Estrategias de Gobierno electrónico para acceder a …Estrategias de Gobierno electrónico para acceder a la información pública en México 4 los gobiernos más eficientes y con

Estrategias de Gobierno electrónico para acceder a la información pública en México

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Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Contaduría y Administración

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS A.C

(ACACIA)

Estrategias de gobierno electrónico para acceder a la información pública en México

CAPITULO: Innovación y Tecnología

AUTORES:

Dirigirse a: M.S.I. Patricia Araceli Araiza Zapata (614) 414-26-66 [email protected]

Dra. Ma. Del Carmen Gutiérrez Diez (614) 425-10-83 [email protected]

Dra. Laura Cristina Piñón Howlet (614) 169-1623 [email protected]

Chihuahua, Chih. , México, febrero de 2010


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Resumen

El objetivo de este trabajo fue identificar y describir las estrategias de gobierno electrónico que se utilizan en México para permitir el acceso de las personas a la información pública. Esta identificación consistió en una investigación documental de información emitida por los gobiernos, en acuerdos internacionales tomados por los países miembros de organismos como la ONU, el Banco Mundial, Cumbre de las Américas, entre otros. Se detectaron cuatro grandes estrategias de gobierno electrónico enfocadas a facilitar el acceso a información pública: La apertura de Centros Comunitarios Digitales en todo el país, la construcción de portales de gobierno, la implementación del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) y El Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Las dos primeras como parte del Sistema Nacional e-México, mientras que las últimas son implementadas por el IFAI para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley correspondiente. Sé identificó que es de vital importancia para los organismos gubernamentales la rendición de cuentas con mayor transparencia, y la definición de indicadores de evaluación, para dar seguimiento a los resultados en los proyectos emprendidos sobre gobierno electrónico en México, particularmente al Sistema Nacional e-México. Palabras clave: (Estrategias, Gobierno Electrónico, rendición de cuentas, transparencia de la información pública, IFAI, POT, SISI).


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ANTECEDENTES El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), adopta y proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

que establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y

de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el

de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de

fronteras, por cualquier medio de expresión". A partir de entonces, la Organización de

las Naciones Unidas ha alentado a los países para que legislen sobre el derecho de

acceso a la información y establezcan programas y compromisos en la lucha contra la

corrupción y en pro de la transparencia.

De la misma manera, el Banco Mundial ha jugado un papel importante para impulsar

este tema, realizando estudios y publicaciones para difundir los beneficios de la

transparencia y promover como uno de los principales: la obtención de mayores niveles

de bienestar social y económico para la población. El condicionamiento de los

préstamos, es una de las estrategias que aplica dicho organismos para que los países

subdesarrollados incorporen prácticas de transparencia como parte de sus políticas

públicas. (Dewey, 2007)

El derecho de acceso a la información se ha venido consolidando en el mundo

mediante la creación de Leyes de Acceso a la Información (LAI). Salvo países como

Suecia y Colombia, que aprobaron sus respectivas leyes en 1766 y 1985, los demás

países han venido aprobando LAI, precisamente a partir de las presiones

internacionales para construir instrumentos jurídicos que establezcan el derecho de

acceso a la información pública. México fue el país número 47 en incursionar en esta

odisea, al hacer la correspondiente aprobación en el 2002 (Ackerman y Sandoval,

2005).

La adopción de las TIC se ha convertido para los gobiernos de todo el mundo no sólo

en un catalizador de una renovación desesperadamente necesitada, sino también en

elemento central de desarrollo, al tiempo que invita a ciudadanos y empresarios a

participar de las posibilidades de la nueva economía.

Aunque en forma diferente a las empresas, los gobiernos también compiten. Compiten

por atraer inversión, turismo, eventos e inclusive recursos cualificados. En esta carrera,


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los gobiernos más eficientes y con mejor imagen ganan. Baste como ejemplo

mencionar que, según un estudio de la escuela de negocios Sloan (Massachussets

Institute of Technology), que elabora un índice de opacidad relacionado con el sector

financiero, la opacidad le costaba a México 6.5 millones de dólares americanos por año

en inversión extranjera perdida (Porrua, 2003).

Desde los años noventa, y tras veinte años de reformas en el marco del New Public

Management (NPM), se ha ido introduciendo un nuevo enfoque de gestión en las

administraciones públicas que persigue incrementar la confianza de los ciudadanos en

la Administración mediante la mejora de la calidad de los servicios prestados y la

transparencia en la rendición de cuentas de las entidades públicas. Paralelamente, las

TIC han ido desempeñando un papel cada vez más relevante y el uso de Internet se ha

configurado como un componente clave en la mejora de la prestación de servicios

públicos (Royo, 2008).

En la Declaración de Nuevo León, resultado de la Cumbre Extraordinaria de las

Américas, los líderes de la región coincidieron en impulsar: “(#) la modernización del

Estado como elemento importante para el fortalecimiento de la gobernabilidad

democrática y el buen gobierno, conjugando eficacia y eficiencia con mejor acceso a los

servicios, transparencia y responsabilidad en la gestión, así como la consolidación y

profesionalización de la administración pública. Nos comprometemos a estimular el uso

de nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos de gestión

pública y adoptar estrategias que permitan el desarrollo del gobierno electrónico.”

(Cumbre de las Américas, 2004).

Este mandato no solo incide en las prioridades de los organismos internacionales como

la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) sino también en las iniciativas que se llevan a cabo en los países de la región. De

lo cual, se desprende también, el notorio reconocimiento de los desafíos relacionados

con el incremento de la eficiencia y la transparencia de los gobiernos para un mejor

servicio a la ciudadanía, en una época de gran transformación tecnológica, que hace

impostergable la definición de estrategias y la incorporación de las tecnologías de la

información y de las TIC en las diversas instituciones de los gobiernos centrales y

locales (Organización Universitaria Interamericana, 2007).


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JUSTIFICACIÓN.

