-1-

Graciela Patricia Cacace, María Esther Gómez, Jorge

Osvaldo Morina y Graciela Emilse Suevo (Compiladores)

GEOGRAFÍAS REGIONALES Y EXTRACTIVISMO EN LA ARGENTINA

DE LOS BICENTENARIOS

Serie – Publicaciones del PROEG Nº 14

Instituto de Investigaciones Geográficas

Programa de Estudios Geográficos (PROEG)

Departamento de Ciencias Sociales

Universidad Nacional de Luján

Luján, 2013

-2-

Comité Científico Editorial:

Dr. Jorge H. Morello (GEPAMA-FADU-UBA) Dra. María Elina Gudiño (FFyL-U. N. de Cuyo) Dra. María Celia García (CIG-FCH-UNCPBA) Dra. Diana Lan (CIG-FCH-UNCPBA)

Cacace, Graciela Patricia Geografías regionales y extractivismo en la Argentina de los Bicentenarios / Graciela Patricia Cacace ; María Esther Gómez ; Jorge Osvaldo Morina ; compilado por Graciela Patricia Cacace ... [et.al.]. - 1a ed. - Luján : Universidad Nacional de Luján, 2013. 370 p. ; 21x16 cm. - (Publicaciones del PROEG / Cristina T. Carballo; 14)

ISBN 978-987-9285-44-2

1. Geografía Económica. 2. Geografía Regional. I. Gómez, María Esther II. Morina, Jorge Osvaldo III. Cacace, Graciela Patricia, comp. IV. Título CDD 910.82

Fecha de catalogación: 10/07/2013

1ª edición

© Universidad Nacional de Luján - Departamento de Ciencias Sociales Rutas Nacionales 5 y 7 - (6700) Luján – Argentina Tel: (+54-2323) 428350 / 425954 - Fax: (+54-2323) 425795 Email: secinves@mail.unlu.edu.ar - http://www.unlu.edu.ar

ISSN 1851-8907

Fecha de publicación: Septiembre 2013 Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723

LIBRO DE EDICIÓN ARGENTINA No se permite la reproducción parcial o total, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.446.

-3-

ÍNDICE

Palabras Preliminares. .................................................................5 Prólogo. Beatriz Goldwaser; Brisa Varela.................................11

Capítulo 1 Orden global, reestructuración productiva y crisis ambiental: análisis de la relación entre deforestación, soja transgénica y silvicultura en la Argentina contemporánea. Sebastián Gómez Lende; Guillermo A. Velázquez...................................................23

Capítulo 2 Transformaciones de los perfiles productivos regionales en Argentina: ¿deudas a futuro? María E. Gómez; Graciela E. Suevo..........................................................................................87

Capítulo 3 Conflictos por la tierra en el oeste pampeano.Tipología de conflictos y cartografía de la resistencia. María E. Comerci.....137

Capítulo 4 Entre Algodones. Ana M. Liberali; Omar H. Gejo.....................173

Capítulo 5 Economía, recursos naturales y patrimonio social común. Lecturas sobre el uso del recurso suelo en la región pampeana argentina. Gabriela I. Maldonado..............................................195 Capítulo 6 La soja en Argentina: las consecuencias del modelo agro-industrial sobre la economía familiar, el medioambiente, la cultura

-4-

y el patrimonio inmaterial en Santiago del Estero, noroeste argentino. Mariela P. Dubravka.................................................241 Capítulo 7 Capitalismo agrario y expansión sojera en la Argentina: ¿un extractivismo sin retorno? Jorge O. Morina; Graciela P. Cacace......................................................................................287 Capítulo 8

La megaminería en la Argentina actual. Continuidades y conflictos. Ana M. Fernández Equiza.......................................329 Capítulo 9 Conflictos Ecológicos Distributivos en torno al proyecto megaminero Agua Rica. Ana L. Berardi....................................361 Capítulo 10 La megaminería en la Argentina del Siglo XXI: saqueo extractivista neocolonial. Graciela P. Cacace; María E. Gómez; Jorge O. Morina........................................................................391 Capítulo 11 Aplicación de un marco teórico-conceptual al estudio de un caso: minería a cielo abierto en Famatina, La Rioja. Graciela E. Suevo........................................................................................443 De los Autores……………………………………...………………471

-5-

Palabras Preliminares El Programa de Estudios Geográficos (PROEG), componente del Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, tiene la enorme satisfacción de presentar el libro Geografías Regionales y Extractivismo en la Argentina de los Bicentenarios. Esta obra constituye parte de los resultados del Proyecto de Investigación denominado “Implicancias geográficas de la explotación de recursos naturales en la Argentina, 1990-2009. Una perspectiva crítica. Segunda Etapa” (período 2012-2013), radicado en el mencionado Departamento de la UNLu y acreditado en el Programa Nacional de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación. En esta publicación hemos logrado asociar las capacidades y el compromiso de investigadoras e investigadores del Grupo de Estudios en Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI), que integra el PROEG en el marco del INIGEO, con muy valiosos aportes que sintetizan trabajos realizados en ámbitos de otras universidades nacionales. Esos ámbitos son: el Centro de Investigaciones Geográficas, Facultad de Ciencias Humanas y el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS) –CONICET- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,Tandil, representados aquí por los doctores Ana María Fernández Equiza, Guillermo Ángel Velázquez y Sebastián Gómez Lende; el Departamento y el Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, representados por la Dra. María Eugenia Comerci; el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, representado por la Dra. Gabriela Inés Maldonado; el Grupo de Estudios Regionales del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, representado por la Lic. Ana Laura Berardi y la Lic. Ana María Liberali. Estas dos últimas investigadoras integran también el P. I. citado en el primer párrafo.

-6-

Con respecto a las temáticas y problemas que se sintetizan en los once capítulos del presente libro, señalamos que se trata de expresiones de hechos y conflictos regionales de la Argentina que, como otras formaciones sociales-históricas dependientes, ha sido seleccionada como espacio propicio para la obtención de rentas de privilegio a través de la explotación (y expoliación) de sus “recursos naturales” que, claro está, el capital no acepta entender como “bienes comunes”. En cada trabajo se presentan y analizan los procedimientos depredatorios en materia económica, social y ambiental, vinculados a un exacerbado extractivismo, arrasador de culturas y pautas productivas preexistentes. Como se advierte en las palabras anteriores, es nuestra intención provocar un debate acerca del “modelo” extractivo vigente en esta fase senil del capitalismo, fijando la atención en la región latinoamericana y, dentro de ella, en un país como la Argentina. Nuestra región es funcional a la acumulación capitalista global y es también parte de una larga crisis que es económica, financiera, alimentaria, energética, ambiental, sistémica, integral, del conjunto del orden civilizatorio. Estamos inmersos en una verdadera crisis de la racionalidad capitalista. El alza de los precios de las materias primas que favorecen las cuentas nacionales son expresión de la crisis. Los precios suben debido a las condiciones del funcionamiento transnacional de la economía mundial contemporánea. “Las crisis” se entrelazan y la insuficiencia de hidrocarburos conduce a utilizar productos agrarios para obtener biocombustibles [agrocombustibles], encareciendo los alimentos. Al mismo tiempo, la especulación con materias primas agrarias y mineras eleva los precios con cargo a la factura de alimentos e insumos de pueblos-países dependientes de esos elementos. La dimensión especulativa, el traslado de productos agrarios a la generación de combustibles, la contaminación o envenenamiento de suelos, aire, aguas superficiales y subterráneas, son parte de un esquema productivo definido por las transnacionales de la alimentación, la biogenética, los hidrocarburos, los cultivos forestales, la minería

-7-

a gran escala. Por supuesto, siempre avaladas y apuntaladas por los gobiernos de sus países de origen y por organismos denominados “multilaterales”, como el Banco Mundial o la OMC. Pero, tristemente, también por gobiernos de países (incluyendo en muchos casos las escalas municipal y provincial) que son objeto de saqueo por esas corporaciones y sus socios vernáculos. El ingreso de divisas por exportaciones, más el atractivo que supone la región para la llegada de inversiones extranjeras directas y para la especulación, incide en el crecimiento económico. Luego, ese crecimiento esconde la reprimarización, la dependencia en la determinación de los precios, la intensificación de la transnacionalización por avance de la extranjerización, incluso por la compra de tierras. El mismo crecimiento económico (que no es desarrollo y muchas veces resulta lo contrario), permite disimular, no demasiado bien, la continuidad de graves problemas sociales que recorren nuestras geografías: el desempleo o el empleo precario, la flexibilización laboral y salarial, la deficiente atención de la salud del grueso de la población, la persistente pérdida de interés oficial por la educación pública, la pobreza, la indigencia, entre otros. Además, la apuesta extractivista agudiza los problemas de la agricultura familiar, de los campesinos y de los pueblos originarios1. Mientras se iba consagrando y consolidando la matriz productiva, las resistencias sociales se fueron también organizando y fortaleciendo. Ante la renovada agresividad de las multinacionales de la minería, los hidrocarburos y los agronegocios, las poblaciones afectadas se autoconvocaron en defensa de los “bienes comunes”. Distintos gobiernos de nuestra América latina mostraron su compromiso que, sin vergüenza, estuvo junto a los grandes emprendimientos resistidos y a las corporaciones. Así, en Brasil, Lula llegó a calificar de “gringos” a

1 Sociedad Latinoamericana de Economía Política. Declaración de

Guararema, Guararema, Brasil, 26 de junio de 2011.

-8-

un arco amplio de movimientos que se opusieron en 2010 a la construcción de una represa hidroeléctrica (Belo Monte) que inundaría tierras indígenas. Entre otros, el adjetivo incluyó al Movimiento Sin Tierra. En Bolivia, Evo Morales acusó que “intereses foráneos plantean consignas como Amazonia sin petróleo”, ante el rechazo a explotaciones de hidrocarburos por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha realizado varias manifestaciones por el derecho al agua y en rechazo de las concesiones a empresas mineras realizadas por el gobierno. Según R. Correa, las manifestaciones son parte de la manipulación de “gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos, en ONG”. La presidenta de la Argentina, junto a su Ministro de Planificación y su Secretario de Minería, se reunió en Canadá, durante una Cumbre del G 20 en 2009, con empresarios canadienses a los que invitaron a invertir en proyectos mineros e hidrocarburíferos en nuestro país. Entre ellos, estaban los principales directivos de Barrick Gold, empresa ya conocida en distintas geografías del subcontinente y, por eso mismo, muy resistida por un centenar de asambleas ciudadanas a lo largo de la cordillera de los Andes. En suma, la idea es generar debate y enriquecerlo. Del lado empresarial y de los funcionarios que defienden la minería a cielo abierto, la agricultura industrial en base a transgénicos, entre otras modalidades del extractivismo en curso, podrían afirmar que esas actividades generan ingresos a las arcas estatales para cumplir obligaciones como el pago de salarios y beneficios sociales para los pobres. Hasta podrían argumentar que cierto nivel de extractivismo es “un mal necesario” para acumular excedentes que posibiliten encarar un salto industrialista. Luego habría que explicar como sería el paso de este esquema, excluyente además de contaminante y destructivo, a otro que genere distribución de renta. Porque el extractivismo es intrínsecamente concentrador de riqueza, requiriendo escasa mano de obra y exportando commodities, siendo inseparable de políticas sociales “compensatorias”, que generan dependencia y pasividad entre sus beneficiarios. La tentación, pocas veces

-9-

refrenada, de criminalizar y reprimir las protestas de los que se oponen a este “modelo” productivo, o de acusarlos de “fundamentalistas” o catalogarlos “enemigos”, es reiterar una película que ya vimos2 y, por cierto, no fue buena. Finalmente, pero no menos importante, queremos agradecer a cada uno de los autores que confiaron y participaron de este proyecto de publicación, ahora concretado, como así también a la MSc. Beatriz Goldwaser y a la Dra. Brisa Varela, que estuvieron a cargo del Prólogo, presentando la obra y cada uno de sus capítulos. Mencionamos y agradecemos que algunas de las investigaciones y la publicación de los resultados fueron financiados parcialmente por subsidios del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján.

Los compiladores

2 Zibechi, Raúl. “Nuevos conflictos, viejos actores”. En La Jornada,

México D. F., 2 de julio de 2010.

-10-

-11-

PROLOGO El conjunto de trabajos que conforman este libro nos introduce en el complejo mundo de los diversos procesos de mercantilización y depredación de los recursos naturales. Los autores, claramente situados en el lugar desde el que “hablan”, nos brindan la oportunidad de instalar la mirada en procesos económicos estructurales que se viven actualmente en Latinoamérica en general y en la Argentina en particular, poniendo en entredicho los discursos gubernamentales que, aunque centrados en la defensa de los intereses de las mayorías, chocan con políticas concretas que benefician la concentración de la renta e implican la vulneración de los derechos sociales de la población y el ataque a la naturaleza en tanto bien común. En los textos se propone, en todos los casos, superar la instancia descriptiva para introducirse de lleno en la polémica y en la interpretación, remitiendo a las dimensiones políticas, económicas, sociales y ambientales del proceso de privatización y apropiación de los recursos de origen natural de diferentes regiones, con la concepción de los mismos como bienes de mercado y sometidos, por lo tanto, a sus reglas y lógica. La minería a gran escala, el agronegocio, la explotación de hidrocarburos, entre otras actividades, remiten a lo que algunos autores han denominado “ofensiva extractivista”, y se anudan en una historia de dependencia y expoliación, iniciada con la misma conquista europea en el siglo XV, que se prolonga en un presente signado por la profundización y aceleración de los mecanismos de acumulación capitalista. Ante un supuesto brillo que conduciría al “crecimiento y al progreso”, sostenido en el discurso de empresas y políticos nacionales y provinciales, los estudios que se plasman en este libro alertan sobre los procesos reales mostrándonos su lado más oscuro. Comprender la complejidad y las multiplicidades de las formas de accionar, directa e indirectamente, por parte de los agentes

-12-

intervinientes, sólo es posible si la problemática es leída multiescalarmente; entonces es posible ver la relación que se establece entre las empresas y el poder político (tanto de los estados de origen de las empresas como de los territorios en los que instalan su explotación) y posibilita la legitimación de una actividad que será, no obstante, objeto de confrontación con diversas formas de resistencia locales. Los trabajos que aquí se presentan, se organizan en torno a dos preocupaciones centrales: una, la del impacto ambiental, social y económico en procesos originados por acciones de las grandes empresas, con la complicidad de los estados nacionales y provinciales; y la otra, es la de las múltiples formas de resistencia social por parte de los sectores subalternos, expresadas en conflictos, movimientos y redes, para detener la depredación de los recursos, y por la democratización del acceso a los mismos a partir de proyectos de carácter emancipatorio. En el Capítulo 1, Sebastián Gómez Lende y Guillermo A. Velázquez nos exponen “Orden global, reestructuración productiva y crisis ambiental: análisis de la relación entre deforestación, soja transgénica y silvicultura en la Argentina contemporánea”. En el mismo se profundiza el estudio de los vínculos existentes entre la actual racionalidad hegemónica y la reorganización social, económica y territorial, la reestructuración productiva y la crisis ambiental asociada en la Argentina contemporánea, a través de la correlación entre la llegada y expansión de las actividades modernas propias de la nueva división territorial del trabajo y los desmontes que asolan gran parte del país. Los autores explican el entramado entre la reforma neoliberal del Estado argentino, la implantación de los nuevos usos del territorio y el avance de la problemática de la deforestación, cuestiones que son enfocadas desde dos perspectivas diferenciadas: por un lado, la expansión del cultivo de soja transgénica a expensas del bosque nativo, con epicentro en Chaco, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Catamarca y el norte santafesino y cordobés; por otro lado, el monocultivo de pinos y eucaliptos en Misiones y Corrientes, ligado al auge de la

-13-

industria productora de pasta de celulosa, y desarrollado en desmedro de la preservación de la Selva Paranaense. En las conclusiones, los autores argumentan que son los terratenientes, las agroindustrias, el capital financiero, las empresas de agroquímicos y las firmas vinculadas a la biotecnología y la ingeniería genética quienes se revelan como los principales artífices y beneficiarios de un modelo de explotación del territorio basado en un sistema externo de acciones y expansión de la frontera agrícola y sus consecuencias. María Esther Gómez y Graciela Emilse Suevo, en el Capítulo 2, “Transformaciones de los perfiles productivos regionales en Argentina: ¿deudas a futuro?”, analizan las transformaciones de los perfiles productivos regionales en Argentina y se preguntan si no se trasforman en deudas a futuro dada la modalidad extractivista-exportadora de los RRNN, acompañada por cambios tecnológicos, aumento de la productividad, inversiones megamillonarias y rentas extraordinarias. Todo esto se observa en América Latina, generando particularmente en la Argentina una dependencia de las exportaciones de mercaderías con poco valor agregado, situación que entraña vulnerabilidad e incertidumbre. Y agregan que el Estado Nacional ha generado las condiciones jurídico-político-administrativas necesarias para la instalación de este modelo de acumulación en el territorio, sin asegurar el consentimiento mayoritario de las poblaciones afectadas por estos mega-emprendimientos. Así, los cambios consecuentes en la organización del territorio y sustentabilidad de las producciones, potencian o generan conflictos sociales o desintegran el tejido social. Las autoras han relevado a lo largo del trabajo los cambios que han experimentado las economías regionales desde la década de los noventa hasta la actualidad, poniendo énfasis en los sufridos por las regiones de Patagonia, NEA, NOA y Cuyo, especialmente en lo referente a usos del suelo y composición de las exportaciones. Formando parte de sus conclusiones, consideran que la concentración de tierras y de producción son rasgos característicos que se observan en las economías regionales, en especial, las asimetrías entre los que producen en escala y los pequeños y medianos productores y los

