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EXPEDIENTE 71/2016-J.CONFLICTO DE TRABAJO SUSCITADO ENTRE * Y LA *.
PONENTE: JOSÉ ROBERTO CÓRDOVA BECERRIL, REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
1. Ciudad de México. Acuerdo emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal el ocho de febrero de
dos mil diecisiete.
2. VISTOS los autos para resolver el conflicto de trabajo
71/2016-J, promovido por ** en contra de la **; y,
R E S U L T A N D O:
3. PRIMERO. Mediante escrito recibido el trece de octubre
de dos mil dieciséis (fojas 1-6), por la secretaria de
acuerdos de la Comisión Substanciadora autorizada
para recibir promociones de término, fuera del horario de
labores, ingresado en la mesa de control de
correspondencia de dicho órgano el catorce siguiente, * promovió demanda laboral en contra de la *, en la que
señaló las prestaciones que reclama, así como los
hechos en que se apoyaron las acciones que hace valer.
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4. SEGUNDO. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos
mil dieciséis (fojas 8-9), la tercera integrante y presidenta
de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial
de la Federación ordenó la formación del expediente
respectivo y su registro con el número 71/2016-J;
asimismo, admitió la demanda de que se trata y mandó
emplazar a la demandada **, para que dentro del término
legal concedido diera contestación, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo o de resultar ilegalmente
representada se le tendría por contestada la demanda en
sentido afirmativo, salvo prueba en contrario.
5. TERCERO. Se precisa que en este conflicto de trabajo
no existe tercero interesado, pues lo que se pretende es
el pago de indemnización constitucional.
6. CUARTO.- En escrito recibido el veintiséis de octubre de
dos mil dieciséis (fojas 14-56) en la mesa de control de
correspondencia de la Comisión Substanciadora Única
del Poder Judicial de la Federación, la **, contestó la
demanda laboral instaurada en su contra, opuso las
excepciones y defensas que estimó pertinentes y ofreció
las pruebas que a su interés convino, por lo que en auto
de presidencia de la Comisión Substanciadora de
veintisiete posterior (fojas 58-59), se tuvo por contestada
la demanda laboral en tiempo y forma legales, y en ese
mismo acuerdo, se fijaron las diez horas con treinta
minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil
dieciséis, para que tuviera verificativo la audiencia a que
se contraen los artículos 127 bis, 132 y 133 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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7. Mediante escrito recibido el nueve de noviembre de dos
mil dieciséis (fojas 72-73) en la mesa de control de
correspondencia de la Comisión Substanciadora Única
del Poder Judicial de la Federación, la *, solicitó se
señalara nueva fecha y hora para que tuviera verificativo
la audiencia de ley, en virtud de que en la señalada se
llevaría a cabo el Segundo Encuentro Internacional
Juzgando con Perspectiva de Género, al cual dicha
titular fue invitada, por lo que se señalaron las diez horas
con treinta minutos del día uno de diciembre del citado
año.
9. QUINTO. El uno de diciembre de dos mil dieciséis, se
celebró la audiencia de ley, en los términos consignados
en el acta respectiva (fojas 98-105).
10. SEXTO. Seguido el procedimiento en todas sus etapas
legales, por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil
dieciséis (foja 107), la tercera integrante y presidenta de
la Comisión Substanciadora declaró cerrada la
instrucción con fundamento en el artículo 885 de la Ley
Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de
acuerdo con su numeral 11, y turnó el expediente al
representante del Sindicato de Trabajadores del Poder
Judicial de la Federación, a quien por el orden en la
distribución de los asuntos le correspondió la elaboración
del proyecto de dictamen respectivo.
C O N S I D E R A N D O:
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11. PRIMERO. El Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal es competente para resolver este conflicto de
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
123, apartado B, fracción XII, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
81, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, toda vez que se suscitó entre la titular
de un Juzgado de Distrito y uno de sus trabajadores.
8. La Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de
la Federación tramitó el expediente relativo a este
conflicto laboral y formuló el dictamen correspondiente,
en términos de lo previsto en los artículos 153 y 154 de
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
y el diverso 239 del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el
similar que reglamenta la organización y funcionamiento
del propio Consejo; y reforma y deroga diversas
disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el veintidós de
noviembre de dos mil trece.
9. SEGUNDO. La actora **, ejerció acciones en contra de la
*, que en esencia se hicieron consistir en indemnización
constitucional, el pago de salarios caídos, prima de
antigüedad, aguinaldo y prima vacacional
correspondientes al dos mil dieciséis.
10. Apoyó sus acciones en los hechos que en forma de síntesis a continuación se citan:
11. Le fueron otorgados diversos nombramientos a partir del
dos mil trece, y hasta el uno de junio de dos mil catorce,
en que le fue otorgado el último con el cargo de *
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adscrita al *, por tiempo indeterminado, cuyas
actividades eran propias de un puesto de base.
12. El quince de abril de dos mil dieciséis, le fue notificada la
conclusión de su nombramiento, con efectos a partir del
quince de junio del citado año, por no contar con título y
cédula profesional de licenciado en derecho, de
conformidad con el Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal de veinticuatro de abril
de dos mil quince.
13. La aplicación del Acuerdo antes referido es violatorio del
contenido del artículo 14 constitucional, pues se le está
aplicando retroactivamente en su perjuicio, toda vez que
el aviso de conclusión de nombramiento está fechado al
quince de abril de dos mil dieciséis, y el Acuerdo que se
pretende aplicar es de fecha veinticuatro del mes y año
citados.
14. La **, contestó el escrito de demanda, en síntesis, como a continuación se establece:
15. Aduce la titular demandada que la accionante, carece de
acción y derecho para reclamar el pago de los salarios
caídos y demás prestaciones, pues la naturaleza del
cargo que tenía en el Juzgado de su adscripción era de
confianza.
16. Los hechos los controvirtió a manera de síntesis, de la siguiente manera:
17. Afirma la titular demandada que de su expediente
personal no se advierten insertos los nombramientos que
le fueron otorgados y que corresponde a ella acreditar
que cumplía con los requisitos para tener derecho a
permanecer en ese cargo.
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18. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal de veinticuatro de abril de dos
mil quince, válidamente le fue notificada la terminación
de los efectos de su nombramiento por no cumplir con
los requisitos ahí establecidos.