Es entonces que se plantean las siguientes preguntas: ¿Qué papel juegan las TIC en el

gobierno mexicano?, ¿Pueden estas facilitar o dificultar, en su caso, el acceso de las

personas a la información pública en México?, son algunas de las interrogantes que se

pretenden descubrir mediante el estudio de las estrategias de gobierno electrónico que

se utilizan en nuestro país, al tiempo que se podrá identificar el rumbo que sigue México

para garantizar uno de los derechos fundamentales del ser humano: el acceso a la

información pública.

Es importante determinar si las acciones que se realizan en esta materia apuntan a la

disponibilidad de la información pública. ¿Es en realidad este, uno de los objetivos del

gobierno electrónico en México, o cuáles son las estrategias que se persiguen

actualmente en el país?

METODOLOGIA.

La realización de este trabajo se llevó a cabo en la Cd. de Chihuahua, durante el año

2009. El trabajo consistió en un análisis de información documental, donde fueron

consultadas las Leyes de Transparencia de Información a nivel federal y

particularmente la del Estado de Chihuahua, así como documentos publicados en sitios

web relacionados con el tema. Tratando de identificar a través de éstos, las estrategias

usadas por el gobierno federal para permitir el acceso de las personas a la información

pública.

OBJETIVO GENERAL.

Identificar y describir las estrategias de gobierno electrónico que se utilizan en México

para permitir el acceso de las personas a la información pública.

MARCO TEÓRICO.

El primer problema del concepto transparencia es su nivel de abstracción que permite

su manipulación y su referencia sesgada o cercenada al ser utilizada principalmente en

el ámbito político. Desde el punto de vista teórico y como objeto de estudio, esto

plantea la necesidad de una definición que haga al término más asible, conmensurable,


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accesible o, en términos más académicos: dotado de referentes, “operacional”

(Guerrero, 2005).

En su artículo denominado “Transparencia: ¿Para qué?”, Pedro Salazar, en el 2005,

deja claro que la transparencia no aplica exclusivamente para el estado y sus poderes.

La división clásica entre el ámbito público y privado de una sociedad no necesariamente

es útil a la hora de hablar de este tema, sobre todo si retoma de la historia reciente,

casos que muestran impresionantes impactos políticos, económicos y sociales que se

derivan del ocultamiento y la manipulación deliberada de información que debe ser

pública. Casos mundialmente conocidos como el de Enron en Estados Unidos de

América y de Parmalat, en Europa, salieron a la luz pública gracias a la coalición de

libertad y transparencia; y son sin duda una clara muestra de contubernio entre

privados para defraudar al público.

En este sentido es de gran importancia que las instituciones de control, la ciudadanía y

la prensa mantengan una actitud de permanente vigilancia -incluso estratégica- a fin de

que sea mucho más que un encuentro dado por coincidencias de circunstancias

particulares. Lo que está en juego es la consolidación de la democracia en México.

(Salazar, 2005)

Transparencia y política de transparencia.

En el ámbito de la actividad gubernamental, la transparencia es el deber de los

mandatarios o gobernantes para realizar, como regla general, sus actuaciones de

manera pública como un mecanismo de control del poder y de legitimidad democrática

de las instituciones públicas (Villanueva, 2005).

Para la Unión Europea el concepto de transparencia remite a la apertura de las

instituciones comunitarias y a la claridad de su funcionamiento. Guarda relación con las

reclamaciones de los ciudadanos relativas a un mayor acceso a la información y a los

documentos de la Unión y una mayor participación en la toma de decisiones que

propiciaría un sentimiento de proximidad con la Unión (Unión Europea, 2001).

Existe una política de transparencia, cuando las decisiones y procesos asumidos por el

Estado se enfocan a darle contenido sustantivo a los principios democráticos de

responsabilidad, publicidad e inclusión en la agenda gubernamental. Es decir, que la

transparencia no se agota en la formación de una oficina o de un órgano responsable


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de otorgar la información solicitada por las personas, sino que exige modificaciones

mucho más amplias en la forma en que los gobiernos abordan la gestión pública.

Mientras que el derecho de acceso a la información pública ha de ser universal para

todos los ciudadanos, la política de transparencia ha de responder a las características

propias de los gobiernos (Merino, 2006).

Andreas Schedler en el 2005, ubica a la transparencia como una dimensión

fundamental de la rendición de cuentas. Señala también que la rendición de cuentas, de

manera muy central, consiste en dos tipos de transparencia: La transparencia de

hechos, que constituye la dimensión informativa de la rendición de cuentas y la

transparencia de razones, que se refiere a la dimensión argumentativa.

Rendición de cuentas.

En su dimensión de responsabilidad, la redición de cuentas apunta a la creación de

transparencia. Su exigencia de información y justificación aspira a iluminar la caja negra

de la política. De manera muy puntual, la rendición de cuentas abarca de tres formas

diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: lo obliga a abrirse a la inspección

pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a sanciones. Estos tres

aspectos en su conjunto la convierten en multifacética, donde convergen una serie de

términos afines, como: la vigilancia, la auditoría, la fiscalización o la penalización, y

todos comparten la pretensión de domesticar el ejercicio del poder (Schedler, 2005).

La información y el derecho a la información.

Si se considera a la información como cualquier dato, hecho o conjunto de ellos,

susceptible de ser transmitidos, difundidos o publicitados por cualquier medio, con o sin

que medie una retribución económica; debemos reconocer también, que como tal, es

fuente de conocimiento, cuya utilización puede abonar a mejorar el entorno y los niveles

de vida; o incluso ser utilizada en socavar la dignidad y los derechos fundamentales

(Piña, 2005).

El acceso a la información es un derecho de enorme valor que sin duda impulsa la

construcción de sociedades más justas, equitativas y corresponsables en la gestión de

los asuntos públicos y coadyuva al fortalecimiento del patrimonio social y de la vida

democrática en el país.


