Estudio de caso temático

Estudio de caso temático

Defensa Pública y atención

integral a personas privadas de

libertad (Ecuador, Guatemala y

Honduras) Asociación Interamericana de Defensorías Públicas

(AIDEF)

Área Temática: Justicia

Socios Operativos: Fundación Abogacía Es-

pañola y Justice Coopération Internatio-

nale (JCI)

Justicia – pág. 2

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 3

ANTECEDENTES .................................................................................................................................................... 3

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN ............................................................................................................................. 4

ANÁLISIS DEL CASO ........................................................................................................................................... 12

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................ 14


INTRODUCCIÓN

La intervención descrita en el presente estudio de caso es concebida con el objetivo último de

contribuir a mejorar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad (preventivos y

penados) ampliando y fortaleciendo la cobertura de los servicios de asistencia letrada presta-

dos por las Defensorías Públicas de Ecuador, Guatemala y Honduras.

En términos generales, el estudio adopta un enfoque temático y supone una contribución al

proceso de reflexión y aprendizaje que tiene lugar en el contexto global del Programa Euroso-

cial II, documentando y describiendo la experiencia concreta de la acción. En particular, el

objetivo específico del estudio es identificar y analizar en detalle los aspectos críticos que in-

tervienen en la ejecución de las actividades formuladas y determinan así la consecución de los

resultados intermedios y finales esperados.

El carácter analítico y propositivo del estudio implica exponer con un lenguaje claro y sencillo

las lecciones aprendidas en la acción y formular recomendaciones concretas que permitan (i) la

subsanación de posibles obstáculos e incidencias identificadas en la ejecución del proyecto y (ii)

facilitar el seguimiento que permita evaluar con detalle el alcance de los resultados conseguidos

a partir de las conclusiones que se derivan de la ejecución del proyecto ya iniciada.

La acción adopta un enfoque basado en derechos humanos en el que el grupo meta beneficia-

rio figura como titular de derechos y los operadores jurídicos y organismos públicos son des-

tinatarios de la misma como titulares de obligaciones. De manera adicional la gestión de la

acción está orientada a resultados en los que se establece una secuencia lógica entre resultado

de desarrollo, resultados intermedios, resultados de la acción y entregables verificables a tra-

vés de los respectivos indicadores.

ANTECEDENTES

En agosto de 2012, las organizaciones JCI y Fundación Abogacía Española, ambas en calidad de

socios operativos y el experto asesor del sector justicia participaron en el V Congreso de la

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) celebrado en Fortaleza (Brasil) con

el objeto de presentar el programa Eurosocial II a las delegaciones de los países participantes y

definir futuros proyectos destinados a mejorar la eficacia en el funcionamiento y gestión de las

Defensorías Públicas.

En el marco de dicho encuentro, fue acordado con las defensorías interesadas en participar,

distinguir dos niveles de actuación:

Regional (AIDEF): Se busca promover una mayor adecuación de las políticas públicas y prácti-

cas institucionales a los estándares internacionales y las actividades más relevantes incluyen (i)

la revisión y actualización de la ““Guía para la Defensa Pública y la Protección Integral de los

Privados de Libertad” elaborada por AIDEF y (ii) el diseño de una estrategia de difusión de la

guía e incidencia política.

Subregional 1 (Argentina y Chile): Se busca mejorar la labor de control y seguimiento de las

condiciones de detención de las personas privadas de libertad y las actividades más relevantes

incluyen (i) diseñar y aplicar herramientas de monitoreo basadas en el sistema de videoconfe-

rencia y (ii) diseñar un programa de capacitación.


Subregional II (Ecuador, Guatemala, Honduras): Se busca fortalecer los servicios de atención

relativos a la fase de ejecución penal y las actividades más relevantes incluyen (i) diseñar y/o

consolidar un modelo de atención integral en materia de ejecución de penas, (ii) diseñar y apli-

car un programa de capacitación dirigido a operadores jurídicos de las Defensorías Públicas y

(iii) diseñar en Ecuador una estrategia para la implementación de acciones afirmativas a favor

de las personas que han cumplido condena.

El presente estudio de caso se realiza sobre la acción sub-regional II que se encuentra a su

vez directamente relacionada con la acción regional orientada a la elaboración de la Guía Re-

gional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad.

Ésta última actualiza, reelabora y desarrolla los contenidos de un documento anterior de idén-

tico título que fue elaborado por AIDEF para estandarizar y homogeneizar a nivel regional unas

pautas de actuación para las Defensorías Públicas en materia de atención y seguimiento a per-

sonas privadas de libertad.

Dicho objetivo específico entronca con el contenido de las Resoluciones 2656 y 2714,

AG/RES, aprobadas por la Asamblea General de la OEA, en donde se reconoce que el acceso a

la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que se extiende

a lo largo de todo el proceso, prolongándose hasta la ejecución de la sentencia. Resoluciones

en donde se destaca, también, la importancia del servicio de asistencia letrada gratuita en la

promoción y protección del derecho de acceso a todas las personas, en particular de aquellas

que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como sucede con las personas pri-

vadas de libertad.

