno en el valor agregado de los gobiernos locales fue de 92.8 por ciento.

5 Los registros de los gobiernos de las entidades ya incluyen recursos provenientes de la educación básica y normal, que

por decreto oficial del 18 de mayo de 1992, pasa del Gobierno Federal hacia los gobiernos de las entidades federativas. Dicha descentralización aún no se ha iniciado para el gobierno de la Ciudad de México.


Gráfica 3

VALOR AGREGADO BRUTO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES EN

ACTIVIDADES DEL GOBIERNO, 2017 (Porcentaje del Valor Agregado Bruto de cada gobierno estatal)

24.2

24.8

25.8

26.9

30.1

31.1

31.5

31.6

31.7

31.7

31.7

31.8

31.9

32.0

32.0

32.2

32.4

32.5

33.0

33.4

33.6

33.9

34.1

35.6

35.9

36.6

36.6

37.1

38.2

38.6

39.3

43.1

83.5

92.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Chiapas

Puebla

Sinaloa


Jalisco

Guanajuato

Tlaxcala

Aguascalientes

Hidalgo

Morelos

Chihuahua

Yucatán

Durango

Guerrero

Estado de México

Tabasco


Querétaro

Zacatecas

Colima


Sonora

Quintana Roo

Baja California

Campeche

Tamaulipas

Oaxaca

Nuevo León

San Luis Potosí

Nayarit

Baja California Sur


Ciudad de México

Gobiernos Locales*



* Porcentaje del valor agregado bruto en las actividades de gobierno de los municipios. Fuente: INEGI.


En el periodo 2013-2017, el valor agregado bruto en las actividades del gobierno presentó una tasa media de crecimiento anual real de 1.1 por ciento.

Cuadro 3


ACTIVIDADES DEL GOBIERNO, 2013-2017

Concepto


TMCA %

2013 2017 2013-2017

Total Gobiernos Estatales1 428,704 448,545 1.1

1 Incluye Ciudad de México y los Gobiernos locales. TMCA: Tasa media de crecimiento anual. Fuente: INEGI.

Servicios de salud y de asistencia social como proporción del valor agregado bruto

En cuanto a las erogaciones realizadas por parte de los gobiernos estatales, durante 2017, por concepto de actividades en materia de salud y de asistencia social sobresalieron las del Estado de México cuya contribución fue de 19.8% y Quintana Roo con 19.6% del valor agregado bruto del gobierno del estado, seguidos de Guanajuato con 18.5%, Puebla 16.8%, Tabasco 15.2%, Yucatán y Aguascalientes con 15.1%, cada uno, Tlaxcala 14.6%, la Ciudad de México 14.4% y Chiapas con 13.8 por ciento.

Con las menores aportaciones se ubicaron los gobiernos de los estados de: Baja California 6.1%, Michoacán de Ocampo 6.8%, Coahuila de Zaragoza 6.9%, Nuevo León 8.8%, San Luis Potosí y Sinaloa 9%, de manera individual, y Baja California Sur 9.6 por ciento.

Por lo que se refiere a la participación de las actividades de salud y de asistencia social en los gobiernos locales ésta fue de 3.2 por ciento.


Gráfica 4

VALOR AGREGADO BRUTO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES EN SERVICIOS

DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL, 2017 (Porcentaje del Valor Agregado Bruto de cada gobierno estatal)



* Porcentaje del valor agregado bruto en servicios de salud y de asistencia social de los municipios. Fuente: INEGI.

Entre los años 2013 y 2017 la aportación realizada por los gobiernos de los estados a los servicios de salud y de asistencia social aumentó en términos reales 1.4% promedio anual.