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La información pública es un catalizador de la participación social: quien tiene más y

mejor información goza de mayores posibilidades de participar e incidir en la toma de

decisiones concernientes a políticas públicas, programas y proyectos, tanto públicos

como privados. Asimismo, la disposición de información es un recurso invaluable para

la exigencia de una pronta impartición de justicia (Bustillos y Severino, 2004).

El derecho a la información tiene un impacto claramente positivo en al menos tres

diferentes esferas de acción social: la política, la economía y la administración pública.

En el ámbito político se contribuye a que los ciudadanos despierten políticamente y se

involucren de forma más proactiva en las actividades gubernamentales. Esto permite

que los ciudadanos se transformen de una población generalmente pasiva que sólo

acude a las urnas en momentos específicos, a actores que llamen a rendir cuentas a

sus gobernantes y que participen en el diseño de las políticas públicas.

En el ámbito económico, la transparencia genera un clima de inversión más confiable al

permitir a los actores económicos calcular dónde y cuándo podrán invertir con mayor

seguridad.

En el ámbito de la administración pública, la transparencia mejora el proceso de toma

de decisiones de los servidores públicos al obligarles a conducirse con mayor

responsabilidad. Ello genera mejores controles a la corrupción al hacer más difícil de

esconder acuerdos y acciones ilegales. Esto también repercute en un mejoramiento de

la legitimidad y la confianza en el gobierno por parte del pueblo al permitir una mayor

efectividad en la implementación de las políticas públicas (Ackerman y Sandoval, 2005).

Gobierno electrónico.

Desde un punto de vista tecnológico, el gobierno electrónico es la capacidad que

ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación para desarrollar y

ofrecer información y servicios públicos a través de medios telemáticos, habitualmente

Internet.

Para el gobierno, el gobierno electrónico es el medio para modernizar la gestión pública

a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, en busca de

mejores prácticas, mayor control y transparencia y más agilidad. En definitiva, esto

permite una mejor prestación de servicios al país en su conjunto. También puede

definirse como el uso de tecnologías de información por parte de la administración


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estatal para mejorar los servicios y la información que se ofrece a los ciudadanos,

aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, incrementar la transparencia del

sector y acrecentar la participación ciudadana.

Los esfuerzos de incorporación de tecnología en la administración pública no siguen

patrones fijos. En el mejor de los casos es un cuidadoso análisis costo-beneficio el que

determina el orden de prioridades, como es el caso de la política que aplica el gobierno

de los Estados Unidos; o como en los países nórdicos.

Con el fin de comprender con mayor facilidad en qué aspectos del funcionamiento de la

administración pública se ha venido dando una mayor incorporación de tecnología, se

propone el esquema de análisis de gobierno electrónico que incorpora la administración

del gobierno federal de los Estados Unidos en su Plan Estratégico y que se ha

convertido en una estructura de uso generalizado y utilizada también por el gobierno

mexicano. De acuerdo con este Plan, existen 4 ámbitos de operación en la

administración pública y el nombre de cada uno define claramente el concepto al que

alude:

Gobierno-Ciudadanos (G2C).

En este ámbito, el gobierno debe centrarse en construir puntos únicos de entrada que

permitan un acceso fácil y eficiente a cualquier servicio de la administración pública. La

obtención de licencias y permisos, la reserva de instalaciones públicas, el registro de

personas y propiedades, el envío de formularios de impuestos y el pago de los mismos

se encuentran entre los procedimientos que más han avanzado en cuanto a su

disponibilidad en internet.

Gobierno-Empresarios (G2B).

En esta área, el gobierno debe también construir puntos únicos de entrada, reducir

procesos redundantes y facilitar la presentación de información, documentos legales,

formularios de impuestos o cualquier otro documento de obligada presentación ante la

administración pública. La obtención de licencias y permisos, el envío de formularios de

impuestos y el pago de los mismos, el manejo de las relaciones con la seguridad social,

el acceso a apoyo financiero, la participación en licitaciones públicas y la realización de

trámites aduaneros han experimentado logros dignos de mención.


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Gobierno-Otros Gobiernos (G2G).

En este aspecto, el gobierno debe buscar mecanismos que faciliten el uso compartido

de información, eviten la duplicación de procedimientos y faciliten la gestión de trámites

y documentos entre los diferentes niveles de gobierno. El énfasis de la incorporación de

las TIC se enfoca a la posibilidad de intercambiar información, compartir bases de datos

e integrar procesos, así como facilitar las relaciones de reporte y transferencia de

recursos.

Intragobierno (IG).

En este ámbito el gobierno debe perseguir la eliminación de la corrupción, la reducción

de costos, la mejora de los procedimientos internos de operación y la prestación de un

óptimo servicio a los ciudadanos. Las TIC se están utilizando para mejorar la

comunicación y el trabajo en equipo, compartir documentos, hacer los procesos de

compra más eficientes, cualificar al personal, manejar todo los aspectos relacionados

con los recursos humanos, gestión financiera y gestión del conocimiento.

En general, las áreas en las que la tecnología ha hecho una irrupción más fuerte en los

últimos años son las dos primeras, G2C y G2B, debido que tienen un mayor impacto en

función del volumen de población a la que afectan y, por tanto, otorgan al gobierno que

lleva a cabo el proyecto un importante crédito político. Este último punto, no debe pasar

desapercibido el hecho de que en la mayor parte de los países que han logrado

avances significativos en materia de gobierno electrónico, éstos han estado empujados

por el liderazgo y la visión de un político con autoridad.

Otro enfoque comúnmente utilizado en el sector para analizar la situación de un

gobierno en cuanto a sus avances en el área de gobierno electrónico es el que muestra

el proceso de adopción como un procedimiento gradual que sigue cuatro fases

sucesivas:

I. Información. Mera publicación de información.

II. Interacción. Posibilidad de comunicación online y realización de cierta interacción

básica con el sitio (bajar un formulario, por ejemplo).

