Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Índice · 2015-11-11 · Copyleft Esta edición se realiza bajo la licencia de uso creativo compartido o Creative Com-mons

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AutoresMás allá del individuo.Clases sociales, transformaciones económicas y políticas estatales en la argentina contemporánea. - 1a ed. - Buenos Aires - El Colectivo, 2012. 210p. ; 22x15 cm. - (Colección: Ensayo e Investigación)ISBN 978-987-1497-42-3 1. Movimientos Obreros. 2. Movimientos Sociales. I. TítuloCDD 303.484

Fecha de catalogación: 18/07/2011

Diseño de tapa e interior: 3 Mariposas. Cooperativa de diseño.

Editorial El Colectivowww.editorialelcolectivo.orgeditorialelcolectivo@gmail.com

Introducción

Proyecto sin clase: crítica al neoestructuralismo como fundamento del neodesarrolismo. [Mariano Féliz ]

Dinámica sociopolítica de la devaluación: alianzas, disputas y cambio. [Francisco J. Cantamutto ]

Las clases dominantes en el nuevo modo de desarrollo argentino (2002-2009). Cambios y continuidades en sus aspectos materiales. [Emiliano López ]

Subsidios a sectores económicos en la Argentina de la post Convertibilidad: interpretación desde una perspectiva de clase. [Leandro Bona ]

La política monetaria como mecanismo de distribución del ingreso. Una comparación entre la Argentina de la Con-vertibilidad y la post-Convertibilidad. Pablo Ignacio Chena ]

Valorización y ganancias según tamaño del capital en la Argentina actual (1993-2009). [Facundo Barrera ]

Estructura de clase, distribución del ingreso y políticas públicas. Una aproximación al caso argentino en la etapa post-neoliberal. [Féliz, Mariano, López, Emiliano y Fernán-dez, Lisandro ]

Estructura de Clases, inserción laboral y desigualdad en la post-convertibilidad. [Pablo Pérez y Facundo Barrera ]

Índice

La salida de la Convertibilidad a comienzos de 2002 abrió en Ar-gentina un proceso de profundas transformaciones en las políticas estatales. La disputa entre las diversas fracciones y clases sociales por la orientación del modelo de desarrollo, en articulación con los límites impuestos por la estructura económica y social construida a través del neoliberalismo, condujeron a nuevas orientaciones en la dinámica de la lucha social y la acción del Estado. Los conflic-tos sociales y las contradicciones económicas que culminaron en el derrumbe del proyecto neoliberal (aunque no en su derrota es-tratégica) impregnaron de novedad a la etapa que se iniciaba. Las políticas públicas, en particular las políticas macroeconómicas, laborales y sociales, presentaron cambios de significación aun cuando la orientación y trascendencia de esos cambios (y de las continuidades) es punto de arduo debate.Este libro pretende aportar elementos para la comprensión sus-

tantiva de las transformaciones sociales y del proyecto de desa-rrollo que avanzó con fuerza a lo largo de la última década en Argentina. Nuestro abordaje –sin embargo- quiere recuperar una perspectiva particular para la discusión sobre el problema men-cionado. Si bien numerosos estudios han sido realizados en torno a estos cambios, pocas han sido aquellas investigaciones que de manera explícita, consciente y sistemática incluyeron un abordaje de la problemática a partir de un enfoque de clases.1

Luego de décadas en las que los análisis de clases de la socie-dad capitalista fueran prácticamente abandonados, la crisis del proyecto neoliberal y sus consecuencias sociales, políticas, eco-nómicas y ambientales han conducido progresivamente a recupe-

1 Algunas de las investigaciones en esta perspectiva general son Svampa (2008), Bonnet y Piva (2009) y Féliz y López (2012).

Introducción

Más allá del individuo

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rar esa mirada. Con renovados bríos, autores tan diversos como Wright (2005) y Harvey (2007), Bourdieu (2003) y Dubar (2003) han resaltado la preeminencia de tomar a las clases sociales en sus diversas dimensiones y acepciones como punto de partida para el análisis de la sociedad.Este abandono se traslada también a América Latina, donde

paulatinamente van perdiendo relevancia los estudios de estrati-ficación y movilidad social frente a aquellos que estudian proble-mas de pobreza y exclusión social (Filgueira, 2001). No obstante, es interesante recuperar la discusión acerca del vínculo entre la estructura de clases y la situación de dependencia y subdesarrollo de América Latina. En los setenta diversos autores latinoamerica-nos (Florestán Fernandes, 2008; Rodolfo Stavenhagen, 1979; Fer-nando H. Cardoso, 1973) destacaron que la estructura de clases en América Latina sólo puede ser comprendida en relación al sis-tema capitalista dependiente o subdesarrollado característico de los países latinoamericanos, lo cual nos invita –en el presente- a debatir nuevas perspectivas teóricas y metodológicas que permi-tan avanzar hacia una mejor comprensión del papel jugado por las clases sociales en diversos temas vinculados al desarrollo econó-mico y social de nuestro país.Para nosotros la relevancia del enfoque clasista en el análisis so-

cial (y en especial, de las dimensiones “económicas” de la misma) remite al menos a tres cuestiones particulares. Primero, el análisis de clase supone un posicionamiento analítico en la lectura de los procesos sociales (Ruccio, 1991). Este posicionamiento reconoce la existencia de relaciones sociales de clase que condicionan y ar-ticulan la dinámica de la sociedad. En nuestra perspectiva, las es-tructuras de clase designan mecanismos reales, procesos causa-les que existen independientemente de quien los analiza. En este sentido, el movimiento de la sociedad puede entenderse a partir de un análisis clasista que no remita necesariamente a los acto-res individuales; esto es, la dinámica social no es simplemente la suma de las acciones individuales. En segundo lugar, los actores colectivos de diverso tipo actúan e intervienen en la lucha por la construcción de la sociedad con perspectivas y posiciones propias (Lebowitz, 2005). Esas acciones y posiciones pueden favorecer o inhibir la producción y reproducción de las relaciones sociales he-gemónicas pero también su superación, por lo que un análisis que remita a las clases sociales es relevante para comprender la cuestión del cambio social y sus orientaciones posibles (y utópi-cas). Por último, el propio Estado es una forma social atravesada

Introducción

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por los conflictos entre los diferentes actores de clase (Poulantzas, 1979) y su propia acción e intervención favorece a determinadas clases y fracciones, mientras debilita las posibilidades de repro-ducción de otras. Por ello, las políticas estatales y la dinámica so-cietal tienen determinaciones de clase que no deben ser ignoradas a la hora de realizar un estudio sobre ciertas dimensiones de la acción del Estado y el cambio social.De esta manera, el análisis de la sociedad a partir de una mirada

clasista permite realizar una lectura particular de la acción de Es-tado, la política pública, el lugar de las fuerzas políticas y de otros actores colectivos. Permite comprender las diferentes lecturas, propuestas y respuestas que se generan en torno a una misma si-tuación o política. Ayuda a dar una interpretación a los resultados e impactos de las diferentes políticas impulsadas desde el Estado, comprendiéndolas más allá de los objetivos formales, explícitos o implícitos, de las mismas.Los trabajos compilados en este libro pretenden ser un aporte

a la discusión desde un posicionamiento que reconozca de pri-mera mano el rol del conflicto social (de clase) en la orientación y transformación de las políticas estatales y de la dinámica societal. Todos ellos comparten la voluntad de recuperar la perspectiva cla-sista en el abordaje de diferentes problemas. Sin embargo, no hay en ellos una posición unívoca respecto a cómo abordar la cuestión de las clases sociales. Parte del objetivo de este libro es mostrar que la perspectiva de clases es útil para el análisis de la política pública más allá del debate –importante pero de otro orden- res-pecto a la forma más precisa en que una lectura clasista puede ser recuperada.En el primer capítulo, Féliz realiza un análisis de los fundamen-

tos de clase del proyecto económico de la etapa actual, analizando sus puntos oscuros y sus contradicciones discursivas y prácti-cas. Luego de analizar los principales argumentos teóricos del ac-tual proyecto de desarrollo hegemónico y su fundamento teórico (neoestructuralismo) el autor avanza sobre una crítica conceptual y empírica de ambos. El trabajo concluye con el desarrollo de algu-nos lineamientos de lo que podría ser una alternativa popular. En el capítulo 2, Francisco Cantamutto se pregunta por qué grupos sociales fueron los que impulsaron la salida de la convertibilidad y el cambio de modelo económico a partir de 2002. Para ello, da cuenta de la alianza político-económica que impulsó la modifica-ción del tipo de cambio, a través de un análisis de las expresiones públicas de las asociaciones representativas de diferentes clases


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sociales y fracciones de clase. Por su parte, Emiliano López, en el capítulo 3, realiza una aproximación a las principales caracterís-ticas del nuevo modo de desarrollo que se ha configurado en Ar-gentina en la primera década del siglo XXI, a partir del análisis de la posición estructural de las clases dominantes. Para ello rastrea los cambios materiales implicados en el proceso de recomposición de las clases dominantes luego de la crisis del neoliberalismo, in-tentando responder algunos de las preguntas típicamente aborda-das por los estudios sobre las clases dominantes de la teoría social crítica latinoamericana.El capítulo 4 y el capítulo 5 avanzan sobre el análisis de la polí-

tica de subsidios al capital y la política monerataria, respectiva-mente, desde una perspectiva de clase. Primero, Leandro Bona se propone analizar una de las políticas más controversiales que el gobierno lleva adelante desde 2002: los subsidios a los secto-res económicos. Para ello, se expone la forma en que se decidió mantener un importante gasto público destinado a subsidiar los precios principalmente del transporte y la energía eléctrica a lo largo de estos años. Para interpretar esta política el autor se apoya en un enfoque que sostiene la necesidad de oponer una economía política de los trabajadores a los abordajes desde la economía po-lítica del capital. Por su parte, Pablo Chena muestra que el diseño institucional del régimen monetario es un reflejo de los mecanis-mos de apropiación del ingreso que tienen los grupos dominantes en las economías de mercado, a través de la fijación de la unidad de cuenta. Bajo esta premisa, se analizan los pactos constitutivos del orden monetario de la Convertibilidad y del orden actual que significó la imposición inmediata de la unidad de cuenta por parte del capital industrial concentrado. Finalmente, el trabajo da cuen-ta de una disputa creciente de la clase trabajadora en la determi-nación del nuevo sistema de precios relativos.Los últimos capítulos proponen abordajes diversos para com-

prender la dinámica de la estructura de clases en la Argentina. Primero, en el capítulo 6, Facundo Barrera introduce el debate so-bre la especificidad del ciclo de valorización del capital en Argen-tina para entender si y como las disparidades en la productividad del trabajo entre grandes y pequeñas empresas producen y repro-ducen formas de precarización laboral. Lisandro Fernández en el capítulo 7 realiza un aporte a la discusión acerca de la inserción internacional de la economía argentina y su vínculo con el proble-ma de la “restricción extena”. En particular, analizan los factores que inciden en los requerimientos de las divisas, desde un aborda-

Introducción

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je que permita subrayar sus determinantes de clase. Para ello, el trabajo se centra en las dimensiones del consumo y la inversión, como vehículos a través de los cuales se eleva el coeficiente de importaciones, y a través de los cuales se manifesita la presión que las clases sociales ejercen sobre el sector externo. Finalmente, los trabajos de Facundo Barrera y Pablo Pérez y de Mariano Féliz, Emiliano López y Lisandro Fernández, proponen análisis comple-mentarios de los cambios en la estructura social. El primero de ellos, en el capítulo 8, examina si esos cambios han afectado las posibilidades de acceso al mercado de trabajo de diferentes grupos sociales, y cuales han sido los cambios en la distribución de los ingresos. Por su parte, en el capítulo 9, el segundo trabajo pro-pone un análisis de clase de las políticas estatales vinculadas al mercado laboral enfatizando el impacto diferencial que las mismas tuvieron para las distintas fracciones de la estructura social.De conjunto, la mirada clasista de los cambios societales y las

políticas públicas presentada en estos trabajos aporta nuevos ele-mentos –usualmente ignorados- sobre las determinaciones que se encuentran detrás de las mismas.

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1. Introducción

La crisis del neoliberalismo ha dado lugar en América Latina al surgimiento de un profundo debate sobre las alternativas para el desarrollo de los Pueblos en la región. En algunos países (como Ve-nezuela, Bolivia o Ecuador) los movimientos populares han lograr desplazar en buena medida a las burguesías locales del control del Estado y a partir de allí han comenzado a avanzar en el diseño de nuevas formas de desarrollo socio-productivo (Thwaites Rey, 2010) con tendencia socialista. En otros países, como Argentina o Brasil, la crisis del programa neoliberal no permitió a los Pueblos desplazar a las clases dominantes y sólo significó la superación dialéctica del neoliberalismo por un nuevo proyecto con tendencia hegemónica: el neodesarrollismo (Féliz y López, 2010). Frente a los proyectos de tendencia radical el proyecto neodesarrollista, que tiene su fundamento teórico en la nueva economía estructuralista o neoestructuralismo (FGV, 2010), ha intentado colocarse como el nuevo paradigma articulador de los proyectos de desarrollo capi-talista en la región.En este trabajo analizaremos esa alternativa –el neodesarrollis-

mo estructuralista- que busca convertirse en agente orientador

Proyecto sin clase: crítica al neoestructuralismo como

fundamento del neodesarrolismo

Mariano Féliz *

* Profesor. Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), Universidad Nacional de la Plata (UNLP) // Investigador. Cen-tro de Investigaciones Geográficas / Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP - CONICET), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), Universidad Nacional de La Plata (UNLP) // Miembro del Cen-tro de Estudios para el Cambio Social. Correo electrónico: [email protected] / [email protected]


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de una nueva modalidad de desarrollo capitalista en la periferia. Nos concentraremos en la experiencia de la Argentina desde 2002. Primero, presentamos los principales argumentos que sostienen el proyecto neodesarrollista y su fundamento teórico (el neoestructu-ralismo). Luego – en las secciones tres y cuatro – realizamos una serie de críticas conceptuales y empíricas de esa propuesta. Fi-nalmente en la sección quinta presentamos algunos lineamientos de lo que podría ser una alternativa popular al neodesarrollismo: una macroeconomía basada en lo que denominamos – siguiendo a Lebowitz (2005) – la economía política de las trabajadoras y los trabajadores. El texto cierra con unas breves conclusiones preli-minares.

2. Breve historia del desarrollismo y su fundamento estructuralista.

En Argentina el desarrollismo nació a mediados de los años ’40 como un proyecto de la incipiente burguesía industrial de base nacional.1 Esos sectores estaban ganando peso en la economía nacional y – en una alianza inestable con parte de la clase trabaja-dora – generaron un consenso social a favor de la industrialización como proceso articulador de cualquier programa de desarrollo na-cional.2 En ese proyecto el núcleo de la clase trabajadora buscaba ser integrado al desarrollo capitalista a partir de una participación parcial en los beneficios materiales del crecimiento económico pero con una inclusión política subordinada a los intereses gene-rales de la valorización de capital. En tal sentido, el desarrollismo era – en esa primera etapa – un proyecto político populista que debía incluir a una parte del pueblo pero sin permitirle autonomía

1 Como en la mayoría de los países de América Latina, la burguesía indus-trial nacional se conformó en el marco de las condiciones de autarquía relativa crea-das por la crisis de los años ’30 y la 2da Guerra Mundial (Marini, 2007; Prebisch, 1949). En Argentina, el proyecto desarrollista comenzó prefigurarse con claridad a comienzos de los años cincuenta con el 2do Plan Quinquenal del peronismo (James, 1990: 154). Sin embargo, ganaría fuerza con el gobierno de Frondizi (1958-1962) a partir de la derrota de varias luchas obreras contra la “racionalización” como, por ejemplo, en el caso del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959 (James, 1990: 147-166).

2 “El desarrollismo fue la ideología de la burguesía industrial latinoame-ricana, en especial aquella que ... trataba de ampliar sus espacio a expensas de [la burguesía primario-exportadora], recurriendo para ello a una alianza con el prole-tariado industrial y la clase media asalariada” (Marini, 1999: 144).

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política (Mazzeo, 2010). El derrocamiento del gobierno peronista en 1955 constituyó una radicalización del proyecto desarrollista y la conformación de una nueva alianza dominante apoyada en el peso creciente de las empresas multinacionales.3 En esa etapa el desarrollismo acentúa sus rasgos productivistas, enfatizando la necesidad de acelerar la acumulación de capital sobre la base del incremento de la productividad y la moderación salarial. Hasta comienzos de los años setenta, el desarrollismo fue articulándose como el proyecto societal de las clases dominantes en el país.4 El cambio en la coyuntura internacional y el avance de las con-tradicciones al interior del país, llevaron a la desarticulación del proyecto y su progresivo reemplazo – a través de la crisis y la re-producción ampliada de la violencia – por una nueva estrategia: el neoliberalismo.El marco conceptual del desarrollismo era el estructuralismo la-

tinoamericano nacido en la CEPAL. Partiendo de una crítica al lugar que la periferia ocupaba en la división internacional del tra-bajo como productor de alimentos y materias primas, el estructu-ralismo fue construyendo un marco lógico para buscar impulsar el cambio estructural de la economía promoviendo un proceso de industrialización (Sztulwark, 2005). Ese proceso era visto como la clave para superar las limitaciones al desarrollo, las que se ma-nifestaban en la tendencia a la crisis recurrente en el balance de pagos, las presiones inflacionarias, la inestabilidad en la tasa de crecimiento y la conflictividad social.Desde la perspectiva estructuralista la base de esas limitaciones

estaba en la prevalencia de una estructura productiva desequi-librada, con un sector industrial de baja competitividad relativa frente a un sector primario – agropecuario – con capacidad de generación y apropiación de rentas. En ese contexto, la necesidad de acelerar el desarrollo industrial suponía (1) favorecer la susti-tución de importaciones con medidas de protección y promoción, (2) apropiar y redistribuir una porción significativa de la renta agraria, (3) la incorporación del capital extranjero como fuente de ahorro y divisas, y (4) la conformación de una matriz distributiva

3 Podemos afirmar que hasta 1952 la filosofía desarrollista en Argentina te-nía fuertes rasgos nacionales y populares mientras que luego acentuaría sus rasgos productivistas y anti-populares. Podemos proponer que luego de la crisis neolibe-ral, el nuevo proyecto de desarrollo capitalista combina de manera original elemen-tos nacional-populares con rasgos fuertemente productivistas.

4 Al igual que lo había hecho en otros países de la periferia. Brasil sea, pro-bablemente, el mejor ejemplo de desarrollismo “exitoso”.


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que garantizara un reparto “adecuado” de las ganancias de pro-ductividad para favorecer la acumulación. En este esquema, el Estado era visto primordialmente como el actor que por encima de la sociedad y las contradicciones de clase debía poder coordinar los intereses de las clases y fracciones de clase (contrapuestos, supuestamente, sólo en el corto plazo) a los fines de articular un proceso de desarrollo (Sztulwark, 2005: 29; Marini, 1999: 143).En los años setenta la crisis social, política y económica fue ge-

neralmente interpretada como producto del “agotamiento” del pro-ceso de sustitución de importaciones (Sztulwark, 2005: 38) y por lo tanto del estructuralismo cepalino como fuente teórica.5 En la periferia el estructuralismo latinoamericano vio cuestionada su hegemonía producto de su incapacidad para canalizar productiva-mente las tensiones y contradicciones del desarrollo capitalista.6 En la periferia – en particular en Latinoamérica – el estructuralis-mo debió enfrentar el rechazo creciente por parte de los sectores dominantes.7

Esa pérdida de “capacidad hegemónica” por parte del estructura-lismo tuvo que ver con su incapacidad para conducir y superar la crisis pero, sobre todo, fue resultado del peso que a lo largo de dos décadas había adquirido una nueva fracción dominante: el capital con tendencia transnacional (sobre todo extranjero, pero también nacional). Dado que el estructuralismo veía a la burguesía na-cional como el principal agente promotor del desarrollo, la domi-nación creciente del capital transnacional tornaría al estructura-lismo clásico cada vez más inconsistente con su base material. El programa de desarrollo estructuralista no era ya compatible con la reproducción ampliada del capital en su fase transnacional:

5 Si bien la crisis del proyecto desarrollista en Argentina se manifestó a través del discurso del agotamiento de la etapa sustitutiva, en realidad considera-mos que el desarrollismo había llevado hasta sus límites históricos el desarrollo capitalista periférico en el país. La crisis era la manifestación más patente de las dificultades de superación de esos límites dentro del marco de la estructura social y correlación de fuerzas sociales prevaleciente. El denominado “empate hegemónico” (Portantiero, 1977; O’Donnell, 1977) comenzó a ser fracturado a favor de los secto-res dominantes a partir de 1975 cuando se inició el largo proceso de reestructura neoliberal en el país (Féliz y Pérez, 2004; Basualdo, 2006).

6 En los países centrales el keynesianismo en su versión síntesis neoclásica enfrentó una crisis similar en el período.

7 “La crisis del desarrollismo significó la pérdida de la posición privilegiada que la CEPAL alcanzara en su primera década de funcionamiento, cuando llegara a ser la agencia ideológica por excelencia en América Latina” (Marini, 1999: 153).

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tendía a reproducir las bases sociales del poder de una clase tra-bajadora cuyas necesidades y demandas se habían convertido en opuestas con las condiciones de valorización del capital en la era de su mundialización. La articulación “virtuosa” (si bien contra-dictoria) entre capital y clase obrera nacionales, ya no era posible.Frente a esa transformación profunda en la naturaleza de los

actores dominantes en el capitalismo en la periferia, el estructu-ralismo debió atravesar una transición de 25 años y una profunda revisión de sus fundamentos para volver a recuperar cierta res-petabilidad. América Latina tuvo que atravesar el neoliberalismo para que las clases dominantes pudieran tomar al neoestructura-lismo como un nuevo programa apto para ordenar el proceso de desarrollo capitalista en la periferia.8

La reestructuración capitalista llevada a cabo en Argentina en el proyecto neoliberal (y a través de él), permitió conformar un conjunto de nuevas condiciones para la valorización exitosa del capital en el nuevo contexto creado a nivel mundial por el mismo programa.La salida de la convertibilidad a comienzos de 2002 marcó el

cambio de época. El éxito del neoliberalismo en Argentina – en tanto programa de transformación de las relaciones sociales de producción que permitiera recomponer las condiciones de repro-ducción ampliada del capital – supera su derrota política y crea las bases de una nuevo patrón de acumulación de capital: el neo-desarrollismo (Féliz, 2007). En ese marco, el neoestructuralismo se convirtió en el marco analítico de ese nuevo programa de las clases dominantes.En Argentina, la salida de la convertibilidad marcó la contradic-

toria derrota política del neoliberalismo – luego de tres décadas de conflictos descarnados – junto a un claro triunfo estructural para los sectores dominantes (Féliz, 2011). El patrón de acumu-lación emergente se apoyaba en una exacerbada trasnacionaliza-ción, concentración y centralización del capital en la economía, el rol estratégico de las ramas extractivistas (particularmente, producción de soja y minería a cielo abierto) y la precarización laboral como elemento estructural del mercado de trabajo (Azpia-

8 En ese tiempo, el neoestructuralismo atravesó una fuerte revisión crítica en un camino de convergencia con el neoliberalismo (Sztulwark, 2005: 137). En esa transición el eje se desplazó de la industrialización a la estabilidad macroeconómica como base del proceso de desarrollo, de la superación de la condición periférica y el subdesarrollo a la transformación productiva con equidad (Sztulwark, 2005: 130, 137).


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zu y Schorr, 2010; Féliz y López, 2010).9 Bajo este nuevo patrón de acumulación, el neoestructuralismo aportaba elementos clara-mente compatibles con las necesidades de reproducción ampliada del capital.10 Por ello, fue – poco a poco – convirtiéndose en el sus-tento teórico del nuevo desarrollismo.El desarrollismo clásico se articulaba en torno a un proceso de

industrialización en el marco de una economía poco abierta pero dependiente de las divisas que proveía el sector primario de la economía. La expansión del mercado interno era el complemento de una política de sustitución de importaciones sobre la base de la protección y la promoción de las industrias domésticas. Sin embargo, en el marco de la economía globalizada donde el capi-tal trasnacional ocupa posiciones dominantes en prácticamente todas las ramas de la economía, el neoestructuralismo reconoce la necesidad de sostener la acumulación ya no sobre la base del mercado doméstico sino fundamentalmente sobre la base del cre-cimiento exportador (Curia, 2007). Este es el pasaje descrito por Sunkel (1991) del desarrollo “hacia adentro” al desarrollo “desde adentro”.En este nuevo contexto, el tipo de cambio no debería equilibrar

intertemporalmente la cuenta corriente como propone la ortodoxia neoliberal o garantizar las divisas demandadas por el proceso de industrialización – como proponía el viejo estructuralismo – sino que debe asegurar la viabilidad competitiva de las industrias de intercambio que emplean tecnología avanzada (Bresser- Pereira, 2010: 130).11 En Argentina esto supone que la política macroeco-nómica del neodesarrollismo registra abiertamente las necesida-des de sostener la competitividad del gran capital, en particular en las ramas manufactureras, a través de la idea de apuntalar

9 El descubrimiento de reservas potencialmente enormes de gas y petróleo no convencional (shale) en el subsuelo de la Argentina agregan una nueva faceta a la tendencia extractivista del país.

10 En América del Sur, y en Argentina de manera particularmente fuerte, el neoliberalismo fue derrotado en términos políticos. Esa derrota vino de la mano de la conformación de un nuevo sujeto social popular con nuevas demandas que pondría límites a las estrategias viables de desarrollo capitalista postneoliberales (Dinerstein, Contartese y Deledicque, 2010; Féliz y López, 2010). El neoestructu-ralismo aportaría elementos conceptuales importantes para canalizar y contener productivamente esas demandas.

11 El superávit de la cuenta corriente sería el más relevante pues indica cla-ramente si el tipo de cambio está siendo correctamente administrado para neutrali-zar la tendencia a la sobrevaluación cambiaria (Bresser-Pereira, 2010: 137).

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un tipo de cambio competitivo (Curia, 2007) o tipo de cambio real competitivo y estable (Frenkel y Rapetti, 2004). El tipo de cam-bio elevado como objetivo de política económica permitiría evitar impacto negativo que la existencia de sectores rentistas – como el agroalimentario o minero – generan sobre la industria.12 Se-gún Bresser-Pereira, a diferencia del viejo desarrollismo que daba a las políticas industriales un papel estratégico, en el nuevo de-sarrollismo: “una tasa de interés moderada y un tipo de cambio competitivo son más importantes que la política industrial” (2010: 123).13 Esta última sólo debe usarse – estratégicamente – cuando las empresas que requieren asistencia son capaces de demostrar que pueden competir en el mercado internacional.En un vuelco estratégico, el neoestructuralismo enfatiza la nece-

sidad de apuntalar un crecimiento basado en las exportaciones. Al respecto Bresser-Pereira (2010) enfatiza que: “en la era de la globa-lización, el crecimiento liderado por las exportaciones es la única estrategia sensata para los países en desarrollo” (2010: 158), pero aclara: “siempre y cuando cuenten con la ventaja competitiva de la mano de obra barata”. En tal sentido estos autores defienden un patrón de acumulación que asume mantener en regla los costos laborales unitarios (Curia, 2007: 65) o – lo que es lo mismo – con-tener los aumentos salariales dentro de un patrón determinado de aumento de la productividad laboral. Curia denomina esta política “balizamiento de los salarios” (2007: 120).El neoestructuralismo prioriza así “el formidable esfuerzo de

formación de capital que la sustentabilidad del modelo requiere” (Curia, 2007: 99) exigiendo hallar un adecuado equilibrio entre la acumulación y la distribución a través de una política de ingresos activa.14 De aquí surge la necesidad de contener las demandas

12 La búsqueda de una solución al clásico problema de las estructuras pro-ductivas desequilibradas (Diamand, 1972) y su consecuencia (la tendencia a la apreciación del tipo de cambio) es un tema clave en el nuevo estructuralismo (Bres-ser-Pereira, 2010).

13 Junto con el tipo de cambio competitivo – su pieza clave, el precio ma-croeconómico más estratégico – el neoestructuralismo fomenta prácticas fiscales responsables y una tasa de interés moderada: “Esté es el trípode político del nuevo desarrollismo” (Bresser-Pereira, 2010: 129). Propone un control sobre las cuentas públicas del Estado para garantizar un nivel de ahorro público positivo (superávit fiscal primario) y un deuda estatal baja junto con un control sobre las cuentas tota-les de la nación (cuenta corriente del balance de pagos).

14 En tal sentido, señalaba un referente del desarrollismo argentino que “re-sulta necesario compatibilizar el aumento en la participación de los asalariados en


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salariales a los fines de generar un nivel de tipo de cambio real adecuado a las necesidades de ahorro interno suficientes para sostener la acumulación de capital (Bresser-Pereira, 2010: 160). El balizamiento salarial articula: “en el mismo hito … el proceso de formación de capital y la fórmula distributiva” (Curia, 2007:120).El aumento en la tasa de inversión en capital fijo es la clave del

proyecto neodesarrollista y el dual “tipo de cambio real elevado – moderación salarial” es la clave para lograr esa meta. En el de-sarrollismo clásico, la política económica se orientaba a atraer al capital extranjero quien proveerá el ahorro externo y – no menos importante – las divisas necesarias.15 El tipo de cambio era un instrumento cuyo papel central era la corrección del desequilibrio externo. En la etapa actual, la prevalencia de un exceso de capital en sus diferentes formas – financiera, productiva, comercial – lle-va al neodesarrollismo a privilegiar la promoción de condiciones generales para la valorización del capital.16 La presencia prepon-derante del capital trasnacional en el espacio de valor argentino significa que para favorecer la acumulación capitalista el tipo de cambio real elevado es la opción más sencilla.El neoestructuralismo propone que el crecimiento económico

acelerado o “sobrecrecimiento” como lo denomina Curia (2007: 40) es el objetivo preponderante de la política económica. En esa es-trategia, el tipo de cambio real es la pieza clave pues como “meta intermedia de las políticas macroeconómicas tiene el atributo de enfocar dichas políticas en los objetivos de empleo y crecimiento” (Frenkel, 2005). Si la formula distributiva supone la canalización de la evolución de los salarios dentro de la marca de la producti-vidad laboral, el crecimiento económico (y del empleo) es colocado como el mecanismo primordial de redistribución del ingreso.17 El

el ingreso con la expansión del ahorro y la acumulación” (Ferrer, 1980: 122).15 El estructuralismo clásico asumía que el capital era escaso, por lo que se

promovía el ingreso del capital extranjero. Sin embargo, la entrada del capital trans-nacional en los 50 y 60 era vista como complementaria, y no sustituta del capital doméstico (nacional).

16 La última década ha caracterizado por un salto global en la cuenta co-rriente del balance de pagos de la mayor parte de las economías de Sudamérica. Al menos por el momento el problema de los típicos movimientos stop-and-go ha sido desplazado por la exigencia de atraer y contener al capital trasnacional para garan-tizar el crecimiento.

17 “La expansión del empleo es la base fundamental para aumentar los sala-rios reales y redistribuir ingresos a favor de los trabajadores… sólo sean viables, en el largo plazo” (Ferrer, 1980: 121).

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aumento del empleo asalariado se presenta como el eje de la “in-clusión social” en el marco del proyecto neodesarrollista.

3. Debilidades de la macroeconomía neoestructuralista.

El programa del neoestructuralismo se presenta como una res-puesta a las necesidades del conjunto de la sociedad. Como todo discurso que se pretenda hegemónico busca convertir la parcia-lidad de la posición e intereses de las clases dominantes en el sentido común del conjunto de las clases sociales. En la Argentina contemporánea – y con matices en el resto de América del sur – este programa macroeconómico es claramente acorde con las prioridades del sector hegemónico dentro de la clase dominante: la burguesía local transnacionalizada (Féliz y López, 2010).18

El neoestructuralismo se convierte en la nueva economía política del capital (Féliz, 2009b) aportando los fundamentos conceptuales de un programa acorde a las necesidades de garantizar la repro-ducción ampliada del capital. Por ello el proyecto neodesarrollista – y su marco teórico neoestructuralista – tienen un inocultable sesgo de clase.19

En primer lugar, la posición neodesarrollista asume la posibili-dad de conformar un consenso nacional basado en “la solidari-dad básica de clases al momento de competir internacionalmente” (Bresser-Pereira, 2010: 105).20 En una línea de continuidad con la propuesta desarrollista original asume la unidad de intereses estratégicos de las clases sociales en el marco del capitalismo en la periferia. Pone como objetivo primordial la competitividad inter-nacional sin comprender que ello implica subordinar todos los ob-jetivos de la clase trabajadora a garantizar la capacidad expansiva

18 En Venezuela, Bolivia y Ecuador los procesos de cambio iniciados en la última década tienen como punto de partida el discurso neodesarrollista pero bus-can avanzar – con dificultades – en la conformación de otra matriz conceptual para orientar el desarrollo (Socialismo del siglo XXI, Vivir Bien o Sumak Kawsay, etc.).

19 Marini señala como “las limitaciones del pensamiento cepalino son efecto de su vínculo umbilical con la teoría del desarrollo, además de representar un costo derivado de la posición de clase a partir de la cual la CEPAL realizó sus planteamien-tos” (Marini, 1999: 142).

20 La presidenta argentina en un reciente discurso frente al empresariado industrial señaló que “me he convencido - al cabo de todo este tiempo - que no hay intereses más coincidentes que el de los empresarios con [el de] los trabajadores.” (Presidencia de la Nación, 1/9/2011).


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del capital. La presidenta argentina, Cristina Fernández, reciente-mente ha expuesto claramente esta idea en su cerrada defensa del “capitalismo en serio” (Presidencia de la Nación, 3/11/2011). La “solidaridad básica” declamada supone poner siempre en primer lugar la generación de condiciones para el desarrollo capitalista y luego – en un segundo plano – las demandas de los/as trabajado-res/as surgidas de sus propias expectativas, sueños y problemas. A ellos se les exige “moderar” sus exigencias salariales en función de un bienestar posible en un futuro indeterminado.21

Por otra parte, el programa neoestructuralista parece olvidar que en la etapa actual posneoliberal de la internacionalización del ca-pital el actor clave de su estrategia de desarrollo – la burguesía nacional – ha desaparecido para ser reemplazada por una burgue-sía que es meramente local carente de “interés nacional”.22 La gran burguesía local opera como parte de las cadenas de valor globales y por ello sus intereses niegan la posibilidad de la conformación de un proyecto “nacional” con el conjunto del pueblo trabajador.23 La capacidad de valorización a escala ampliada del capital global demanda la permanente compresión de la capacidad de consumo y disfrute de los trabajadores.24 Las tendencias históricas ligadas a la super-explotación de la fuerza de trabajo en la periferia se re-

21 Esto no significa, por supuesto, que el crecimiento económico y la valori-zación del capital no permitan mejoras en las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora. Lo que constatamos es que la prioridad política es garan-tizar la valorización, mientras que las demandas populares en sentido amplio son siempre puestas en suspenso. En caso de duda (crisis de valorización) la prioridad es recuperar la capacidad expansiva del capital.

22 Ya hacia los años sesenta, en la Argentina era claro el dominio político de las fracciones más internacionalizadas del capital o, en aquellos años, el capital “ex-tranjero” (Basualdo, 2006; Peralta Ramos, 2007). El período neoliberal terminó de consolidar esa dominación. En los últimos treinta años la cúpula del gran capital ha cambiado sustancialmente, transnacionalizándose: las empresas extranjeras pasa-ron desde 32% del total entre las grandes empresas no financieras a más de 66% en 2007 (Féliz y López, 2010a). Por otra parte, las principales empresas “nacionales” tienen intereses crecientemente transnacionales (Azpiazu y Schorr, 2010).

23 Utilizamos el concepto de pueblo, trabajadores o pueblo trabajador como sinónimos pero en el sentido específico propuesto por Cieza (2006). Antunes (2001) propone una definición similar para referirse a la “clase-que-vive-del-trabajo”.

24 Esto no implica que sostengamos de manera unilateral la tesis de la pau-perización absoluta (o relativa) del pueblo. Más allá de la “exigencia” capitalista de presión a la baja salarial, los trabajadores también ejercen – de manera permanente, aun si las formas varían – una presión en sentido contrario (Lebowitz, 2005).

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plican a escala ampliada en la era del capital trasnacional (Marini, 2007).En tal contexto, es claro que las condiciones para establecer la

declamada “solidaridad de clases” son improbables en tanto el programa económico neoestructuralista exige al pueblo trabajador financiar el crecimiento económico, la competitividad y la acumu-lación de capital sobre la base de su “ahorro forzoso” y la persis-tencia de la precarización de las condiciones de reproducción de sus vidas.25 En el caso argentino, el exitoso proceso de crecimiento a partir de 2002 (con tasas de aumento del PBI de 8% promedio) implicó una transferencia de ingresos desde el pueblo trabajador al sector capitalista que equivale a un promedio anual de 6,6% del valor agregado a costo de factores durante los primeros 7 años del nuevo patrón de acumulación (2002-2009).26 Por otra parte, si bien una fracción del pueblo trabajador (la clase obrera más for-malizada y sindicalizada) ha conseguido niveles de salario supe-riores a los de 2001 luego de 7 años, una porción mayoritaria (tra-bajadores asalariados informales y empleados del sector público) todavía no recuperan las remuneraciones reales previas a 2002.En segundo lugar, el planteo neodesarrollista se posiciona en

una lectura heterodoxa – enfrentada discursivamente a la posi-ción neoliberal – pero continúa negando la funcionalidad de la política macroeconómica del Estado en la periferia a la reproduc-ción del capital global (Panitch y Gindin, 2005).27 Por ello intenta contraponer el neodesarrollismo – y el desarrollismo – al neolibe-ralismo como si sus diferencias fueran la presencia o ausencia de un Estado orientador del desarrollo. En tal sentido, considera al Estado como un actor neutral frente a los actores de clase y sus intereses, unilateralmente por encima de las clases sociales. Esto impide ver al Estado como una relación social que expresa la correlación de fuerzas sociales (Poulantzas, 1979), como espacio en disputa (Clarke, 1992), en síntesis, como parte de la relación capital (Holloway, 1992) y –por lo tanto – reproduciendo sus con-

25 Como explicaba Marini (1973) la super-explotación de la fuerza de traba-jo es la base de la acumulación de capital en la economía periférica. La crisis del neo-liberalismo (y su superación dialéctica, el neodesarrollismo) sólo ha profundizado esa tendencia (Féliz, López y Hayes, 2009).

26 Esta transferencia resulta de que el período considerado la participación del salario en el ingreso se ha mantenido por debajo del valor de 2001.

27 El Estado sigue siendo visto por el neoestructuralismo como el “reino de la razón, operando por encima de los conflictivos intereses de clases […] y propi-ciando la búsqueda del bien común” (Osorio, 2003: 148).


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tradicciones. De allí que el neoestructuralismo tenga una interpre-tación externa de los cambios en la acción del Estado a través del proceso histórico.En Argentina, durante el desarrollismo clásico el Estado avanzó

en la construcción de condiciones generales para la reproducción ampliada de un capitalismo en transnacionalización.28 A través del neoliberalismo, el Estado fue mutando para canalizar las de-mandas de la gran burguesía promoviendo la reestructuración ge-neral del capital y la fuerza de trabajo.29 En esa etapa, la derrota circunstancial de la clase trabajadora permitió al poder estatal avanzar en la mercantilización de la sociedad, impulsando la fle-xibilización laboral y un proceso de centralización, concentración e internacionalización del capital (Féliz, 2011; Azpiazu y Schorr, 2010). La crisis del neoliberalismo fue también la crisis de esa forma de Estado como parte de la crisis orgánica. El Estado en el neodesarrollismo, por su parte, se constituye como mediación para recomponer la capacidad hegemónica del gran capital trans-nacionalizado (que estructuralmente había ganado la partida) frente a un pueblo trabajador que a través de la crisis neoliberal había recuperado cierta capacidad política.30 El Estado – bajo una nueva forma – creará condiciones macroeconómicas para la re-producción ampliada del capital a la vez que intentará canalizar, contener y normalizar conflictivamente las presiones y demandas populares.31

En Argentina, la combinación el tipo de cambio alto junto a la po-lítica de ingresos (contención salarial, políticas sociales compen-

28 Esto incluyó la incorporación del gran capital extranjero en numerosas ramas de actividad, y la concentración y centralización del conjunto del capital. (Pe-ralta Ramos, 2007; Basualdo, 2006; Azpiazu y Schorr, 2010)

29 En algún sentido, como señala Harvey (2007) a través del neoliberalismo el Estado se convirtió – abiertamente y casi sin mediaciones – en el administrador de los asuntos e intereses de la clase capitalista.

30 En Argentina la salida del neoliberalismo tuvo la forma de crisis del “plan de Convertibilidad” (forma concreta del neoliberalismo en su última etapa, 1991-2001). A través del mismo, los sectores más transnacionalizados del gran capital ganaron una posición de dominio estructural que quedó de manifiesto cuando el neoliberalismo concluyó (Ortiz y Schorr, 2007; Féliz y López, 2010).

31 En rigor, fueron las fuerzas políticas en el Estado (el gobierno de Duhalde en 2002 y el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner entre 2003 y 2011) las que impulsaron el cambio en la forma del Estado. Efectivamente, el llamado kirchnerismo se convirtió en la fuerza que supo convertirse en represen-tación política de la reproducción de los intereses dominantes, a través del Estado.

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satorias, etc.) pretenden canalizar esas tendencias contrapuestas. El neodesarrollismo en Argentina tiene como núcleo fundamental de política económica un tipo de cambio alto que supone man-tener los ingresos de los trabajadores/as dentro de los cánones establecidos con posterioridad a la crisis de 2001.El dólar caro busca permitir a los oligopolios locales sostener

una competitividad elevada y capturar una porción mayor de los mercados mundiales y de las ganancias globales. En este marco, como sugiere Blecker (1999), el gobierno no necesita elegir a los ganadores pues “todos los oligopolios locales comparten los be-neficios de las políticas pro-competitivas” (Blecker,1999: 131).32 Por otra parte, en la etapa actual la existencia de instituciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) reduce el margen de maniobra para la utilización de la promoción de las exportaciones, por lo que – a la luz del objetivo de la com-petitividad a toda costa – la política cambiaria se convierte en un medio privilegiado de intervención.33 Esto no quita que desde el Estado se apuntale la competitividad de las fracciones dominantes del capital por la vía de subsidios directos e indirectos (Azpiazu y Schorr, 2010; Castellani, 2009).34

En tercer lugar, la versión neoestructuralista del desarrollo ca-pitalista ignora o caracteriza erróneamente un elemento clave del patrón de acumulación dependiente: la rigidez del consumo conspicuo de los sectores dominantes. En efecto, Bresser-Pereira (2010) estima que la expansión del excedente acumulable y una política de bajas tasas de interés aumentarán la inversión por la vía del desplazamiento del consumo suntuario o conspicuo. Evita

32 En efecto, la política cambiaria del gobierno argentino ha permitido desde 2003 garantizar un salto en la competitividad global el gran capital: la tasa de ga-nancia neta sobre el capital circulante aumentó un 120% entre 2001 y 2008 (Féliz, López y Hayes, 2009).

33 La OMC se ha convertido en un organismo esencial para la aceleración de la internacionalización del capital. Al impedir los mecanismos de discriminación directa a favor de los capitales locales (algo común en los años sesenta), la política de la OMC fortalece las exigencias del gran capital para que el Estado utilice la polí-tica cambiaria – con sus consecuencias distributivas – como mecanismo general de promoción.

34 La participación de la Argentina en la OMC y la pertenencia al CIADI (or-ganismo del Banco Mundial para la defensa de los derechos de las corporaciones transnacionales), entre otros organismos internacionales, no es un hecho de la na-turaleza ni una condición inmutable, como lo muestra la República Bolivariana de Venezuela (que en 2012 decidió denunciar y abandonar el CIADI).


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señalar que en las economías de la periferia los sectores dominan-tes tienen un patrón de consumo fuertemente dependiente (Furta-do, 1974). Estos sectores buscan mantener un estándar de gasto personal que tiene como referencia los patrones de las burguesías en los países centrales en lugar de las condiciones locales. Esto conduce a los sectores dominantes a demandar una sobre-apro-piación del excedente social y un consumo elevado en proporción al ingreso y al consumo del pueblo trabajador.35 Consecuentemen-te, se conforma una rigidez estructural en la masa de plusvalor que es desviada a gastos que son improductivos – desde el punto de vista de la acumulación – aunque no operan en desmedro de la rentabilidad o el crecimiento a corto plazo.36

El neoestructuralismo falla en reconocer el lugar del consumo conspicuo como alternativa de producción y realización del plus-valor frente a la inversión. Esto explica por qué en Argentina, a pesar del salto en las tasas de rentabilidad del capital y las bajas tasas de interés domésticas, los niveles de inversión globales per-manecen relativamente bajos y – de todas maneras – el crecimien-to económico global permanece acelerado (Féliz y López, 2010).37 Como explica Marini (1979), la política de contención de los sala-rios y la superexplotación laboral es perfectamente compatible con una tasa de inversión baja pues el consumo ostentoso de las cla-ses dominantes crea mercados altamente dinámicos y rentables.38

35 En el caso argentino, según el Banco Mundial (2011) el decil más rico de la población apropia un 33,6% del ingreso en 2009 mientras el 10% más pobre apropiaba el 1,5%. En Italia, por ejemplo, la relación era de 26,8% a 2,3% en 2000.

36 Tanto los gastos suntuarios como los salarios son improductivos desde el punto de vista del capital en tanto no contribuyen a su reproducción ampliada. Sin embargo, ambos gastos colaboran en la realización de la ganancia (Kalecki, 1933) aunque no favorezcan su ampliación (Marini, 1979).

37 Manzanelli (2011) señala como un rasgo específico del gran capital en Ar-gentina su “reticencia inversora”. Efectivamente, mientras la tasa de inversión para el conjunto de la economía aumentó levemente, de 20,7% del PBI a 21% entre 1993-2001 y 2002-2009, para el conjunto de las grandes empresas esa relación cayó de 24,7% a sólo 14,7%.

38 El carácter rentista de la economía reduce la necesidad de reinversión lo-cal del plusvalor. La renta extraordinaria es producto de condiciones excepcionales y por ello no es resultado directo del volumen de inversión. En tales circunstancias, en Argentina una buena parte de la elevada rentabilidad del capital no necesita ser reinvertida para recrear las condiciones que la generan (abundancia de riquezas na-turales, elevada concentración del capital, subsidios estatales, etc.). Por ello, buena parte de los ingresos apropiados por el capital pueden ser consumidos suntuaria-

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Por último, frente a la posición neoliberal que asume que el tipo de cambio real está fuera del control del gobierno, el neoestructu-ralismo asume a la política cambiaria como principal instrumento de la política macroeconómica.39 El tipo de cambio real elevado es el mejor indicador de la competitividad del capital local.40

Sin embargo, como muestra Shaikh (1999), el tipo de cambio real no es simplemente un instrumento de la política económica sino que su nivel es resultado de la articulación de fuerzas creadas por la tendencia a equiparar la tasa de ganancia de los capitales regu-ladores a escala internacional.41 Esto significa que el tipo de cam-bio real – y por lo tanto la competitividad – es resultado de la inte-racción entre los salarios reales, la productividad laboral y la tasa de ganancia del conjunto del capital local frente al capital compe-titivo global (Féliz, 2011, 2009a). En el marco de la competencia global del capital por el control de los espacios de valorización, la dinámica de la acumulación de capital en un espacio territorial llevará al tipo de cambio real a elevarse sí y sólo sí los capitales locales dominantes consiguen forzar la caída relativa en el salario real y/o el aumento relativo en la productividad laboral.42

En tanto el neoestructuralismo no cuestiona la hegemonía del capital trasnacional en la economía periférica, la tasa de ganancia se asume como una variable exógena.43 En esas condiciones, eso implica que el Estado neodesarrollista buscará mantener la com-petitividad sobre la base de aumentar la productividad relativa o

mente o simplemente “fugados”.39 En la economía política neoclásica el tipo de cambio real es interpretado

como una variable endógena que se orienta –a través de la fuerza del “mercado”- a la necesidad de equilibrar el balance de pagos.

40 Como ya señalamos, el desarrollismo en su era clásica usaba el tipo de cambio como instrumento para corregir los desequilibrios en el balance de pagos. La promoción de la acumulación capitalista se realizada –fundamentalmente- por medio de la protección aduanera y la política de subsidios.

41 Los capitales reguladores son aquellos que tienden a determinar el precio de mercado en cada rama productiva (Féliz y Sorokin, 2008; Féliz, 2011).

42 La “elevación” del tipo de cambio real es lo mismo que la “devaluación” de la moneda local.

43 Desde el punto de vista del conjunto del capital, la tasa de ganancia resulta de la correlación de fuerzas sociales que establece una determinada apropiación privada del excedente social bajo la forma de plusvalor. En el espacio nacional, la competencia global lleva a los Estados neodesarrollistas a intentar crear las con-diciones sociales para conseguir – al menos – esa tasa de ganancia media. En ese sentido, la política de contención salarial juega un papel fundamental.