En una fase inmediatamente posterior a la celebración del V Congreso, los países que mostra-

ron interés en participar en el programa, remitieron de manera confirme a los acuerdos alcan-

zados planes de acción nacionales. Todos ellos fueron debidamente acompañados del aval insti-

tucional que certifica y asegura el compromiso del país con las actividades formuladas.

La acción descrita en el presente estudio de caso se desarrolla en el marco del Plan Estratégi-

co para la Implementación de las 100 Reglas de Brasilia aprobado por AIDEF y nace con voca-

ción de integrar los aspectos sustanciales reflejados en los respectivos planes de acción nacio-

nales, previo análisis de su pertinencia y con un enfoque orientado a resultados.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

> Proceso de profundización de la demanda

La pertinencia de la acción se fundamenta en la concurrencia de distintos tipos de demanda

identificables a nivel nacional y regional frente a los cuales Eurosocial II plantea una respuesta

consensuada con las entidades participantes. Dichas demandas convergen en torno al objetivo

común de promover el acceso a la justicia de grupos vulnerables y se clasifican de la siguiente

manera:

- Ámbito intergubernamental: En fecha 7 de junio de 2011 la Asamblea General de la Organi-

zación de Estados Americanos (OEA) adopta por unanimidad la Resolución 2656 que se con-

vierte en el primer documento normativo aprobado por la OEA que aborda el tema de “acce-

so a la justicia” como un derecho autónomo que permite ejercer y proteger otros derechos.


Dicha resolución pretende impulsar en el marco de las 100 reglas de Brasilia1 el rol de la de-

fensa pública oficial como herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia de las perso-

nas en condición de vulnerabilidad y apoya de manera expresa la labor de Asociación Inter-

americana de Defensorías Públicas (AIDEF) en el fortalecimiento de la Defensa Pública en los

Estados Miembros.

- Ámbito asociativo regional: AIDEF aprobó un Plan Estratégico para la implementación de las

100 Reglas de Brasilia, asumiendo, entre sus objetivos generales, el compromiso de proporcio-

nar programas de capacitación para todos los defensores/as públicos/as de las Defensorías

Públicas integrantes de la Asociación, establecer un plan de difusión y sensibilización de las 100

Reglas de Brasilia, promover estrategias de coordinación y fortalecimiento de relaciones con

otras instituciones y, finalmente, establecer en las Defensorías Públicas condiciones político-

institucionales para la conclusión de su implementación. Entre las acciones diseñadas, para el

logro de los anteriores objetivos generales, se identificó la de elaborar protocolos y manuales

de actuación para los defensores/as en cada Defensoría.

- Ámbito gubernamental: La existencia de políticas públicas que generan procesos de reforma y

desarrollo del sector justicia y en particular, la mejora de la atención a colectivos vulnerables

evidencia la voluntad de los Estados en responder debidamente a sus obligaciones. En el con-

texto de la acción, los planes de actuación estratégicos adoptados por los Estados implican

asumir desde una política pública de nivel macro la deficitaria atención que tradicionalmente

han padecido las personas privadas de libertad en relación con el respeto a sus derechos y el

acceso al sistema de justicia.

- Ámbito institucional: En primera instancia la acción está orientada a satisfacer una demanda

institucional que plantean las Defensorías Públicas y ésta se encuentra directamente asociada a

las mejoras que se pueden realizar en seno de las instituciones para asegurar una mejor asis-

tencia letrada a las personas privadas de libertad. De esta forma se convierten en destinatarios

directos de las actividades los prestadores de servicios de defensoría pública que son titulares

de obligaciones en virtud de su mandato institucional y las recomendaciones expresas refleja-

das en las 100 Reglas de Brasilia (regla nº 24).

Sin perjuicio de que sean planteadas necesidades específicas por parte las Defensorías Públicas

participantes, todas ellas coinciden en demandar mayor capacidad operativa a fin de prestar en

las mejores condiciones posibles información y asistencia letrada a todas las personas privadas

de libertad que lo soliciten.

La prestación de dichos servicios tiene como fin garantizar el acceso efectivo de las personas

privadas de libertad a la justicia, con estricto cumplimiento de las exigencias derivadas del de-

bido proceso, así como velar por la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos frente a

eventuales violaciones de los mismos. Tales funciones aparecen imbricadas con el propio con-

cepto del derecho de acceso a la justicia y con la exigencia ineludible de garantizar a todas las

personas su pleno goce en un Estado constitucional de Derecho.

- Grupo meta: Los beneficiarios últimos de la intervención son las personas privadas de liber-

tad titulares de derechos cuyas necesidades han sido debidamente analizadas e interpretadas

por las Defensorías Públicas. Actualmente se considera que existe una indefensión de la po-

blación reclusa, cuando el abogado defensor que apoya a la población reclusa en el control del

1 Las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, aprobadas por la XIV

Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasilia, durante los días 4 a 6 de marzo de 2008, tienen como objetivo principal garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.


cumplimiento de la pena, no logra contar con la información precisa y oportuna que le permita

realizar acciones inmediatas para garantizar esos derechos. Esto deriva en que se desaprove-

chen los beneficios para acortar la reclusión o para acceder a otros beneficios como la educa-

ción con miras a su readaptación o reinserción, y en grado extremo, que se ubiquen detenidos

no peligrosos en áreas de reclusos que son de alta peligrosidad, lo cual expone a éstos a situa-

ciones de alto riesgo que amenaza su integridad personal.