-14-

trabajadores rurales. La producción en gran escala continúa arrasando con el arriendo de pequeñas parcelas que, por razones técnicas y de financiamiento, no están en condiciones de ser explotadas por los pequeños propietarios. Varios artículos ponen el foco de atención en los procesos de concentración y en los agronegocios. Ya en el Capítulo 3, “Conflictos por la tierra en el oeste pampeano: Tipología de conflictos y cartografía de la resistencia”, María Eugenia Comerci, centra su atención en las acciones de defensa social en los departamentos que se localizan en el oeste de La Pampa (Chicalcó, Puelén, Chadileo, Limay Mahuida y Curacó) y en el pasado conformaron parte del territorio indígena (mapuche, ranquel, pehuenche). En esos ámbitos territoriales pudo persistir un campesinado dada la escasa valoración de las tierras por parte del capital y la disponibilidad de mano de obra familiar, más lógicas internas campesinas tendientes a la supervivencia del grupo doméstico que hicieron que las actividades productivas se garantizaran. En este trabajo, la autora analiza la cartografía de los conflictos generados en torno a la tenencia de la tierra y las estrategias de resistencia de los actores sociales afectados por la revalorización del espacio, producto de la expansión de la frontera agropecuaria, como así también las repercusiones en la prensa escrita. Ana María Liberali y Omar Horacio Gejo, en el texto “Entre Algodones”, Capítulo 4, sostienen que: Las burguesías de los países centrales presionan o negocian con las burguesías de los periféricos; y las burguesías nacionales, hacen lo propio con las de los estados provinciales. Es así como, las actividades productivas desarrolladas en los países periféricos forman parte de las necesidades de localización de los países centrales o de las empresas que les pertenecen. En función de ello, las políticas macroeconómicas constituyen la bisagra entre los países centrales y los periféricos; a partir de las mismas se determinarán las actividades productivas que serán estimuladas y activadas por el Estado nacional, y se establecerá la región del país más óptima para obtener la apropiación de plusvalía. En el caso del

-15-

Chaco, la elevada utilización de agroquímicos en la zona algodonera, incluyendo una importante sobrecarga de fertilizantes, es una consecuencia directa de la demanda del producto en relación con las deficiencias naturales de la zona de producción. El abuso en la aplicación de fertilizantes y pesticidas trae la contaminación de la superficie y del agua de los acuíferos. Durante el período de inundación estos agroquímicos se expanden por los suelos y posteriormente se infiltran en las napas, siendo fuente de consumo de la población, en especial de la rural, que llega a los niveles máximos de mortalidad temprana del país. Gabriela Maldonado, en el Capítulo 5, se detiene en la producción agropecuaria de la región pampeana en la actualidad como una forma de uso del recurso suelo. En su texto, “Economía, recursos naturales y patrimonio social común. Lecturas sobre el uso del recurso suelo en la región pampeana argentina” sostiene que, si bien históricamente los países latinoamericanos se incorporaron a la División Internacional del Trabajo como proveedores de recursos naturales, con base en la teoría de las ventajas comparativas pregonada por economistas y políticos liberales, el contexto actual no ha cambiado demasiado, y las economías siguen apoyándose en la producción de commodities sin valor agregado, de importante demanda en el exterior. Los términos de intercambio siguen siendo desfavorables y la problemática ambiental se profundiza. Así, la contribución de la autora consiste en analizar y aportar una mirada sobre los conflictos sociales y ambientales entre diversos actores con distintas opiniones, intereses contrastados y conflictivos en torno a la producción de numerosos recursos naturales. Los análisis realizados a lo largo de la investigación, la llevan a reflexionar sobre la necesidad de discutir sobre los recursos, donde en su definición se ponga el énfasis en la rentabilidad social de su producción, en su función social, y en pensar los recursos como patrimonio social común, haciendo que su principal función sea satisfacer las necesidades de nuestra sociedad.

-16-

El trabajo de Mariela Paula Dubravka constituye el Capítulo 6, “La soja en Argentina: las consecuencias del modelo agro-industrial sobre la economía familiar, el medioambiente, la cultura y el patrimonio inmaterial en Santiago del Estero, noroeste argentino”, que aborda los cambios en la agricultura de Santiago del Estero. Señala la problemática cristalizada en la década de los noventa, cuando, de una economía familiar compuesta de medianos y pequeños productores y campesinos se transforma en una agricultura sin agricultores consistente en la desarticulación de la producción familiar, su estructura económica y sociocultural, que contribuye a la desaparición de los productores. Si bien el modelo es parte del proceso general de concentración productivo de la región del noroeste argentino, la irrupción de la soja transgénica acelera este proceso de exclusión de los sectores más débiles de este escenario, obligándolos a rentar sus tierras, venderlas o ser desalojados, teniendo que recurrir a la búsqueda de otras actividades para mantenerse. Se da lugar así a una mayor concentración de la tierra, tomando mayor protagonismo los grandes productores, con capitales centralizados que permiten acceder a las nuevas tecnologías, como por ejemplo, el herbicida glifosato. La autora sostiene que el derecho a la tierra y la protección de la cultura campesina deberían ser salvaguardados por el gobierno nacional y provincial, comprometiéndose a proteger el patrimonio inmaterial de los campesinos como una manera de proteger su economía. Las problemáticas sobre las características y consecuencias de la explotación de perfiles productivos exportables en la Argentina son también abordadas por Jorge Osvaldo Morina y Graciela Patricia Cacace, en el Capítulo 7, “La agricultura sojera en la Argentina: una apuesta al extractivismo”, enmarcado en un contexto internacional caracterizado por la incidencia de la concentración, centralización y especulación capitalista. Tomando como período de análisis la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, los autores centran la investigación en la expansión de la agricultura industrial transgénica en la Argentina, afirmando que se está transitando la fase senil del

-17-

capitalismo. En ese contexto, identifican las tendencias inherentes al modo de producción dominante en el agro argentino, fundamentalmente con la acelerada expansión de la agricultura industrial que, en nuestro país, tiene su expresión más contundente en el denominado proceso de sojización. En las reflexiones finales del trabajo, Morina y Cacace entienden que los rasgos del agro argentino son el resultado de una década de políticas ultraliberales comenzadas a mediados de la década de los ‟90 donde se produjeron, por un lado, fuertes bajas en los precios internacionales de los productos argentinos, y por otro, marcados cambios en las condiciones internas generadas por las políticas económicas aplicadas en el país. En tal contexto, el camino elegido por los más fuertes actores económicos, con el apoyo del Estado y el manejo de los medios masivos de comunicación, pasó por el aumento de la producción agropecuaria con especialización en oleaginosas y por la exportación de sus derivados, perjudicando a los pequeños y medianos productores que no pudieron ingresar al nuevo “modelo sojero”. Con la gran devaluación y los precios y demandas internacionales sostenidas, se profundizó en lo que va del siglo XXI, la desestructuración de buena parte de esa franja de productores que consumían y operaban en el lugar, con consecuencias nefastas para muchos habitantes de poblados y ciudades intermedias. En el Capítulo 8, “La megaminería en la Argentina actual. Continuidades y conflictos”, que presenta Ana María Fernández Equiza, la autora trabaja sobre el conjunto de políticas que han propiciado el avance de la megaminería en Argentina como parte de las reformas estructurales instauradas desde la dictadura. La desregulación, apertura externa, predominio de la valorización financiera y fundamentalmente el enfoque monetario de balanza de pagos, contribuyeron a instalar una definición de desarrollo “atada” a la capacidad para atraer capitales externos. Queda demostrado en su sólida investigación que la consideración parcial de los impactos de la actividad minera; la naturalización de la evaluación privada, limitada a la rentabilidad empresarial; la mirada productivista que entrega grandes

-18-

extensiones de territorios a transnacionales para que exploten y exporten, son manifestaciones de una forma de entender la relación sociedad-naturaleza expresada en términos de mercado y de concentración de la riqueza. En este contexto, la lucha por un espacio de visibilidad remite, por un lado, a las acciones de las grandes empresas, con su poder de cooptación del Estado, de los medios y de algunos actores locales a través de la dádiva, y por el otro, a la acción de los grupos diversos que expresan otros valores, racionalidades y visiones acerca del desarrollo. En el Capítulo 9, “Conflictos Ecológicos Distributivos en torno al proyecto megaminero Agua Rica”, Ana Laura Berardi recorre y analiza el complejo entramado que ha adquirido el conflicto ecológico distributivo vinculado a la explotación minera, tomando como disparador un proyecto resistido en una región que ya conoce los impactos de la mega minería, incentivado por el poder político local, provincial y nacional. El yacimiento se encuentra ubicado a 25 km. de la ciudad de Andalgalá, en el área Suroeste de las montañas de la Sierra de Aconquija, en la provincia de Catamarca. El área de influencia de la explotación excede al sitio en sí, ya que el mismo se divide en cuatro componentes: área de mina y la planta de procesamiento (Catamarca), corredor de servicios (Catamarca y Tucumán), planta de filtros (Tucumán) e instalación portuaria (Santa Fe). La autora demuestra claramente que desde la reforma de las leyes mineras, a mediados de los ´90 y hasta el presente, el Estado argentino, más allá de la diversa extracción partidaria de sus gobiernos, ha sostenido una legislación absolutamente beneficiosa (garantías y beneficios impositivos, además de controles extremadamente laxos) para las empresas mineras como una constante y ha reprimido las acciones sociales destinadas a frenar el deterioro de los recursos. Bajo el título “La Megaminería en la Argentina del Siglo XXI: saqueo extractivista neocolonial”, en el Capítulo 10, Graciela Patricia Cacace, María Esther Gómez y Jorge Osvaldo Morina, abordan críticamente los perfiles productivos que presenta la Argentina en el marco de la transnacionalización de la economía

-19-

mundial, con alto grado de extranjerización, explicando el desarrollo de la megaminería como parte del actual “modelo” socioeconómico. Es así que en el marco de la acelerada y extendida transnacionalización de la economía mundial, los países de América Latina se convirtieron en el principal destino de las Inversiones Extranjeras Directas (IED), sobre todo en la extracción de recursos naturales no renovables para el comercio internacional. Entre los objetivos de estas inversiones está satisfacer la creciente demanda de los países centrales que, en los últimos años, han aumentado su dependencia de las importaciones de recursos estratégicos como los combustibles, los minerales, los alimentos y hasta el agua. Esta necesidad imperante lleva a una verdadera “geopolitización” de los recursos, con el fin de garantizar –por la vía del mercado o de los conflictos bélicos- que los países desarrollados accedan sin restricciones a ellos, posibilitando la continuidad de los procesos productivos que sustentan el poder y la hegemonía. Los autores concluyen argumentando que la gran minería involucra a más de quince provincias argentinas donde se desprecian valores sociales, ambientales y éticos; que se proyectan impactos económicos negativos, de trascendencia para la sociedad actual y para las generaciones futuras y que las consecuencias de esta actividad extractiva ya no son meras suposiciones. Específicamente, la nueva minería es un gran negocio para las multinacionales, pero un grave problema para la mayoría de los argentinos. Sin embargo, desde el Estado, en sus diferentes escalas, se avanza en la justificación del neoextractivismo como clave del crecimiento económico. La clave del cambio está en la organización a escala local, en la reconstrucción, en la revalorización del espacio, aclarando que este tipo de propuestas será de muy difícil concreción, mientras el extractivismo siga siendo una política de Estado, tanto para los gobiernos que hoy encarnan el llamado “nuevo progresismo” en América del Sur, como para aquellos otros gobiernos que prosiguen con sus argumentos y políticas de cuño ultraliberal.

-20-

Graciela Emilse Suevo, en el Capítulo 11, desarrolla su estudio bajo el título “Aplicación de un marco teórico-conceptual al estudio de un caso: minería a cielo abierto en Famatina, La Rioja”, utilizando categorías de análisis de intelectuales representativos de las disciplinas económicas, sociológicas y de las ciencias políticas, para argumentar que los conceptos hegemonía y dominación representan el complejo entramado a partir del cual las clases dominantes ejercen su dominio, no sólo desde el diseño y la administración de un proceso económico, sino también, y de manera abiertamente dialéctica, en el conjunto de articulaciones políticas, culturales y sociales que hacen posible tanto la emergencia de la dominación como su sostenimiento en el tiempo. Esto implica que dominación se corresponde con sociedad política (Estado) y coerción y hegemonía se corresponde con sociedad civil y consentimiento. De esta manera, Suevo sostiene que en las últimas décadas, bajo el contexto de la globalización neoliberal, se ha ido gestando en América Latina -y por ende en la Argentina-, la renovación de un modelo de perfil extractivo-exportador asignado a la región a partir de la división internacional del trabajo organizada desde los países centrales. Dicho modelo, caracterizado por el sojuzgamiento, la dependencia y el empobrecimiento para la región, profundiza sus efectos sobre nuevas bases: agudización de la competencia internacional por el control de recursos naturales estratégicos cada vez más escasos, desarrollo de tecnologías de producción que permiten la expansión acelerada de las fronteras extractivas, reestructuración de los Estados, privatización de los activos públicos y transnacionalización de las economías nacionales. Afirma la autora que en este marco, los conflictos por los recursos siempre tomarán su dimensión concreta en lo local, por más que tengan o no, vínculos con esquemas de seguritización de mayor perspectiva y dimensión, lo que seguramente se incrementará de seguir la actual tendencia de devastación del medio ambiente y de crecientes patrones de consumo, en un escenario de más y más conflictos locales- regionales por los recursos.

-21-

Dada la claridad de las exposiciones, como la relevancia académica y social de estos aportes, resultan de gran interés para la formación de nuestros estudiantes universitarios y también para el conjunto de la comunidad, a quien habitualmente les llegan, tanto por parte de empresas comunicacionales privadas como por parte de las autoridades políticas, acciones de propaganda tendientes a obtener consenso social para la depredación. Estos análisis, sostenidos en estudios de caso concretos sirven para socializar una información alternativa y necesaria.

MSc. Beatriz Goldwaser y Dra. Brisa Varela

-22-

-23-

Capítulo 1

Orden global, reestructuración productiva y crisis ambiental: análisis de la relación entre deforestación, soja transgénica y

silvicultura en la Argentina contemporánea

Sebastián Gómez Lende (*) y Guillermo Velázquez (**)

1. Introducción Orden global es, ciertamente, sinónimo de desorden local; partiendo de esa premisa, el objetivo de este capítulo consiste en elucidar críticamente los vínculos existentes entre la actual racionalidad hegemónica y la reorganización social, económica y territorial, la reestructuración productiva y la crisis ambiental a aquellas asociadas en la Argentina contemporánea, a través del análisis de la relación entre la llegada y expansión de las actividades modernas propias de la nueva división territorial del trabajo (soja transgénica, plantaciones silvícolas exóticas, industria forestal) y los desmontes que asolan gran parte del país. La primera parte del trabajo, destinada a presentar el soporte teórico-conceptual que lo enmarca, contempla las

(*)

Profesor, Licenciado y Doctor en Geografía. Investigador Asistente del CONICET. Centro de Investigaciones Geográficas, IGEHCS CONICET / UNCPBA, Tandil (CP 7000). E-mail: gomezlende@yahoo.com.ar (**)

Profesor y Doctor en Geografía. Investigador Principal del CONICET. Centro de Investigaciones Geográficas, IGEHCS CONICET / UNCPBA, Tandil (CP 7000). E-mail: gvelaz@fch.unicen.edu.ar

-24-

definiciones de espacio geográfico y territorio, verticalidades y horizontalidades, racionalidad e irracionalidad. Seguidamente, la investigación aborda los nexos tejidos entre la reforma neoliberal del Estado argentino, la implantación de los nuevos usos del territorio y el avance de la problemática de la deforestación, cuestiones que son enfocadas desde dos perspectivas diferenciadas: por un lado, la expansión del cultivo de soja transgénica a expensas del bosque nativo, con epicentro en Chaco, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Catamarca y el norte santafesino y cordobés; por otro lado, el monocultivo de pinos y eucaliptos en Misiones y Corrientes, ligado al auge de la industria productora de pasta de celulosa, y desarrollado en desmedro de la preservación de la Selva Paranaense. En ambos casos, el estudio planteado utiliza como insumo la información proporcionada por organismos oficiales y bibliografía especializada respecto de indicadores-clave -superficie implantada, área cubierta por bosques nativos, tasas de deforestación, entre otros-. Finalmente, se presentarán las conclusiones a las que este trabajo ha arribado.