III. Transacción. Posibilidad de completar un trámite de forma completa en línea

(solicitud de una licencia de negocio y pago de la misma a través del website).


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IV. Integración. Posibilidad de acceder a cualquier trámite con el gobierno desde un

punto único, puesto que el back-office de las diferentes dependencias

gubernamentales y niveles de gobierno está integrado. (BID, 2004)

Elementos para la creación de una estrategia de gobierno electrónico.

Uno de los pilares de las estrategias de gobierno electrónico en países que han logrado

avances importantes en gobierno electrónico, es la definición de una serie de

estándares tecnológicos que deben respetar todos los proyectos de gobierno

electrónico que se desarrollen. La mayor parte de estas estrategias de gobierno

electrónico tienen entre 30 y 50 páginas y suelen estar bastante enfocados, incluyendo

la siguiente información: Análisis de la situación actual que permite identificar los

problemas fundamentales, Visión estratégica del tipo de gobierno que se quiere

construir, Objetivos a alcanzar para materializar esa visión, Áreas de acción con su

respectivo nivel de prioridad, Actividades a realizar en cada área, responsables e hitos,

Aspectos institucionales para el desarrollo del plan de e-gobierno electrónico, Aspectos

organizativos. Gestión del cambio institucional y manejo de los recursos humanos,

Aspectos legales, Estrategia de marketing interno y externo, Riesgos, dificultades y

mecanismos para combatirlos, Calendario, Recursos.

Modelo de acceso de oportunidad.

Las Naciones Unidas, en su informe Global de Gobierno Electrónico 2004 habla sobre

el otorgamiento del poder económico y social de hoy, el cual se basa en la capacidad

de acceder, recopilar, analizar y utilizar información y conocimientos para ampliar las

elecciones individuales por razones políticas, económicas, sociales, culturales y de

comportamiento decisiones. Existe la creencia de que el fortalecimiento digital de la

sociedad puede convertirse en la piedra angular del desarrollo en la era de la

información. Este modelo mantiene que el acceso físico a las TIC es sólo el primer paso

hacia la construcción de un acceso real que conduce a las oportunidades. El acceso

puede ser mezclado con contenidos relevantes y culturalmente apropiados para su

posterior transmutación en el conocimiento. La mezcla de conocimientos se procesa y

se utilizan para crear oportunidades para el progreso económico y el poder social.

Este concepto incluye, entre otras: dividir los ingresos, mostrar accesos diferenciados a

las telecomunicaciones, a la educación, al idioma, con posibilidad de dividir contenidos.


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Los principios que se deben adoptar según este modelo son:

1. Adoptar el modelo como un objetivo político.- El objetivo final debe ser el

acceso de oportunidades, y no sólo el acceso a las TIC. Los Gobiernos necesitan

desarrollar y adoptar formalmente planes de gobierno electrónico y/o planes

nacionales de TIC, que incluyan el acceso a metas, los objetivos de desarrollo

económico y los objetivos a largo plazo para lograr el conocimiento social de la

economía.

2. Mantener un enfoque en las sociedades del conocimiento.- Los gobiernos

tienen que volver a pensar y rediseñar sus estrategias de desarrollo hacia la

construcción de sociedades del conocimiento. Para ello es necesario un

compromiso renovado que ponga a las TIC dentro de un marco integrado al

desarrollo, con fases de desarrollo y rendimiento económico rápido y el progreso

social para todos.

3. Incluir las TIC en todos los planes de gobierno.- Los países deben reconocer

la importancia central de las TIC para el desarrollo. Los gobiernos deben

incluirlas en su planificación de todos los sectores gubernamentales, en

particular en la educación pública, salud pública, desarrollo económico, comercio

e industria, aplicación de la ley y seguridad, entre otros. Esta planificación

integral dará lugar a un verdadero gobierno electrónico y a TIC para el desarrollo.

Los objetivos del gobierno electrónico y las TIC deben estar claramente

articuladas en términos de desarrollo económico y mejoras de la calidad de vida

para todos los miembros de la sociedad (ONU, 2004).

Acciones desarrolladas en México.

El cambio de gobierno en México no significa cambio de orientación política. El

gobierno de Fox expresó durante su gestión, interés por la expansión de las TIC en el

país. Sin embargo, al momento del cambio de gobierno, sólo el 19% de la población

cuenta con acceso a una línea telefónica; el número estimado por la Asociación

Mexicana de Internet (AMPICI) de usuarios de internet es de 20.2 millones de personas

(AMPICI, 2006) cifra que representa poco más del 20% de la población mexicana. Son

cifras que no alcanzan a posicionar al país dentro de la media internacional. Por


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ejemplo, en 2005, de cada 100 personas sólo 11.2 contaron con computadora y sólo

una tuvo acceso a banda ancha.

No es de extrañar, por lo tanto, que la inversión mexicana en tecnologías de

información es del sólo 1.4% del PIB, cifra muy inferior frente al promedio de 4.3% del

PIB que destinan los demás países miembros de la Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD), organización de la cual México es miembro.

Tal descomposición se va agravando al observar la brecha digital a nivel geográfico:

mientras que el 23% de la población del centro del país tiene acceso a computadoras,

sólo el 4% de la población de la región sureste lo tiene; y mientras que el 21% accede a

internet en el centro del país, sólo el 6% lo hace en el sureste. Interesante es mencionar

que los ocho estados más pobres del sur tienen densidades telefónicas de apenas 5 al

10% (Economist Intelligence Unit, 2006).

Sin duda, México es un país con considerables diferencias estructurales. Por un lado, el

norte y centro como regiones con mayores recursos financieros y atención y, por otro, el

sur del país, zona con mayor densidad poblacional indígena y campesina, migrante y

con mayores índices de pobreza.

De manera general se puede decir que en los últimos años, el se ha intentado avanzar

en el aumento de conectividad a escala nacional y en el crecimiento de los servicios

digitales en diversos sectores fundamentales para gobierno y sociedad como el de

salud, vivienda, educación y recaudación de impuestos.