En el contexto de la acción se considerarán personas privadas de libertad aquellas que se en-

cuentren, por resolución judicial, cumpliendo una condena penal en centros de detención y

establecimientos penitenciarios y las personas sujetas a prisión preventiva. Se prestará especial

atención a las personas que presentan rasgos de vulnerabilidad específicos asociados a su con-

dición de migrantes y solicitantes de asilo.

El perfil de la población beneficiaria de las actividades propuestas se corresponde por su con-

dición de vulnerabilidad con el grupo señalado por las 100 Reglas de Brasilia.

- Financiador: Se trata de una acción específica y como tal, consiste en acompañar y apoyar

procesos de reforma de políticas públicas e institucionales dirigidas a mejorar los niveles de

cohesión social desde la óptica del sector justicia. El tipo de entregables y resultados esperados

a través de la acción se corresponden con los objetivos previstos en el documento de formu-

lación del programa Eurosocial II y cumplen por tanto con las prioridades expresadas por la

Comisión Europea.

La orientación a la demanda, dimensión regional, cooperación sur-sur y triangular, orientación

a resultados y enfoque estratégico son algunos de los aspectos centrales que determinan la

forma de abordar el diseño, ejecución y seguimiento de la acción.

> Estrategia de intervención

La Defensoría Pública de Costa Rica es el organismo que aporta en el nivel subregional la ex-

perticia técnica para acompañar y asesorar a las entidades participantes en la ejecución de acti-

vidades y logro de resultados previstos. La existencia de buenas prácticas reconocidas y conso-

lidadas en Costa Rica permitió a los socios operativos apreciar una excelente oportunidad para

incorporar un enfoque de aprendizaje entre pares basado en un modelo de cooperación sur-

sur (nivel subregional) y triangular (nivel regional). Este planteamiento no excluye la posibilidad

de incorporar a terceras personas expertas de ámbito europeo o latinoamericano si se aprecia

la necesidad. Ejemplo de esto último es la actividad relativa al diseño de una estrategia de ac-

ciones afirmativas en Ecuador para la que se espera contar con la asistencia técnica de una

persona experta ajena a la Defensoría Pública de Costa Rica.

De esta forma y de acuerdo a los términos recogidos en el Convenio de Colaboración suscrito

entre el socio coordinador del sector justicia y la Defensoría Pública de Costa Rica, ésta última

pasa a desempeñar un papel de entidad oferente. El programa Eurosocial II incentiva el fortale-

cimiento de las relaciones ya existentes en el marco de AIDEF y coordina un tipo de acción

que posibilita el aprendizaje mutuo entre la entidad oferente-demandante. Ambas se benefician

a su vez de la actividad regional de elaboración de la Guía Regional y memoria explicativa que

pone a disposición de todas las Defensorías Públicas un acervo doctrinal que determina el

marco normativo regional/internacional en materia de asistencia personas privadas de libertad

y define buenas prácticas susceptibles de ser aplicadas y desarrolladas por las respectivas enti-

dades.


Los socios operativos establecen un marco de trabajo en el que se definen las funciones y obli-

gaciones asumidas por todas las entidades que integran la acción así como los mecanismos de

coordinación y cadena de reporte que aseguran una adecuada ejecución, seguimiento y justifi-

cación de las actividades.

En primera instancia son formados grupos de trabajo en el seno de las entidades de demandan-

tes y la entidad oferente y la acción se desarrolla de acuerdo al plan de trabajo y metodología

propuesta por ésta última. La actuación de ambas partes es coordinada por los socios operati-

vos sin perjuicio del establecimiento de relaciones exclusivamente bilaterales entre las entida-

des latinoamericanas participantes que actúan con un margen de autonomía suficiente a fin de

favorecer una ejecución dinámica y ágil de las actividades.

A excepción de Honduras que asigna a la Unidad de Supervisión adscrita a la Dirección Nacio-

nal de la Defensa Pública la función del monitoreo y seguimiento de todas las actividades no

existen en el resto de Defensorías participantes mecanismos de monitoreo específicamente

diseñados en relación con éstas últimas. Aunque ello no suponga un impedimento para su co-

rrecta ejecución, se considera que la evaluación del impacto de los resultados requiere necesa-

riamente de mecanismos y criterios adaptados en el seno de las instituciones.

Los socios operativos plantean un método de evaluación que se apoya fundamentalmente en la

obtención de fuentes de verificación relativas al logro de los indicadores formulados y el inter-

cambio de información permanente con las personas expertas que prestan las asistencias téc-

nicas y grupos de trabajo designados por cada institución. Los informes de seguimiento sujetos

a la cadena de reportes definida permiten verificar de forma continuada el logro de resultados

y detectar cualquier circunstancia que pueda incidir en el desarrollo de la acción.

a) Secuencia de actividades y entregables:

La acción comienza con la realización de un diagnóstico de la situación actual en las 3 Defenso-

rías participantes y la realización de una visita de estudios a Costa Rica por parte de dos defen-

sores públicos de cada una de ellas. Seguidamente se proceder a diseñar el modelo integral de

atención a personas privadas de libertad para cada una de las tres Defensorías.