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contener la evolución salarial. En la práctica, el neoestructuralis-mo asume que el único instrumento bajo su control es el salario nominal y – de manera mediada – el salario real.44

Como señalamos en la sección anterior, el neodesarrollismo bus-cará mantener en regla el salario real para garantizar los objetivos de reproducción ampliada de las relaciones sociales capitalistas (es decir, la competitividad sistémica). En el marco de la estrategia neodesarrollista la presión de la competitividad está siempre pues-ta sobre los trabajadores quienes deben moderar sus demandas de mejoras en las condiciones de vida todo ello en pos de la acumula-ción capitalista sostenida en el tiempo.45 En este esquema analíti-co, la competitividad sólo puede ser mantenida conformando una matriz distributiva adecuada, que contenga los salarios dentro de una adecuada “fórmula distributiva” (Curia, 2007).

4. Límites y barreras del neodesarrollismo: la crisis como fundamento del desarrollo capitalista.

La estrategia del neodesarrollismo asume que la crisis macroeco-nómica (capitalista) puede ser desplazada indefectiblemente en el tiempo y el espacio. De la misma manera que la ortodoxia neoclá-sica buscaba demostrar la imposibilidad de la crisis (Carcanho-lo, 1999), hoy el neoestructuralismo la reemplaza como referente de un futuro sin sobresaltos. Al igual que el desarrollismo de los sesenta, las esperanzas de crecimiento sostenido se colocan en la capacidad estatal de asegurar la fórmula distributiva y en la ilusión de una clase capitalista – ayer nacional, hoy meramente local – con espíritu emprendedor dispuesta a invertir si se crean las condiciones adecuadas.46

44 El control del salario real se produce a través de una política salarial que intenta contener las demandas salariales dentro de los parámetros establecidos por la evolución de la inflación y la productividad del trabajo. Las demandas que su-peran esos límites (y tienden a reducir la rentabilidad del capital) son vistas como “excesivas”.

45 En Argentina, desde 2002, el salto en la rentabilidad y el magro desem-peño de la productividad relativa del trabajo han puesto una fuerte presión sobre los salarios reales. Dado que la rentabilidad se ha mantenido bien por encima de los niveles medios de la década anterior, los salarios reales – si bien se han recuperado parcialmente – son forzados a compensar por el estancamiento en la productividad relativa – en la industria manufacturera – entre 2002 y 2009 (Féliz, 2009a).

46 En el caso de la Argentina, Notcheff (1994) fue quien más claramente ex-

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Ambos enfoques son, en definitiva, funcionales a los intereses de los sectores dominantes y – a su manera – expresan sus espe-ranzas de control indefinido de la acumulación. La ausencia de la idea de crisis en el horizonte conceptual del neodesarrollismo – al igual que en su momento en el neoliberalismo triunfante – mani-fiesta para los sectores hegemónicos sus expectativas e ilusiones de completo dominio sobre las condiciones sociales y políticas de reproducción. Claro está, la realidad va más allá de las expectati-vas del gran capital y – en efecto – la crisis capitalista está siempre a la vuelta de la esquina, siempre lista para llevar adelante los ajustes en las variables que se desvían de sus “valores naturales”.Es decir que más allá de las expectativas del neodesarrollismo,

la crisis económica tiene su fundamento en el desarrollo de las contradicciones que son inmanentes a una forma de reproduc-ción social de base contradictoria. Las relaciones que fundan la sociedad van orientando –en un particular desarrollo histórico- un derrotero que obliga al capital a buscar superar barreras que él mismo pone y eventualmente enfrentar sus propios límites. Estos límites – a diferencia de los primeros – son escollos sólo desmon-tables a través de la crisis abierta. Las barreras pueden, por el contrario, ser desplazadas o superadas temporalmente sin alterar la estructura del marco de acumulación/valorización de capital. El neodesarrollismo tiene sus propias barreras y límites. Ellos son en muchos aspectos distintos a las barreras y límites presentes durante el neoliberalismo pero siempre operan como mecanismos necesarios de su propio desarrollo.47

Aunque discursivamente la crisis intenta ser desplazada a un fu-turo indeterminado, como mera posibilidad, el neoestructuralismo con su preocupación casi exclusiva por la competitividad interna-cional ubica a la crisis como su negación absoluta. Sin embargo, la paradoja es que en esta modalidad de desarrollo, la incapacidad de competir se traduce inmediatamente en la necesidad del ajuste. Esta será la contracara de la política de competitividad interna-cional que el propio capital – ahora en su faceta neodesarrollista – busca imponer como paradigma de desarrollo.¿Pero qué significa esto de imponer y apuntalar la competitivi-

dad? La estrategia neoestructuralista de desarrollarse sobre la base de privilegiar la competitividad internacional implica que el país busca ganar espacios en el mercado mundial, abriendo

presó sus dudas respecto a tal actitud de parte de la burguesía local.47 En otro trabajo analizamos en detalle estos mecanismos para el caso de

Argentina (Féliz y López, 2010, 2012).


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mercados para sus empresas nacionales48 (Féliz, 2009b). Por su-puesto, esto supone que las empresas localizadas en un espacio territorial periférico ganarán espacio en los mercados mundiales a costa de desplazar a los capitales de otros espacios económicos que perderán posiciones. Debido a que ganar competitividad su-pone básicamente reducir los costos unitarios de producción, las ganancias propias son las pérdidas ajenas.49

Los espacios nacionales perjudicados –aquellos que se manifies-tan como poco competitivos- se verán forzados a ajustarse (reducir salarios, despedir trabajadores, aumentar la productividad) para no ser dejados de lado por los mercados. En los proyectos de desa-rrollo capitalista, el resultado es siempre que nuestro triunfo (nues-tro “desarrollo”) es a costa de los trabajadores y trabajadoras de otros países. Si nosotros ganamos es porque ellos pierden. Dentro de esas reglas de juego, nuestro trabajo se logra a costa del tra-bajo de otros. En consecuencia, la forma de desarrollo capitalista supone que ganar es siempre empobrecer al vecino – el de la otra cuadra, del otro barrio, del otro municipio, provincia, país, región -. Ellos aparecen – porque lo son en esta forma de desarrollo – como nuestros enemigos en esta carrera por valorizar incesantemente el capital. La competitividad es un concepto relativo y no absoluto: supone un objetivo móvil pues involucra una carrera permanente por mantener una ventaja o reducir la desventaja relativa. El ajuste permanente es consustancial con el objetivo de la competitividad.Frente a la falta de competitividad que aparece como barrera a la

expansión del capital, las empresas deberán reducir su personal, los trabajadores aumentar su rendimiento o su esfuerzo, ampliar su jornada laboral o su capital humano y postergar – para un fu-turo siempre indefinido – sus demandas de mejoras en las con-diciones laborales incluyendo sus magros salarios. Todo esto so pena de aparecer como ineficientes, incapaces de honrar al Dios mercado.50

48 En realidad, como señalamos antes las beneficiadas por esa política sería todas las empresas de capital local incluyendo a las transnacionales que controlan la mayor parte de la producción doméstica y el comercio de exportación.

49 La política de competitividad privilegia la redistribución global del valor – y el plusvalor – antes que la generación de nuevo valor. En tanto, la mayor com-petitividad se obtiene a través de una mayor productividad o una contención de los salarios, esa competitividad no implica una mayor producción de valor sino sólo su redistribución local e internacional, entre las distintas fracciones del capital y entre el trabajo y el capital en su conjunto.

50 Que es lo mismo que decir al Dios capital. La metáfora divina no es sólo re-

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Cuando perdemos el don de la competitividad, la fuga, el desa-bastecimiento, la falta de crédito, los despidos, las suspensiones y el lock-out empresarial se convierten en las respuestas del capital para recuperar espacios en el mercado mundial.51 ¿Qué son todas ellas sino – como explicaba Kalecki (1943) – manifestaciones de la huelga de inversiones con las que el capital busca recomponer en términos más ventajosos para sí las relaciones sociales de pro-ducción?La paradoja es que la política del ajuste es la base de esta forma

de desarrollo aun en los momentos de auge y no sólo una opción de la economía política del capital en la crisis. En la etapa de expansión, esta lógica se expresa bajo la forma de demandas de moderación salarial o de aumentos en la intensidad laboral y la productividad; en la caída se presenta como la exigencia del recor-te en el empleo y los salarios. Es decir, que la política del ajuste competitivo orienta tanto la estrategia neodesarrollista como la neoliberal. Lo que cambian son las tácticas, las formas de mani-festación, los instrumentos.En el neoliberalismo el ajuste que se produce es función inma-

nente de la reestructuración social y productiva. El ajuste es la forma que tiene el capital para imponer sobre la sociedad (sobre el trabajo y sobre sí mismo) la necesidad de recomponer determi-nadas relaciones de valor. En la etapa actual (neodesarrollista) el ajuste aparece bajo otra forma. En un contexto expansivo (luego del triunfo estructural del proyecto neoliberal) ajustar significa que las mayorías populares deben limitar sus demandas, contener sus expectativas, canalizar productivamente su exigencias. Esto requiere que las fracciones organizadas del pueblo trabajador se incorporen al Estado fortaleciendo las instituciones de mediación de vieja data (tradicionalmente vinculadas al movimiento obrero

tórica pues si algo caracteriza al mercado – como a la idea de Dios – es su tendencia a la ubicuidad y – sobre todo – a una invisible omnipresencia. Como señala De Angelis (2007) la tendencia del capital es constituir al mercado como una gran panóptico, una meta-estructura que todo lo ve sin jamás ser visto. Es un mecanismo de discipli-namiento que funciona fundamentalmente imponiendo sus valores y reglas en las prácticas – y conciencias – de todas/os, intentando replicar al infinito su necesidad de auto-expansión.

51 Las respuestas del capital frente a la falta de competitividad son casi siem-pre acciones inconexas y descentralizadas que se imponen de manera impersonal sobre los actores individuales. Por supuesto, el capital – a través de sus organizacio-nes políticas representativas, más o menos corporativas – demandará que el Estado intervenga para coordinar y canalizar el ajuste exigido.


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organizado como las Comisiones Paritarias, o el Consejo del Sala-rio Mínimo, Vital y Móvil) o nuevas formas de gestión del conflicto social y las demandas populares (vinculadas a las nuevas expe-riencias organizativas del pueblo; Dinerstein, Contartese y Deledi-cque, 2010; Féliz y López, 2010b).En síntesis, la búsqueda de competitividad como piedra de toque

de las políticas económicas supone privilegiar – siempre – la ga-nancia empresaria y, sobre todo, los valores del capital: la compe-tencia como medio de desarrollo, la producción por la producción misma, los costos y beneficios privados por sobre los intereses de la sociedad. El ajuste es parte de la psicología del capital: crecer siempre y a toda costa, exprimiendo sin parar cada átomo de tra-bajo disponible. En ese marco, la crisis y el ajuste aparecen siem-pre como manifestación de las barreras que el desarrollo del capi-tal encuentra y como instrumento para intentar su superación.52 El límite último es, por supuesto, el capital mismo.53

5. ¿Es posible una alternativa al neoestructuralismo? Fundamentos de una macroeconomía del pueblo trabajador.

Como hemos discutido, el neoestructuralismo es el basamento teórico del neodesarrollismo en la periferia. En particular, en los países más poderosos de América del Sur (como Argentina y Bra-sil) se ha convertido progresivamente en la nueva economía polí-tica del capital. Esto significa que la propuesta neoestructuralista y el proyecto neodesarrollista que ella encarna tienen un funda-mento de clase abiertamente (aunque no transparentemente) vin-culado al desarrollo de los intereses del conjunto del capital y en particular de sus fracciones dominantes.La economía política del capital fue claramente analizada por Marx

52 En el marco de un particular proyecto hegemónico (desarrollismo, neo-liberalismo, neodesarrollismo) el capital “enfrenta límites que él mismo se pone y asimila como barreras a superar” (Gandarilla Salgado, 2003: 36). Ellos dan cuenta del desarrollo de las contradicciones sociales de cada proyecto. En tanto barreras son superables dentro del mismo. Si tales barreras son sólo superables a través de un desplazamiento del proyecto de desarrollo vigente, ellas serán esencialmente límites (aun si dentro del capitalismo) (Féliz y López, 2011).

53 Este límite supone la imposibilidad de superar al trabajo como fuente del valor. Esa es la única barrera que el capital no puede superar, su verdadero límite es pues “el capital mismo” y por tanto su exterior constituyente: el trabajo, la clase obrera (Lebowitz, 2005: 59).

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(Lebowitz, 2005). Ella se basa en la relación social (el capital) que impone como fuerza natural la lógica de la capitalización, valoriza-ción y mercantización. La expresión D – M [MdP, FdT] - … P … - M’ – D’ caracteriza de manera simple pero precisa el contenido de esa relación.54 El impulso dominante del capital es la valorización per-manente del valor. El mismo conduce y requiere de la reproducción ampliada de las relaciones sociales mediadas por el valor y el dinero como capital. De allí que en su naturaleza esté la conversión de toda actividad humana en un medio para esa expansión. El trabajo se convierte en mera fuerza de trabajo y luego en capital humano; las riquezas naturales pasan a ser recursos naturales; las relaciones humanas se convierten en capital social. En el neodesarrollismo la prevalencia de la valorización y reproducción ampliada del capital transmuta en la carrera de la competitividad.La economía política del capital y sus fundamentos están en la

base de la economía política dominante a través de las distintas facetas del desarrollo capitalista. Con sus diferencias profundas, la economía política clásica (no marxista), el liberalismo de los primeros años del siglo XX, el desarrollismo clásico, el neolibera-lismo y, finalmente, el neodesarrollismo estructuralista han ocu-pado ese lugar privilegiado compartiendo un rasgo común: ser el fundamento conceptual de interpretación y acción en el mundo por parte de los sectores dominantes.Sin embargo, aun si hoy es dominante, el neodesarrollismo en-

frenta serios cuestionamientos – si bien aun poco articulados – desde sectores organizados del pueblo. Frente a la macroeconomía del neodesarrollismo, los sectores populares vienen proponiendo desde hace tiempo los fundamentos de lo que podría ser una ma-croeconomía del pueblo trabajador.Frente a la economía política del capital – que como señalamos

remite esencialmente a la búsqueda permanente de la competiti-vidad – puede vislumbrarse una suerte de alternativa que – con un fundamento radicalmente diferente – constituye una economía política de los trabajadores y las trabajadoras (EPTT). Esto permite prefigurar y construir los elementos de una política para el desa-rrollo que funge como alternativa al proyecto privilegiado por los sectores dominantes.Esa otra economía política violenta la racionalidad capitalista

que tiende a imponerse por la fuerza de las relaciones sociales

54 Recordemos que D es dinero, M una serie de mercancías (FdT, fuerza de trabajo, y MdP, medios de producción), P un proceso productivo que permite crear nuevas mercancías (M’) pero también valorizar el valor original (D’>D).


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dominantes. En las prácticas cotidianas de luchas reivindica-tivas por mejorar las condiciones de vida dentro de la sociedad del capital – la actual sociedad posneoliberal – los trabajadores y las trabajadoras organizados/as enfrentan en los hechos esa tendencia hegemónica.55 A partir de otros valores y partiendo de la necesidad de reproducir sus propias condiciones materiales de existencia, plantean los elementos de aquello que quieren para vivir bien.56

Esas prácticas delinean una EPTT que parte de ubicar como cen-tro a las personas y sus relaciones no mediadas. De algún modo, se proponen invertir la ratio capitalista y construir un circuito cuyo punto de partida podría representarse como la inversión del ciclo del capital: H - M (D) - … P’… - H’. Esa relación invertida supone un proceso de producción del mundo (P’) cuyo eje es la reproducción de los seres humanos (H) en nuevas condiciones (H’) ya no como medios sino como fines, y donde las mercancías y el dinero son sólo medios para tales objetivos.Una alternativa popular al programa del capital – hoy, una op-

ción al neodesarrollismo – debería partir de estas prácticas y expe-riencias de lucha. Señalamos a continuación algunas líneas orien-tativas de tal alternativa.En primer lugar, la macroeconomía de los sectores populares de-

bería priorizar la expansión de las condiciones de producción y reproducción de los trabajadores y las trabajadoras. Esto surge de la exigencia histórica de garantizar niveles salariales y condiciones de vida y de trabajo que permitan una vida digna (Féliz, 2010b). Esto significa que la política macroeconómica debe privilegiar la expansión de los salarios por encima de la evolución de los precios y la productividad laboral. A corto plazo, esto permitirá acercar los salarios medios a la canasta familiar a la vez que crea los incenti-vos económicos para orientar la producción de bienes y servicios hacia la satisfacción de las necesidades populares.

55 Ese rechazo a las prácticas del capital por parte del pueblo trabajador no siempre es conciente. Sin embargo, como sostiene Dussel (1988) el trabajo posee una exterioridad inmanente – constitutiva – frente al capital, exterioridad que le permite confrontar su tendencia a incluir todo (la vida, el trabajo, el tiempo libre, la naturaleza) como parte del mismo. El trabajo nunca es complemente subsumido en el capital (Cleaver, 1992).

56 Estas prácticas incluyen desde las luchas cotidianas por mejores condicio-nes de trabajo (incluyendo mayores salarios) a las exigencias de autogestión obrera, desde las acciones por la soberanía alimentaria hasta la lucha contra la privatiza-ción de los servicios esenciales (Féliz, 2009b).

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La macroeconomía kaleckiana muestra como la expansión polí-tica de los salarios puede reorientar la demanda global y la pro-ducción garantizando el equilibrio macroeconómico. En el caso argentino, dado que existe una fracción significativa del excedente social que en la actualidad se destina al consumo suntuario, una política de recomposición salarial sistemática sería viable sin afec-tar la capacidad de acumulación global.57 Si bien esta estrategia reduciría la masa de plusvalor global disponible, ello puede ocu-rrir – en principio – sin restringir la inversión productiva. La prin-cipal restricción a esta política esta ligada a la mencionada rigidez estructural en la tasa de ganancia (vinculada a la trasnacionali-zación del capital) y el consumo suntuario (vinculada al carácter dependiente de los sectores dominantes).58

En segundo lugar, las restricciones a una política de redistribu-ción de ingresos en el espacio primario de su generación requiere avanzar – en paralelo – en otros mecanismos de redistribución secundaria que den cuenta de las demandas populares de ingreso y condiciones de vida a la vez que permiten construir condiciones para transformaciones más profundas. La realidad marca que tal cual fue concebido el sistema de previsión social no puede fun-cionar más en tanto no es financiable y está sujeto a innume-rables injusticias y arbitrariedades (CECSO, 2010). La respues-ta ortodoxa frente a esto es aumentar las exigencias para recibir beneficios – aumentar la edad jubilatoria o los años de aporte al sistema, crear condicionalidades para los beneficiarios no contri-butivos, etc. – o reducir tendencialmente los beneficios otorgados a fin de ajustarlos actuarialmente a las condiciones reales del mer-cado laboral (precariedad, empleo en negro, bajos salarios). Las exigencias populares – por el contrario – dan cuenta de que otro paradigma es necesario y por ello posible: debe pensarse la pre-visión social como un derecho universal, no ligado a las condicio-

57 Tengamos en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-sos (INDEC) de Argentina en el 2do trimestre de 2011 – por ejemplo – los hogares en el decil superior de ingresos recibían el 28,4% del ingreso total, mientras que el decil más pobre recibía el 1,8%; los ingresos medios eran 15,6 veces superiores unos a otros. Estos ingresos no incluyen lo apropiado, no distribuido por las empre-sas y destinado a la inversión por su parte.

58 Paradójicamente las rigideces estructurales – tan caras a la economía neoclásica como fuente de desequilibrios – no son responsabilidad de las trabajado-ras y los trabajadores (los sospechosos de siempre) sino fundamentalmente producto de la reticencia del capital y sus representantes de ceder espacios en la orientación del proceso de desarrollo.


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nes particulares de participación en la economía capitalista (Féliz, 2008b).59 Un programa generalizado de redistribución de ingresos permitiría simultáneamente eliminar las condiciones de pobreza que son extendidas en nuestros países – en particular, en Argenti-na donde abarca no menos del 20% de la población (López, 2011) – y ampliar los márgenes de la democracia real.60 En este último sentido, la eliminación de hecho de la exigencia de convertirse en mercancía para vivir – trabajar a través del mercado de trabajo capitalista – aumentaría la autonomía y libertad de los sectores populares creando espacio material para ampliar la posibilidad de cambios socio-políticos más amplios (Féliz, 2010).Tercero, de lo anterior se desprende asimismo la necesidad de

reorientar la política fiscal del Estado. El neoestructuralismo asu-me que el motor del desarrollo es el núcleo capitalista de la socie-dad y que su promoción es fundamental. De allí que sostenga la necesidad de articular la política pública en torno a favorecer las condiciones de su competitividad. En parte esto se manifiesta en la política fiscal moderada (bajos niveles de gasto público, altos niveles relativos de gasto en servicios económicos y superávit fis-cal) con el fin de garantizar la sustentabilidad de la deuda pública (su permanente renegociación para el garantizar su pago) y en particular el acceso al mercado internacional de capitales (Féliz y López, 2010). Por el contrario, una política fiscal popular debe-ría propiciar la reorientación del gasto público hacia la creación de infraestructura social – no simplemente económica – atacando simultáneamente los déficits en servicios básicos y creando una demanda de fuerza de trabajo sostenida. Esto supone reorientar la tributación ampliando la base imponible de los ingresos suntua-rios y las rentas extraordinarias. Por otra parte, el financiamiento internacional de la acumulación – a través del endeudamiento y la inversión extranjera directa – debería ser evaluado en función de las necesidades reales de capital y objetivos de orientación social

59 En Argentina, desde mediados de los noventa la creación de un ingreso universal básico para todos los habitantes (bajo diferentes nombres y particularida-des) se ha convertido en una de las demandas básicas de organizaciones populares tan diversas como la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) como los mo-vimientos de trabajadores desocupados (MTD) o un organizaciones sociales mul-tisectoriales como el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) o la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA) (Féliz, 2010b).

60 El programa Asignación Universal por Hijo/a es un paso en tal sentido pero por diferentes motivos es muy limitado y por ello no cumple con los objetivos que señalamos.

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de la inversión y no quedar sujeto a las estrategias del gran capital transnacionalizado.Estos tres ejes actuarán de manera complementaria para promo-

ver una dinámica más ligada a la producción de las condiciones de vida del pueblo trabajador y simultáneamente establecer las bases para un desarrollo con mayores niveles de involucramiento popular.61

Es claro que, por sí sola, la reorientación de la economía ha-cia una macroeconomía del salario, o un crecimiento liderado por el salario, enfrenta serias dificultades en las actuales economías transnacionalizadas. Sin embargo, con Gordon (1995), nos intere-sa enfatizar las ventajas de una política que, por un lado, desplace y reoriente las condiciones generales para la inversión y, por otro, altere los incentivos hacia la cooperación productiva a través de formas de organización democrática de la producción. El primer elemento refiere a las posibilidades que crea una política fiscal que permita estabilizar las condiciones de la demanda agregada. La re-ducción de la incertidumbre promueve la inversión productiva en el corto y largo plazo. Tanto la política macroeconómica a favor del salario como la reformulación del sistema de seguro social crearían las condiciones de mayor estabilidad macroeconómica necesarias. El segundo elemento – la promoción de producción democrática – reduciría la necesidad sistémica del desempleo como mecanismo de incentivación y facilitaría la innovación socio-técnica.62

6. Reflexiones finales.

El neodesarrollismo se ha consolidado como patrón de reproduc-ción capitalista en Argentina. Su marco macroeconómico está ar-ticulado en torno al neoestructuralismo que – como su antecesor, el neoliberalismo – busca conformarse como la economía política de los sectores dominantes (hoy, el gran capital local transnacio-nalizado).Si bien busca ser presentado como una alternativa popular en

beneficio de todos los sectores sociales, hemos señalado que su fundamento continua siendo el ajuste permanente sobre las con-diciones de vida del pueblo trabajador. Si bien, la crisis del neoli-beralismo supuso que los sectores hegemónicos han debido reco-

61 Otros elementos de un programa económico popular han sido discutidos en Féliz (2009b, 2011b, 2011c).

62 Ver también Féliz (2010) y Pérez, Féliz y Toledo (2006).


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nocer la fuerza de los movimientos populares, ese reconocimiento no implica en Argentina desplazamiento hegemónico y – por lo tanto – sólo se manifiesta en la forma de políticas sociales y labo-rales algo más inclusivas. El patrón de acumulación y modelo de desarrollo continúa estando orientado por la necesidad de valori-zación ampliada del gran capital y su necesidad de competir desde una plataforma periférica y dependiente.Frente a esa pretensión, los sectores populares en Argentina han

históricamente planteado alternativas. A partir de ellas pueden delinearse los ejes de una política macroeconómica popular. Aquí hemos señalado algunos de sus rasgos que requieren ser profun-dizados y discutidos. En cualquier caso, ese programa sólo puede convertirse en realidad en el marco de un proceso de avance popu-lar y quiebre de la dependencia social, política y económica.

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El actual “modelo” económico tiene como uno de sus principa-les puntos de apoyo el nivel del tipo de cambio (“modelo de dólar alto” “competitivo”). Si el “modelo” empieza con la devaluación, resulta apropiado preguntarse quién la pidió y para qué. Según se lo presenta oficialmente, el “modelo” sería novedoso en cuanto representativo de los intereses de una alianza popular. El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la alianza político-económica que impulsó la modificación del tipo de cambio, a través de un análisis de las expresiones públicas de las asociaciones representativas de diferentes clases sociales y fracciones de clase. La hipótesis sos-tenida es que se trató del efecto de una disputa entre fracciones de la gran burguesía, con un rol subordinado de una parte de la pequeña y mediana burguesía y una parte de los trabajadores. El doble efecto de la modificación del tipo de cambio, como mecanis-mo para aliviar la restricción externa y para recuperar las ganan-cias, expresa los límites al “modelo”.El trabajo se organiza como sigue. La primera sección ofrece al-

gunas directrices teóricas para fundamentar el tipo de análisis realizar. La segunda sección desarrolla el análisis socio-político de la devaluación. La tercera sección se enfoca en analizar brevemen-te algunos efectos de la devaluación en relación a la restricción externa e interna. La cuarta sección ofrece unas reflexiones en torno a la actualidad del problema.

Dinámica sociopolítica de la devaluación: alianzas, disputas y cambio.

Francisco J. Cantamutto *

* Universidad Nacional del Sur – FLACSO. Becario de Secretaría de Educación Pú-blica de México. Contacto: [email protected]. Agradezco los oportu-nos comentarios de Agostina Costantino y Emiliano López. Las opiniones aquí desa-rrolladas, así como los posibles errores remanentes, son exclusiva responsabilidad del autor.


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1. ¿Por qué el análisis a través de las asociaciones colectivas?

Actualmente es normal encontrar que las disciplinas sociales se amparen a un método que justifique la pertinencia de su existen-cia institucional, haciendo de una división analítica un supuesto ontológico. Asumir que la realidad efectivamente es (se da) sepa-rada en órdenes cuyas naturalezas son incomparables entre sí ha sido un salto al vacío que se muestra cada vez menos útil para comprender los fenómenos sociales. Sin perjuicio de la utilidad que pueda haber tenido a fines de consolidación epistemológica, es quizás tiempo de buscar una perspectiva más comprensiva (Wallerstein, 1996).El liberalismo, en su afinidad histórica con la emergencia y he-

gemonía de la clase capitalista, ha sido particularmente dado a la división de la sociedad en “esferas” separadas (la política, la eco-nómica, la cultural, etc.), habilitando por esta vía la suposición de lógicas de acción, intereses y recursos diferentes en cada caso, irre-ductibles entre sí o incluso incomparables (Anderson, 1978; Bob-bio, 1985). La ciencia económica neoclásica, por ejemplo, hace gala de este presupuesto, analizando la economía como un mercado dado, con individuos sin pertenencia grupal alguna (acabados en sí mismos, autónomos), donde el Estado aparece siempre como un agregado ad hoc que interfiere. Sin entrar en mayores detalles, pa-reciera que esta escuela de pensamiento elude los planteos en torno al condicionamiento social de los sujetos o la necesidad de definir un conjunto de derechos que funde las bases para el desarrollo del mercado: en tales casos, la economía no podría separarse taxativa-mente del campo cultural o del campo político.El presente trabajo analiza la decisión de devaluar el tipo de

cambio y sostenerlo a cierto nivel a partir de allí; un fenómeno normalmente asociado a la economía y estudiado con exclusiva base en los métodos de esta disciplina. Lógicamente, no preten-demos aquí anular o eludir la importancia de los desarrollos de la economía para entender este proceso, pero no podemos dejar de resaltar que se trata de una decisión tomada por el gobierno, en un momento del tiempo y desestimando otras opciones de política económica: ¿puede la economía contestarnos por qué se decidió la devaluación y no la dolarización, por ejemplo? Creemos que es necesario introducir algunos elementos provenientes de otras dis-ciplinas para comprender este proceso.Concretamente, lo primero que necesitamos es tener una noción

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sobre qué es el Estado y qué lugar ocupa el gobierno.1 El agente de la política económica es, por definición, el Estado “(…) porque es el único protagonista de la realidad social que puede actuar en nombre de toda la sociedad asumiendo la representación del con-junto (…)” (Briones, 1988: 60).2 O’Donnell (2004: 155) identifica 3 dimensiones del Estado, todas ellas en disputa por los grupos so-ciales existentes: como foco de identidad colectiva, como sistema legal y como burocracia. En tanto foco de identidad colectiva, el Estado aparece como la promesa de integración de sus ciudada-nos, más allá de sus diferencias fácticas: la igualdad formal como marco de solidaridad, expresado normalmente en la idea de na-ción. El Estado se erige así como polo de unidad ante la diversidad de la sociedad, y permite llevar a cabo políticas en nombre de ella (Lechner, 1985).En tanto sistema legal, como resaltan las corrientes instituciona-

listas, se entiende al Estado “(…) como una organización e institu-ción dotada de poder, económico y político, [tiene capacidad] para imponer el marco de obligaciones, regulaciones y restricciones a la vida social y el intercambio económico” (Cavadias, 2001: 18). Esta capacidad de dar forma al sistema de relaciones sociales se sos-tiene en el control del sistema legal y la supremacía en el control de los medios de coerción física (O’Donnell, 2004: 149-150). Es decir, se funden en esta dimensión tres aspectos concomitantes: el Estado es origen de derecho ya que instituye reglas formales, de aplicabilidad obligatoria; es, al mismo tiempo, el sistema mismo de esas reglas formales (Estado de derecho); y es, por último, la garantía última de ese sistema, tanto por su capacidad de legiti-marse como representante de la sociedad como por su control pri-vilegiado de los medios de coerción. Toda vez que se logre definir una política y se emane desde el Estado, ésta logra obligatoriedad

1 En general, en la ciencia económica se confunden ambas nociones, provo-cando repetidos equívocos. No es intención de este trabajo una disquisición teórica sobre el respecto, simplemente se enunciarán algunas definiciones que permitan comprender el desarrollo del análisis.

2 Al tratar al Estado como un agente, no estamos asumiendo que posea una racionalidad propia, separada del marco de relaciones sociales que lo constituye. Estamos tratando de enfatizar la capacidad que tiene de tornar obligatorias para toda la sociedad las decisiones que en su seno se tomen, obligatoriedad basada en cierta legitimidad construida a partir de la apelación al conjunto de la sociedad. No cualquier institución tiene esta capacidad, y es por ello que señalamos una di-mensión de agencia en el Estado, sin asumir que éste sea un sujeto autónomo. Esta compleja discusión merecer ser profundizada en otro trabajo.


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general y afecta a todos los agentes involucrados en el proceso de acumulación, que aquí nos interesa.Finalmente, como burocracia, el Estado se compone de un con-

junto de agentes y agencias (órganos) dedicados a la administra-ción pública. Incluso bajo regímenes democráticos, sólo un seg-mento de esa burocracia está sujeto a elección: se trata de aquella fracción que no sólo administra, sino que decide (Weber, 1964). Se trata de lo que normalmente entendemos como gobierno, la cú-pula de funcionarios cuyas decisiones tiene aplicabilidad univer-sal sobre el territorio abarcado por el Estado.3 Por esta capacidad de tomar decisiones con carácter –en última instancia- coercitivo, el gobierno es foco de disputa entre los diferentes grupos socia-les. Aunque este trabajo se focalice sobre la decisión del gobier-no, sabemos que el Estado abarca más dimensiones, todas ellas cruzadas por disputas sociales. El Estado, en cualquiera de sus dimensiones, nunca es neutral, como algunas corrientes institu-cionalistas tienden a asumir (cf. North, 1993), aunque tampoco sería correcto afirmar que se trate de un aparato instrumental que funcione a favor excluyente de un solo grupo.4

La existencia de distintos grupos con diferente capacidad de in-fluencia o presión atraviesa la estructura social (entre los polos de mantenimiento y cambio de la distribución de recursos económi-cos y políticos), e impacta en el Estado, en todas sus dimensiones. La literatura de políticas públicas refiere a estos actores con el nombre genérico de “grupos de presión” o “de interés”, y, a pesar de no negar su importancia (Kingdon, 1984: 72-73; Lahera, 2006: 86; Parsons, 2007: 227-230), no parece haber una incorporación sistemática a su análisis –centrado en las lógicas de instituciones políticas. Estudios de análisis político originados en la economía neoclásica también aceptan la existencia de estos “grupos de in-terés” (Alesina & Drazen, 1991; Grossman & Helpman, 2001; Ro-drik, 1996). Sin embargo, resulta inadecuado tratar de modo in-distinto a grupos formados por sectores con diferentes dotaciones de recursos. Al analizar la acción colectiva de grupos formados por capitalistas, Offe y Wiesenthal (1980) encuentran que estos tienen mayor capacidad de presión exitosa, dado que cuentan con

3 La mayor parte de los sistemas democráticos del mundo sólo somete a elección a los miembros del poder ejecutivo y el legislativo, dejando fuera a los del poder judicial y los del poder militar. Por lo tanto, incluso en regímenes democráti-cos, la posibilidad de elegir esta “cúpula” de gobierno suele estar restringida.

4 Por una interpretación más acabada en este sentido, ver Thwaites Rey (2004).


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mayores recursos, menos miembros, mejor definición de intereses y menor grado de conflicto con los intereses de los representados, destacan el carácter secundario, instrumental y ofensivo de esta organización, el mayor repertorio de formas de acción colectiva, la capacidad de sanción al trabajo y concentración de objetivos. Birle (1997) añade otros elementos que refuerzan la capacidad de negociación de la gran burguesía: la capacidad de generar ame-nazas creíbles, la cohesión ideológica, el grado de organización y cohesión interna, y la capacidad de formular objetivos comunes. Es decir, por distintas razones, esta clase social cuenta con una mayor capacidad de influir en la toma de decisiones públicas, o incluso de ejercer una relación de poder en la misma. Por estos motivos, es necesario utilizar un enfoque que distinga

entre distintos “grupos de interés”, que permita comprender estas diferentes capacidades de influir. En principio, podemos distinguir en la sociedad distintas clases en base a su acceso y control de ciertos capitales, activos y habilidades. Estos conjuntos sociales definen posiciones objetivas en la división social del trabajo y son, por lo tanto, relativamente independientes de la voluntad de los in-dividuos que la componen: más allá del paso de una clase a otra de uno o varios sujetos, las clases persisten en tanto conjuntos esta-bles (Olin Wright, 1983: 24). Concretamente, se pueden considerar tres factores para definir la estructura social en países de América Latina: a) la posesión de medios de producción; b) la posesión de habilidades escasas en el mercado laboral; y c) el control sobre el trabajo ajeno (Portes, 1995: 80; Portes & Hoffman, 2003: 356).5 Las clases así definidas permiten dar cuenta de ciertas asime-

trías en la estructura social, que a su vez permiten establecer algunas relaciones (no directas ni automáticas) en términos de conflictividad social y política. El acceso diferencial a recursos y activos, y el control sobre el trabajo de otros, remite a un espacio de disputa por ese acceso y control entre las diferentes clases: la sociedad, de este modo, se encuentra en un permanente estado de conflicto latente, del cual las diferentes expresiones concretas son manifestaciones abiertas y no disrupciones de un orden estable previo (Galafassi, 2006).6 En este sentido, estaríamos ante una

5 Estos factores repercuten en la capacidad de cada clase de valorizar sus posesiones en el mercado y obtener así ingresos. La forma específica adoptada por este cuarto factor (d), que son los ingresos, define en gran medida las posibilidades de vida de cada clase (Veltmeyer & Petras, 2005: 123).

6 No pretendemos ver, sin embargo, una determinación unívoca y lineal de la estructura social hacia el conflicto, sino una relación dialéctica entre ambos ele-


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situación donde estructuralmente (por su influencia sobre el Es-tado y el gobierno) ciertos grupos tienen mayores posibilidades de afectar la toma de decisiones: lo que algunos autores llaman poder estructural del capital (Lindblom, 1999; Offe, 1992).Debe notarse en este punto que, si bien los capitalistas pueden

tener una unidad de conjunto respecto de una serie de ideas, inte-reses o valores, es lógico que tengan diferencias entre sí respecto de cuestiones más concretas, decisiones específicas. Es probable entonces que los capitalistas se distingan entre sí en diversas frac-ciones, con diferentes demandas respecto de decisiones políticas específicas. La disputa entre estas fracciones por decisiones con-cretas, en la mayor parte de los casos, adopta al menos parcial-mente estado público, y por lo tanto puede estudiarse del mismo modo que a otros grupos: a través del análisis de las disputas en el espacio público de sus asociaciones representativas. Es posible examinar las presiones públicas de los diferentes grupos sociales para identificar demandas, problemas, posturas respecto de pro-blemas concretos. Este trabajo referirá a las fracciones de clases a través de sus asociaciones representativas, para dar cuenta de la dimensión de acción colectiva y de la disputa por la orientación específica de la política económica.Si pensamos que el Estado tiene una composición densa, que

excede los límites precisos de lo propiamente estatal-político, po-demos pensar que las presiones públicas de las asociaciones per-tenecientes a la sociedad civil forman parte de la construcción la acción del gobierno. Se trata de pensar un Estado ampliado, donde se constituyen las disputas por la orientación de la política económica (entre otras), sobre las que el gobierno finalmente deci-de: no de modo autónomo, sino en base a la correlación de fuerzas emergente de la disputa de los grupos sociales (Chihu Amparán, 1991: 100-102; Gramsci, 1975; Portelli, 1976: 32-34). Veamos el análisis para la decisión que nos compete.

2. Alternativas en disputa a la salida de la Convertibilidad

2.1. El breve impulso a la dolarización

El esquema de política económica de la Convertibilidad, además

mentos, sobre los que es necesario reconocer, además, la importante influencia de otros factores (culturales, institucionales, etc.).


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de una caja de conversión con tipo de cambio fijo por ley, incluía en sus condiciones de viabilidad al conjunto de reformas estructu-rales que signaron la década de los noventa. Para poder sostener el nivel del tipo de cambio fijo en un contexto de apertura, era necesario contar con la entrada de capitales que compensara el déficit por la balanza comercial y funcionara como un impulso a la demanda agregada. La inflación inercial de los primeros años y el aumento entre los sectores no transables apreció el tipo de cambio real, fomentando el deterioro de la balanza comercial. La entrada de capitales, ligada en un primer momento a las privatizaciones, impulsó la demanda agregada vía consumo. Alrededor de la venta de los activos del Estado se configuró la “comunidad de negocios” que impulsó el esquema de políticas y negocios (Basualdo, 2006).7

El primer traspié de la Convertibilidad fue generado por el efecto Tequila, que provocó una salida de capitales de los países perifé-ricos, generando en Argentina una breve recesión. Se consolidó un ciclo de base financiera que puede resumirse de esta manera: cuando existe liquidez externa, la entrada de capitales debida al diferencial de tasas de interés (relativamente altas en el país peri-férico) impulsa la actividad, pero al mismo tiempo aprecia el tipo de cambio y deteriora la balanza comercial; si en cierto punto la tasa de interés se incrementa (por agotamiento interno o por shock externo), la salida de capitales revierte el ciclo (Damill, Frenkel, & Rapetti, 2005; Macías Vázquez, 2008). Como el movimiento de capitales es muy ágil, el ciclo puede volverse más amplio y repen-tino (Schvarzer & Tavosnaska, 2008). Para “superar” esta prue-ba, la propuesta supuestamente exitosa fue dar continuidad a la Convertibilidad: avanzar en las reformas y sostener el esquema cambiario. En realidad, el veloz salvataje de México por parte de Estados Unidos y el FMI permitieron que la crisis no fuera más allá. Una nueva fase de expansión se desarrolla hasta 1998.Ese año se privatiza el último tramo de YPF, quizás el último gran

activo remanente del Estado.8 Al mismo tiempo, estallan a nivel

7 Durante esos años, el llamado G8 funcionó como la alianza político-eco-nómica que sustentaba el proceso: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederacio-nes Rurales Argentinas (CRA), Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), la Asociación de Bancos Públicos y Priva-dos de la República Argentina (ABAPPRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Unión Argentina de la Construcción y la Unión Industrial Argentina (UIA).

8 En rigor, aún persistían como activos atractivos para la venta algunos ban-cos públicos: el FMI insistirá con este punto en sucesivos acuerdos firmados en esos años (Brenta, 2008).


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internacional las crisis del Sudeste Asiático y Rusia, afectando a la orientación de los flujos de capital a nivel mundial: la prima de ries-go para los países periféricos comienza a crecer sistemáticamente. Por este motivo, algunos autores insisten en el carácter exógeno de la crisis: lo que ocasiona la reversión de la fase expansiva se un aumento en las tasas de interés externas al país. Se trata de una asimetría macroeconómica significativa con los países centrales: mientras éstos generan los cambios en las tasas de interés de refe-rencia, al tiempo que tienen potestad sobre la moneda que cumple funciones de reserva de valor a escala mundial, los países periféri-cos tienen que lidiar con el shock que aquellos provocan (Carrera Troyano, 2004). Se desata una fase recesiva, donde, a medida que se recuperaba lentamente el superávit comercial, la única entrada de capitales disponible será la deuda, que crecerá a elevado ritmo. Sin embargo, es la recesión de Brasil y la declaración de deva-

luación a principios de 1999 lo que termina de desatar la crisis en Argentina. Ante esta situación, y apenas días después, el entonces presidente Carlos Menem anuncia la posibilidad de dolarizar la economía. Presenta esta idea: a) como la continuidad lógica de la Convertibilidad, puesto que la economía ya operaba bimonetaria-mente y con un tipo de cambio fijo, el pasaje a la divisa norteame-ricana reduciría las tasas de interés e impulsaría la actividad;9 y b) como una opción geoestratégica clave, a la vista de que la globali-zación está definiendo tres grandes áreas económicas (euro, yen y dólar). De esta forma, Menem ponía al ALCA como horizonte, y se posicionaba como interlocutor privilegiado.A pesar de lo súbito de la propuesta de dolarización, el proyecto

había sido ya barajado dentro del gobierno. Jorge Castro, Secreta-rio de Planeamiento Estratégico, indicó que el presidente había re-querido el estudio de la posibilidad un año antes (“Menem propone como salida que el Mercosur se dolarice”, La Nación, 16 de Enero de 1999). Pablo Guidotti, viceministro de economía, había publi-cado ya en 1991, junto al director del CEMA,10 Carlos Rodríguez, un trabajo titulado “Dollarization in Latin America - Gresham’s Law in Reverse?”, quizás uno de los primeros trabajos del FMI en

9 Aunque en rigor existe una ambivalencia en este argumento: supuesta-mente es la continuidad lógica de la Convertibilidad, a la que hay que profundizar por su éxito, pero se debe pasar a la dolarizar por el fracaso de la Convertibilidad en reducir las tasas de interés.

10 El Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) es un cen-tro de estudios de clara inclinación neoliberal, fundado en 1978, plena dictadura militar en Argentina.


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materia de dolarización (WP 91/117). Es posible que por esto mis-mo el FMI haya apoyado inicialmente el anuncio, a diferencia de la fría recepción del gobierno de Estados Unidos.Dentro del país, el proyecto cosechó el apoyo básicamente del

CEMA,11 mientras que en el exterior tuvo entre sus principales impulsores a Steve Hanke12 y Kurt Schuler13 (asesores de Menem en la campaña de 1989), a los economistas jefe del BID Guillermo Calvo y Ricardo Hausman, y a los reconocidos manualistas Rudi-ger Dornbusch14 y Stanley Fischer (por ese entonces, segundo del FMI). Para estos economistas, la dolarización representaba un paso adelante en la inserción profunda de la economía argentina en el mercado mundial: cualquier resguardo en materia de soberanía era entendido como un mero residuo nacionalista.15 Dentro de Estados Unidos, las posiciones se dividían, aunque primó la postura de que Argentina podría dolarizarse si quisiera, pero de modo unilateral: no habría promesas de que la Fed actuara como prestamista de última instancia ni que se compartiera el señoreaje.16 Esto llevó al FMI a una postura ambivalente al respecto, donde enfatizaría más bien el aspecto fiscal del problema: más que el sistema cambiario o

11 Además del ministro de economía Roque Fernández y el presidente del BCRA Pedro Pou, los más férreos impulsores del proyecto fueron Aldo Abram, Jorge Ávila, Joaquín Cottani y Gabriel Rubinstein. Este último ocuparía varias puestos en el gobierno de Kirchner, incluyendo el de asesor en la negociación con el FMI.

12 Membro del ultra-liberal CATO Institute y antiguo asesor de Reagan.13 Quien asesoró al senador republicano, Connie Mack, para la presentación

en abril de 1999 de un proyecto ante el Congreso estadounidense donde se propo-nía compartir el señoreaje con los países que dolarizaran.

14 En uno de los puntos más álgidos de la crisis argentina, Dornbusch acor-daría con Hanke en que sería buena idea entregar temporalmente el gobierno ar-gentino a alguna representación extranjera (“Menem presentará su plan y su candi-datura en los EE. UU.”, La nación, 19 de Mayo de 2002).

15 “Ahora tenemos unos próceres en los billetes; pasaríamos a tener otros” fue una de las primeras declaraciones de Pou al respecto (“Proponen la dolarización total”, La Nación, 22 de enero de 1999). En sintonía, Guillermo Calvo afirmaría que en todo caso era posible pensar en “reducir las objeciones nacionalistas” emitiendo dólares con las caras de Zapata, San Martín y Bolívar (“¿Hacia dólares con el rostro de Zapata?”, La Nación, 26 de enero de 1999).

16 Larry Summers, segundo en el Tesoro, defendió en un primer momento la dolarización bajo un argumento memorable: “La dolarización es sexy. Es una idea que tiene la ventaja de ser original, atractiva y fácilmente comprensible para todo el mundo” (“Summers: dolarizar es una idea sexy”, La Nación, 31 de enero de 1999).


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monetario, lo que importaba era ajustar el Estado.17

La única asociación empresarial en Argentina que promovió la dolarización fue la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), que representaba lo más concentrado de la banca, principalmente extranjera. La dolarización hubiera eliminado el riesgo cambia-rio para este sector, permitiéndoles realizar elevadas ganancias en dólares debidas al alto spread local (Cibils & Allami, 2010). Las empresas privatizadas, otras potenciales beneficiarias de este esquema monetario, no impulsaron esta propuesta: dado que se trataba mayormente de empresas europeas, su asociación repre-sentativa (ADESPA, Asociación de Empresas de Servicios Públicos de Argentina) se pronunció más bien a favor de la Convertibilidad. A pesar de no progresar la propuesta, funcionaría como amenaza durante los siguientes años.La pérdida de uno de los principales mercados externos y la dis-

minución de la competitividad externa (que ocasionaba una pér-dida del escaso mercado interno remanente movilizaron rápida-mente a diferentes grupos sociales. La UIA, dependiente de aquel mercado, comenzó a reclamar medidas de protección comercial, llegando incluso a plantear la suspensión del MERCOSUR. Con excepción de SRA (cuyos representados poseen los estándares de productividad más altos), las organizaciones del agro se unieron al reclamo. Esto provocaría la escisión abierta de los caminos pro-puestos por la burguesía para salida de la crisis: mientras que SRA y la Cámara del Comercio (CAC) abogarían por continuar la senda de la Convertibilidad con mayor ajuste fiscal, el flamante Grupo Productivo18 demandará por su parte el impulso a la de-manda agregada y la protección externa.En junio de 1999, contra las presiones de Menem en los últimos

momentos de su mandato, las cámaras empresariales se reúnen para avalar la convertibilidad. Di Fiori, presidente de CAComercio, fue quizás el más entusiasta al referir a la rehabilitación del Grupo

17 El Fondo, en boca de Claudio Loser, sostendrá que “es un tema controver-sial y el FMI es pragmático en esto, porque hubo éxitos y fracasos en todos los países y con todos los sistemas cambiarios” (“La devaluación no es la clave del crecimien-to”, La Nación, 24 de septiembre de 2000). Sin embargo, el jefe de la misión enviado por el Fondo a Argentina en 2002, John Thornton, había alentado la dolarización y participó significativamente en el proceso ecuatoriano.

