En este Fascículo se termina la síntesis de las soluciones al problema de la injus-ticia como condición para la paz.

d. MÉTODOS ALTERNATIVOS

Aunque en Colombia se ha presentado un incipiente desarrollo de los mecanis-mos alternativos de solución de conflictos, con el apoyo creciente de núcleos de la sociedad civil, incluyendo universidades y cámaras de comercio, se deben am-pliar las técnicas de negociación, los me-canismos de descongestión y desjudi-cialización prevista en el artículo 16 de la Constitución; los medios alternativos de solución de conflictos, es decir, la conci-liación, el arbitraje y la amigable compo-sición, creando conciencia de las bonda-des en su aplicación. La mejor manera

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Por Ricaurte Losada Valderrama*

*Ex Senador de la República, Analista, Investigador.

La desjudicialización evita, ente otras cosas, pago de

honorarios a los abogados.

La mejor manera para descongestionar la justicia y evitar la morosidad judicial, es a través de los mecanismos alternativos

de solución de conflictos.

para descongestionar la justicia y evitar la morosidad judicial, es a través de estos mecanismos.

El Derecho es apenas un instrumento de la justicia. Para conseguirla hay otros medios eficaces que hacen posible la so-lución de los problemas. En otros paí-ses existen mecanismos eficaces como los consultorios jurídicos vecinales de Chile, donde la mayoría de los conflictos se re-suelven en instancias prejudiciales; en ese país la Constitución asegura a todos los ciudadanos la asistencia jurídica gra-tuita y hay extencionistas jurídicos suje-tos a selección rigurosa.

El establecimiento del arreglo preju-dicial obligatorio para la mayoría de las controversias abriría espacios a la conci-

liación, al arbitraje y a la amigable com-posición. Las soluciones consensuales o arbitrales podrían también multiplicarse en las cláusulas contractuales, así como fomentarse una mayor utilización de los seguros para la mejor distribución de ries-gos en los negocios jurídicos.

La búsqueda de nuevas estrategias para la aplicación de la justicia debe par-tir del reconocimiento de que un 80 por ciento de la población no tiene acceso a ella, especialmente los sectores más po-bres de la sociedad. La ineficacia de los procesos formales y la debilidad de me-canismos para resolver pequeñas causas hace que los ciudadanos perciban como distante e inoperante a la justicia. Tam-bién inciden el desconocimiento ciudada-no de sus derechos y deberes, el costo de los honorarios a los abogados y las barre-ras geográficas y culturales. Por último, en una sociedad donde se han generali-zado las conductas delictivas y la indisci-

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plina social, la demanda por justicia excede la oferta, restringiendo la efectividad de las instituciones judiciales mientras no cobren eficacia otros mecanismos educativos y po-líticos de autorregulación social.

Desde hace tiempos, para la Corpora-ción excelencia en la justicia “Las políticas de ampliación y mejoramiento de acceso a la justicia comprenderían, entre otras medi-das, el fortalecimiento del sistema nacional de asistencia legal popular, incluyendo la defensoría pública, las casas de justicia y los consultorios jurídicos, donde la sociedad civil podría jugar un importante papel de apoyo. El desarrollo de la conciliación en de-recho o equidad, (…) lo mismo que una ade-cuada reglamentación de los jueces de paz contribuiría a ensanchar los mecanismos sociales de solución de conflictos. Los espacios de autorregulación social po-drían también enriquecerse con políticas sostenidas de educación cívica ciudada-na, así como con soluciones políticas a la violencia ejercida por los grupos armados que han debilitado a la administración de

justicia y exacerbado la impunidad penal.

“Así, entonces, el fortalecimiento de me-canismos de gestión, la reingeniería proce-sal y las políticas para ampliar el acceso a la justicia contribuirían a combatir los dos principales flagelos que estructuralmente la vienen resintiendo y desprestigiando: la congestión y la impunidad. La sociedad co-lombiana debe exigir resultados más con-tundentes en ambos frentes. La justicia si-gue atascada con cerca de tres millones de procesos sin solucionar en los despachos judiciales y aproximadamente 1.5 millones en la Fiscalía.

Los jueces no pueden despreocuparse del entorno social, menos desconocerlo; no tenerlo presente es un atentado

que los lleva a adoptar actitudes monstruosas contra la sociedad.

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e. EL JUEZ Y JUEZ DE PAZ

Los jueces no pueden despreocuparse del entorno social, menos desconocerlo; no tenerlo presente es un atentado que los lleva a adoptar actitudes monstruosas contra la sociedad. Su éxito consiste, ante todo, en realizarse como personas, como profesiona-les; ser felices y después jueces. Cada pueblo tiene los jueces y los magistrados que se merece; si prevarican, se apartan de su noble función; lo hacen movidos general-mente por las condiciones del medio en que se desenvuelven, lo cual no significa que se deba legitimar su proceder, pero esto indi-ca que para cambiar a los jueces para que sean rectos y decidan en derecho, sin tener en cuenta presiones y factores subjetivos, es necesario transformar también a la socie-dad.

El juez debe ser el guardián de la digni-dad humana y su misión es hacer valer la justicia, inclusive contra la ley injusta, así como tener la valentía de exponer sus ideas delante de todos, de no arrepentirse nunca de sus providencias y tener la humildad ne-cesaria para no ser injusto.