La intervención continua con la construcción de los diferentes elementos integrantes del mo-

delo (procesos y procedimientos, manual de organización y funcionamiento, protocolos, es-

tándares de calidad, indicadores, etc.), y con la definición de los mecanismos de coordinación

interinstitucionales aplicables. La actuación finaliza con el diseño e implementación de un pro-

grama de capacitación para formar a formadores y la celebración un seminario nacional en

cada país para la validación de los elementos que integran el modelo diseñado.

Dentro de la lógica de posibilitar un retorno de naturaleza no material a la Defensoría Pública

de Costa Rica, además del beneficio que se deriva del aprendizaje entre pares, está previsto

celebrar un seminario nacional con la presencia de expertos europeos y latinoamericanos. En

el marco de dicho evento se espera que puedan ser aportados insumos relevantes a efectos de

mejorar el contenido y enfoque del proyecto de Ley de Ejecución de la Pena.

La secuencia de las principales actividades descritas da lugar a los siguientes productos entre-

gables:

> Consolidado y/o creado un modelo de atención integral a las personas privadas de li-

bertad en las Defensorías Públicas participantes que incluya procesos y procedimien-

tos, protocolos de atención y estándares de calidad;

> Diseñados e impartidos módulos de capacitación dirigidos a futuros formadores del

personal letrado adscrito a las Defensorías Públicas participantes;


> Diseñada una estrategia para la implementación y promoción de acciones afirmativas a

favor de las personas que han cumplido condena en Ecuador;

> Elaborado informe diagnóstico para cada uno de los tres países, incluyendo conclusio-

nes y recomendaciones;

> Elaborada la memoria final de la acción.

Se prevé como último entregable la elaboración de una memoria final de la acción a partir del

trabajo de documentación llevado a cabo por las entidades demandantes, personal experto y

entidad oferente. El objetivo del documento que contiene conclusiones y recomendaciones es

sentar las bases para la formulación y desarrollo de futuras iniciativas similares conociendo

cuáles han sido las lecciones aprendidas así como las fortalezas/debilidades que condicionan el

logro de resultados.

> Resultados inmediatos e intermedios

Resultado intermedio: Reducidas barreras administrativas, procedimentales y cognitivas que

limitan o impiden al grupo meta el ejercicio y defensa de sus derechos.

Resultado de la acción: La cobertura y gestión de los servicios de asistencia letrada al grupo

meta en las Defensorías Públicas participantes ha sido ampliada y mejorada respectivamente de

acuerdo a los estándares internacionales.

a) Evaluación y verificación del logro de resultados

Los indicadores objetivamente verificables formulados en relación con los resultados interme-

dios e inmediatos esperados son los siguientes:

Indicadores resultado intermedio:

Adecuada capacidad operativa de las Defensorías Públicas para prestar servicios de informa-

ción y asistencia letrada;

Creadas redes de interrelación y colaboración con familiares, sociedad civil y organismos pú-

blicos competentes.

Indicadores resultado de la acción:

Difusión y divulgación de derechos;

Prestados servicios de Información y asesoramiento jurídico;

Representación y defensa ante autoridades administrativas;

Representación y defensa ante autoridades judiciales;

Compensadas o corregidas prácticas discriminatorias contra los antiguos penados en Ecuador.

Fuentes de verificación:

Base de datos de las acciones promovidas por los Defensores (as) Públicos (as) que son parte

de esa Unidad;

Informes de los logros obtenidos, indicando nombres de las personas privadas de libertad en

sus diferentes manifestaciones que han sido asistidas;

Expedientes administrativos-penitenciarios y/o judiciales, para determinar la calidad laboral y la

diligencia con la que se ha atendido los casos asignados;


Informes de las entrevistas realizadas a las autoridades penitenciarias y operadores de justicia

como parte directa o indirectamente implicada;

Informes de las entrevistas realizadas a las personas privadas de libertad;

Memoria de las actividades de difusión organizadas;

Material fotográfico y audiovisual.

Informes estadísticos elaborados por organismos públicos.

b) Análisis prospectivo

En atención a los resultados esperados de la acción y los aspectos en común de las 3 realida-

des que se analizan es posible anticipar razonablemente el tipo de incidencia que se va a lograr

a través de los resultados respecto las políticas públicas vigentes, prácticas institucionales y

protección efectiva de los derechos de los que son titulares las personas privadas de libertad.

La implantación de un modelo de atención estandarizado que defina un conjunto de buenas

prácticas incidirá positivamente -no solo en cuanto a la prestación del servicio público de parte

de las Unidades de Ejecución y el rediseño de sus procesos internos- sino también en la rela-

ción de los poderes judiciales y los sistemas penitenciarios con la población privada de libertad.

El fortalecimiento del trabajo de las defensorías públicas en la etapa de ejecución de la pena

debe llevar asimismo al conocimiento de las personas usuarias sobre sus derechos y mecanis-

mos de reclamo, y por ende, su empoderamiento frente a las malas prácticas que han estado

asociadas tradicionalmente a la privación de libertad.