18 Compuesto por la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción y Confede-raciones Rurales Argentinas (CRA). Esta última representa grandes propietarios ru-rales, al igual que SRA, pero con importante presencia de ganaderos. Tiene además una trayectoria de mayor confrontación que aquella (Birle, 1997).


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de los 8. Pero las tensiones entre las cámaras ya eran una reali-dad; sólo continuarán avalando la Convertibilidad aquellas aso-ciaciones cuyos representados eran aquellas empresas protegidas de la competencia (ADESPA), aquellas dedicadas al negocio de la importación y venta interna (CAComercio), y aquellas con los más elevados estándares de productividad eran capaces de competir y continuar beneficiándose del subsidio a la compra de bienes de capital y pago de crédito que representaba la Convertibilidad (SRA y la línea interna MIA de la UIA).

2.2. La Convertibilidad ampliada

El gobierno de la Alianza (1999-2001) se aferrará a la Converti-bilidad como plan fatal en medio de una recesión que no cesará. Aunque la crisis se volvería más y más evidente, el miedo a la cri-sis previa a la Convertibilidad había calado profundo en la socie-dad: si pudiera sostenerse la existencia de un mandato electoral, éste efectivamente indicaba la persistencia de la Convertibilidad (Vázquez Valencia, 2009).19 El gobierno buscaba validarse ante el electorado, pero esto le ocasionaba crecientes dificultades para poder acordar con las diferentes asociaciones representativas: el doble circuito de representación (Offe, 1992) inducía a señales contradictorias.A nivel interno, logró coquetear el apoyo de la CAConstrucción al

crear un ministerio de obras públicas, que ofrecía una oportunidad de negocios atractiva (Burachik, 2007). Incluso esta propuesta llegó a interesar a ABA, al pensarse en un esquema de financiamiento que podría ser negocio para los bancos también. El problema cen-tral para este plan era que implicaba un aumento del gasto público, en un contexto de peso creciente de los intereses de la deuda y financiamiento externo escaso. La demanda de los grupos que re-afirmaban la Convertibilidad, en consonancia con los reclamos del FMI, era un mayor ajuste del gasto (para disminuir los requerimien-tos de financiamiento público), de modo de poder lograr un recorte en los impuestos (para incrementar las ganancias). SRA, de hecho, había logrado cierta convergencia de demandas

en este sentido con el resto de las asociaciones del agro,20 al estar 19 Por esta razón Piva (2007) sugiere que la Convertibilidad implicó un tipo

de consenso negativo: era el miedo a la hiperinflación, el miedo a la crisis, etc. lo que impedía pensar una alternativa a este esquema, no una convicción profunda de acuerdo. La creciente protesta social pondría en cuestión este consenso débil.

20 Además de SRA y CRA, ligadas a grandes propietarios, el agro tiene como


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todas bregando por la eliminación de impuestos “distorsivos”, entre los que mencionaban el impuesto a la ganancia mínima presunta, a los intereses, a bienes personales y a los combustibles. De conjunto también insistirían sobre el problema del elevado endeudamiento del sector, que afectaba de manera más elocuente a los pequeños productores. A pesar de esta convergencia, estas asociaciones te-nían orientaciones de sentido diferentes en la demanda: mientras que la SRA defendía la Convertibilidad en sus lineamientos centra-les, la CRA requería de ciertas políticas activas más específicas, y la FAA y el FAN impugnaban el modelo económico de conjunto. Cuan-do a principios de 2000 De la Rúa reconoció que el agro transfería al resto de la economía recursos por cerca de US$ 5000 millones, la SRA lo vio como una puerta hacia la reducción del gasto en otras áreas y la consecuente desgravación fiscal al sector, por lo que abo-nó una férrea relación de cercanía con el gobierno, alejándose así del resto de las asociaciones del agro.De hecho, estas últimas asociaciones convergerían con el resto

de las cámaras representantes de PyMEs, más allá del sector de actividad, en esta expresión contra la Convertibilidad por la impo-sibilidad de competir.21 Incluso algunas de ellas radicalizarían su reclamo convergiendo en la práctica con asociaciones represen-tativas de trabajadores. En varias oportunidades, FAA y APYME convocarían a movilizaciones contra el modelo económico junto a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), quebrando de esta manera la alianza con otros sectores del capital. Sin llegar a po-seer la fuerza política descrita por O’Donnell (1977) en relación al período de la ISI, esta convergencia reeditaba la alianza débil del pequeño capital y los sectores populares que tantas veces quebró la alianza ofensiva que buscaba profundizar la modernización ca-pitalista en Argentina. Claro que en esta ocasión, la alianza no era capaz de aplicar su programa a través del gobierno.Justamente, los distintos sectores de trabajadores fueron proba-

blemente el sector más abiertamente relegado por el gobierno. El principal acercamiento sería el acuerdo entre el gobierno y el sector oficial de la Confederación General del Trabajo (CGT), liderado por

entidades representativas a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONI-NAGRO), con alta presencia en el interior y representante tanto de medianos como de grandes productores, Federación Agraria Argentina (FAA) y el Frente Agropecua-rio Nacional (FAN), de mayor importancia entre pequeños y medianos productores.

21 Se destacan en el sector urbano la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), la Confederación General Económica (CGE), y la Cámara Activi-dades Mercantiles Empresarias (CAME).


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Rodolfo Daer, en aras de avanzar en la reforma laboral exigida por el FMI.22 El sector de oposición, liderado por Moyano, mantuvo cierta distancia del gobierno, especialmente debido a su vínculo con el sec-tor oficial: aunque Moyano criticó al modelo económico y al gobierno, convergiendo con la CTA en las calles, no desestimó las reiteradas convocatorias oficiales al diálogo.23 Parte de la CTA también abrigó tibias esperanzas en este gobierno, entre otras razones, a raíz de la atención mostrada por varios legisladores de la ALIANZA durante los meses previos a la asunción presidencial. El sector de trabaja-dores organizados que fue plenamente excluido del diálogo fueron los piqueteros desocupados: el gobierno no sólo reprimió duramente (Massetti, 2006), sino que alentó hipótesis (sin ninguna prueba) de infiltración de guerrilleros, de narcotraficantes bolivianos y de orga-nizaciones violentas de izquierda (“En la Casa Rosada creen que faltó información”, La Nación, 19 de junio de 2001, y “De la Rúa no cree en guerrillas urbanas”, La Nación, 24 de junio de 2001).24

Como dijimos, el gobierno de De la Rúa mantuvo como política central el mantenimiento de la Convertibilidad, lo que, en un con-texto de falta de financiamiento externo, implicaba una dependen-cia directa del FMI. Esto significaba mantener los lineamientos que el organismo señalaba como condicionalidades, entre los que el ajuste fiscal era la primera condición. De la mano del organis-mo y el sector financiero concentrado en ABA, se realizaron tres reestructuraciones de deuda durante este período: el Blindaje de fines de 2000, el Megacanje de mediados de 2001 y el canje por préstamos garantizados de fines de 2001. En todos los casos la deuda total aumentó, y en ambos casos en 2001 las tasas de inte-rés pagadas superaron el 15% anual en dólares, priorizando como

22 Este sector de la CGT ya había participado de diversos procesos de priva-tización y reforma laboral, obteniendo a cambio prerrogativas en términos de recur-sos: participaciones en el paquete accionario de la venta, mantenimiento de la caja de las obras sociales, etc. (Etchemendy, 2004; Murillo, 2001).

23 En 2001, por ejemplo, tras un paro convocado por las CGT oficial y di-sidente contra el déficit cero, De la Rúa organiza un asado con la UIA, ABA, CRA, CAComercio y ambos sectores de la CGT, donde se afirman buenos intenciones, pero no se discute ninguna de las demandas de redistribución y solución de la pobreza enarboladas por la CTA (“Un asado sirvió para hablar de acuerdos”, La Nación, 4 de Septiembre de 2001).

24 Para mediados de 2001, el ministro de Desarrollo Social, único miembro restante del FREPASO restante en el gabinete nacional, era el único con intenciones de “averiguar” qué reclamaban los piqueteros, en lugar de reprimirlos (“Cafiero se distanció del Gobierno”, La Nación, 24 de junio de 2001).


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destino del gasto la misma partida que ocasionaba el déficit fiscal: el pago de intereses. Al buscar recortar gastos sociales (educación, salud) y salarios, la protesta social se incrementó, llevando a la caída de dos ministros de economía (Machinea y López Murphy).Al asumir como ministro Cavallo a mediados de 2001, éste procu-

ra conciliar los intereses del FMI y el sector financiero con las de-mandas del Grupo Productivo. Así, no sólo implementa los planes de competitividad (desgravaciones impositivas al capital), sino que formula el proyecto de un factor de convergencia para el comercio exterior, un instrumento fiscal para provocar una leve devaluación. Esta medida (celebrada por la UIA) era parte de una lógica que bus-caba ampliar la Convertibilidad incluyendo el euro en la canasta de monedas de referencia.25 Este instrumento buscaba conciliar el sostenimiento de la Convertibilidad con el aumento de la competi-tividad vía devaluación fiscal, pero su efecto resultaba tenue a la luz de la crisis: la apreciación del tipo de cambio real y el alto costo financiero necesitaban una solución más radical. Por otra parte, al señalar la intención de corregir el tipo de cambio, se rompían las expectativas formadas por la Convertibilidad, señalando la inmi-nencia del final del esquema cambiario (Levy Yeyati, 2001). Finalmente, la idea de ampliar la Convertibilidad no fue aceptada

por los sectores del capital por fuera del Grupo Productivo, que preferían otras opciones. Este programa tampoco lograba conciliar el apoyo amplio de sectores del capital concentrado ni de otras frac-ciones de clase. Los distintos proyectos de las asociaciones (cuando existían) reflejaban en cierta medida las disputas divergentes a ni-vel social: no existía un programa claro que pudiera erigirse como representando al conjunto de la sociedad, toda solución aparecía como la defensa de un interés “demasiado” particular. La obligato-riedad de la ley no podía sobrepasar las posibilidades e intereses de la mayor parte de la sociedad: era necesario buscar alguna orienta-ción de política que conciliara mínimamente los diversos intereses.

2.3. La salida de la Convertibilidad mediante la devaluación

El Grupo Productivo alienta entonces a la CGT a unirse a un re-clamo por “impulsar el sector productivo” y obtiene respuestas positivas.26 El Grupo Productivo, a pesar de insistir con el equili-

25 Esta idea había sido presentada por Cavallo en 1992 en la Bolsa de Comer-cio de Buenos Aires.

26 Moyano había llamado a un “Frente Nacional, Social y Productivo” a ini-cios del año, por lo que su anuencia a una figura de este tipo era esperable. (“Moyano


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brio fiscal, estaba a favor de mantener ciertos gastos del Estado (seguros de desempleo) e incluso impulsar planes de vivienda: se trataba de impulsar la demanda agregada de la que dependían.27 El sindicalismo de la CGT, además de estar de acuerdo con estas medidas, veía con buenos ojos la reactivación en el sector privado, pues la mayoría de sus afiliados se emplea en ese sector. Es decir, en ambos lados de la alianza había intereses comunes que permi-tían el diálogo. Fuera de un exabrupto en 1998 del por entonces presidente de la UIA, Claudio Sebastiani, Moyano fue el primero en hablar explícitamente de devaluación: atraerlo hacia el Grupo Productivo era una declaración de distancia con el resto de la gran burguesía.La CTA y los diversos sectores piqueteros, mientras tanto, se

mantenían al margen del debate Convertibilidad-dolarización-de-valuación. Su propuesta, que fue avalada por una amplia consulta popular en diciembre de 2001 (casi dos millones de votantes), era la de un “shock distributivo”, basado en la universalización de se-guros de desempleo y haberes jubilatorios, sin por eso dejar de re-clamar mejoras salariales. Como señala Bonnet (2002), evitar caer en las dicotomías planteadas por el capital al mismo tiempo que se impulsaba otras opciones de política era una señal de fortaleza organizativa del campo popular. No en vano, el gobierno evitaría convocarlos al diálogo.Luego de perder las elecciones legislativas de octubre de 2001,

crecientemente aislado dentro del espacio partidario, el gobierno hace un último intento por convocar a las asociaciones a una con-certación nacional. Esta convocatoria excede la capacidad de ma-niobra del propio gobierno, y las asociaciones tratan de hacerla propia, creando un espacio que denominaron rápidamente Núcleo Nacional: al Grupo Productivo se le suman las asociaciones de bancos (ABA y ABAPPRA) y la CGT completa. La SRA impugnó el espacio, debido a las distancias que la separaban del Grupo Pro-ductivo (a cuya constitución había sido originalmente invitada).28 La presión de ABA por una salida de la crisis que involucraba más

apuesta a crear un frente social”, La Nación, 9 de enero de 2001).27 Gaggero y Wainer (2006) dudan de la intención del Grupo Productivo de

impulsar la demanda mediante mejoras a los asalariados, dado que publicaciones previas del Departamento de Política Social de la UIA sostenían la necesidad de con-gelar los salarios y permitir despidos y suspensiones irrestrictas.

28 En rigor, la UIA declaró abiertamente que no quería a la SRA en la con-certación (“Crotto: ‘El país no está para chicanas’”, La Nación, 29 de noviembre de 2001).


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ajuste y la posibilidad de dolarizar terminó por comprometer el acuerdo. Finalmente, se emite un apoyo a la Convertibilidad y al plan de déficit cero, aunque se recomendaba renegociar la deuda y aumentar el gasto público. Esta reunión expresó la imposibilidad de conciliar un programa al que confluyera el conjunto del capi-tal concentrado: era inminente una salida apoya sólo en algunas fracciones del mismo.Luego de la reunión del Núcleo Nacional había quedado claro que

las únicas fracciones del gran capital que seguían acompañando al gobierno eran SRA, CAComercio y ADESPA: sectores concentra-dos con elevados estándares de productividad, que aprovechaban el negocio de la importación barata o protegidos de la competen-cia. Estas fracciones del capital, apoyando un proyecto económico cada vez más excluyente, se verían aisladas, defendiendo un inte-rés que se presentaba cada vez más claramente corporativo, im-posibilitado de validarse como representante de toda la sociedad. En diciembre el gobierno anuncia la aplicación del “corralito” fi-

nanciero para frenar la salida de capitales, lo que terminó de impul-sar el descontento social, al sumar a la clase media (ahorristas) a la protesta.29 Al largo desgaste provocado por la movilización piquetera y los paros de los trabajadores ocupados, se suma ahora un nuevo componente. El FMI se niega a enviar un desembolso por incumpli-miento de las pautas fiscales, y preanuncia el default de Argentina. La dinámica de diciembre, con un gobierno impopular, aislado es la crónica de un incremento en el malestar social y la protesta. Los su-cesos del 19 y 20 de diciembre pueden pensarse como un estallido sólo en el sentido del carácter impredecible del momento de auge de la protesta, pero no como un emergente inesperado sin anteceden-tes ni condiciones de posibilidad estructurales. Inmediatamente después del estallido, el Grupo Productivo emite

junto a ABAPPRA un documento donde demandaba la devalua-ción, la pesificación de la economía y una moratoria de la deuda por un año. Se complementaba además con las siguientes deman-das: a) recortes impositivos (rebaja del 5 por ciento del IVA, elimi-nación del impuestos a los bienes personales); b) nuevas fuentes

29 El 3 de diciembre de 2001, por el decreto 1570/2001, se constituye el “corralito” financiero, que permitía hasta un máximo de $1000 de retiro al mes por cuenta bancaria. Llamativamente, el decreto no tomó por sorpresa a los operadores financieros, que recibieron la noticia sin sobresaltos (“Medidas que el mercado des-contaba”, La Nación, 3 de diciembre de 2001). Aunque estos agentes eran responsa-bles de la salida de dólares del último año, el decreto castigaba a los ahorristas no sofisticados.


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de financiamiento tributarias y no tributarias (reimplantación de contribuciones patronales a los servicios públicos, generalización del impuesto a las ganancias, incluidas las financieras, desvío por dos años de los aportes jubilatorios de las AFJP al Estado); c) ajus-te fiscal (congelamiento del gasto público por dos años y drástica reducción del costo político, y el recorte del 30% de los presupues-tos de los poderes Legislativo y Judicial); d) aumento del gasto social (seguro de desempleo de $200-250, planes de vivienda, uni-ficación de los planes asistenciales).De la sucesión de presidentes en los últimos días del año vale la

pena remarcar el rol de Adolfo Rodríguez Saá. Además de declarar oficialmente el default de la deuda (aliviando la presión de salida de recursos al exterior), el puntano tuvo la intención de emitir una ter-cera moneda inconvertible, el “argentino” como salida a la dicoto-mía Convertibilidad-devaluación.30 Esta propuesta tenía un severo riesgo asociado a generar una excesiva emisión inconvertible, pero además dejaba claro que no se podía conformar a ambos grupos so-ciales a la vez: era necesario tomar una determinación a favor de un sector social. Finalmente, su importancia también reside en haber mostrado la posibilidad de convergencia entre el Grupo Productivo y sectores de trabajadores: lo hizo al haber anunciado una política de expansión del gasto asociada a masificación de planes sociales y planes de obra pública. La CGT festejó estos anuncios con una al-garabía antológica. Se trazaban así algunas ideas de cómo legitimar un nuevo programa del gran capital.Duhalde llevaría a cabo este programa, al menos en sus lineamien-

tos centrales. La UIA ganaría un ministerio creado ad hoc y ocupa-do por su presidente, Ignacio de Mendiguren. El salario real caería con la devaluación un 35% (IV-01 y III-02), ubicándose al nivel de la crisis hiperinflacionaria de 1989: el piso de la historia reciente. Las ganancias del capital asociado a la producción transable crecieron magníficamente: dentro de la cúpula empresarial se detecta un au-mento de la actividad a partir de la primera mitad de 2002.31

30 Detalles sobre este punto se pueden consultar en Levi Yeyati y Valenzuela (2007).

31 Esta secuencia pone en cuestión el mecanismo de impulso a la actividad guiado por la demanda, tal como lo describe (Amico, 2008a, 2009). Invirtiendo su razonamiento, siempre es cierto que es necesaria una demanda efectiva para poder realizar la producción y con ella las ganancias (que antes de realizar la venta, siguen siendo sólo potenciales). El aumento de ganancias y el aumento de la producción parecen comenzar antes que exista un aumento de la demanda agregada: una vez que los recursos son aplicados a la producción, bajo la expectativa de ser realizada


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Moyano, que participaría de las primeras reuniones del Diálogo Argentino (intento de Duhalde de obtener apoyo social para su programa), se lamentaría luego por haber apoyado la devaluación, aunque se defendería alegando que la alternativa (dolarizar) era peor (“Si era necesario, ¿por qué salió tan mal?”, La Nación, 5 de mayo de 2002). El sector oficialista (Daer) nuevamente oscilaría en acuerdos tácticos con el gobierno y reclamos por mejoras sa-lariales.32 La CTA y los sectores piqueteros reclamarían perma-nentemente por mejoras distributivas. La respuesta de Duhalde, intentando justificar su decisión de acordar con el FMI, llega con claridad palmaria: “Yo les pido que hagan sus protestas, pero que entiendan que hay decisiones que ya se han tomado y que vamos a seguir todos los pasos para que la Argentina pueda reinsertarse en el mundo” (“El Presidente pidió una tregua a los sindicalistas”, La Nación, 12 de mayo de 2002). Es decir, el gobierno les decla-raba a los trabajadores que no iban a participar de la toma de decisiones, que por otra parte, “ya se han tomado”, y no pensaba romper con el FMI como le reclamaban. El alejamiento quedará entonces marcado para el resto del mandato.

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En la siguiente sección detallamos algunos aspectos de esta nueva política, que “resolvió” parcialmente la restricción externa (junto al de-fault) y la restricción interna (aumento de ganancias). Queda claro, sin embargo, que su estructuración provino claramente de la demanda de un sector del capital y no del trabajo. Naturalmente que los efectos de esta nueva situación y el esquema de políticas que se irá estruc-turando no es igual en sus efectos al que prevaleció en la década an-terior, pero no puede olvidarse que es un proyecto del gran capital y sus límites están establecidos por ese origen.33 La Convertibilidad no

en algún mercado, la demanda reacciona. El primer mercado que la gran burguesía encuentra como potencial destino de su producción es el externo y el de altos ingre-sos: dada la licuación de los salarios y el nivel de desempleo, no parece creíble que haya sido la “redistribución del ingreso” la que impulsó la demanda en primer lugar, como sugieren Amico (2008b, 2008c) y Rapetti (2005).

32 Duhalde nombró a Graciela Camaño ministra de trabajo. Se trataba de la esposa del dirigente sindical menemista Luis Barrionuevo, perteneciente al ala ofi-cial de la CGT en aquel momento.

33 En rigor, atendiendo a la lógica política del proceso no puede negarse que la presión popular, con mayor poder en los años siguientes, bien podría superar los límites de la alianza original.


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podía sostenerse debido a la presión persistente de la protesta social y debido al quiebre de la gran burguesía, debido a sus condiciones de inserción estructural. Las lógicas de salida de la gran burguesía en-contraron distintos límites: la de mayor ajuste o dolarización no con-taban con el apoyo de ningún sector de trabajadores, mientras que la devaluación sí logró obtener un apoyo, aunque fuera parcial y efímero. La decisión de Duhalde no era ni tan llamativa ni tan autónoma:

operaba sobre la base de una disputa en el campo social que lleva-ba ya casi 4 años. Debe comprenderse que esta decisión contaba entonces con un largo camino de búsqueda al interior de la socie-dad, mostrada por las diferentes negociaciones y alternativas pro-puestas por las asociaciones de las fracciones de clases. El cambio se produce cuando el gran capital estaba claramente dividido: la fracción que continúa apoyando el esquema de políticas de la Con-vertibilidad se expone a las crecientes críticas de las asociaciones de trabajadores, que deslegitiman su propuesta alegando la falta de contemplación de sus necesidades; y otra fracción cuyo proyec-to logró el apoyo (aunque fuera efímero) de una fracción de los tra-bajadores. Una vez que la crisis se hace explícita, el programa con más chances de legitimación pasó a ser política efectiva, al definir la orientación con que el gobierno podría decidir y obtener apoyo en la sociedad. En este caso específico, la fracción del capital logra incluso obtener representación directa en el gobierno. Esto no sig-nifica que el programa no concitara críticas, pero aparecía como el único con posibilidades de lograr apoyo más generalizado.

3. Macroeconomía de la devaluación

Las fracciones del capital que impulsan la devaluación se benefi-ciaban de la elevación de la protección externa, tanto por la recu-peración del mercado interno como el impulso a la exportación. El ajuste fiscal ocasionado por la licuación de gastos permitía reor-ganizar las prioridades sin incurrir en recortes nominales, y esto fue aprovechado más tarde por estas fracciones para exigir por el aumento de la obra pública, impulsando la demanda agregada. La fracción del capital financiero con origen nacional (ABAPPRA) se encontraba relativamente menos expuesta patrimonialmente al riesgo cambiario, y encontraba una oportunidad de negocios en el impulso a la demanda interna.Como se puede ver en el gráfico 1, la crisis y la posterior deva-

luación indujeron un cambio en los roles de las cuentas externas.


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Mientras que durante los noventa la balanza comercial era defici-taria y la entrada de capitales permitía el equilibrio externo, a par-tir de 2001 la cuenta capital y financiera jugará un rol contractivo compensado por el superávit comercial. Las sucesivas reestruc-turaciones de la deuda externa han sido poco eficaces en lograr un ingreso sostenido de capitales.34 Por otra parte, la cuenta de rentas de la inversión continúa presionando con salidas: mientras que los intereses de deuda dejaron de crecer, las remisiones de utilidades y dividendos al exterior han aumentando superando la fuga que ocasionaban en los noventa los intereses de deuda. Esta realidad se explica por: a) el sostenido crecimiento de la actividad; b) las históricas tasas de ganancia obtenidas por el capital; y c) con el grado de concentración de la estructura productiva.35

Gráfico 1. Roles externos, en millones de dólares.

34 El gobierno llevó adelante el canje de 2005 (propuestas de Dubai y Bue-nos Aires), el pago adelantado al FMI en 2006, reabrió el mismo canje en 2010, e intentó pagarle al Club de París con reservas cuando estalló la crisis en 2008. En nin-gún caso se cuestionó la legitimidad ni la legalidad de la deuda, incurriendo en un delito de ejecución continuada (Olmos Gaona, 2011). La deuda externa se encuentra por encima de los valores de 2001, y el peso de los pagos de intereses supera el pro-medio de la Convertibilidad.

35 Se podría agregar además el enorme grado de extranjerización de la cúpu-la empresarial (Burachik, 2008), aunque no es privativo de las empresas extranjeras la remisión de beneficios al exterior: de hecho, es un comportamiento bien asentado en la gran burguesía local.


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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. Transfe-rencia neta de recursos = Cuenta capital y financiera + Rentas de la inversión.La contraparte es el comportamiento de la balanza comercial.

Como remarcaban los autores de la restricción externa al creci-miento (Braun, 1973; Diamand, 1973), el rol de la devaluación tenía un limitado efecto directo de precios sobre esta cuenta: su principal efecto provenía de la caída de la actividad que provo-caba. En este sentido, la devaluación de 2002, aunque eleva la protección externa y la competitividad, no ofrece una salida in-agotable al problema de la baja productividad relativa de algunas ramas.36 Puede verse que el saldo comercial no mejora sistemáti-camente, sino que oscila alrededor de los niveles alcanzados en 2002: sólo con la crisis internacional en 2009 se evidenciará un nivel algo superior, que no se sostuvo. Mientras que exportaciones crecieron en valor (especial, pero no únicamente, por el aumento en el precio internacional de las commodities) un 223% entre el piso de la crisis (II-02) y su pico máximo (III-08), las importaciones lo hicieron en un 510%.37 Esta dinámica altamente procíclica de las compras externas, de una elasticidad ingreso superior a la uni-dad, remarcaría algunas dudas respecto del pretendido proceso de sustitución de importaciones.En el ámbito externo, la devaluación permitió recuperar el su-

perávit comercial que se sostuvo, bajo la “ayuda” de una mejora en los términos de intercambio. Es decir, permitió la resolución temporal de la restricción externa a la acumulación. Al mismo tiempo, sin embargo, encareció las divisas necesarias para el pago de deuda, remisión de utilidades y otros conceptos que ocasio-nan una presión contractiva sobre el nivel de actividad. Las rees-tructuraciones de deuda han permitido aplazar la presión de esta tendencia, al extender plazos y al pesificar los títulos emitidos. El mantenimiento del superávit comercial es vital, en un contexto de crisis internacional y de no resolución de la situación nacional de relativa exclusión del mercado financiero. Para ello, una vez reali-zado el ajuste recesivo más fuerte, el efecto de pequeñas devalua-ciones puede mantener en cierto rango la competitividad externa.Esto nos remite a la otra función central del tipo de cambio, que

36 Graña (2009) e Iñigo Carrera (2006) estiman que la productividad agre-gada de la economía argentina crece a tasas lentas, y muestra una tendencia a ale-jarse cada vez más de la productividad estadounidense.

37 Desde ese punto y hasta III-11 (último dato disponible), las exportaciones crecen un 11%, mientras que las importaciones lo hacen un 26%.


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es el ajuste de precios internos, para aumentar la tasa de ganancia (restricción interna). Tal como se ve en el gráfico 2, la maxideva-luación de 2002 produjo un significativo ajuste cambiario, no sólo en términos nominales sino también reales. Se combinan para ello: a) la demanda agregada deprimida en los meses de ajuste del tipo de cambio; b) la existencia de capacidad ociosa instalada en gran parte de los factores productivos (incluyendo la fuerza de tra-bajo); c) la pesificación y congelamiento de las tarifas de servicios públicos (artículos 8 y 9 de la ley 25.561); y d) el control represivo sobre las demandas de los trabajadores. Como se puede ver en el mencionado gráfico, lejos de caer en una hiperinflación, esta combinación de efectos permitió salir del largo cepo de la Con-vertibilidad y permitió un ajuste devaluatorio real: esto es, una elevación de la protección externa, y al mismo tiempo un aumento en la porción del ingreso apropiado por los sectores productores de bienes transables. Esta situación permitió la rehabilitación de un amplio sector de PyMEs, cuya capacidad competitiva es mucho menor. Este sector, a través de sus asociaciones, convalidaría ex post la devaluación y apoyaría abiertamente la política de tipo de cambio alto.38

Gráfico 2. Tipo de cambio nominal y precios relativos, I-93 = 100

38 APYME, CGE y CAME apoyarían reiteradamente esta política. Las organi-zaciones PyME del campo también apoyarían pero tendrían algunos reparos, ya que la devaluación aumentó el costo de sus insumos y las retenciones les impidieron captar el resultado total de la suba de precios.


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Fuente: elaboración propia en base a BCRA, INDEC, CENDA y CIFRA-CTA

Mientras que los factores a) y b) se erosionarían con el tiempo con la propia reactivación, los factores c) y d) implicaban una serie de conflictos sociales abiertos. Respecto de las tarifas, las empre-sas privatizadas optaron por reducir las inversiones, litigar a tra-vés del CIADI y utilizar la presión del FMI y los gobiernos español y francés (principalmente) para lograr un reajuste. Sin embargo, la situación social, que identificaba a estas empresas como parte del modelo neoliberal en estallido (junto al sector financiero), les qui-taba cierta capacidad de presión.39 El factor d) era quizás el más complejo, desde el punto de vista social y político. En este sentido, Duhalde fue taxativo: no cedería ante las demandas de mejoras distributivas de la CTA, los piqueteros e incluso la CGT. Si bien es cierto que amplió masivamente la cobertura de los planes sociales, esta medida no contrariaba las necesidades del sector del capital que lo apoyaba, toda vez que implicaba un impacto directo sobre la demanda interna.40 Sin embargo, los salarios no mostrarían re-cuperación sino a cuenta gotas y desde enero de 2003. La férrea voluntad demostrada por el gobierno de Duhalde para

mantener esta estructura de precios relativos fue lo suficiente-mente creíble como para que los capitalistas decidieran invertir sus recursos en la producción.41 No trivialmente, en el mismo mes en que ocurre la masacre de Puente Pueyrredón, el nivel de acti-vidad agregada muestra ya la reversión de la tendencia (comienza la reactivación) y el tipo de cambio deja de crecer y comienza a converger al nuevo nivel de $2,9 por dólar. No estamos afirmando que se estuviera actuando bajo un macabro plan preestablecido, pero ciertamente estas asociaciones son sugerentes.Puede verse también que hacia fines de 2007 los precios mayoris-

tas superaron la devaluación nominal, lo que significa, en términos de competitividad externa, que se estaba retornando a la situación

39 Debe consignarse que las empresas recibieron cuantiosos subsidios para compensar la falta de ajuste de las tarifas, aunque esto las sometiera a cierta puja constante con el gobierno.

40 La CTA había realizado en diciembre de 2001 una consulta popular donde participaron casi dos millones de personas, que se inclinaron masivamente por el apoyo a un seguro de desempleo de $380 y un ingreso ciudadano universal (de $60 por hijo).

41 Esta idea se corresponde con la idea de onda de precios descrita por Vite-lli (1990).


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del 2001 (con la diferencia de una productividad más elevada). No en vano, en la campaña presidencial de 2007 Cristina Fernández insistió con la idea de pacto social. Esta suerte de remisión al pa-sado peronista42 tenía un objetivo claro: controlar los aumentos de costos vía represión salarial. Cuando Duhalde otorgó los aumentos de salario por decreto a fines de 2002 (aplicados en 2003), las cá-maras empresariales se quejaron no tanto por el propio aumento como por el método para realizarlo. La propia gran burguesía, ante la evidencia de una futura recuperación salarial, quería tener con-trol del proceso. La rehabilitación de la negociación colectiva de tra-bajo, aunque se tratara de una demanda del movimiento sindical, no contrariaba a la gran burguesía.43 Antes que ocurriese la con-vergencia de 2007, los mecanismos institucionales para controlar el proceso de recuperación salarial estaban ya en marcha.Como se puede ver en el gráfico 3, a partir de fines de 2006 el

salario real del sector privado registrado (el que negocia las pari-tarias), deja de crecer, e incluso cae hasta II-08.44 Observando el nivel general de los salarios (empujados a la baja por el sector pri-vado no registrado y especialmente por el sector público), vemos que las mejoras distributivas por esta vía se detuvieron a fines de 2006. El rol de las burocracias sindicales en este proceso ha sido central, aunque a medida que trascurrieron los años fueron en muchos casos impugnadas por las presiones de sus propias bases. El salario real promedio se encuentra (luego de casi una década de crecimiento) en los niveles de 2001, es decir, de plena

42 No sólo en la primavera camporista se habló de pacto social, sino ya en el segundo gobierno de Perón, cuando éste convoca a los Congresos de la Productivi-dad, el Salario y el Empleo, con el objetivo expreso de moderar las conquistas de los trabajadores.

43 En una entrevista con el autor de este trabajo, el Director de Estudios de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Héctor Palomino, insistió con que esta estrategia fue inducida desde el gobierno. Según el especialista, los sindicatos, tras una década de retrocesos, identificaban la negociación colectiva con un meca-nismo para negociar y convalidar peores condiciones de trabajo. Es decir, se encon-traban renuentes a reclamar por la negociación colectiva; habría sido el gobierno quien insistió con este mecanismo.

44 No puede dejar de mencionarse que una de las intenciones al intervenir el INDEC y comenzar a subestimar la inflación a partir de 2007 era reducir la refe-rencia de negociación de los sindicatos. Sin embargo, rápidamente el nuevo índice de precios perdió credibilidad, y no fue una pauta de referencia para la negociación colectiva. Sus efectos sí seguirían pesando sobre la deuda pública indexada en pe-sos, que para 2008 explicaba cerca del 44% de la deuda total.


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crisis. El ajuste salarial ha sido particularmente importante en el sector público, habilitando recursos para otros usos más afines a las necesidades del gran capital.Gráfico 3. Salarios reales, IV-01=100

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, CENDA y CIFRA-CTA. A partir de 2007 se utiliza para deflactar el índice de precios calculado por CENDA y por CIFRA-CTA en base a los institutos de estadísticas de 7 provincias.

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La gran burguesía obtuvo un incremento considerable de las ga-nancias en 2002 gracias a la devaluación, y para continuar pro-duciendo requerían que éstas se mantuvieran a niveles elevados. Las mejoras distributivas tendrían, en principio, esta limitante: su principal canal sería la incorporación por empleo.� Es decir, las fracciones de la gran burguesía no sólo lograron la aplicación de la política que demandaban, sino que ésta persistió en el tiem-po. Esto no quiere decir que la coalición que impulsa la misma no haya cambiado. Por un lado, el capital financiero nacional (a través de la renacida ADEBA y de la dirección de la Bolsa de Co-mercio de Buenos Aires) fortaleció sus vínculos con los gobiernos kirchneristas. Por otro lado, así como señalamos el acercamiento de fracciones del capital pequeño y mediano, beneficiado por la protección externa, también podrían consignarse algunas asocia-ciones de trabajadores, que se vieron fortalecidas a partir de la recuperación de sus ingresos del piso de 2002, y el impulso a la negociación colectiva. Sin embargo, a partir de 2007 esta coalición empieza a trastabi-


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llar. La devaluación real se ve comprometida por la inflación (ver gráfico 2), y no es posible ajustar severamente los salarios, porque volvería a generarse el escenario de fines de la Convertibilidad. Las dificultades de lograr modificar la estructura de apropiación de in-gresos de un modo más abiertamente regresivo se verán reflejados en la espiral inflacionaria iniciada en estos años. Dado entonces que el ajuste de salarios sólo parecía viable mediante el estanca-miento real, el gobierno debió buscar legitimación (especialmente después del conflicto con el campo) a partir de una ampliación de la política social. Las mejoras no vendrían ya por una fuente estructural, sino por el camino de una política que compensara los límites de la propia estructura: el trabajo debía mantenerse relativamente barato. No puede dejar de insistir entonces que este proyecto de una fracción de la gran burguesía pudo haber conci-tado el apoyo de alguna fracción de trabajadores, pero siempre de modo subordinado.

4. ¿Para quién devaluar? Esa es la cuestión

El crecimiento de la actividad económica a partir de 2002 es inne-gable por la fuerza de los datos. El proceso logró conciliar elevadí-simas ganancias para el gran capital con cierta redistribución para los trabajadores. La reactivación durante el gobierno de Kirchner puso un freno a una tendencia de la etapa neoliberal: el mercado de empleo comenzó a contratar trabajo en lugar de expulsarlo, y el salario real mostró cierta recuperación. Ambos fenómenos no revierten “el neoliberalismo” de conjunto: después de cada gran crisis de la etapa, se dio esta recuperación.� En todo caso, la nove-dad estaría que en una vez alcanzado el nivel de la crisis de 2001, los salarios reales han logrado mantenerse relativamente estables, en lugar de ser drásticamente reducidos.Llama entonces la atención cuando se busca encontrar en la de-

valuación el mecanismo ya no sólo de impulso al crecimiento (que no cuestionamos aquí) sino al desarrollo. Tal es la idea propuesta por Roberto Frenkel en varios trabajos (Damill & Frenkel, 2009; Frenkel, 2008a, 2008b, 2010). El mencionado autor propone tres canales de transmisión de la política de tipo de cambio real alto. El canal macroeconómico es básicamente la elevación de la competi-tividad de los sectores transables de la economía. El canal de de-sarrollo consiste en sostener esta política cambiaria por el tiempo necesario para que se produzca un proceso inversor que permita


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aumentar el nivel de actividad en las ramas favorecidas por el es-quema. Por último, el canal de intensidad de uso del factor trabajo sería la llave para la inclusión social. En la medida en que la po-lítica cambiaria se sostiene, y la inversión crece en estos sectores, el empleo aumentaría mejorando la distribución. Ahora bien, para que el ciclo de expansión y desarrollo inclusivo

se hagan efectivos, dentro del propio modelo, es necesario que se cumplan al menos las siguientes condiciones: a) que la política cambiaria se sostenga por un período de tiempo lo suficientemen-te largo; b) que esto beneficie a sectores caracterizados por ser intensivos en el uso de trabajo; c) que se vieran inducidos a un proceso inversor; d) que efectivamente elevaran la productividad, por encima de las economías con las que compite; e) que los sala-rios crecieran exactamente al ritmo en que lo hace la productivi-dad. Es necesario aceptar todas estas condiciones para que pueda existir una mejora en la distribución. Y aún así, la mejora se basa en que los salarios se vean deteriorados durante la primera fase de expansión. Sin embargo, no es certero que se cumplan mecánicamente todas

estas condiciones. Que el sector transable crezca no lo induce de modo automático a un proceso de aumento de la inversión; y que éste se verifique tampoco garantiza que la productividad crezca, ni menos aún que lo haga a una tasa mayor al de las economías que las que compite. Si no se cumple esto último, nuevas devalua-ciones serán necesarias. Lo que es más, es necesario que toda la economía (o al menos todo el sector transable) eleve su producti-vidad a una tasa al menos equivalente al de las economías con las que compite; de lo contrario, los sectores no competitivos serían incapaces de pagar salarios equivalentes. Si el aumento de pro-ductividad en los sectores más dinámicos expulsa mano de obra -lo que el modelo no rechaza- los potenciales mejores salarios se podrían licuar en una menor cantidad de trabajadores en el sector beneficiario; los sectores no beneficiados por la política cambia-ria deberían emplear el trabajo excedente, y tendría que darlo en peores condiciones de contratación. Con las diferencias iniciales de productividad, los sectores más atrasados deberían realizar un gran esfuerzo de inversión para equiparar la dinámica de los más productivos, algo que se ve dificultado porque captan una parte menor del aumento de ganancias ocasionado por la devaluación en primer lugar. Finalmente, es extraño que los salarios crezcan al ritmo de la productividad: en todo caso, es el tope de aumento que la gran burguesía ha estado históricamente dispuesta a aceptar, y


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sólo en contextos de crecimiento.Este esquema de política económica, en definitiva, no señala tan-

to un proceso de “desarrollo inclusivo” como uno de extracción de plusvalía relativa. Los salarios crecerán sólo mientras la pro-ductividad se eleve (o se haya elevado) a tasas tales que permitan aumentar su capacidad de compra por encima del aumento real de los mismos. El límite es que los aumentos del poder de compra del salario deban provenir en detrimento de las ganancias: cuando eso ocurra, se terminará la bonanza. Esto es básicamente lo que ocurre cuando se agota la capacidad ociosa instalada (entre 2004 y 2006): poco después los salarios reales dejan de crecer. En cierto punto, este esquema de desarrollo no se distancia tanto como pa-reciera del famoso “derrame” neoliberal, en el sentido de proponer una pasiva espera a los trabajadores para participar de los frutos del crecimiento. Al margen de esta cuestión de álgebra económica, es necesario

tener presente un elemento de tipo político. El reclamo por la de-valuación fue originalmente, y ha vuelto a serlo cada vez, un re-clamo de un sector de la gran burguesía. Los sucesivos gobiernos post-Convertibilidad han actuado en nombre de estas presiones, más allá de enfrentamientos casuísticos.45 Diversas fracciones del capital concentrado, pero también del pequeño y mediano capital han visto sus negocios favorecerse durante esta etapa, y por ello no han ahorrado en apoyos a los gobiernos del kirchnerismo.46 Durante cierto tiempo, un sector de trabajadores se ha visto bene-ficiado por algunas mejoras en materia de empleo y salarios. Las asociaciones representativas, en términos de manejo de recursos, se han beneficiado aún más. En cierta forma, esto hace compren-sible cierto apoyo, aunque no puede dejar de resaltarse el carácter subordinado de estas fracciones de clase en la coalición que im-pulsa las decisiones del gobierno.

45 Estos enfrentamientos son menores en relación a la discusión aquí pre-sentada. Sin embargo, en términos simbólicos su importancia no es trivial. Conflic-tos como el de 2008 con “el campo” y luego con Clarín, han rehabilitado en el ima-ginario colectivo la posibilidad de que ciertas demandas históricas cobren cierta realidad, por imperfecta que sea. Esta capacidad de convocar a la realización, aun-que parcial o distorsionada, de ciertas demandas populares forma parte innegable de la inteligencia política del kirchnerismo.

46 No se ha trabajado aquí, pero la reestructuración de la deuda externa (otra de las políticas económicas clave de la etapa) fue una fuente de reiterados apoyos del conjunto de la burguesía, y no sólo de las fracciones que se veían favorecidas por los intentos de rehabilitar el acceso al mercado mundial de capitales.


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Muchas han sido las expresiones sociales de rechazo a esta anuencia con un proyecto político ajeno. De hecho, esta integra-ción subordinada de algunos sectores de la clase trabajadora a la alianza de gobierno ha entrado en crisis en los últimos meses. Más allá de una (nueva) disputa de poder al interior de la CGT, el alejamiento de Moyano con el gobierno expresa parcialmente este agotamiento, sin que sea por ello un enfrentamiento. La estructura productiva sigue desequilibrada, y los niveles de

competitividad aún se encuentran lejos de dar a la economía una competitividad a prueba de cualquier tipo de cambio. Para elevar el nivel de vida de los trabajadores, es necesario reducir las ga-nancias del capital. Pero eso implica romper con la alianza original y avanzar en medidas más profundas. Permitir que la devaluación siga su curso es una declaración de falta de voluntad de hacer esto último. La gran burguesía aún no ha logrado conciliar un nuevo proyecto de acumulación claro y explícito, ni siquiera entre algunas de sus fracciones. Sin él, la salida de este proyecto, sigue siendo la administración prolongada de una situación no resuelta.Los cambios en la ampliación de la política social en el gobierno

de Fernández han sido progresistas en la medida en que cues-tionan algunas lógicas neoliberales (como la focalización), pero tienen el dilema de no apuntar a cambios estructurales: aunque necesaria, y simbólicamente significativa, la política social es un remedo a los límites a las mejoras en la distribución estructural del ingreso.47

No es posible abstraerse de la necesidad intrínseca de la inter-vención del Estado que el capital requiere para auxiliar la acumu-lación. El gobierno, al decidir las políticas económicas, debe pro-curar representar al conjunto de la sociedad para legitimarse, a menos que pretenda sostenerse sobre la exclusiva base de la coer-ción. Esto implica tener en cuenta la interacción de los distintos grupos sociales, que negocian políticamente para buscar impulsar sus propios proyectos. Más allá de la capacidad heurística de los modelos macroeconómicos, no se puede hacer a un lado la diná-mica específica que da forma a las políticas concretas. Ninguna razón macroeconómica abstracta, por elegante que sea, hace a un lado la dinámica sociopolítica de los propios actores reales invo-lucrados. Qué buscan, cómo lo hacen y con qué recursos cuentan son elementos básicos de un análisis que no quiera seguir pen-sando a la realidad sólo como un caso posible de la teoría.

47 Los cálculos de Graña y Kennedy (2007, 2008, 2010) sobre distribución funcional del ingreso parecen apuntar en este mismo sentido.


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Las clases dominantes en el nuevo modo de desarrollo argentino.

Cambios y continuidades en sus aspectos materiales (2002-2009)

Emiliano López *1. Introducción

En los últimos años del siglo XX, el modo de desarrollo neolibe-ral ha entrado en una fase de profunda crisis en todas las regio-nes del mundo. El proyecto de sociedad que ha representado el neoliberalismo, entendido como un proceso de reestructuración de las lógicas de la acumulación de capital a escala global, se inició a fines de los años setenta y permitió restaurar el poder y los ingresos de la clases dominantes (Harvey, 2007; Duménil y Lévy, 2004). Dicho proceso fue exitoso en términos de estos objetivos pero condujo, al mismo tiempo, a profundizar las con-tradicciones económicas, sociales y políticas preexistentes y a generar nuevas contradicciones –sobre todo ligadas a la mun-dialización/transnacionalización del capital y a las innovacio-nes del capital financiero–. La agudización de estas tensiones y contradicciones son las que permiten comprender la crisis de este modo de desarrollo y han sido objeto de estudio reciente de una variedad de autores (Harvey, 2009; Duménil y Lévy, 2009; Chesnais, 2010). Sin duda, esta crisis abrió una nueva etapa en la modalidad de

desarrollo de los países de América Latina. Más allá de diferencias nacionales sustanciales, existe un amplio consenso en cuanto que el modo de desarrollo ha cambiado significativamente en América Latina a principio del nuevo siglo (Sader, 2009; Svampa, 2008). Argentina no fue la excepción. En nuestro país se han producido cambios significativos en la forma concreta de desarrollo capitalis-

* Universidad Nacional de La Plata (UNLP) // Becario del CONICET en el IDHICS-UNLP // Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO). E-mail: [email protected]


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ta que se viene configurando desde 2002 en adelante que –no sin cierta ambigüedad– se ha dado en llamar una fase posneoliberal en la modalidad de desarrollo (Thwaites Rey y Castillo, 2008).En este marco se inserta el presente capítulo, parte de una in-

vestigación más amplia que pretende otorgar elementos para com-prender los fundamentos de este cambio en el modo de desarrollo en Argentina a través del análisis de la relación entre Estado y clases sociales en el período 2002-2009. En este capítulo se realiza una aproximación a las princi-

pales características del nuevo modo de desarrollo que se ha configurado en Argentina en la primera década del siglo XXI, a partir del análisis de la posición estructural de las clases do-minantes. Para abordar esta problemática, el texto rastrea los cambios materiales implicados en el proceso de recomposición de las clases dominantes luego de la crisis del neoliberalismo, intentando responder algunos de las preguntas típicamente abordadas por los estudios sobre las clases dominantes de la teoría social crítica latinoamericana. Dichos estudios aborda-ron los interrogantes sobre cuál es la conformación interna de la clase dominante, cuál es la relación que el capital local po-see con el capital global y cómo se explica la existencia/inexis-tencia de una clase dirigente que logre orientar el proceso de desarrollo. El presente estudio intenta dar respuesta a los dos primeros interrogantes aquí planteados. Por tanto, posee un carácter principalmente descriptivo para avanzar en futuros trabajos hacia la búsqueda de los fundamentos de los cambios en el modo de desarrollo en tanto que proyecto societal hege-mónico que surge y se establece a partir de la crisis orgánica del proyecto neoliberal. Con estos objetivos en mente, el trabajo se estructura como si-

gue. En el siguiente apartado se discute el marco de surgimiento del nuevo modo de desarrollo a través de la crisis orgánica del neoliberalismo, en tanto proyecto de sociedad. En el tercer aparta-do, se presentan los principales resultados sobre la posición ma-terial de las diferentes fracciones al interior de la clase dominante y se otorgan elementos que permiten inferir la presencia de una superación dialéctica –cambio en la continuidad– de la situación material de estas clases en relación a la etapa anterior. Por úl-timo, se presentan algunas reflexiones finales y los interrogantes no resueltos aquí que serán objeto de profundización de la inves-tigación en curso.