Sin embargo, de manera sustancial, el desarrollo de las TIC se vio orientado hacia la

competitividad y el mercado, y mucho menos hacia la expansión de las bondades que

ofrecen estas tecnologías en materia social y comunitaria.

Las TIC son vistas por diversos sectores vinculados a la economía, como una de las

herramientas más eficientes para aumentar la productividad y de esta manera revertir la

pérdida de competitividad, tal como lo señala el documento “Políticas Públicas para el

Uso Adecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación para Impulsar la

Competitividad de México. Visión México 2020” cuya tesis central es: la competitividad

del país puede mejorar sustancialmente a través de la adopción de tecnologías de la

información y comunicación. Según este documento elaborado por la Asociación

Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), la Cámara Nacional


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de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (CANIETI) y la

Fundación México Digital (FMD), bajo el liderazgo del Instituto Mexicano para la

Competitividad (IMCO) y con la colaboración del Centro de Investigación y Docencia

Económicas (CIDE) y la empresa de investigación de mercados Select, para alcanzar

esta visión se requieren innumerables acciones, que se resumen principalmente en

cinco propósitos: 1.Un acuerdo de Estado que establezca una agenda nacional para la

competitividad, la innovación y la adopción de TIC que promueva la transición de

México hacia la sociedad del conocimiento. 2. Un gobierno que actúe como agente de

cambio mediante la adopción temprana y eficiente de las TIC, que impulse la

competitividad de la economía y mejore el bienestar de los mexicanos. 3. Un gobierno

que fomente el desarrollo del sector TIC para que ocupe un espacio significativo y sea

motor de crecimiento en la economía del país. 4. Un gobierno eficiente cuyos servicios

públicos sean de “clase mundial” vía la adopción de TIC y 5. Educar para y con TIC,

con el propósito de cerrar velozmente las brechas de calidad y disponibilidad de la

educación (AMITI, 2006).

Ahora bien, en continuidad con el modelo desarrollado por el gobierno pasado, se han

delineado como puntos básicos de su estrategia para la Secretaría de Comunicaciones

y Transportes – institución puntal en materia de TIC –: una mayor competencia y

calidad de los servicios en telecomunicaciones y transportes; revisión del cumplimiento

de concesiones; atajar la concentración de permisos a particulares e impulso a la

inversión e infraestructura, de manera estrecha con el sector privado, “con todas las

facilidades posibles”, pero sin perder la rectoría del Estado (Cardoso, 2006).

El gobierno de Vicente Fox, fundó y apoyó la iniciativa de e-México del gobierno

federal, que fue conocida por su serie de portales: e-aprendizaje, e-salud, e-economía,

e-gobierno y algunos otros orientados a poblaciones específicas como la de grupos

indígenas, y menos conocida por la instalación de sus puntos de conectividad, para los

cuales realizó convenios con varias instancias gubernamentales y privadas.

En términos de e-gobierno se observa que el crecimiento de la política federal ha tenido

una fuerte orientación hacia la producción de sitios que tienen por objetivo hacer más

fáciles y rápidos los servicios, trámites y pagos de los ciudadanos, en una suerte de


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transformar las instancias de administración pública usando como base instrumentos de

tecnologías digitales.

En diciembre de 2005 se emitió el Acuerdo por el cual se estableció la Comisión

Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, la cual tiene el propósito de

apoyar las diversas iniciativas, proyectos y procesos gubernamentales en materia del

gobierno electrónico.

Entre los cambios tecnológicos que se han llevado a cabo hasta el año 2006 se

encuentran el portal ciudadano, los kioscos, compranet, el registro único de causantes,

y el servicio profesional de carrera (Gigli, 2006).

Estos desarrollos representan una fabulosa coyuntura para aumentar la visibilidad

pública de la acción de gobierno reforzando de este modo una imagen pública de

transparencia, buen gobierno y modernización de la gestión, incluso cuando los

resultados no sean del todo positivos. (Micheli, 2005)

Ley de Transparencia en México y el IFAI.

Por otro lado, un acierto del gobierno fue sin duda la puesta en marcha de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de abril del

2002, de cuyos principales objetivos se destacan: Proveer lo necesario para que toda

persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y

expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que

generan los sujetos obligados; garantizar la protección de los datos personales en

posesión de los sujetos obligados; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos,

de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; mejorar la

organización, clasificación y manejo de los documentos; y contribuir a la

democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de Derecho.

Algunas dependencias oficiales se han negado a proveer información pública

gubernamental, tal como ha sucedido con la Secretaría de Relaciones Exteriores que al

menos en tres ocasiones en el año 2006 negó solicitudes públicas, amparándose en

procesos judiciales para evitar la entrega de información (Velasco, 2006).

Ahora bien, no se puede dejar de lado que a raíz de la llamada “iniciativa Chihuahua”

elaborada en julio de 2007, se reformó el artículo 6º. de la Constitución Política de los


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Estados Unidos Mexicanos para definir los principios y bases que regirán el ejercicio del

derecho de acceso a la información en nuestro país, quedando de la siguiente manera:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización,

tendrá acceso gratuito a la información pública.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de

gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer

pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas

físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Al respecto, y toda vez que el IFAI cuenta ya con la tecnología requerida para hacer

funcionar un sistema remoto de acceso a la información, la cual ha puesto a disposición

sin costo alguno para los gobiernos que así lo han decidido, lo que representaría un

ahorro neto para las entidades federativas y un mecanismo de fácil acceso para los

solicitantes de información. De esta manera se hace absolutamente viable la

construcción de una plataforma nacional de acceso a la información pública

gubernamental en todas las entidades del país (Cámara de Senadores del Honorable

Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, 2007).

Si se analizan los datos proporcionados por el IFAI en su último informe al H. Congreso

de la Unión, y se puede observar como se han incrementado las solicitudes de

información, las cuales aproximadamente el 98% de ellas se realizó por medio del

Sistema de Solicitudes de Información (SISI).