2. Orden global y territorio; cuestiones teórico-conceptuales Si el espacio geográfico se revela como un conjunto indisoluble, solidario y contradictorio de objetos, acciones y normas (Santos, 1996a), el territorio puede ser definido como ese mismo espacio explicado a partir de sus usos (Santos y Silveira, 2001). Objetos -formas materiales y grados de artificio-, acciones -propensión de agentes y lugares a relacionarse con otros- y regulaciones -reglas públicas y privadas de uso del espacio- definen, respectivamente, las densidades técnicas, informacionales y normativas del territorio (Santos, 1996a). Según Heidegger (1959), el espacio contiene tiempo comprimido, de ahí que aquél se configure como una acumulación de tiempos (Santos, 1996b), esto es, de períodos históricos, cada uno de ellos portador de una racionalidad, de una lógica que define lo que es valioso y necesario (o no) para alcanzar la modernidad. Sustentado en el

-25-

auge del sistema de poder neoliberal, y conforme el papel estratégico desempeñado por los satélites, las telecomunicaciones, la informática, la biotecnología, la genética, las finanzas y los servicios gana preponderancia, el período actual -el llamado medio técnico-científico-informacional- (Santos, 1996a) se asocia a la aceleración de la circulación, la consolidación de la división del trabajo, la mayor especialización económica y la creciente tensión entre localidad y globalidad (Santos, 1996b). Obedeciendo a una lógica superior expresada a partir de un conjunto de solidaridades organizacionales -externas a los lugares-, el orden global parecería constituir hoy día un parámetro unívoco e indiscutible de diferenciación entre lo sensato y lo absurdo; así pues, un lugar donde se implantan y realizan las actividades modernas sería un espacio de la racionalidad -un acto de imperio del orden global-; su resistencia o escasa importancia/aptitud para que esos vectores se instalen, sería irracional. No existe, empero, racionalidad en sí misma -ni menos aún una racionalidad absoluta-, pues nada es irracional sino desde un punto de vista particular (Weber, 1964). En el caso del espacio, esa diversidad de lógicas se manifiesta a partir de su fragmentación entre verticalidades y horizontalidades, es decir, entre, por un lado, fuerzas responsables por el funcionamiento general del territorio, vinculadas a una misma racionalidad económica presidida por la internacionalización del capital, las actividades hegemónicas, las regulaciones externas y la producción globalizada -obedientes a las reglas egoístas y utilitarias de un orden particular que beneficia a los macro-actores o agentes dominantes (por lo general externos)-, y por el otro lado, lógicas vinculadas con solidaridades orgánicas, de base local, que, negando el orden global a partir de temporalidades diversas y valoraciones no hegemónicas del trabajo colectivo, forjan un tejido continuo y heterogéneo de modernidades y obsolescencias de diferente edad y funcionalidad, que procuran recrear la contigüidad territorial y la cohesión social -y así garantizar la reproducción de los agentes no-dominantes-, aún al precio de ser sindicadas como

-26-

„irracionales‟ (Santos, 1996a, 1996b; 2000; Silveira, 1999, 2003a). Síntesis de la oposición entre mercado y Estado, lo externo y lo interno, lo nuevo y lo viejo (Santos, 1992), el siempre cambiante contrapunto entre verticalidades y horizontalidades es la dialéctica entre el afianzamiento del modelo hegemónico de modernización territorial -y los usos del espacio derivados- y su negación. Orden global es, pues, sinónimo de desorden local: episodios de racionalización emanados de una escala superior y determinados por informaciones externas e intereses distantes, hacen tabla rasa de la historia pretérita y las herencias espaciales (Santos, 1996a; Silveira, 1999); una vez instalados, los nuevos vectores aspiran a homogeneizar las formas y relaciones del lugar, configurándolas conforme a sus designios, lo cual implica una desestructuración en relación al pasado. Tautológico, ese orden es auto-referencial, pues está constituido por el propio mercado global (Santos, 1995) -véase, por ejemplo, la relación entre inversión extranjera y comercio internacional, donde se superpone localmente el origen de la acción y el destino de la reacción-. Como el modelo hegemónico es, a su vez, rigurosa e implacablemente planificado para ser indiferente a su entorno -generalmente procurando atenuar o suprimir las normas domésticas-, su impacto posee un efecto desintegrador, caótico, incoherente, anárquico para todos los demás actores (Santos, 2000): así pues, algunos lugares dotados de jerarquía mundial para el capital dejan de ser valiosos para sus propios habitantes, toda vez que la instalación de ciertos datos de la modernidad contemporánea se produce a expensas del orden local y de la materialidad heredada, entablando con ellos una relación de sometimiento y destrucción; surgen entonces situaciones no-razonables desde la perspectiva de los actores no-beneficiados o perjudicados por ese modelo, a raíz de las cuales el lugar deja de ser solamente el escenario de la complacencia para convertirse, también, en el protagonista de la revuelta (Santos, 1996a), soporte de acciones rebeldes a la racionalidad dominante de turno (Silveira, 2003a).

-27-

En términos empíricos, la instalación del orden global en el territorio supone -especialmente en los países periféricos- una reestructuración productiva que conduce, tarde o temprano, a una crisis ambiental que despierta de su letargo a las sociedades locales, operando como un disparador de resistencias y reivindicaciones sociales opuestas a la lógica hegemónica.

3. Neoliberalismo, reestructuración productiva y crisis ambiental: reforma del Estado, nuevos usos del territorio y deforestación en Argentina Nadie ignora que la última década del Siglo XX ha marcado un punto de inflexión o ruptura en la economía y el territorio argentinos en general. Oriundo de los centros de poder del capitalismo, el neoliberalismo acentuó la crisis de los Estados nacionales latinoamericanos, presentando al mercado mundial y a la gestión privada como “panaceas”, renovando el mito de la „mano invisible‟ y condenando la intervención gubernamental en la economía doméstica. Neutra y aséptica, apenas en teoría, esa „mano invisible‟ se convirtió en un mecanismo de dominación que, al instaurar en países y lugares la mentada fábula de la desregulación, „sugiere‟ a éstos confiar al capital extranjero concentrado los aspectos fundamentales del proceso modernizador. Si en el territorio conviven una métrica mercantil y una métrica burocrática (Guillaume, 1975) -la primera sembrando heterogeneidad y segmentación, la segunda procurando reunir o compensar lo que ha sido fragmentado por el mercado-, el impacto de la métrica burocrática es, bajo el reinado del neoliberalismo, ciertamente limitado, siendo a tal grado deformado que coadyuva a agudizar los mismos procesos que en teoría pugnaba por revertir; así pues, el Estado actualmente brinda protección pública a los ricos, y al mismo tiempo somete a los pobres a la disciplina del mercado (Borón, 1997). El Consenso de Washington preconizó abiertamente en América Latina el desmantelamiento de prácticamente todos los mecanismos de regulación pública de la acumulación de capital.

-28-

El ajuste estructural fue implementado con el propósito de conciliar las estrategias de acumulación de los grupos económicos nacionales diversificados y los grandes capitales extranjeros -liberalización de las tasas de interés, apertura comercial y financiera, estabilización y anclaje nominal del tipo de cambio, „desregulación‟ del mercado interno, enajenación de los monopolios estatales productores de bienes y servicios (ventas de activos, concesiones, licencias)-. El Estado argentino se desprendió rápidamente de sus principales empresas: acerías, petroquímicas, refinerías y siderúrgicas estatales, parte del sistema previsional de jubilaciones y pensiones, áreas hidrocarburíferas, usinas eléctricas, astilleros, los segmentos más rentables del sistema vial, ferroviario, puertos y aeropuertos, servicios de agua corriente, electricidad y cloacas, bancos públicos, canales de televisión, correos, transporte marítimo y compañías de seguros pasaron a manos privadas. Lo anterior, junto a la rúbrica de Tratados Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TBI) con Europa y los Estados Unidos, y la reestructuración del aparato productivo doméstico, otorgó al capital absoluta potestad sobre la producción, la circulación, el consumo, la fuerza de trabajo, los precios, los salarios, los calendarios productivos y laborales y el territorio. Los nuevos usos del territorio -y la racionalización del espacio nacional a ellos asociada- comprenden, sobre todo, la exportación de cereales y oleaginosas -especialmente soja-, metales preciosos -oro, plata, cobre, etc-, hidrocarburos -petróleo y gas- y automóviles, actividades económicas emblemáticas del nuevo orden impuesto por la división internacional y territorial del trabajo, y casi todas ellas paradigmáticas en lo que atañe al nefasto papel que desempeñan en la depredación y destrucción del patrimonio ambiental nacional. Son funciones de la división del trabajo -muchas de ellas de enclave- ligadas a lo que Marx (1980) llamaba „producción innecesaria‟ y a lo que Santos y Silveira (2001) denominan „circulación innecesaria‟, pues sin ser esenciales a la reproducción del sistema económico y territorial doméstico, siempre suponen un oneroso costo para la sociedad nacional y local.

-29-

Santos (2000) asevera que, en el período contemporáneo, es lícito hablar de una „agricultura científica globalizada‟; dotados de una referencia planetaria, los nuevos usos agropecuarios del territorio son comandados por las mismas leyes que regulan los demás aspectos de la economía nacional. Esas actividades no se basan apenas en una reinvención de la naturaleza determinada por la expansión física de la frontera agrícola, sino también en una „crono-expansión de la frontera agropecuaria‟, esto es, en un contenido hegemónico puro que, condensado y densificado a partir de la acumulación de técnicas e informaciones, la reestructuración de los calendarios, la cientifización del trabajo agrícola y la aceptación de los tiempos y las exigencias externas, determina un aumento de la producción (Silveira, 1999). Se trata, en rigor, de un aspecto del proceso de racionalización del espacio basado en la estricta obediencia a los mandamientos científicos y técnicos de la modernidad contemporánea; así, los llamados „paquetes tecnológicos‟ -maquinarias, agroquímicos, simientes, asistencia, etc- someten a los productores al imperio del capital financiero y los intereses de las corporaciones de la biotecnología y la genética, poblando el medio rural con objetos concretos y “perfectos”. De ese modo, el campo adopta, en su materialidad y vida de relaciones, los rasgos del período actual con mayor rapidez y plasticidad que las ciudades. Nacidas de los experimentos de laboratorios farmacéuticos, firmas biotecnológicas y fabricantes de agro-tóxicos, las simientes genéticamente modificadas son la base y, al mismo tiempo, el ariete de esa crono-expansión de la frontera agropecuaria. Inocentes sólo en apariencia, esas semillas esconden dentro de sí un complejo y eficaz circuito de mecanismos de subordinación y dependencia -sistemas de patentes biotecnológicas, normas de sanidad y calidad, y sistemas técnico-organizacionales (agroquímicos, maquinarias, regímenes de tenencia, modalidades de explotación, asistencia financiera)-.

-30-

Incipiente durante la década de 1970, la globalización de la agricultura argentina se tornó irrefrenable a partir de la última década del Siglo XX gracias a los cambios estructurales operados por la entronización del sistema de poder neoliberal, entre los cuales merecen ser citados la supresión de precios mínimos y máximos, la eliminación de los cupos de siembra, cosecha y comercialización, la enajenación de la colección de germoplasma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el ocaso de la Junta Nacional de Granos y la Corporación Nacional de Productores de Carnes. Sometida como ningún otro a los vaivenes del mercado mundial, el sector agropecuario incorporó con brío un know-how homogéneo y globalizado (Silveira, 1999) que alentó la profundización de la integración vertical de los circuitos, la mayor difusión de la agricultura bajo contrato, la penetración del llamado „supermercadismo‟ y la sistemática concentración de las tierras y la producción en manos de poderosos terratenientes y grandes complejos agroindustriales extranjeros y vernáculos. El espacio nacional fue reorganizado al servicio de una lógica que, considerando „residual‟ al mercado interno y al consumo doméstico, fomentó el imperio de una producción innecesaria, ajena a los intereses domésticos y locales: en la actualidad Argentina drena nada menos que el 90% de su producción agropecuaria hacia el exterior. El quinto país exportador agroalimentario del planeta desarrolla dentro de sus fronteras, empero, una perversa producción de escasez; de hecho, pese a ser capaz de satisfacer largamente las necesidades de una población diez veces mayor a la nacional, el sistema productivo doméstico no lograba impedir que, a comienzos de este siglo, existieran 20 millones de pobres y 6 millones de indigentes, ni menos aún evitar que cada año 30.000 niños murieran por carencias alimentarias (Teubal, 2003). Argentina era, de acuerdo con la FAO, el peor caso mundial de correlación entre producción de alimentos y seguridad alimentaria. Como el Estado nacional dejó de intervenir para mitigar o compensar las fluctuaciones de los precios internacionales, la

-31-

exclusión de los pequeños agricultores se intensificó; en el mismo año (2003) en que nuestro país obtenía la cosecha más grande de toda su historia, los datos estadísticos revelaban que, en la pampa húmeda, tres establecimientos agropecuarios desaparecían diariamente (Pengue, 2001). El quebranto impuesto por el masivo endeudamiento financiero, a su vez, precipitó la desaparición de unas 87.688 explotaciones, arrasando así con casi la cuarta parte (24,5%) de las unidades existentes en 1988. Según Teubal (2003, 2006), esa reducción obedeció al remate bancario de casi 10 millones de hectáreas y a la hipoteca de otros 12 millones. Los estratos de pequeños y medianos productores cuyos campos no fueron arrebatados por sus acreedores acabaron cediendo la explotación de sus propiedades a firmas de origen extra-agrario. Si bien eso obedeció al cambio generacional de los productores (Pengue, 2004), no es menos cierto que el bajo valor de la tierra constituyó un formidable acicate: en Argentina su precio era, a igualdad de rendimientos, doce veces menor que en Europa o Estados Unidos (Manzanal, 2000). Surgió así un puñado de fondos de inversión y pools de siembra -bancos extranjeros, agroindustrias, compañías de seguros, administradoras de jubilaciones y pensiones, firmas de insumos, contratistas de maquinaria, grandes productores agropecuarios-, el cual consiguió erosionar la histórica supremacía de los capitales nacionales nacidos en el sector agropecuario. Tendente a obtener el máximo beneficio en el corto plazo, una nueva división del trabajo, fundada en la diversificación de los riesgos agro-climáticos, las economías de escala, la obtención de cosechas en tierras de terceros y la dispersión geográfica de los cultivos, emergió para tornarse dominante. Como consecuencia, en 2008 no menos del 77% de las vastas extensiones de la pampa húmeda -Buenos Aires, norte pampeano, sur entrerriano, cordobés y santafesino- bajo explotación agropecuaria se hallaba arrendada. Suprimiendo la tradicional rotación entre agricultura y ganadería, la euforia desencadenada no conoció límites. La adopción del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biológica y la suscripción a la Unión Internacional de Protección de Obtentores

-32-

de Variedades le otorgó a la industria semillera extranjera la seguridad jurídica necesaria para convertir a nuestro país en el segundo productor mundial -18 millones de has- de Organismos Genéticamente Modificados (OGM‟s), apenas superado por Estados Unidos -55 millones de has- (ISAAA, 2007). Esa racionalización del espacio permitió desarrollar una reestructuración y ampliación de los calendarios agrícolas basada en la rápida difusión de técnicas modernas como la siembra directa. Sistema de laboreo mínimo (labranza cero) que, a partir del aprovechamiento de los rastrojos de las cosechas anteriores, reduce sustancialmente el período de preparación de los suelos, la siembra directa es, junto a los OGM‟s, la más cabal prueba de la irrupción del paradigma de la agricultura globalizada tecnificada y cientifizada en gran parte del país: según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 (Argentina, 2005a), casi la mitad (46,7%) de la superficie agrícola nacional era trabajada mediante esa técnica, situación en la que se hallaba más de la mitad de las extensiones explotadas en la pampa húmeda, Tucumán, Salta y Santiago del Estero; merced a la interdependencia o solidaridad establecida entre las simientes transgénicas, los agro-tóxicos y la siembra directa, la implantación de las oleaginosas ya no sólo sucede a la de los cereales, como ocurría antaño, sino que ahora también es antecedida por su propia cosecha. Se extienden temporalmente los ciclos agrícolas -dos cosechas anuales-, y se expande territorialmente la frontera oleaginosa hacia la periferia de la pampa húmeda y el norte de nuestro país. Se trata, pues, de una lógica hegemónica orientada a la sensible reorganización del trabajo colectivo rural, a raíz de la aplicación de fertilizantes fosfatados y nitrogenados, la utilización de simientes resistentes a herbicidas de acción global, el abandono del laboreo de la tierra, el fin de la rotación de cultivos y la reducción de la demanda laboral. Sustituyendo el trabajo vivo por el trabajo muerto, la crono-expansión de la frontera agropecuaria intrínseca a la propagación de la siembra directa y los OGM‟s introdujo en los lugares una racionalidad de cálculo en tiempo real -la llamada „agricultura de precisión‟, con sus GPS,