19. Sostiene la Juez Federal, que el Acuerdo General del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de
veinticuatro de abril de dos mil quince, no le fue aplicado
de manera retroactiva, en atención a que a partir de
diciembre de dos mil trece, la accionante tuvo
conocimiento que el cargo que ostentaba era con
carácter de confianza, por lo que no tenía derecho a
reclamar la estabilidad en el empleo; además, manifiesta
que desde el momento de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, el veinticuatro de abril de dos
mil quince, la trabajadora tuvo la oportunidad de
impugnarlo, circunstancia que en la especie no acaeció.
20. TERCERO.- La litis en este conflicto de trabajo, se
constriñe a determinar si como dice la actora, tiene
derecho al pago de indemnización constitucional por
considerar que fue despedida injustificadamente de su
empleo; o bien, como sostiene la titular demandada, que
carece de acción y derecho, puesto que el cargo de **,
que ostentaba es considerado como de confianza, por lo
que en términos del artículo 123, inciso B, fracción XIV
constitucional, carece de estabilidad en el empleo.
21. En los términos en que se fijó la litis, en principio
corresponde a la patronal demostrar el tipo de
contratación a que estuvo adscrita la trabajadora con
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fundamento en el artículo 784, fracción VII, de la Ley
Federal del Trabajo de aplicación supletoria.
22. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha establecido que cuando exista
controversia sobre la naturaleza jurídica de un puesto de
trabajo (base o confianza), en términos de la fracción XII
del apartado B del artículo 123 constitucional, es la
autoridad laboral, la competente para dirimir todas las
controversias que se susciten entre los Poderes de la
Unión y el Gobierno de la Ciudad de México, por
una parte, y sus servidores por otra. De
conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta
regla general los militares, marinos, miembros de los
cuerpos de seguridad pública y personal del servicio
exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo
con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan
también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos
conflictos son resueltos por este órgano de control.
23. Asimismo, resaltó el Pleno del Máximo Tribunal que
dentro de las excepciones, no están comprendidos los
servidores de confianza, por lo que deben considerarse
regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para
esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de
acción para demandar su reinstalación, pues una cosa
es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra
los derechos que el apartado B les otorga, pues en
tratándose de los trabajadores de confianza al servicio
del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo
tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a
los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
los otros derechos que tienen los trabajadores de base
como el de la inamovilidad en el empleo.
24. De ahí, concluyó el referido Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, que puede suceder que en caso
de inconformidad del empleado de confianza con el
cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se
declare competente, aunque resulte desestimada su
demanda porque carezca de acción; por tales razones y
porque el cese de esta clase de servidores no es un acto
de autoridad, toda vez que la relación que los une con el
Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es
el amparo, sino el juicio ante la autoridad de trabajo.
25. Al efecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial(1)
emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, de rubro y texto:
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE.- La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS" y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123
1 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio jurisprudencial número 1076, con número de registro 1009871, consultable en la página 1061, del Tomo VI. Laboral Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Relaciones laborales burocráticas Subsección 1. Sustantivo (Octava Época), del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a Septiembre 2011.
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constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo”.
26. Así las cosas, se tiene que el cargo de *que la
demandante ocupó adscrita al *, es de confianza y que
las labores que le asigna el Acuerdo General respectivo
son de igual índole.
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27. Efectivamente, el artículo 93, párrafo primero, reformado
por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el
similar que establece las disposiciones en materia de
actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veinticuatro de abril de dos mil quince, establece que los
* estarán adscritos a los órganos jurisdiccionales a que
estén asignados, son personal de confianza y, por ende,
de libre designación y remoción, como se advierte en la
siguiente transcripción:
“ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 93; 95, fracción I; 96; 97, fracciones I y II; y 98; se adicionan las fracciones III y IV al artículo 97; y se deroga el artículo 94; y las fracciones II y III del artículo 95 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue:Artículo 93. Los coordinadores técnicos administrativos estarán adscritos a los órganos jurisdiccionales a que estén asignados, son personal de confianza y, por ende, de libre designación y remoción.[…]”.
28. Lo anterior, aunado a que la actora aceptó en demanda
laboral, haberse desempeñado en el citado cargo de *, lo
que constituye una confesión expresa y espontánea en
términos del numeral 794 de la Ley Federal del Trabajo,
de aplicación supletoria a la ley de la materia por
disposición expresa de su artículo 11.
29. Debe destacarse que la normativa interna del Consejo
de la Judicatura Federal, tiene valor probatorio pleno,
pues se encuentra publicada en el Diario Oficial de la
Federación y complementa a la Constitución Federal y
las Leyes orgánicas y reglamentarias aplicables.
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
30. Asimismo, se destaca que las funciones de los *
adscritos a los órganos jurisdiccionales, conforme al
referido artículo 97 del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que establece las
disposiciones en materia de actividad administrativa de
los órganos jurisdiccionales,(2) son las siguientes:
“Artículo 97. ...I. Brindará apoyo al órgano jurisdiccional en la operación y supervisión de sistemas administrativos, financieros e informáticos, así como en la gestión de recursos humanos, materiales y servicios generales;II. Servirá de enlace entre el propio órgano jurisdiccional al que está adscrito y las áreas administrativas en la gestión y desahogo de trámites administrativos, estadísticos e informáticos;III. Atenderá las instrucciones que le encomiende el titular del órgano jurisdiccional que se relacionen con actividades jurídico-administrativas del propio órgano; entre otras, visitas de inspección, control y manejo de archivo, SIBAP, y videoconferencias. En ese último caso deberán coordinarse con la Dirección General de Tecnologías de la Información; yIV. Cumplirá con las funciones establecidas en los manuales, lineamientos, directrices o instrucciones que determine el Pleno o las Comisiones”.
31. Es decir, los ** tienen como funciones brindar apoyo al
órgano jurisdiccional de que se trate en la operación y
supervisión de sistemas administrativos, financieros e
informáticos, así como en la gestión de recursos
humanos, materiales y servicios generales, servir de
enlace entre el propio órgano jurisdiccional al que estén
adscritos y las áreas administrativas en la gestión y
desahogo de trámites administrativos, estadísticos e
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de abril de dos mil quince.
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informáticos, atender las instrucciones que les
encomienden los titulares de los órganos jurisdiccionales
que se relacionen con actividades jurídico-
administrativas de aquéllos, entre otras, visitas de
inspección, control y manejo de archivo, “SISE CB”, y
videoconferencias —en ese último caso deberán
coordinarse con la Dirección General de Tecnologías de
la Información— y, cumplir con las funciones
establecidas en los manuales, lineamientos, directrices o
instrucciones que determine el Pleno del propio Consejo
de la Judicatura Federal o sus Comisiones.