Las clases dominantes en el nuevo modo de desarrollo

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2. De la reestructuración neoliberal a la crisis orgánica

Para lograr una visión comprehensiva del nuevo modo de desa-rrollo que comenzó a estabilizarse en 2002 en Argentina, es nece-sario analizar la reestructuración que el neoliberalismo implicó. Sin duda, la estructura social, la dinámica de acumulación de capital y la forma concreta del Estado que caracteriza al modo de desarrollo luego de la devaluación del peso, puede interpretarse como la superación dialéctica del neoliberalismo en tanto que pro-yecto de sociedad.

2.1. El neoliberalismo como proceso de reestructuración y de imposición del poder de clase

El neoliberalismo fue un proyecto político que intentó restablecer el poder y los ingresos de las clases dominantes a escala global. De acuerdo a Harvey (2007) el “giro neoliberal” surgió a partir de las necesidades del capital –como relación social dominante– de desmontar la trama de relaciones sociales propias del capitalismo de posguerra1, para otorgar mayores posibilidades de apropiación de excedentes a las clases dominantes. Este giro neoliberal tuvo su expresión particular en los países de

América Latina. El neoliberalismo apareció por estas tierras del sur Río Bravo como un ensayo efectuado mediante la forma políti-ca de dictaduras militares, con total apoyo de los capitales trans-nacionales –francos ganadores del proceso de reestructuración global–. Sin embargo, como todo proceso histórico de transfor-mación, la consolidación del neoliberalismo en la región requirió de mayor tiempo y, en particular, en Argentina sólo se logró en la década de 1990 de la mano del acceso al poder estatal del partido que –paradójicamente– expresa una impronta nacional-popular: el Partido Justicialista (Svampa, 2005). Las características más representativas de dicho proceso de rees-

tructuración en Argentina se detallan a continuación. En primer lugar, cabe señalar la reconversión económica que fue el resultado tanto de las transformaciones en la dinámica del capital a esca-la internacional. La internacionalización del capital impuso a los

1 Este capitalismo de posguerra es caracterizado por Harvey (2007) como “capitalismo embridado” y se refiere al hecho que la reproducción social se sostenía en base a una lógica de compromiso inestable entre clases dominantes y clase tra-bajadora, en la cual el poder estatal cumplía un rol clave como mediador y regulador de este compromiso.


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países periféricos la necesidad imperiosa de mejorar su posición competitiva a nivel del conjunto del capital (Ceceña, 1996; Féliz, 2009). Dicha necesidad presuponía incluir en la lógica del capital aspectos de la vida social que no se encontraban estrictamente bajo su dominio: la mercantilización de los espacios comunes y la penetración del capital en espacios de producción antes contro-lados por el Estado –petróleo, agua potable, electricidad, gas, etc. En segunda instancia, se tornaba clave para las exigencias com-

petitivas del capital la rearticulación de las relaciones laborales a los fines de conformar una nueva fuerza de trabajo adaptada –ob-jetiva y subjetivamente– a esas nuevas formas de las relaciones de producción y al cambio cualitativo en la modalidad de acu-mulación periférica. La implementación de nuevas leyes laborales permitió la adaptación de la fuerza de trabajo a las necesidades del capital y, a su vez, terminó de desarticular las formas de lucha históricas del movimiento obrero argentino, asociadas principal-mente a la acción sindical (Svampa, 2005). En tercer lugar, la nueva división internacional del trabajo y la

mayor velocidad de rotación del capital, condujo a consolidar en Argentina un patrón productivo transnacionalizado, concentrado y orientado crecientemente hacia la exportación de commodities y manufacturas de origen agropecuario. Las principales ramas en las cuales estos grandes capitales se instalaron fueron el complejo extractivo-minero, la comercialización de granos y la producción de biotecnología agropecuaria, sectores competitivos de la indus-tria manufacturera, y servicios esenciales que se encontraban previamente en control estatal (Basualdo, 2011). La inserción del capital extranjero en la economía nacional tuvo su correlato en al menos dos elementos relevantes a nivel de las clases dominantes. Por un lado, implicó un significativo proceso de desmantelamien-to industrial o desindustrialización del aparato productivo (Ba-sualdo, 2011; Azpiazu y Schorr, 2010). Por el otro, significó un incremento sustancial de la productividad laboral en las grandes empresas y un incremento sostenido en la competitividad de los capitales más concentrados en la minería, el agronegocio y la pro-ducción de alimentos (Féliz, 2009).Por último, esta nueva estructura de los sectores dominantes y la

desarticulación de la fuerza de trabajo y su capacidad de resisten-cia tuvo como resultado un patrón de distribución de los ingresos entre clases crecientemente a favor de las dominantes. En la dé-cada de 1990 los ingresos del conjunto de la clase dominante en relación a los ingresos del conjunto de las clases subalternas se


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incrementaron un 23%2. La gran brecha en la distribución del va-lor producido implicó, a su vez, la exclusión del consumo popular como elemento dinamizador de la valorización que –en los años del modelo de industrialización por sustitución de importaciones– ha-bía tenido un cierto peso (Basualdo, 2011). La contrapartida fue la exacerbación del consumo suntuario y las exportaciones.En síntesis, el neoliberalismo –como proyecto de las clases do-

minantes y a través de la construcción de una nueva hegemo-nía– logró reestructurar la sociedad argentina para adaptarla a las nuevas condiciones del capitalismo global. Sin embargo, la re-estructuración exitosa debió enfrentar una profunda crisis a fines del siglo XX.

2.2. Aspectos salientes de la crisis orgánica… hacia un nuevo modo de desarrollo

Desde 1998, el éxito del modo de desarrollo neoliberal entró en una profunda crisis que tuvo por fundamento la propia dinámica del capital periférico como relación social. Desde el punto de vista de las relaciones de clase, la crisis fue una consecuencia del éxi-to del neoliberalismo y no resultado de su fracaso (Féliz, 2011). Desde esta perspectiva, el ciclo de crecimiento 1991-1998 tuvo su contracara en una crisis típica de caída de la tasa de ganan-cia por un incremento tendencial de la composición orgánica del capital que el proceso exitoso de reestructuración neoliberal trajo aparejado. Esta tendencia al incremento del capital fijo en relación al empleo, se vio magnificada por el carácter dependiente de la inserción del capital local que se expresaba sobre todo en la nece-sidad de ingreso de capitales externos vía la cuenta capital. A su vez, la rigidez que implicaba la política monetaria y cambiaria –el Plan de Convertibilidad basado en una moneda fuertemente apre-ciada– dificultó las posibilidades de reorganizar las relaciones de valor a la mejora en la posición competitiva real alcanzada por el gran capital y el disciplinamiento de las clases subalternas desde principios de la década. Ambos elementos evitaron que la mayor competitividad se plasme efectiva –e inmediatamente– en una ren-tabilidad más elevada para el conjunto del capital local a través de su realización en el mercado mundial.Este proceso estructural –“económico”– tuvo su contraparte polí-

tica en la pérdida de hegemonía del modo de desarrollo neoliberal

2 Fuente: Cuenta de Generación del Ingreso. INDEC.


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en tanto que proyecto de las clases dominantes3. Desde mediados de la década se hicieron cada vez más visibles las incapacidades de este proyecto político-económico para contener las demandas crecientes de los sectores populares y, al mismo tiempo, se mostró incapaz de resolver de manera no traumática, las disputas al inte-rior de la clase dominante4 (Basualdo, 2011). Los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), los sindicatos de docentes y de trabajadores del Estado, las asambleas barriales de las ciudades, los movimientos estudiantiles contra la privatización de la edu-cación superior, fueron algunas de las experiencias organizativas que generaron visiones contra-hegemónicas al neoliberalismo y lo enfrentaron en la práctica (Svampa, 2008). Por supuesto que estas resistencias múltiples de las clases subalternas –que comenzaron a prefigurar nuevos idearios políticos– no lograron constituir una alternativa política propia frente a la conducción política del neo-liberalismo. Es así que el deterioro económico y político del proyecto neoli-

beral permite dar cuenta de su crisis como una crisis orgánica, en el sentido de Gramsci (2004), como ruptura del bloque histó-rico neoliberal. Por tal motivo, se entiende aquí que el “restableci-miento del orden” luego de esta crisis requería, por un lado, una modificación de las políticas macroeconómicas que diera lugar a reencauzar un proceso de valorización exitoso y, por otra parte, una recomposición político-institucional que tendiera a la confor-mación de un nuevo bloque histórico que garantice la continuidad en el tiempo de la valorización y las relaciones sociales que la fundamentan.Mientras que la re-conducción de la política macroeconómica se

logró a partir de la devaluación del peso en enero de 2002, la pe-sificación asimétrica de deudas privadas que se encontraban en dólares y el reconocimiento de planes de ingresos más universales

3 Cabe señalar aquí la separación entre política y economía sólo se realiza por simplicidad analítica. En realidad, se afirma aquí el criterio de comprender la realidad social como totalidad.

4 En concreto, las alternativas que impulsaban distintos sectores de las cla-ses dominantes hacia fines de la década de 1990 y principios de los 2000, pueden comprenderse en los términos de la dicotomía devaluación-dolarización (Ortiz y Schorr, 2007). Mientras que las fracciones ligadas a las privatizadas y el gran capital financiero impulsaban la dolarización como salida para la crisis de acumulación de capital, el gran capital local –asociado con ciertas fracciones del capital extranjero de origen europeo– impulsó la devaluación para el restablecimiento de la rentabili-dad y de la dinámica de crecimiento (Basualdo, 2011).


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para los sectores más postergados de la clase trabajadora (Varesi, 2009), la recomposición en términos del poder estatal fue el resul-tado de la conformación de una fuerza política que a comienzos de 2003 supo comprender la coyuntura, fortaleciendo los lazos con distintas fracciones de las clases dominantes y ciertas fracciones de la clase obrera históricamente enmarcadas en la tradición na-cional-popular. El mismo partido político que se constituyó en pa-ladín del neoliberalismo en los noventa –el Partido Justicialista–, lograba acceder ahora al poder estatal con un impronta diferente –el kirchnerismo–. En ambos aspectos –económico y político– la salida de la crisis requería de una perspectiva anti-neoliberal aun-que debía también montarse, sin embargo, sobre las bases mate-riales establecidas por el modo de desarrollo precedente. De esta manera, el nuevo modo de desarrollo posneoliberal que

comenzaba a emerger a partir de la crisis orgánica del neolibera-lismo, se construyó sobre la base de: el carácter dominante del gran capital transnacional, la consolidación de la posición perifé-rica del capital local a través de la preeminencia de la estrategia del saqueo de las riquezas naturales y la producción de manu-facturas agropecuarias, y la generalización de la precarización y la super-explotación estructural de la fuerza de trabajo (Féliz y López, 2010).Ante este escenario de crisis orgánica y de los elementos que es-

tructuralmente se han alterado en los años noventa, cabe plantear el interrogante acerca de cuáles son los fundamentos del cambio en el modo de desarrollo. Es decir por qué el modo de desarrollo tomó efectivamente esta forma concreta de entre los múltiples pro-yectos societales factibles para la salida de la crisis orgánica del neoliberalismo. Para comenzar a responder estos interrogantes, se debe avanzar

en uno de los procesos clave que está detrás de los fundamentos del cambio en el modo de desarrollo: los cambios en la posición material y política de las clases y fracciones de clase que confor-man la sociedad argentina y la dialéctica entre estas y la forma que adopta el poder estatal. Sin embargo, este desarrollo excede el marco del presente trabajo. Por ello, sólo se presentan a conti-nuación algunos resultados parciales acerca del cambio y recom-posición material que se dio al interior de las clases dominantes a partir de 2002, en plan de continuar con los demás aspectos de la investigación.


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3. Crisis, devaluación y después: la recomposición material de las clases dominantes

Como se ha mencionado, para aprehender sobre el cambio acae-cido en el modo de desarrollo luego de la crisis orgánica del pro-yecto neoliberal, resulta necesario un estudio detallado de los dis-tintos actores involucrados en este proceso de cambio, articulado de manera compleja con las modificaciones en el poder estatal, en general, y con las políticas macroeconómicas, en particular.Es así que, en primer lugar, para dar cuenta de los cambios de un

modo de desarrollo en un momento-lugar determinado se requiere comprender la estructura y dinámica de las relaciones sociales domi-nantes. En la sociedad argentina, en tanto capitalista, las relaciones entre clase capitalista –dominante– y clase trabajadora –como parte de las clases subalternas– dan cuenta de la contradicción principal que orienta el proceso de producción/reproducción social. En el mo-vimiento de lo abstracto a lo que concreto que permite el análisis de los fundamentos del modo de desarrollo en la Argentina reciente, se torna entonces necesaria la caracterización de la posición estructural y política de estas dos clases fundamentales de la sociedad5. Por ello, si la crisis del neoliberalismo como modo de desarrollo se entiende como una crisis orgánica à la Gramsci, su superación dialéctica –su resolu-ción como continuidad y ruptura históricas– requiere comprender las características materiales y políticas de las clases y fracciones de clase que permitieron la conformación –parcial, evidentemente– de un nue-vo bloque histórico (Portelli, 2007). Dada la complejidad de esta tarea, en este trabajo la atención está puesta sólo sobre la recomposición material de la clase dominante a través de la crisis del proyecto neoli-beral y la manera en la cual se configuró luego de 2002 –al interior de esta clase– un nuevo bloque en el poder6 (Poulantzas, 2007). Es así que esta visión, sin duda limitada por no incluir la dinámica pro-

pia de las clases subalternas, permite una primera aproximación al pro-

5 Esto no implica, en modo alguno, una visión asociada al “determinismo estructural”. Por el contrario, los conflictos entre clases y al interior de las diferentes clases –que se enmarcan en una determinada correlación de fuerzas sociales– se ba-san en estrategias de estos actores que se llevan a cabo en el marco de restricciones estructurales y, por ello, pueden permitir la modificación de las mismas estructu-ras que dieron origen las determinaciones sociales previamente existes (Bashkar, 1998; Jessop, 2008).

6 Con bloque en el poder, en el sentido de Poulantzas (2007), se hace referen-cia aquí a la implicancia política que tienen las diferentes clases y fracciones de clases para la reproducción de la dominación en una formación capitalista específica.


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blema de los cambios materiales y políticos de una de las fuerzas sociales clave que conforman la sociedad argentina del siglo XXI7 y que represen-tan un actor fundamental para dar cuenta de varios aspectos del nuevo modo de desarrollo. Entre ellos, de las políticas macroeconómicas. La definición de clases dominantes que se utiliza aquí es la si-

guiente:“(…) aquellos actores sociales que ocupan un lugar privile-giado –a la vez económico y político– dentro del modelo de acumu-lación capitalista, vinculado al control de empresas, cuyo carácter puede ser muy variado” (Svampa, 2005: 99).Con esta definición en mente se avanza en lo que sigue de este

apartado en la respuesta a los siguientes interrogantes, centrales a los fines del trabajo: cuáles son las nuevas condiciones materia-les o económicas –creadas en los años noventa y reproducidas o profundizadas en los 2000– del capital como clase en su conjunto; qué fracciones al interior de esta clase dominante son los ganado-res materiales del proceso de salida de crisis y de consolidación de un nuevo patrón de reproducción social.

3.1. El éxito de la valorización y la reconfiguración material de las clases do-minantes en Argentina 2002-2009

Para dar cuenta de la posición material de las clases dominantes –es de-cir, caracterizar la estructura del capital–, se retomarán aquí los aportes de la economía política latinoamericana. La problemática del desarrollo en la periferia ha sido ampliamente estudiada por enfoques tales como la teoría de la dependencia y la perspectiva estructuralista de la CEPAL (Marini, 1973; Cardoso y Faletto, 1969; Prebisch, 1986; Sunkel, 1991). Estos diversos enfoques se han ocupado de analizar la posición de la clase dominante a través de la respuesta de tres interrogantes centrales (Svampa, 2005). El primero de ellos, hacía referencia a la conformación interna de esta clase, estableciendo los vínculos de cooperación o de conflicto entre fracciones distintas de la burguesía y otros actores. El se-gundo interrogante, se centraba en la relación existente –de subordina-ción/no subordinación– del capital local al internacional, reconociendo en parte el carácter periférico y dependiente de las economías de Amé-rica Latina. Por último, una serie de estudios intentaba responder a la pregunta por la existencia o no de una clase dirigente, enten-dida como aquella que lograra llevar a cabo la orientación del pro-ceso de desarrollo (reproducción) de la sociedad en su conjunto.

7 Como señala Lebowitz (2005) la visión sólo desde la perspectiva del ca-pital es unilateral y, por tanto, no permite dar una explicación de la reproducción social como totalidad.


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Se cree aquí que las preguntas planteadas por estos autores son aún interesantes en el siglo XXI para problematizar y explicar la estructura y la acción de las clases dominantes, en un país capita-lista y periférico como Argentina y, por su intermedio, dar cuenta de un modo de desarrollo emergente. De esta manera, se aborda-rán las dos primeras preguntas-problema planteados aquí.En lo que atañe al primer interrogante –la conformación interna de

la clase dominante– para el período 2002-2009 se parte aquí de una clasificación inicial de las distintas formas del capital: productivo, comercial y financiero. Estas formas o fracciones del capital permi-ten comenzar a responder qué tipo de actividades resultan más ren-tables y, por tanto, cuáles son las fracciones ganadoras del proceso de recomposición económico-política de los sectores dominantes luego de la devaluación del peso en enero de 2002. En este sentido, puede resultar útil el cuadro 1 que se presenta a continuación:

Cuadro 1: Nivel, estructura y variación del plusvalor generado por fracción del capital8. Argentina 1993-20099.

Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. INDEC.

8 Las fracciones del capital se conforman como sigue. La fracción productiva del capital se conforma por las ramas: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; ex-plotación de minas y canteras; electricidad, gas y agua; transporte y almacenamiento. La fracción comercial incluye: comercio mayorista y minoristas; hoteles y restauran-tes; comunicaciones; enseñanza y salud privadas. El capital financiero está formado por: intermediación financiera; actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler. Para mayor detalle sobre esta clasificación véase Barrera y López (2010a).

9 El plusvalor se calcula como la diferencia entre el Valor Agregado por rama de ac-tividad que surge de las publicaciones de de la DNCN-INDEC menos la masa salarial por sec-tores de actividad que surge de la Cuenta de Generación del Ingreso (DNCN-INDEC). Dado que esta última fuente sólo abarca el período 1993-2007, los datos de 2009 fueron actuali-zados a partir de los datos de Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para el cálculo de la masa salarial de trabajadores registrados y las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para hallar la masa salarial de los trabajadores no registrados.


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Puede verse en el cuadro que la fracción productiva del ca-pital fue la que logró –en promedio– incrementar su partici-pación en el plusvalor total luego de la devaluación. Es así que del plusvalor promedio del período 2002-2009 el capital productivo apropió un 60%, empeorando la posición relativa de las fracciones comercial y financiera –alrededor del 20% para ambas–. La pregunta inmediata que surge ante esta redistribución de

ingresos al interior de la clase dominante, es cómo se explica esta posibilidad de la fracción productiva del capital de apro-piar un 40% más del plusvalor en el período 2002-2009 en re-lación al período 1993-2001. Aquí se plantean dos potenciales factores que pueden haber incidido en esta nueva posición de la fracción productiva del capital: el incremento de la explo-tación laboral10 y las nuevas posibilidades de realización del valor a través de la exportación –cuestión que se relaciona fuertemente con la segunda pregunta-problema que intenta-ban abarcar los estudios clásicos sobre las clases dominantes en América Latina–. En lo que se refiere a una mayor explotación laboral en el

cuadro 2 puede observarse la variación relativa de la explota-ción para las actividades productiva, comercial y financiera. Aquí se ve que el incremento de la tasa de explotación de la economía en su conjunto –que aumentó un 13% en promedio en el período bajo estudio en relación a la etapa previa– se ex-plica principalmente por del incremento del 57% de la explota-ción laboral en la fracción productiva del capital11.

10 La mayor explotación laboral presentó tanto en sus formas absolutas –a través de un aumento importante de la ocupación y de la reducción absoluta de los salarios– y en su forma relativa –en particular, después de 2004 donde comenzó a incorporarse nueva maquinaria en las diversas actividades producti-vas.

11 Es claro que la tasa de explotación puede interpretarse simplemente como un indicador de la distribución del ingreso inter-clase social. A diferencia de la participación en el producto, el indicador da cuenta directamente de la masa ingresos recibida por los capitalistas en relación a los que recibe la clase trabaja-dora.


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Cuadro 2: Tasa de explotación por fracción del capital. Argentina 1993-200912.


De esta manera, la redistribución de ingresos a favor de la fracción productiva del capital puede explicarse –parcialmente– por la caída de los ingresos de la clase que vive del trabajo luego de la devaluación –que para el promedio de los trabajadores se acercó al 66% entre 2001 y 2002–. Dichos ingresos aún se encontraban para amplios sectores de las clases subalternas a mediados de 2006 –a cuatro años del sur-gimiento del nuevo modo de desarrollo– un 10% por debajo de los nive-les del año 2001, que de por sí eran reducidos en perspectiva histórica de largo plazo13 (Féliz y López, 2010; Basualdo, 2011; Neffa, 2010).Antes de pasar al segundo aspecto saliente que permitió al capital

productivo situarse en el centro de la escena en el nuevo modo de desarrollo –las nuevas posibilidades de valorización en base a la ex-portación–, resulta necesario profundizar la mirada sobre el sector productivo para ver de manera más detallada qué actividades o ramas al interior de esta fracción del capital son los que se encuentran luego de 2002 en una mejor posición material. Los cuadros 3 y 4 pueden re-sultar de utilidad para analizar esta estructura interna del capital pro-ductivo. El cuadro 3 expone la distribución del plusvalor al interior de la fracción productiva del capital y muestra con claridad que –si bien el conjunto del capital productivo ve incrementado su plusvalor–, son las actividades primarias y extractivas aquellas que mejor performance

12 La tasa de explotación se calcula aquí como el cociente entre el plusvalor –diferencia del valor agregado y la masa salarial de cada rama– y la masa salarial.

13 Este valor del salario real se estima deflactando el índice de salarios por un Índice de Precios al Consumidor que toma los aglomerados del Gran Buenos Ai-res (IPC-GBA) que, como es sabido, desde el año 2006 posee graves inconvenientes para dar cuenta de la evolución real de los precios en Argentina. Si se toma como un índice alternativo el IPC promedio ponderado de los institutos de estadísticas de 7 provincias (IPC-7 Provincias), el nivel del salario real se encontraba aún en septiem-bre de 2009 un 5% por debajo de los niveles de 2001.


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han logrado en términos de apropiación de ingresos –con incremen-tos promedio del 171% y 275%, respectivamente–. El cuadro permite apreciar, a su vez, que si bien la industria manufacturera mantuvo en el período 2002-2009 la participación mayoritaria en el plusvalor apropiado por el capital productivo, la misma retrocedió respecto de la etapa previa en un valor cercano al 10%. Por el contrario, la parti-cipación de las ramas más dinámicas –primarias y extractivas– vieron mejorada su posición relativa en un 17% y 61%, respectivamente.

Cuadro 3: Nivel, estructura y variación del plusvalor generado por rama al interior del capital productivo. Argentina 1993-2009.


Por su parte, el cuadro 4 evidencia dos cuestiones importantes. En primer lugar que las ramas que más crecieron en cuanto a la partici-pación del plusvalor en el período 2002-2009 fueron precisamente las que presentaron un crecimiento mayor de la desigualdad inter-clase –85,6% para las actividades primarias y 115% para las extractivas–.

Cuadro 4: Tasa de explotación por rama al interior del capital pro-ductivo. Argentina 1993-2009.



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En segundo lugar, que la industria manufacturera perdió terreno respecto de estas actividades aún cuando su tasa de explotación se incrementó sustantivamente (65%). De esta manera, los incre-mentos de los ingresos del capital en relación a los ingresos de los trabajadores en la industria manufacturera no llegaron a ser lo suficientemente importantes para desplazar a los sectores agrope-cuarios y extractivos como los principales ganadores de la etapa. Es aquí donde se torna relevante pensar cuáles son las nuevas

condiciones de competitividad del capital local14 en distintas ra-mas productivas en esta etapa y, al mismo tiempo, qué tipo de relación posee esta dinámica del capital que opera en Argentina respecto de la dinámica del capital global –esto es, el segundo in-terrogante que se ha señalado como relevante en el estudio de las clases dominantes en América Latina–. Si se toma como un primer indicador de la competitividad inter-

nacional la evolución de las exportaciones de cada rama de activi-dad, se puede observar que todas las ramas productivas han pre-sentado una dinámica expansiva de sus exportaciones (ver cuadro 5). Esto permitió que, para el conjunto de las ramas productivas la situación de competitividad del capital local se vio sustancialmen-te modificada puesto que pasó de un déficit de 1.355 millones de dólares –en promedio– en la etapa 1993-2001 a un superávit de 13.669 millones de dólares para los años 2002-2009. Sin embargo, el cuadro 5 también da cuenta de que son precisa-

mente las ramas primarias –alimentos y animales vivos y materias primas– y las dedicadas a la extracción de recursos naturales –combustibles minerales y otros commodities, entre los que se in-cluye oro en lingotes y oro no manufacturado– las que presentaron mayor crecimiento de las exportaciones y, al mismo tiempo, mayo-res niveles de superávit comercial en el período 2002-2009 –esto puede verse en incremento del 140% y 490% de las exportaciones de materias primas e industrias extractivas, respectivamente, en 2002-2009 en relación a la etapa previa.Por su parte, al interior de la industria manufacturera sólo aque-

llas actividades ligadas directamente a la producción primaria o extractiva –Aceites y grasas, bebidas y tabaco– son las que pre-sentaron superávits comerciales en el período 2002-2009. Para el resto de la industria manufacturera, el aumento de sus ventas externas no se traduce en un incremento de su competitividad in-ternacional y, por el contrario, los coloca en una posición material

14 Con capital local se hace referencia al capital que opera en el espacio de valor nacional, independientemente de su origen –nacional o extranjero–.


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desfavorable al interior de la fracción productiva del capital, al menos desde el punto de vista de la colocación de sus productos en los nuevos mercados de exportación15.

Cuadro 5: Exportaciones, importaciones y saldo comercial para distintas ramas del capital productivo. Argentina 1993-2009

Fuente: elaboración propia en base a datos de COMTRADE - Nacio-nes Unidas.16

Estas posibilidades diferenciales de realización del valor a través de las exportaciones al interior de la fracción productiva del capital, se explican en parte por la nueva situación de competitividad generada a través de la reestructuración neoliberal y su crisis (Féliz, 2011). Para el conjunto de la economía, puede explicarse la nueva ten-

dencia hacia una mayor competitividad internacional a partir de la reducción de los costos laborales unitarios relativos (CLUR) que logró el capital productivo –a través de diversas estrategias, tales como las innovaciones, las fusiones y adquisiciones (Basualdo, 2011)– durante la década del noventa. Este indicador sintetiza la evolución de la productividad y los costos laborales reales de Ar-gentina en relación a los de Estados Unidos17, por lo que puede

15 Como señala Arceo (2011), gran parte del crecimiento del comercial mundial se explica por el aumento de las exportaciones desde la periferia del mun-do hacia el centro y, a su vez, a partir del comercio intra-periferia. Esto se debe sobre todo a la evolución reciente de los procesos de acumulación exitosos de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Los procesos de industrialización que se han acentuado en estos países en los últimos 25 años, implicaron nuevas posibi-lidades de colocación de materias primas y productos de bajo valor agregado en sus mercados domésticos para el resto de las economías periféricas.

16 Para mayores detalles sobre la clasificación de actividades comerciales, véase http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=28.

17 Para un análisis detallado del cálculo de este indicador para el caso argen-tino puede hallarse en Féliz (2009).


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resultar en una variable sustantiva para evaluar la nueva posi-ción de competitividad estructural de la economía argentina. En el período 1993-2002, los CLUR –medido como el cociente entre los costos laborales de argentina y los costos unitarios laborales de Estados Unidos– se redujeron un 53%18, lo que permitió que en términos de competitividad estructural del capital productivo instalado en Argentina se ubicara antes, durante y después de la devaluación del peso en una posición significativamente mejor a la que históricamente ocupó. Este proceso de reestructuración competitiva del capital produc-

tivo, en general, y de las ramas extractivas y primarias, en parti-cular, no puede estudiarse en abstracción de la fuerte tendencia a la transnacionalización que presentó el capital en Argentina desde los años noventa, la cual se ha expandido y profundizado en la etapa 2002-2009. Esto conduce a la segunda de las problemáticas de la que se ocupan los estudios clásicos sobre las clases domi-nantes en América Latina –la relación entre éstas y la dinámica del capital global– (Véase Cardoso y Faletto, 1969). El acentuado proceso de transnacionalización del capital que viene

desarrollándose desde los años noventa permite inferir, en primer lugar, que el capital productivo de origen nacional se encuentra en una posición de subordinación material al capital extranjero que opera en el ámbito nacional (Manzanelli y Schorr, 2011). Para cada rama de la producción, este proceso de “conducción” de la acumu-lación por parte de los capitales transnacionales, se logra sobre todo a través de la imposición de tecnologías de punta y de una escala productiva significativamente superior a la que poseen los capitales de origen nacional (Barrera y López, 2010b). En segundo lugar y en relación a este punto, la propia dinámica de la transnacionalización conlleva a un proceso de concentración y centralización creciente del capital en general y, en particular, de su fracción productiva. De esta manera, la participación de las empresas de las empresas

extranjeras entre las 500 de mayor tamaño se incrementó significati-vamente en 2002-2009 en relación a la etapa previa, tanto en lo que respecta a su peso en la producción como a la proporción que apropia de las utilidades –o masa de ganancia efectiva–. La contribución al Valor Bruto de Producción (VBP) de las empresas cuya participación acciona-ria es mayoritariamente extranjera alcanzó en el período 2002-2009 un 82% –en promedio–. Esto se ubica un 17% por encima del promedio de extranjerización del gran capital en 1993-2001 –en promedio 69%–19.

18 Fuente: elaboración propia en base a datos de DNCN-INDEC.19 Fuente: ENGE-INDEC.


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En cuanto a las utilidades, el peso del capital extranjero aumentó al-rededor de un 11% en período 2002-2009 respecto de 1993-2001, por lo cual las empresas extranjeras apropiaron el 88% de las ganancias efectivas de entre las 500 empresas de mayores ventas20. Por último, es posible dar cuenta de cómo se relaciona el capi-

tal transnacional con el proceso de consolidación del capital pro-ductivo y, al interior de esta fracción, de las actividades extracti-vas, primarias y agro-alimenticias. El indicador adecuado aquí es la Inversión Extranjera Directa (IED) según rama de destino de esta inversión. El cuadro 6 muestra que son las ramas primarias (101,9%) y extractivas (101,4%) las que recibieron una IED cre-ciente entre 2004-2009. En la industria manufacturera, sólo la elaboración de metales y la industria automotriz vieron incremen-tada sensiblemente la inversión extranjera.

Cuadro 6: Variación de la Inversión Extranjera Directa por rama de actividad para la fracción productiva. Argentina 2004-200921.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República Argentina

20 Fuente: ENGE-INDEC.21 El cálculo fue realizado en base al stock promedio anual de Inversión Ex-

tranjera Directa. Al interior de la industria manufacturera se seleccionaron las acti-vidades más importantes. La variación es punta-punta entre 2004-2009. Lamenta-blemente, no se cuenta con datos oficiales para los años 2002-2003.


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Hasta el momento se ha mostrado cómo en el período 2002-2009 el capital productivo –y, en particular ciertas ramas de actividad ligadas a la producción primaria, la agroindustria y la extracción mineral– se ha posicionado de manera dominante en la disputa intra-clase. Sin embargo, esta fracción no sólo logró erigirse como la ganadora en el proceso de recomposición de la clase dominan-te desde el surgimiento del nuevo modo de desarrollo, sino que además permitió al capital en su conjunto pasar –como relación social dominante– de la crisis a la recomposición material y luego a una valorización exitosa en el tiempo. Es así que, como se ve en la figura 1, la evolución de la masa de ganancia en el período 2002-2009 muestra el éxito del nuevo modo de desarrollo para el capital en su conjunto, aún cuando el capital productivo primario-extractivo-agroindustrial, es el que lo conduce.

Figura 1: Tasa de variación de la masa de ganancia para el capital en su conjunto. Argentina 1993-2009.

Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección Nacional de Cuentas Nacional-INDEC.

En definitiva, a partir de los datos cuantitativos presentados a lo largo de este apartado, puede inferirse que en el período 2002-2009 fue un proceso de cambio exitoso para las clases dominantes


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en su conjunto, conducido por su fracción productiva, que fue la principal beneficiaria material del cambio en el proceso de desa-rrollo. Este éxito de la valorización se relaciona, a su vez, a las características dependientes de las clases dominantes argentinas a las dinámicas propias del capital global y las cadenas globales de valor, que se expresan en el país a través de la extranjerización y transnacionalización creciente de la producción. Al interior de la fracción productiva, con preeminencia del capital transnacio-nal, son las ramas relacionadas a la exportación de commodities agropecuarios, agroindustriales y extractivos las que impulsan la dinámica exitosa de la misma y, por su intermedio, del conjunto de la clase dominante.

4. Reflexiones finales

Este trabajo intenta aportar ciertos elementos para encontrar los fundamentos del cambio en el modo de desarrollo que se produjo luego de la crisis orgánica del proyecto neoliberal. Dado que la posición material y la estrategia política de las principales clases y fracciones de clases que conforman la sociedad argentina con-temporánea, se encuentran “detrás” del Estado como relación so-cial que condensa –y canaliza por medio de sus instituciones– los conflictos, consensos y luchas que estos actores colectivos llevan a cabo, para explicar las políticas macroeconómicas –que son la manifestación concreta de algunos de los cambios en el modo de desarrollo– se requiere de un estudio detallado de estas clases y fracciones. En este artículo sólo se abordó de manera descriptiva y explora-

toria cuáles son los cambios materiales que han ocurrido al inte-rior de la clase dominante en el período 2002-2009. En este sen-tido, algunos hallazgos preliminares aportan en el camino de una explicación del cambio en el modo de desarrollo como totalidad, y se encuentran inscritos en la tradición crítica de pensamiento latinoamericano que ha dado históricamente relevancia al estudio de las clases dominantes para explicar la dinámica y los cambios de los modos de desarrollo en la región. Entre los principales re-sultados destacados, se encuentran los siguientes. En primer lugar, es la fracción productiva del capital la que

logró liderar el proceso de recomposición post-crisis y conformar así una dinámica de mayor creación de valor y, por tanto, de plusvalor en la etapa 2002-2009. Esta capacidad de liderazgo co-


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menzó a forjarse en los años de consolidación del neoliberalismo y se acentuó en base a la acción política –estratégica– de estas fracciones. En segundo instancia, al interior de esta fracción productiva los

actores dominantes que se ubicaron en las actividades producto-ras de commodities, agro-industriales y extractivas fueron las que lograron un mayor éxito en términos de valorización. Al mismo tiempo, fue la mejora sensible en la competitividad internacional de estas ramas lo que permitió la valorización del conjunto del capital productivo luego de la devaluación del peso. Tercero, en lo que hace a la posición subordinada del capital

local –tanto extranjero como nacional que opera en el espacio de valor de Argentina– a la dinámica del capital internacional se evidencia a partir de observar que es la inserción exportadora de las ramas mencionadas previamente otra de las características salientes de la etapa 2002-2009 que –nuevamente– puede verse como superación dialéctica –cambio en la continuidad– de la eta-pa neoliberal. En cuarto lugar, y en relación al punto anterior, el proceso de

transnacionalización del capital productivo se acentuó en el pe-ríodo estudiado. Esto permite inferir que continúa un proceso ini-ciado en los noventa de acuerdo al cual el capital nacional pierde terreno en relación al capital extranjero, por lo cual acentúa la extranjerización y concentración del capital en general. Sin em-bargo, son precisamente las ramas primarias, agroalimentarias y extractivas de la fracción productiva las que poseen una tendencia más fuerte hacia la transnacionalización. Por último, el éxito relativo de estas ramas de producción, con-

dujeron a la mejora material del conjunto de las clases dominan-tes, lo que se puede constatar a partir del incremento ininterrum-pido de la masa de ganancias para el capital en su conjunto en el período 2002-2009.Más allá de estos elementos, el trabajo deja pendiente de pro-

blematización una serie de interrogantes que deberán ser abor-dados mediante el avance de la investigación. Por un lado, el análisis realizado hasta aquí no permite indagar sobre cuáles son las estrategias político-simbólicas a través de las cuales esta fracción del capital logra imponer una lógica de conducción al interior de la clase dominante y a la sociedad civil en su con-junto. Por otra parte, las clases subalternas aparecen en una posición pasiva y accesoria a este proceso –sólo como fuerza de trabajo–. Por último, queda pendiente la discusión teórica y em-


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pírica acerca de la interpelación de estos actores al poder estatal para pensar en las decisiones de política macroeconómica que este lleva a cabo.

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Subsidios a sectores económicos en la Argentina de la post Convertibilidad: interpretación desde una perspectiva de clase

1. Introducción

La privatización de los servicios públicos en la Argentina en la década del ’90 ofició como un baluarte del nuevo esquema ma-croeconómico que el gobierno neoliberal ensayó. Mediante la rees-tructuración del Estado y sus funciones, se logró asestar un duro golpe a la clase trabajadora en la medida en que se transferían ingresos al gran capital.La salida de la Convertibilidad en 2002 implicó importan-

tes desafíos para los gobiernos siguientes. Después de la sali-da devaluatoria, las empresas privatizadas buscaron recuperar márgenes de ganancia presionando por el alza de las tarifas (fun-damentalmente en transporte, gas y electricidad). Sin embargo, esto implicaría una (nueva) disminución significativa del salario real y el riesgo de dificultades macroeconómicas derivadas de la escalada ascendente de precios. Ante la dificultad de recrear un patrón de acumulación de capital que garantizara, simultánea-mente, ganancias para un sector del capital y el no empeora-miento de las condiciones materiales de la clase trabajadora, la política de subsidios a los sectores económicos se transformó en una herramienta clave.Por estos motivos, se instrumentaron una batería de subsi-

dios a las empresas proveedoras de dichos servicios. En los primeros años después de la devaluación, los montos impli-cados no constituyeron erogaciones de gran porte en el gasto

Leandro Bona *

* Licenciado en economía (UNLP). Maestrando en Economía Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Correo electrónico: [email protected].


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total del Estado. Sin embargo, los mismos crecieron significa-tivamente hasta ser incluso cuestionados oficialmente, desde fines de 2011, como una política ineficiente en términos socia-les y económicos.Con el propósito de analizar las implicancias de los subsidios

a los sectores económicos en el período de post-Convertibilidad, este trabajo intentará abrir un canal de debate que contemple una nueva forma de analizar esta política. Se ensayará una relectura de los mismos en clave de clases sociales. Para ello el estudio se estructura como sigue. Primero mos-

traremos cuáles han sido los gastos incurridos en subsidios a sectores económicos en el período de post Convertibilidad. Luego, se sintetizarán algunos conceptos necesarios para la lectura de clase que se abordará en base a los aportes de au-tores que rescatan trabajos de Marx, desde posiciones com-plementarias: Lebowitz (2006) y Cleaver (1985). A partir de ello, se hará una interpretación de los subsidios a sectores económicos en términos de clases sociales, en lo que preten-de ser el aporte central del trabajo. Las conclusiones cierran el estudio.

2. Subsidios a sectores económicos en la post-Convertibilidad: una tendencia creciente.

Los subsidios a sectores económicos como instrumento de política existieron desde siempre a lo largo de la historia ar-gentina. En particular, fueron muy importantes los recursos destinados a la salvaguarda de la industria argentina tanto en la etapa sustitutiva (1945-1975) como en el período que va de 1975 a 1989, a través de los regímenes de promoción indus-trial. En esos años se transfirieron enormes masas de ingresos a las empresas de capital nacional. Se trataba de regímenes promocionales que posibilitaron el desarrollo de la concentra-ción y centralización del capital del capital, resultando bene-ficiados los llamados “Capitanes de la industria” (Basualdo, 2010). En la década del ‘80, buena parte de los sectores industriales

concentrados eran destinatarios de cuantiosos beneficios bajo la forma de exenciones tributarias, tratamientos preferenciales con el Estado, créditos blandos, etc. (Azpiazu, 1988). Hasta ese momento, los servicios públicos funcionaban bajo el control del

Subsidios a sectores económicos

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Estado, a través de la producción pública.La década del ’90 marca un importante cambio en la política

de tarifas públicas en consonancia con la venta de las empresas estatales. Bajo la lógica de las privatizaciones que harían de la Argentina una economía “más eficiente y productiva”, se liberó el control directo sobre una serie de precios de importancia clave para la marcha de la economía. Si bien se establecieron cláusu-las regulatorias para controlar los precios, las mismas resultaron de dudosa eficacia. En este contexto, el Estado resignó una de las herramientas más significativas en el andamiaje producti-vo y social1. La premisa neoliberal exigía mercantilizar todos los bienes y servicios que habían sido conquistados como derechos por la sociedad en años anteriores. De ahí que haya habido una tendencia a crear “mercados eficientes” tanto en la salud como en la educación, y por supuesto, en servicios públicos que otro-ra eran administrados por el Estado (luz, gas, aguas, telefonía, transporte de pasajeros y cargas, etc.). Con tarifas en dólares, las empresas de los sectores privatizados

en los años ‘90 lograron importantes márgenes de ganancia, en un proceso que incluyó masivos despidos de trabajadores mien-tras los ingresos por ventas se disparaban (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 2004).La devaluación de 2002 abrió un nuevo abanico de debate:

ante el salto de los precios inmediatamente después de la libe-ración del tipo de cambio (26% de inflación minorista ese año), las empresas privatizadas se proponían acompañar esas nuevas ganancias que la salida de la crisis iba a generar para todo un sector del capital (principalmente el industrial o productivo2), aumentando las tarifas.

1 Para un análisis pormenorizado del proceso de las privatizaciones en la década del ’90 ver Azpiazu, Basualdo y Khavisse (2004).

2 Ver el capítulo 3.


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Gráfico Nº 1. Evolución de la participación de la RTA (remunera-ción al trabajo asalariado) en Argentina. Años 1993-2007.

Fuente: INDEC.

Sin embargo, ante la regresividad que implicaba permitir esos aumentos en un momento tan sensible, la administración guber-namental decidió no avalar los incrementos, ya que implicaban una disminución aún más severa del salario real. El ajuste del salario real de 2002 fue tan significativo, que sólo puede compa-rarse en la historia argentina reciente con los sufridos por la clase trabajadora en los años 1975 (Rodrigazo) y 1989 (Hiperinflación)3. La participación de los trabajadores en el ingreso sufrió una caí-da intensa en 2002, marcando un nuevo piso histórico para los ingresos de los trabajadores (gráfico Nº 1). Permitir el aumento de tarifas hubiese significado una redistribución aún más regresiva, en la medida en que los costos de transporte y energía a afrontar hubiesen sido mayores. Por ello comenzaron a desplegarse una serie de subsidios a las empresas proveedoras con el propósito de contener los precios de las tarifas.La política elegida en 2002 implicaba, en los hechos, postergar la

resolución de este conflicto entre los propietarios de las empresas proveedoras de servicios públicos y los usuarios (tanto a nivel em-

3 Sobre la distribución del ingreso entre 1975 y 1989, ver Beccaria (1984) y Altimir y Beccaria (1999).


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presarial como residencial) para más adelante4. La administración que se hizo cargo del poder ejecutivo en 2003 tenía en sus manos la responsabilidad de tomar una decisión. Por un lado, liberar las tarifas hubiese significado una nueva re-

ducción de los salarios reales, además de generar una escalada general de precios que conspiraba contra la idea de un “tipo de cambio real competitivo y estable”, como varios teóricos apuntaban que era necesario sostener (Frenkel, 2008). Por otro lado, también existía la posibilidad de poner en debate el esquema de privatizacio-nes, reasumiendo el control sobre los sectores “entregados” en los ’90. Sin dudas, implicaba una reorientación profunda del espíritu neoliberal que había caracterizado a las decisiones hasta 2001, con un Estado que fuera capaz de hacerse cargo de un cuadro de situa-ción complejo. Esta última opción fue descartada.

Evolución de precios relativos: el nuevo esquema tarifario5

La opción menos “conflictiva” pasaba entonces por mantener el esquema de subsidios, pues: a) las empresas mantenían el control de los sectores clave; b) los usuarios no sufrían un incremento del costo de vida; c) se subsidiaban los costos de producción de la; y d) para el Estado no implicaban erogaciones infranqueables, en la medida en que la dinámica creciente de la actividad económica era acompañada por aumentos sostenidos en la recaudación6. La discusión comenzaría a tener lugar en la medida en que fueran

necesarios cada vez más recursos para sostener los precios de las tarifas en un escenario de crecimiento e inflación. Ello comenzó a

4 Para un análisis de la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas bajo el gobierno de Duhalde, ver Azpiazu y Schorr, (2003).

5 Es importante destacar que no hemos incorporado la dimensión regional al análisis de los subsidios, prefiriendo el abordaje de clase como premisa. Aun así no debe dejar de mencionarse que existen importantes disparidades entre el área metropolitana de Buenos Aires y el resto del país en materia de esta política. Mien-tras los subsidios contuvieron los precios de las tarifas de servicios públicos y trans-porte en el Gran Buenos Aires y La Plata, las demás provincias y regiones fueron excluidas. Por ejemplo, el caso de la falta de red de gas en provincias del Norte del país lleva a que los usuarios consuman gas en garrafa, considerablemente más caro que el de red, en lo que significa una redistribución regresiva del ingreso en materia regional

6 Al apoyarse principalmente sobre impuestos al consumo (IVA), el sistema tributario argentino resulta procíclico, es decir, la recaudación aumenta cuando la actividad económica crece y disminuye cuando ésta se contrae.


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suceder en 2005, cuando el paquete de subsidios comenzó a trans-formarse en una carga cada vez más pesada para las arcas públicas.

Gráfico Nº 2. Subsidios y préstamos a sectores económicos. Años 2005-2011. En millones de dólares corrientes y en porcentaje del PBI7.

Fuente: elaboración propia en base a datos de ASAP.

Mientras en el año 2005 los subsidios a los sectores económicos representaban el 0,7% del PBI argentino, con un monto de aproxi-madamente U$ 1.200 millones, crecieron a un ritmo vertiginoso hasta llegar a superar los U$ 18.000 millones en el año 2011, al-canzando el 4% del producto en 2011 (gráfico Nº 2). Sólo para tra-zar una comparación, podemos mencionar que se trata de un nivel de gasto equivalente, para ese año, a tres veces los presupuestos de salud y educación nacionales8.Sin dudas, los sectores que más se destacan a la hora de recibir

estas transferencias, son el sector energético y de transporte. Se trata de los dos “reguladores de tarifas” más relevantes para usua-

7 En las barras el detalle de los dólares corrientes correspondientes a Ener-gía y Transporte.

8 Proyecto de Presupuesto Nacional 2011. Ministerio de Economía y Finan-zas Públicas de la Nación.


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rios y productores en general. Los subsidios a empresas públicas (Aerolíneas Argentinas, AySA) ocupan el tercer lugar, y los restan-tes son ocupados por el sector agroalimentario, rural e industrial, con participaciones ciertamente menores.

Cuadro Nº 1. Subsidios y préstamos a los Sectores Energético y de Transporte. Millones de dólares corrientes. Años 2005-2011.

Fuente: elaboración propia en base a datos de ASAP.

En el cuadro Nº 1 se observan los subsidios a que los sectores energético, que funcionaron con el propósito de sostener un an-cla sobre precios, tal y como había funcionado hasta la década del ’80, aunque hasta ese momento se lo había logrado gracias al control estatal de las empresas públicas. Los rubros Energético y Transporte se incrementaron a una tasa interanual de 57 y 56% en dólares respectivamente. Para el caso del sector energético, los recursos asignados a la em-

presa CAMMESA explican en buena medida esta evolución. Ésta es la empresa que regula el Mercado Mayorista Eléctrico desde 1992. La misma está compuesta en un 80% por los agentes pri-vados del mercado mayorista eléctrico (transportistas, generado-res, distribuidores y grandes usuarios) y un 20% por el sector público. En definitiva, es la llave reguladora de los precios. En se-gunda instancia aparecen las transferencias a Energía Argentina SA (ENARSA), una empresa creada en 2004 para solucionar a los problemas de abastecimiento energético, propósito para la cual se


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ha mostrado más bien limitada9. Los fondos destinados al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) y los Or-ganismos Provinciales totalizan casi U$ 1.300 millones cada uno a lo largo de estos años. Completan la lista Yaciretá, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Nucleoeléctrica (energía nuclear). En cuanto al sector de transporte, los más destacado es el Fondo

Fiduciario del Sistema Integrado de Transporte (destinado a sub-sidiar el gasoil de los micros y colectivos), seguido por los recursos destinados a concesionarias de trenes y subtes (nuevamente, de absoluta importancia en el área metropolitana de Buenos Aires). Aerolíneas Argentinas, con U$ 2.369 millones en todo el período, ocupa el tercer lugar, mientras que el Ferrocarril General Belgrano recibe prácticamente U$ 1.000 millones a lo largo de estos 6 años.Los ejes a la hora de debatir la política de subsidios son, desde

nuestro punto de vista, los que establecen un importante efecto sobre la dinámica interna de precios y son claves en el andamiaje productivo: las tarifas de transporte público y de energía eléctrica. De hecho, el mantenimiento de las transferencias a estos sectores se ha estado evaluando en los últimos meses por parte del Gobier-no Nacional10.