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También queda claro el incremento sustancial que se ha presentado año con año en

este rubro, destacando sobre todo de 2006 a 2007, donde se aprecia un incremento de

57% tan solo de un año a otro.

Otro dato relevante es que el 15 de febrero de 2007 entró en operación el Portal de

Obligaciones de Transparencia (POT) con el cual se facilita el acceso, desde una

misma página electrónica, a la información que por ministerio del artículo 7 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG)

las dependencias y entidades deben hacer pública sin necesidad de que medie solicitud

de acceso alguna. Al 31 de diciembre de 2007 se realizaron 4’966,618 consultas al POT

(IFAI, 2007).

Es importante considerar que el derecho social, en el sentido de que la sociedad se

mantenga informada, con todas las implicaciones del concepto, no se encuentra

reglamentada en las legislaciones actuales del Estado Mexicano. En el derecho a la

información no puede ser considerada únicamente la información pública

gubernamental tal cual se define en la LFTAIPG actual, sino a la posibilidad de acceso

a cualquier tipo de información que se encuentre en esas instituciones. Todavía falta,

entonces, legislar en México en este sentido (García, 2005).

El sector empresarial en la promoción de las TIC.

Instancias del gobierno federal han optado por vincularse de manera cercana con

sectores empresariales y muy poca ha sido su apertura y negociación con sectores de

sociedad civil que promueven las TIC para el bien común y el desarrollo humano

sustentable.

En este sentido, todavía sigue siendo una demanda de la sociedad civil mexicana la de

garantizar el diálogo e interlocución por parte del Gobierno Federal para tomar en

cuenta las diferentes propuestas y posturas de los diversos sectores de la sociedad

mexicana, así como los mecanismos que transparenten la postura y procesos que el

Gobierno Federal esté llevando en marcos nacionales e internacionales vinculados a

las decisiones sobre políticas públicas en cuanto a Tecnologías de Información y

Comunicación se refiere.


18

Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Por su lado, la Sociedad Civil a través de sus organizaciones se mantiene construyendo

modelos alternativos, propuestas y proyectos orientados a la utilización de medios y

tecnologías de comunicación e información para el bien común. Son iniciativas que

implican muchos esfuerzos en un marco adverso en términos políticos y económicos,

de las cuales se destacan: organizaciones de comunicación, de derechos humanos y

diversas publicaciones alternativas, otras más trabajan para fortalecer la infraestructura

y crear nuevas para que la población vulnerable, organizaciones civiles orientadas a la

materia técnica y educativa, agrupaciones de comunicadores en general,

organizaciones y comunidades trabajan también arduamente para impulsar la

radiodifusión como un servicio público, Iniciativas dedicadas a la educación y TIC

avanzan en el desarrollo de capacidades, varias iniciativas exitosas se encuentran

trabajando con jóvenes y con mujeres.

Como una iniciativa ciudadana se ha propuesto la construcción de un Observatorio

Ciudadano de Medios Electrónicos, OCME. Espacio desde donde se atienda a los

públicos en una doble tarea de conocer y difundir sus opiniones, y de dotarlo de

herramientas que le permitan comprender a los medios y reorientar su función social.

El Observatorio Ciudadano de Medios Electrónicos, nace como una iniciativa de "El fin

justifica @ los medios" programa especializado en el análisis de los medios de

comunicación con 17 años al aire en Radio Educación, una radio cultural del Estado.

El observatorio permitirá construir un espacio de reflexión social sobre los medios y

canalizar las opiniones de las audiencias a las instancias gubernamentales y las

empresas mediáticas. También, este espacio permitirá eventualmente contar con el

respaldo social necesario para impulsar la creación de un marco legal orientado a

democratizar los medios de comunicación. (APC, 2007)

La red de Centros Comunitarios Digitales y figuras anexas del programa e-México

(Centros Comunitarios de Aprendizaje / ITESM y Plazas Comunitarias / INEA) intentó

instrumentar de manera incompleta una modalidad de la figura genérica del “telecentro”.

Cada figura organizativa requiere una evaluación de su desempeño por separado, lo

cual obligaría tener acceso a información aún considerada confidencial.


19

Después de casi diez años de experiencias de carácter piloto con telecentros

comunitarios en México, la región latinoamericana y en el mundo, hay un consenso a

cuanto a las dificultades para su cabal implementación: en primer lugar, no se trata de

una táctica simplista de instalar computadoras. Debe haber una perspectiva amplia y

sensible sobre el papel que el acceso eficaz a la información disponible en línea

significa para la cultura y el desarrollo local.

Además, un proyecto público con el impacto ofrecido requiere de un conjunto de

herramientas de software al alcance de los usuarios; es necesario un modelo de

negocio que conlleva a la oferta sustentada de los servicios; se necesita una

comunicación eficaz entre el organismo coordinador y cada administración local; la

capacitación de los encargados locales, normalmente mal remunerados y con alta

rotación de su personal es un factor omnipresente.

Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012.

Según el Estudio sobre Gobierno Electrónico de la Brown University de Estados Unidos,

nuestro país descendió del lugar 31 en el año 2005, a la posición 69 en el año 2006. Un

descenso de 38 posiciones en tan solo un año. Esta misma tendencia la vemos

reflejada en diversos estudios de Gobierno Electrónico como el que realiza “The

Economist Intelligence Unit” o el “E-Government Readiness” de la Organización de las

Naciones Unidas. (Sistema Internet de la Presidencia, 2007)

De acuerdo con lo que señala el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, el mayor

impacto de la rendición de cuentas y la transparencia se observará en el largo plazo: ya

que implica continuar con el cambio cultural en la gestión administrativa, que pretende

fortalecer la confianza en las instituciones públicas de México mediante la apropiación

masiva del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.