32. Como se ve, el Consejo de la Judicatura Federal ha
determinado que el ** se encargue de auxiliar al órgano
jurisdiccional en cuanto a la asistencia y puntualidad de
sus trabajadores, por tanto, sus funciones son relativas a
la vigilancia del cumplimiento de la jornada de labores de
aquéllos; por ende, sus funciones se encuentran
catalogadas como de confianza en términos del artículo
5, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado(3), de ahí que se llegue al convencimiento de que
la trabajadora en realidad desempeñó funciones con
naturaleza de confianza, y por ende, carece del derecho
a la estabilidad en el empleo.
3 Artículo 5. Son trabajadores de confianza:[…]II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas dentro del régimen del apartado "B" del artículo 123 Constitucional, que desempeñan funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta Ley sean de:b). Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y sub-jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza. […]
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33. Resulta aplicable a lo anterior el criterio sostenido por el
Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Primer Circuito(4), de rubro y texto siguientes:
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. BASTA QUE DESARROLLEN ALGUNA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 5o, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA, PARA SER CONSIDERADOS CON TAL CARÁCTER.- Del contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se advierte que en él se establece no sólo cuáles son las categorías de los trabajadores al servicio del Estado, que tienen la calidad de confianza, sino que además, en él se describe una serie de funciones que también tienen esa naturaleza, como lo son, en su caso, las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, entre otras; sin embargo, ello no implica que para considerar a un trabajador como de confianza, sea necesario que desempeñe simultáneamente todas estas atribuciones, pues esto dependerá de la naturaleza del trabajo que le sea asignado y, en todo caso, de la categoría que desempeñe; por lo que basta que realice alguna de éstas para tener tal carácter, ya que el precepto legal sólo es enunciativo en cuanto a ellas, mas no puede deducirse de él que deban forzosamente reunirse todas para que un trabajador al servicio del Estado pueda considerarse como de confianza, siendo suficiente que represente al patrón en alguna de esas actividades, sin que para ese fin se requiera forzosamente tener trabajadores a su cargo pues, como en el caso de la supervisión, ello resulta irrelevante”.
34. Además, debe destacarse que el numeral 7 de la Ley
Burocrática, dispone que al crearse categorías o cargos
no comprendidos en el artículo 5 del propio
ordenamiento, la clasificación de base o de confianza
que les corresponda, se determinará expresamente en la
norma que formalice su creación.
35. Es de hacer notar, que el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, emitió resoluciones que apoyan el
4 Tesis I.9o.T.280 L, con número de registro 161728, consultable en la página 1604, Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Laboral.
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tema de que se trata, en los conflictos de trabajo
números * (sesión de trece de julio de dos mil dieciséis) y
* (sesión de veintiocho de septiembre del citado año).
36. De lo hasta aquí expuesto, se deduce que han quedado
acreditadas, tanto la categoría, como las funciones de
confianza del puesto desempeñado por la trabajadora,
sin que con los medios de convicción que haya aportado,
se demuestre que normalmente desempeñaba funciones
atribuibles a un empleado de base.
37. En efecto, la trabajadora aportó como pruebas:
I. DOCUMENTAL. Consistente en originales de los nombramientos de dos de enero y siete de marzo de dos mil catorce; copia simple del nombramiento de treinta de mayo del citado año; original de la constancia de sueldos y salarios con número de folio 1087 de siete de enero de dos mil dieciséis.(admitidas en audiencia de ley de uno de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 98-104)).Documentales públicas, que en términos de los artículos 795 y 798 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente, adquieren valor probatorio pleno para demostrar, que la trabajadora *, se encontró adscrita al **, en el puesto de **, del primero de diciembre de dos mil trece al primero de junio de dos mil catorce. II. DOCUMENTAL. Consistente en el aviso de conclusión de nombramiento y funciones como *, de quince de abril de dos mil dieciséis, suscrito por la **. (admitida en audiencia de ley de uno de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 98-104)).Documental pública en original que en términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente, adquiere valor probatorio pleno para demostrar, que la trabajadora fue dada de baja del *, en el puesto de *, con fecha de conclusión del encargo el quince de junio de dos mil dieciséis.
38. Con las pruebas antes relacionadas no se desvirtúa el
valor probatorio otorgado a las disposiciones contenidas
en el artículo 97 —en su texto reformado— del Acuerdo
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que establece las disposiciones en materia de actividad
administrativa de los órganos jurisdiccionales, de ahí que
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
se llegue al convencimiento de que las manifestaciones
vertidas por la trabajadora, en el sentido de que
desempeñaba funciones correlativas a un nombramiento
de base, no quedaron demostradas.
39. En efecto, la trabajadora ahora accionante al formular su
demanda afirmó que en realidad las funciones que había
desempeñado, en términos de la circular de primero de
octubre de dos mil trece, eran las relativas a apoyo a las
actividades administrativas, por ende no podían ser
catalogadas como de confianza (foja 3).
40. En ese tenor y considerando que no se demostró el
carácter y funciones de base del puesto desempeñado
por la trabajadora, se estima indispensable llevar a cabo
el estudio de la legitimación activa, el cual es
preponderante, por tratarse de una cuestión de orden
público, dado que es inherente a una condición de la
acción, al implicar que la parte actora ejerza un derecho
que jurídicamente le corresponda.
41. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en sus artículos 1o. y 133, a la letra dispone:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...”.“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.
42. Conforme a la Norma Fundamental, en el Estado
Mexicano todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los
Tratados Internacionales de los que México sea parte,
así como que las normas que los contengan habrán de
interpretarse tomando en cuenta el contenido de la
propia Carta Magna y el derecho convencional en la
materia, favoreciendo en todo tiempo a aquéllas la
protección más amplia.
43. Es de destacarse la existencia de normas de derecho
internacional, como el Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”, adoptado en la ciudad de
San Salvador, El Salvador, el diecisiete de noviembre de
mil novecientos ochenta y ocho.
44. El Protocolo referido, establece que todas las personas
tienen derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad
de obtener los medios para llevar una vida digna y
decorosa a través del desempeño de una actividad lícita
libremente escogida o aceptada (artículo 6); se dispone
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
también el deber de los Estados partes, de garantizar
que las actividades laborales se desempeñen en
condiciones justas, equitativas y satisfactorias (artículo
7), y es precisamente dentro de esas circunstancias, en
las que se incluye la relativa a la estabilidad en el
empleo, ya que en el punto d, del numeral últimamente
citado así se dispone.