-33-

banderilleros satelitales y SIG‟s, sus monitores de rendimiento cuantitativo y cualitativo y sus técnicas de muestreo intensivo de suelos, fertilización y siembra satelitalmente comandadas-. Originada en la citada entronización del sistema de poder neoliberal y en la reestructuración de la economía nacional con ella asociada, la crisis ambiental crónica parece ser el resultado de la imposición de los nuevos usos agrícolas del territorio; ejemplo de ello es la problemática de la deforestación, derivada de la expansión de los límites agrícolas, silvícolas y pecuarios a expensas de los bosques nativos. En el mundo, la pérdida forestal neta era, en 2005, de 7,3 millones de has/año, esto es, unas 20.000 hectáreas diarias (FAO, 2007), a una tasa de desmonte situada en el orden del 0,23% anual: como resultado, menos del 10% de los bosques del mundo permanece intacto en la actualidad; sólo durante el sexenio 2000-2005 se perdieron 8,2 millones de hectáreas, más de la mitad (52%) de las cuales correspondió a Sudamérica, merced a las vastas superficies -3,1 millones de has- desmontadas en la Amazonia. No obstante, a esos guarismos deben añadirse las áreas afectadas por la

degradación, fenómeno ligado a la pérdida de biomasa y empobrecimiento boscoso cuyo impacto, difícil de cuantificar, suele ser ignorado o superficialmente estudiado. Argentina no constituye una excepción a ese estado de cosas. Si durante la época colonial el 61% de la superficie nacional -172 millones de has- estaba cubierta de bosque autóctono, apenas entrado el Siglo XXI esta última sólo representaba el 11% -31 millones de has-. En poco más de setenta años (1935-2006), provincias como La Pampa (-21,9%), Santiago del Estero (-36,6%), Chaco (-38,6%), Jujuy (-50,7%), Tucumán (-60,5%), San Luis (-84,8%), Santa Fe (-86,1%), Córdoba (-90,5%), Catamarca (-91,3%), Entre Ríos (-100%) y Buenos Aires (-100%) experimentaron la sensible merma de su superficie boscosa, a raíz de la constante y sistemática incorporación de nuevas tierras para las actividades agropecuarias. Sin embargo, durante los últimos años ese proceso histórico ha sufrido una inédita aceleración, paralela -y ciertamente funcional- a la aparición de

-34-

nuevos frentes conquistados por la agricultura de exportación, la silvicultura, la industria forestal a ella asociada y las actividades marginales desplazadas de sus zonas-núcleo: en efecto, de los 79.000.000 has desmontados en el lapso considerado, el 2,4% -1.108.669 has- fue eliminado en menos de un decenio (1998-2006), suprimiendo así el 5,7% de las arboledas remanentes a finales del Siglo XX (Argentina, 2007a) -indirectamente, esa incidencia fue, cuanto menos, tres veces superior, pues la deforestación implicó un retroceso aún mayor, determinado por una fragmentación y degradación de los ecosistemas que, impidiendo su recuperación, apresuran y tornan casi irreversible su desaparición-; y debió transcurrir media centuria (1937-1987) para que nuestro país perdiera el 6,7% de bosques nativos, pero bastaron apenas quince años (1987-2002) para que fuera despojado del 17% (Argentina, 2005b). No es un secreto que, año tras año, los desmontes baten sistemáticamente nuevas marcas en el territorio nacional: sólo durante el período 1998-2002, fueron deforestadas 432.827 has, lo cual dio lugar a una tasa anual del 0,98% (Argentina, 2007a), esto es, una cifra seis veces más elevada que la media mundial, y que duplica el promedio africano; durante el siguiente quinquenio (2002-2006), fueron taladas 806.027 has, lo cual da cuenta de un ritmo del 1,93% anual (Argentina, 2007b). ¿Qué decir entonces del período 2006-2007, bienio en el cual los desmontes arrasaron con 316.943 has, lo cual arrojó como resultado que las ya de por sí inquietantes cifras se elevaran al 3,21% anual (Argentina, 2008a)?. La gravedad de la situación, aunada a las presiones de ONG‟s internacionales como Greenpeace y de comunidades de aborígenes y campesinos locales, obligó a la sanción, en 2007, de la Ley Nacional 26.331, denominada „Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos‟; en su texto, se insta a cada gobierno provincial a realizar un inventario y ordenamiento territorial de los bosques correspondientes a su jurisdicción, prohibiéndose, durante el lapso que éste demande, el desarrollo de actividades de deforestación. No obstante, en la actualidad todavía se desmontan 277.000 hectáreas cada año, y 2.880

-35-

árboles son diariamente derribados; de persistir ese ritmo de tala, nuestro país perdería absolutamente todo vestigio de bosque nativo hacia el año 2035 (Gómez Lende, 2009). Existe, en tal sentido, un cambio en el tono del discurso estatal en relación al incumplimiento de la Ley 26.331, toda vez que se arguye que la norma no prohíbe la deforestación, sino que la regula a través de la realización de inventarios y ordenamientos territoriales provinciales. Obediente a un esquema fundado en del monocultivo como racionalidad hegemónica, esa devastación acaba aniquilando a una biodiversidad extremadamente valiosa, irreemplazable para la reproducción de los ecosistemas y de la vida del campesinado y, sobre todo, de los pueblos originarios; con las otrora vastas arboledas, desaparecen también incontables especies animales y vegetales. Las inundaciones, a su vez, se tornan recurrentes y a menudo catastróficas, frente a la ausencia de una cobertura vegetal que regule el ciclo hídrico vía la infiltración del agua y la morigeración de su escurrimiento -si un bosque infiltra el 80% de las precipitaciones, un área de cultivo hace lo propio con apenas el 20%-; paralelamente, las tierras así ganadas por los nuevos usos agropecuarios del territorio, sometidas a la tala y la sobre-explotación agrícola, quedan yermas, estériles e improductivas, siendo susceptibles a la erosión, pérdida de fertilidad y desertización de los suelos. Sabido es desde hace largo tiempo que los bosques cumplen un rol fundamental como sumideros de carbono, aunque el papel de la deforestación como fuente importante de emisión se ha reconocido muy recientemente: los desmontes emiten del 20% al 30% de los 1.600 millones de toneladas de GEI (Gases Efecto Invernadero) que son liberados a la atmósfera cada año (Stern Review, 2006; FAO, 2007). En la Argentina, las emisiones derivadas de la tala representaron, entre 1998 y 2006, más de la mitad (52%) del carbono captado -es decir, „fijado‟ o „anclado‟ al suelo por la cobertura boscosa autóctona-, y el 5,5% del stock de carbono de los bosques nativos del norte de nuestro país (Manghi et al, 2009).

-36-

3.1. Agricultura de exportación y desmontes: el auge de la soja transgénica y la devastación de los bosques nativos en el norte y la pampa húmeda Sabido es, por cierto, que los nuevos „paquetes biotecnológicos‟ fundados en la ingeniería genética tuvieron como ariete principal, en Argentina, a la soja RR (Round up Ready). Hacia la década de 1970, la Argentina se había convertido en un „nuevo país agropecuario‟ (Friedmann, 1993), incorporando tardíamente rasgos de la llamada „Revolución Verde‟ de los años cincuenta. Teubal (2003, 2006) explica que, al establecerse nuevas variedades de cereales y oleaginosas en el área pampeana e introducirse el denominado „germoplasma mexicano‟ en el cultivo de trigo, se hizo posible la doble cosecha; en vez de alternar la producción agrícola con la ganadera, se alentó una „agriculturización‟ que, basada en dos cosechas anuales -trigo „de primera‟, soja „de segunda‟-, se difundió en la pampa húmeda y, sobre todo, en el área maicera típica, sustituyendo parcialmente al maíz y al sorgo, y arrebatándole tierras a la ganadería. Esa solidaridad técnica y temporal determinó la reestructuración de los calendarios agrícolas, intensificando las tareas rurales y fomentando la rápida duplicación de la producción. No obstante, la implantación de la soja era reciente, no expresándose aún como un cinturón agrícola propiamente dicho (Silveira, 1999, 2003b). Creada por la empresa norteamericana Monsanto, la soja RR fue introducida y difundida rápidamente en nuestro país por algunas de sus subsidiarias, como Asgrow y Nidera, en principio a través del contrabando transgénico o las plantaciones clandestinas, y a partir de 1996 mediante la controvertida aprobación gubernamental de una patente que aún en la actualidad no es considerada jurídicamente válida. Las semillas RR cuentan, entre los atributos que les confiere la ingeniería genética, con resistencia al herbicida glifosato de amonio -un agro-tóxico también elaborado y comercializado por Monsanto-, cuyas

-37-

repetidas aplicaciones aniquilan a todo organismo viviente, excepto a la simiente preparada para tolerarlo. La crisis sanitaria de la ganadería, la escalada del precio internacional de la soja y la multiplicación de la demanda mundial de proteínas vegetales se constituyeron en solidaridades entabladas entre objetos y acciones que, junto al imperio del paradigma de la siembra directa y la „agricultura de precisión‟, acabaron cristalizando un esquema agrícola fundado en el monocultivo: el control cultural de malezas, que antaño absorbía el 40% de los costos de producción, fue reemplazado por una regulación estrictamente química; paralelamente, el llamado „silo-bolsa‟ permitió a los productores especular con la conservación del grano post-cosecha, evitando su entrega inmediata al acopiador y alentando su retención en campo conforme a las variaciones de los precios internacionales. Superando incluso a los guarismos de Estados Unidos (80%), la incidencia de las semillas RR sobre la respectiva superficie implantada se tornó abrumadora (99%); asimismo, la soja representaba el 90,1% del área nacional implantada con OGM‟s (CONABIA, 2006). Los nuevos „paquetes tecnológicos‟ se convirtieron, de ese modo, en sistemas de objetos concretos y miniaturizados que operaron para aumentar la jerarquía global de la agricultura argentina, tornándola cada vez más tributaria y dependiente de los intereses externos. No es extraño que, a raíz de tal metamorfosis del campo argentino, la producción sojera se incrementara más de 30 veces, y la superficie sembrada, casi 400 veces, en el lapso transcurrido entre la segunda mitad de la década de 1970 y los primeros años del Siglo XXI; sólo entre 1988 y 2002, el área sojera creció un 470%, y las cosechas, un 252,6% (Argentina, 2008b). En la actualidad, ese cultivo representa nada menos que el 54% del área implantada, el 50% de la producción de granos y el 24,4% de las exportaciones nacionales, en su mayoría drenadas desde el complejo portuario-oleaginoso más grande del planeta: el sur santafesino. Nuestro país es -después de Estados Unidos y Brasil- el tercer productor mundial, afianzándose como el principal exportador de aceites (81%) y harinas (36%) de soja. Si bien los costos de producción argentinos son ostensiblemente

-38-

inferiores a los norteamericanos y brasileños, estos últimos obtienen los mayores beneficios, pues su producción ingresa a los mercados internacionales durante el ciclo de alza de las cotizaciones (Arroyo, 2006). Expoliadas hacia el mercado mundial, las cosechas son destinadas, sobre todo, a China, India, Holanda, y en menor grado, a Irán, Pakistán, Bangladesh y Japón (Pierri, 2006). En Europa, la soja argentina es utilizada para la elaboración de forrajes balanceados, en tanto que en los países asiáticos permite la expansión de la industria aceitera y la satisfacción de la demanda alimentaria de la población. Siempre dependiente de las cotizaciones de la Bolsa de Chicago, la renta agraria resultante deviene objeto de disputa entre los terratenientes y el propio Estado nacional -quien se asocia a aquellos mediante la imposición de retenciones (35%) a su comercialización-, toda vez que esas exportaciones no sólo devienen funcionales respecto de la resolución de los desequilibrios de la balanza comercial, sino también en cuanto al sostenimiento de las cuentas fiscales y el pago puntual de los intereses de la deuda externa. Tanto en lo que atañe a la soja como a otros cultivos ligados a la difusión de los OGM‟s, empresas como Monsanto, Cargill, Nidera, Novartis y Dow elaboraron un sistema externo de normas que despojó a los productores agropecuarios del control que antaño poseían sobre la propiedad y frecuencia de uso de las simientes, impidiendo la re-siembra de las semillas híbridas mediante su esterilización, e impulsando la desaparición de las variedades tradicionales: esto claramente lesiona los derechos universales del agricultor garantizados por la FAO en cuanto a la potestad de los agricultores de reproducir, compartir y almacenar libremente las simientes adquiridas (Ribeiro, 2000; Altieri y Pengue, 2001), cuestión aún más grave cuando se recuerda que la patente de Monsanto sobre la soja RR no es válida en Argentina; de ahí la creciente propagación ilegal de semillas de soja RR, que representa el 72% del stock total sembrado -esto incluye otros mecanismos prohibidos por Monsanto y sus licenciatarias, como la re-siembra de los remanentes de campañas agrícolas anteriores-. Librada en el territorio y aún no

-39-

resuelta en favor de ninguno de los contendientes, la guerra entre las normas globales del mercado mundial y las normas rebeldes de los lugares -entre verticalidades y horizontalidades- conoció dos nuevos episodios: algunos años atrás, las compañías extranjeras intentaron acorralar a los agricultores exigiendo al Estado la producción de regulaciones jurídicas favorables a sus intereses -derechos de propiedad intelectual, regalías extendidas, etc, cuestión que, de haberse concretado, habría anulado la Ley Nacional de Semillas y habría entrado en contradicción con el Convenio UVOP-78 de la FAO, que permite a los productores conservar las simientes adquiridas para uso propio y utilizarlas libremente en cualquier año agrícola-; fracasada esa iniciativa, Monsanto bloqueó la llegada de la soja argentina en los principales puertos de importación, reclamando el pago de 15 dólares por tonelada para permitir el desembarco de granos, harinas y aceites. Como algunos cambios climáticos suscitados durante los últimos años del Siglo XX modificaron el régimen de lluvias, el área extra-pampeana se volvió permeable a la difusión del binomio soja transgénica-siembra directa: eso explica que la pampa húmeda central -Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba-, que a mediados de los años noventa explicaba el 91,9% del área implantada con soja, redujera su participación relativa al 75,3% verificado a comienzos del Siglo XXI; paralelamente, provincias como Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y Salta pasaron de representar apenas el 5,5% de la superficie sembrada con esa oleaginosa a dar cuenta de más de la quinta parte (20,9%) (Argentina, 2008b). No menos del 40% de la superficie implantada en el norte bonaerense, el sur y el nordeste santafesino, el sur cordobés, el sudeste salteño y buena parte de Santiago del Estero y Entre Ríos sucumbió ante la voracidad de ese cultivo globalizado. La interdependencia funcional entablada entre la acelerada difusión de las modernas técnicas de trabajo agrícola y la expansión de la frontera agropecuaria se tornó prácticamente irrefrenable en los frentes oleaginosos pioneros abiertos en el norte del país. Si entre las postrimerías de la década de 1980 y los primeros años del Siglo XXI el área sojera

-40-

cordobesa creció un 860%, en Catamarca (1.650%), Formosa (1.733%), Salta (2.673%), Santiago del Estero (7.156%) y Chaco (79.900%) ese incremento fue absolutamente inusitado. Las cosechas -que en idéntico lapso se habían duplicado en Buenos Aires, triplicado en Córdoba y cuadriplicado en Santiago del Estero- se expandieron frenéticamente en Chaco (1.045%), La Pampa (2.086%), Formosa (2.656%), Entre Ríos (3.634%) y, particularmente, San Luis (12.723%). Esa implacable racionalidad vertical, deseando apoderarse de todo, no sólo emprendió la incompleta racionalización de provincias como Tucumán, Jujuy, Misiones y Corrientes, sino que también procuró difundirse en el sur pampeano y hasta en el norte neuquino. Es el medio técnico-científico-informacional, doblegando la resistencia de los lugares frente al avance de un inédito -y cada vez más inquietante- proceso de historización de la naturaleza. Como el territorio pasó a ser reutilizado por lógicas que, procurando apagar los vestigios del pasado, pretenden reescribir sus formas y contenidos con las letras de la historia del presente (Silveira, 1999), la difusión de los objetos modernos y las acciones hegemónicas suele realizarse a costa de la longevidad de funciones propias de otros tiempos; en los espacios reservados a la nueva agricultura de exportación, las actividades pecuarias y los cultivos tradicionales son suprimidos o, cuanto menos, expulsados hacia áreas menos valorizadas: así pues, vastas extensiones pobladas por plantaciones frutales, tambos y cultivos anuales e industriales sucumbieron ante la irrupción de una solidaridad organizacional, externa a los lugares. En apenas un quinquenio (1997-2002), la superficie destinada a producciones esenciales como el arroz y el maíz disminuyó un 44,1% y un 26,2%, respectivamente, en tanto que el número de tambos se redujo a la mitad. Numerosas áreas hortícolas bonaerenses otrora especializadas en el cultivo de papa y batata hoy sólo producen soja. En Córdoba y Santa Fe, la fiebre oleaginosa se expandió al compás de una sensible reducción de la superficie ganadera (35%) y la desaparición de 400 tambos al año, lo cual alentó la concentración de animales en „feed-lots’ (Teubal, 2003; García et al, 2008). El nuevo modelo agrícola se