Cuadro 4



SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL, 2013-2017

Concepto


TMCA %

2013 2017 2013-2017

Total Gobiernos Estatales 1 107,339 113,581 1.4

1 Incluye Ciudad de México y Gobiernos locales. TMCA: Tasa media de crecimiento anual. Fuente: INEGI.

Cuadro 5

VALOR AGREGADO BRUTO DE LOS GOBIERNOS POR FINALIDAD, 2017 (Estructura porcentual)

Estados VAB Servicios

educativos

Servicios de salud y de asistencia

social

Actividades del

gobierno

Total Gobiernos Estatales1 100.0 45.1 11.8 43.1

Aguascalientes 100.0 53.3 15.1 31.6 Baja California 100.0 58.3 6.1 35.6 Baja California Sur 100.0 51.1 9.6 39.3 Campeche 100.0 50.5 13.6 35.9 Ciudad de México 100.0 2.1 14.4 83.5 Coahuila de Zaragoza 100.0 59.5 6.9 33.6 Colima 100.0 55.3 11.2 33.4 Chiapas 100.0 62.0 13.8 24.2 Chihuahua 100.0 58.6 9.7 31.7 Durango 100.0 56.8 11.4 31.9 Guanajuato 100.0 50.4 18.5 31.1 Guerrero 100.0 55.2 12.8 32.0 Hidalgo 100.0 56.6 11.7 31.7 Jalisco 100.0 59.1 10.8 30.1 Estado de México 100.0 48.2 19.8 32.0 Michoacán de Ocampo 100.0 60.8 6.8 32.4 Morelos 100.0 55.3 13.0 31.7 Nayarit 100.0 51.4 10.0 38.6 Nuevo León 100.0 54.1 8.8 37.1 Oaxaca 100.0 52.3 11.1 36.6 Puebla 100.0 58.4 16.8 24.8 Querétaro 100.0 55.8 11.7 32.5 Quintana Roo 100.0 46.3 19.6 34.1 San Luis Potosí 100.0 52.8 9.0 38.2 Sinaloa 100.0 65.2 9.0 25.8 Sonora 100.0 55.9 10.2 33.9 Tabasco 100.0 52.6 15.2 32.2 Tamaulipas 100.0 52.6 10.9 36.6 Tlaxcala 100.0 53.9 14.6 31.5 Veracruz de Ignacio de la Llave 100.0 59.9 13.2 26.9 Yucatán 100.0 53.1 15.1 31.8 Zacatecas 100.0 54.0 13.1 33.0 Gobiernos Locales 100.0 4.0 3.2 92.8

1/ Incluye gobiernos locales. Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con total debido al redondeo.


Formación Bruta de Capital Fijo

El gasto en inversión fija (formación bruta de capital fijo) de los gobiernos estatales y locales en 2017, alcanzó un nivel de 261,224 millones de pesos. Entre los gobiernos de las entidades que tuvieron una mayor participación en este total se ubica el Estado de México con 13.8%, la Ciudad de México 9.5%, Puebla 3.4%, Chiapas 2.4%, Guanajuato 2.3%, Oaxaca 2.2%, Sonora 2%, Veracruz de Ignacio de la Llave 1.8%, Jalisco 1.7%, Tamaulipas y Nuevo León 1.5%, cada una, Sinaloa 1.3%, y Coahuila de Zaragoza con 1.2 por ciento. Estos estados en conjunto constituyeron el 44.6% de la inversión fija bruta de los gobiernos estatales en el año de referencia. Por su parte, los gobiernos locales colaboraron con el 41.3 por ciento.

Las menores proporciones se registraron en las entidades de Nayarit, Colima, Hidalgo, Baja California y Guerrero.

Ocupaciones Remuneradas

En 2017 el número de ocupaciones remuneradas en los gobiernos de los estados registró 3,660,996, de las cuales el 54.2% prestó sus servicios en las actividades del gobierno, 38.3% en la educación y el 7.5% restante en los servicios de salud y de asistencia social. En comparación con 2016, el número de ocupaciones se incrementó en 51,452 puestos de trabajo remunerados.

Gráfica 5

OCUPACIONES REMUNERADAS EN LOS GOBIERNOS ESTATALES, 2017 (Estructura porcentual)

Fuente: INEGI.


Las entidades en las que los servicios educativos presentaron la mayor ocupación fueron: Chihuahua con 62.1%, Puebla 60.7%, Sinaloa 60.6%, Veracruz de Ignacio de la Llave 60.3% del total de la fuerza laboral gubernamental de esos estados. Les siguieron Baja California con 59.9%, Michoacán de Ocampo 59.4%, Coahuila de Zaragoza con 58.4%, Zacatecas 58.2%, San Luis Potosí 58%, Sonora y Nuevo León con 57.9% en cada entidad, Durango y Guanajuato 57.8% en cada caso, y Jalisco 57.5%, de acuerdo con los resultados obtenidos para 2017. Por otra parte, los gobiernos locales destinaron el 3.2% de su personal ocupado a las actividades de educación.