45. Dicho dispositivo en la parte que interesa, es del tenor
siguiente:
“Artículo 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:[…]d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;…”.
46. No obstante ello, esa disposición convencional no puede
aplicarse en el régimen interno, si previamente no se
constata si en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos existe alguna restricción.
47. A ese respecto, la Norma Fundamental, en su artículo
123, apartado B, fracción XIV, en lo conducente,
dispone:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
“ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:A…B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:(…)XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social”.
48. Cabe señalar, que con lo establecido en la citada
fracción XIV del apartado B del artículo 123
constitucional, en el sentido de que “la ley determinará
los cargos que serán considerados de confianza y que
las personas que los desempeñen disfrutarán de las
medidas de protección al salario y de los beneficios de la
seguridad social”, el Poder Revisor de la Constitución
expresó su voluntad de limitar los derechos laborales de
los trabajadores de confianza al precisar los derechos
derivados de los servicios que prestan, esto es, de
protección al salario y los derivados de su afiliación al
régimen de seguridad social, excluyendo el derecho a la
estabilidad en el empleo que solamente se establece
para los trabajadores de base, por lo que,
constitucionalmente, los trabajadores de confianza
quedan al margen por exclusión, de demandar la
reinstalación o la indemnización constitucional ante
un supuesto despido o suspensión injustificados, ya que
tales prerrogativas no les fueron reconocidas.
49. Relacionado con ello, la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación emitió recientemente las
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
jurisprudencias 2a/J. 21/2014, 2a/J. 22/2014 y 2a/J.
23/2014.
50. La primera de tales jurisprudencias(5), es de rubro y texto
siguientes:
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que ha definido a través de las diversas épocas del Semanario Judicial de la Federación, al interpretar la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de confianza al servicio del Estado sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, resulta acorde con el actual modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos y, por tanto, debe confirmarse, porque sus derechos no se ven limitados, ni se genera un trato desigual respecto de los trabajadores de base, sobre el derecho a la estabilidad en el empleo. Lo anterior, porque no fue intención del Constituyente Permanente otorgar el derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza pues, de haberlo estimado así, lo habría señalado expresamente; de manera que debe considerarse una restricción de rango constitucional que encuentra plena justificación, porque en el sistema jurídico administrativo de nuestro país, los trabajadores de confianza realizan un papel importante en el ejercicio de la función pública del Estado; de ahí que no pueda soslayarse que sobre este tipo de servidores públicos descansa la mayor y más importante responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado, de acuerdo con las funciones que realizan, nivel y jerarquía, ya sea que la presidan o porque tengan una íntima relación y colaboración con el titular responsable de la función pública, en cuyo caso la ‘remoción libre’, lejos de estar prohibida, se justifica en la medida de que constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público”.
5 Tesis con número de registro el 2005825, consultable en la página 877 del Libro 4, correspondiente a marzo de 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia constitucional.
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
51. De lo ahí expuesto, por la aludida Segunda Sala, con
base en el análisis de las normas constitucionales,
resulta que los trabajadores de confianza no gozan de la
estabilidad en el empleo, pues sólo se les conceden los
beneficios de protección al salario y los derivados del
régimen de seguridad social, lo que conforme a sus
propias consideraciones, es coherente con el nuevo
modelo de constitucionalidad en materia de derechos
humanos, pues no puede pasarse por alto que sobre ese
tipo de servidores, descansa la mayor y más importante
responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado,
de acuerdo con las funciones que realizan, nivel y
jerarquía, ya sea porque la presidan o porque tengan
una íntima relación y colaboración con el titular
responsable de la función pública, en cuyo caso la libre
remoción, lejos de estar vedada, encuentra justificación
en la medida de que constituye la más elemental
atribución de los titulares, de elegir a su equipo de
trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia
y eficiencia del servicio público.
52. La segunda de las mencionadas jurisprudencias(6), es de
rubro y texto del siguiente tenor:
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO NO ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., dispone que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales. Ahora bien, si el Constituyente Permanente no tuvo la intención de otorgar a los trabajadores de confianza el derecho a la
6 Tesis con número de registro 2005824, publicada en la página 876 del Libro 4, correspondiente a marzo de 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia constitucional.
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
estabilidad en el empleo, acorde con la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Norma Suprema, la cual únicamente les permite disfrutar de las medidas de protección al salario y gozar de los beneficios de la seguridad social, entonces, por principio ontológico, no puede contravenir la Constitución General de la República, específicamente el derecho humano a la estabilidad en el empleo previsto únicamente para los trabajadores de base, en la fracción IX de los indicados precepto y apartado, ni el de igualdad y no discriminación, porque la diferencia entre trabajadores de confianza y de base al servicio del Estado la prevé la propia Norma Fundamental”.
53. De lo anterior se tiene que la Segunda Sala sostuvo
también, que la falta de estabilidad en el empleo, de los
trabajadores de confianza, no es contraria a la
Constitución General de la República, particularmente al
derecho humano a la inamovilidad, dado que el
constituyente permanente no tuvo la intención de otorgar
a ese tipo de empleados tal prerrogativa, sino que
únicamente lo previó para los de base en la fracción IX
del apartado B del dispositivo 123 constitucional, y
tampoco contraviene el derecho humano de igualdad y
no discriminación, porque es la propia Carta Magna la
que establece una distinción entre trabajadores de
confianza y de base.
54. Finalmente, se transcribe la última de las citadas
jurisprudencias(7), cuyo rubro y texto son los siguientes:
“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES NORMAS CONVENCIONALES. La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema
7 Tesis con número de registro 2005823, publicada en la página 874 del Libro 4, correspondiente a marzo de 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia constitucional.
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
Corte de Justicia de la Nación ha reiterado la interpretación de la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de confianza sólo disfrutarán de las medidas de protección del salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, sobre la base de que no fue intención del Constituyente Permanente otorgarles derecho de inamovilidad en el empleo y que, por ello, representa una restricción de rango constitucional. En tal virtud, si bien el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en su artículo 7, apartado d, establece el derecho de las personas a una indemnización o a la readmisión en el empleo, o a cualquier otra prestación prevista en la legislación nacional, en caso de despido injustificado, lo cierto es que esta norma de rango convencional no puede aplicarse en el régimen interno en relación con los trabajadores de confianza al servicio del Estado, porque su falta de estabilidad en el empleo constituye una restricción constitucional”.