3. Los subsidios en clave de clases sociales

Una vez repasado el derrotero histórico sobre los subsidios a los sectores económicos, el propósito de este acápite es el de retomar

9 Una posible manifestación de esta incapacidad ha sido la recientemente sancionada expropiación de YPF, en el mes de mayo de 2012.

10 La necesidad de recortar los subsidios a los sectores de transporte y ener-gía se comenzó a discutir después del triunfo electoral de Cristina Fernández en oc-tubre de 2011. En un principio comenzaron a liberarse las tarifas de luz, gas y aguas para usuarios residenciales. A su vez, se eliminaron los subsidios para empresas o sectores de altas rentabilidades (como por ejemplo, intermediación financiera, minería, etc.). Sin embargo, hacia mayo de 2012, esta política se frenó ante la posibi-lidad contractiva que generaría en una economía que atraviesa problemas externos. Respecto del transporte público de pasajeros, se generalizó la difusión de la tarjeta SUBE (útil para todos los medios de transporte público terrestre) con el futuro pro-pósito de discriminar a los usuarios para focalizar el subsidio. En el caso de trenes, sin embargo, parece haberse detenido la liberación de precios debido a la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero, donde murieron 51 personas. La disminución de subsidios al gasoil sí se hizo sentir en algunas de las tarifas de transporte interurba-no.


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un enfoque que nos permita interpretar fenómenos socio-econó-micos desde una perspectiva de clase, que se plantee como supe-radora de los esquemas más divulgados sobre el análisis de los subsidios. En este sentido, dos posiciones han dominado la escena a la

hora de interpretar los subsidios a los sectores económicos en la post-Convertibilidad. La posición neoclásica se opone a la actual instrumentación de los mismos, pues sostiene que existe un inter-vencionismo estatal abierto, donde los precios de las tarifas se en-cuentran deprimidos, son ineficientes ya que distorsionan el mer-cado energético porque desincentivan la oferta y no disciplinan el consumo residencial. Como consecuencia, no hay motivación a la inversión privada y genera desbalances estructurales en el área. Por lo tanto, los subsidios son inequitativos e insostenibles (Nava-jas, 2010; Urbiztondo, 2011).En contraste, están quienes avalan esta política desde una ma-

triz estructuralista (basándose en el enfoque de Diamand) o post-keynesiana argumentan que los subsidios: evitan que buena parte del costo de los servicios lo paguen los usuarios, funcionan como ancla nominal de precios internos, conteniendo la inflación y a su vez subsidian a la industria, uno de los pilares del crecimiento pos-devaluatorio, volviéndola más apta para la competencia exter-na. En síntesis, el esquema de subsidios a estos sectores lograría promover el mercado interno, controlar la inflación, darle compe-titividad a la industria y mantener las ganancias de las empresas prestadoras (Chena, Crovetto, Panigo comp., 2011; Peirano, Ta-vosnanska y Golstein, 2011).Separándonos de estas dos visiones, la posición presentada en

adelante surge de entender que la relación de clase es la que arti-cula al sistema de producción y reproducción social y su contra-dicción principal (capital/trabajo) explica las principales tensio-nes sociales y políticas bajo las cuales las políticas económicas adquieren sentido. Para ello, será necesario definir el marco teóri-co que nos permita hacer un abordaje en esta clave.

A. Bases para una interpretación alternativa

Dentro de los diversos análisis basados en la obra de Marx, el tra-bajo de Lebowitz (2006) resulta clave para interpretar las políticas públicas/económicas desde una perspectiva de clase, poniendo de relieve la necesidad de pensar una economía política desde la ló-gica de los trabajadores, en contraposición a la economía política


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del capital. Esto implica repensar los fundamentos que permiten la reproducción y acumulación del capital (a través de políticas es-pecíficas, como los subsidios a los sectores económicos) desde un enfoque que tenga en cuenta qué significan y representan estos para la clase trabajadora11. Para poder avanzar en una línea que sea funcional a los objetivos

de la clase trabajadora, se deben abandonar las lecturas “ideoló-gicas” de la obra de Marx, privilegiando las “estratégicas” (Cleaver, 1985). En rigor, esto implica no realizar un abordaje desde el pun-to de vista de la crítica meramente formal sobre el capitalismo como sistema social (lectura ideológica), sino criticarlo como he-rramienta para la clase trabajadora inserta en la lucha de clases. Esto da lugar a una disputa tanto por la interpretación de las políticas públicas como por su orientación.En este sentido cobra relevancia repasar el doble carácter que

asume la mercancía, ya que las misma manifiesta la relación con-tradictoria descripta por la relación de clase. En su doble mani-festación del valor (de uso y de cambio), la mercancía expresa la disputa social.El valor de uso (la utilidad) no sería simplemente distinto al va-

lor de cambio (aquello por lo que puede cambiarse), sino directa-mente su opuesto: “(…) para ser un valor de uso una cosa debe usarse y no cambiarse. Y para ser un valor de cambio una cosa no debe usarse sino cambiarse. Esta situación contradictoria (…) sólo puede encontrar su solución en el proceso de cambio” (Cleaver, op.cit.: 214-215).Es decir, el intercambio de las mercancías es la piedra angular

en el capitalismo para que se resuelvan las contradicciones que las mismas engloban: “(…) el valor de uso y el valor de cambio se oponen en una unidad contradictoria en la misma forma que la clase capitalista y la clase trabajadora están opuestas y unidas” (Cleaver, op.cit.: 217). Por este motivo, la contradicción del doble carácter de la mercancía manifiesta a su vez la lucha entre las cla-ses: para la clase trabajadora lo importante es el valor de uso de los bienes, para la clase capitalista es el valor de cambio.

11 La visión de clase a la que adherimos debe ser entendida a partir de un enfoque dialéctico. Para ello, la clase se convierte en una relación social y no en un compartimiento estanco donde encasillar a los distintos individuos que componen la sociedad. De hecho, se considera que: “la clase es la propia relación (por ejem-plo, la relación capital-trabajo) y, de manera más específica, una relación de lucha. Los términos de “clase” y “relación de clases” son intercambiables, y “una” clase es algún tipo particular de relación de clases” (Gunn, 2004: 6).


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Mientras la clase trabajadora pelea por la satisfacción de sus ne-cesidades (valores de uso), la clase capitalista destinará su aten-ción a los valores de cambio con el propósito de maximizar su ganancia y el control social para extraer el plusvalor.Así las cosas, para cada clase, cada mercancía lleva el sello de la

contradicción y la lucha, puesto que contiene tanto el valor de uso como el valor de cambio. Pero también es relevante destacar que para ambas clases se expresan valores de uso y de cambio distin-tos de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, la fuerza de trabajo es una mercancía en el capita-

lismo. Mientras para el capital es necesaria su mercantilización como instrumento de control social (valor de uso), también le re-sulta clave disminuir su valor de cambio en la medida de lo po-sible para extraer más plusvalor. En cambio, la fuerza de trabajo puede permitir a los trabajadores organizarse y socializar (valor de uso) a la vez que necesitan disputar su valor de cambio (salario) para sobrevivir.En definitiva, lo que pretendemos hacer en este trabajo es un aná-

lisis donde los subsidios a los sectores económicos, en tanto son transferencias de valor para la obtención de mercancías (en este caso, energía y transporte), deben ser revisados a la luz del doble carácter de las mismas para la clase trabajadora o capitalista.

B. Los subsidios a los sectores económicos en su doble carácter

La energía y el transporte desempeñan un papel muy importante como mercancías en la esfera productiva tanto como en la repro-ducción de la fuerza de trabajo. Como lo apunta Cleaver (op.cit.), la energía reviste el carácter de

mercancía de consumo para la clase trabajadora. En definitiva, permiten reducir las tareas de la clase trabajadora, ya que se uti-lizan para facilitar innumerables quehaceres domésticos, además de ser parte del consumo necesario de bienes culturales en el ho-gar. El valor de uso para esta clase es evidente.¿Qué sucede con la clase capitalista? Para los capitalistas, la

energía es un insumo necesario para la producción, se trata de un valor de uso que es requerido en la empresa para completar su proceso de producción de mercancías y por ende, para la realiza-ción de la extracción de plusvalía en el proceso de generación de plusvalor.Vale precisar a su vez, que para el capital, la energía en el pro-

ceso productivo permite sustituir personas por máquinas (como


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lo señalara Marx), aumentando la productividad. Esto puede ser fuente de mayor extracción de plusvalía relativa. Pero simultánea-mente, la energía sirve a la clase trabajadora para aliviar, en el proceso productivo, el número o la intensidad de las tareas aun-que esto no necesariamente sea siempre así (Cleaver, op.cit.).Para el caso del transporte público, parece bastante claro que tie-

ne un carácter esencial para los trabajadores en tanto valor de uso para trasladarse en sus diversas necesidades, mientras que para el capital se trata de un “insumo” para que la clase trabajadora transite desde el hogar hasta el lugar de trabajo. En la medida en que se abarate este precio, el capital puede reducir el precio de la fuerza de trabajo, es decir, el salario.En este escenario, la determinación de un esquema de precios

de energía y transporte para una economía puede leerse en clave de las clases sociales como una manifestación de su dialéctica lucha.¿Qué representan los subsidios a los sectores económicos en este

escenario? Cabe distinguir dos grupos dentro de la clase capitalista: las em-

presas proveedoras-prestadoras de estos servicios y el resto del capital. Para las primeras, se trata de la mercancía a través de la cual buscan valorizar su capital. Para el último, se trata de una mercancía que funciona como insumo para la generación de plusvalor, y por ello mismo, un costo de producción. El precio de mercado del servicio representa entonces un mecanismo de apro-piación de plusvalor por parte de una u otra fracción del capital, y por ello, parte de un conflicto entre éstas. En este sentido, se torna clave para diversos sectores conseguir una estructura de precios que permita realizar la producción y la ganancia.Para las fracciones del capital que utilizan estos servicios como

insumo, la reducción de su precio significa un aumento de sus propias ganancias. La industria, el sector que mayor demanda tiene de estas mercancías, demanda a menudo una reducción de su precio, tal como lo hace con otros componentes del costo (como el salario con el que remunera la fuerza de trabajo)12. Como

12 La explicación de los motivos de la demanda estructural de reducir sa-larios y demás costos de los insumos, por parte del sector menos competitivo en términos internacionales (industria manufacturera) escapan a las posibilidades de este trabajo, pero resultan en buena medida consecuencia de la heterogeneidad es-tructural de la economía argentina. Al respecto, ver Diamand (1972). De todas ma-neras, el sector agropecuario no se autoexcluye a la hora de demandar reducciones del valor de la fuerza de trabajo.


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se puede ver en el gráfico 3, esta demanda se vio escuchada en el contexto de la post Convertibilidad: a partir de la devaluación, se estableció una brecha entre los precios mayoristas en general y el de la energía en particular. Este “desenganche”, regulado a través del congelamiento de las tarifas, representa una apropia-ción de plusvalor por parte del resto del capital, que vio de esta manera cómo sus ganancias se incrementaban (además, insisti-mos, de la reducción del costo laboral). Es decir, el esquema de política de precios favoreció la recuperación de la ganancia de un sector del capital en detrimento de otro. Naturalmente, este últi-mo sector no se quedaría sin exigir una compensación de algún tipo. Los subsidios, justamente, funcionan como la “reparación” al capital productor de estos servicios para evitarle mayores pér-didas.

Gráfico Nº 3. Evolución mensual del índice de precios inter-nos mayoristas (IPIM), nivel general y energía eléctrica 13. Enero 2000-Abril 2012. Base enero 2000 = 100.

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.

13 El índice nos permite discriminar la evolución de los precios de energía eléctrica mayorista, pero no el de transporte.


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Es decir, las transferencias que los subsidios representan garantizan determinados márgenes de ganancias para los proveedores-prestadores de estos servicios14. Sin embargo, si bien los subsidios cumplen este objetivo, también significan una desmejora relativa de estas empresas en relación al res-to del capital. Ello se produce por dos motivos: por un lado, porque el nivel de ganancias garantizado opera bajo los már-genes que el Estado avale; y por el otro, porque el resto de las firmas que se desempeñan en la economía reciben una trans-ferencia que eleva su piso de rentabilidad. Por estos motivos, la posición neoclásica apuesta a una liberación de las tarifas, con el fin de eliminar las distorsiones de los precios: con ta-rifas “sinceradas” se recuperan las rentabilidades relativas de las empresas prestadoras-proveedoras en relación a las del resto.Para la clase trabajadora el panorama es distinto. Tanto el trans-

porte como la energía son mercancías que tienen un claro valor de uso en sus vidas. De ahí la necesidad de que sus precios sean asequibles. Dado que, como ya indicamos, la devaluación y la in-flación derivada implicaron una significativa caída real de los sa-larios, las posibilidades de tolerar un alza adicional en el precio de los servicios se veía fuertemente comprometida. Por este motivo, los subsidios juegan un papel relevante en la reproducción de sus condiciones de vida.Si asumimos que existe un costo de reproducción de la clase

trabajadora que se dirime por las condiciones históricas y mo-rales que la lucha de clases imprime (Marx, 1867), podemos pensar a los subsidios, en la medida en que mejoran el acceso de la clase trabajadora a mercancías imprescindibles para su reproducción social, como una protección de sus demandas sociales15.

14 Por ejemplo, los subsidios representaron en 2011 el 80% de los ingresos de las empresas de ferrocarriles de pasajeros, el 60% de los de generación eléctrica y el 70% de los de la empresa de aguas AySA (Urbiztondo, 2011).

15 En el libro Origen, apropiación y destinos del excedente económico en la Argentina de la post Convertibilidad (Sbattella, Chena, Palmieri y Bona, 2012), desde un abordaje teórico vinculado a la escuela estructuralista en su tradición brasileña (Furtado), entendemos que los subsidios operan en estos años como una transferencia del Estado a los sectores populares que garantiza su reproducción social. En este trabajo intentamos problematizar esta misma idea.


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Gráfico Nº 4. Evolución del índice de precios al consumidor del INDEC, IPC 7 y 9 provincias (CIFRA) y del rubro vivienda y ser-vicios públicos (IPC-INDEC). Enero 2000- Abril 2012. Base enero 2000 = 100.

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y CIFRA16.

El gráfico Nº 4 pone de relieve que la devaluación inició una se-paración entre le evolución de los precios de los servicios públi-cos (vivienda y servicios públicos del IPC-INDEC) y el resto de los bienes de la canasta básica (IPC-INDEC general). Esto implica un esquema de precios relativos donde no es el costo de los servicios públicos la principal causa que motiva aumentos en las eroga-ciones necesarias para la reproducción de la clase trabajadora. Resulta interesante, a su vez, la comparación entre la evolución del índice del INDEC versus el 7-9 provincias, ya que este último releva provincias donde buena parte de los servicios públicos no están subsidiados. En este contexto, si tenemos en cuenta que de por sí existe una brecha entre la evolución de los precios de los servicios públicos y el nivel general dentro de los relevamientos del propio INDEC, la misma se amplifica fuertemente si consideramos el indicador de CIFRA17.

16 Para el caso de los datos 7 y 9 provincias, se tomaron los valores hasta septiembre 2011 (datos de CIFRA) y se proyectaron entre ese mes y abril de 2012.

17 Más allá de que los relevamientos de INDEC han sido desechados desde


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Hasta aquí pareciera que el Estado fue capaz de mejorar la tasa de ganancia del capital no productor de estos servicios, a la vez que evitó que empeoren las condiciones del sector que sí los produce así como los usuarios trabajadores. Un esquema donde todos aparente-mente ganarían. Sin embargo, media un aspecto clave para el caso argentino: el rol del sistema tributario como fuente de financiamiento de los subsidios. Dado que este último resulta fuertemente regresi-vo18, son en buena medida los mismos trabajadores quienes finan-cian esta política. Por este motivo, en la medida en que aumentan sistemáticamente las erogaciones públicas para mantener las tarifas subsidiadas (tanto para la misma clase trabajadora como para el capital), las posibilidades de transferir esos fondos hacia otras áreas que garanticen y mejoren las condiciones de reproducción de la fuer-za de trabajo (educación, salud, cultura, etc.) se reducen.Por otro lado, y siempre pensando desde la economía política del

trabajo, se libra una batalla simbólica y material sobre la provisión de estos servicios que no ha logrado escapar de la lógica mercantil que se originó en los años ’90: la creación de mercados eficientes sustituyó la garantía de estos servicios públicos como derechos so-ciales básicos. En este sentido, la clase trabajadora se ve obligada a pensar sus capacidades de reproducción en concomitancia con la acumulación del capital desde un punto de vista de eficiencia en la provisión de un servicio y no a partir de una forma de gestión alter-nativa que ponga por delante las necesidades sociales.Como señaláramos precedentemente, el análisis de los subsidios

asume así una lectura de clase. A diferencia de las miradas que sólo abordan este aspecto desde las lógicas de competitividad o sostenibilidad económicas, el análisis de clase nos lleva a dimen-sionar este aspecto como el resultado de una lucha.

La actual encrucijada de los subsidios desde una perspectiva de clases

La salida de la Convertibilidad derivó, efectivamente, en un nue-vo esquema de precios relativos, donde las tarifas de energía y

2007 por la intervención que sufrió el organismo, eliminando su confianblidad.18 El análisis del sistema tributario argentino resulta relevante para anali-

zar en toda su dimensión el perfil de las políticas públicas. Si bien existe un debate sobre la capacidad redistributiva actual, es de aceptación general que, en materia recaudatoria, el sistema tributario resulta regresivo porque los impuestos sobre el consumo son las principales fuentes de ingresos, en desmedro de los que recaen sobre patrimonio, rentas y ganancias (Gómez Sabaini, Santieri y Rossignolo, 2002; Gaggero, 2008).


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transporte jugaron un papel clave. Caracterizando al Estado como una manifestación de las contradicciones de clase que atraviesan todas las esferas sociales (Poulantzas, 1979), el partido en el poder debió responder a los desafíos que implicaba una regeneración de la lógica de acumulación de capital post Convertibilidad.En ese contexto, resultaba conflictivo socialmente liberar las tarifas

después de la significativa redistribución del ingreso que significó la devaluación. La clase trabajadora difícilmente hubiese tolerado un re-crudecimiento de sus condiciones materiales sin oponer barreras, por lo que presionó sobre el Estado para impedirlo. A su vez, las fracciones del capital que necesitan de estos insumos para valorizar su capital, también presionaron para mantener estos precios subsidiados, una po-lítica que les permitía reducir sus costos y mejorar su competitividad, además de traccionar a la baja los salarios reales, otro de sus costos.La administración gubernamental buscó contener el nivel de precios

en la medida en que fuera posible, para lo cual “desenganchar” las ta-rifas resultaba clave como ancla antiinflacionaria. La política funcionó exitosamente hasta 2005, cuando, como hemos observado, los subsi-dios se tornaron crecientes. El doble carácter de los mismos encuentra incluso la dificultad adicional de su fuente de financiamiento, ya que el sistema tributario juega un rol importante en la distribución del ingreso.

Cuadro Nº 2. Esquema general de los subsidios en clave de clases sociales.

Fuente: elaboración propia.


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El cuadro Nº 2 sintetiza el análisis de esta política para el caso argentino de la post Convertibilidad.Para la clase trabajadora, los subsidios a los sectores económi-

cos en esta etapa han representado un importante financiamiento sobre las mercancías de consumo, necesarias e imprescindibles para la vida y su reproducción social. Esto es, para la satisfacción de necesidades básicas que forman parte de la reproducción de la fuerza de trabajo (tales como la energía o el gas en los hogares, o bien el uso del transporte público). Se manifiesta así una dife-rencia con los esquemas subsidiarios de las décadas previas a las privatizaciones (donde buena parte de los subsidios sólo se desti-naban a la recreación del capital industrial a través de la llamada promoción). A pesar de ello, debe resaltarse que el sistema tributario fun-

ciona como mediador en este contexto, ya que es, a través de su recaudación, el que financia los subsidios. La recaudación fiscal en Argentina no logra corregir la desigualdad, en buena medida debido a que su estructura recae fuertemente sobre los impues-tos al consumo, que pesan proporcionalmente en mayor medida sobre el trabajo (por eso incluimos una doble flecha desde la clase trabajadora hacia los impuestos, que indica su peso más que pro-porcional en relación al capital en el financiamiento del Estado). De esta manera, proporcionalmente el mayor sustento de los sub-sidios proviene de los sectores populares. En este escenario, des-de una lectura clasista, se hace necesario disputar la orientación del sistema tributario para revertir su carácter regresivo, evitando transferencias de ingresos del trabajo al capital y redireccionando estos recursos hacia las prioridades del conjunto trabajador.La clase capitalista, por su parte, manifiesta dos percepciones

de los subsidios, dependiendo de si se trata de las empresas pro-ductoras-proveedoras de estos servicios o bien si analizamos al resto de las fracciones del capital, que requiere de estas mercan-cías como insumos para la producción. Para el primer grupo, los subsidios forman parte de sus ingresos, lo que en definitiva no es otra cosa que la apropiación de valor generado en otro sector de la economía. Para el resto del capital, los subsidios representan un financiamiento estatal que abarata sus costos, permitiendo la re-creación de un escenario que garantice la acumulación de capital.Queda planteada así una re-esquematización del cuadro sub-

sidiario, donde se ponen de manifiesto sus implicancias para la lógica de la clase trabajadora y la capitalista. Hemos estudiado que para lograr una visión que se muestre superadora de las más


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difundidas actualmente es necesario pensar en las implicancias que las políticas económicas tienen para las clases sociales y, en la medida de lo posible, trazar interpretaciones útiles para oponer a la economía política del capital una economía política del trabajo.


En el presente trabajo hemos mostrado la relevancia del régimen de subsidios a los sectores económicos en la Argentina de la post Convertibilidad, hecho que se manifiesta a partir de un creciente peso tanto en dólares corrientes como en su participación en el PBI de estas erogaciones. Los principales rubros subsidiados han sido el sector energético y de transporte, dos precios claves tanto para la producción de mercancías como para la reproducción de la vida del conjunto de la sociedad.A la luz de este aspecto, hemos ensayado una relectura de los

subsidios poniendo por delante las implicancias de clase que esta política conlleva. Para ello, requerimos de un andamiaje teórico fundado en: la necesidad de oponer a las interpretaciones eco-nómicas del capital visiones desde una economía política de la clase trabajadora (Lebowitz) y la discusión, desde la idea del doble carácter de las mercancías, sobre la dinámica de lucha que las mismas mercancías asumen en el sistema capitalista (Cleaver).A partir de la recuperación de estos conceptos, hemos buscado

delinear una interpretación de esta política que asuma su com-plejidad: mientras para la clase trabajadora los subsidios han permitido una transferencia de valor que garantizó el acceso a mercancías imprescindibles para su reproducción social (valores de uso), para el capital estas transferencias han representando el financiamiento de mercancías (valores de cambio) directo (en el caso de empresas prestadoras-proveedoras) o indirecto (resto del capital) de sus ganancias.Por último, hemos señalado la importancia del origen del fi-

nanciamiento de estas transferencias, sustentado en buena medida por la clase trabajadora a través de un sistema tributa-rio regresivo.El análisis del trabajo nos invita a repensar esta política como

una importante disputa sobre el futuro del modo de acumu-lación de capital y de reproducción de la fuerza de trabajo en Argentina:


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• Para el capital proveedor-prestador (empresas productoras o distribuidoras de los servicios públicos y el transporte), los sub-sidios siguen financiando sus ganancias en forma directa, por lo que también se ven favorecidos. Sin embargo, la liberación de las tarifas les permitiría una importante transferencia de ingresos, con la opción de recuperar precios relativos en relación al resto de los sectores del capital, lo que explica el llamado, desde la ortodo-xia económica, al “sinceramiento” de las tarifas.• Para el resto del capital, los subsidios operan como una transfe-

rencia (en buena medida sostenida por la clase trabajadora como consecuencia de un sistema tributario regresivo) que les permite abaratar costos y por ende recrear sus ganancias en un contexto inflacionario. Por lo tanto, diversos sectores, fundamentalmente ligados a la industria manufacturera, se han visto beneficiados con esta política y promueven su sostenimiento.• En contraste, la clase trabajadora, si bien beneficiaria de una

contención del nivel de precios generales para su reproducción social, se ve limitada en su lucha por redireccionar el gasto pú-blico en otras áreas que la beneficien y no financien simultánea-mente al capital. A partir de lo expuesto, en el intento de pensar una economía

política de la clase trabajadora que surge de esta lectura, se ma-nifiesta el desafío de poner en la agenda de debate la necesidad de redefinir estas políticas en la clave de “desmercantilizar” estos servicios. Ello implica abandonar la búsqueda de la rentabilidad en materia de transporte y energía (pensando su prestación al margen de la ganancia para el capital) y reposicionarlos como de-rechos sociales básicos. La creciente masa de recursos públicos que se utilizan para solventar los subsidios podría reemplazar-se por otros destinos que demandan los sectores populares. La lucha para que prime esta perspectiva habilita la posibilidad de que el Estado (con diversos mecanismos de participación social) asuma el rol de garante permanente del acceso a servicios públi-cos, soberanía alimentaria, bienes culturales y otros que la clase trabajadora requiera para el desarrollo de sus potencialidades. Es esta la economía política que la clase trabajadora, a través de la cooperación en la gestión y orientación de estos bienes y servicios, puede oponer a la del capital.Sólo la dinámica de la lucha por estas políticas nos dará un

veredicto.


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La política monetaria como mecanismo de distribución del ingreso. Una comparación entre la Argentina de la Convertibilidad y la post-Convertibilidad

Pablo Ignacio Chena * 1. Introducción

La hipótesis central del presente artículo es que el diseño institu-cional del régimen monetario es un reflejo de los mecanismos de apropiación del ingreso que tienen los grupos dominantes en las economías de mercado. Esto implica un distanciamiento sustan-cial respecto de la teoría económica tradicional que señala al pro-greso técnico (y su dinámica microeconómica) como la principal causa de la desigualdad social a nivel nacional e internacional, a través de sus efectos en las productividades laborales relativas. Por el contrario, para el abordaje teórico regulacionista presenta-do aquí la distribución del ingreso tiene determinantes esencial-mente políticos, que se reflejan luego como pactos constitutivos del orden monetario y que, posteriormente, se trasladan al siste-ma económico a través de la unidad de cuenta y del racionamiento selectivo del crédito.El artículo se estructura en seis secciones aparte de la presen-

te introducción. La sección II tiene como objetivo desarrollar un enfoque que explicite los efectos reales de la moneda sobre los ingresos en las economías de mercado. Para esto se presenta en forma resumida el enfoque monetario regulacionsta propuesto por Michel Aglietta y André Orléan en 1990 y 2002, en el cual se destaca el rol social de la moneda y sus avances respecto de las visiones anteriores. A partir de allí se pueden extraer dos grandes regímenes monetarios teóricos puros (el régimen fraccionado y el

* Doctor en Economía de la Universidad de Picardie Jules Verne (Francia) y Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Docente en las Universidad Nacionales de La Plata y Lomas de Zamora. Correo electrónico: [email protected]


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régimen homogéneo). Luego, los sistemas monetarios reales pue-den verse como una combinación jerarquizada de ambas abstrac-ciones teóricas. Las secciones posteriores son esencialmente empíricas y exa-

minan la evolución del régimen monetario argentino durante la Convertibilidad y la post-Convertibilidad a la luz de este nuevo esquema teórico. El objetivo en este caso es analizar en detalle la arquitectura institucional del orden monetario y su consecuente evolución tanto en la etapa neoliberal (sección III) como en los mo-delos de política económica posteriores al abandono de la ley de Convertibilidad, caracterizados como el neo-mercantilismo (sec-ciones IV) y de disputa por la unidad de cuenta entre el capital y el trabajo (sección V). Por último, en la sección VI se exponen las principales reflexiones que deja este trabajo.

2. La violencia de la moneda. El enfoque de Michel Aglietta y An-dré Orléan

Con el antecedente cercano de los marxistas no ricardianos, Aglietta y Orléan escriben en 1982 La violencia de la moneda, un estudio sistemático de los efectos que la misma tiene en la con-figuración de las economías de mercado. La obra comienza con el rechazo de la teoría objetiva del valor (en donde el mercado es el lugar de intercambio de mercancías que son cualitativamente diferentes, pero que tienen una equivalencia en términos de canti-dad de trabajo ), como así también de la teoría neoclásica del valor (en la cual los individuos libres y racionales, que poseen un con-junto de preferencias establecidas previamente, definen el valor de las mercancías maximizando la utilidad por medio del intercambio de bienes, hasta igualar las tasas marginales de sustitución entre cada mercancía). A partir de allí, los autores desarrollan un enfoque alternativo

sobre la determinación de los precios relativos, que se caracteriza por reemplazar a cualquier “patrón invariable” para medir el valor en las transacciones económicas, por el deseo de acaparamiento recíproco, que hace que, finalmente, el más fuerte imponga el va-lor económico de mercado. Con este fin, el análisis microeconómico del individuo racional y

soberano de la teoría individualista de la utilidad-escasez es re-emplazado por personas que se relacionan con otros para saciar sus deseos de acaparamiento. Partiendo de la premisa de que es

La política monetaria como mecanismo de distribución

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ilegítimo suponer que existe un campo de relaciones económicas independientes del resto de las relaciones humanas, estos auto-res fundan la relación de intercambio en el deseo recíproco de reconocimiento, propio de los individuos socializados, y no en una sustancia metafísica y/o abstracta como el trabajo o la utilidad. En el análisis de los intercambios, la teoría del valor objetivo o

subjetivo es reemplazada por la hipótesis del deseo mimético (Gi-rard 1972). Según la cual, el valor de cambio de los bienes en el mercado representa para cada sujeto un obstáculo que los rivales colocan frente a su deseo adquisitivo, en un juego esencialmente violento. En la teoría neoclásica del equilibrio general, la equivalencia en-

tre valores de cambio se logra por medio de un subastador invi-sible y neutral que centraliza las demandas y ofertas a diferentes precios en cada uno de los mercados, hasta hacerlas coincidir en forma simultánea. En la teoría clásico-ricardiana, esta equivalen-cia se logra con el concepto de trabajo homogéneo, a través del cual se eliminan las diferencias entre los trabajos particulares, que surgen de la división social, y se crea un sistema generaliza-do de equivalencias en dicha unidad de medida. En la teoría de Aglietta y Orleán, la idea de que en los intercambios se transan valores equivalentes es reemplazada por un juego violento donde cada oferente intenta imponer sus propias equivalencias al resto (valores relativos), lo que lleva a una violencia competitiva en torno a los intercambios. En este escenario de rivalidades, la moneda surge como un término externo y mediador que permite definir las equivalencias.En este enfoque la institución de la moneda surge porque la di-

námica violenta que plantea la socialización a través del mercado lleva a una polarización mimética.1 Lo cual hace converger todos los deseos de riqueza en un mismo objeto, elegido primero y luego excluido del consumo, para constituirse en un equivalente donde pueden reverenciarse los valores del resto de los bienes. A través de este proceso el objeto elegido logra un estatus de institución reconocida y legitimada socialmente, denominado: moneda. En la incertidumbre, cada actor mira a los otros para descubrir

los objetos que buscan y desearlos también. Una vez alcanzada la unanimidad en cuanto a la creencia sobre la definición de mone-

1 “la mímesis designa ese estado de incompletitud del individuo, de ausen-cia total de cualquier racionalidad referencial, que conduce al individuo a desear lo que el otro desea”…”el objeto elegido por ese proceso mimético se convierte en lo deseable absoluto” (Aglietta y Orléan 1990, 90-91).


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da, como forma socialmente reconocida de la riqueza, el proceso mimético se reproduce en el tiempo mecánicamente y en forma acumulativa. Finalmente, esto refuerza la creencia sobre la natu-raleza social de la moneda y el valor. “Es la violencia misma la que termina por designar el valor de los objetos. Entre más es envidia-do el objeto más es deseable” (Aglietta y Orléan, 1990: 92). En su análisis sobre la génesis del dinero, Marx (1994) establece

tres formas (o momentos) del valor: La primera es la forma simple entre dos mercancías, en la cual el valor de “la primera” de ellas se expresa en términos de “la segunda” (forma relativa del valor), mientras que “la segunda” posee un valor de uso que sirve como material de la expresión de valor (forma equivalente del valor). De esta forma, el autor destaca la contradicción que significa que “la primera” no pueda expresar su valor por si misma (principio de no-reflexividad) sino que se materializa sólo en relación con “la segunda”.Luego, estas formas simples de expresión relativa del valor se

extienden a todos los bienes y permiten establecer el valor de cada una de las primeras mercancías en términos de todas las segun-das, estableciendo un conjunto de formas equivalentes generales posibles, en lo que Marx (1994) llama la forma expandida del valor. Finalmente, para este autor el mundo de las mercancías termina por excluir una sola de ellas del intercambio para establecer una forma social única y general del valor (forma monetaria), a través de la cual todas las demás expresen su valor relativo.Aglietta y Orléan se nutren de este esquema general de Marx

para explicar la génesis de la moneda pero, a diferencia de este último, parten de la base de que el orden social está fundado en la violencia y que, en realidad, el origen de la moneda como me-canismo de cohesión social surge de tres formas de violencia que son características de las sociedades mercantiles: 1) la violencia esencial (FI), que surge de la confrontación del sujeto y el rival sobre el objeto (asimilable a la forma simple del valor); 2) la vio-lencia recíproca (FII), que deviene de la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre la valuación del los objetos que sus poseedores desean convertir en valor de uso (confrontable con la forma expan-dida del valor); y 3) la violencia fundadora, que define el objeto que será excluido del intercambio para socializar por este medio a los rivales (comparable con la forma social general del valor) En resumen, para estos autores, al igual que para Marx (1994),

lo que permite que un objeto se convierta en moneda no son sus cualidades materiales, sino el hecho de que sea aceptado por to-


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dos como expresión de la riqueza. Es moneda lo que todo el mun-do cree que es moneda. La naturaleza particular del objeto consi-derado juega un papel secundario.Luego, la función de la moneda como unidad de cuenta permite

que cada mercancía se exprese en un espacio homogéneo y que las características cualitativamente distintas de cada una se con-viertan en diferencias cuantitativas. A partir de allí, los éxitos y fracasos en términos de estrategias de acaparamiento de riqueza se reflejan en diferencias numéricas sobre el precio de oferta de los bienes (valores) que cada agente posee. Por medio de estos mecanismos el individuo aspira, en última instancia, al reconoci-miento social.En un mundo donde los precios se definen por convenciones ges-

tadas en la violencia: La finalidad a la que tienden los agentes es límpida: apropiarse de

lo que el otro posee….Los determinantes de tal éxito residen en la capacidad [o poder] de un grupo de agentes para hacer converger la mímesis en su modelo de crecimiento. Este se adapta lo más es-trechamente posible a sus intereses privados tal como pueden ser percibidos. Funda, entonces, una jerarquización en la cual las mo-dalidades sociales de valorización se calcan sobre las suyas [confor-mando un poder hegemónico]. (Aglietta y Orléan 1990, 188). En este contexto violento, la moneda es el instrumento que la so-

ciedad utiliza parar asignar valor a las personas, cosas, símbolos, actos, derechos y obligaciones (Theret 2007). Para poder cumplir con su función se basa en tres formas de confianza que Algietta y Orleán (2002) definen como: la confianza metódica, que revela el comportamiento mimético por el cual la moneda es aceptada por unos simplemente porque otros lo hacen. La confianza jerárquica, que deviene del hecho de que la misma esta garantizada por un poder soberano y, finalmente, la confianza ética en las normas y valores que aseguran la reproducción social. Como lenguaje social, la moneda crea un velo sobre las verdade-

ras relaciones de poder representadas en los compromisos políti-cos que dan origen a determinado régimen monetario, que en su dimensión simbólica oculta las verdaderas relaciones de domina-ción que existen detrás de las equivalencias diseñadas en el siste-ma de precios relativos. Son entonces dos grandes funciones de la moneda las que se disputan en el juego político de intereses a la hora de constituir el régimen monetario, por un lado, la definición de la unidad de cuenta,2 que estructura el sistema de precios re-

2 “El sistema de cuenta, como un sistema simbólico de signos, refunda la fe


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lativos en favor de los intereses dominantes y, por otro, la regula-ción jurídica de la regla de creación distribución y destrucción del dinero, lo cual permite asignar de manera discrecional el poder de compra (Théret 2007). 3 En este contexto, la función propiamente económica de la moneda es identificada en su propiedad de ins-trumento de pago, ya que a este nivel la moneda funciona como mercancía y permite, por lo tanto, saldar o refinanciar deudas. Una vez estructurado el régimen monetario, las personas expresan

su confianza en la moneda a través de la utilización rutinaria de los signos monetarios (confianza metódica), demostrando su confian-za en las instituciones monetarias que la regulan (confianza jerár-quica) y como reflejo de un orden social vigente (confianza ética). La confianza en el régimen monetario es, finalmente, producto del capital simbólico que expresa la hegemonía de un poder que define cuales serán los equivalentes cuantitativos que enunciaran las dife-rencias cualitativas en un espacio político-económico determinado. En la medida en que la gestión de la moneda aparece como un

asunto puramente técnico, la confianza metódica y ética ocultan la verdadera forma en la cual el régimen monetario influye en la distribución del ingreso.4 En este contexto, la violencia simbólica se ejerce con el objetivo de organizar la diferenciación entre los in-dividuos en el acceso desigual a los medios de pagos, sea por me-dio de las diversas formas de crédito, el salario directo e indirecto u otra forma de remuneración al trabajo (Marques-Pereira 2007).

2.1. El acceso selectivo a la moneda como mecanismo de redistribución de ingresos. Las diferentes morfologías de los sistemas monetarios.

Así como para estudiar la importancia que tiene la violencia adqui-sitiva como mecanismo de formación de los precios relativos en los mercados, Aglietta y Orléan (1990, 2002) comienzan por rechazar las teorías objetiva y subjetivas del valor; para comprender la im-

social de la nación en los principios de los valores individuales.” (Marques-Pereira 2009: 11)

3 En la lucha de hegemonías, los grupos dominantes validan hacia el resto de la sociedad sus convenciones de valores y precios utilizando el argumento de un orden natural y justo. Cada grupo de poder elabora su propia concepción del orden natural, dando origen a tantas políticas económicas como estrategias de dominio.

4 Este “velo”, que cubre los verdaderos intereses detrás del régimen mone-tario, se rompe en los momentos de crisis monetarias, hecho que se pudo observar en el caso de la crisis del regimen de Convertibilidad en Argentina durante los años 2001-2002 (ver sección sección IV)


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portancia del crédito en la distribución del ingreso, los autores se apartan de la concepción neoclásica de la economía de mercado (en la cual los individuos ejercen su plena libertad para satisfacer sus deseos de consumo de mercancías siguiendo la ley de la utilidad marginal decreciente5) y, en su lugar, proponen un escenario en el cual los individuos se encuentran solos, deseosos de reconocimien-tos sociales y agobiados por la incertidumbre radical que genera la posibilidad de no tener dinero para comprar en el mercado los bie-nes de subsistencia y/o de estatus social que pretenden. Como corolario de esta concepción diferente que tienen los au-

tores mencionados sobre los motivos por los cuales las personas demandan bienes, surge que la acumulación de riqueza es inde-pendiente de la utilidad actual que esos bienes generan y, por lo tanto, no existe ningún mecanismo interno al sistema que evite la desigualdad creciente en la apropiación de los ingresos. En este contexto, el sistema financiero lejos de ser un simple intermedia-rio que canaliza fondos de aquellos que ahorran para disponerlo en manos de los que invierten, es el instrumento que restringe las posibilidades de expansión de ciertos sectores, a través del racio-namiento selectivo de los créditos y de la restricción de pago al contado. En palabras de Aglietta y Orléan:No cualquier modificación de las relaciones de propiedad y de la

división del trabajo es compatible con la constricción monetaria que especifica esta organización, las normas que de ahí provienen inmovilizan las relaciones de poder y bloquean el desarrollo de las nuevas relaciones sociales en germen en la economía. Estas quisieran remodelar en su provecho la división del trabajo, pero de hecho se revelan incompatibles con la reproducción del mode-lo de crecimiento prevaleciente. Esta remodelación requiere de la formación de nuevas relaciones sociales que prohíben las normas dominantes (Aglietta y Orléan, 1990: 128-129). Como se explicitó anteriormente, la moneda regula la equivalen-

cia entre mercancías por medio de un proceso coercitivo que im-plica someter los proyectos de valoración privados a una norma central. En este espacio homogéneo todos los derechos son exi-

5 El supuesto de la utilidad marginal decreciente es importante porque es el que garantiza que cada persona frene el deseo de acaparamiento de objetos en el momento en el que rinden una satisfacción personal igual o menor al sacrificio que deben hacer para adquirirlos. En otras palabras, dicho supuesto es el mecanismo de regulación social que tiene el esquema marginalista para la repartición de los bienes a través del mercado, en reemplazo de las solidaridades que plantean otros sistemas sociales de distribución del ingreso alternativos.


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gidos y cumplidos en moneda como representación absoluta de la riqueza. La herramienta coercitiva principal que tiene el poder central para controlar a las unidades privadas, en función de sus propios intereses, es la restricción de pago al contado o norma monetaria. La unidad económica que no pueda validar socialmen-te sus autodeclaraciones de precios, para hacer frente a la norma monetaria, corre riesgo de desaparecer o ser absorbida por otra. 6

En este sentido, Guttman (1996) señala que la moneda, a través de sus modalidades de creación y de circulación, es una de las principales instituciones que dan forma al modo de regulación7 y, consecuentemente, al régimen de acumulación8. Por este motivo, la teoría de la regulación presta particular atención a la regla o norma monetaria que fija la condiciones de emisión, la organización del sistema de pagos y los circuitos de circulación de las diferentes formas monetarias. En otras palabras, la regla monetaria que, como se señaló antes,

define en gran medida las posibilidades de financiamiento que tiene una actividad productiva, está sujeta a configuraciones institucio-nales específicas referidas a: 1) la creación de dinero por parte del Banco Central (o política monetaria), 2) los mecanismos de presta-mos de ultima instancia en casos de crisis financiera y 3) las reglas de transferencias financieras entre países. La combinación de estas disposiciones constituyen lo que se llama el régimen o sistema mo-netario (Guttman, 1996).

6 “En las reglas monetarias se observa un proyecto social global, en donde el lugar de cada uno está determinado y los objetivos a alcanzar están fijados… La confianza ética tiene por fundamento la adhesión colectiva a este proyecto y es la base de acción del Banco Central como garante simbólico de la moneda de reserva.” (Aglietta y Orléan 2002, 116)

7 La teoría de la regulación define como Modo de Regulación al: “conjunto de procedimientos y comportamientos individuales y colectivos que tienen la pro-piedad de: 1) reproducir las relaciones sociales fundamentales por medio de la con-junción de formas institucionales históricamente determinadas; 2) sostener y “pilo-tear” el régimen de acumulación vigente y 3) asegurar la compatibilidad dinámica de un conjunto de decisiones descentralizadas, sin que sea necesaria la interioriza-ción por parte de los actores económicos, de los principios de ajuste del conjunto del sistema, (Boyer 2007: 63)

8 La teoría de la regulación define como Régimen de Acumulación: “Al con-junto de regularidades que aseguran una progresión general y relativamente cohe-rente de la acumulación de capital, es decir que permite reabsorber o extender en el tiempo las distorsiones y desequilibrios que nacen permanentemente en el mismo proceso” (Boyer 2007: 63).


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En base a lo anterior, Aglietta y Orléan (1990, 2002) caracterizan a los sistemas monetarios teóricos a partir de dos modelos puros y extremos que sirven de base para especificar las lógicas polares entre las cuales tienden a oscilar los sistemas reales: el sistema homogéneo, en el cual un instituto centralizado garantiza el fi-nanciamiento a toda la actividad productiva, y el sistema fraccio-nado, donde el financiamiento se realiza exclusivamente a través de mercados privados de crédito.En este contexto, los regímenes monetarios reales son sistemas je-

rarquizados que funcionan con una moneda central, jerárquicamente superior, que fija la regla de convertibilidad para el conjunto de las monedas privadas que circulan simultáneamente. 9 Dicha regla de conversión es importante porque define el espacio mercantil a través de un criterio unificado que arbitra el conflicto entre los acreedores y los deudores. Respecto de la relación entre los sistemas jerarquizados y los sistemas teóricos puros, Aglietta y Orléan señalan que:Contrariamente al sistema homogéneo, el sistema jerarquizado per-

mite el desarrollo de numerosas monedas privadas10. Pero este no se deja, como en el caso del sistema fraccionado, al arbitrio de las relaciones privadas. La extensión relativa de esos diversos circuitos monetarios está también regulada por normas centrales. Estas tie-nen un carácter altamente selectivo: animan el desarrollo de ciertos activos cuando otros se ven fuertemente constreñidos (Aglietta y Or-léan 1990: 127).En el sistema fraccionado, el financiamiento se instrumenta por

medio de un contrato privado que representa el poder de negociación de ambas partes. En el otro extremo, el sistema homogéneo regu-la esta discrecionalidad al centralizar el financiamiento en el Banco Central que, como intermediario, transforma la constricción de pago al contado y limita el poder del acreedor sobre el deudor al fijar el nivel de reservas bancarias y su costo. En este último caso, la au-toridad monetaria adapta el financiamiento a las necesidades de las fuerzas productivas para evitar que la voluntad de acaparamiento de los acreedores vaya en contra de la generación de riqueza social.11

9 Esta regla de convertibilidad hace de las monedas nacionales monedas autoreferenciales, en tanto forma peculiar de expresión abstracta del valor que no está referenciada a los metales. Concretamente, significa que la unidad de cuenta se define por el pasivo de los Bancos Centrales (Thèret, 2007).

10 Tal hecho remite a la mutiplicidad de monedas bancarias cuya convertibi-lidad está garantizada por las reservas del Banco Central

11 “Desde este punto de vista la moneda homogénea es la forma monetaria abstracta cuya naturaleza es la más adecuada a la expresión de las solidaridades


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Sin embargo, el sistema homogéneo encuentra sus límites cuan-do quita a la moneda su función de transferir derechos de pro-piedad. Llevado al extremo, la financiación central de los déficits genera una cantidad cada vez mayor de efectivo en manos de los acreedores sin incrementar, paralelamente, el poder económico de los mismos. Dicho comportamiento pone en duda a la institución de la moneda como símbolo y representación de la riqueza social, generando un proceso inflacionario que tiende a acelerarse en el tiempo (Aglietta y Orléan 1990).Todo régimen monetario comienza con la definición de la norma que

establece, convencionalmente, el horizonte económico estimado en el cual se supone que maduran las inversiones. Los acreedores bus-can que el mismo tienda a cero, para poder acaparar rápidamente la propiedad del deudor. Mientras que los demandantes de fondos pre-tenden que sea infinito, para evitar cualquier restricción de solvencia o liquidez en la reproducción de su capital. Si el sistema monetario se inclina hacia los primeros, el horizonte económico impuesto a los inversionistas tiende a cero y la restricción de liquidez se hace cada vez más severa. Si son los segundos quienes imponen su posición, el horizonte económico tiende a infinito y los reembolsos son posterga-dos con refinanciamientos del Banco Central (cuadro 1). En la puja por la definición de la regla monetaria, el deseo de

redistribuir la propiedad privada entre deudores y acreedores ten-siona permanentemente las convenciones difundidas en el mar-co institucional. Las crisis financieras expresan justamente ese momento donde las viejas reglas son desafiadas y la moneda se convierte en un instrumento de propagación de los conflictos por la apropiación de la producción social, modificando las jerarquías financieras que mantenían el antiguo orden monetario.En este contexto, la inflación representa la tensión entre los in-

tereses hegemónicos, que intentan reproducirse y socializar las pérdidas a través de la monetización de sus déficits, y un nuevo grupo de poder que emerge con lazos sociales diferentes y con la intención de redistribuir la propiedad privada a su favor con otro modelo de crecimiento. Al final, el sistema se estabiliza cuando la desvalorización del capital recae, luego de diversas acciones y re-acciones, sobre las capas sociales que no pueden defenderse y se reestablecen ciertas hegemonías.Inversamente, la deflación no coloca en duda la capacidad de la mo-

neda de representar la riqueza, sino que, por el contrario, expresa el deseo exacerbado de conservar dinero como reserva de valor a causa de

productivas.” (Aglietta y Orléan 1990, 102)


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la incertidumbre. En este escenario, los acreedores tienen el poder para exigir el cumplimiento masivo de sus derechos financieros a los deudo-res y estos últimos no encuentran en el Banco Central posibilidades de refinanciamiento. La restricción de pago al contado obliga a los morosos del sistema a liquidar rápidamente sus activos haciendo caer los precios para aumentar el rendimiento. La restricción de liquidez se convierte lentamente en una restricción de solvencia, a medida que los pre-cios de las mercancías disminuyen y el peso real de la deuda finan-ciera aumenta. La crisis finaliza cuando el traspaso de propiedad privada de deudores a acreedores cambia el modelo de crecimiento. La estabilidad monetaria se logra cuando se equilibran las funciones

de la moneda como bien social y como vector de transferencia de la propiedad. Entonces, se puede afirmar que no existe una receta única para obtener un régimen monetario equilibrado. El resultado final va a depender de la coherencia entre la correlación de fuerzas políti-cas, los intereses en puja, las posibilidades de inversión que el hori-zonte económico permite y la configuración del mercado de trabajo.