-41-

vuelve, en cierto modo, irracional, cuando se analizan en detalle las nuevas relaciones establecidas entre formas y funciones: el maní y el girasol, a pesar de ser las únicas en las cuales Argentina detenta una posición dominante a nivel mundial, fueron rápidamente despojadas de buena parte de su superficie implantada. Casi endémico de los campos cordobeses, el maní perdió el 29% de su área en apenas un trienio (2001-2003), luego de haber sido expulsado de las mejores tierras y relegado hacia el centro sudeste-provincial por la fiebre sojera; Argentina había sido, hasta 1998, el primer exportador mundial (Busso, 2004). Sólo durante la campaña agrícola 2003/2004, asimismo, la expansión sojera se desarrolló a expensas de 2,15 millones de hectáreas sembradas con girasol (Pengue, 2004), y así, un cultivo del cual nuestro país es el principal formador internacional de precios perdió, entre 1991 y 2002, el 12,4% de su superficie implantada. Si en la pampa húmeda algunas empresas acopiadoras lácteas llegaron incluso al extremo de clausurar buena parte de sus instalaciones para sumarse al monocultivo sojero, en el norte de nuestro país, la caña de azúcar y, sobre todo, el algodón, se convirtieron en víctimas de las embestidas de la soja transgénica, siendo expulsados hacia zonas marginales o quedando confinados a las áreas de mayor arraigo histórico. Hacia comienzos del Siglo XXI, en Chaco apenas subsistía el 5% de los campos algodoneros existentes cuarenta años atrás; dado que los grandes productores cordobeses y santafesinos habían adquirido o arrendado la gran mayoría de los campos provinciales dotados de una superficie superior a las 200 hectáreas para imponer el monocultivo oleaginoso y drenar las cosechas resultantes hacia los principales centros agroindustriales de la pampa húmeda, la soja había absorbido no menos de la mitad de las unidades otrora destinadas a la obtención de esa fibra textil (Valenzuela, 2004). Eso refuerza el flagelo de la exclusión social, pues por cada hectárea de monte frutal o cultivos industriales que sucumbe frente al avance sojero, más de sesenta puestos directos de trabajo son suprimidos; contabilizando el empleo directo e indirecto, una hectárea de soja

-42-

apenas genera un puesto de trabajo, situación que se agrava al tener en cuenta que el binomio soja RR-siembra directa supone una reducción de la demanda laboral de, cuanto menos, el 37%. Es la razón global, imprimiéndose en el territorio para impedir la reproducción de las lógicas horizontales locales fieles al pasado. No obstante, cuando la expansión de la soja no se ha desarrollado en detrimento de cultivos y actividades pecuarias propias de otros tiempos, dicho proceso se ha consumado a expensas de los bosques nativos; ambos fenómenos convergen, ciertamente, en el norte argentino, donde a la crisis del algodón en Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y de la caña de azúcar en Tucumán y Salta, se le añaden los desmontes masivos que, en aras de satisfacer la voracidad sin límite de la expansión oleaginosa, se desarrollan en el „impenetrable o parque chaqueño‟ -la superficie boscosa autóctona más extensa de América Latina, después de la Amazonia- y la selva de las „yungas‟ -que se extiende desde Tucumán hasta Bolivia-. Solidaridades técnicas y organizacionales entabladas entre el cambio del régimen de lluvias, la metamorfosis de la racionalidad de los productores y de la estructura social y productiva del sector agropecuario argentino, las demandas externas, la difusión de los OGM‟s, el crecimiento de la „agricultura de precisión‟ y el afianzamiento de la siembra directa, convirtieron a tierras otrora marginales para la agricultura de exportación en suelos aptos para el avance sojero; así pues, la lógica del monocultivo se instaló en los lugares para impulsar la irrefrenable expansión -y cronoexpansión- de la frontera agropecuaria, y reorganizar, en el nombre del progreso, la materialidad heredada y las relaciones preexistentes a su servicio: el resultado ha sido la despiadada expulsión de campesinos y aborígenes, la usurpación de sus tierras, el agotamiento de sus fuentes más elementales de supervivencia y la alarmante pérdida de biodiversidad, todo ello a raíz de los desmontes. El mercado, lo externo y lo nuevo -las verticalidades- se imponen, pues, sobre el Estado, lo interno y lo viejo -las horizontalidades-, dibujando un nuevo mapa en el territorio argentino.

-43-

Obediente a una lógica globalizada de exportación, la métrica mercantil se entreteje con la métrica burocrática, regulada por temporalidades lentas y vacíos jurídicos, y así diseña una manifiesta funcionalidad respecto de la irrupción del capital en lugares otrora letárgicos. La tenencia precaria de la tierra y los litigios legales aún irresueltos entre algunos gobiernos provinciales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) permite que el afán de lucro de agentes hegemónicos externos al lugar -siempre en connivencia con las burocracias locales y las oligarquías regionales- se apodere de extensiones cada vez más vastas para destinarlas a la agricultura de exportación. Ocupadas durante largas generaciones por etnias y pueblos originarios, esas tierras constituyen los últimos bastiones de pautas de vida tradicionales, cuya continuidad -cada vez más comprometida- depende estrechamente de los bosques nativos en tanto fuente de la propia supervivencia. En las comunidades aborígenes y campesinas, una agricultura y una ganadería primitivas, recreadas en los márgenes del sistema, se desarrollan al amparo de la llamada „ley veinteañal‟, la cual -en ausencia de títulos jurídicos de propiedad- otorga la tenencia de la tierra a quienes acrediten haberla ocupado o explotado durante un lapso mínimo de dos décadas. Irracionales para la lógica dominante de turno, todos esos vestigios remanentes de modos pretéritos de existencia consideran a la tierra como un bien colectivo, y a la naturaleza, como un valor de uso; economías de subsistencia basadas en la caza, la recolección y la agricultura orgánica representan, pues, a usos del territorio cristalizados en el tiempo, más ciertamente gobernados por una racionalidad respetuosa de los contenidos de la materialidad heredada. No obstante, la irrupción de agentes externos acaba subordinando a numerosos aborígenes, minifundistas y chacareros, pues -como explican García et al (2008)- los beneficios de aquellas regulaciones estatales orientadas a protegerlos -la ley veinteañal- les son -vaya paradoja- sistemáticamente negados. Títulos apócrifos de propiedad y permisos de deforestación obtenidos con el beneplácito del poder político provincial permiten que consorcios agropecuarios -

-44-

Grobocopatel, Soros (Adecoagro), Liag, Werthein (Cresud), El Tejar, Cazenave-, grandes productores de la pampa húmeda, grupos económicos -Pérez Companc, Macri-, complejos agroindustriales -Seabord, Ledesma, Aceitera General Deheza- y empresas de desmontes concreten la denominada „fabricación de campos‟. Si la violencia simbólica de las normas jurídicas no consigue amedrentar a sus legítimos propietarios, mecanismos más explícitos de coerción y dominación -desalojos, bloqueo al acceso del suministro de agua, etc- los obligan a abandonar las tierras codiciadas; a esto se añaden las denominadas „guardias blancas‟ que, pagadas por los grandes sojeros, operan incendiando ranchos, matando animales y asesinando campesinos (Morina y Cacace, 2010). En otros casos, vastas superficies recientemente valorizadas han sido „vendidas‟ con sus habitantes dentro. En cualquier caso, campesinos y aborígenes acorralados por la destrucción del bosque nativo son empujados a migrar masiva y compulsivamente hacia ciudades y pueblos próximos, engrosando así sus ya abultados cinturones de pobreza y miseria extremas. Luego, los capitales hegemónicos delegan en administradoras zonales un comando „regional‟ de la producción, o alientan la constitución de pools más pequeños, desarrollados mediante formas organizacionales elaboradas en la bolsa porteña o alianzas locales entabladas entre bancos, contratistas y algunas escribanías. Sometidas a la lógica del arrendamiento, esas áreas pasan entonces a ser entendidas por los intereses hegemónicos como una suerte de periferia ampliada de la frontera agrícola de la pampa húmeda, donde la instalación del orden global se configura, inequívocamente, en sinónimo de desorden local. Si a comienzos del Siglo XIX el monte se había extinguido por completo en nuestro país, desapareciendo de la pampa húmeda y del noroeste argentino y, paralelamente, el parque chaqueño y el espinal entrerriano habían sido aniquilados por el avance oleaginoso, forestal y citrícola, en la actualidad la tala indiscriminada tiene su epicentro en el este salteño, el norte santafesino y cordobés, gran parte de Chaco y Santiago del Estero y, en menor medida, provincias como Tucumán y

-45-

Catamarca, siempre por obra y gracia de la expansión de la soja transgénica: teniendo en cuenta el período 1998-2002, las tasas anuales de deforestación de Chaco (0,57%), Salta (0,60%), Tucumán (0,68%), San Luis (0,82%) y Santa Fe (0,95%) duplicaban y triplicaban holgadamente a la media mundial; asimismo, Santiago del Estero (1,18%) y Córdoba (2,93%) (Argentina, 2007a) exhibían guarismos 1,51 y 3,75 veces superiores al promedio africano (0,78%). Otros datos empíricos revelan un ritmo de devastación cada vez más acelerado y frenético: durante el trienio 2002-2004, Salta (1,54%) y Santiago del Estero (2,17%) prácticamente duplicaron sus respectivos ritmos de desmonte; concomitantemente, los guarismos de Formosa (0,25%) rebasaron la media mundial (Argentina, 2004, 2005c). ¿Qué decir entonces del quinquenio 2002-2006, cuando la tasa anual de deforestación fue un 42% superior respecto de las ya inquietantes cifras verificadas en el lustro anterior, incrementándose de modo aún más exacerbado en el caso santiagueño (71,6%) y salteño (113,5%) (Argentina, 2007b)?. Conquistando nuevas tierras para los cultivos de exportación, las exigencias de racionalidad de la agricultura globalizada hacen presa de los lugares, destruyendo la materialidad heredada y asolando a modos de existencia que durante décadas -incluso siglos- han sido dificultosamente preservados. Imposible negar que la relación existente entre los desmontes y la expansión oleaginosa es rotunda y elocuente: conforme a datos emanados de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Argentina, 2007a) y el Ministerio de Agricultura de la Nación (Argentina, 2008b), no menos del 92,0% de las hectáreas deforestadas en la pampa húmeda y el norte argentino durante casi una década (1998-2006) ha correspondido a provincias que concentran el 65,8% de la superficie sojera nacional; en idéntico lapso, las tierras otrora cubiertas por bosques nativos retrocedieron un 5,7% en Chaco, un 8,5% en Formosa y un 17,8% en Santiago del Estero, en tanto los sembradíos de soja transgénica se expandían un 230,4%, un 1.514,1% y un 186,9%, respectivamente. Si en Chaco las tierras ganadas por ese cultivo (217.000 has) representaban el 35,6%

-46-

de la superficie talada en idéntico lapso (608.783 has), algo similar ocurría en Formosa, donde los nuevos frentes de cultivo abiertos sumaban nada menos que 21.197 has, esto es, el 42,2% del área desmontada (50.273 has); y en Santiago del Estero, la denodada resistencia de las etnias nativas -tonocoté, vilela, lule, diaguita, guaycurú, entre otras- no consiguió impedir que más de medio millón de hectáreas cayera en manos de los nuevos terratenientes, que así lograron apoderarse del 63,7% de las extensiones (821.283 has) recientemente despojadas de sus bosques autóctonos. No es extraño ni azaroso que, en los espacios más tardíamente colonizados por la acelerada expansión de la frontera oleaginosa, el descomunal avance de la soja RR haya sido concomitante respecto de la sustancial disminución de los bosques nativos. En Salta, por ejemplo, más de la mitad (51%) de la superficie provincial bajo explotación agrícola correspondía a tierras que, quince años atrás, aún constituían reservas naturales o áreas intactas (Altieri y Pengue, 2001); actualmente, el 49,6% de las extensiones desmontadas entre 2002 y 2006 ha sido absorbido por esa oleaginosa; de hecho, si entre 1998 y 2006 las yungas salteñas retrocedieron un 8,6%, la soja RR se expandió un 83,5%. No obstante, esos guarismos son insignificantes comparados con el norte cordobés y santafesino, donde el crecimiento de la superficie sembrada -74,6% y 33,2%, respectivamente- aniquiló a la tercera parte -30,9% y 37,1%- de sus montes. Obediente a una lógica irracional, insaciable, ansiosa de conquistarlo todo, el avance de la soja en Catamarca (122,2%) y San Luis (614,3%) implicó que, entre 1998 y 2002, la tala arrasara con el 17,2% y el 32,2% de sus bosques; la tasa catamarqueña fue la segunda más elevada de todo el país (2,15% anual). Otro dato que corrobora la relación entre expansión oleaginosa y desmontes atañe a la concentración espacial de ambos fenómenos: en Salta, por ejemplo, apenas cuatro departamentos concentran el 87,8% de las extensiones provinciales deforestadas y el 88,3% del área implantada con ese cultivo;

-47-

fenómeno similar ocurría en Santiago del Estero (61,7%-62,1%), Formosa (88,7%-98,1%), Catamarca (90,1%-98,4%) y Tucumán (96,1%-96,8%) (Argentina, 2007a, 2007b, 2008b). Si ningún distrito del norte de Córdoba y Santa Fe destinaba -pese a su ínfima participación en las superficies sojeras provinciales- menos de la quinta parte de sus sembradíos a la soja RR, el caso más sobresaliente era protagonizado por el departamento santafesino de 9 de Julio, donde 10.000 has desaparecieron en menos de una década (Gómez Lende, 2009). Soja y desmontes aparecen, pues, íntimamente asociados en el norte argentino, fenómeno que ha dado lugar, entre 1998 y 2006, a una ostensible pérdida de bosques nativos: si bien Formosa fue despojada sólo del 1,7%, los casos de Chaco (6,2%), Salta (6,4%), Santa Fe (6,9%) y, sobre todo, Santiago del Estero (16,4%) y Córdoba (25,3%) (Argentina, 2007b), son harto elocuentes. Se trata de una pérdida vinculada, a su vez, con el fenómeno de la degradación que ocasiona la deforestación: un estudio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, desarrollado durante el período 1998-2002 para Santiago del Estero, demuestra el aumento en el número de fragmentos de masa boscosa y la reducción del tamaño medio y máximo de los mismos, todo lo cual revela un incremento en la degradación del bosque y menor conectividad entre los fragmentos (Bono et al, 2007). Si bien la voracidad de la soja no explica directamente la totalidad de los desmontes provinciales, la violenta irrupción y propagación del monocultivo ha sido determinante para que vectores ya maduros o menos valorizados fueran desplazados hacia áreas marginales -incluso vírgenes- rápidamente deforestadas para permitir su eficaz desenvolvimiento; dando cuenta de una refuncionalización desarrollada no sólo a costa del espinal, el parque chaqueño y la selva de las yungas, sino también a expensas de cultivos esenciales y actividades pecuarias, la incorporación de nuevas tierras a la agricultura de exportación en Salta (201,8%), Córdoba (882,7%) y Santa Fe (2.701,2%) ha resultado holgadamente superior a las cifras correspondientes a la tala realizada en idéntico lapso. Expulsada

-48-

del noroeste cordobés, la ganadería acabó instalándose en el nordeste provincial y el este catamarqueño (Rofman et al, 2003), consumando así una nueva etapa de destrucción del bosque nativo (Ferraris, Riachi y Bravo, 2008). Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, desde hace décadas la dinámica de regeneración del bosque viene siendo alterada por el pastoreo de renovales, resultado de prácticas ganaderas realizadas sin manejo, principalmente de ganado vacuno y caprino; sin embargo, durante los últimos tiempos, la alta rentabilidad de la soja ha provocado que los campos tradicionalmente dedicados a la ganadería sean destinados a la agricultura, generando un desplazamiento adicional de ganado hacia los bosques remanentes, y obligando a la migración de la ganadería de monte desde los bosques de planicie hacia los bosques de montaña, donde la agricultura no puede avanzar (Montenegro et al, 2012). Lo mismo ha ocurrido con otras actividades menos modernas, como los algodonales chaqueños, santiagueños y formoseños o las plantaciones salteñas de poroto, que han sido desalojadas de sus núcleos históricos o tradicionales de explotación. En Chaco, la crisis estructural del algodón, por ejemplo, ha determinado que la explotación de maderas vernáculas -algarrobo- se haya convertido en un refugio para pequeños productores y trabajadores rurales (Alfonso y Torrente, 2008), completando así la destrucción de la ya diezmada floresta autóctona. En Chaco, el modelo hegemónico de uso del territorio es rigurosamente planificado para ser, en su ejecución, deliberadamente cruel o, cuanto menos, indiferente a su entorno. Arrasadas con topadoras, las superficies boscosas son literalmente calcinadas, no sólo destruyendo el medio de vida y la fuente del sustento de numerosas economías campesinas y comunidades aborígenes -tobas, wichís, mocovíes-, sino impidiéndoles el aprovechamiento de la leña y, así, acelerando su expulsión; esto último agrava una problemática ambiental preexistente, puesto que, antes de que la fiebre sojera se desatara, las emisiones de carbono derivadas de la tala y quema del parque chaqueño ya rebasaban holgadamente a los valores