55. De dicho criterio deriva la consideración de que al
tratarse la falta de inamovilidad de los trabajadores de
confianza al servicio del Estado, de una restricción
constitucional, les resultan inaplicables las normas
convencionales, lo que de no ser así, implicaría
desconocer el régimen establecido en la misma norma
fundamental para esos empleados.
56. Precisado lo anterior, y partiendo del hecho de que los
trabajadores de confianza no gozan de estabilidad en el
empleo, por lo que pueden ser removidos libremente, sin
que tal inestabilidad contraríe sus derechos humanos, ni
les resulte aplicable el derecho internacional en esa
materia, es menester ahora traer a tema diversas
disposiciones legales que regulan los cargos que son de
confianza, en específico dentro del Poder Judicial de la
Federación, a cuyo efecto, se acude al texto de los
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
artículos 4, 5, fracción IV, 6, 7, 8 y 20, de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, y del 180 al
182, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, los que en lo conducente son del tenor
siguiente:
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
“Artículo 4. Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base.Artículo 5. Son trabajadores de confianza:(…)IV. En el Poder Judicial: los Secretarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los Secretarios del Tribunal Pleno y de las Salas.Artículo 6. Son trabajadores de base:Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente.Artículo 7. Al crearse categorías o cargos no comprendidos en el artículo 5o, la clasificación de base o de confianza que les corresponda, se determinará expresamente por la disposición legal que formalice su creación.Artículo 8. Quedan excluidos del régimen de esta ley, los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5º…(…)Artículo 20. Los trabajadores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, se clasificarán conforme a lo señalado por el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal…”.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
“Artículo 180. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el carácter de servidores públicos de confianza, el secretario general de acuerdos, el subsecretario general de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, los secretarios y subsecretarios de Sala, los secretarios auxiliarse de acuerdos, los
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
actuarios, la persona o personas designadas por su Presidente para auxiliarlo en las funciones administrativas, el Coordinador de Compilación y Sistematización de Tesis, los directores generales, los directores de área, los subdirectores, los jefes de departamento, el personal de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios”.“Artículo 181. Tendrán también carácter de servidor público de confianza, los secretarios ejecutivos, los secretarios de comisiones, los secretarios técnicos, los titulares de los órganos, los coordinadores generales, directores generales, directores de área, visitadores, defensores públicos, asesores jurídicos y personal técnico del Instituto Federal de Defensoría Pública, de la Visitaduría Judicial y de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, subdirectores, jefes de departamento, oficiales comunes de partes, el personal de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, cajeros, pagadores y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisición o inventarios”.“Artículo 182. Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, no previstos en los dos artículos anteriores, serán de base”.
57. De los artículos transcritos, se desprende que las
disposiciones en ellos contenidas, son acordes con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
al señalar expresamente que los trabajadores de
confianza al servicio del Poder Judicial de la Federación,
se encuentran excluidos del régimen de la Ley Laboral
Burocrática en cuanto a la estabilidad en el empleo, pues
jurídicamente sólo se les conceden los beneficios de
protección al salario y del régimen de seguridad social,
por lo que quedan limitados sus derechos al no
corresponderles el de estabilidad en el empleo, lo que
implica que no son titulares del derecho al pago de la
reinstalación ante una suspensión o separación
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
injustificada, dado que la legislación aplicable, no se los
confiere.
58. En esa medida, es evidente que el legislador ordinario
con la facultad que le otorgó el Poder Revisor de la
Constitución, excluyó a los trabajadores de confianza de
la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado en su artículo 8 y, señaló los cargos
que son de confianza, en lo que aquí interesa, en la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
59. En apoyo de lo anterior, es aplicable por analogía dado
su sentido y alcance jurídico, la tesis de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación(8), cuyo rubro, texto y
datos de identificación se precisan a continuación:
“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable”.
60. En consecuencia, es evidente que la trabajadora ahora
demandante, carece de legitimación activa que es un
presupuesto de la pretensión para la resolución de
fondo, lo que significa que la demanda sea instaurada
8 Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VII, enero de 1998. Tesis: 2a./J. 75/97. página: 351.
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
por la persona a la que la ley otorga la titularidad del
derecho cuestionado en el respectivo procedimiento,
puesto que se ha desempeñado en el servicio público,
como un empleado de confianza, tal como ha quedado
demostrado.
61. Por ende, la actora carece de derecho para demandar la
indemnización constitucional que pretende.
62. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación(9), de rubro y texto siguientes:
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS. La calidad de confianza de un trabajador al servicio del Estado es excepcional en atención a la regla general consistente en que los trabajadores se consideran de base, de ahí que conforme al artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para considerar que un trabajador es de confianza no basta que en el nombramiento aparezca la denominación formal de director general, director de área, adjunto, subdirector o jefe de departamento, sino que también debe acreditarse que las funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo de puestos a que alude el artículo 20 de la ley citada o que efectivamente sean de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando”.
63. Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia sostenida
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación(10), de rubro y texto siguientes:
9 Tesis jurisprudencial 2a./J. 160/2004, con número de registro 180045, consultable en la página 123, Tomo XX, relativa al mes de noviembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Laboral.10 Tesis jurisprudencial 1065, con número de registro 1009859, consultable en
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.- De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que "la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza", se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo”.
64. Consecuentemente, atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, en cuanto señala que el examen de
las pruebas no podrá sujetarse a reglas fijas para su
estimación, sino que se apreciarán en conciencia,
expresando en cualquier caso las consideraciones en las
que se funde ese análisis, resolviendo a verdad sabida y
buena fe guardada, queda debidamente acreditado que
la página 1051, Tomo VI. Laboral Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Relaciones laborales burocráticas Subsección 1. Sustantivo, Novena Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Materia Laboral.
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
las labores que realizó la demandante *, son las
inherentes al puesto de confianza de * que ocupó, por lo
que deben entenderse de igual naturaleza, de donde se
llega a la convicción de que no tiene la titularidad del
derecho a la indemnización constitucional, dado que
constitucional y legalmente no se reconoció a los
trabajadores que como ella, son de confianza, quedando
así excluidos del régimen de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado en términos de su
artículo 8.