A nivel subregional, la relación entre la acción basada en el diseño de un modelo integral de

atención y las políticas públicas nacionales y prácticas institucionales sobre las que se logra

incidir, se define de la siguiente manera:

Ecuador: La nueva Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008 reconoce en

el artículo 75 el derecho al acceso gratuito a la justicia y para hacer efectivo el derecho a la

defensa crea la Defensoría Pública como una institución autónoma

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 recoge y busca concretar las actuaciones deli-

neadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y propone una lógica de planificación a

partir de 12 grandes objetivos nacionales. El objetivo nº 9 persigue garantizar la vigencia de los

derechos y la justicia, y se establece especial atención a los derechos de las personas privadas

de la libertad y de sus familias. Se busca garantizar y proteger sus derechos, a través de acción

pública orientada a la reforma integral de un sistema de rehabilitación social, que permita gene-

rar oportunidades de integración social y económica en este sector.

El modelo de atención integral favorecerá la actuación del Defensor Público Penitenciario,

dentro del servicio de patrocinio penal de la Defensoría Pública del Ecuador, en los incidentes

administrativos y judiciales de la fase ejecutiva del proceso penal con fin de potenciar la cober-

tura de derechos de las personas privadas de libertad durante el proceso de ejecución penal y

procurar su reinserción social al momento de recuperar su libertad.

Honduras: En 1994, la Defensa Pública de Honduras fue institucionalizada y desde entonces ha ido

evolucionando y ampliando sus ámbitos de competencia (no solo actúa en materia penal sino que

también en lo civil para las personas en conflicto con la ley y en situación de vulnerabilidad económi-

ca).


El Plan de Nación 2012-2038 y Visión País 2012-2022 aprobado por el Gobierno de Honduras en

2009 consta de un Plan Estratégico del Poder Judicial 2011-2016. Este plan tiene una línea de acción

específicamente dedicada al “fortalecimiento del Acceso a la Justicia”. En dicha línea se ubica la meta

estratégica de “Fortalecimiento a la Defensa Pública y de promover una coordinación eficiente

de los servicios de asistencia gratuita” (a la fecha, este Poder del Estado, por falta de recursos

económicos no ha logrado el cumplimiento total de la misma).

La creación de la Unidad de Fase de Ejecución de la Pena contribuirá a brindar un mayor

acceso a la justicia, ya que los trámites legales de beneficios que otorga la Ley se gestionan por

parte de la Defensa Pública favoreciendo a los privados de libertad, en condiciones de escasos

recursos económicos. En ese sentido también se contribuirá con la innovación institucional ya

que si bien en la Defensa Pública, se venía asistiendo a personas privadas de libertad, esa asis-

tencia legal se enfocaba al acompañamiento en su proceso penal y para la gestión de un benefi-

cio legal derivado de la imposición de una condena de reclusión, pero no para atender las que-

jas por posibles violaciones a sus derechos humanos durante su permanencia dentro del cen-

tro penal. La acción logrará asimismo una atención especializada para la población penal en

ambas categorías -recluida preventivamente y condenada.

Guatemala: Mediante la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, en vigor desde 1998, se creó el

Instituto de la Defensa Publica Penal que goza de autonomía e independencia técnica y funcional para

cumplir con sus funciones. Para el seguimiento y control de condenas, beneficios y localización física

de personas privadas de libertad, el Instituto cuenta con una dependencia denominada Coordinación

Nacional Ejecución que depende de la División de Coordinaciones Técnico Profesional.

El Instituto de la Defensa Pública Penal forma parte de la Instancia Coordinadora de la Moder-

nización del Sector Justicia de Guatemala, que tiene como fin crear, implantar y desarrollar

políticas que coadyuven en el acceso a la Justicia, además de coordinar de manera sistemática

el sector justicia, para ello promueve diversas actividades que buscan la modernización de las

Instituciones que la comprenden, así como la mejora de la comunicación interinstitucional,

para así solucionar cualquier dificultad que se presente.

La incidencia del resultado se marca en la coordinación de la Instancia Coordinadora de la

Modernización del Sector Justicia, por medio del Instituto de la Defensa Pública Penal, legitime

el Modelo Integral de atención a Personas Privadas de Libertad y el mismo se aplique en cada

una de las Instituciones que lo forman, logrando así materializar el acceso a la Justicia de mane-

ra coordinada en Guatemala.

> Herramientas de cooperación técnica utilizada

A nivel subregional, la existencia de buenas prácticas reconocidas y consolidadas en la Defen-

soría Pública de Costa Rica convierte a esta institución en entidad oferente y permite incorpo-

rar el método de revisión entre pares basado en el intercambio de experiencias y buenas prác-

ticas. En este sentido las Defensorías Públicas de Ecuador, Guatemala y Honduras han mos-

trado su interés en (i) aprender del ejemplo de país anfitrión y, potencialmente transferirlo a

su contexto nacional, (ii) compartir sus propias experiencias políticas con la entidad oferente y

(iii) involucrar a personas y organismos que por conocimientos, competencias y roles desem-

peñados pueden ser considerados "pares".

Las herramientas de las que dispone el programa para ejecutar las actividades están basadas

fundamentalmente en la prestación de asistencias técnicas, producción de materiales de difu-


sión, elaboración de diagnósticos, organización de capacitaciones, celebración de reuniones,

encuentros y visitas de estudio.