Cuadro 1. Resumen de las principales características teóricas de los sistemas monetarios fraccionados y homogéneos

Fuente: elaboración propia en base a Aglietta y Orléan (1990, 2002)


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Como es observa, el presente marco teórico rompe con la se-paración entre la economía y la política, para poner la lupa so-bre la importancia de los acuerdos distributivos en la evolución de la distribución del ingreso. Dichos acuerdos, gestados en la política y reflejados luego en el sistema de precios relativos y en el crédito, gestionan la distribución del ingreso en tanto variable determinante de las productividades laborales dentro del sistema económico. A continuación se analiza, a la luz de este esquema conceptual, la lógica detrás del diseño institucional que se reflejó en el régimen de Convertibilidad y en los diferentes esquemas de política monetaria que caracterizan la post-Convertibilidad, para mostrar la lógica detrás de los intereses políticos que diseñaron el orden monetario

3. La Convertibilidad como expresión de un régimen monetario jerárquicamente fraccionado

La presente sección utiliza el enfoque monetario propuesto para mostrar que las transformaciones observadas en la morfología ins-titucional acaecidas durante la Convertibilidad y la post-Conver-tibilidad reflejan, en el primer caso, el dominio político-ideológico del capital financiero internacional, mientras que en el segundo son la consecuencia, en un primer momento, del dominio del ca-pital industrial, y luego, con la llegada de Néstor Kirchner a la pre-sidencia, de la disputa entre estos grupos concentrados y la clase trabajadora que adquiere una participación creciente en la en la conformación del compromiso distributivo constitutivo del nuevo orden monetario. A nivel teórico se destacó que la definición de la unidad de cuenta

es la variable que organiza el sistema de precios relativos y coordi-na las decisiones individuales y colectivas en los mercados. Como consecuencia, el nivel de legitimidad social que la misma posea determina finalmente el grado de intercambio en los mercados. Es fácil deducir de aquí la importancia que tiene, para cualquier blo-que que aspire ser hegemónico, fijar un sistema de cuentas único y confiable que determine el equivalente en dinero de los bienes y servicios a comercializarse. Marques-Pereira (2009) señala que existe una relación dialéctica

entre el régimen monetario y los acuerdos políticos constitutivos del mismo. Desde este enfoque, la combinación de política econó-


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mica adoptada debe ser considerada como una acción política del gobierno con el objetivo de generar los acuerdos explícitos necesa-rios en diversas áreas (como la sindical, fiscal, etc.), con el objetivo de redistribuir el ingreso de una determinada manera. Cuando un acuerdo político de intereses aspira a posicionarse

como dominante promueve una definición determinada de la uni-dad de cuenta. Técnicamente, esta definición se institucionaliza en un determinado régimen de emisión monetaria y de tipo de cambio. A partir de allí, este nuevo lenguaje se extiende a través de los mercados como un sistema generalizado de comunicación al resto de la sociedad. Sin embargo, la nueva propuesta hege-mónica puede ser reforzada por la aceptación social, a través de una mayor cantidad de intercambios de mercancías, o puede ser rechazada (total o parcialmente), generando una fuerte inestabi-lidad en el sistema monetario. En este último caso, la falta de hegemonía política se refleja en múltiples unidades de cuenta12 (y sistemas de precios relativos) que operan simultáneamente en diferentes esferas de la vida económica sin consolidar un compro-miso distributivo de mediano y largo plazo.A comienzos del régimen de Convertibilidad, la fijación del tipo

de cambio en un peso igual a un dólar buscó restaurar la unici-dad del sistema de cuenta (perdido en la década previa de hiper-inflaciones), a través de la creencia de que colocando en paridad la moneda doméstica y el dólar se iba a “importar” la confianza que existía en esta última, respecto a su función de unidad de cuenta y reserva de valor. Para ganar la adhesión colectiva a esta propuesta se apeló a un discurso que reforzaba la confianza en los valores éticos y sociales del liberalismo. “Mas precisamente, pode-mos decir que el discurso se basó en la necesidad de restaurar la nación, por medio de una sociedad de mercado capaz de aprove-char la globalización con una moneda cuya calidad es igual a la del dólar” (Marques-Pereira 2009: 8)La propaganda a favor del régimen de Convertibilidad y del in-

greso de capitales internacionales se validó en dos argumentos básicos. El primero era que los episodios de elevada inflación (y de hiperinflación) acaecidos durante la década de los 80s tuvieron sus orígenes en gobiernos irresponsables que provocaban des-ajustes fiscales que luego los financiaban con emisión monetaria. El segundo era que en los países subdesarrollados, caracterizados

12 Ejemplo de esto son las múltiples indexaciones de precios propias del ré-gimen de alta inflación en la década del ochenta o, más recientemente, los bonos públicos indexados al PBI y al CER (Marques Pereira, 2007)


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por una historia de elevada inflación e instituciones económicas débiles, la única forma de generar confianza en la moneda (y por lo tanto entrada de capitales financieros internacionales) era a tra-vés de un tipo de cambio fijo, junto con un compromiso monetario estricto (caja de conversión), acompañado por una reforma estruc-tural que “pusiera en caja” al gran culpable de la inestabilidad: el Estado populista (Pérez-Caldentey y Vernengo, 2007).En términos institucionales, el primer paso para imponer como

hegemónico el compromiso distributivo a favor del capital finan-ciero se estructuró y consolidó a través de la ley de Convertibi-lidad, cuyo principal objetivo era limitar la capacidad de la au-toridad monetaria para actuar como mediador entre los poderes asimétricos del deudor y el acreedor. Esto se reflejó claramente en la nueva normativa que exigió al Banco Central de la Repú-blica Argentina (BCRA) que cumpla un papel circunscripto al de una de Caja de Conversión de dólares a pesos (al tipo de cambio establecido de un peso argentino igual a un dólar estadouniden-se), eliminando por completo su función de prestamista de última instancia. En este sentido, el artículo 4 de dicha ley señalaba: “En todo mo-

mento, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras, serán equiva-lentes a por lo menos el Ciento por Ciento (100%) de la base mo-netaria.” (Ley Nº 23.928/91 art.4). Por otra parte, otorgaba a los mercados financieros el poder para dictaminar el valor de las pro-pias reservas monetarias del Banco Central (y por lo tanto el poder necesario para desestabilizar el régimen en caso de ser necesario): “Cuando las reservas se inviertan en depósitos, otras operaciones a interés, o en títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su computo a los fines de esta ley se efectua-ra a valores de mercado” (Ley Nº 23.928/91 art.4). La Carta orgánica del Banco Central sancionada en 1992 (Ley

Nº 24.144) fue también un claro ejemplo de la consolidación del sistema fraccionado al otorgar al BCRA la función exclusiva de preservar el valor de la moneda como reserva de valor, unidad de cuenta e instrumento de pagos (artículo 3º) y el de “propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales” (art. 4 inciso e), eliminando así cualquier objetivo de política monetaria relacionado al desarrollo de las fuerzas productivas. Para mayor seguridad, la carta orgánica buscó independizar al Banco Central de un posible poder político futuro que, desde la presidencia de la


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Nación, incline los beneficios a favor de los deudores: “En la for-mulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.”(Ley Nº 24.144 art.3).Otro reflejo de esta hegemonía fue, por un lado, la prohibición

expresa a que el BCRA fije cualquier tipo de subsidio a la tasa de interés y, por otro, el establecimiento de estrictas relaciones téc-nicas de liquidez y solvencia para las entidades financieras (Ley Nº 24.144 art.14 incisos c y d). Lo anterior se complementó con la autorización para que el BCRA tome créditos del exterior y reciba depósitos en moneda nacional o extranjera (Art. 18 incisos b y f).Por otra parte, para que el gobierno (como principal deudor del

sistema) no pueda recurrir a la autoridad monetaria para definir un horizonte de financiamiento y un costo financiero que evite la usura en la fijación de la tasa de interés, la carta orgánica expresaba en su artículo 19 que: “queda prohibido al BCRA: a) conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades, excepto lo prescripto en el artículo 20; y b) garantizar o endosar letras y otras obligaciones del gobierno nacional, de las provincias, municipalidades y otras instituciones públicas”. En este sentido, se establece en el artículo 20 que: “El BCRA sólo podrá financiar al gobierno nacional a través de la compra, a precios de mercado, de títulos negociables emitidos por la Tesorería General de la Nación. El crecimiento de las tenencias de títulos públicos del BCRA, a valor nominal, no podrá ser superior al diez por ciento (10 %) por año ca-lendario, ni superar el límite máximo dispuesto en el artículo 33.”13

Otro aspecto a enfatizar se encuentra en los privilegios impositi-vos que obtuvieron los acreedores de rentas financieras durante este período. En este aspecto se destacan:

• Las exenciones del pago de impuesto a las ganancias por los ingresos provenientes de intereses originados en depósitos en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro y a plazo fijo (Ley de impuesto a las ganancias 20628, texto ordenado Decreto Nº 649 de 1997); como también por las ganancias generadas en las tenencias de títulos públicos (intereses), de acciones de empre-sas locales que cotizan en bolsa (dividendos) y de obligaciones negociables en el caso de personas físicas (intereses).

13 Otra muestra del poder de los acreedores se refleja en la ley 24.485 que crea un sistema de seguro de garantía de depósitos bancarios para actuar de mane-ra subsidiaria y complementaria al sistema de protección establecido por la ley de entidades financieras. Dicha ley fe sancionada en 1995 luego de las pérdidas finan-cieras generadas por el efecto tequila en México.


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• Las exenciones del pago del impuesto a los bienes persona-les por la tenencia de títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los certificados de depósitos reprogramados (CEDROS), como así también por los depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en las instituciones comprendidas en el régimen de la Ley Nº 21.526, a plazo fijo, en caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro o en otras formas de captación de fondos de acuer-do con lo que determine el BCRA” (Ley 23966 sancionada en 1991)• La exención del pago del impuesto al valor agregado por de-pósitos en efectivo en moneda nacional o extranjera en sus di-versas formas, efectuados en instituciones regidas por la Ley Nº 21.526, por la negociación de acciones, obligaciones nego-ciables y títulos valores en general. A las exenciones anteriores se suman los intereses de títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, Provincias y Municipalidades (Ley N° 23.349 y sus modificaciones).14

Lo anterior permite visualizar el hecho de que utilizar el tipo de cambio fijo como ancla nominal para coordinar las expecta-tivas inflacionarias (y montar alrededor de esto un nuevo siste-ma de cuenta y de reglas de emisión monetaria) no es neutral en términos distributivos. Justamente, el disfrazar este tipo de medidas en un plan de estabilización de precios permitió cons-truir una representación colectiva que legitimó, en función de los principios liberales, las reformas que vendrían luego en la relación salarial.En definitiva, se puede decir que el régimen monetario de la Con-

vertibilidad es un buen ejemplo de lo que Aglietta y Orléan carac-terizan como sistema jerárquicamente fraccionado, ya que, como se aprecia, cumple con las propiedades resumidas en el cuadro 1 relacionadas con: 1) la no mediación del Banco Central en el financiamiento, 2) el objetivo de la política monetaria centrado en la lucha contra la inflación, 3) un rol preponderante de la moneda como vector de transferencia de la propiedad y 4) el priorizar los intereses del acreedor por sobre los del deudor (en este período el deudor fue fundamentalmente el Estado).

14 Es importante señalar que estos privilegios impositivos se mantienen prácticamente sin cambios en el periodo de la post-Convertibilidad.


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3.1- Los precios relativos y el crédito en el período de hegemonía del capital financiero

Previamente observamos que el acuerdo distributivo que dio inicio al neoliberalismo en Argentina consolidó el poder de los acreedo-res e intermediarios financieros por sobre los deudores, lo que se reflejó inmediatamente en los niveles tasa de interés real positiva y elevada que se registraron durante todo el período (gráfico 1). Sin embargo, la imposición hegemonía de la nueva unidad de cuenta (y de los nuevos precios relativos) no fue sencilla ni inmediata, los anuncios de desregulación y privatización del sistema bancario perjudicaban de manera significativa a los grandes grupos econó-micos locales, que históricamente se habían beneficiado del en-deudamiento barato obtenido en los bancos públicos (licuado lue-go por la inflación), como así también de la “patria contratista”.15 La reacción de dichos grupos no se hizo esperar y en 1991 se

produjo una corrida cambiaria contra el plan de la Convertibilidad que fue resistida con éxito por el BCRA con la venta de divisas. El entonces Ministro Domingo Cavallo denunció públicamente a los grupos económicos que estaban especulando con golpes de mer-cado en su contra e incluso, en declaraciones posteriores, habría de admitir que había logrado ganarle la pulseada a los grandes especuladores que quisieron desestabilizarlo desde el comienzo mismo de su gestión (Peralta Ramos 2007).En 1992 surgen también nuevos reclamos de pequeños empre-

sarios industriales y agropecuarios en contra de la apreciación cambiaria y de las elevadas tasas de interés reales vigentes. Sin embargo, Cavallo desestima estas reacciones destacando que: “Los empresarios que realmente tienen poder están votando a fa-vor del plan económico. Los que se desviven por criticar son los que menor poder tienen, si tienen poder real votarán en contra del programa a través de los mercados” (Peralta Ramos 2007: 332)Luego de estos y otros reclamos aislados, la nueva unidad de

cuenta se consolidó de manera hegemónica y los grupos locales finalmente se alinearon con los intereses financieros que respal-daban el nuevo sistema de precios relativos. Como bien señala Peralta Ramos (2007), en el menemismo no hubo corridas banca-rias ni hiperinflación porque los grupos poderosos se pusieron de acuerdo en apoderarse del ingreso nacional a través de la especu-lación financiera.

15 Se denominaba de esta manera a los negocios del capital nacional alrede-dor de los contratos del Estado para la prestación de servicios y la obra pública.


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La consolidación de la hegemonía del capital financiero se hizo evi-dente en las palabras del entonces Ministro de Economía Cavallo, que ante el reclamo de los industriales de la Unión Industrial Ar-gentina (UIA) por las elevadas tasas de interés vigentes respondió:

“Nadie va a resolver el problema de aquel que paga tasas de interés del 7% u 8% mensual. Ese empresario tiene que bus-car alternativas y actuar sobre los bancos y exigir condiciones diferentes. Además tienen a los bancos provinciales, inviten a los gobiernos a que los privaticen y busquen asociarse con esos bancos” (Cavallo 1992, citado por Peralta Ramos, 2007:331)

Gráfico 1: Evolución de la tasa de interés real trimestral para de-pósitos a plazo fijo (1991-2006)16

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República Argentina y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina.

Respecto a la distribución sectorial del crédito doméstico, duran-te la primera mitad del régimen de Convertibilidad la industria ma-nufacturera perdió acceso sistemáticamente al mismo, que pasó a estar en manos de los sectores del comercio y de la intermediación

16 La tasa de interés real se construyó con la tasa de interés nominal efectiva trimestral para depósitos a plazo fijo en pesos de 30 a 59 días, ajustada por la tasa de variación del índice trimestral de precios al consumidor.


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financiera. A partir de 1998, el crédito al sector privado disminuye sistemáticamente para concentrarse fundamentalmente en la es-peculación financiera alrededor de la deuda pública (gráfico 2). En esta última etapa, la apreciación del tipo de cambio real, el seguro cambiario que significaba la Convertibilidad monetaria, la libre movilidad de capitales y las elevadas tasas de interés pagadas por el Estado, configuraron un negocio financiero muy rentable.

Gráfico 2: Préstamos por sectores de actividad económica como porcentaje del total de créditos del sistema (1991-2008)

Fuente: Banco Central de la República Argentina

En definitiva, el modelo transfirió sistemáticamente ingresos desde los asalariados a los dueños del capital (la participación del capital en el PBI pasó del 33,7% en el año 1993 al 43,1% en el año 2000, según datos del INDEC) y del capital real al finan-ciero (que se reflejó en un incremento en la actividad financiera de un 73% como porcentaje del PBI entre el I trim. de1991 y el I trim. de 2001, mientras que la industria manufactura des-cendió su participación en el PBI un 34% en el mismo período, según datos del INDEC). Esto se tradujo en un comportamiento de los agentes económicos enfocado en cada vez más en la es-peculación financiera (Basualdo, 2000 y 2010). Paralelamente,


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a partir de 1998, los niveles de tasas de interés reales positi-vas y la recesión económica llevaron al Estado, junto a otros deudores del sistema, a una situación de fragilidad financie-ra creciente, en la cual cualquier intento de una política fiscal expansiva incrementaba los riesgos de ataques especulativos sobre la moneda.Como resultado, la nueva configuración institucional generó ci-

clos de crecimiento económico altamente inestables, caracteriza-dos por la apreciación cambiaria con inflación del valor de los activos que servían para garantizar el endeudamiento público y privado, elevadas comisiones cobradas por los intermediarios fi-nancieros, importaciones baratas, déficit comercial y endeuda-miento, pérdida de puestos de trabajo industriales, especulación financiera de corto plazo y dos crisis financieras.

3.2. Las tensiones monetarias de la recesión y la crisis del neolibera-lismo

Como se señaló en la sección teórica, en todo modelo económi-co el deseo de redistribuir la propiedad privada en un sentido u otro tensiona permanentemente las convenciones difundidas por el marco institucional. Las crisis financieras expresan ese momento de mayor conflictividad, donde las reglas monetarias (y el sistema de cuentas) son desafiadas y la moneda se convierte en un instrumento de propagación de las luchas por modificar la apropiación del producto social.La adhesión de las diferentes facciones del capital concentrado

nacional y extranjero a este modo de regulación17 se basó inicial-mente en las promesas de beneficios generadas por: 1) Las refor-mas estructurales pro-mercado de primera generación, basadas fundamentalmente en la reducción del tamaño del Estado a través de privatizaciones masivas de empresas públicas;18 y 2) Las refor-mas de segunda generación, enfocadas en la disminución de los impuestos patronales, la flexibilización laboral y la privatización del sistema previsional.

17 Ver en la introducción la definición de modo de regulación.18 Por intermedio de las privatizaciones el Gobierno puedo, por un lado,

otorgar nuevos espacios de rentabilidad para que los grandes capitales extranjeros y locales se establezcan y, por otro, generar los recursos necesarios para regularizar y pagar la deuda externa y generar confianza en los mercados financieros interna-cionales.


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Sin embargo, con la devaluación de Brasil en 1998, princi-pal destino de las exportaciones argentinas, la continuidad de los beneficios que otorgaba la nueva unidad de cuenta comen-zó a ser cuestionada de manera progresiva por el crecimiento sin control en la deuda pública y externa. La incertidumbre se agravó partir de 1999, cuando la recesión y posterior deflación expresaron el deseo colectivo exacerbado de conservar dólares como reserva de valor ante la incertidumbre sobre la continui-dad del modelo. En este escenario, los acreedores externos te-nían el poder para exigir el cumplimiento masivo de sus dere-chos financieros y los deudores (entre los que se destacaba el Estado) no encontraban en el Banco Central posibilidades de refinanciamiento. La restricción de pago al contado impuesta por la crisis final-

mente obligó a los deudores a liquidar rápidamente sus activos, haciendo caer los precios para aumentar el rendimiento por in-termedio de un proceso deflacionario (entre 1997 y 2001 los precios de las acciones cayeron en promedio un 51%, medidos por el índice bursátil MERVAL). La falta de liquidez se convirtió lentamente en una restricción de solvencia, a medida que los precios de las mercancías bajaron (los precios mayoristas dis-minuyeron un 5.3%, según INDEC) y el peso real de la deuda financiera aumentó al ritmo del incremento en la tasa de interés real (gráfico1). Finalmente, la crisis cambiaria de 2001 mostró el colapso total de la confianza ética y jerárquica en la moneda ante la incapacidad del gobierno de afrontar sus vencimientos de deuda.

4. Primera etapa de la post-Convertibilidad: el intento hegemó-nico del capital industrial concentrado

La presente subsección tiene el objetivo de mostrar que la deva-luación y el proceso inflacionario del año 2002-2003 representa-ron una tensión respecto de la definición de la unidad de cuenta entre los intereses dominantes en la Convertibilidad (fundamen-talmente el capital financiero externo; Basualdo 2010) y un nuevo grupo de poder relacionado al capital industrial concentrado (Pe-ralta Ramos 2007), que emerge como actor político, al igual que en otros momentos históricos, con el objetivo de redistribuir la propiedad privada a su favor.


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El discurso utilizado por este nuevo grupo de poder para ge-nerar confianza ética en el nuevo sistema de cuentas (y en los precios relativos resultantes) se basó en destacar que un tipo de cambio real elevado produce efectos beneficiosos para el cre-cimiento de la actividad económica y del empleo a través de los siguientes mecanismos (Dollar 1992, Sachs y Warner 1995, Razin y Collins 1997, Frenkel y Ros 2005, Hausmann, Pritchett y Rodrik 2005, Levy-Yeyati y Sturzenegger 2007, Rodrik 2008 y Panigo y Chena 2011):

1.- el canal mercantilista tradicional, que enfatiza el estimu-lo del tipo de cambio real depreciado sobre las exportaciones netas;2.- el incremento en la inversión en el sector transable de la economía, gracias a la modificación de los precios relativos a su favor;3.- el incremento de la inversión privada asociado al mayor financiamiento disponible (el autofinanciamiento con ganan-cias retenidas es especialmente importante para firmas con racionamiento de crédito) que genera este tipo de intervención cambiaria al redistribuir ingresos del trabajo al capital (canal de relajamiento de las restricciones crediticias);19

4- el incremento del empleo producto de la mayor intensidad de uso del trabajo como consecuencia del cambio en los pre-cios relativos capital-trabajo.

En concreto, a partir de la devaluación de 2002, se establecie-ron tres grandes mecanismos para redistribuir el ingreso a fa-vor del capital industrial concentrado: 1) un sistema de precios relativos a favor de la producción de bienes transables (gráfico 3), 2) tasas de interés reales negativas (gráfico 1) y 3) la pesifi-cación asimétrica de deudas en el sistema bancario doméstico sin límite de montos. Los dos últimos canales permitieron que estos grupos licuen rápidamente los pasivos contraídos durante la Convertibilidad.

19 Levy-Yeyati y Sturzenegger (2007) señalan que para que estos efectos positivos de las depreciaciones cambiarias sobrecompensen el efecto hoja de balance negativo que las mismas generan en las empresas y familias (producto de las deudas denominadas en dólares), las economías que experimentan esque-mas cambiarios mercantilistas deben contar con grados leves de dolarización financiera.


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Gráfico 3: Índices de precios de: exportación de productos prima-rios, manufacturas de origen industrial (MOI) y precios relativos de los bienes respecto de los servicios (1991-2006)

Fuente. Ministerio de Economía de Argentina.

Más específicamente, la devaluación transfirió ingresos del tra-bajo al capital (entre 2001 y 2003 el capital incrementó su par-ticipación del 41,8% del PBI al 52,3%, según datos del INDEC), mientras que la pesificación asimétrica entre las deudas y acreen-cias en moneda extranjera, junto con la política de tasa de interés real negativa, hicieron bajar los precios de los activos financieros transfiriendo ingresos de los acreedores a los deudores.Mónica Peralta Ramos señala los nuevos intereses en el poder de

la siguiente manera:Con el supuesto objetivo de proteger a la pequeña y mediana

industria y activar la producción, los grandes grupos naciona-les y extranjeros que controlaban a la UIA tendrían ahora una injerencia directa20 sobre el nuevo gobierno. Su primera preocu-pación consistió en licuar sus deudas y proteger el mercado in-terno de la competencia externa, promoviendo, al mismo tiempo,

20 Es imporante recordar que ni bien asume como presidente Eduardo Dua-halde, en el año 2002, nombra en el cargo de Ministro de la Producción al entonces titular de la UIA José de Mendiguren, fomalizando así la participación directa de la UIA en las decisiones del Estado Nacional durante dicho período.


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sus exportaciones. Lo primero se lograría con una pesificación asimétrica de créditos y depósitos; lo segundo con una fuerte devaluación y el mantenimiento de un tipo de cambio real alto (Peralta Ramos, 2007:380).En resumen, la post-Convertibilidad planteó un régimen de acu-

mulación nuevo, a través del cual mejoraron los precios relativos de los bienes respecto de los servicios, se monetizó la economía, las tasas de interés reales bajaron y aumentó el acceso al crédi-to. En este sentido, el flamante modelo de regulación modificó la hegemonía financiera en el poder y planteó un orden institucional que buscó, primero, recuperar la rentabilidad industrial a través de una política de tipo de cambio real alto y, segundo, recuperar al Banco Central como prestamista de última instancia. Mas adelan-te se verá también que, con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en el año 2003, se reconstituye gradualmente el poder de los trabajadores en la disputa con el capital industrial concentra-do por la distribución del ingreso.

4.1- El camino a un régimen monetario homogéneo

En la presente subsección se estudian las transformaciones insti-tucionales introducidas al régimen monetario a partir de la deva-luación del año 2002, con el objetivo de analizar hasta que punto el sistema jerárquicamente fraccionado propio de la Convertibili-dad fue sustituido por otro de características jerárquicamente ho-mogéneas. Con este fin se analizaran los avances institucionales realizados sobre dos grandes ejes que caracterizan a los sistemas jerárquicamente homogéneos (cuadro 1):

• La función del Banco Central como mediador entre el deudor y el acreedor, fijando un horizonte de financiamiento y un costo que prioriza el desarrollo de las fuerzas productivas por sobre las transferencias de propiedad. • El establecimiento de una configuración institucional que per-mite monetizar los saldos deudores y socializar las pérdidas.

El primer cambio importante en este sentido fue la redefinición legal del régimen monetario a favor de los deudores, formalizada a través del Decreto 214/2002, que transformó a pesos todas las obligaciones expresadas en dólares estadounidenses u otras mo-nedas extranjeras. Dicha pesificación del sistema tuvo un carácter asimétrico ya que se instrumentó convirtiendo todos los depósitos en dólares estadounidenses (u otras monedas extranjeras existen-


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tes en el sistema financiero) a pesos a razón de un pesos con cua-renta centavos ($ 1,40) por cada dólar estadounidense, o su equi-valente en otra moneda extranjera (Art. 2 de decreto 214/2002). Mientras que todas las deudas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, se convirtieron a pesos a razón de un peso por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera (Art. 2 de decreto 214/2002) Conjuntamente, se modificó la Carta Orgánica del Banco Central

para proponer una política monetaria que, si bien mantiene el objetivo de defender el “valor de la moneda”, propone ejecutarlo a través de una política monetaria de metas de inflación (Art. 1 de la Ley 25562). Lo más importante de esta modificación es que permitió utilizar la política cambiaria como un instrumento para fomentar la actividad industrial en lo que se denominó una “polí-tica de tipo de cambio real competitivo y estable” (Frenkel, 2004).Otras reformas importantes que incorporó la Ley 25562 para

permitir la intermediación del Banco Central en la relación acree-dor-deudor se relacionan con:

a) Permitirle nuevamente a esta institución fijar las tasas de interés y demás condiciones generales de las operaciones credi-ticias (Art. 4 de la Ley 25562). b) Capacitarlo para actuar como prestamista de última instan-cia al otorgarle nuevamente facultades para: a) Emitir billetes y monedas conforme a la delegación de faculta-des realizadas por el Honorable Congreso de la Nación. b) Otorgar redescuentos a las entidades financieras por razones de iliquidez transitoria, hasta un máximo por entidad equiva-lente al patrimonio de ésta. c) Otorgar adelantos en cuentas a las entidades financieras por iliquidez transitoria, con caución de títulos públicos u otros va-lores, o con garantía o afectación especial o general sobre acti-vos determinados, siempre y cuando la suma de los redescuen-tos y adelantos concedidos a una misma entidad no supere, en ninguna circunstancia, el límite fijado en el inciso anterior (Art. 6 incisos a,b y c de la Ley 25562).

Por otra parte, la Ley 25562 reafirmó el rol del Banco Central para establecer políticas financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas, y a las economías regionales, por medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales (Art. 7 inciso g de la Ley 25562).


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Otra reforma importante surge en el año 2003, con la ley 25.780 que habilita nuevamente al Banco Central a realizar adelantos transitorios al Gobierno Nacional hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria y, además, a otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos doce meses. Se establece también como requisito que todos los adelantos sean reembolsados dentro de los doce meses de efectuados (Art. 15 de la ley 25.780) 21

Con el posible objetivo de incrementar la confianza jerárquica en el nuevo régimen jerárquicamente centralizado en construc-ción, el Gobierno Nacional envió al Congreso en abril de 2003 un proyecto de ley de unificación monetaria que fue sancionado en mayo de ese mismo año. Este gesto simbólico,22 que buscó sacar de circulación a las monedas provinciales para evitar la tensión entre el propósito de unificación de la unidad de cuenta y la multiplicidad existente de medios de pagos,23 se instrumen-talizó a través del canje de dichas cuasimonedas por un bono en pesos por $7.800 millones, con vencimientos en el 2011 ($6.800 millones) y 2013 ($1.000 millones). Como resultado, las cuasi-monedas salieron totalmente de circulación en febero de 2004 (según datos de Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina)Por último, otro aspecto importante a señalar en la arquitec-

tura institucional de la nueva unidad de cuenta, está asociado al hecho de que se mantuvo vigente el artículo 10 de la ley de Convertibilidad (Ley Nº23.528), que fija la prohibición completa de: “todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas”. Esta medida hizo que, en un escenario de inflación como el registrado a partir de la devaluación de 2002, los deudo-

21 Por último establece que “si cualquiera de estos adelantos quedase impa-go después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas.” (Art. 15 de la ley 25.780).

22 El objetivo político de este “ordenamiento monetario” pudo haber sido el generar la impresión social de que el regimen jerárquicamente fraccionado de la Convertibilidad estaba quedando definitavemente atrás y que, consecuentemente, el poder central recuperaba su facultad de monopolizar la emisión monetaria.

23 Para profundizar en un análisis sistemático sobre la viabilidad y conven-ciencia de la emisión de monedas provinciales en el caso de Argentina ver Théret y Sanabria (2007).


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res licuaran sus deudas privadas contraídas durante el período anterior.

Respecto de la evolución observada en el crédito bancario vale destacar los siguientes aspectos:

1) la recuperación del período 2002-2006 encontró su reflejo en los créditos de corto plazo pero no así en los de largo plazo, que incluso diminuyeron; 2) las bajas tasas de interés reales no se reflejaron en una mayor participación de los préstamos a largo plazo en el crédito total.3) entre 2002 y 2004 el régimen monetario validó, desde la po-lítica monetaria, el incremento en los márgenes de ganancia de las grandes empresas del sector transable (ver Panigo y Chena 2011 y Marques-Pereira 2009).

En resumen, la post-Convertibilidad estuvo marcada en un co-mienzo por un sistema de cuentas estructurado en un régimen cambiario que, con el argumento de la generación de empleo, validó salarios reales que llegaron a niveles mínimos históricos, acompañado por márgenes de ganancias extraordinariamente elevados y, como consecuencia, una desigualdad distributiva sin precedentes acompañada de una generación continua de puestos de trabajo.

5. Las disputas por la unidad de cuenta en la segunda etapa de la post-Convertibilidad

Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, este régimen de acumulación de características neo-mercantilistas,24 comenzó a ser paulatinamente desarticulado, para dar lugar a un nuevo modelo de desarrollo estructuralista, de crecimiento impulsado por los salarios, el gasto público social y un régimen de tipos de cambio múltiples (articulado en torno a un esquema de reten-ciones diferenciales, compensaciones selectivas, exportaciones

24 Los modelos macroeconómicos neo-mercantilistas se caracterizan por enfatizar los estimulos que genera el tipo de cambio real depreciado (y por lo tanto los salarios en dólares deprimidos) sobre las exportaciones netas, el empleo, la in-versión en bienes transables y el incremento de la inversión privada total asociado al mayor autofinanciamiento disponible para el capital (Dollar 1992, Sachs y War-ner 1995, Razin y Collins 1997, Frenkel y Ros 2005, Hausmann, Pritchett y Rodrik 2005, Levy-Yeyati y Sturzenegger 2007 y Rodrik 2008).


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administradas y protección para-arancelaria) y acuerdos de pre-cios (Panigo y Chena, 2011).El debate sobre la relación salarial fue justamente la piedra an-

gular del conflicto entre ambos modelos en 2005 cuando, con mo-tivo de las negociaciones paritarias, Roberto Lavagna (Ministro de Economía y representante del modelo neo-mercantilista) y Hugo Moyano (Secretario general de la CGT, principal apoyo político del nuevo gobierno) se enfrentaron públicamente por la pauta sala-rial. Sobre este tema, el entonces ministro tenía una postura que pretendía fijar los aumentos de salarios a la productividad; mien-tras que el líder sindical buscaba recomponer el poder adquisitivo del salario a través de incremento nominales que superasen la tasa de inflación.Las declaraciones en los diarios de ese momento son una clara

radiografía de las posiciones de cada uno en el conflicto. Por ejem-plo, el diario La Nación señalaba en marzo de 2005:

“El debate por los aumentos de salarios entre el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y sectores de la conducción de la CGT provocó ayer nuevas repercusiones: mientras que al-gunos sectores opositores advirtieron sobre el peligro infla-cionario, diversas expresiones sindicales insistieron en la necesidad de una suba de haberes y criticaron a Lavagna….Las declaraciones del ministro fueron interpretadas como una advertencia al presidente Néstor Kirchner, que respalda a los sectores de la CGT que reclaman aumentos (como se informa en Economía & Negocios)…En ese sentido, el ex presidente Eduardo Duhalde se manifestó anteayer en favor del ministro y opinó que había que actuar con prudencia en este momento y que “no se puede repartir lo que no se produce.” (La Nación, 27 de marzo de 2005).

El conflicto por el cambio de modelo se resuelve en noviembre de ese mismo año, cuando el presidente Néstor Kirchner pide la renuncia de Roberto Lavagna y nombra en su lugar a Felisa Miceli. Este hecho emblemático marca la consolidación del cambio en la relación salarial iniciado en 2003. En la sección siguiente se ana-lizan con cierto detalle los cambios producidos por la legislación laboral durante este nuevo período.La nueva relación salarial se reflejó rápidamente en un rol dife-

rente para el sector público en la determinación de los ingresos de los trabajadores que, a través de herramientas institucionales claves como el salario mínimo vital y móvil (SMVM) y las negocia-ciones paritarias, brindó las condiciones propicias para una recu-


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peración acelerada de los ingresos laborales y una mejora menos evidente en la distribución del ingreso (gráfico 4).

Gráfico 4. Convenios colectivos de trabajo y Salario Mínimo Vital y Móvil.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Tra-bajo, Empleo y Seguridad Social.

En resumen, y a diferencia de la década anterior, las reformas laborales iniciadas en 2003 devolvieron a los trabajadores cierta capacidad para incidir sobre la determinación de sus salarios y de las condiciones laborales (Pérez, 2008). Como conclusión de esta sección es importante destacar que, si bien el período de post-Convertibilidad significó en muchos aspectos un quiebre respecto del régimen monetario jerarquizado con características de sistema fraccionado, aún quedan continuidades fuertes del régimen ante-rior. En este sentido se destacan como continuidades:

• El objetivo enunciado por la Carta Orgánica del Banco Central de preservar el valor de la moneda.• El racionamiento de crédito. • La escasa importancia relativa del crédito a largo plazo.• Los privilegios impositivos de los que gozan los acreedores de rentas financieras en lo que respecta a los impuestos a las ga-nancias, a los bienes personales y al valor agregado.


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En resumen, la sección empírica desarrollada aquí muestra que los intereses que dominaron la puja por la distribución del ingre-so nacional durante los años de la Convertibilidad y de la post-Convertibilidad buscaron establecer (con más o menos éxito) una hegemonía política que les permitiera luego definir en el orden monetario la unidad de cuenta (y consecuentemente los precios relativos), la regla de emisión monetaria (y por lo tanto de asigna-ción del crédito), 3) la relación salarial y 4) la forma de inserción internacional (Chena, 2011).


Para avanzar en la relación que existe entre política monetaria y distribución del ingreso, se optó por un enfoque monetario que comprende a la moneda como una institución social, y que permi-te explicitar los mecanismos a través de los cuales el sistema mo-netario transfiere ingresos y propiedad de los grupos más vulnera-bles de la sociedad a ciertas élites que se encuentran en el poder.En oposición con la visiones tradicionales sobre la moneda, el

enfoque monetario desarrollado aquí comienza con la premisa se-ñalada por Aglietta y Orléan (1990) de que, para comprender la verdadera dimensión de la moneda, es necesario rechazar las con-cepciones sustanciales del valor, tanto de la teoría objetiva (teoría ricardiana) como subjetiva (teoría neoclásica), dado que ambas homogenizan objetos cualitativamente distintos al transformarlos en una sustancia independiente de la organización social. A tra-vés de este mecanismo de homogenización las teorías económicas colocan un velo sobre las verdaderas pujas de intereses que se es-conden detrás del régimen monetario: “El fin de la teoría del valor es describir el sistema cuantitativo de las magnitudes naturales o de equilibrio. La moneda no puede más que desaparecer de la determinación de esas magnitudes. Es arrojada a lo inesencial, no tiene mas que una realidad instrumental, no teórica” (Aglietta y Orléan, 1990: 35). Una vez que se rechazan las teorías sustanciales del valor (y con-

secuentemente la concepción de equilibrio) se vuelve explícito el carácter conflictivo e inestable de la reproducción social, queda al descubierto la violencia adquisitiva que rodea a la sociedad mer-cantil y se explicitan los deseos de acaparamiento que mueven a los individuos a comerciar. En este contexto, la moneda surge como una mediación que transforma la violencia recíproca en una


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restricción monetaria (un mecanismo de mercado para obligar a los participantes del intercambio a pagar un valor establecido por quienes tienen el poder de fijar las reglas de homogenización de los diferentes bienes). De esta forma, productores independientes deben probar, a través de la venta de sus productos, que su acti-vidad productiva es socialmente reconocida.Con base en la teoría monetaria anterior la presente investiga-

ción desarrolló un esquema conceptual con dos grandes canales a través de los cuales la moneda redistribuye riqueza en función de los poderes asimétricos de acaparamiento: la unidad de cuenta, a través de la cual se estructuran los precios relativos, y el acceso preferencial crédito. Ambas variables, estrechamente relacionadas a la violencia adquisitiva en los mercados, definen las posibili-dades diferenciales de acumular capital que tienen las empresas y/o sectores, en función de un modelo de crecimiento establecido desde un escenario esencialmente político. Para establecer la relación entre el poder de acaparamiento y

la fijación de los precios relativos, primero fue necesario romper la separación entre economía y política (Say 1821) e incorporar, como principal determinante de estos últimos, a la dinámica de la puja por la distribución del ingreso reflejada en la unidad de cuen-ta. El marco teórico de esta aproximación se basó en los desarro-llos de Aglietta y Orléan (1990, 2002) y en los estudios de Théret (2007) y Marques-Pereira (2009). Lo importante en este sentido fue destacar que en la economía de mercado no hay un “patrón invariable” para medir el valor en las transacciones económicas, sino que el deseo de acaparamiento recíproco genera rivalidades permanentes y que, en un sistema social dominado por la violen-cia adquisitiva, los deseos de acaparamiento de quienes se erigen como hegemónicos en cada momento del tiempo van a determinar, finalmente, la unidad de cuentas y el precio relativo de las mer-cancías. A nivel empírico, se destaca como hecho estilizado que durante

el régimen de Convertibilidad la hegemonía estuvo en manos del capital financiero internacional, mientras que en la post-Con-vertibilidad pasó a estar en manos del capital industrial concen-trado en un primer momento, y luego, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y con la posterior salida de Lavagna del Ministerio de Economía, comienza a tomar importancia la presencia de la clase trabajadora (con sus organizaciones), dis-putando la hegemonía con dicho capital por la definición de la unidad de cuenta.


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El compromiso distributivo de la primera etapa se observó en las profundas transformaciones que sufrió el régimen moneta-rio (tanto en sus funciones de unidad de cuenta como de sis-tema de pagos) y en la evolución de los precios relativos, el crédito y la tasa de interés. Luego, de la mano de la gran crisis del sistema monetario jerárquico fraccionado, surgió un inten-to de conformar un nuevo consenso distributivo, que se reflejó inmediatamente en el establecimiento de un sistema de precios relativos y de una regla monetaria que incrementó de manera significativa el margen de ganancias del capital industrial con-centrado. A partir de 2003-2004, el poder político que adquiere paulatinamente la clase trabajadora en la disputa por el nuevo acuerdo distributivo constitutivo del orden monetario se reflejó en las reformas institucionales de la relación salarial. En este último caso se observa que, a partir de la salida de Roberto Lavagna del Ministerio de Economía, hubo un intento por mo-dificar las jerarquías institucionales, reivindicando el papel que juega la relación salarial monopólica en la dinámica económica. Sin embargo, la elevada tasa de inflación que caracterizó a este período de la post-Convertibilidad es un síntoma de la ausencia de un acuerdo distributivo hegemónico que imponga una uni-dad de cuentas única.


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Valorización y ganancias según tamaño del capital en la Argentina

actual (1993-2009)

Facundo Barrera *

1. Introducción

Durante los años noventa, la apertura a la inversión extranjera di-recta implicó una creciente participación del capital trasnacional, lo que afectó la estructura del proceso de valorización: la llegada al territorio nacional de capitales trasnacionales con tecnología de punta incrementó la presión competitiva en todos los sectores (Féliz, 2005). Examinar la forma particular que toma la valoriza-ción del capital en la Argentina supone la necesidad de vincular el actual proceso con las transformaciones producidas durante la etapa de la convertibilidad.El presente artículo se inserta en un estudio más amplio acerca

de la precarización del trabajo asociada a la especificidad del ciclo de valorización del capital en Argentina. En particular, interesa indagar las ganancias, la productividad y los salarios según tama-ño del capital, como paso anterior para analizar si existen dispa-ridades en la productividad relativa entre capitales dominantes y dependientes, que podrían estar forzando a estos últimos a acen-tuar la explotación del trabajo como mecanismo para continuar compitiendo (Marini, 1979).El trabajo empírico se realiza a través de la Encuesta Nacional

de Grandes Empresas (ENGE-INDEC) y la base de datos de 86 empresas cotizantes en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, lo que permitirá calcular la tasa de ganancia y mostrar las condicio-nes de acumulación de los capitales dominantes. Luego, a partir

* Universidad Nacional de La Plata (UNLP) – Facultad Latinoamericana de Cien-cias Sociales (FLACSO). Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSo). E-mail: [email protected]. Agradezco los comentarios de Magdalena Pérez Balbi y Emiliano López. Los errores u omisiones son de absoluta responsabilidad del autor.


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de información de la ENGE, se realiza un análisis detallado de la productividad y los salarios para las pequeñas y medianas em-presas (capitales dependientes) y las grandes empresas (capitales dominantes).El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la segunda

sección se presenta un breve desarrollo histórico-lógico del capital dominante en nuestro país, el cual conduce el proceso global de acumulación. En la tercera sección, se estudian las condiciones de acumulación de los grandes capitales, basado en el análisis de la tasa de ganancia. En la cuarta sección, se busca identificar las distintas dinámicas de capitales dominantes y dependientes en la competencia capitalista. Mientras que en la última, se exponen las reflexiones finales del artículo con la pretensión de abrir paso a posteriores discusiones.

2. La Argentina periférica y dependiente

La inserción de las economías latinoamericanas en general, y de Argentina en particular, al ciclo de valorización del capital a escala global, hasta la primera mitad del siglo XX se encontró asociada principalmente con el rol de productoras de mercancías para el consumo asalariado. La estrategia del capital de los países centra-les de subordinar al rol de productoras de bienes salario a diferen-tes regiones del globo, en un marco de libertad formal, hizo que Latinoamérica cumpliera el papel de facilitadora de la extracción de plusvalor relativo en los países centrales, al abaratar la fuerza de trabajo en el centro a través de las importaciones provenientes de nuestra región (Marini, 2007). A partir de los comienzos del proceso de industrialización, la

Inversión Extranjera Directa -como así también el endeuda-miento-, comenzó a tomar un rol preponderante como punto de partida del ciclo del capital en la periferia, configurando un nuevo escenario de relaciones sociales y formas de producción material, asociados a la valorización del capital a escala global (Marini, 1996). En lo que se refiere a la Argentina, Villanue-va (1972) en un clásico trabajo sobre la industrialización en nuestro país, señala que en la década del treinta, la protección tarifaria y la preservación de los derechos de exclusividad sobre tecnologías, fueron condiciones fundamentales para la instala-ción del capital transnacional. A partir de estas circunstancias, se obligaba al capital extranjero a instalarse en el país para

Valorización y ganancias según tamaño del capital

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poder aprovechar los mercados económicos locales. Así, hacia mitad de la década de 1950, el capital extranjero tenía una po-sición dominante entre las empresas industriales más rentables del país, tanto a partir del capital suscripto como del monto de utilidades (Basualdo, 2006). Con la crisis de la economía capitalista internacional que se

dio en el período entre guerras mundiales, se dificulta la acu-mulación basada en la producción para el mercado interna-cional por lo que se entra en una nueva etapa del proceso de industrialización, donde el eje se desplaza hacia el mercado in-terno –tomando un rol central el consumo de los trabajadores-, y se supone orientada hacia una configuración similar a la de los primeros países de desarrollo industrial. Sobre este cambio prosperó la corriente desarrollista, y bajo su gobierno se eviden-ciaron los valores más altos de inversión neta y consolidación de la posición dominante del capital con origen en el exterior (Peralta Ramos, 2007).El modo de integración de las economías nacionales al mer-

cado internacional siguió suponiendo una estructura definida de relaciones de dominación, tanto en el plano interno al país como en sus vínculos externos. La internacionalización de los capitales fue vista como un elemento más de consolidación de la dependencia inherente a la expansión mundial del capitalismo, donde las empresas transnacionales operarían como un vehículo de transferencia de valor hacia los países centrales (Cardoso y Faletto, 1990; Emmanuel, 1972). El ingreso de capitales trans-nacionales de mayor capacidad productiva que los que operaban hasta el momento en el mercado nacional, fue el origen de la elevada disparidad entre la capacidad productiva del trabajo en los capitales dominantes y la media de cada rama de producción (Marini, 2007).Durante las décadas del setenta y ochenta del siglo pasado, la

apertura tomó forma de creciente extranjerización de las econo-mías latinoamericanas y un quiebre del impulso de sustitución de importaciones; lo cual significa que ya no se incorporan nuevas actividades que permitan completar la estructura industrial trun-ca, sino que se profundiza la separación entre la estructura del consumo y la de la producción. Por otra parte, la capacidad del capital transnacional de emplazar las distintas fases del proceso productivo en donde el costo es menor, desató una lucha competi-tiva en la que los trabajadores pasan a ser un stock, que debe ser limitado al mínimo y cuidadosamente ajustado en función de las


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necesidades del ciclo, lo cual implicó la aguda precarización de la relación laboral (Arceo, 2005).En Argentina, el golpe de Estado Cívico-Militar de 1976, impuso

un “giro neoliberal” que consolida el dominio del capital sobre los trabajadores de manera duradera. La concentración del capital se intensifica desde los años ’70 debido a las políticas públicas neoliberales aplicadas desde aquel momento -liberalización del mercado cambiario, apertura de la economía, ajuste de la admi-nistración estatal y derogación de los derechos de los trabajado-res, entre otras-, y la regresividad en la distribución del ingreso (Basualdo, 2000).A fines de los años ochenta, comienza a evidenciarse un fuerte

crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED), principal-mente, ligada a la afluencia de los programas de capitalización de la deuda externa y al interés transnacional por los procesos de privatización de las empresas públicas. Durante los noventa, dos procesos fueron centrales a la hora de definir las transformacio-nes estructurales en las formas de propiedad: la Privatización de las Empresas Públicas durante la primera mitad de la década y el proceso de Fusiones y Adquisiciones (F&A) durante la segunda mitad (Azpiazu, 1995).La salida de la convertibilidad implicó un salto en la concen-

tración por medio del cual el valor bruto de producción (VBP) de las 500 empresas más grandes del país, pasó a representar en promedio el 56% del PBI en el período 2003-2007, mientras que en el período previo sólo representaba el 34% (Arceo y otros, 2010). A partir de la crisis económica de principios del siglo XXI, se transita un modelo de acumulación de capital liderado por ex-portaciones de materias primas con bajo refinamiento (Ocampo, 2008). El tipo de cambio real se estableció en un nivel superior al de la década anterior, lo que implicó bajos salarios medidos en dólares. Esto permitió una rápida reactivación del aparato productivo, la recuperación del empleo, y posibilidades de co-locación de los productos tanto en el mercado interno como en el externo –con fuerte demanda de los productos que vende la región-. En este nuevo escenario, se profundizó la tendencia de reestructuración que se venía dando desde los años noventa den-tro de la cúpula del capital: las firmas dedicadas a las activida-des extractivas (particularmente, Minas y Canteras) y de servi-cios toman mayor peso, mientras que retrocede la participación de las empresas del sector industrial (Cuadro 1).