65. Sin que dicha conclusión implique desconocer que de la
interpretación sistemática de lo previsto en los artículos 5
y 6 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, y del 180 al 182 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, con independencia de que a
los servidores públicos del Poder Judicial de la
Federación y, en específico, del Consejo de la Judicatura
Federal, se les otorgue algún nombramiento de
confianza de los previstos en los artículos 5 y 181
citados, deba atenderse a la naturaleza del trabajo
desempeñado y no a la mera denominación del puesto
en el respectivo nombramiento.
66. Consideraciones que encuentran apoyo en la
jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación(11), de rubro siguiente: “TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA
11 Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIII, febrero de 2006. Tesis: P./J. 36/2006. página: 10.
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL”.
67. Lo anterior, debido a que en este caso, de acuerdo con
lo expuesto con anterioridad, la demandante acepta
tácitamente haber desempeñado las labores asignadas
al puesto de *, que también son de confianza, sin que
pase inadvertido que mencionó haber desarrollado
trabajos asimilados a los de un trabajador de base; sin
embargo, al efecto, no ofreció pruebas que así lo
demostraran.
68. En esas condiciones, resulta fundada la defensa de falta
de legitimación activa en la causa, opuesta por la titular
del **; por no corresponder a la actora * la titularidad del
derecho a la indemnización constitucional que ejerce,
derivado del despido injustificado que alega, en los
términos expuestos.
69. No es obstáculo para sostener en esta resolución lo
anteriormente razonado, el hecho de que la trabajadora
aquí demandante en su escrito inicial de demanda haya
argumentado que el aviso de quince de abril de dos mil
dieciséis, mediante el cual le fue notificado que
terminarían los efectos de su nombramiento a partir del
quince de junio del referido año, carecía de legalidad
porque se apoyaba en una normativa inexistente y en
todo caso de existir se le aplicaría retroactivamente en
perjuicio de sus derechos humanos.
70. Efectivamente, si bien es cierto que el aviso librado por
el titular demandado, el quince de abril de dos mil
dieciséis, contiene errores en la cita de la normativa del
Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta a los
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
**, no menos cierto lo es, que a final de cuentas, la
normativa vigente al momento en que se le dio aviso a la
trabajadora de la terminación de los efectos de su
nombramiento, establece los lineamientos que siguió el
Juez Federal titular de la relación de trabajo.
71. Así es, el Acuerdo General 23/2013 del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que regula al * en
órganos jurisdiccionales, en la parte que interesa
establece que:
“Artículo 3.- Los coordinadores técnicos administrativos se adscriben a la Dirección General de Tecnologías de la Información.El nombramiento de los coordinadores técnicos administrativos corresponde a la Comisión de Administración, a propuesta del titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información, conforme a lo previsto en el Acuerdo General 76/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el Criterio para Nombrar y Prorrogar los nombramientos de los Servidores Públicos de Confianza Adscritos a los Órganos Auxiliares y Unidades Administrativas del propio Consejo, previo desahogo del procedimiento de reclutamiento a que se refiere el artículo 6 del presente Acuerdo General. Para las prórrogas de los nombramientos se observará el referido Acuerdo General 76/2006”.“Artículo 5.- Para ser coordinador técnico administrativo se requiere:I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en ingeniería, actuaría, administración, archivonomía, biblioteconomía, contabilidad, finanzas, matemáticas, tecnologías de la información y sistemas computacionales.II. Acreditar experiencia profesional mínima de un año en actividades relacionadas con las funciones del puesto de coordinador técnico administrativo.III. Acreditar los exámenes de conocimientos y psicométricos que determine la Comisión de Administración.IV. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año; yV. No estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
72. Como se ve, aún y cuando el Juez titular demandado
invocó un acuerdo del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal diverso al que en realidad contenía
los requisitos del perfil que originalmente debía cubrir un
*, lo cierto es que el perfil que indicó en el aviso de
terminación de los efectos del nombramiento, establece
lo que se insertó; esto es, que una multitud de
profesionistas (incluidos los licenciados en derecho),
podían desempeñar el cargo en comento.
73. Asimismo, debe hacerse notar que desde el dos de
enero de dos mil quince, se modificó el perfil del puesto
que desempeñó la trabajadora aquí demandante, ya que
al efecto, se emitió el Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y
deroga el similar que establece las disposiciones en
materia de actividad administrativa de los órganos
jurisdiccionales, para quedar como sigue:
“Artículo 93. Los coordinadores técnicos administrativos estarán adscritos a los órganos jurisdiccionales a que estén asignados, son personal de confianza y, por ende, de libre designación y remoción.Serán nombrados y removidos por el titular del órgano jurisdiccional al que esté adscrita la plaza.Las personas designadas para ocupar la plaza de coordinador técnico administrativo, deberán cumplir previamente con los requisitos que establece el artículo 95 de este Acuerdo”.“Artículo 95…I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en derecho;…”.
74. Igualmente, ha de destacarse que el veinticuatro de abril
de dos mil quince, se emitió nuevo Acuerdo General del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma,
adiciona y deroga el similar que establece las
disposiciones en materia de actividad administrativa de
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
los órganos jurisdiccionales, donde se volvieron a
modificar los preceptos normativos antes indicados, y se
estableció lo conducente al puesto materia de debate en
los siguientes términos:
“Artículo 93. Los coordinadores técnicos administrativos estarán adscritos a los órganos jurisdiccionales a que estén asignados, son personal de confianza y, por ende, de libre designación y remoción.Serán nombrados y removidos por el titular del órgano jurisdiccional al que esté adscrita la plaza.Las personas designadas para ocupar la plaza de coordinador técnico administrativo, deberán cumplir previamente con los requisitos que establece el artículo 95 de este Acuerdo”.“Artículo 95…I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en derecho;…”.
75. Lo antes transcrito, pone en relieve, que en las dos
modificaciones se reiteró que el perfil que debía tener un
**, adscrito a los órganos jurisdiccionales, requería el
título de licenciado en derecho, cuestión que
esencialmente tomó en cuenta el Juez demandado en el
aviso de terminación de efectos del nombramiento que
se le hizo saber a la trabajadora y que en esta vía laboral
se impugna, sin perjuicio alguno de que hubiese
efectuado erróneamente la cita de las disposiciones en
comento, pues en estricto sentido siguió los fundamentos
legalmente establecidos.
76. Además, debe precisarse que desde que fue emitido el
Acuerdo General 23/2013 del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que regula al **, se estableció el
carácter de confianza del puesto en cuestión, lo que
significa que este tipo de funcionarios nunca han gozado
de estabilidad en el empleo.