Es necesario aplicar la Ley 497 de 1999, por la cual se crearon los jueces de paz en Colombia, que busca solucionar integral-mente los conflictos comunitarios o entre particulares. Ellos han tenido éxito en el Perú, donde este procedimiento es mucho más eficaz que el mismo poder judicial. Allí funciona con éxito la administración de justicia informal en las comunidades campe-sinas y nativas, en las rondas campesinas y a través de los jueces de paz. La comunidad selecciona el juez de paz, el cual no tiene ju-risdicción territorial; el mejor juez de paz es oriundo de la misma comunidad que lo elige. Por la eficacia de ese sistema, allí práctica-mente desapareció el abigeato.

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Corrupción excelencia en la justicia, El Tiempo, Lecturas dominicales, Pág. 7. 1

f. PARTICIPACIÓN DE TODOS

El problema de la injusticia se soluciona con la participación de todos y establecien-do normas que obliguen a los funcionarios y órganos del Estado encargados del mane-jo de dineros oficiales a rendir cuentas de manera pública. Si el país quiere recupe-rar los espacios ganados por la corrupción necesita un amplio y decidido compromiso ciudadano.

g. NO ES UN PROBLEMA ÚNICAMEN-TE NORMATIVO

Aumentar las penas no garantiza la dis-

minución del delito. Generalmente lo que se hace es producir más leyes en un ejercicio normativo y político, más o menos acentua-do según la época y las conveniencias y coyunturas, mientras la realidad sigue siendo la misma. En otras palabras, el volu-men de la delincuencia se contrae con medi-das positivas, pero aún más, con reacciones sociales preventivas.

h. OTRAS SOLUCIONES

Lo más urgente para Colombia es dise-ñar y llevar a cabo un proceso de solución a la injusticia, primero la material y luego

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Generalmente lo que se hace es producir más leyes, mientras la realidad sigue siendo la misma.

Frente a un sistema jurídico que fomenta los procedimientos escritos y burocráticos, es inaplazable una reingeniería procesal basada en un esfuerzo de reducción de trámites y términos, actualización de competencias y control a los efectos dilatantes que generan apoderados y partes.

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la formal. Las soluciones a ésta deben com-prender prioritariamente el diseño de una política criminal eficaz, para lo cual hay que replantear la Comisión Asesora del Ministe-rio de Justicia y darle herramientas técnicas y alto nivel.

Frente al legado de un sistema jurídico que fomenta los procedimientos escritos y burocráticos, es inaplazable una reingenie-ría procesal basada en un esfuerzo de re-ducción de trámites y términos, actualiza-ción de competencias y control a los efectos dilatantes que generan apoderados y par-tes. Igualmente, las responsabilidades de los empleados judiciales en los procesos deberían replantearse; abrirse un mayor es-pacio a la desjudicialización prevista en el artículo 116 de la Constitución.

Es necesario introducir cambios en algu-nos procesos, como las reformas radicales que necesitan los procesos ejecutivos, que representan el 70 por ciento de la carga de los juzgados civiles y que han hecho colap-sar al sistema judicial y entregar a los mu-

Para Alfredo Fuentes Hernández, el acceso a la justicia podría ampliarse si el Estado y la sociedad civil le

pusieran atención al sistema nacional de asistencia legal popular.

La formación de los abogados debe enfatizar en lo ético -la justicia tiene que ver con un orden ético antes que con un orden jurídico formal- y sacar a las universidades del afán de lucro educando con criterio más humanista y social.

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nicipios y departamentos la prestación de ciertos servicios de justicia en áreas como la familia, la niñez, la prevención de in-fracciones y conflictos regionales y loca-les.

Se deben utilizar sin más dilaciones las herramientas de descongestión que ofre-cen las leyes doscientos setenta -270- de 1996 y 446 de 1998 y realizar ajustes en el conocimiento judicial y correcta utiliza-ción de la acción de tutela.

También es prioritario incluir en el pre-supuesto de la justicia recursos para pro-gramas de capacitación y mejora de la gestión en despachos y agilización de los procesos. La formación de los abogados debe enfatizar en lo ético -la justicia tie-ne que ver con un orden ético antes que

con un orden jurídico formal- y sacar a las universidades del afán de lucro educando con criterio más humanista y social, recu-perando el prestigio de la profesión, ele-vando los niveles de formación académica para que sus egresados no sigan siendo vistos como pícaros y ladrones, con bajo

prestigio y cobrando excesivos honorarios.Para Alfredo Fuentes Hernández, “El ac-

ceso a la justicia podría ampliarse si Es-tado y sociedad civil le pusieran atención al sistema nacional de asistencia legal popular incluyendo el fortalecimiento de los consultorios jurídicos universitarios y de las casas de justicia. Pero sobre todo, si se apoya el desarrollo de formas comu-nitarias no burocráticas de resolución de conflictos, donde los ciudadanos encuen-tren alternativas más próximas, rápidas y legítimas para solucionar sus problemas”.

Por lo expresado, estamos convencidos que la guerra se acabará si hay justicia; con ella hay reconciliación, pues aún de-rrotando militarmente a la insurgencia, para que haya paz, tiene que haber jus-ticia y reconciliación. Si falta una de las dos, no hay paz, lo cual implica que en los acuerdos deben incluirse todos los actores del conflicto.

Es meridiano que si un proceso de paz avanza, es más factible lograr cese al fue-go y de hostilidades. También tiene que haber justicia, procesos judiciales, castigo y retribución.

La justicia que queremos, El Tiempo, 13 de octubre de 1988, Pág. 5 a. 2

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