-49-

correspondientes a la combustión de hidrocarburos del sistema nacional de transporte: si, entre 1998 y 2006, las emisiones de carbono vinculadas a los desmontes sumaban 14,5 millones de toneladas para la Selva Tucumano-Boliviana, en el caso del Impenetrable Chaqueño rebasaban los 179,9 millones de toneladas (Manghi et al, 2009). En la actualidad, se estima que casi el 85% de los bosques de quebracho -cuya distribución coincide con los mejores suelos agrícolas del centro chaqueño, el este santiagueño y el noroeste santafesino- se ha extinguido irreversiblemente, lo cual ha determinado la definitiva desaparición de incontables especies vegetales y animales; a modo de ejemplo, basta señalar que si la merma de esos bosques tropicales hubiera sido de „apenas‟ el 45%, la pérdida de flora y fauna habría superado el 35% (Gómez Lende, 2009). Ocasionando el irreversible colapso de las economías aborígenes de subsistencia, el perverso corolario de ese proceso es la crítica situación de las poblaciones nativas, acorraladas por las enfermedades, la inanición y la desnutrición: esos grupos sociales, que antaño obtenían su sustento del monte, ahora mueren merced al hambre, la sed y la sub-alimentación; algunos años atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió intervenir para garantizarles el acceso al agua potable. Otro caso emblemático es el de la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán, desbordada por la emergencia social, sanitaria y ambiental derivada del desmonte de las selvas autóctonas lindantes al ejido urbano: la brutal devastación de las „yungas‟ dejó a los numerosos aborígenes -kollas, avá guaraníes, wichís, etc- sin agua ni comida luego de que la tala arrasara con sus aldeas, chozas y cementerios, expulsándolos de sus dominios ancestrales; antaño cazadoras y pescadoras, esas comunidades nativas ahora moran en los precarios asentamientos de la periferia urbana, alimentándose en los basurales y padeciendo el flagelo de la desnutrición. Enfermedades propias del ámbito selvático se han trasladado a la ciudad a raíz de la deforestación; los casos de hanta virus y dengue crecieron un 30% durante el bienio 2006-2007, en tanto que la leishmaniasis continúa causando estragos en los poblados adyacentes -el mosquito

-50-

transmisor se desplazó al ámbito urbano, al cual se adaptó rápidamente-. Orán, despojada de las profusas arboledas que otrora contenían el agua, colapsa merced a las cada vez más recurrentes crecidas de ríos y arroyos, las cuales además causaron las catastróficas inundaciones suscitadas en 2006 en la también salteña ciudad de Tartagal. Es, asimismo, frecuente también la ocurrencia de aludes y deslizamientos en las laderas antaño forestales. Siempre con la complacencia de las burocracias provinciales y la omisión del Estado nacional, la expansión de la frontera agrícola incorpora incesantemente a nuevos lugares a su perverso esquema de acumulación. No conforme con arrasar vastas extensiones de las yungas, una racionalidad rígida e implacable penetra en rincones del país otrora letárgicos, olvidados, procurando imponer un nefasto destino a reservas naturales y aborígenes; de hecho, el gobierno salteño intentó adjudicar la Reserva Ecológica Pizarro a un consorcio de inversores extranjeros que pretendían desmontar esas tierras para el cultivo de soja transgénica. No obstante, como en los mismos lugares coexisten la complacencia -la afirmación endógena de la finalidad impuesta por sistemas de acciones externas- y la revuelta -la contra-finalidad que no acepta doblegarse ante la lógica dominante-, el proyecto quedó trunco: la denodada resistencia social de las comunidades aborígenes que todavía habitan esa reserva y las solidaridades organizacionales derivadas de escalas e instancias de acción superiores o externas, como la organización ambientalista internacional Greenpeace y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinaron su definitivo fracaso. La „irracionalidad‟ logró, en este caso puntual, atenuar la „racionalidad‟ del orden global. Otros casos revelan las inexplicables paradojas del orden global y su objetivación en el territorio. No es posible hallar coherencia alguna, por ejemplo, en la decisión del gobierno salteño de autorizar el desmonte de 1.670 hectáreas en Orán para la implantación de sembradíos de soja, teniendo en cuenta que, cinco años atrás, esas tierras habían sido incorporadas por la

-51-

UNESCO a la „Reserva Mundial de Biosfera de las Yungas‟. Obediente a una misma voluntad general -y externa- de racionalización del espacio nacional y local, esa superposición de regulaciones y comandos revela tanto el absurdo cuanto la insensatez de la nueva racionalidad agropecuaria, toda vez que la agricultura de exportación -racional desde la perspectiva de los macro-actores de la economía globalizada- acaba tornándose ilógica no sólo para los agentes que resultan perjudicados por ese modelo, sino incluso también para las normas globales preexistentes preocupadas por la preservación del patrimonio ambiental y de la naturaleza pretérita, y a las cuales acaba anulando de hecho. En la actualidad, nada parecería indicar que el fenómeno de la deforestación tienda a revertirse o, cuanto menos, mitigarse en el corto y mediano plazo. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizó poco tiempo atrás un estudio para evaluar el impacto de la sanción de la Ley Nacional 26.331 -de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos- y la consiguiente prohibición de desmontes; los resultados son absolutamente contundentes y no dejan lugar a dudas: en el área de estudio, comprendida por gran parte de las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero -así como también el noroeste santafesino-, la deforestación persistió durante el bienio 2007-2008, disminuyendo su intensidad con respecto al período 2002-2006, pero aumentando en relación al quinquenio 1998-2002; se desmontaron 136.000 has, a una tasa anual del 1,41%, lo cual da como resultado un promedio del 1,63% anual para todo el período comprendido entre los años 1998 y 2008. Se trata, a rasgos generales, de una tala impulsada por el avance de la soja -especialmente en el límite entre Chaco y Santiago del Estero- y, en menor medida, por la ganadería, sobre todo en el centro santiagueño y el Impenetrable Chaqueño, donde las condiciones climáticas no son propicias para la agricultura (Argentina, 2008a). Haciendo caso de omiso de la flamante norma estatal, durante el período de vigencia de prohibición para la realización de nuevos desmontes el gobierno salteño autorizó la tala de 425.958 hectáreas -esto es, una

-52-

extensión 5,48 veces superior a la deforestada en 2006-, concentradas en los departamentos de Rivadavia, Rosario de la Frontera y, sobre todo, en San Martín, Anta y Orán (Gómez Lende, 2009). Según consigna el resumen de un estudio realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los desmontes continuaron intensificándose entre 2008 y 2011: en el caso de la Selva Tucumano-Boliviana, la razón fue la sustitución del bosque nativo con caña de azúcar, cítricos, tabaco y soja, especialmente en el área pedemontana; y en el caso del Impenetrable Chaqueño, ha obedecido a la expansión oleaginosa y, en menor medida, al algodón y al aumento de la actividad ganadera, derivado del desplazamiento de esta actividad desde otros sectores ante la escasez de zonas para pasturas (Montenegro et al, 2012). Otros trabajos revelan también un patrón bastante similar de continuidad y expansión del fenómeno, en el cual siempre se entrelazan la destrucción de la naturaleza heredada con el impetuoso avance de la frontera agrícola y los „cultivos globalizados‟. El auge de los llamados „biocombustibles‟ o „combustibles verdes‟ constituye, ciertamente, un formidable acicate a la deforestación observada en los últimos años, especialmente desde que ciudades como San Luis, San Lorenzo, Tandil, Santa Fe, Rosario y Ensenada se han insertado activamente en una división territorial del trabajo comandada por grandes empresas petroleras y agroindustriales como Olifox, RECOMB, Bunge & Born, Repsol YPF, AGD, Vicentín y Louis Dreyfus. Supuestamente impuesta y legitimada por la necesidad de disminuir la polución derivada de la quema de recursos fósiles, esa racionalidad -todavía latente, aún no consumada plenamente- enmascara el papel que actualmente desempeña en el renovado ímpetu de la expansión de la frontera oleaginosa, el inexorable incremento de la erosión de los suelos, el aumento de la contaminación hídrica y urbana provocada por los desechos del glicerol y la multiplicación de las emisiones de carbono, sobre todo aquellas derivadas de la tala y quema

-53-

forestal y la fertilización nitrogenada; vaya paradoja, desde hace algunos años la soja es, luego de la caña de azúcar, el principal cultivo ligado a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en nuestro país (Gómez Lende, 2009). Soja transgénica, deforestación y siembra directa se imponen como un uso hegemónico del territorio responsable por una grave problemática ambiental. Sabido es, a pesar de lo que arguya el discurso dominante, que las simientes RR demandan la aplicación de mayores cantidades de agrotóxicos que las variedades convencionales: aunque los fertilizantes y los pesticidas utilizados sean otros, la denominada „quimificación‟ de la agricultura continúa intensificándose, sustituyendo a los graminicidas por herbicidas de acción global que permiten controlar las malezas de manera más económica y eficaz (Silveira, 2003b). Siembra directa y soja transgénica son, pues, responsables por inusitado crecimiento de la demanda, entre 1991 y 2003, de glifosato de amonio (11.438,5%), herbicida cuya comercialización explica nada menos que el 42% del mercado agroquímico nacional (Pengue, 2004; Teubal, 2006). Insecticidas, cura-semillas y funguicidas son aplicados, asimismo, en el 90% de la superficie sojera (Pengue, 2001). El Estado nacional, preocupado por garantizar viabilidad a la reproducción del modelo de acumulación sojero e imprimir fluidez a las exportaciones de granos, permitió que el límite máximo tolerado de residuos de glifosato en cultivos y alimentos se incrementara 200 veces, pasando de 0,2 ppm a 20 ppm (Gómez Lende, 2007). Fumigaciones terrestres y aéreas de glifosato contaminan a otras plantaciones y aniquilan a las ya diezmadas economías de subsistencia, emponzoñando el aire y las aguas superficiales y subterráneas: extremadamente tóxico para invertebrados, peces, anfibios y mamíferos, ese agroquímico determina que en las lagunas proliferen algas que desoxigenan el agua, acabando con prácticamente toda forma de vida acuática; y el llamado „complejo de insectos‟ que generalmente invade las plantaciones de soja es combatido con endosulfato con cipermetrina, compuesto letal para abejas, peces y aves.

-54-

Como la inusitada presión oleaginosa empuja a los sembradíos hasta el propio límite de los ejidos urbanos, la prosperidad de los intereses hegemónicos compromete incluso la reproducción de la propia vida. No se trata sólo de aquellas áreas recientemente desmontadas -buena parte de Chaco (Gancedo, etc), Formosa (Loma Sené, etc), Santiago del Estero (Añatuya, Bandera)-, sino también del sur entrerriano -Gualeguaychú, Rosario del Tala- y numerosas localidades cordobesas -Río Ceballos, Saldán, Jesús María-Colonia Caroya, la capital provincial-; allí se multiplican los casos de leucemia y otros tipos de cáncer, lupus, púrpura, alergias y enfermedades inmunológicas (Teubal, 2006). No es casual: estudios recientes han demostrado que la exposición al glifosato de amonio produce lesiones en glándulas salivales y el aparato gástrico, trastornos reproductivos y hormonales, abortos espontáneos, daños genéticos y carcinogénesis. No obstante, esas funestas implicancias socio-ambientales se exacerban en el este salteño, el norte tucumano, la faja nororiental chaqueña y buena parte de Formosa, donde la convergencia de ciclos de lluvias más intensos y la conversión de bosques y pastizales en campos agrícolas intensifican los riesgos derivados de la utilización intensiva de agro-tóxicos (Pasquis, 2004). La lixiviación de las tierras agrícolas arrebatadas a la floresta autóctona es la principal causa de las frecuentes inundaciones y deslizamientos que asolan a distintas ciudades y poblados del norte argentino. Tal es el corolario -como explica Santos (1996a)- de la tensión gestada entre una producción limitada de racionalidad para los agentes hegemónicos y una producción masiva de irracionalidad para el resto del conjunto social, o -lo que resulta ser exactamente lo mismo- la difusión de los usos modernos del territorio, los cuales acaban tornándose irracionales para la mayor parte de la población (Santos y Silveira, 2001). Otra cuestión apunta a la naturaleza relativamente efímera, poco duradera, de la nueva agricultura de exportación en las tierras recientemente colonizadas por el capital. La sobreexplotación de la tierra, la escasa rotación agrícola y la predominancia oleaginosa acaban destruyendo la fertilidad de los suelos, no

-55-

sólo en la pampa húmeda, sino también en el norte argentino, donde ese fenómeno avanza a ritmo aún más acelerado; paralelamente, la „revolución agroquímica‟ desatada por la soja transgénica coadyuva a intensificar ese proceso, pues el glifosato degrada la biología del suelo, reduciendo el contenido de nitrógeno e impidiendo el desarrollo de los hongos micorríticos, vitales para la fijación del fósforo en las capas más superficiales: de ahí la sustancial expansión del consumo de fertilizantes fosfatados y nitrogenados, la cual, empero, no consigue restituir la riqueza arrebatada a las tierras que sucumbieron a la racionalidad del monocultivo, no logrando impedir el avance implacable de la desertización alentada por la fiebre sojera. Si bien la siembra directa es presentada por la racionalidad hegemónica como una técnica „ambientalmente sustentable‟ que permite minimizar el desgaste de la maquinaria, emitir menores cantidades de gas carbónico a la atmósfera, aumentar la infiltración del agua, retener la humedad de los suelos y disminuir su erosión, la realidad -a raíz de la simbiosis de esta técnica con la soja RR y el uso intensivo de agroquímicos- es otra: al destruir la fertilidad de las tierras con escasa superficie de rastrojo, la soja degrada el suelo, fenómeno que se agudiza en aquellas áreas que, agro-ecológicamente marginales, fueron conquistadas a partir de la eliminación del bosque nativo; la incesante repetición -año tras año- del sistema de siembra directa en un esquema de monocultivo fundado en la obtención de dos cosechas anuales es responsable no sólo por la pérdida de minerales esenciales, sino también por la salinización y compactación de los suelos. Según Pengue (2004), la producción de soja sólo durante la campaña agrícola 2002/2003 implicó la extracción de casi un millón de toneladas de nitrógeno y alrededor de 227.000 toneladas de fósforo; así pues, la nueva agricultura de exportación se convierte en una mera actividad extractiva. Como con el bosque nativo también desaparece buena parte de los factores responsables por la otrora generosa fertilidad de esas tierras, los suelos quedan yermos y estériles, abandonados por los productores sojeros, e inútiles para que

-56-

otras acciones posibles se anclen allí, permitiendo a esos lugares transitar un derrotero alternativo para alcanzar la modernidad.