Los estados que destacaron por asignar su mayor proporción de fuerza laboral a las actividades del gobierno fueron encabezados por la Ciudad de México con 89.6%, Quintana Roo 43.9%, Tabasco 43.3%, Campeche 41.4%, Baja California Sur 41.1%, Tamaulipas 40.3%, Oaxaca 39.8%, Querétaro 39.2%, Morelos 38.4% y Tlaxcala con 38.3 por ciento, mientras que en los gobiernos locales la participación de su población ocupada en los servicios de gobierno fue de 93.7 por ciento.

Por lo que se refiere a las ocupaciones en los gobiernos de los estados en materia de servicios de salud y de asistencia social, sobresalió el de Aguascalientes con 13.9% del total, Tabasco con 13.7%, Colima 12.3%, Hidalgo 11.3%, Morelos 11.2%, Tlaxcala 11.1%, Estado de México 10.9%, Guanajuato 10.7%, Querétaro 10.6%, y Tamaulipas 10.2 por ciento. El empleo en los servicios de salud en los gobiernos locales generó el 3.1% del total.

Remuneraciones medias anuales

Las remuneraciones medias anuales pagadas en 2017 por los gobiernos estatales se ubicaron en el orden de los 327,948 pesos por persona. Por finalidad, las mayores remuneraciones fueron las destinadas a los servicios de salud y de asistencia social con 513,636 pesos en promedio anual por persona, le siguieron los servicios educativos con 389,192 y las actividades del gobierno con 258,796 pesos anuales por persona.

Aspectos Metodológicos

El marco conceptual y metodológico de las cuentas del Gobierno General y los distintos sub-sectores de menor cobertura geopolítica, se encuentra establecido en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008), producto del trabajo conjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo


Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT).

Con el cambio de año base a 2013 se logró incorporar mayor detalle en las actividades productivas reportadas en los cuadros de la Cuenta de Producción de los Gobiernos Estatales y Locales, empleando para ello el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN).

Cabe señalar que la información incluida en los resultados y que se refiere a subsectores institucionales con niveles distintos al del Gobierno Federal, está integrada a las mediciones que se llevan a cabo para el Sector Gobierno General dentro de las Cuentas por Sectores Institucionales, que en la actualidad representan el esquema contable más amplio con que se cuenta para visualizar la actividad económica y financiera del país, desglosada en seis sectores institucionales:

1. Sociedades no financieras,

2. Sociedades financieras,

3. Gobierno general,

4. Hogares

5. Instituciones sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH).

6. Resto del mundo

Cuando se agregan las operaciones comerciales y financieras que México realiza con diversos países que componen el Resto del Mundo, incluido en el esquema contable como otro sector institucional, entonces se tiene un panorama completo de las transacciones dentro del circuito económico del País.

En el sistema completo de cuentas institucionales se elaboran, para los gobiernos de los estados, una secuencia de cuentas corrientes y de acumulación en las que se miden los diversos recursos con que cuentan y los usos o aplicaciones que hacen de ellos, originándose una serie de mediciones macroeconómicas de interés analítico que se desarrollan a lo largo de ocho cuentas donde se reúnen los ingresos y gastos corrientes y de capital de cada sub-sector institucional.

La primera, y origen de esta secuencia de cuentas, es la Cuenta de Producción, en la cual se obtiene como saldo el Valor Agregado de cada sub-sector, deduciéndole al Valor Bruto de Producción generado en cada nivel de gobierno el valor de los bienes y servicios intermedios empleados en la misma, así como el consumo de capital fijo, por lo que el Valor Agregado se determina en forma bruta y neta.


La producción de los Gobiernos Estatales, los Gobiernos Locales y del Gobierno de la Ciudad de México comprende el valor de los servicios que éstos prestan y simultáneamente consumen en nombre de la colectividad, y que están identificados como aquellos servicios que se proporcionan en forma gratuita o a precios simbólicos, como son los educativos, de salud y de asistencia social y de administración pública.