> Temas transversales incorporados

a) Medidas previstas para la promoción del enfoque de género

En términos generales, la intervención no cuenta con un enfoque de género específico que

aparezca con carácter transversal aunque no desconoce que la situación de cárcel tiene distin-

tas implicaciones para varones y mujeres. En contextos donde el porcentaje de mujeres priva-

das de libertad es sustancialmente menor al de los hombres, las respuestas estatales no esta-

rían siendo las adecuadas, ni desde el plano normativo ni desde el penitenciario, lo que se esta-

rían traduciendo en constantes violaciones a los derechos de las mujeres detenidas.

Por este motivo, se prestará especial atención a la obtención de información específicamente

relacionada con la población reclusa femenina con el objeto de evaluar el impacto que las

normas jurídicas procesales y prácticas penitenciarias tienen sobre este colectivo.

En el caso específico de Ecuador, el proyecto se desarrollará en la Penitenciaría del Litoral, la

Cárcel de Mujeres de Guayaquil, el Penal García Moreno de Quito y la Cárcel de Mujeres de

Quito.

b) Medidas previstas para fomentar la participación de la sociedad civil y otros acto-

res

En el marco de la acción se considera altamente recomendable la colaboración con otros or-

ganismos y/o instituciones públicas implicadas, así como de la sociedad civil, especialmente de

las organizaciones no gubernamentales cuyo fin es la protección de los derechos de las perso-

nas privadas de libertad. Las experiencias nacionales avalan la utilización de estrategias de difu-

sión y divulgación, entre otras, como charlas y talleres en los propios centros de reclusión,

información personalizada durante las visitas carcelarias, publicación de afiches o panfletos informativos de fácil lectura, así como conferencias y seminarios dirigidos a la sociedad civil.

Debido a la multiplicidad de actores institucionales que intervienen la etapa, el fortalecimiento

del trabajo de la Defensoría Pública genera de hecho cambios en los modelos de atención de

esos otros intervinientes. Un ejemplo de ello es el acceso a la información judicial y penitencia-

ria para asumir los casos, que en los tres países citados resulta una tarea bastante más que

difícil y cuya solución trasciende las posibilidades de las defensorías, pero que exige su partici-

pación para modificar las prácticas históricas que se han establecido al respecto.

> Complementariedad de la acción con otras iniciativas/programas de coope-

ración

Al margen de las iniciativas de carácter estatal que tienen lugar en el marco de las políticas

públicas descritas, no se conocen terceras iniciativas de cooperación que sean relevantes en

términos de acceso a la justicia y a su vez complementarias de la acción objeto de estudio.


> Comunicación y visibilidad del caso concreto

La acción no ha incorporado todavía un componente específico de comunicación en el caso de

Ecuador y sí que cuenta en la Defensoría Pública de Honduras con la participación activa de la

oficina de la Dirección de Comunicación del Poder Judicial que asegurar visibilidad en los me-

dios. La Defensoría de Guatemala por su parte prevé visibilizar los resultados de la acción a

nivel interinstitucional a través de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector

Justicia.

Una vez se diseñen e implementen los instrumentos y se asuman las recomendaciones que

surjan del proceso, se espera una mejora sustancial en cuanto a la calidad y visibilidad del servi-

cio público. En cualquier caso, este apartado específico presenta un margen de mejora significa-

tivo ya que no ha sido desarrollado todavía un plan de comunicación que integre y comprome-

ta a socios operativos y entidades participantes al margen de la labor de comunicación que con

carácter global desarrolla el Programa Eurosocial II.

ANÁLISIS DEL CASO

Una lectura retrospectiva realizada en la fecha en la que se elabora el presente estudio de ca-

so, no permite todavía evaluar el logro de resultados inmediatos. No obstante, cabe plantear

un análisis a futuro sobre la viabilidad y sostenibilidad de la acción, basado en las actividades ya

realizadas y los factores críticos que pueden determinar la consecución de los resultados e

impacto esperado.

> Línea de actuación finalizada

En la fase de identificación de la acción, el análisis pertinente de los actores, problemas y posi-

bles estrategias de abordaje tuvo como principal referente la interpretación que sobre estas

cuestiones planteaba AIDEF, avalada por el profundo conocimiento que las Defensorías Públi-

cas atesoran respecto de los colectivos vulnerables y las barreras de acceso a la justicia que

éstos padecen.

Las personas privadas de libertad fueron señaladas como grupo vulnerable de atención priori-

taria y en relación con éstos las Defensorías plantearon una serie de demandas que se traduje-

ron en la formulación de actuaciones concretas con el objeto de incidir sobre las carencias y

debilidades identificadas a nivel regional y nacional.

El conjunto de Defensorías Públicas representadas en AIDEF habían asumido previamente en el

en virtud de las 100 Reglas de Brasilia el compromiso de adoptar medidas que favorecieran el

acceso a la justicia de los grupos de población de atención prioritaria definidos en la regla nº

3.2 Prueba de ello fue la adopción del Plan Estratégico para la Implementación de las 100 Reglas

de Brasilia que constituyó junto con las Resoluciones 2656 y 2714 de la Asamblea General de

la OEA el marco en el que fue planteada la acción de Eurosocial II.