En la estrategia 5.5, el mismo plan establece que “Para facilitar el acceso a información

pública de calidad, se continuarán aprovechando las tecnologías de información y

comunicaciones. Con la finalidad de asegurar la utilidad de la información para la

ciudadanía, se evaluará permanentemente su calidad” (Presidencia de la República de

los Estados Unidos Mexicanos, 2006).

En el País se han desarrollado muchos proyectos tanto del Gobierno como de la

iniciativa privada para llevar la tecnología a toda la población, como las bibliotecas


20

digitales, e-México y Enciclomedia o la Unión de Empresarios por la Educación A.C.

(UNETE), entre otros, pero nadie los coordina y en algunos casos se están doblado los

esfuerzos. Para estructurarlo, la Comisión para la Promoción de Acceso Digital de la

Cámara de Diputados, trabaja en la conformación de una agenda, que por un lado

retoma las propuestas de los empresarios de la industria de tecnologías de la

información “Visión México 2020″, así como las experiencias de Chile y Brasil.

Entre las propuestas que se esperan incluir en la iniciativa está hacer modificaciones

legislativas para facilitar la donación de las computadoras usadas a las escuelas. El

mantener el proyecto para dotar de una PC para cada profesor, garantizar el acceso a

internet a los niños e impulsar el desarrollo de nuevos servicios vía electrónica para la

educación, salud y comercio electrónico. Además, se busca acelerar la entrada de

nuevas tecnologías, como el acceso inalámbricos de banda ancha (Wi Max) para las

zonas rurales e impulsar la democratización del espectro.

Los programas para combatir la brecha digital deben enfocarse a facilitar la adquisición

de los equipos tecnológicos de bajo costo, con acceso a internet, el desarrollo de

contenidos locales en español, que dé respuesta a las necesidades de los mexicanos,

junto con la capacitación de las personas en el manejo de las herramientas

tecnológicas y la información para el beneficio propio. (Enciclomedia, 2007)

Visión de Agenda Digital para México hacia el 2030.

En una presentación elaborada para el CONALEP en mayo de 2007, presentó la Visión

de una Agenda Digital para México hacia el 2030, dentro de la cual presenta algunos de

los principales resultados obtenidos a esa fecha, dentro de los cuales destacan: la

instalación de 3,631 Centros Comunitarios Digitales (CCDs) y 21 portales.

Tabla 4. Principales resultados obtenidos por e-México.


21

Fuente: Sistema Nacional e-México, 2007.

De acuerdo con un análisis FODA´s realizado sobre el contexto nacional a cerca del la

implementación de una agenda digital para México en el 2030, se determinó como

debilidades actuales un marco regulatorio deficiente, la brecha digital existente, una

deficiente relación de inversión en tecnología de información vs. Producto Interno Bruto

y un desarrollo tecnológico deficiente.

Tabla 5. Resultados del análisis FODA realizado por e-México

Fortalezas Debilidades

e-México, e-SAT, PROSOFT, Cadenas

Productivas Digitales y Mercados

virtuales, e-Gobierno exitoso.

Factura y Firma Digital

Marco Regulatorio.

Brecha Digital.

Relación Tecnología de Información-

Producto Interno Bruto.

Desarrollo Tecnológico.

Oportunidades Amenazas

Incremento en el Comercio y Banca

Electrónicos. Crecimiento sostenido en

el mercado de las TIC. Procesos de

adopción tecnológica. Incremento en los

usuarios de TIC en México.

Seguridad y privacía de la información

Sector informal.

Medición de la e-Economía.


De acuerdo con la trayectoria que se establece de las etapas que se han venido

presentando en el e-Gobierno de nuestro país y el cual toma de modelo el analizado

anteriormente, se considera que México se encuentra en la etapa transaccional y se

encamina a la etapa de integración total, tal como se muestra en la tabla siguiente.


22

Tabla 5. Trayectoria del e-Gobierno en México.


Según Ortiz, los elementos que deben considerarse en la integración de la agenda

digital del país son: Continuar cerrando la brecha digital, promocionar una cultura digital

sana y segura, incrementar la productividad a lo largo de todo el país, construcción de

un eficiente e-gobierno, Impulsar a la gestión del conocimiento para la productividad de

las empresas, creación de nuevos empleos, creación de nuevas empresas basadas en

Internet, promocionar la industria de las TIC. Asímismo, se señala que la inversión en

infraestructura se debe enfocar a los rubros de:

• Ampliación y optimización de la red de Centros Comunitarios Digitales (CCDs) e-

México

• Expansión y aprovechamiento de la Banda Ancha

• Internet en todas las escuelas

• Convergencia Tecnológica para propiciar el acceso universal

• Esquemas de participación del sector privado en la expansión de la

infraestructura de TIC

• Proyectos que impulsen la conectividad individual y comunitaria

• Combinación de tecnologías que expandan la infraestructura para llegar a más

lugares

• Infraestructura tecnológica orientada a la ubicuidad que detone Ciudades

Digitales para el desarrollo económico y social

• Centros de Datos para Internet


23

• Proveedores de aplicaciones de servicios de software (Federal, Estatal y

Municipal)

• Red privada gubernamental (VPN)

La agenda digital del país durante los próximos años debe incluir de manera puntual el

desarrollo de la ubicuidad de los servicios digitales disponibles para los ciudadanos. Se

debe aprovechar la evolución tecnológica y la mayor penetración de todos los

dispositivos para ofrecer la posibilidad de que en cualquier lugar y en cualquier

momento los mexicanos tengan a su disposición los servicios y contenidos que se

ofrecen para ellos (Ortiz, 2007).

En cuanto a las políticas de "inclusión digital", se reconoce que tienen que ver con

mucho más que la simple instalación de computadoras y la extensión del uso de

Internet. Se relacionan con una diversidad de aspectos sociales y económicos, hasta

ideológicos, donde resaltan los impedimentos a la organización y entrega de servicios

útiles de interés público.