Conviene señalar que como los servicios prestados por las Administraciones Públicas de los Estados, de los Municipios y del Gobierno de la Ciudad de México, tienen un carácter social y comunal y se financian con participaciones federales y recursos tributarios locales, en su cuenta de producción no se computan subsidios, ni se genera un excedente de operación, salvo cuando se llega a contabilizar consumo de capital fijo.

En el sistema de “Cuentas de Bienes y Servicios”, las producciones totales de los niveles de gobierno mencionados se clasifican en tres actividades: Sector 61. Servicios educativos; Sector 62. Servicios de salud y de asistencia social; y Sector 93. Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales.

La segunda es la Cuenta de Generación del Ingreso, y en ella se detallan los ingresos factoriales del proceso productivo en este nivel de gobierno y se obtiene el Excedente de Operación como la diferencia entre el valor agregado bruto y la remuneración de los trabajadores más los impuestos a la producción.

La siguiente es la Cuenta de Asignación del Ingreso Primario, donde se registran los ingresos y pagos por rentas de la propiedad, tales como intereses, dividendos, retiros de las cuasi-sociedades y rentas de la tierra; la cuenta salda con el importe del Ingreso Nacional generado a este nivel de gobierno.

La Cuenta de Distribución Secundaria del Ingreso se utiliza para registrar los flujos entrantes y salientes de impuestos al ingreso y la riqueza, las contribuciones y prestaciones sociales, así como las diversas transferencias corrientes, dentro de las cuales destacan las transferencias entre los diferentes niveles de gobierno; su saldo es el Ingreso Disponible para este nivel de gobierno.

En la Cuenta de Redistribución del Ingreso en Especie, el valor de los servicios médicos y educativos de los gobiernos que se considera producción no de mercado, se le asigna a los Hogares, registrándose un ajuste al Ingreso Disponible de los gobiernos estatales y municipales, por lo que la cuenta se salda con el llamado Ingreso Disponible Ajustado.

La última de las cuentas corrientes se emplea para registrar la Utilización del Ingreso, donde se incluyen los gastos de consumo del Gobierno como Consumo


colectivo y los asignados a Hogares e ISFLSH como Consumo individual. El saldo de la cuenta es importante, porque define el Ahorro por sub-sector institucional.

En las cuentas de acumulación se registran las variaciones habidas en los activos y pasivos. En primer lugar se ubica la Cuenta de Capital, en la que al ahorro (o des-ahorro) logrado por los gobiernos de los estados se suman las transferencias de capital netas recibidas en cada sub-sector y con lo cual harán frente a las compras de bienes de capital producidos y no producidos (terrenos). El saldo que se obtiene es el Préstamo o Endeudamiento Neto, el cual mide la capacidad de adquirir activos financieros sin financiamiento adicional del sub-sector.

La última cuenta es la Cuenta Financiera, que explica los cambios en activos y pasivos financieros, tales como dinero legal y depósitos, otros valores distintos de acciones, los préstamos a corto y largo plazo, acciones y otras participaciones de capital, reservas técnicas de seguros y de fondos de pensiones y las otras cuentas por pagar y cobrar. Por el tipo de transacciones registradas, la cuenta se salda nuevamente con el Préstamo o Endeudamiento Neto de cada sub-sector institucional, aunque con signo contrario al que lleva en la cuenta de capital.

Para el desarrollo de este producto estadístico se cuenta con una amplia gama de información contable: Presupuestos ejercidos de las entidades; Cuentas públicas de las entidades; Presupuestos de egresos; Estados analíticos de ingresos; Estadística del personal ocupado; Estadística básica del sistema educativo nacional generada por la Secretaría de Educación Pública; Registros administrativos sobre transferencias otorgadas por el Gobierno Federal a Universidades Estatales, así como datos de personal ocupado proporcionados por la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública; Registros administrativos sobre transferencias otorgadas a los Estados por el Gobierno Federal a Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores, Agropecuarios y del Mar.

Adicionalmente, se cuenta con datos de personal ocupado proporcionados por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública; Estadísticas de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México, INEGI; Ramo 33 Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-DIF), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Información más amplia sobre los resultados difundidos en este documento puede obtenerse en la página del Instituto en Internet:



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ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE DÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (23 DE JUNIO) · 2019-01-25 · COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 274/18 21 DE JUNIO DE 2018 PÁGINA