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Cuadro 1. Empresas por sector económico. Años 1993, 1999, 2003 y 2009.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE-INDEC).

Por último, durante la etapa actual (2004-2009), se observa una relativa estabilidad en la concentración de la cúpula, dada por el mantenimiento de la participación del VA de las 500 empresas más grandes, en relación al VA del total de la economía –ambos medidos a precios corrientes de productor-. A partir de 2008 este porcentaje comienza a caer en coincidencia con el impacto de la crisis econó-mica mundial sobre nuestro país (Gráfico 1). Es decir, luego de la transferencia de capital e ingresos ocasionadas por la resolución de la crisis capitalista de 2001 -que hizo que se pasara de valores de participación de alrededor del 15% a cerca del 25% actual-, la gra-vitación de las grandes firmas sobre el PBI no habría sufrido modi-ficaciones sustantivas, lo cual implica que su expansión se dio a la par del conjunto de los sectores productivos (Arceo y otros, 2010).

Gráfico 1. Participación del Valor Agregado de las Grandes Em-presas en el Valor Agregado Total. En pesos corrientes. Años 2004-2009.


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Fuente: Elaboración propia en base a la ENGE-INDEC y la Direc-ción Nacional de Cuentas Nacionales.

3. Crecen las ganancias en la cúpula del capital.

Una vez visto brevemente las transformaciones ocurridas en la cúpula del capital, nos interesa discutir cuáles son las ganancias que detenta. La tasa de ganancia de los capitales que lideran el proceso de acumulación, representa un buen indicador de la ro-bustez de la economía capitalista. La dinámica del capitalismo argentino en las últimas dos dé-

cadas puede ser analizada al observar el objetivo central del ca-pital, su propia valorización. Con este objeto se presenta la tasa de ganancia de los capitales dominantes a partir de dos fuentes de información. En primer lugar, se trabaja con la Encuesta Na-cional a Grandes Empresas (ENGE), que realiza el INDEC y que presenta información desde 1993 hasta 2009. La misma permite comprender la estructura y el comportamiento de la cúpula em-presaria argentina y es un insumo básico para la determinación de los agregados macroeconómicos. Contiene información refe-rida a las 500 empresas privadas más grandes del país, medi-da según sus ventas. La ENGE incluye empresas con actividad principal de minería, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción, comercio, transporte, comunicaciones y otros servicios. El panel no incluye empresas agropecuarias ni financieras.En segundo lugar, se incluyen resultados provenientes de los

balances contables de 86 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, las cuales por resolución de la Comi-sión Nacional de Valores (CNV) se encuentran en la obligación de presentar dicha información. De allí se extraen los montos de ganancias declarados por las propias empresas. Los datos son de publicación trimestral y comienzan en 1992, llegando hasta nues-tros días. En relación con la cobertura de sectores, en este caso no existe ningún tipo de exclusión ya que hay empresas del sec-tor primario, manufacturas, servicios financieros, construcción, transporte y servicios públicos. Las encuestas poseen características diferentes pero siempre re-

feridas a la cúpula del capital. Por lo general, los estudios de los capitales dominantes provienen de la ENGE, por lo que se preten-de complementar con una nueva fuente de información –con una


163

cobertura sectorial más amplia-, de modo de observar un panora-ma más completo del proceso de valorización del capital.La ganancia del capitalista surge de la venta de una porción de

trabajo por la que no se ha pagado: el plusvalor. En palabras del propio Marx (2009),

“consiste precisamente en el excedente del valor mercantil por encima de su precio de costo, es decir en el excedente de la suma global de trabajo contenido en la mercancía por encima de la suma de trabajo remunerado contenido en ella. De este modo, el plusvalor, cualquiera que sea su origen, es un excedente por encima del capital global adelantado” (pág. 49).

Teóricamente, el excedente mencionado (pv) guarda con el ca-pital global (C) una relación que expresa la tasa de ganancia (π).

En los distintos sectores de la economía convivirán diferentes tasas de ganancia, dadas por los diferentes métodos de produc-ción y la antigüedad de los mismos. Sin embargo, los precios que se establezcan corresponderán a los que impongan los capitales que disponen del mejor método de producción posible, los que se designan como capitales dominantes. Desde ya, en esta ecua-ción también cuenta las condiciones de explotación absoluta de la fuerza de trabajo, además de las ventajas de localización y disponibilidad de los bienes naturales, fertilidad del suelo, etc. (Shaikh, 2006).El concepto teórico propuesto por Marx suele ser difícil de ope-

racionalizar a partir de la información que se publica en las esta-dísticas nacionales. Sin embargo, dado que se entiende de suma utilidad para dar cuenta de las particularidades del ciclo del ca-pital, se reinterpretan los datos para que p pueda ser medida em-píricamente. Hecha esta aclaración, se entiende que una opción conceptualmente razonable a partir de la ENGE, es la siguiente:

Donde, las ganancias serán expresadas por medio de las utili-dades netas de las empresas, mientras que el valor bruto de pro-ducción (VBP) equivale al valor total de las mercancías producidas por las empresas relevadas. De esta manera, se obtiene una serie


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con dos niveles claramente diferenciados -uno durante los años noventa y otro superior durante la década pasada-, y una impor-tante volatilidad (Gráfico 2).

Gráfico 2. Tasa de Ganancia de Grandes Empresas. Años 1993-2009.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la ENGE, INDEC.

En el gráfico se observa que las 500 empresas de mayores ven-tas del país, poseen en el período actual tasas de ganancias más elevadas que durante la convertibilidad. Si se toma el promedio de las ganancias en uno y otro período, extrayendo los años de crisis 1999-2002, se halla que en la actualidad la tasa media es un 40% superior. Esta diferencia es lo que se percibe en el gráfico como un salto de nivel, y cuantifica que las empresas no financieras y no agropecuarias de mayores ventas del país, esta-rían obteniendo en el período actual, tasas de ganancias consi-derablemente superiores.Seguidamente, al trabajar con la base de datos de 86 empresas

cotizantes en la Bolsa de Buenos Aires, básicamente se analiza la


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rentabilidad de los fondos propios, lo que en términos financieros se conoce como: Return on Equity (ROE). Esta medida es definida como:

Donde el beneficio después de impuestos es el resultado del ejer-cicio que figura en las cuentas anuales como “Pérdidas y Ganan-cias”. Esto significa que los beneficios se netean descontando los gastos financieros y los impuestos sobre sociedades. De esta ma-nera, el ROE trata de medir la rentabilidad del capital invertido y de las reservas, que en definitiva son beneficios retenidos y que por tanto corresponden a los dueños del capital.

Gráfico 3. Tasa de rentabilidad sobre los fondos propios (ROE). Años 1992-2009.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de los Estados Contables, CNV.


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Aquí también se observa una serie de tasa de rentabilidad volá-til, donde queda claramente demarcado el período de crisis entre 1999 y 2002, tramo donde aparecen valores negativos. Nueva-mente se observan niveles disímiles de la serie en la Convertibili-dad y Post-Convertibilidad. Desde principios de los años noventa hasta el comienzo de la crisis en 1998, se encuentran valores de rentabilidad positivos y cercanos a cero. Asimismo, en 1995 se aprecia con claridad la caída de la tasa producto de la llamada “Crisis del Tequila”. En cambio, luego de la salida de la crisis de 2001, se visualizan rentabilidades crecientes hasta el año 2007, donde aparece una reversión. La tasa de rentabilidad media de los fondos propios, registra un valor del 1,10%1 durante la Con-vertibilidad (1992-1998), mientras que en la post-Convertibilidad (2003-2008) el valor medio se eleva hasta el 5,76%, es decir, un incremento mayor al 400%.Al realizar un análisis conjunto de las fuentes de información, se

encuentra que la dinámica de valorización del capital en ambas bases muestra algunos patrones comunes. Se observa un primer tramo de ganancias estables -en un nivel inferior al de la década siguiente- hasta el año 1998. En segundo lugar, se percibe clara-mente el período de crisis de la convertibilidad entre 1998 y 2002, con caída y recuperación de las ganancias. Finalmente, aparece un tercer tramo de ganancias crecientes –en términos de tenden-cia–, que depositan a la serie en niveles medios superiores a los registrados la década pasada.En síntesis, desde las últimas décadas del siglo pasado se ha ido

consolidando una estructura productiva donde los capitales do-minantes de la Argentina, han cobrado creciente importancia en la economía -incrementos en la participación del valor agregado nacional- y mayores márgenes de rentabilidad, lo que implica una mayor transferencia de valor hacia el capital concentrado.No obstante, hasta aquí se ha exhibido el carácter exitoso del ci-

clo en general, y de la fracción dominante en particular, sin men-cionar nada acerca de las estrategias que la han posicionado en este lugar, ¿en base a qué elementos las grandes empresas sostie-nen y amplifican en el período actual su condición de dominantes?En la sección siguiente, se analiza la dinámica productiva y sa-

larial según el tamaño del capital, para pensar las estrategias de valorización de esta fracción y de los capitales subordinados.

<?> Se podría extraer de la serie el año 1995 para no contabilizar la crisis, sin embargo el valor apenas se modifica, pasando a ser la tasa de rentabilidad media de los fondos propios un 1,25%.


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4. Productividad y salarios: la valorización según el tamaño del capital

“…en definitiva, dado que el valor es una relación social, es el valor social el que cuenta y afirmar que el capitalista individual

ha reducido el valor unitario de su mercancía no es sino una manera de decir que se han reducido sus costos de producción, respecto a los demás capitalistas de la rama. Es mediante ese

mecanismo como el capital individual obtiene una plusvalía extraordinaria, la cual se convierte, en la competencia interca-

pitalista, en el factor por excelencia de introducción de progreso técnico.”

Marini, 1979.

En la etapa actual, luego de la crisis y la consecuente reestructu-ración del capital, se ha visto que las principales firmas han lo-grado consolidar su posición dominante en niveles históricamente altos, esta dominancia podría ser explicada por los incrementos en la productividad del trabajo, entre otros factores. La productividad de la fuerza de trabajo juega un papel central en

la competencia capitalista. Aquellos capitales que tengan los méto-dos de producción más eficientes, tendrán una estructura de costos inferior, principal herramienta para el enfrentamiento con otros ca-pitales (Shaikh, 2006). Un aumento de la productividad es al mismo tiempo una reducción en el costo medio de producción no explicado por cambios en los costos relativos de los factores de la producción. A mayor productividad, mayor reducción de costos y mayor posibi-lidad de reducción de precios en los productos vendidos tanto en el mercado interno como en el externo (Coremberg, 2004). Empíricamente, la productividad del trabajo puede medirse como

el cociente entre el valor agregado (VA) y la cantidad total de tra-bajadores (Féliz et al., 2009; Katz & Stumpo, 2001; Marshall, 2011)2. En este sentido, interesa analizar la dinámica productiva de las diferentes fracciones del capital –según su tamaño-, que se lleva adelante en el marco de la competencia capitalista. Para ello, analizaremos la evolución de dichas variables para el período 1993-2009. Tal como puede suponerse, la productividad laboral es más alta entre los capitales avanzados que la del resto, pero es pertinente prestar atención a las magnitudes y tendencias.

2 Una medida alternativa es la de utilizar horas trabajadas en lugar de can-tidad total de trabajadores (Coremberg, 2004).


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Durante la década de los noventa, el valor agregado total de la eco-nomía exhibe un crecimiento moderado que se detiene con el comien-zo de la crisis de la convertibilidad en el año 1998; allí presenta un valor 17 puntos porcentuales más alto que al comienzo del período. En el intervalo se percibe perfectamente la llamada crisis del tequi-la, mostrando una caída del VA para el año 1995. Mientras tanto, el empleo crece de manera moderada aunque constante hasta 1999, donde había logrado crecer algo menos del 10%. Dado este escenario, la productividad del trabajo expone un tramo de leve crecimiento que se revierte a partir del año 1998 (Gráfico 5). Esto es coincidente con lo examinado por Coremberg (2004), quien señala que durante la década no hubo incrementos en la productividad a pesar de los aumentos en el stock de capital, la que sí aparece como una variable dinámica.

Gráfico 4. Evolución de la productividad laboral, el valor agregado y el empleo total. Años 1993-2009. En números índices, 1993=100.

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

La resolución de la crisis de la convertibilidad por medio de la salida devaluatoria del peso, trajo aparejada una fuerte desvalorización de las mercancías producidas localmente. Esta desvalorización incluye


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la depreciación de la fuerza de trabajo con el fin de crear una relación más favorable para el capital (Negri, 2004). De esta forma, el valor agregado de la economía crece aceleradamente: en una coyuntura de tasa de ganancia elevada, alcanza hacia el año 2007, los registros más altos de la década del noventa, y llega al valor máximo del período en el año 2008 (175%), previo al impacto de la crisis en nuestro país. En lo que se refiere al empleo, mientras que durante los años de ex-

pansión de la convertibilidad (1993-1998) la tasa de variación era del 7%, en la etapa de crecimiento actual (2003-2008) la tasa fue del 11,6%, valor netamente superior. En cuanto a la productividad de la fuerza de trabajo aplicada al proceso productivo se encuentra que ha crecido cerca de un 10% entre puntas del período estudiado. Si se toma la to-talidad del período, la trayectoria exhibida muestra una primera parte relativamente estable, donde al final de la década de los noventa la se-rie se encuentra en los valores iniciales; y una segunda de crecimiento pronunciado –regido por tasas de crecimiento anual del VA de entre el 9 y el 13%3-, a partir de la salida de la crisis en el año 2003 (Gráfico 4).Por otra parte, al analizar el proceso según el tamaño del capital,

se observa que se presentan fuertes diferencias que deben ser ex-puestas para su consideración. Al observar lo que sucede con el em-pleo -excluyendo los períodos de crisis4-, deben señalarse procederes diferentes. Las GE muestran una serie volátil con comportamientos disímiles según el período de que se trate: durante los años noventa contracción del empleo, y en la década pasada una fuerte expansión. En cambio en las PyMES5, sin importar el período parecería existir una tasa de variación promedio constante y moderada (Cuadro 2).

Cuadro 2. Empleo según tamaño del capital.

3 El valor agregado se trabaja en pesos constantes de 2002.4 Se seleccionan dos períodos de igual cantidad de años y, mayormente, de

crecimiento económico, por lo que podrían considerarse comparables. La excepción lógica es el año 1995.

5 La categoría PyMES se utiliza como aproximación ya que para ella se uti-lizan valores que son el resultado de descontar del total de la economía los corres-pondientes a las grandes empresas.


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Fuente: Elaboración propia en base a la ENGE y la Dirección Na-cional de Cuentas Nacionales.

Al analizar la relación entre la fuerza de trabajo que demandan las GE y las PyMES, se observa una caída del cociente de casi 30 puntos porcentuales durante los noventa y que se extiende hasta 2003 inclusive. Pese a que a partir de aquel momento esa relación se recupera, dado el dinamismo del empleo en las GE durante la década pasada, en el 2009 aún está lejos de la mag-nitud original (83%) (Gráfico 6). Es decir, si bien la decisión de contratar más fuerza de trabajo se encuentra asociada al deve-nir del ciclo del capital, las transformaciones acaecidas durante los noventa hicieron que la dinámica productiva de los capitales dominantes prevea una necesidad sustancialmente inferior de trabajadores en el proceso de producción. La participación en el empleo total de las grandes empresas, analizada punta a punta (1993-2009), cae un 16%.

Gráfico 5. Evolución de la relación de empleo y el valor agregado según tamaño del capital. Años 1993-2009. En números índices, 1993=100.

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.


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En segundo lugar, el valor agregado en las 500 empresas de mayor tamaño creció de manera más acelerada que en la PyMES durante todo el período –ambos medidos en pe-sos constantes de 2002-. No obstante, las distancias se in-crementan a partir del año 2002, implicando un incremento punta a punta de alrededor del 450% en la fracción dominan-te del capital y tan sólo un 20% en la fracción dependiente (Gráfico 5). La evolución de las variables empleo y valor agregado según

tamaño del capital, nos permiten adelantar enormes diferen-cias en la productividad de la fuerza de trabajo. Concretamente, el incremento exponencial de la productividad en las grandes empresas hace que en 2009 se ubique por encima del 400%, incluso a pesar de la caída generada por la contracción del VA durante la crisis. Mientras tanto, la productividad del trabajo en las PyMES –lejos de la performance de la cúpula-, muestra una trayectoria similar a la productividad global durante los noventa, pero se distancia desde el año 2001 en adelante, pro-ducto de la dinámica mencionada en las GE. A su vez, durante la post-convertibilidad, los capitales dependientes no llegan a recuperar los valores de 2001, encontrándose en la actualidad 15 puntos porcentuales por debajo de los registros de aquel momento (Gráfico 6). El ritmo de expansión del valor agregado por trabajador, no

puede ser explicado sin referenciar las enormes transferencias de valor desde los trabajadores hacia el capital –y particular-mente al capital concentrado-, que implicó la resolución de la crisis capitalista en 2002 (Féliz et al., 2009; Santarcángelo & Perrone, 2011).


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Gráfico 6. Evolución de la productividad laboral total y por tama-ño del capital. Años 1993-2009. En números índices, 1993=100.


5. Productividad diferencial en contexto de incremento salarial

El período actual ha marcado un contexto de salarios reales cre-cientes, donde la masa salarial en las GE creció alrededor del 100% entre 2003 y 2009, mientras que durante el mismo período, en las PyMES creció alrededor del 75%. Resulta relevante poner en relación la productividad con los salarios para analizar cuáles son las estrategias de valorización de los distintos capitales. La aguda diferencia en relación a los incrementos de productividad en este contexto, expondría dificultades en los capitales de menor tamaño para mantener rentable su producción y seguir produ-ciendo, al menos a partir de la extracción de plusvalía relativa.A lo largo de todo el período, las grandes empresas han mante-

nido incrementos de productividad del trabajo por encima de los aumentos en los salarios reales. La etapa actual marca una dife-rencia aún más significativa, que sólo tiende a revertirse parcial-mente a partir de la crisis. Esto muestra la capacidad de la cúpula empresarial para apropiar una proporción creciente del excedente


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generado y consolida una dinámica regresiva de la distribución del ingreso (Santarcángelo & Perrone, 2011) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Evolución de los salarios reales y la productividad labo-ral por tamaño del capital. Años 1993-2009. En números índices, 1993=100.


En las pequeñas y medianas empresas, una dinámica salarial por encima de los incrementos de la productividad, impone un in-terrogante sobre sus condiciones de su reproducción. Lo primero que se debe mencionar es que este resultado no necesariamen-te está indicando problemas en la reproducción de los capitales subordinados. El mismo debe ser matizado incorporando en la discusión cuál es el costo salarial real por sector de actividad eco-nómica, ajustado por productividad (CSRap). Como aproximación, Marshall (2010) sostiene para el conjunto de los capitales aplica-dos a la industria, que si bien el costo salarial real aumentó más que la productividad, esta evolución parte del valor extremada-mente bajo del salario en 2002-2003. Por tanto, al tomar el año 1997=100, en 2008 el índice CSRap todavía está por debajo del año de referencia (=82.8), que era ya inferior al de 1993 (=125).


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Esto implica para el caso específico de la industria, que en 2008 la participación asalariada en el valor agregado industrial continúa siendo inferior al nivel alcanzado en 1997. Sin embargo, el escenario planteado muestra la necesidad de

problematizar las posibles formas de valorización que poseen las PyMEs, dado que a priori poseerían dificultades para lograr valo-rizarse vía extracción de plusvalor relativo –mediante incremen-tos de la capacidad productiva del trabajo-, mientras que siempre cuentan con la posibilidad de hacerlo por medio de la extracción de plusvalor absoluto.


En las páginas anteriores pudimos observar que a lo largo del período estudiado los capitales avanzados consolidan su posición de dominación. Sin embargo, las condiciones de valorización más favorables aparecen luego de crisis económica de 2001. A poste-riori de aquella fecha, las ganancias de esta fracción, mostraron un salto de nivel que puede verse con distintas fuentes de infor-mación. Los patrones comunes encontrados en el comportamiento de la ENGE y la base de datos bursátiles de la CNV, permitieron destacar que las ganancias de los capitales dominantes durante la Convertibilidad habían sido estables e inferiores a las que se registran, en promedio, en el período actual.El análisis por tamaño del capital permitió destacar algunas dife-

rencias entre grandes y pequeños, más allá de que ambos operan dentro de una misma dinámica general del capital� (Marx, 2004). A partir de la evidencia sobre la productividad del trabajo y la di-námica salarial, se desprenden dos reflexiones. En primer lugar, dados los incrementos en la productividad del trabajo, la fracción dominante del capital tendría una estrategia de valorización cen-trada en la apropiación de plusvalor relativo. En segundo lugar, los capitales subordinados padecerían difi-

cultades para valorizarse bajo esta misma estrategia. La presente investigación abre la puerta a futuros debates acerca de la hipó-tesis de que la discrepancia en la productividad laboral entre los capitales dominantes y el resto de los capitales, pueda ser com-pensada con la utilización por parte de estos últimos de métodos de extracción de plusvalor absoluto para lograr su valorización de manera competitiva, siendo que son incapaces de llevar a cabo un incremento de la fuerza productiva del trabajo que les permita


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obtener la tasa ganancia media de la rama (Marini, 2007). Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el año 2009, los trabajadores asalariados no registrados recibieron en promedio un 45% menos de ingresos que sus pares registra-dos. Es decir, la condición de trabajadores informales, empleados mayormente en capitales dependientes, se presentaría como una alternativa a la hora de garantizar su supervivencia De esta manera, fenómenos como el de la informalidad, aunque

aparezcan principalmente como una particularidad vinculada a los capitales de menor tamaño, podrían ser parte de una lógica sistémica que los excede y, a la vez, los condiciona (Barrera & Storti, 2010).


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Estructura de clase, distribución del ingreso y políticas públicas.

Una aproximación al caso argentino en la etapa post-neoliberal

Mariano Féliz, Emiliano López y Lisandro Fernández *

1. Introducción.

Las políticas estatales suelen ser presentadas en su implementa-ción con carácter universal o centradas en un sector de la pobla-ción en situación de riesgo –“los pobres”–. Las políticas llevadas a cabo en la última década en nuestro país, como el Salario Mínimo Vital y Móvil, el “blanqueo” laboral, los planes sociales, etc., pa-recieran haber provocado una disminución de los niveles de des-igualdad. Sin embargo, tales afirmaciones obvian el impacto dife-rencial de las políticas mencionadas sobre las distintas fracciones de la clase trabajadora.Para entender la dinámica distributiva de los años recientes,

creemos que es necesario contemplar las características de la eco-nomía argentina –capitalista, periférica y dependiente–; compren-der el carácter clasista de las políticas estatales y, a fin de inter-pretar el impacto diferencial de dichas políticas, realizar el estudio desde la perspectiva de clases sociales. Para ello, construimos en

* Féliz, Mariano :: Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades y Cien-cias de la Educación (FaHCE), Universidad Nacional de la Plata (UNLP) // Centro de Investigaciones Geográficas / Instituto de Investigaciones en Humanidades y Cien-cias Sociales (UNLP - CONICET), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-ción (FaHCE), Universidad Nacional de La Plata (UNLP) // Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.

López, Emiliano :: Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Plata (UNLP) // CIG-IDHICS-CONICET-UNLP // Miem-bro del Centro de Estudios para el Cambio Social.

Fernández, Lisandro :: Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Econó-micas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP) // Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.


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este trabajo una aproximación empírica a las clases sociales a partir de la información disponible por la Encuesta Permanente de Hogares para tres momentos del tiempo: cuarto trimestre de 2003, cuarto trimestre de 2006 y cuarto trimestre de 2009.El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la siguiente

sección presentamos una breve discusión sobre la relación entre la forma del Estado, la estructura social y las consecuencias sobre las políticas estatales. Luego realizamos una descripción sobre la importancia del análisis desde la perspectiva de clases y el planteo teórico y metodológico de Erik Olin Wright. En la cuarta sección, planteamos la operacionalización del concepto clase social y la metodología aplicada. En la sección quinta, destacamos los prin-cipales resultados obtenidos a partir del análisis de algunas políti-cas estatales laborales y sociales. Por último, en la sección sexta, exponemos las conclusiones de nuestra investigación.

2. Estado, estructura de clases y políticas estatales

Para el análisis de las políticas llevadas a cabo por el poder del Estado, creemos necesario introducir brevemente una discusión sobre el fundamento y la forma del Estado capitalista y, por medio de esta discusión, clarificar por qué creemos que un análisis de la estructura de clases es relevante para el estudio de ciertas políti-cas estatales que impactan sobre la distribución de los ingresos socialmente producidos. En primer lugar, es necesario definir cuál es el carácter estruc-

tural del Estado en las sociedades dominadas por el capital. Como plantea Poulantzas (1979), el Estado capitalista no es un sujeto en sí sino más bien una relación social objetivada en la que se condensan todas las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase. Por ello, el Estado –en tanto relación social– tiene en el marco

de las relaciones sociales del capital, el objetivo estructural de reproducir en un espacio geográfico específico dichas relaciones. Así, el Estado debe –por un lado– asegurar condiciones de acumu-lación normales para el capital como un todo, más allá de ciertos intereses particulares de las diferentes fracciones del capital y, por otra parte, permitir –jurídicamente– el dominio político del ca-pital en un espacio geográfico específico y delimitado (Panitch y Gindin, 2005). El Estado no es, por tanto, externo o autónomo a la conformación de la clase dominante sino que, por el contrario,

Estructura de clase, distribución del ingreso

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es la relación social que permite su “unidad política” (Poulantzas, 1979). Por ello, el mismo adquiere cierto grado de autonomía re-lativa en relación a cualquiera de las distintas fracciones del ca-pital1.Sin embargo, el Estado como relación social dominante no sólo posee este “momento estructural” en base al cual actúa como representación del capital en general. En tanto que el capital es una relación social que incluye a la clase trabajadora, el poder estatal requiere –para mantener su aparente representación de la sociedad en su conjunto– del registro e incorporación –parcial– de las acciones y necesidades de las clases subalternas. Es decir, el Estado capitalista es una relación conformada por la relación de clases que prima bajo el capital –principalmente, entre trabajado-res y capitalistas– y, por ello, sujeto a las correlaciones de fuerzas sociales y expresiones políticas de estas clases. Por ello, es necesario abarcar una segunda dimensión –más con-

creta– para explicar ciertas políticas estatales. Si bien el Estado capitalista posee una determinación de clase y un cierto grado de autonomía relativa frente a todas las distintas fracciones de clase, las luchas sociales tendrán necesariamente un impacto relevante en la forma concreta asumida por el Estado. Dado que el Estado es “condensación de luchas de clases y fracciones de clase”, nos es posible afirmar que los avances reivindicativos y políticos de la clase trabajadora tendrán consecuencias concretas sobre el accio-nar del Estado, que en ocasiones implican importantes cambios en la política pública en general y –en particular– en las políticas de ingresos (Féliz y López, 2010).Es por esta segunda dimensión más concreta del Estado que se

nos presenta relevante la estructura de clases para buscar una mejor comprensión de las políticas de ingresos de los años recien-tes en Argentina. Al mismo tiempo, las políticas públicas pueden tener impactos diferenciados entre las diversas clases y fracciones de clase que conforman una sociedad concreta. Para pensar estos resultados diferenciales que las políticas sociales y de ingresos diseñadas por el Estado poseen sobre las distintas clases y frac-ciones de clase en la Argentina reciente, nos resulta de utilidad el planteo metodológico de Wright (1978). El autor desarrolla un esquema de análisis para hacer más concretas –complejas– las de-terminaciones dialécticas que Marx plantea en sus estudios. Así, aporta un “modelo” que relaciona a través de diversos grados de

1 Esta apreciación permite comprender por qué un cambio de la alianza gobernante –cambios de manos del poder político– no tendrá como contrapartida una modificación radical de todo el sistema estatal (Thwaites Rey, 2007).


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mediaciones la estructura de clases, la estructura del Estado, las intervenciones políticas concretas del Estado y la lucha de clases. Como podemos apreciar en la figura 1, la idea del autor es que existe un impacto de la lucha de clases sobre la estructura del Estado –que a su vez se plasma en intervenciones concretas– que permite transformar el accionar estatal, al menos parcialmente. Por su parte, la intervención del poder del Estado puede favorecer o impedir la reproducción de la estructura económica concreta y, por su intermedio, favorece o contraría la reproducción de la es-tructura de clases2.

Figura 1. Esquema metodológico para el estudio de la relación dialéctica entre políticas estatales, estructura de clases y lucha clases.

Fuente: Wright (1978).

Este esquema metodológico permite comprender en un menor nivel de abstracción el impacto que poseen las políticas estata-les en el marco de la reproducción de las relaciones sociales del capital y no como simple decisión autónoma del Estado. En este estudio –preliminar, por cierto– creemos que puede resultar rele-vante estudiar los efectos diferenciados que poseen algunas de las políticas estatales (tales como, el salario mínimo vital y móvil, la política de “blanqueo” del empleo, entre otras) sobre las diferentes clases y fracciones de clase. Nos quedará pendiente el estudio de los fundamentos –comprensión y explicación– de estas políticas y

2 Cabe señalar que, más allá del Estado como condensación de fuerzas socia-les, las políticas específicas se aplican a través de una serie de aparatos específicos, con ciertos grados de autonomía entre sí y con grandes dificultades de coordinación (Ozslak y O`Donnell, 1995). Esto nos permite pensar que el grado de abstracción más general en el cual enmarcamos el debate sobre el Estado no es suficiente para explicar las políticas estatales concretas, situadas histórica y geográficamente.


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de las mediaciones que impactan sobre las políticas concretas y tienen su origen en la estructura social, en la esfera de la burocra-cia estatal y en la dinámica de la lucha de clases. Para aproximarnos concretamente a una caracterización de la

estructura de clases en la Argentina pos-neoliberal, es necesario realizar una breve conceptualización de las clases sociales y de las posibilidades de operacionalizar las categorías empíricamente.

3. Categorías para la construcción de una estructura de clases.

Existen distintos enfoques desde los cuales se puede estudiar los efectos diferenciados de las políticas estatales. Por un lado, se en-cuentran aquellos análisis que clasifican a la población por niveles (de ingreso, por ejemplo), los cuales muestran diferencias según una escala determinada. Sin embargo, entendemos que su poder explicativo es limitado, puesto que, por un lado, hasta qué punto dichas divisiones son convencionales, y por otra parte, no ayudan a interpretar los mecanismos causales de las diferencias basadas en la característica que sirve de criterio de decisión. Por el contrario, entendemos que realizar una estratificación por

clases sociales nos permite interpretar las causas de los efectos diferenciales de dichas políticas. Esto se debe a que la estructura social se compone de posiciones (objetivas) en las relaciones so-ciales de producción (conformando así las clases sociales) que son explicativas a su vez las posibilidades de acceso a bienes y servi-cios, derechos y obligaciones, poder y prestigio, las prácticas cul-turales y las actitudes “subjetivas” de los individuos. Una diferen-cia importante entre esta estratificación y otras posibles, es que el enfoque que adoptamos aquí realiza una clasificación relacional, en el sentido de que la posición de clase de unos está en relación a la posición de otros: entendemos que esto nos permite explorar los procesos que llevan a la desigualdad y no sólo observar sus manifestaciones superficiales (Pérez, 2008).Dentro de este marco, para el estudio de los efectos de las polí-

ticas estatales, retomamos la perspectiva de Wright (1979), para quien las clases sociales están constituidas por posiciones comu-nes dentro de un tipo especial de relaciones sociales contradic-torias: las relaciones sociales de producción. De esta definición se desprenden cuatro características que el autor remarca: las posiciones implican “lugares vacíos” que son “llenados” por in-dividuos, lo que significa que para el análisis importa entender


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primariamente esos lugares y, en segundo lugar, quiénes son las personas concretas que los ocupan. Por otra parte, las posiciones dentro de relaciones implican que el análisis de las posiciones y las relaciones deben ocurrir simultáneamente. Esas relaciones, por otra parte, son contradictorias: existe un antagonismo intrín-seco entre los elementos constitutivos de las relaciones sociales. Por último, las relaciones contradictorias están situadas dentro de la esfera de la producción (Wright, 1979).A partir de ese planteo podemos descomponer a las relaciones

sociales de producción capitalista en tres dimensiones interde-pendientes: control sobre el capital financiero (propiedad econó-mica), control sobre el capital físico (orden del proceso produc-tivo) y control sobre el trabajo de otros individuos (autoridad) (Martínez, 1999), lo cual nos permite establecer el antagonismo fundamental de clases entre capitalistas (aquella clase social que detenta todos estos controles) y trabajadores (la que carece de to-dos ellos). El análisis precedente tiene lugar en el nivel más alto de abstracción, plasmando así una estructura de clases polariza-da que, al mismo tiempo, un continuo de posiciones intermedias de acuerdo a la posesión de alguno de atributos mencionados. Así, a partir del desarrollo de esa relación principal (capital-tra-bajo) podemos descubrir e incorporar otras posiciones de clase que son relevantes: las posiciones contradictorias dentro de las relaciones sociales de clase. La naturaleza clasista de esas posi-ciones, que se basa en las clases fundamentales a las que ads-criben, es derivada pues sus integrantes participan en los dos bandos principales en el conflicto de intereses inherentemente contradictorio (Wright, 1994).Si bien Wright le otorga un papel principal al concepto de explo-

tación, en su estudio de la estratificación social (para las socieda-des avanzadas), los conceptos de dominación, control, autoridad y capacidades cobran un rol superlativo. En relación al concepto de control, Wright distingue cuatro grados: pleno, parcial, mínimo y nulo. Esto le permite diferenciar cuatro situaciones contradicto-rias según el grado de control ejercido: altos directivos, directivos intermedios, tecnócratas y capataces (Martínez, 1999). A su vez, el autor establece una distinción entre diferentes modos de produc-ción que le permiten identificar un número mayor de posiciones contradictorias: por un lado, se encontraría el modo de produc-ción mercantil simple y, por otro, el capitalista.De manera sintética, para Wright la estructura social se encon-

traría conformada de la siguiente manera: 1) la burguesía, com-


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puesta por los capitalistas tradicionales y los altos ejecutivos; 2) las posiciones contradictorias entre la burguesía y el proletariado, compuestas por directivos intermedios, tecnócratas y capataces; 3) el proletariado; 4) las posiciones contradictorias entre el pro-letariado y la pequeña burguesía, constituida por los empleados semiautónomos; 5) la pequeña burguesía y 6) los pequeños em-pleadores (Wright, 1979: 40).En lo que atañe a la distinción entre modos de producción

concurrentes, creemos que no posee carácter explicativo. Por el contrario, en lugar de pensar que existe un modo de pro-ducción (el mercantil simple) que se subordina a otro (el ca-pitalista), lo que existe en las sociedades capitalistas contem-poráneas (como la Argentina) son –al menos– dos lógicas en las actividades productivas: una orientada por la lógica de la reproducción simple y otra por la de la reproducción ampliada; esta última es la lógica dominante y da cuenta del carácter ca-pitalista del modo de producción prevaleciente. Sin embargo, la lógica dominante –la producción capitalista– se impone a la lógica de reproducción simple, lo cual no permite pensar en formas diferenciadas y puras de producción, sino en una uni-dad de las diferentes lógicas a partir de la imposición de una sobre la otra. Más allá de nuestras diferencias con ese enfoque, creemos que

para el presente estudio su aporte resulta esclarecedor y nos per-mitirá realizar una aproximación a la estratificación de clases en Argentina considerando la información disponible, las caracterís-ticas de nuestra economía y de los objetivos de nuestro análisis: entender la relación entre los efectos de las políticas estatales y la diferenciación social existente.La perspectiva empírica adoptada aquí reconoce sus anteceden-

tes en estudios como el de Susana Torrado (1994) quien busca establecer los cambios que se operan en la estructura social ar-gentina siguiendo una periodización definida por los modelos de acumulación dominantes dentro del lapso 1945-1983; también en trabajos como el de Féliz, Deledicque y Sergio (2000), quie-nes realizan una estratificación social por clases sociales y miden su poder explicativo en relación a la estratificación por ingresos; en Pérez (2008), quien toma como base el concepto de Condición Socio-Ocupacional de Torrado para estudiar la inserción laboral en los jóvenes para el período 1995-2003.


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4. De lo abstracto a lo concreto: la operacionalización del concep-to de clase social

Un punto complejo en los estudios que trabajan con el concepto de clases sociales es el pasaje del concepto abstracto de las clases a su operacionalización empírica. En efecto, es necesario estable-cer los criterios que permitan construir una estructura de datos que tenga coherencia lógica, alcance empírico y haga un uso ade-cuado de las fuentes de información disponibles. En tal sentido, nuestra propuesta supuso operacionalizar el concepto de clases sociales sostenido a través del uso de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) como fuente primaria de información. La misma contiene elementos suficientes como para encarar adecuadamen-te el problema de la operacionalización del concepto.Asumimos que la posición social de los hogares puede definirse

empíricamente a partir de la posición del jefe de hogar. La cen-tralidad del jefe de hogar no es arbitraria, de carácter despótico ni resulta del control monopólico de los recursos económicos del hogar. La figura del jefe de hogar tiene un fundamental papel re-ferencial en la conformación de la identidad del resto de los miem-bros del hogar. Todos los miembros del hogar evalúan su acción y posición en la estructura social desde un punto de partida que, aunque transitorio, es un punto de referencia básico y –creemos razonable suponer– es la posición social del jefe del hogar al que pertenecen. Por estos motivos, asignaremos al hogar y a todos sus miembros la posición social que corresponda al jefe del mismo.Tomamos como punto de referencia para la construcción de la

posición social (clase social) de los hogares el concepto de Condi-ción Socio-Ocupacional (CSO) propuesto por Torrado en su clásico estudio (Torrado, 1994). El mismo es adecuado como punto de partida pues asume que (1) en la sociedad capitalista la ocupación es el componente principal de la situación de clase ya que “resume la posición ocupada en el mercado”, (2) la ocupación constituye el mecanismo más universal que tiene una persona para acceder a medios de vida y (3) porque la ocupación constituye el escenario de relaciones sociales, experiencias, y oportunidades más abarca-tivas de las personas. En síntesis, tal cual sostiene Sautu (1998) la misma es el determinante más potente de las probabilidades de vida de las personas y sus hogares.El nomenclador propuesto por Torrado (1998) permite (a) cons-

truir la estructura de condición socio-ocupacional y de grandes clases sociales que agrupan varias condiciones socio-ocupaciona-les, (b) identificar un número relativamente pequeño de agrupa-


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mientos socio-ocupacionales, que serían suficientemente homo-géneos desde el punto de vista de las modalidades de inserción de los agentes en la actividad económica, y (c) discriminar agru-pamientos socio-ocupacionales, que tuvieran cierta identidad no meramente cuantitativa, y que a su vez tuvieran una frecuencia estadística representativa. Además, el ordenamiento de estos agrupamientos debería responder a una pauta decreciente de la calidad de vida y debieran ser identificables con las designaciones de mayor consenso en la literatura. Como señalamos, el concepto de clase social no es tan sólo un

criterio clasificatorio sino que hace referencia a un conjunto de individuos que tienen ciertos elementos comunes que se manifies-tan concretamente en sus maneras de pensar y obrar. De allí que la condición socio-ocupacional debería operar como vínculo entre la estructura de clase y la estructura económica, dando cuenta de la relevancia de la última como determinante fundamental de la primera.

4.1. Construcción de la CSO. Una propuesta metodológica para aplicar a la EPH

La construcción de la CSO parte de determinar las variables cla-ves:

• Condición de Actividad: ocupado, desocupado, inactivo,• Categoría de Ocupación: asalariado, empleador, cuentapro-pista, trabajador familiar,• Clasificación de Ocupación: carácter ocupacional (directivo, no directivo), jerarquía ocupacional (jefes), tecnología ocupacio-nal (no utilizado) y calificación ocupacional (profesional, técni-co, operativo, poco calificado),• Tamaño del Establecimiento: hasta 5 empleados, más de 5 empleados.

Primero, a partir de la Condición de Actividad separamos al sub-conjunto de la población activa de aquella inactiva; la EPH sólo provee información relevante para la construcción de la CSO para el conjunto de los ocupados y desocupados (población económica-mente activa).Segundo, definimos la posición básica en las relaciones de pro-

ducción que corresponde a cada persona ocupada y desocupada a partir de la Categoría de Ocupación y la Clasificación de Ocupa-ción (directivos, jefes, no jefes). Esto permite distinguir patrones


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y directivos (asalariados) del conjunto de los los/as trabajadores/as. Si bien los directivos son asalariados su papel en el proceso de valorización es eminentemente capitalista, teniendo tareas ligadas a la explotación, dominación y control. Entre el resto de los asala-riados distinguimos entre jefes y “subordinados” pues los prime-ros son asalariados pero en una posición contradictoria actuando en función capitalista pero –a diferencia de los directivos– no tie-nen control sobre la orientación general del proceso. Por último, separamos al conjunto de los trabajadores autónomos, es decir aquellos que no son asalariados pero no tienen personal a su car-go. A los trabajadores familiares no podemos asignarles una CSO propia (aunque luego puedan asumir la que corresponde al jefe del hogar al que pertenecen).Tercero, diferenciamos en capas dentro de cada clase socio-

ocupacional a partir de la combinación del Tamaño del Estable-cimiento y el nivel de calificación de la Ocupación. Los peque-ños propietarios (dueños de empresas con hasta 5 trabajadores) son considerados pequeña burguesía, sectores subordinados de la burguesía. Dentro de los asalariados no directivos y no jefes distinguimos a quienes ocupan tareas profesionales y quienes realizan funciones técnicas (ambas asociadas –en principio pero no necesariamente– a la posesión de certificaciones formales) de quienes son asalariados con calificación operativa (en tareas de complejidad intermedia) y quienes realizan tareas de poca califi-cación.Cuarto, en el caso de los sectores autónomos distinguimos a los

profesionales autónomos e incorporamos una diferenciación adi-cional en función de la posesión de medios de producción en el caso de los autónomos no profesionales.Quinto, finalmente por su relevancia social y cuantitativa distin-

guimos a las/os trabajadoras/es de servicio doméstico. La natu-raleza del empleo en el servicio doméstico es para remarcar pues a diferencia de la masas de los/as trabajadores/as, esta actividad es reconociblemente no capitalista.La principal divergencia con el enfoque de Torrado (1994, 1998)

es que nosotros no coincidimos con la diferencia interna de los trabajadores que la autora realiza a partir de la diferenciación del carácter concreto de la actividad en el caso de los “vendedores y empleados administrativos”. Esta distinción no nos parece re-levante en este nivel de análisis pues el objetivo de la misma es separar a los trabajadores que realizan un trabajo “no productivo” en el sentido de producción de nuevos valores de uso (Barrera y


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López, 2009). Esa distinción no es aplicable a la actividad concreta de los trabajados sino a la naturaleza concreta de la rama o sector de actividad. El carácter productivo o improductivo del trabajo debe determinarse en un nivel más concreto de diferenciación. Por otra parte, descartamos asignarle un status superior a ese sector de la clase trabajadora ubicándolo a priori en un estrato de “clase media” como propone Torrado (1998).Este procedimiento permitió establecer 13 grandes grupos de

CSO (Cuadro 1).

Cuadro 1. Condición socio-ocupacional. Ocupados y Desocupa-dos. 4to. trimestre, 2009.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH.

En promedio el 95,9% del total de ocupados y desocupados, pudo ser atribuido a una CSO. Como dato sobresaliente cabe se-ñalar que menos del 8% de la población económicamente activa son propietarios, directivos o jefes y controlan el trabajo del 66% que corresponde a categorías asalariadas no jefes. Por otra parte, sólo 6% ocupan posiciones donde la condición profesional remite al puesto mientras que 2/3 de los autonónomos no profesionales cuentan con algún medio de producción para sus actividades.Luego de asignar la CSO a cada trabajador/a activo/a seleccio-

namos a los jefes de hogar activos y asignamos a todos los miem-bros de cada hogar la CSO de sus jefes activos (Cuadro 2). En to-tal 18.754.497 personas pudieron ser asignadas la CSO. Sólo un reducido subconjunto de los hogares con jefe activo no pudo ser clasificado dentro de ninguna de las categorías de CSO por falta de información.


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Cuadro 2. Condición Socio-ocupacional. Personas. Según CSO del Jefe de Hogar. 4 trimestre, 2009.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH. * Ingreso per cápita promedio para el conjunto de las personas con CSO.

Para dimensionar la potencia del procedimiento aplicado cabe señalar que la muestra total expandida para el 4to. trimestre de 2009 abarca 24,745 millones de personas. Es decir, que hemos podido asignar la CSO de su hogar al 75,8% de la población rele-vada3. La población faltante incluye básicamente a los miembros de hogares con jefe inactivo y aquellos para la cual no se ha regis-trado en la EPH para sus jefes activos.4

Es importante remarcar que por la naturaleza de la EPH, el re-gistro de los ingresos de los estratos que componen la burguesía es incompleto. En particular, una parte importante de los ingresos

3 La EPH es una encuesta periódica a hogares urbanos. Es la principal fuen-te de información relativa a los ingresos de los hogares en Argentina. Por las carac-terísticas de la forma de registro, los ingresos derivados de la propiedad del capital tienden a estar fuertemente subdeclarados. Por otra parte, debido a la fuerte con-centración de los ingresos, la riqueza y la propiedad en las posiciones superiores de la distribución, la EPH no registra adecuadamente la posición particularmente privilegiada de los más grandes capitalistas.

4 Siendo este trabajo una primera aproximación al problema dejamos sen-tado el hecho de que para algunos estratos la cantidad de casos es demasiado pe-queña para que los resultados sean estadísticamente significativos con márgenes de error inferiores al 20%. Para posteriores trabajos buscaremos superar esta limita-ción con una estrategia que permita ampliar la muestra.


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imputables a esta clase social quedan registrados en cabeza de las corporaciones que sus miembros poseen. Por ello, la evaluación de las estimaciones que involucran a la burguesía debe ser hecha cum grano salis, relativizándolos.5

Se observa que mientras que los ingresos por habitante en los hogares de los/as trabajadores/as en servicio doméstico son aproximadamente 50% del ingreso promedio, los hogares de los propietarios de grandes empresas son casi 3 veces el valor prome-dio para el conjunto.6

1.2. De la CSO a las clases sociales. Una aproximación a partir del enfo-que de Wright

A partir de la CSO agrupamos los estratos de población según clases sociales siguiendo un criterio derivado de la propuesta de Wright (1979; 1994).Los propietarios de grandes capitales y sus directivos constitu-

yen –como señalamos– el conjunto de la burguesía. Son aquellos que tienen bajo su control y dirección la orientación general (polí-tica) del proceso de valorización y acumulación de capital.En una posición cercana a la burguesía pero en condiciones cuali-

tativamente diferentes se encuentra la pequeña burguesía compues-ta por los pequeños propietarios, directivos de pequeñas empresas y trabajadores autónomos con medios de producción. La principal diferencia con la burguesía es el hecho –fundamental– de que su actividad productiva está dominada por la lógica de la reproducción simple (supervivencia) en lugar de la lógica de la reproducción am-pliada (producción de plusvalor). Como sostiene Marx (1872a, 1872b, 1872c) la diferencia clave en este respecto es si la producción está dominada por la necesidad de generar plustrabajo y los propietarios reproducen su condición social a partir de la explotación del trabajo ajeno o si –por el contrario– los propietarios necesitan trabajar para vivir y la apropiación de trabajo ajeno es secundaria.En tercer lugar podemos agrupar a los asalariados que ocupan

la posición de jefes y los profesionales autónomos. Ambos ocupan posiciones de clase contradictorias.

5 Estos resultados deben complementarse con estudios que tomen en cuen-ta los ingresos no distribuidos por las grandes empresas, los depósitos bancarios y otras propiedades generadores de ingresos para la clase burguesa.

6 Recordemos que los ingresos de las clases propietarias y directivas –en particular, las vinculadas al gran capital- se encuentran fuertemente subdeclarados en la EPH, fundamentalmente por la naturaleza del procedimiento de registro.


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Finalmente, se encuentra el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras que incluyen a los asalariados no jefes o directivos, a trabajadores autónomos sin medios de producción y a quienes desarrollan tareas de servicio doméstico.