En una primera fase y tras haber definido los ámbitos de trabajo a nivel regional y subregional,

los países que mostraron interés en participar en el programa, remitieron de manera conforme

a los acuerdos alcanzados planes de acción nacionales. Todos ellos fueron debidamente acom-

2 Las personas privadas de libertad aparecen expresamente señaladas en la regla nº 4 y las dificultades a las que se

enfrentan en relación con el ejercicio de derechos son reconocidas en las reglas nº 22 y 23.


pañados de una carta de compromiso emitida por las respectivas Defensorías asegurando aval

institucional que certifica el apoyo institucional a la acción de Eurosocial II.

El enfoque adoptado en la fase de identificación permitió formular dicha acción a partir de las

propias agendas de trabajo definidas a nivel nacional por las Defensorías Públicas y nivel regio-

nal por AIDEF. De esta forma, el documento elaborado por los socios operativos se adaptó a

los planes de acción presentados por las Defensorías Públicas y AIDEF aseguró una forma de

acompañamiento y disponibilidad de recursos humanos y materiales acordes a los criterios y

objetivos establecidos por Eurosocial II.

La viabilidad de los productos entregables y resultados alcanzables quedó así asegurada gracias

a la naturaleza participativa del proceso de identificación y pudieron ser identificados los si-

guientes factores críticos de éxito:

Factores críticos de éxito Acciones preventivas y/o correctivas

Apoyo institucional de la Cor-

te Suprema de Justicia de

Costa Rica

-Adecuación de la acción a las expectativas de retorno de la

Defensoría Pública.

-Firma de convenio de colaboración.

Asegurar una capacidad analí-

tica y resolutiva adecuada en

los expertos participantes

- Designación por parte de la Defensoría Pública de Costa

Rica de un Grupo de Trabajo integrado por personal espe-

cializado de la institución.

- Contratación de personas expertas externas a modo de

refuerzo o complemento si se aprecia la necesidad.

Implicación activa de las De-

fensorías Públicas

-Obtención de declaraciones escritas de apoyo y compromi-

so institucional con los objetivos y sostenibilidad de la ac-

ción.

-Definición de plan de trabajo claro y preciso.

-Formación de Grupos de Trabajo.

-Organización de actividades nacionales de presentación de

resultados.

-Recepción y organización de visitas de estudio

-Participación en visitas de estudio.

> Línea de actuación presente

Los factores de éxito mencionados respecto de las actividades ya iniciadas determinan la con-

secución de logros en el presente. Destacan en el periodo abril-junio 2013 los siguientes en-

tregables:

Elaborado informe diagnóstico para cada uno de los tres países, incluyendo conclusiones y

recomendaciones; Asesoramiento prestado a la comisión legislativa encargada de elaborar en

Costa Rica la Ley de Ejecución de la Pena.


> Línea de actuación futura

Un cambio en las prioridades u orientaciones estratégicas que afecte a las políticas públicas

acompañadas puede potencialmente tener un impacto negativo sobre la acción y limitar el

alcance de los logros obtenidos. Los compromisos institucionales ya logrados y la vigencia de

las políticas públicas asociadas al sector justicia sobre las que se incide, favorecen no obstante

la existencia de un entorno favorable para la ejecución de actividades y cumplimiento de los

indicadores.

Entre los hitos que deben ser alcanzados en los meses posteriores de ejecución destacan los

siguientes:

A nivel regional, la Guía Regional para la Defensa Pública debe ser objeto de una amplia difu-

sión a través de AIDEF y elevada al marco de la OEA a fin de obtener un reconocimiento y

apoyo político expreso que contribuya a su posterior aplicación y desarrollo por operadores

jurídicos y órganos de procuración y administración de justicia.

La adopción de la Guía Regional debe ir acompañada asimismo de una definición de la estrate-

gia a seguir para profundizar en el alcance de los logros esperados.

A nivel subregional, es fundamental que la puesta en marcha del modelo de atención integral

cuente con unos mecanismos de coordinación interinstitucional cuya definición todavía no ha

sido abordada. De manera adicional será determinante el diseño y aplicación de un programa

de capacitación dirigido a futuros formadores del personal letrado adscrito a las Defensorías

Públicas participantes.

Por último, la documentación del proceso de implementación de los proyectos y elaboración

de una memoria final permitirá socializar el proyecto con expertos nacionales, sociedad civil y

conjunto de operadores de la administración de justicia a nivel nacional y regional promovien-

do potenciales réplicas en el futuro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La acción no presenta dificultades objetivas para la ejecución técnica de las actividades previs-

tas y la consiguiente presentación de los productos entregables. Sin embargo, se considera que

para lograr un impacto de los mismos acorde a las expectativas generadas a través de los re-

sultados de inmediato e intermedio, es preciso prestar especial atención a las siguientes cues-

tiones:

a) Aplicación práctica y desarrollo del modelo de atención integral en las Defensorías Públicas:

El enfoque eminentemente operativo de los elementos que integran el modelo de atención

requiere de cambios significativos en los procesos internos de las Defensorías que conforman

el marco de actuación actual y una redefinición de sus relaciones externas con los órganos de

procuración y administración de justicia.