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
77. En consecuencia, se absuelve a la demandada titular
del *, de pagar a la actora indemnización constitucional
que reclama, debido a que en términos del estudio
anterior, no era titular de ese derecho, que deriva de la
estabilidad en el empleo, de la que no gozaba por
tratarse de una empleada de confianza.
78. Igualmente, resulta improcedente el pago
correspondiente a los salarios caídos, ello en atención a
que es dependiente de la acción principal de
indemnización constitucional que hizo valer con motivo
del despido injustificado que aduce en su escrito de
reclamaciones; por lo que al resultar improcedente la
referida acción principal, es inconcuso que tales
reclamaciones deban correr la misma suerte.
79. Es aplicable a lo anterior la tesis sostenida por la extinta
Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación(12), que lleva por rubro y texto:
“SALARIOS CAÍDOS, ACCIÓN ACCESORIA DE LA PRINCIPAL DE INDEMNIZACIÓN.- La acción de pago de salarios caídos es del tipo secundario, accesorio, supeditada a la procedencia o improcedencia de la acción principal de indemnización constitucional, en término del artículo 124 de la referida ley; ahora bien: si en la especie tal acción principal no ha prosperado por la circunstancia de haberse estimado firme el laudo en cuanto no consideró legal la causa rescisoria del contrato individual de trabajo invocada por el actor, es evidente que en forma concomitante es improcedente la relacionada acción secundaria”.
80. A continuación se abordará el estudio de las demás prestaciones hechas valer por la demandante.
12 Tesis con número de registro 275475, visible a foja 50, Volumen XXXVIII, Quinta Parte, Sexta Época; del Semanario Judicial de la Federación, materia laboral.
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
81. Por otro lado, es menester realizar el análisis de las
restantes prestaciones reclamadas por la trabajadora
actora, por ser autónomas e independientes de la acción
de despido injustificado, que son las relativas al: pago de
prima de antigüedad, prima vacacional; y el pago del
aguinaldo, estas dos últimas en su parte proporcional.
82. En cuanto a la primera de dichas prestaciones, se tiene
que la trabajadora actora reclama su pago a razón de
doce días por año de servicios prestados, con
fundamento en la fracción II, del artículo 162 y el 486 de
la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente en
la especie.
83. Sin embargo, dicha prestación en el particular es
improcedente, toda vez que no está contemplada en la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y
en el caso no resulta aplicable supletoriamente el artículo
162 mencionado, en términos del numeral 11 de la
invocada ley burocrática, pues tal figura es viable cuando
existe un vacío en la ley que impida hacer efectiva la
prerrogativa en relación con la cual se pretende dicha
aplicación, o bien, porque al ser deficiente o incompleta
haga necesario acudir a los ordenamientos que por su
orden señala el propio precepto para complementarla en
lo no previsto, lo que no sucede en el caso, en que el
legislador no dispuso conceder ese derecho que se
reclama, para los trabajadores del Estado.
84. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por la
Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación(13), de rubro y texto
siguientes:
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CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J.
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. Tratándose de trabajadores al servicio del Estado, no procede reclamar la prima de antigüedad contenida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, porque la ley federal aplicable a dichos trabajadores no establece esa prestación”.
85. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ha reiterado esencialmente el
criterio antes acotado(14), en la tesis que lleva por rubro y
texto:
“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. SI SUS TRABAJADORES LABORARON BAJO EL RÉGIMEN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, NO TIENEN DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- Conforme al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", un trabajador de un organismo descentralizado de carácter federal, cuya relación laboral siempre se ha regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no tiene derecho a los beneficios por antigüedad establecidos en los dos apartados del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tal extremo no está previsto en ninguna norma constitucional o legal, y tampoco puede apoyarse en la jurisprudencia P./J. 1/96, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL", toda vez que tal criterio no produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la
13 Tesis de jurisprudencia publicada en la página 49, Quinta Parte 199-204, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, materia laboral.14 Tesis jurisprudencial 2a./J. 21/2012 (10a.), con número de registro 2000408, consultable en la página 498, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia laboral.
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relación laboral. Por tanto, si un trabajador de un organismo descentralizado federal laboró bajo el régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo”.
86. Consecuentemente, se absuelve a la demandada, de
pagar a la actora la prima de antigüedad que demanda.
87. Al efecto, es preciso citar las resoluciones sostenidas por
el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los
conflictos de trabajo números * (sesión de veintiséis de
mayo de dos mil dieciséis) y * (sesión de veintisiete de
enero del citado año).
88. Por otro lado, en cuanto al pago de prima vacacional y
aguinaldo por el último año en que prestó sus servicios
para la demandada.
89. Debe decirse que al respecto, no se opuso excepción
alguna, puesto que la demandada señaló en su
contestación que no procedían al haberse reclamado con
fundamento en una ley inaplicable, lo que resulta
infundado, ya que son autónomas e independientes por
tratarse de prestaciones devengadas, en términos del
artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación
supletoria en la especie.
90. Adicionalmente, se hace también notar, en relación con
la distribución de la carga probatoria en materia laboral,
que el legislador dispuso en la Ley Federal del Trabajo
una especial tutela en favor de los trabajadores, como
puede apreciarse en la norma contenida en el artículo
784 de dicho ordenamiento, en el que a la parte
trabajadora en muchos casos se le exime de probar
ciertos hechos o actos, a diferencia de lo que ocurre en
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relación con la parte patronal, a la cual se le atribuye
expresamente la carga de acreditar, aunque se trate de
afirmaciones o pretensiones del trabajador.
91. El texto del mencionado numeral, es el que enseguida se
transcribe:
“Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:I. Fecha de ingreso del trabajador;II. Antigüedad del trabajador;III. Faltas de asistencia del trabajador;IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, de esta Ley;VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha y la causa de su despido;VII. El contrato de trabajo;VIII. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales;IX. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo;X. Disfrute y pago de las vacaciones;XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;XII. Monto y pago del salario;XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; yXIV. Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro.La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho por otros medios”.
92. Del contenido de ese artículo, se acentúa el
señalamiento relacionado con que la autoridad laboral
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eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando
por otros medios esté en posibilidad de llegar al
conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al
patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo
con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en el
centro de trabajo, así como que en todo caso,
corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista
controversia sobre: pago del aguinaldo y pago de la
prima vacacional.