Entre las propuestas en este ámbito se incluye el incremento de puntos de acceso a

Internet con incentivos de uso culturalmente apropiados en zonas marginadas, donde

se reafirma a la vez el rol del sector público en el desarrollo de las infraestructuras TIC y

sus contenidos; iniciativas de "alfabetización digital"; protección de los derechos y la

privacidad de los consumidores y usuarios de servicios públicos en el ambiente digital;

facilitar la interacción de la ciudadanía con entes de la administración pública, además

de catalizar su participación en los asuntos públicos y procesos democráticos.

Varias propuestas se relacionan con la diversidad cultural: como combatir la

discriminación de inmigrantes y minorías étnico-culturales, alentar la creatividad

intelectual y artística, preservar el legado cultural y lingüístico indígena en beneficio de

la gestión propia, y promover la generación de contenidos que reflejen las identidades

regionales, entre otros.

El reto es mayor, la tecnología ahora es disponible. El debate apenas inicia. (Robinson,

op. cit.)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

El acceso a la información, según se ha establecido por los países miembros de

organismos como la ONU, el Banco Mundial, entre otros, quienes aseguran que una


24

sociedad más y mejor informada es también una sociedad más participativa y que toma

mejores decisiones políticas y económicas para lograr su desarrollo.

Si bien, no se considera que ese solo hecho traiga como consecuencia estos beneficios

per se. Si en todo caso se reconoce que el acceso a información es esencial para que

la sociedad tenga mayor conciencia de su realidad, sea más participativa y en todo

caso más critica. El problema radica en como promover el ejercicio de este derecho, es

decir, como generar el interés genuino de la población por la información pública y no

limitarlo como cumplimiento de cuotas o requisitos impuestos por los países más

desarrollados.

Según Raúl Trejo Delbre, investigador de la UNAM, en su participación en la III Semana

Nacional de Transparencia en 2006: "En México menos del uno por ciento de la gente

busca en Internet información acerca de asuntos públicos, ¿y qué hacen con ella?,

solamente el 0.28% de los mexicanos buscan información en Internet y la aprovechan

para obtener o descargar formatos oficiales de organizaciones gubernamentales como

el IFAI. O quizá menos, porque sólo el 0.14% de los mexicanos, 143 mil según estudio

del INEGI, se ocupa de llenar formatos oficiales en sitios de organizaciones

gubernamentales."

En la época actual es prácticamente imposible concebir una relación gobierno-sociedad

sin la participación protagónica de las TIC, en donde los gobiernos apuestan cada día

más por el uso de este tipo de herramientas en la búsqueda de lograr una gestión más

eficiente y una mejor interacción con los ciudadanos.

El avance es claro y evidente, los portales de e-México, incluidos en este concepto, los

llamados e-salud, e-aprendizaje, e-gobierno, e-economía, etc. están a la vista en las

direcciones electrónicas correspondientes, pero ¿Qué tan trascendente ha sido su

implementación para la vida de la población? ¿Han sido efectivas las estrategias

utilizadas para la definición de sus contenidos y su difusión? ¿Cuáles son los

parámetros de evaluación de la satisfacción de los usuarios y quienes son estos?

Lo cierto es que en este estudio no se alcanzó a determinar con el grado de detalle

deseado pero se estima conveniente continuar sobre la línea de evaluación de dichos

programas y su relación directa con el costo que han representado para el erario

público.


25

La aprobación de una Ley de Transparencia Federal y la implementación de sistemas

electrónicos para permitir las solicitudes de información y la consulta de obligaciones de

transparencia, son grandes aciertos introducidos a nuestro país, aunque la relación

gobierno-sociedad debe rebasar la visión constreñida por una Ley, para proceder a una

relación más efectiva entre la sociedad y sus gobernados.

En nuestro país, cuales serían los temas de mayor relevancia para la población. En

realidad, cual es la información que demanda la sociedad y que verdaderamente le

interesa. Desde luego que esto es materia de otro estudio, sin embargo se puede

afirmar que esta será mucho más que la que pueda definir una ley de aplicación

general. La sociedad demanda de una relación clara, sencilla, precisa y adecuada a su

condición específica. Seguramente a la población del municipio de Urique en

Chihuahua le interesarán cosas muy distintas a las que les preocupan a los

connacionales que viven en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.

El acceso a la información en México esta regulado por la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la cual establece los principios y bases bajo las cuales se

ejerce este derecho. Existe una ley federal y leyes estatales en la materia, que

establecen o deben establecer la obligación de los Sujetos Obligados de proveer lo

necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante

procedimientos sencillos y expeditos, a través de los medios electrónicos.

El gobierno mexicano ha realizado importantes avances. En México se detectan cuatro

grandes estrategias de gobierno electrónico enfocadas a facilitar el acceso a

información pública: La apertura de Centros Comunitarios Digitales en todo el país, la

construcción de portales de gobierno, la implementación del Sistema de Solicitudes de

Información (SISI) y El Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Las dos

primeras como parte del Sistema Nacional e-México, mientras que las últimas son

implementadas por el IFAI para dar cumplimiento a lo establecido en la LFTAIPG. Es

claro que las solicitudes de información, se han incrementado notoriamente a partir de

la creación del IFAI y los sistemas elaborados para tal fin.

Es necesaria mayor transparencia, una efectiva rendición de cuentas y la definición de

indicadores de evaluación para dar seguimiento a los resultados en los proyectos


26

emprendidos sobre gobierno electrónico en México, particularmente al Sistema

Nacional e-México.

El acceso a la información va mucho más allá de lo que señala una Ley y un sistema

específico para consultas. La comunicación permanente entre gobierno y sociedad

repercute en un mejoramiento de la legitimidad y la confianza necesarias para lograr

una mayor efectividad en la implementación de las políticas públicas

Las estrategias de gobierno electrónico deben ser incluyentes, adecuadas a las

realidades de la población específica en particular y con participación activa de

organizaciones de la sociedad civil.


27

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