Cuadro 3. Clases sociales. Personas. Según CSO del Jefe de Ho-gar. 4 trimestre, 2009.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH.

Es interesante resaltar que tanto la pequeña burguesía como la clase trabajadora poseen ingresos medio por su ocupación que son similares mientras que la burguesía presenta ingresos pro-medio declarados que son aproximadamente 2,5 veces superiores (cuadro 3).

5. Políticas sociales y laborales frente al espejo de la superexplota-ción

5. 1. Las Políticas sociales y laborales en el neodesarrolismo

El neodesarrollismo supone el reconocimiento de la necesidad (política y económica) de establecer condiciones mínimas para la reproducción del conjunto de la clase trabajadora. Este reconoci-miento se expresa en un conjunto de políticas que –sin embargo– no siempre logran romper con los condicionamientos planteados por la reproducción del capitalismo en la periferia.En primer lugar, el capitalismo periférico reproduce de ma-

nera ampliada y persistente la precarización del empleo bajo múltiples formas, una de las cuales es el empleo asalariado no registrado.Esto está claro cuando analizamos el impacto de las políticas de

blanqueo laboral. Si bien es cierto que ha habido una reducción sostenida en el empleo “en negro”, la política laboral ha sido relati-


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vamente menos eficaz en aquellos estratos de la clase trabajadora que se ven más afectados por el problema (cuadro 4).

Cuadro 4. Empleo no registrado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH. * No incluye directivos. ** Asalariados del sector privado capitalista.

Tanto en el caso de los asalariados con poca calificación como en el servicio doméstico el blanqueo laboral redujo sólo marginal-mente el empleo no registrado. Por otra parte, en los estratos infe-riores de la clase trabajadora la incidencia del empleo “en negro” continúa bien por encima del 50%. Esta situación se replica en el caso de una de las políticas estrellas del actual proceso: el salario mínimo, vital y móvil (SMVM). En efecto, entre 2003 y 2009 el mis-mo aumentó un 397% y, sin embargo, su impacto en los salarios reales ha sido más bien limitado: el salario promedio aumentó sólo 221,1% en términos nominales en el período analizado.

Cuadro 5. Trabajadores con ingreso de la ocupación principal por debajo del SMVM. Proporción de trabajadores.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH. * No incluye directivos.


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Como se observa en el cuadro 5, el significativo aumento en los salarios mínimos se trasladó sólo muy parcialmente al con-junto de las remuneraciones. De esa manera, en la mayoría de los estratos el conjunto de los trabajadores aumentó la propor-ción de los/as trabajadores/as con ingresos por su ocupación principal por debajo de SMVM. En el caso de las trabajadoras del servicio doméstico la incidencia de los bajos salarios saltó por encima del 90%. Y para autónomos no profesionales y asa-lariados con poca calificación, supera holgadamente y en todo momento el 50%.

5.2. Efecto de las políticas laborales y sociales

Complementando este análisis podemos resaltar la evidencia que muestra la reducción de la desigualdad al interior de la clase trabajadora. Los estratos de más bajos ingresos (asa-lariados operativos, poco calificados y no profesionales sin medios de producción) han aumentado sus ingresos –entre el 4to trimestre de 2003 y el 4to trimestre de 2009– en relación al promedio mientras que los estratos con mayores ingresos (asalariados profesionales y técnicos) han visto reducirse sus ingresos en relación a la media general. Este proceso de ho-mogeneización relativa dentro de la clase trabajadora no da cuenta de la creciente apropiación relativa de riqueza por par-te de los sectores propietarios ya que no están incluídos en el registro de la EPH.Esta situación de cuenta de lo limitado de la política de ingresos

actual que –restringida por las necesidades del proceso de valori-zación de capital– no garantiza ingresos mínimos adecuados para la mayor parte de los/as trabajadores/as.Las políticas sociales cierran el círculo de las limitantes que

tienen el conjunto de las políticas que atañen a la reproducción de la fuerza de trabajo en Argentina. En un período de 6 años de acelerado crecimiento en el PBI, a finales de 2009 la pobreza abarcaba al 17,6% de los/as trabajadores/as y 21,7% entre los sectores de la pequeña burguesía, si bien no se puede negar la existencia de una reducción generalizada de la pobreza, no afectó por igual a las distintas sectores sociales (cuadro 6).


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Cuadro 6. Incidencia de la pobreza entre ocupados.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH. (a) Estima-ción según la inflación con IPC 7 provincias. * Estimaciones según la inflación oficial.

La situación presentada en el cuadro 6 da cuenta de un fenó-meno de extensión de la pobreza a un amplio conjunto de los tra-bajadores y de la pequeña burguesía, y la descarta como ligada esencialmente a la falta de empleo. Por el contrario, el empleo no garantiza la salida de la pobreza para una porción importante de la población (claramente ubicada en determinadas posiciones de clase).Esto se traduce en una incidencia de la pobreza que ronda el 30%

de la población en los hogares correspondientes a ambos estra-tos, claramente por encima de las clases dominantes (burguesía y posiciones contradictorias) (cuadro 7). Más precisamente, en los hogares de los estratos asalariados con poca calificación, autóno-mos no profesionales (con y sin medios de producción) y servicio doméstico la incidencia de la pobreza supera ampliamente el 25%.

Cuadro 7. Incidencia de la pobreza. Total población por clase social.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH. (a) Estima-ción según la inflación con IPC 7 provincias. * Estimaciones según la inflación oficial.

Más llamativa es la situación planteada cuando observamos que la pobreza no es correlativa con la incidencia del desempleo. La


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tasa de desocupación se redujo significativamente más entre los trabajadores y la pequeña burguesía. Sin embargo, según el cál-culo de disminución relativa entre puntas de la desocupación y la pobreza (cuadros 7 y 8), la correlación entre ambas parece tener el mismo sentido e intesidad para todas las clases excepto, para la burguesía: es la que menos disminuye la desocupación pero una de las que más reduce la pobreza.Con tasas de desocupación que son cerca de dos veces y media

mayores para los/as trabajadores/as que para la burguesía, la incidencia de la pobreza es casi seis veces más grande.

Cuadro 8. Incidencia de la desocupación. Total población por cla-se social.

Fuente: Elaboración propia.

Esta evidencia complementa la conclusión esbozada que mar-ca los límites de la política laboral y social del neodesarrollismo que no permite superar un marco macroeconómico que requiere y asume la superexplotación de los trabajadores y las trabajadoras como condición de su reproducción.

6. Síntesis y conclusiones

Las políticas estatales suelen ser presentadas como orientadas a resolver problemas universales (de la población) o focalizadas ha-cia algún sector social (“los pobres”). Sin embargo, ese discurso sobre las mismas reniega del carácter clasista del Estado y por lo tanto de la impronta que la lucha de clases y el carácter capitalista de la sociedad imponen sobre el mismo.En este trabajo hemos abordado –a partir de una primera aproxi-

mación– el problema concreto de las políticas públicas de empleo y sociales buscando discutirlas a partir de una perspectiva de cla-ses sociales, en particular estratificando a la población según su condición socio-ocupacional. Esto nos ha permitido descubrir que


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–en efecto– aún las políticas más amplias y generales (como el crecimiento económico y el derrame) tienen efectos que son clara-mente distinguibles en los distintos estratos y clases de la socie-dad. Tampoco las políticas laborales pueden ser vistas como ata-cando (o resolviendo) los principales problemas que provoca sobre los sectores trabajadores la modalidad capitalista de desarrollo en la periferia.Entre los principales resultados obtenidos vimos que las polí-

ticas de “blanqueo” laboral y salario mínimo vital y móvil, tuvie-ron efectos asimétricos según los estratos sociales, siendo los estratos inferiores de la clase trabajadora los menos beneficia-dos. Esto redundó un efecto limitado de las políticas sociales y de ingreso, ya que el actual modelo no garantiza ingresos mí-nimos para el conjunto de la clase trabajadora y por otra par-te, no se aprecia una correlación positiva entre desocupación y pobreza: la obtención de un empleo no garantiza la salida de la pobreza.Las características del desarrollo en nuestro país bloquean la

posibilidad de atacar definitivamente problemas acuciantes como el empleo no registrado, los bajos salarios o la pobreza (Barrera y López, 2010; Féliz, López y Hayes, 2009; Féliz, 2010). Esto ocurre porque esos fenómenos son producto de procesos necesarios en el modo de reproducción social que prevalece en la economía ar-gentina, que afecta a sectores muy particulares y precisos de las clases populares. Esto da cuenta de la imposibilidad de atacar –en principio– esos problemas sin superar esa modalidad de desarro-llo y –en paralelo– la segmentación que se presenta al interior de la clase trabajadora.


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Estructura de clases, inserción laboral y desigualdad en la

post-convertibilidad

Pablo Pérez y Facundo Barrera *

1. Introducción

El periodo 2003-2009 se caracterizó por un crecimiento económico sostenido del producto y una mejoría en los indicadores laborales, a pesar de los vaivenes producidos por la crisis internacional de 2008. En la actualidad, la tasa de desempleo parece consolidarse en un dígito y el PBI retoma su senda de crecimiento. Respecto a la distribución de los ingresos, luego de décadas de crecimiento de la desigualdad, a partir de 2003 se aprecia una reversión de aquel proceso. No obstante este alentador panorama podemos pregun-tarnos: ¿este periodo de crecimiento se tradujo en cambios en la estructura social? ¿Afectó las posibilidades de acceso al mercado de trabajo de diferentes grupos sociales? ¿Provocó cambios en la distribución de los ingresos?Específicamente nos concentraremos en analizar las variaciones

en la inserción laboral de la población y la evolución de la des-igualdad en el periodo 2003-2009.Para ello, en primer lugar vamos a estratificar a la población por

clases sociales retomando una perspectiva de inspiración marxista (Wright y Perrone, 1977) y utilizando como variable intermedia la Condición Socio Ocupacional (CSO) de los trabajadores (Torrado, 1994). En segundo lugar, a partir de la estratificación realizada va-mos a analizar las posibilidades de acceso al mercado de trabajo de

* Pablo Pérez :: Investigador CEIL-PIETTE/CONICET/ Docente UNLP. E-mail: [email protected]

Facundo Barrera :: UNLP –FLACSO / Doctorando en Ciencias Sociales – FLACSO / Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSo). E-mail: [email protected].

Agradecemos los comentarios de Francisco Cantamutto. Los errores u omisiones son de exclusiva responsabilidad de los autores.


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cada clase social y las posibilidades de ingreso asociadas. Particu-larmente nos interesa estudiar la desigualdad entre clases sociales, para lo cual utilizaremos el estadístico de Theil.El presente trabajo es una primera aproximación a la estratifi-

cación por clases sociales siguiendo la perspectiva utilizada por Wright. Representa, por lo tanto, un trabajo exploratorio cuyos resultados nos sirven para adelantar hipótesis -que deberán ser confirmadas en futuras investigaciones- más que para extraer conclusiones categóricas.

2. ¿Por qué clases sociales?

Entre los años 1960 y 70, la posición de clase se transforma en la principal variable predictiva de la conducta de los actores, prin-cipalmente en el seno de la sociología europea. Este paradigma busca la explicación de las conductas en las situaciones sociales, ligadas a su vez a situaciones de trabajo, más o menos explícita-mente definidas como posiciones en las relaciones de producción. La pertenencia de clase, en tanto posición “objetiva” en las relacio-nes sociales de trabajo, explica a la vez las posibilidades de acceso a bienes y servicios, y en parte, las prácticas culturales y las acti-tudes “subjetivas” de los individuos (Dubar, 2003). Para los años ochenta varios trabajos empíricos europeos mues-

tran que el sentimiento de pertenencia a una clase es minoritario y tienden a concluir una pérdida de centralidad de la “clase obre-ra”. Las clases sociales desaparecen del discurso de intelectuales y políticos y ganan terreno visiones más individualistas. De forma similar, la sociología americana cuestiona la existencia de clases sociales, al observar que factores como la educación, los ingresos, la ocupación, la religión y la etnicidad aparecen como indepen-dientes unos de otros, de manera que individuos que ocupan un rango alto en una dimensión podían tenerlo bajo en otras, lo cual impide hablar de un sistema coherente de estratificación (Parkin, 2001). Este cuestionamiento suele vincularse a la pérdida de cen-tralidad del trabajo en las llamadas “sociedades postindustriales” ¿Cómo reducir a una situación de trabajo y a una “posición de cla-se” cuando se pasa de empleos precarios al desempleo, de empleos amenazados en un sector a empleos muy diferentes en otro? La complejización de trayectorias profesionales desafía toda tentativa de reducción a determinaciones simples (Dubar, 2003). También en América Latina pierden relevancia los estudios de estratifica-

Estructura de clases, inserción laboral y desigualdad

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ción y movilidad social frente a aquellos que estudian problemas de pobreza y exclusión social (Filgueira, 2001). ¿Por qué analizar entonces la inserción laboral y los ingresos

desde la perspectiva de las clases sociales? ¿Qué aporta adicional-mente al enfoque tradicional de estratificación por ingresos? En términos generales puede decirse que mientras que los en-

foques que estratifican a la población por niveles de ingresos, o según condición de pobre/no pobre del hogar, se limitan a mos-trar diferencias en una escala (al acceso al mercado de trabajo, a la educación, etc.), utilizar una estratificación por clases sociales busca identificar mecanismos causales que ayuden a interpretar diferencias en la estructura social que trascienden el ingreso. La diferencia radica en que se trata de una clasificación relacional, en el sentido que la posición de clase de unos está vinculada a la posición de clase de otros. En esta visión, Portes y Hoffman (2002) señalan que el análisis de clase permite explorar las causas y pro-cesos que llevan a la desigualdad, y no sólo sus manifestaciones superficiales. En última instancia podemos acordar que “el análisis en térmi-

nos de clase es útil ya que se resiste a la disolución de la idea de sociedad y de estructura social detrás de la imagen de una yux-taposición de mercados en los que actúan átomos individuales…” (Dubet, 2003).

2.1. Clase, análisis de clase y estratificación social

Para Wright (2004), la expresión “lo que tienes determina lo que consigues” captura lo esencial de un análisis de clases de las oportunidades de vida. Debido a que el interrogante que guía el presente capítulo es analizar hasta qué punto el hecho de perte-necer a una determinada clase social afecta las posibilidades de inserción laboral, y que el trabajo remunerado (resultado de esa inserción) es central para determinar los ingresos y consecuente-mente las oportunidades de vida de las personas, rescatamos la pertinencia de esta perspectiva. Queda abierto qué rango de recur-sos o activos deben ser incluidos en “lo que tienes” y qué clase de resultados son incluidos en “lo que consigues”. Hay autores que presentarían un repertorio amplio de recursos mientras que otros sólo se limitarían a unos pocos. Entre los primeros, Wright desta-ca a Bourdieu, que incluye tanto activos financieros (capital en el sentido más conocido), como habilidades y conocimientos (capital humano) y capital cultural. Entre los segundos, destaca a Marx,


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para quien los únicos activos que realmente importan para definir una clase en las sociedades capitalistas son el capital y el trabajo. Weber se ubicaría en una posición intermedia, ya que incluye las habilidades como un recurso que da forma a las capacidades de mercado y de este modo a las oportunidades de vida. Finalmente, neoweberianos como Goldthorpe suman a esas capacidades de mercado atributos específicos del puesto de trabajo, tales como la autoridad y la responsabilidad por tareas técnicamente complejas, que también afectarían las oportunidades de vida de esas perso-nas (Wright, 2004). Empíricamente, los autores que más han trabajado las clases so-

ciales son Goldthorpe (1980, 1983, 1992), desde una óptica neowe-beriana, y Wright (1990, 1994, 1997), desde una visión neomarxista.La visión neoweberiana tiende a relativizar las relaciones de pro-

piedad y a enfatizar la estructura ocupacional. En su clasifica-ción, Goldthorpe busca combinar categorías ocupacionales cuyos miembros serían comparables, por un lado, en términos de sus fuentes y niveles de renta, en su grado de seguridad económi-ca y en sus posibilidades de mejora económica; y de otro, en su localización en los sistemas de autoridad y control que rigen los procesos de producción en que se encuentran involucrados (Gol-dthorpe, 1980).Por su parte, Wright extiende el esquema de clases clásico del

marxismo (burguesía, proletariado y pequeña burguesía) incor-porando clases adicionales caracterizadas por su posición con-tradictoria respecto de las anteriores. Por ejemplo, los directores tienen características de la burguesía (control de los medios de producción) y del proletariado (venta de su fuerza de trabajo). Para delimitar las clases, incorpora como variables (además del trabajo y los medios de producción) a la autoridad (permite diferenciar entre dirigentes y subordinados) y la calificación (diferencia tra-bajadores expertos de aquellos que no lo son). De este modo, la construcción empírica de las clases pasa de una concepción de-finida únicamente por la relación con los medios de producción, a una concepción de carácter multidimensional (González, 1992). De este modo podemos observar un acercamiento entre ambos enfoques, al menos en lo referente a la construcción empírica de las clases sociales.En Wright y Perrone (1977), siguiendo la tradición marxista, las

clases son definidas primeramente en términos de las posiciones estructurales comunes en la organización social de la producción, la cual es definida por la economía capitalista. Para esto, resaltan


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tres elementos centrales: las clases constituyen posiciones comu-nes, esas posiciones son relacionales y esas relaciones están en-raizadas en las relaciones capitalistas de producción. Esto signi-fica que las clases se constituyen de “lugares vacíos” que se van completando con los individuos. El análisis de clase debe observar en primer lugar aquellos espacios y, secundariamente, los indivi-duos que “los rellenan”. Por otra parte, las clases constituyen po-siciones comunes en las relaciones sociales de producción, lo que significa que las clases deben ser siempre entendidas en relación con otras clases (Wright y Perrone, 1977).En América Latina, temáticas vinculadas a la estructura y la es-

tratificación social se discuten desde la década de los ´50 (Germa-ni, 1955, 1963; Echavarría, 1959; Fernandes, 1968, 1973, entre otros), y algunos años después van apareciendo elaborados esque-mas clasificatorios empíricos (Torrado y de Ipola, 1976; Filgueira y Geneletti, 1981; Torrado y otros, 1989) que siguen diferentes perspectivas teórico-metodológicas. En el presente texto utilizaremos un esquema de clases inspirado

en la tradición marxista, similar al utilizado por Wright y Perrone (1978) adaptándolo en función de la información disponible en la Encuesta Permanente de Hogares argentina para el periodo 2003-2009. La operacionalización del concepto clase social presenta múl-tiples dificultades y es necesario tomar varias decisiones metodo-lógicas, cuestión que intentaremos resolver en la próxima sección.

2.2. Una propuesta de operacionalización de la clase social

La estratificación de la población según clases sociales conlleva tomar varias decisiones metodológicas, todas ellas susceptibles de cuestionamiento, que son brevemente detalladas a continuación.En primer lugar, la fuente primaria de información que vamos a

utilizar es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC para el total de aglomerados urbanos para el perio-do que va desde 2003 a 2009.La propia naturaleza de la fuente utilizada la hace no apta para la operacionalización de categorías teóricas que involucren información cualitativa, de manera que quedan fuera del análisis determinaciones superestructurales de tipo jurídicas, políticas e ideológicas. Así definida, la “estructu-ra de clases” designa el reparto de las personas en las diferentes posiciones que son definidas por las relaciones de producción y los procesos sociales que tienen lugar en un sociedad concreta (Torrado, 1998).


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En segundo lugar, aparece el problema de la unidad de análisis ¿Cuál debe ser la unidad de análisis para realizar la estratificación social? ¿El individuo o la familia? La gran mayoría de las investi-gaciones sobre el tema (Blau y Duncan, 1967; Goldthorpe, 1983, Goldthorpe y Erikson, 1992; Torrado, 1994,1998) toman a la fa-milia como unidad de análisis, dado que usualmente comparten un estándar de vida y condiciones materiales similares, y utilizan la posición en el mercado de trabajo de los hombres como indica-dor de la posición de clase de la familia. Otros miembros del ho-gar, al no tener similares oportunidades en el mercado de trabajo, derivarían su posición de clase de la del jefe de familia (Goldthor-pe, 1983 citado en Jorrat, 2000). No obstante, esta postura no es unánime sino que es principalmente cuestionada por aquellos que investigan la desigualdad de géneros en el mercado de trabajo, dado que con la creciente participación laboral de las mujeres, suele pasar que ambos miembros de la pareja trabajen y puedan tener empleos en posiciones de clase diferentes. Conociendo este cuestionamiento, pero asumiendo que las familias comparten los ingresos de todos sus miembros, es que vamos a considerar a la familia como unidad de análisis para determinar la posición de clase y, para determinar la posición de clase familiar vamos a uti-lizar la posición de clase del jefe de hogar, sin distinguir si se trata de un varón o una mujer. Para la construcción de la posición social de los hogares retoma-

mos el concepto de Condición Socio-Ocupacional (CSO) propuesto por Torrado (1994, 1998) para trabajar con relevamientos censa-les, el cual será readaptado en función de nuestra perspectiva y la información disponible en la EPH. Este nomenclador (CSO) nos parece adecuado como punto de partida pues asume que (1) en la sociedad capitalista la ocupación es una variable central para determinar la posición de clase1, (2) la ocupación constituye el mecanismo más universal que tiene una persona para acceder a medios de vida y (3) porque la ocupación constituye el escenario de relaciones sociales, experiencias, y oportunidades más abarca-tivas de las personas. A su vez, nos permite identificar un número manejable de agrupamientos socio-ocupacionales, que serían su-

1 La relación entre clase social y ocupación es compleja y ampliamente dis-cutida en la literatura sobre estratificación social. Mientras la literatura marxista tradicional considera ambas variables como independientes, en el otro extremo, perspectivas funcionalistas tienden a identificarlas. Nuestra interpretación es que la ocupación actúa como variable intermedia en la operacionalización de la estrati-ficación social (Gonzalez, 1992).


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ficientemente homogéneos desde del punto de vista de las modali-dades de inserción de la población en la actividad económica y con una frecuencia estadística representativa.

3. Construcción del nomenclador de Condición Socio-Ocupacio-nal (CSO)

Para la construcción del nomenclador CSO se consideraron carac-terísticas económicas (del jefe de hogar) que indican su inserción en el sistema de producción y distribución económica. Ellas son:

1) Condición de Actividad: ocupado, desocupado, inactivo;2) Categoría de Ocupación: asalariado, empleador, cuentapro-pista, trabajador familiar;3) Clasificación de la Ocupación2: aquí se consideraron el ca-rácter ocupacional (directivo, no directivo), la jerarquía ocupa-cional (jefe, no jefe) y la calificación ocupacional (profesional, técnico, operativo, poco calificado);4) Se consideró el tamaño del establecimiento en el cual se encuentra ocupado el jefe de hogar: hasta 5 empleados, más de 5 empleados3.

A partir de allí se siguieron los siguientes pasos:Primero, a partir de la Condición de Actividad separamos al subcon-

junto de la población activa de aquella inactiva, dado que la EPH sólo provee información relevante para la construcción de la CSO para el conjunto de los ocupados y desocupados (población económicamente activa). Como estas variables se relevan únicamente para la población activa (ocupados y desocupados que hayan trabajado previamente) aparece la dificultad de asignar a una clase social a los jefes “inactivos”, dado que no existe información que permita determinar su pertenencia de clase (y por lo tanto la del resto de los integrantes de su familia). Por esta razón no serán considerados en el presente análisis4. Segundo, a partir de la Categoría de Ocupación y el Clasificador de Ocupación

2 Se utilizó el Clasificador Nacional de Ocupaciones del año 2001 (CNO-2001).

3 El tamaño de corte varia en diferentes estudios comparativos. La elección del corte en 5 personas, para el caso argentino, es compartida por Jorrat (2005).

4 Una situación análoga se plantearía para aquellos jefes de hogar que son nuevos trabajadores (desocupados sin experiencia laboral previa), pero su frecuen-cia empírica de acuerdo a la EPH es ínfima (pareciera ser requisito tener o haber tenido un trabajo para ser considerado “jefe de hogar”), por lo cual no serán consi-derados.


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distinguimos entre empleadores y trabajadores, y dentro de estos úl-timos diferenciamos los directivos y jefes de aquellos que no lo son. Si bien los directivos y jefes son asalariados, su papel en el proceso de valorización es eminentemente capitalista: poseen tareas ligadas a la explotación, dominación y control. La diferencia entre ambos es que los jefes no tienen control sobre la orientación general del proceso pro-ductivo (mientras los directivos sí). A su vez, separamos al conjunto de los trabajadores autónomos, es decir aquellos que no son asalariados. Tercero, a partir de la combinación del Tamaño del Establecimiento y el nivel de calificación de la Ocupación diferenciamos en capas dentro de cada clase socio-ocupacional. Dentro de los asalariados no directivos y no jefes distinguimos a quienes ocupan tareas profesionales y quienes realizan funciones técnicas (ambas asociadas – en principio pero no ne-cesariamente – a la posesión de certificaciones formales) de quienes son asalariados con calificación operativa (en tareas de complejidad inter-media) y quienes realizan tareas de poca calificación. Cuarto, en el caso de los sectores autónomos distinguimos a los profesionales autónomos e incorporamos una diferenciación adicional en función de la posesión de medios de producción en el caso de los autónomos no profesionales. Quinto, por la naturaleza misma de la actividad –esencialmente no ca-pitalista- distinguimos a las/os trabajadoras/es del servicio doméstico.Este procedimiento permitió establecer 13 grandes grupos de

CSO (Cuadro 1).

Cuadro 1. Condición socio-ocupacional. Ocupados y Desocupa-dos.

Fuente: Elaboración propia.


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Finalmente, en función de las definiciones adoptadas previamen-te, asignamos a todos los miembros de cada hogar la CSO de sus jefes activos. En total, hemos podido asignar la CSO a más del 75% de la población relevada por la EPH.

3.1. De la CSO a nuestra propuesta de operacionalización del concepto.

Una vez establecida la CSO para el conjunto de la población bajo análisis, pretendemos adentrarnos en la operacionalización del concepto de clase, lo que nos permitirá evaluar la estructura de oportunidades laborales (en términos de inserción al mercado de trabajo), junto con la evolución de la desigualdad según las distin-tas clases sociales. Como se ha mencionado, existen numerosos autores que han elaborado una propuesta metodológica para la medición empírica del concepto. En el presente trabajo, tomamos como punto de partida la clasificación utilizada en Wright y Pe-rrone (1977) y Wright (1979), la cual fue utilizada para discutir la relación entre las clases sociales y la distribución del ingreso en Estados Unidos.Arriesgar una clasificación significa, en definitiva, pensar

una estructura de clases que se adecue a las relaciones so-ciales de producción de una sociedad en un tiempo y lugar determinados. Siguiendo la perspectiva indicada, en el Cua-dro 2 clasificamos las categorías de la CSO en torno a cua-tro criterios: (a) propiedad de los medios de producción; (b) compra de fuerza de trabajo de otros; (c) control de la fuerza de trabajo; (d) venta de su propia fuerza de trabajo5 (Wright y Perrone, 1977).

5 Podría argumentarse que vender fuerza de trabajo es equivalente a no ser dueño de los medios de producción. Sin embargo, en toda sociedad existen actores que no son ni lo uno ni lo otros, como por ejemplo estudiantes (Wright y Perrone, 1977).


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Cuadro 2. Criterios de operacionalización de una estructura de clase

Fuente: Elaboración propia en base a Wright y Perrone (1977).

De esta manera, llegamos a una estructura con cinco clases sociales (Cuadro 3). La clase capitalista, responde a quienes son dueños de los medios de producción, compran y controlan fuerza de trabajo. Dado que la EPH registra básicamente los ingresos de los trabajadores y no el plusvalor apropiado por los capita-listas, y que, la mayor parte de los individuos que caen en esta categoría son dueños de medianos y pequeños emprendimientos productivos6 llamaremos a esta categoría “Empleadores” en lugar de capitalistas.En segundo lugar, se encuentran los managers, categoría inte-

grada por directivos grandes y chicos, junto con los jefes. Éstos venden su fuerza de trabajo y cumplen el rol de controlar a otros trabajadores, función indispensable para el proceso de acumula-ción y valorización del capital. A su vez, los managers más encum-brados también poseen algún grado de decisión sobre las inversio-nes y la acumulación. Es decir, sus acciones no sólo repercuten sobre su productividad, sino que pueden hacerlo sobre la produc-tividad del conjunto de la empresa (Wright, 1979).En tercer término tenemos a la pequeña burguesía, autónomos

profesionales y autónomos no profesionales propietarios de me-dios de producción, quienes cumplen con la condición de auto-emplearse sin comprar ni controlar fuerza de trabajo. La pequeña burguesía difiere de la clase capitalista tanto cuantitativamente como cualitativamente. Por un lado, la magnitud del capital es

6 Según datos de la EPH, en el cuarto trimestre de 2009, dos terceras partes de los empleadores poseen bajo su órbita 5 o menos de 5 trabajadores.


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mucho más pequeña pero además, en general, las condiciones de acumulación de una porción de los beneficios (reproducción ampliada del capital) son mucho más dificultosas7 (Wright, 1979). En cuarto lugar, tenemos a los trabajadores/as (66%) quienes sólo cuentan con su fuerza de trabajo, la cual será vendida para garan-tizar su reproducción y la de su familia. Finalmente, incluimos la categoría Ambiguo para incluir a los trabajadores autónomos que no son profesionales y a su vez no son propietarios (ni alquilan) local o maquinarias. No los incluimos como pequeña burguesía en función de creemos que se trata más bien de trabajadores pre-carios, quienes se ven obligados a autogenerarse un puesto de trabajo para poder obtener algún ingreso, por más magro que sea. Por lo general, se trata de experiencias inestables que suelen tener más una lógica de supervivencia o de “refugio” que una perspecti-va laboral a mediano plazo. Debe aclararse que estos trabajadores son detectados como ocupados por la EPH cuando en realidad presentan situaciones más próximas al desempleo que a la pose-sión de un puesto de trabajo. Se trataría de la base (la posición más baja) de la pirámide social.

Gráfico 1. Participación de las clases sociales en la Argentina 2003 y 2009.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC.

7 En particular, esto sucede para los autónomos no profesionales propietarios.


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En lo que se refiere a la comparación 2003-2009, encontramos que la estructura de clase se mantiene prácticamente constante, con un leve incremento de los empleadores y trabajadores por sobre los managers y los autónomos no profesionales no propietarios.

4. De las desigualdades sociales a las desiguales oportunidades de acceso al mercado laboral

En la presente sección estudiamos la desigualdad de ingresos y de posibilidades de acceso al mercado de trabajo entre clases sociales a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) continua 2003-2009, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a partir del tercer trimestre de 2003. La encuesta reformulada tiene periodicidad trimestral y consiste en un conjunto de muestras de los principales aglomerados del país, ac-tualmente se releva en 31 aglomerados. Por lo tanto, la muestra brin-da información urbana y no puede hablarse de un dominio nacional.En primer lugar, se observa (cuadro 3) una relativa paridad y es-

tabilidad en cuanto al esfuerzo de movilización de fuerza de traba-jo de cada clase social que se manifiesta en 1) una baja dispersión entre las tasas de actividad de cada clase social (se observa una mayor participación –aunque pequeña- de los trabajadores de ho-gares cuyo jefe pertenece a la clase social empleadores y pequeña burguesía); y 2) la inexistencia de cambios de magnitud durante el periodo analizado en las tasas de participación en el mercado de trabajo. Si desagregamos dentro de cada clase social se observan pequeñas variaciones: incrementos en las tasas de actividad de empleadores y directivos de empresas de más de 5 empleados; y una caída en la participación de asalariados no calificados, autó-nomos no profesionales y servicio doméstico. Llama la atención que la clase trabajadora (incluyendo aquí los

trabajadores autónomos incluidos en la clase ambigua) presente las menores tasas de participación laboral de toda la población. Si anali-zamos dentro de esta gran clase social que son los trabajadores asa-lariados podemos destacar que son esencialmente los trabajadores de hogares con jefes asalariados no calificados y operativos quienes presentan tasas de actividad considerablemente menores que la ge-neral. Esto puede expresar discriminación por parte de los emplea-dores hacia aquellos trabajadores que presentan menores credencia-les educativas, lo que los va dejando fuera del mercado de trabajo8.

8 Es el denominado “efecto desaliento”: luego de buscar infructuosamente


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Cuadro 3. Tasa de actividad por clase social. Población mayor a 10 años. Periodo: IV 2003-IV 2009


El análisis de la tasa de empleo (cuadro 4) nos muestra un mayor éxito en la obtención de un puesto de trabajo para los trabajado-res que pertenecen a las clases de empleadores, pequeña burgue-sía y managers, mientras que aquellos que pertenecen a la clase trabajadora (y ambiguos) se encuentran por debajo del promedio general durante todo el periodo.

Cuadro 4. Tasa de empleo por clase social. Población mayor a 10 años. Periodo: IV 2003-IV 2009


un empleo abandonan la búsqueda del mismo y consecuentemente salen de la po-blación económicamente activa (PEA). Igualmente, esta hipótesis habría que con-firmarla con un análisis empírico que incluya el nivel educativo como variable de interés.


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Dado que, como mencionamos previamente, la tasa de participa-ción es relativamente similar para todas las clases sociales, esta desigual inserción laboral se va a reflejar en diferencias en las tasas de desempleo por clase social (cuadro 5).

Cuadro 5. Tasa de desocupación por clase social. Población mayor a 10 años. Periodo: IV 2003-IV 2009.


En un contexto de fuerte reducción de la tasa de desocupación, se observa que sólo la clase trabajadora (incluyendo la ambigua) presenta tasas de desocupación mayores a la general durante todo el periodo estudiado9. En el esquema de clases sociales desagrega-do se observa que los grupos más afectados son los autónomos no profesionales ni propietarios (clase ambigua), el servicio doméstico y los asalariados no calificados y operativos, es decir aquellos ho-gares cuyo jefe se encuentra en la base de la pirámide social.

5. Las clases sociales y el reparto de los ingresos

En los párrafos anteriores, observamos cuáles son las condicio-nes de inserción al mercado de trabajo para las distintas clases sociales. A partir de allí, pretendemos analizar qué es lo que ha

9 Hay que tener en cuenta que al asignar la CSO a la población no se con-sideraron los hogares con jefes inactivos (por la imposibilidad de asignarles CSO), los cuales fueron excluidos de la muestra. Esta cuestión deriva en que las tasas de actividad, empleo y desocupación pueden ser diferentes de las difundidas por el INDEC, dado que son recalculadas para la muestra con la cual se está trabajando. En este caso particular, vemos que la tasa de desocupación recalculada es menor a la publicada por el INDEC para todo el periodo analizado.


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sucedido con los ingresos en el período bajo estudio. Para estudiar la desigualdad, se analizarán los ingresos totales

familiares promedio para los trabajadores ocupados, excluyendo a los individuos que poseen un ingreso igual cero. Para ello, trabaja-mos con una muestra expandida que va de 7.961.582 casos en el cuarto trimestre de 2003 a 8.957.270 casos en idéntico trimestre de 2009.

5.1. Acerca del indicador de desigualdad utilizado.

Para evaluar los cambios en la desigualdad a lo largo del tiempo se utilizará el índice de Theils. En caso de que no se cuente con la información a nivel de individuos o se esté interesado en trabajar con datos agrupados (como en nuestro caso), si los miembros de la población pueden ser clasificados en grupos (clases sociales) mutuamente excluyentes y completamente exhaustivos, entonces el estadístico de Theil (T) puede descomponerse en dos elementos: el componente entre grupos (T’g) y el componente al interior de los mismos (Twg). Esta descomposición es una ventaja de la herra-mienta, ya que se puede identificar los aportes a la desigualdad entre los grupos estudiados y al interior de los mismos. De esta forma, encontramos al estadístico expresado como la suma de sus componentes:

T= T’g + Twg

Al trabajar con datos agrupados y de distintas jerarquías (ej. ciudades dentro de provincias y provincias dentro de países), el estadístico brindará la posibilidad de agregar los aportes a la des-igualdad de ambos niveles de la información. Ésta es una ventaja con respecto al Coeficiente de Gini, medida de desigualdad más difundida. El componente del Theil “entre grupos” se define como:

donde i representa el i-ésimo grupo, pi es la cantidad de miembros que lo componen, P es el total de la población, yi es el ingreso me-dio del grupo y μ es el ingreso medio de la población de referencia.Finalmente, en nuestro caso trabajaremos exclusivamente

con el componente “entre grupos”, ya que nuestro interés se centra en la observación de los movimientos de la desigualdad


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y no en calcular o comparar niveles. En cada dimensión ana-lizaremos los movimientos del T´g, los cuales contienen infor-mación que permite aproximar los movimientos en el T10. Los incrementos de T´g implican crecimientos en la desigualdad, mientras que lo contrario sucede con caídas en los valores del índice.

5.2. Reducción de la desigualdad y ganancias capitalistas

Como se puede ver en el gráfico 2, el período bajo estudio ha mostrado una tendencia descendente de la desigualdad para el conjunto de la población de nuestro país. Durante décadas la desigualdad global creció ininterrumpidamente, alcanzan-do en el año 2003 los valores de desigualdad más altos de la historia económica reciente. A partir de ese año se evidencia una marcada reversión, tanto para el conjunto de la población como para distintos grupos de trabajadores, diferenciados se-gún calificación y región a la que pertenecen (Barrera, 2009). Luego de siete años de exitosa valorización del capital, nos encontramos en niveles de inequidad cercanos a los experi-mentados en el año 1992. Esta tendencia parecería hacerse presente también en el

análisis que contempla la desigualdad entre clases socia-les. Si bien las series no son estrictamente comparables11, nuestra intención es mostrar cómo la desigualdad entre clases sigue una tendencia similar a la construida para el conjunto de la población, aunque pareciera ser más volátil (Gráfico 2).

10 Galbraith (1998) sostienen que T y T´ están altamente correlacionados en el tiempo, siempre y cuando se cumplan las condiciones mencionadas como necesa-rias para la separación de T en componentes.

11 La desigualdad individual se encuentra construída a partir de microdatos de los ingresos laborales familiares, lo cual equivaldría a T. Mientras que la desigual-dad entre clases sólo registra el componente T´g, toma valores de ingresos totales (laborales y no laborales) familiares.


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Gráfico Nº2. Desigualdad total individual y entre clases sociales. Índice de Theils. Total de aglomerados. Años 1992-2009.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC.Nota: A partir del segundo semestre de 2003 se remplaza la EPH Puntual por la Continua, por lo que las serie de desigualdad indi-vidual no es estrictamente comparable.

Por otra parte, la distribución de la masa de ingresos entre cla-ses, nos permite echar luz sobre el proceso que se ha venido dan-do durante los últimos años. Por un lado, es importante recordar que la participación de las clases en la estructura social a lo largo del período se mantiene relativamente constante (ver Gráfico 1). De esta manera, se puede interpretar que para las clases que no varían su participación, los cambios en la masa de los ingresos se debe a la variación de los ingresos medios totales de cada clase. Éste es el caso de los empleadores, quienes incrementan su masa de ingresos en una quinta parte en los siete años examinados. Es decir, a pesar del descenso de la desigualdad, la clase capitalista (al menos una parte de ella) estaría beneficiándose sustantiva-mente en los años recientes. Si tomamos únicamente la CSO que registra a los grandes empleadores -capa que registra los mayores ingresos-, encontramos que el ingreso medio total familiar crece sustantivamente entre puntas, incrementando así su participa-ción relativa en el conjunto de la población.


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Por lo tanto, el mejoramiento en la desigualdad sería producto de ampliaciones en la participación de los trabajadores, a costa de managers y pequeña burguesía. Mientras tanto, la reducción de la masa de ingresos de la categoría ambiguos, sí tendería a estar explicada por la cantidad de individuos registrados en la misma, ya que prácticamente se reducen a la mitad. Este hecho también tendería a mostrar una mejoría ya que estos casos se encuentran en la base de la pirámide social (Cuadro 6).

Cuadro 6. Distribución de la masa de ingresos totales familiares según clases sociales. Cuarto Trimestre de y 2009.


Al observar las variaciones año a año de la masa de ingresos, en-contramos que en tres de los seis años examinados, los incremen-tos más importantes se dan en la clase empleadores, siendo esos años coincidentes con incrementos en la desigualdad. En particu-lar, el año 2006 presenta la reversión más importante de la serie y si miramos la variación 2005/2006, encontramos que conjuga beneficios diferenciales tanto para empleadores como para mana-gers (Cuadro 7).

Cuadro 7. Distribución de la masa de ingresos totales familiares por clase social. Variación anual. Cuartos Trimestres 2003-2009.


Finalmente, en el Cuadro 8 presentamos valores de ingresos me-dios en términos corrientes por clase social. Además, señalamos


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como referencia, el ingreso medio ponderado (ipp) para el conjunto de las clases. Se observa que tanto en 2003 como en 2009, el ipp marca una línea divisoria entre las clases dominantes (empleado-res y managers) y las clases subordinadas.Con el objetivo de estudiar la serie punta a punta, construimos un

índice que ubica al ingreso de los trabajadores en base=1. Luego de los cambios que se producen en el período, el índice muestra un acor-tamiento de las diferencias de los ingresos medios totales familiares. En 2009, los salarios medios de los trabajadores representarán algo más en el plusvalor apropiado por los capitalistas (de 1.83 a 1.79), mientras que ganan mayor participación con respecto a managers (de 1.79 a 1.52) y la pequeña burguesía (de 1.05 a 0.98), esta última quedando por debajo en la estructura de retribuciones por clase. Al mismo tiempo, sus pares de la categoría ambiguos lograrán recortar distancias, levantando así la cola inferior de la distribución.

Cuadro 8. Ingresos medios totales familiares por clase social. En pesos corrientes e Índice base trabajador=1. Cuartos Trimestres 2003-2009.


De lo visto anteriormente, se destaca que la caída en la desigual-dad estaría vinculada con la recuperación de los ingresos de los trabajadores/as y de los autónomos no profesionales no propie-tarios (ambiguos), quienes se encuentran en la base de la estruc-tura social. Esta mejoría se debe, en primer lugar, a que la clase trabajadora crece en 7 años más de un 10%: más de 900.000 trabajadores/as se incorporan a la producción. Seguidamente, los ingresos medios totales de las familias trabajadoras, parecen ser de los más dinámicos en el período12.

12 Debemos recordar que los valores se encuentran en pesos corrientes por lo que no podemos observar el poder de compra de la clase, para lo cual deberían compararse estos valores con los de una canasta de bienes y servicios familiar pro-medio consumida por los hogares pertenecientes a esta clase.


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Wright (1979) sostiene que los determinantes del valor de la fuerza de trabajo se vinculan con (a) el nivel de productividad del trabajo existente en el sector de la economía productor de bienes-salario, (b) los costos específicos de producción y reproducción de las/os trabajadoras/es, es decir, el costos de formación, y (c) un tercer componente vinculado a las relaciones de mercado –condiciones en las cuales se vende la mercancía-. Dado que el período de análisis de nuestro estudio, es relativamente corto, podríamos suponer que los dos primeros elementos no han variado sustancialmente en es-tos años. Por otro lado, en relación al tercer determinante, la mayor ocupación de la fuerza de trabajo posee un lugar importante en la recuperación de los ingresos de los trabajadores, por lo que podría implicar una recomposición del poder de clase y, por tanto, un me-joramiento en las condiciones de venta de su mercancía.En el otro extremo, los empleadores se apropian de un monto mayor del

plusvalor generado por los trabajadores, por lo que incrementan su masa de ingresos en un 20% (cuadro 6). La magnitud del ingreso de los capita-listas estará directamente vinculado con el monto de plusvalor apropiado, lo cual es función de la magnitud de la fuerza de trabajo empleada –la cual, como señalamos, crece sostenidamente- y de la tasa de explotación (Wright, 1979). A su vez, no queremos dejar de señalar que los incremen-tos en la “cúpula” de esta clase son aún más importantes: al observar el comportamiento de los grandes empleadores únicamente, encontramos que se incorporaron 65.000 nuevos casos (un 45% más) y que su partici-pación en los ingresos medios totales familiares crece del 11% al 16% en el período, siendo el incremento más importante de una CSO (Cuadro 9).

Cuadro 9. Participación relativa de los ingresos medios totales familiares por condición socio ocupacional. Cuartos Trimestres 2003-2009.

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC


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Pareciera ser que, en lo que a desigualdad se refiere, los perdedo-res en el actual proceso de valorización del capital son la pequeña burguesía y los managers. Mientras que la participación en el con-junto de la población se mantiene constante, los ingresos de los primeros crecieron a un ritmo menor que el promedio ponderado. Debería analizarse si es posible que los procesos de concentración y centralización del capital puedan estar teniendo algún impacto sobre las condiciones de vida de la clase, ya que sus retribuciones dependerán de la productividad de su trabajo y del grado de vul-nerabilidad del pequeño productor en el mercado (Wright, 1979). Por último, los managers caen tanto en términos de participación

como en ingresos. Para encontrar una explicación, probablemente deberían analizarse las categorías de pequeños (junto con jefes) y grandes directivos por separado, vinculadas más directamente con los la pequeña burguesía y los empleadores, respectivamente.

6. Reflexiones Finales

En primer lugar, queremos defender la pertinencia de utilizar las clases sociales para estratificar la población. En Argentina han perdido relevancia los estudios de estratificación social frente a aquellos que estudian sólo uno de sus extremos, principalmen-te estudios sobre la pobreza y la exclusión social. La estratifica-ción por clases sociales busca identificar mecanismos causales que sirvan para interpretar diferencias en la estructura social que trascienden el ingreso. Se trata de una clasificación relacional, en el sentido que la posición de clase de unos está vinculada a la posición de clase de otros. En segundo término, queremos destacar que el presente texto es

una primera aproximación a la estratificación por clases sociales siguiendo la perspectiva utilizada por Wright y Perrone (1977) y Wright (1979). No conocemos antecedentes en Argentina que utili-cen esta perspectiva para un análisis de clases. Creemos que ésta es una de las contribuciones del presente trabajo. Tercero, confirmamos que el origen social determina, de cierta

manera, las oportunidades de acceso al mercado de trabajo. La ortodoxia económica nos indicaría que esto refleja las diferen-cias en los niveles educativos de los trabajadores. No obstante, a pesar de encontrar una relación positiva entre educación y po-sibilidades laborales podemos cuestionar la visión estándar de


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que se trata de una elección costo-beneficio de cada persona en función de sus futuros salarios o probabilidades de inserción y preguntarnos si realmente se “elige” hasta qué momento perma-necer en el sistema educativo. Nuestra hipótesis es que las posi-bilidades educativas están condicionadas por el origen social de las personas, por la posición que ocupa su hogar en la estructura social. De esta manera, las diferentes posibilidades de acceso al mercado de trabajo reflejan diferencias en la educación (como lo expresa la teoría neoclásica), pero estas diferencias tienen su origen en la posición que ocupa la persona en la estructura so-cial. En este sentido, aunque no son trabajadas en el presente texto, creemos que variables de tipo educativo (nivel educativo alcanzado) y relacional pueden ser parte de la explicación de las diferencias laborales analizadas.En cuarto lugar, el exitoso proceso de valorización del capital en

la post-convertibilidad muestra una disminución de desigualdad en la Argentina actual. A pesar de ello, luego de varios años de cre-cimiento ininterrumpido, aún se mantienen niveles de desigual-dad similares a los de comienzos de los noventa. Al mismo tiempo, la desigualdad entre grupos (clases sociales) -calculada a partir de uno de los componentes del estadístico de Theil, T´g-, sigue la misma tendencia descendente de la desigualdad global pero exhi-be mayor volatilidad. A nuestro entender, en buena medida el proceso de disminución

de la desigualdad puede ser explicado a partir de la importante incorporación de trabajadores al aparato productivo. Este incre-mento en los niveles de empleo hace crecer directamente la masa de salarios, e indirectamente, puede afectar favorablemente las condiciones en las que se vende la fuerza de trabajo, si es que tien-de a recomponer el poder de la clase. La misma hipótesis podría sostenerse para los autónomos no profesionales no propietarios (ambiguos), los que se encuentran en la base de la pirámide social y para quienes se percibe una mejora en su situación relativa du-rante el período. En lo que se refiere a los empleadores -en particular su cúpula,

a quienes mejor se puede emparentar con la clase capitalista-, entendemos que también aparecen como beneficiarios del proce-so. Este resultado tendería a entroncarse con el primero ya que al crecer el empleo, también crecen las posibilidades de apropiación del plusvalor generado por los trabajadores más allá de la tasa de explotación del período, la cual no se estudia en el presente trabajo. Por último, las clases de managers y pequeña burguesía


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aparecen como las principales perjudicadas en la etapa actual, lo cual deberá ser indagado en futuros estudios sobre la temática. Esperamos que el presente trabajo aporte nuevos elementos para

el análisis de los fenómenos estudiados. Creemos que el análisis de clase muestra una perspectiva diferente a la habitual y su in-terpretación puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa, que tenga en cuenta que las desiguales posiciones en la estructura social generan desiguales posibilidades de ingresos e inserción laboral.

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