3.2. Industria forestal, silvicultura y pérdida de biodiversidad: el avance del monocultivo de pinos y eucaliptos sobre la Selva Misionera La agricultura forestal y la industria a ella asociada no son actividades recientes en nuestro país. En la época colonial, las misiones jesuíticas alentaron la constitución de los primeros obrajes forestales, permitiendo así la explotación en pequeña escala de maderas nativas de ley -cedro, lapacho, loro negro, incienso, guatambú, peteribí, urunday, cañafistola-, especialmente en Misiones, Chaco, Salta y Formosa. Luego, durante el denominado modelo agroexportador (1870-1930), los capitalistas británicos devastaron los quebrachales chaqueños y santiagueños, para sustentar con madera y tanino el crecimiento agropecuario y la expansión de la red ferroviaria en la pampa húmeda. Compartida por Misiones, Brasil y Paraguay, la Selva Paranaense empezó a ser desmontada sistemáticamente, lo cual implicó una amenaza para la biodiversidad, dejando sólo algunos relictos intactos de exuberante masa boscosa en los lugares de más difícil acceso, como el norte y este provincial; en 1960, la selva autóctona misionera ya había perdido el 13,5% de las 2.600.000 hectáreas que poseía a mediados del Siglo XIX (Argentina, 2005c). La industrialización sustitutiva de importaciones acarreó un doble impacto sobre el sector: los créditos fiscales para implantación arbórea otorgados por el Instituto Nacional Forestal (IFONA); y la fundación y posterior expansión de las industrias celulósico-papeleras controladas por el Estado nacional y capitales domésticos nacionales. Todo ello le imprimió renovados bríos a la silvicultura, que creció con mayor ímpetu a partir de la década de 1970, especialmente a partir de la introducción de algunos géneros exóticos -kiri, paraíso, pino, eucalipto-. No obstante, el 90% de la madera procesada aún provenía de la explotación de la masa boscosa nativa. La crisis económica de los años ochenta, empero, puso

-57-

fin a los subsidios para forestación: el mercado argentino de aserrado se vio inundado por las importaciones de pino provenientes de Brasil y Chile, empresas forestales chinas, italianas y brasileñas arrasaron casi por completo con los bosques vernáculos de madera dura y semi-dura -grapia, guatambú, lapacho, rabo-, y algunos grupos económicos reorientaron sus intereses hacia la extracción de rollizos y la elaboración de pasta celulosa; así pues, la otrora densa selva misionera redujo su superficie, entre 1960 y 1985, un 22,3% (Argentina, 2005c). Con la entronización del sistema de poder neoliberal en la última década del Siglo XX, el IFONA fue disuelto, y los principales complejos celulósicos, vendidos: a raíz tanto de la necesidad trasandina de hallar nuevas fuentes de materia prima, cuanto de las rigurosas legislaciones ambientales escandinavas, norteamericanas y españolas y los graves episodios de contaminación suscitados en Canadá, Chile y Finlandia, la industria celulosa internacionalizada migró masivamente hacia Argentina y Uruguay; concomitantemente, el acelerado crecimiento de los árboles, la vasta disponibilidad de tierras fiscales a bajo precio, el magro costo de reproducción de la fuerza de trabajo y los laxos controles ambientales determinaron que el capital extranjero se lanzara sobre la ya diezmada selva. Es que, medido en metros cúbicos por hectárea, el crecimiento forestal del nordeste argentino es el más rápido del mundo, sobre todo comparado con el Hemisferio Norte -duplica a Estados Unidos y triplica a Europa-; los turnos de corte para el pino (12-16 años) y el eucalipto (6-7 años) son extremadamente bajos, cuando en Finlandia -país pionero y líder de la industria forestal- esos árboles recién pueden ser cortados después de 60 o incluso 120 años (Argentina, 2006a). El nordeste correntino -Santo Tomé, Ituzaingó, etc- y buena parte de Misiones se convirtieron en los mejores sitios del planeta -sólo igualados por Bahia y Rio Grande do Sul (Brasil)- para la instalación de forestaciones exóticas y plantas de celulosa -de hecho, Misiones pasó a concentrar el 44,3% de la capacidad instalada de la

-58-

industria celulosa y papelera „argentina‟ (la tercera de América Latina, después de Brasil y Chile)-. Se instauró, en el territorio, un nuevo orden económico: numerosas compañías forestales chilenas -Arauco, CMPC-Mininco, Masisa-, norteamericano, neocelandés, uruguayo -Paso Alto-, alemán -Danzer-, irlandés, español, italiano, brasileño y coreano se apoderaron de inmensas superficies destinadas a la implantación de pinos y eucaliptos, adueñándose también de gigantescos complejos celulósicos e incontables aserraderos, fábricas de cartón corrugado y plantas de compensado y laminado. Sólo tres países acaparaban el 92% de las inversiones extranjeras absorbidas por el complejo silvícola-industrial argentino entre 1990 y 2000: Chile daba cuenta de casi la mitad (46%) de los 3.500 millones de dólares recibidos por dicho sector, secundado por Estados Unidos (31%) y Canadá (15%) (Argentina, 2006a). En el caso específico de Misiones y Corrientes, la empresa estatal Papel fue vendida a los grupos económicos nacionales Zucamor y Bemberg, en tanto que las plantas celulósicas de Puerto Piray y Alto Paraná cayeron en manos del grupo trasandino Arauco y Constitución; paralelamente, la planta de compensados de eucalipto más grande del mundo, sita en Santo Tomé, fue absorbida por la corporación neocelandesa Flecther Chalenger. Incluso firmas globales del petróleo -Royal Dutch Shell- y los granos -Louis Dreyfus- se sumaron al boom forestal, instalándose en Misiones y el nordeste correntino para desarrollar un esquema de acumulación basado en la explotación de las plantaciones exóticas -pinos y eucaliptos-. Es el orden global, expresándose en el territorio local a partir de fuerzas y lógicas verticales. Tal como explica Silveira (1999), las funciones de la división internacional y territorial del trabajo no se instalan ignorando las características jurídicas de los lugares, sino por su intermedio; así pues, la reforma de los regímenes fiscales, laborales y de seguridad social de la industria forestal, la implementación del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales (RPPF) y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), la Ley 21.695 de

-59-

Estímulos Fiscales a la Forestación y, más recientemente, la sanción de llamada „Ley Nacional de Bosques Cultivados‟ (25.080), vigente desde 1998, se constituyeron en formidables acicates para la consolidación del nuevo modelo. Adjudicando millonarios subsidios al capital privado, destinados a alentar la implantación de especies exóticas de rápido crecimiento y gran valor económico, el Estado asumió como propios los costos privados de implantación y explotación, incluida la tala del bosque nativo: sólo en el marco del RPPF -Ley Nacional 24.857 (1992-1999)-, fueron desembolsados más de 141 millones de dólares -de los cuales el 77% fue absorbido por Misiones y Corrientes-; y de acuerdo con el Régimen de Apoyo Económico no Reintegrable contemplado en la Ley 25.080, el Estado nacional financia hasta el 100% de proyectos de hasta 700 hectáreas, el 50% de bosques entre 701 y 1.000 hectáreas, el 30% de extensiones que oscilan entre 1.001 y 2.000 hectáreas, y el 15% de los proyectos de que superan esa última superficie. Todo lo anterior fue complementado por un nutrido mosaico de ventajas fiscales y comerciales, que incluye „congelamiento‟ de tasas, exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y del Impuesto Inmobiliario al doble de la superficie forestada, amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado, y desgravación arancelaria a las importaciones, entre otras inauditas garantías jurídicas otorgadas por el Estado nacional al capital privado por un lapso de 33 años -límite plausible, a su vez, de ser prorrogado, a pedido de las autoridades provinciales, hasta los 50 años. No obstante, otros vectores externos se han dado cita recientemente, en el territorio, para alentar la irrupción y consagración del modelo hegemónico. El llamado „mercado de bonos de carbono‟ del Protocolo de Kyoto introduce en los lugares una regulación propia del orden global, procurando afianzar las vocaciones dominantes de uso del territorio: el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), por ejemplo, estipula que países y empresas deben pagar a quienes desarrollan proyectos que fijan dióxido de carbono y liberan oxígeno;

-60-

conminadas a disminuir sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, las potencias industrializadas adquieren bonos de carbono a las naciones en las cuales se desarrollan proyectos que supuestamente amortiguarían el cambio climático global, como la creación de „sumideros‟ a partir de diversos mecanismos, entre ellos la forestación y la reforestación. He aquí otro mecanismo que, amén de las virtualidades naturales y las normas domésticas del territorio, refuerza la lógica del monocultivo de especies exóticas en los espacios aptos para ejercer tal función, toda vez que los bosques implantados son los únicos aceptados para la comercialización certificada de bonos de carbono (Sánchez Acosta y Vera, 2005). Argentina adhirió en 2005 al MDL, lo cual ha implicado tanto la conversión de tierras que, hasta 1990, carecieron de superficies boscosas como la implantación de cultivos forestales en áreas antiguamente cubiertas por la floresta nativa; dentro de algunos años las plantaciones exóticas preexistentes podrían ingresar al mercado de bonos de carbono, especialmente aquellas desarrolladas al amparo de los subsidios públicos otorgados por la Ley 25.080. Sabido es que esa nueva división territorial del trabajo no se ha basado tan sólo en la llegada masiva de compañías forestales extranjeras a Misiones y Corrientes, sino en un sistemático proceso de concentración de la tierra, estrechamente ligado al auge del monocultivo de pinos y eucaliptos. Se estima que, actualmente, la superficie promedio de las plantaciones rebasa las 2.000 hectáreas; y si bien históricamente en Misiones la estructura de la propiedad de las plantaciones ha sido relativamente atomizada, el 83,8% de las extensiones forestadas en esa provincia y el nordeste correntino se hallaba, a comienzos del Siglo XXI, en manos del capital extranjero, sobre todo chileno (66,1%); de hecho, basta con señalar que las 230.000 hectáreas explotadas por el conglomerado trasandino Arauco y Constitución representan nada menos que el 45,1% del área cultivada, esto es, el 8% de superficie misionera (Gómez Lende, 2010). Esa firma, que controla también los principales aserraderos provinciales -los dos mayores de Sudamérica-, desarrollando estrategias de integración vertical entre éstos y sus

-61-

plantas de celulosa, es a su vez propietaria de la única fábrica „argentina‟ de pasta fluff, esto es, un insumo empleado para rellenar pañales descartables y toallas higiénicas, cuya elaboración -común en las grandes plantas de pasta química de madera- les permite proteger su rentabilidad de las fluctuaciones cíclicas de los precios de la celulosa -éstos fluctúan, conforme a la producción mundial, entre 250 y 1.000 dólares por tonelada-. Interesándose además en el cultivo de coníferas y eucaliptos, la firma estadounidense Carbon Trading and Trust adquirió, al amparo del MDL, millares de hectáreas de selvas y áreas protegidas, las cuales comprenden parte del Parque Nacional Uruguaí y el llamado „corredor verde‟, que se extiende hasta la Reserva Yabotí, donde paradójicamente leyes provinciales prohíben la extracción de madera (Gómez Lende, 2010). El auge forestal y la concentración de tierras a él asociada implicaron, ciertamente, un desplazamiento de las producciones tradicionales; a la adquisición de vastas extensiones de pastizales, bañados y selva para su conversión a plantaciones forestales, se añadieron distintos mecanismos de subordinación sobre las economías campesinas de subsistencia y los pequeños y medianos productores agrícolas. Solidaridades organizacionales -interdependencias funcionales- establecidas entre la crisis de sobreproducción de cultivos como el tabaco y la yerba-mate, el quebranto de numerosas explotaciones agrícolas y la reducción del valor de las chacras permitió que las compañías forestales conquistaran inmensas superficies a precios irrisorios; expulsando a incontables familias de colonos y minifundistas en nombre del progreso, esos agentes hegemónicos arrasaron con viviendas y hasta con escuelas, acelerando así el secular y dramático proceso de vaciamiento rural. No es extraño, pues, que a raíz de esa profunda reorganización productiva y territorial, los montes cultivados se convirtieran en los principales proveedores de madera aserrada (90%) de la industria forestal argentina, pese a no representar más del 4% del área boscosa total y el 2,7% de la superficie nacional

-62-

agrícola: la participación de las especies foráneas sobre el aserrado pasó del 47% al 83% en sólo una década (1990-2000) -de ese sub-total, el pino y el eucalipto daban cuenta del 81%-; y en prácticamente quince años (1988-2003), la materia prima procedente de los bosques implantados creció un 64,8%, impulsada por el significativo crecimiento de la explotación de los bosques de coníferas (152,8%) (Argentina, 2005d, 2007c). En ese sentido, los nuevos usos agro-forestales del territorio articularon a los espacios de la producción bajo la égida de una misma racionalidad, basada en la homogenización formal y funcional: en apenas ocho años (1992-1999), Misiones y Corrientes -que daban cuenta del 78,7% del área forestada con recursos públicos-, incrementaron sensiblemente -293,6% y 678,9%- las superficies implantadas con especies exóticas; de hecho, ambas provincias concentran más de la mitad (64,1%) de la superficie nacional forestal (1.022.686,2 has) -de la cual Misiones acapara el 36,4%-, en tanto que la silvicultura absorbe el 48,6% y el 60,3% del área misionera y correntina bajo cultivo, respectivamente (Argentina, 2005a). Si a mediados de la década de 1990 el 83,7% de los montes de cultivo misioneros correspondía a plantaciones de coníferas, en los albores del Siglo XXI esa proporción ya se situaba en el orden del 97,9%: sólo el pino, concentrado en Iguazú, Eldorado, San Martín y San Ignacio, explicaba el 76,6%; y el eucalipto, que algunos años atrás se había afianzado en Corrientes, fue desplazado de Santo Tomé por el pino, debiendo migrar a Concepción, Monte Caseros, Ituzaingó y Paso de los Libres, luego de que las coníferas se apropiaran del 70,7% de la superficie forestada provincial. Otros elocuentes datos empíricos reflejan la supremacía del monocultivo: pinos y eucaliptos explican la abrumadora mayoría de la extracción silvícola misionera (95,9%) y correntina (100%); Misiones -principal provincia productora de rollizos del país (55%)- concentra, junto a Corrientes, el 93,7% de la madera proveniente de pinos (Argentina, 2005d, 2007c). Obediente a intereses externos, esa reconversión productiva implica, de hecho, una inserción más profunda del territorio local en la nueva división internacional del trabajo, lo cual conduce a la

-63-

reestructuración y especialización de las funciones de los lugares en aras de satisfacer los requerimientos del mercado mundial. Las exportaciones de madera aserrada, manufacturas y pasta celulosa, por ejemplo, representan el 70,1% del comercio exterior misionero, dinamizando así a Iguazú, Posadas, San Pedro, San Javier, Paso de los Libres, Corrientes, Santo Tomé y, particularmente, a Eldorado y Esperanza, puertos que el Estado nacional arrendó en condiciones de uso exclusivo -monopólico- a Arauco y Constitución, cercados y vigilados por sistemas militarizados de seguridad. Son, empero, las plantas de celulosa misioneras y correntinas las que se constituyen en el verdadero motor de la industria forestal y la silvicultura argentina; la pasta de madera, el papel y el cartón dan cuenta del 50,2% de las exportaciones forestales argentinas, satisfaciendo no sólo la mitad del consumo trasandino, sino también gran parte de la demanda de Brasil, Uruguay, China, Japón, Francia y Bélgica (Gómez Lende, 2010). Se tejen, asimismo, circuitos espaciales de producción diversos: mientras que en Misiones casi la totalidad de la madera extraída de las plantaciones forestales es manufacturada internamente -la mayor parte se destina a la obtención de 782.000 toneladas anuales de pasta química, apenas el 18,1% de la producción correntina de rollizos es industrializada dentro de esa provincia; el remanente no sólo es absorbido por los aserraderos entrerrianos (20,6%), las mueblerías bonaerenses (5,0%) y las plantas de celulosa misioneras (10,2%) y santafesinas (46,2%) (Argentina, 2007c). Es el territorio de las verticalidades, creando interdependencias cuantitativas y cualitativas tanto más numerosas y actuantes cuanto mayores son las necesidades de cooperación entre los lugares (Santos, 1996). Otro caso es el de las firmas mueble-partistas brasileñas, que se radican en Misiones para fabricar piezas elaboradas a base de tableros alistonados de pino que, una vez drenadas hacia el vecino país para su ensamblado, son reexportadas a Estados Unidos, Chile, España e Italia (Maslatón, 2005). Son, todos ellos, espacios fieles al orden global, extrovertidos y especializados al extremo, y por esa razón, tributarios del paradigma -tan caro a la modernidad actual- de la producción innecesaria.

-64-

Misiones y Corrientes se volvieron dependientes, pues, de la actividad forestal y la industria a ella asociada: ambas explican la mitad del Producto Bruto Geográfico (PBG) y el 42% del empleo „regional‟; paralelamente, la presencia de las grandes compañías le imprime un renovado dinamismo a las localidades cercanas a las plantas de celulosa y los bosques de cultivo, de ahí el significativo crecimiento demográfico suscitado durante el último período intercensal (1991-2001) en Puerto Esperanza (33,2%), Capioví (42,8%) y Puerto Piray (48,4%) (Argentina, 2003). En esas y otras pequeñas localidades cercadas por las plantaciones exóticas, la reproducción de las condiciones de existencia de buena parte de la población depende, en consecuencia, de su inserción en el mercado de trabajo forestal. La agricultura forestal se desarrolló, en el „triángulo arenoso correntino‟ -Goya, Santa Rosa, Saladas-, a partir de la reconversión de bañados y pastizales, pero en el nordeste provincial y, sobre todo, en Misiones, la racionalidad dominante acabó instalándose a expensas de la „Selva Paranaense‟, fomentando, pues, la tala sistemática e indiscriminada. Se trata, desde el punto de vista ecológico, de un área estratégica a nivel nacional e internacional en términos de conservación de la biodiversidad. La Selva Misionera contaba, sólo en la porción argentina, con más de 2.000 especies de plantas vasculares y un millar de especies de vertebrados, entre ellas 548 aves, 120 mamíferos, 79 reptiles, 55 anfibios y más de 200 peces, todos los cuales representan casi el 40% de la biodiversidad del nuestro país. No obstante, en la actualidad esa superficie se ha visto reducida dramáticamente, a raíz del auge forestal, yerbatero y tabacalero: entre 1935 y 2006, la expansión de la frontera agropecuaria determinó que la superficie misionera cubierta por bosques nativos retrocediera un 47,1%, a una tasa anual del 0,9% (Argentina, 2008c). Sin ser constante, el ritmo de esa devastación se ha acelerado a raíz del boom del pino y el eucalipto, tal como lo revelan algunos datos: entre 1985 y 2003,