93. En ese tenor, al existir controversia sobre el pago de la
prima vacacional y aguinaldo, ambas en la parte
proporcional del dos mil dieciséis, y no acreditar haber
cubierto esas prestaciones; y toda vez que no se opuso
la excepción de prescripción en contra de las acciones
tendentes a obtener el pago de esas prestaciones; ni
obra en autos, constancia alguna con la que se acredite
que le fueron pagadas a la accionante, por el lapso que
refiere, resulta conducente imponer condena por al pago
proporcional de prima vacacional y aguinaldo en lo que
atañe al dos mil dieciséis.
94. Ello en atención a que en términos del artículo 159 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los
funcionarios y empleados del Consejo de la Judicatura
Federal, disfrutan de dos periodos de vacaciones al año,
entre los periodos de sesiones a que se refiere el artículo
70 de la misma legislación.
95. Tales preceptos son del tenor literal siguiente:
“Artículo 70. El Consejo de la Judicatura Federal tendrá cada año dos períodos de sesiones. El primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio, y el segundo comenzará el primer día hábil
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del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre”.“Artículo 159. Los servidores públicos y empleados de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, disfrutarán de dos períodos de vacaciones al año entre los períodos de sesiones a que se refieren los artículos 3o. y 70 de esta ley”.
96. Así, teniendo presente el contenido de esos artículos,
amén de que la demandada no opuso excepción alguna
en contra de la acción de aguinaldo y prima vacacional
por el último año que laboró la actora al servicio de la
demandada, ni la de prescripción, debe condenarse al
pago de ellas por lo que hace al primer periodo de dos
mil dieciséis, atendiendo a que la relación de trabajo
culminó el quince de junio de ese mismo año con la baja
de la actora, se le debe pagar en su caso, parte
proporcional de los conceptos correlativos a la prima
vacacional y aguinaldo, correspondientes al primer
periodo vacacional de ese año.
97. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la
jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación(15), de rubro y
texto siguientes:
“VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicio; y de acuerdo con el artículo 516 del mismo ordenamiento, el plazo de la prescripción de la acción para reclamar el pago de las vacaciones y de la prima vacacional, debe computarse a partir del día siguiente al en que concluye ese lapso de
15 Jurisprudencia 2a./J. 1/97, registrada con el número 199519, consultable en la página 199 del Tomo V, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia laboral.
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seis meses dentro de los cuales el trabajador tiene derecho a disfrutar de su período vacacional, porque hasta la conclusión de ese término es cuando la obligación se hace exigible ante la Junta, mas no a partir de la conclusión del período anual o parte proporcional reclamados, debido a que el patrón cuenta con seis meses para conceder a los trabajadores el período vacacional y mientras no se agote este plazo, desde luego, no se da el incumplimiento del imperativo legal a que se contrae el primer dispositivo invocado”.
98. Así las cosas, se instruye al Director General de
Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura
Federal, a pagar a la actora aguinaldo y prima vacacional
en su parte proporcional, correspondientes al primer
periodo de dos mil dieciséis, siempre y cuando no se
hayan cubierto dichos conceptos.
99. Lo anterior es así, en razón de que en términos del
segundo párrafo del numeral 42 bis citado, el aguinaldo
debe cubrirse a los trabajadores estatales, en un
cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el
restante a más tardar el quince de enero del siguiente
año, prestación cuyo pago procederá a pesar de que el
trabajador de que se trate no hubiera prestado sus
servicios por un año completo, caso en el cual se deberá
hacer un pago proporcional al tiempo en que laboró en el
año.
100. El texto del numeral de que se trata, es el siguiente:
“Artículo 42 bis.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50 % antes del 15 de diciembre y el otro 50 % a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiere prestado sus servicios menos de un año”.
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101. En consecuencia, se deberá girar oficio a la Dirección
General de Recursos Humanos del Consejo de la
Judicatura Federal, a fin de que informe a la Comisión
Substanciadora Única del Poder Judicial de la
Federación el salario que correspondió al cargo de * que
desempeñaba la demandante en el citado periodo, a
efecto de que esa base salarial sea considerada para
cubrir las prestaciones materia de la condena.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los
artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el
81, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, se resuelve:
PRIMERO. Es improcedente la acción de despido
injustificado ejercida por la trabajadora, para obtener la
indemnización constitucional, dada su falta de
legitimación en la causa.
SEGUNDO. Se absuelve a la *, del pago de
indemnización constitucional reclamado por la actora.
TERCERO. Es improcedente el pago de salarios
caídos y prima de antigüedad, en términos del
considerando tercero de esta resolución.
CUARTO. Se instruye al Director General de
Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura
Federal, a pagar a la actora aguinaldo y prima vacacional
en su parte proporcional, correspondientes al primer
periodo de dos mil dieciséis, siempre y cuando no se
hayan cubierto dichos conceptos, en términos del
considerando tercero de esta resolución.
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Devuélvase el expediente relativo a la Comisión
Substanciadora Única del Poder Judicial de la
Federación, para el efecto de que notifique a las partes
la presente resolución, realice los trámites necesarios
para su cumplimiento, y, en su oportunidad, lo archive
como asunto concluido.
Cúmplase.
Así lo resolvió el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, en sesión ordinaria de ocho de febrero de dos
mil diecisiete, por unanimidad de siete votos de los
Consejeros: Presidente, Ministro Luis María Aguilar
Morales, Rosa Elena González Tirado, Martha María del
Carmen Hernández Álvarez, Felipe Borrego Estrada,
Alfonso Pérez Daza, Jorge Antonio Cruz Ramos y J.
Guadalupe Tafoya Hernández; con salvedades del
Consejero Jorge Antonio Cruz Ramos.
Firman el Ministro Presidente del Consejo de la
Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales y el
Secretario Ejecutivo del Pleno del mencionado Cuerpo
Colegiado, Gonzalo Moctezuma Barragán, que autoriza
y da fe.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.
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EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENODEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN.GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUE LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA CUARENTA Y CUATRO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONFLICTO DE TRABAJO 71/2016-J, SUSCITADO ENTRE **, EN SESIÓN ORDINARIA DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. LMAM/GMB/JRCB
La licenciada Wendy Verónica Delgado Carrillo, hago constar y
certifico que en términos de lo previsto en los artículos 16 y 113 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en esta versión pública se suprime toda aquella
información considerada legalmente como confidencial, que
encuadra en los ordenamientos mencionados. Conste.