El compromiso institucional manifestado por la dirección de las respectivas Defensorías asegu-

ra en principio a nivel interno la redefinición de dicho marco de actuación y los recursos hu-

manos y materiales que permitan asegurar su funcionamiento inmediato. Sin embargo, el forta-

lecimiento del trabajo de la Defensoría Pública supone cambios también en los modelos de

atención de los múltiples actores institucionales que intervienen en el desarrollo de la acción.


Lograr que los cambios sean gradualmente incorporados por éstos últimos es un objetivo que

presenta dificultades objetivas ante el que las Defensorías Públicas pueden tener una capacidad

de influencia limitada. Para ello, se estima conveniente que se implique activamente en el pro-

ceso a los cargos y departamentos de organismos públicos cuyo apoyo pueda llegar a ser de-

terminante.

Actualmente a excepción de Honduras donde se han logrado declaración de compromiso ex-

preso por parte de Fiscalía, Secretaría de Seguridad, Policía y Poder Judicial en el contexto

específico del proyecto, en el caso de Guatemala y Ecuador se deben lograr acuerdos y/o defi-

nir marcos de colaboración con los organismos públicos con competencia en la materia. Res-

pecto de Ecuador cabe destacar que fue obtenida adicionalmente una declaración de compro-

miso por parte de la Presidencia de la República.

b) Colaboración con familiares y organizaciones de la sociedad civil:

Las reformas y políticas públicas acompañadas persiguen construir un sector público capaz de

responder a los requerimientos de la sociedad civil y de contar con un Estado al servicio de los

ciudadanos para dotarlo de una estructura flexible, una gestión eficiente, participativa y trans-parente.

Por este motivo, sería muy recomendable que las Defensorías establezcan una relación estre-

cha con el entorno de las personas privadas de libertad y organizaciones de la sociedad civil

cuyo fin es la protección de los derechos de éstas últimas. La celebración de reuniones perió-

dicas en la que se informe sobre los progresos realizados y problemas identificados puede ser una de las posibles vías.

c) Acceso a la información:

En sus relaciones externas con organizaciones de la sociedad civil y las propias personas priva-

das de libertad así como sus familiares y/o allegados, las Defensorías deberían promover estra-

tegias de difusión y divulgación, que generen actividades concretas. Esta podrían ser charlas y

talleres en los propios centros de reclusión, publicación de folletos y otros soportes informati-

vos de fácil lectura, así como conferencias y seminarios.

El fortalecimiento del trabajo de las defensorías públicas en la etapa de ejecución de la pena

debe llevar asimismo al conocimiento de las personas usuarias sobre sus derechos y mecanis-

mos de reclamo, y por ende, su empoderamiento frente a las malas prácticas susceptibles de

ser contestadas legalmente.

d) Estrategia diseminación de la “Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral

de las Personas Privadas de Libertad”

Este documento es uno de los entregables programados en la actividad regional desarrollada

en el marco de AIDEF y su aportación principal radica en el establecimiento de una doctrina

que se basa en buenas prácticas comparadas y define unas pautas de actuación conformes a los

estándares internacionales.

La acción desarrollada en las tres Defensorías encuentra en este documento una valiosa refe-

rencia y los modelos de atención integral diseñados a nivel subregional deben adecuarse a la

estandarización de normas procedimentales definida por el mismo. Las Defensorías Públicas


son respaldadas por un marco doctrinal y asumen un papel institucional clave en la promoción y defensa de las personas privadas de libertad.

De manera adicional, sería muy recomendable que los programas de capacitación orientados a la formación de formadores incluyesen de manera específica esta guía.

e) Incorporación de medios tecnológicos que faciliten visitas virtuales:

El establecimiento de un sistema de videoconferencia representa el entregable principal formu-

lado en la acción subregional desarrollada en las Defensorías Públicas de Argentina y Chile.

No es por tanto una recomendación asociada al logro de resultados esperados en Ecuador,

Guatemala y Honduras pero sí que permite disponer de información relevante y útil en dichos países si existen recursos financieros para su aplicación.

Ecuador, Guatemala y Honduras pueden llegar a existir serias limitaciones serias para despla-

zarse con la frecuencia que las necesidades de la población privada de libertad lo exigen y no

existe actualmente un mecanismo que ofrezca los medios para asegurar la comunicación virtual entre la defensa y usuario.

f) Evaluación continua de resultados:

La evaluación se verá ampliamente beneficiada de la metodología de trabajo propuesta de con-

formidad con los términos de referencia y convenio de colaboración suscrito con la Defenso-

ría Pública de Costa Rica.

La implementación de cada actividad, analizando los logros de manera continua, con el apoyo

del grupo de expertos de Costa Rica y eventualmente otros expertos externos si fuera nece-

sario. La evaluación continua, para asegurarse que los resultados de las actividades correspon-

den a los objetivos definidos en los planes de trabajo nacional, necesita una coordinación y

comunicación estrechas entre los socios operativos, las Defensorías Públicas participantes y el

grupo de expertos.

g) Estrategia de comunicación

En la formulación de la acción no fue previsto diseñar una estrategia de comunicación que

permita visibilizar con carácter permanente el acompañamiento de Eurosocial II y los hitos que

se vayan logrando en la ejecución de las actividades. Es recomendable que socios operativos y

entidades participantes aborden esta cuestión y definan actuaciones concretas en este sentido.

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Estudio de caso temático