-65-

la Selva Misionera se redujo un 19,7%, a razón del 1,2% anual; si en 1998 existían en la provincia 1.453.381 hectáreas de bosque nativo, en 2002 quedaban 1.212.360 hectáreas, revelando así una merma del 16,6%, a razón del 1,34% anual; en ese mismo lapso, la superficie deforestada representó el 27,9% de la variación negativa total (241.021 has), correspondiendo el remanente a fenómenos de fragmentación y degradación de los ecosistemas (Argentina, 2004). No sólo la tasa anual de desmonte de Misiones (1,3%) se hallaba entre las más elevadas del país (0,8%), puesto que era incluso 5,8 veces superior a la media mundial (Argentina, 2008c). Si se considera el lapso 1998-2006, la pérdida neta de bosques nativos en esa provincia no era inferior a las 129.000 has; y algunos años atrás, se estimaba que cada años se talaban unas 12.000 hectáreas (Carrere, 2005). Otrora exuberante y frondosa, la selva virgen representaba, en los últimos años, apenas un 4,4% del diezmado remanente; de continuar ese ritmo de desmonte, no pasarían muchas décadas hasta que la Selva Misionera debiera enfrentar en Argentina la alarmante e irreversible situación verificada en Paraguay y Brasil, donde perdió el 86,6% y el 97,3% de su superficie original, respectivamente (Placci y Di Bitetti, 2005). Nítida y elocuente es la relación empírica existente entre la tala de la Selva Misionera y la conquista de nuevas tierras para las plantaciones exóticas. Según estadísticas oficiales, una de las principales causas de la pérdida de la floresta autóctona provincial es el avance de la frontera agrícola a partir de la cultura de roza y quema; sin embargo, la incidencia de los cultivos forestales en ese proceso es muy superior a la registrada mediante el análisis de imágenes satelitales y la observación directa, puesto que es prácticamente imposible prever el destino de desmontes recientes o distinguir entre cultivos agrícolas y arboledas muy jóvenes; asimismo, si los ciclos de duración del sistema de agricultura de roza y quema -5 años y sucesión natural- y los montes implantados -12 años y reforestación- son comparados, el impacto de esta última actividad es mucho mayor, pues impide el reestablecimiento de la cobertura boscosa originaria (Argentina, 2004). Objetivamente, los guarismos

-66-

revelan que más de la mitad (57,0%) de las 67.233 hectáreas segadas en un quinquenio (1998-2002) fue absorbida en idéntico lapso por el crecimiento de las plantaciones de coníferas y eucaliptos (117.880 hectáreas); paralelamente, el área sembrada con dichas especies exóticas se expandió un 46,4%. Tampoco es casual la concordancia descubierta entre la concentración de los desmontes y las plantaciones exóticas: los cuatro departamentos que daban cuenta del 49,1% de la deforestación provincial -Iguazú, Eldorado, Montecarlo y San Pedro- concentraban también el 48,8% de las vastas extensiones cubiertas por bosques de cultivo (Argentina, 2005a, 2008c). No es un dato menor, a su vez, que casi la cuarta parte (23,7%) de las tierras que a comienzos del Siglo XXI se hallaban cultivadas con especies forestales foráneas le haya sido arrebatada a la floresta autóctona durante el sub-período inmediatamente anterior (1998-2002); así lo atestiguaban los casos de Eldorado (23,3%), Iguazú (25,8%), 25 de Mayo (28,6%), Guaraní (47,0%), San Martín (59,4%) y Belgrano (96,1%); de hecho, los once departamentos que en 2003 explicaban el 97,4% de la tala provincial concretada entre 1998 y 2002 eran aquellos que habían expandido con mayor ímpetu sus respectivas tierras agro-forestales, y eran los que representaban, por añadidura, el 83,6% del cultivo de arboledas exóticas. Las nuevas plantaciones se propagaron rápidamente, conquistando buena parte de las áreas recientemente desmontadas, especialmente en Iguazú (40,9%), Montecarlo (70,5%) y Eldorado (94,7%). Si en idéntico lapso Oberá (20,9%), San Javier (22,5%) y Cainguás (58,5%) incrementaron sensiblemente sus superficies implantadas, paralelamente Iguazú, Montecarlo, San Martín, Eldorado y Oberá -que representaban el 62,3% de la deforestación misionera- constituían las principales localidades productoras de madera aserrada de pino y eucalipto (87,8%) (Misiones, 2005; PMF, 2003; Argentina, 2008c). Obviamente, el fenómeno del vaciamiento rural no hizo sino agudizarse como consecuencia de los desmontes; así pues, gran parte de los pueblos originarios ha sido expulsada de sus tierras

-67-

ancestrales, e innumerables personas han abandonado la Selva Misionera. Los guaraníes, que han habitado durante siglos en la espesura de esos bosques -obteniendo de ellos abrigo y sustento-, desde hace algunos años se hallan poco menos que acorralados por una expansión agro-forestal que está agotando frenética e irreversiblemente la rica biodiversidad selvática, y con ella, las más elementales fuentes de subsistencia de esas etnias, así despojadas de los recursos que permitían la reproducción de su base material de existencia; de hecho, entre la fauna más afectada por la deforestación y la destrucción de pastizales y bañados, se incluyen el aguará-guazú, el ciervo de los pantanos, el carpincho, el yacaré, el federal, el capuchino, el tordo amarillo, la monjita dominicana y las ranas, todas ellas especies muy escasas o próximas a la extinción, pero vitales para la continuidad del equilibrio ecológico que ha sido preservado durante centurias por los pueblos originarios. Otro caso paradigmático es el de las reservas naturales y ecológicas -tanto públicas como privadas-; destinadas a conservar la biodiversidad y permitir la supervivencia de las llamadas „etnias precolombinas‟, ellas representan el 16% de la superficie misionera. No obstante, la perversidad del orden global acaba deformando ese sistema de acciones para convertirlo en un instrumento de devastación y en una simiente de conflicto y fragmentación. Tal pareciera ser el caso la Reserva El Soberbio, cuyas 10.397 hectáreas -pertenecientes al otrora estatal complejo celulósico Papel Misionero, cubiertas por bosques nativos y habitadas por la etnia guaraní- fueron recientemente vendidas a compañías forestales. ¿Qué decir entonces de la Reserva de Biosfera Yabotí, de la cual se observa la salida de entre 13 y 25 camiones por hora cargados con rollizos de madera (Miño y Scalarendi, 2005)?. Otro ejemplo es el del llamado „corredor verde‟ que, merced a una ley provincial, establece un área de uso múltiple destinada a garantizar la conexión biológica entre las reservas protegidas del norte -Iguazú, Uruguaí- y sur misionero -Yabotí, Cuña Pirú-: aunque algunos años atrás los había obligado a desmontar hasta el 60% de sus superficies prediales para entregarles sus títulos de

-68-

propiedad, el gobierno provincial prohibió a campesinos y colonos -so pretexto de conservación de la biodiversidad- el aprovechamiento de la selva nativa para su subsistencia; eso no ha impedido, sin embargo, la masiva depredación de la floresta autóctona por parte de las grandes compañías forestales. Si hasta la estructura fiscal y tributaria reinante en Misiones acentúa la problemática ambiental desatada por los desmontes -y paralelamente fomenta el monocultivo forestal-: los propietarios de aquellas tierras que sean preservadas intactas -en estado silvestre- pagan, de hecho, impuestos muy superiores a los exigidos a cualquier explotación agro-forestal. Los nuevos usos agro-forestales del territorio expresan las contradicciones del orden global: es paradójico que gran parte de la destrucción de reservas y áreas protegidas se realice en el marco del Protocolo de Kyoto y el ya descrito mercado de bonos de carbono; de hecho, el MDL no atenúa la problemática ambiental desencadenada por la deforestación, sino que la exacerba: una vez transcurridos treinta años luego de su implantación inicial, las forestaciones desarrolladas al amparo de ese sistema externo de normas pueden ser destinadas a cualquier uso, lo cual incluye la explotación maderera. Siempre bajo la influencia de un discurso ideológico de base científica -que arguye que la floresta nativa sólo absorbe carbono durante su fase de crecimiento (no „aportando‟ beneficio alguno luego de haber culminado su ciclo madurativo) y que el desmonte posee escasa influencia en el contenido de carbono del suelo si la cobertura vegetal es rápidamente reestablecida-, el afán de lucro vinculado al monocultivo de pinos y eucaliptos suele adoptar el disfraz de la consciencia ambiental; lo que esa racionalidad instrumental deliberadamente oculta es que los bosques autóctonos almacenan mayores cantidades de carbono que las plantaciones forestales. Si en teoría los esfuerzos de la racionalidad hegemónica están orientados a suprimir sus propias contradicciones, en la práctica no hacen más que intensificarlas: ¿cómo explicar, caso contrario, la emisión de millones de toneladas de carbono a la atmósfera a raíz de la tumba y quema de incontables arboledas nativas, la explotación de plantaciones

-69-

exóticas supuestamente destinadas a mitigar la contaminación del aire? En nuestro país, la industria forestal genera 5 millones de toneladas anuales de residuos que son apilados y quemados en las adyacencias de plantaciones y aserraderos, emitiendo a la atmósfera 2,5 millones de toneladas de carbono; el 72% de los aserraderos misioneros incinera esos desechos (Maslatón, 2005). Sólo en la Selva Misionera, los desmontes fueron responsables por la emisión, entre 1998 y 2006, de 21.680.000 toneladas de carbono (Manghi et al, 2009). Subordinación económica y deforestación a menudo se fusionan en Misiones para agravar la problemática ambiental provincial: la brutal disminución del número de aserraderos y plantas de compensado consagró a las plantas industriales de los grandes conglomerados forestales verticalmente integrados en destinos excluyentes de la madera cortada por los pequeños productores forestales; paralelamente, esos agentes padecen una persistente rentabilidad negativa, ocasionada en principio por el endeudamiento financiero derivado de su incorporación al esquema de monocultivo y la baja calidad genética de sus plantaciones, y posteriormente exacerbada por los bajos precios impuestos por los grandes aserraderos y complejos celulósicos. Son los casos de Arauco, que controla en condiciones prácticamente monopólicas el mercado de madera en bruto, y de Papel Misionero, que suele apoderarse de grandes cantidades de materia prima simplemente a cambio de asesoramiento técnico; concomitantemente, los excedentes de rollizos no consumidos por la elaboración de pasta química son destinados por las plantas de celulosa a aserraderos propios y ajenos, lo cual determina que los ingresos percibidos por los pequeños productores sean aún más exiguos. Obligados a expoliar sus bosques de pino y eucalipto a un ritmo cada vez más frenético para procurar -infructuosamente- revertir la crisis ocasionada por las estrategias de acumulación y dominación desplegadas por las grandes compañías, los agentes hegemonizados retornan a un modelo más antiguo y tradicional, basado en la explotación de un bosque nativo cada vez más empobrecido y escaso; ello ocurre en Cainguás, San Martín, Guaraní, Candelaria, Oberá y,

-70-

sobre todo, en San Pedro, localidades donde convergen el 68,3% de la producción de maderas vernáculas y el 32,9% de los desmontes en Misiones (PMF, 2003; Misiones, 2005; Argentina, 2008c). Se niega así el discurso que, aspirando a legitimar el modelo hegemónico, arguye que los montes exóticos implican cierto alivio para el bosque nativo. Son nefastas e irreversibles las implicancias ambientales y sanitarias desencadenadas por los desmontes en la Selva Misionera: luego de su desmonte mediante tractores, cadenas y fuego, las tierras a implantar son aradas y sometidas a la sistemática aplicación de elevadas dosis de herbicidas pre-emergentes y post-emergentes, destinados a impedir el resurgimiento del bosque nativo; la codicia de Arauco por las tierras misioneras no conoce límites, pues la tala se extiende incluso hasta las márgenes de ríos y arroyos, ocasionando así la contaminación de sus aguas -merced al vertido de agroquímicos- y coadyuvando a su progresivo secado; finalmente, las pocas especies de insectos -la hormiga cortadora, por ejemplo- que han conseguido adaptarse a los bosques de cultivo son eliminadas mediante la aplicación de enormes cantidades de agro-tóxicos altamente contaminantes -la sulfluramida, por ejemplo-, ora bajo la forma de cebos, ora vía fumigación. Todo ello ha dado lugar a la implantación de los 'bosques silenciosos' o „desiertos verdes‟, caracterizados por la ausencia prácticamente absoluta de fauna y flora; nada crece allí, pues se configuran en espacios literalmente esterilizados de toda forma de vida que no sean las plantaciones de pino y eucalipto, dispuestas en hileras separadas por una distancia rigurosamente calculada y constituidas por ejemplares que se hallan dotados de una misma forma, edad y genética. Como ha ocurrido con otras actividades agrícolas, la silvicultura ha sido sometida a una intensa crono-expansión de la frontera agropecuaria, ligada no sólo a la sustitución de la extracción de maderas nativas por la explotación de bosques implantados, sino también a una reinvención de la naturaleza basada en la acumulación de técnicas e informaciones, la cientifización del

-71-

trabajo y la aceptación de las exigencias externas de la modernidad y la „globalización‟; la importación desde Europa, Canadá y Australia de semillas genéticamente modificadas, la implementación de múltiples programas de control y erradicación de plagas -mancha azul, avispa del pino, etc-, la incorporación de tecnologías „llave en mano‟ procedentes de Finlandia y Oceanía, y las investigaciones biotecnológicas de Bioforest -subsidiaria de Arauco- han permitido, de hecho, el próspero desarrollo de vastas plantaciones de pinos de rápido crecimiento y de inmensos montes cultivados con eucaliptos de alto rendimiento, con densidades que, a menudo, superan los 2.000 árboles por hectárea, haciendo posible, además, la eliminación de nudos o manchas y la obtención de rollizos más rectos y cilíndricos, gracias a lo cual las grandes plantaciones y aserraderos logran remesar gran parte de su producción a los Estados Unidos, Brasil, China y España. Otros aspectos de la problemática ambiental misionera se ven agudizados significativamente con auge de la tala y el monocultivo. El colapso del régimen subterráneo, por ejemplo, se ha tornado inexorable, a raíz de tanto la disminución de la cobertura vegetal cuanto del excesivo consumo hídrico característico de las plantaciones exóticas; esto provoca la rápida desaparición de las fuentes de agua y favorece la proliferación de plagas: las épocas de sequía y la expoliación de las capas freáticas suponen el exterminio de las ranas, lo cual determina que el número de mosquitos aumente sustancialmente, asolando las localidades adyacentes a las plantaciones; paralelamente, el pino se ha convertido en una especie ecológicamente invasora, pues el viento propaga sus semillas, que germinan por doquier (Carrere, 2005). En los pequeños poblados son comunes, por añadidura, las enfermedades y alergias respiratorias suscitadas por las enormes cantidades de polen derivadas del florecimiento arbóreo simultáneo, las cuales, además, contaminan ríos y arroyos. Las tierras ganadas al bosque nativo, a su vez, se vuelven más ácidas y menos permeables, susceptibles a la erosión y la pérdida de fertilidad. El eucalipto extrae grandes cantidades de

-72-

calcio, en tanto que la acidez natural de los suelos es intensificada por las resinas del pino, de ahí que el pH de las tierras cultivadas con especies exóticas se reduzca a la mitad. Al agotarse los reservorios de agua, los suelos quedan, de hecho, absolutamente yermos y estériles, lo cual no sólo impide el resurgimiento del bosque nativo, sino también el desarrollo de cualquier tipo de agricultura, incluida la forestación; paralelamente, las plantaciones exóticas favorecen la proliferación de hongos y micelios que impiden la infiltración, lo cual aumenta la sequedad de esas tierras, ocasionando cambios irreversibles en su textura y estructura que conducen a una pérdida de su contenido de materia orgánica. Obstando las implicancias ambientales de la silvicultura propiamente dicha -aunque sin soslayar su importancia-, la catástrofe ecológica y sanitaria más significativa y dramática es la desencadenada por las plantas de producción de pasta de celulosa: no es extraño que en localidades misioneras como Wanda, Puerto Piray y Puerto Esperanza proliferen enfermedades respiratorias, alergias, diversos tipos de cáncer, „inexplicables‟ abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones (Carrere, 2005). Si bien los principales países líderes en la industria forestal utilizan el llamado método kraft -Elementary Chlorine Free (EFC)-, necesario para obtener una celulosa más clara -obedeciendo así a las preferencias del consumidor internacional promedio (por esa razón, apenas el 4% de la celulosa que se produce en el mundo es elaborada mediante el proceso Totally Chlorine Free (TCF), que prescinde del cloro y sólo utiliza oxígeno para blanquear la pasta)-, en Argentina una lógica industrial basada en la minimización de costos a ultranza revela la persistencia de sistemas de producción más antiguos, obsoletos y contaminantes; de hecho, las fábricas misioneras y correntinas emplean un procedimiento más primitivo que el método kraft, utilizando cantidades mucho mayores y concentradas de cloro. Se extraen ingentes cantidades de agua de ríos y arroyos, luego devueltas a su cauce contaminadas con miles de litros de cloro, lignina, azufre, hidro-sulfatos, metales pesados, dioxinas, furanos, fenoles y

-73-

sulfuro de metilo, con nefastas consecuencias sobre la flora, la fauna -especialmente la acuática- y la salud humana: el dióxido de azufre y los hidro-sulfatos son responsables por los pestilentes olores típicos de las cercanías de las plantas de celulosa, la polución del aire y las lluvias ácidas que se esparcen en un radio de 50 km, dañando cultivos y degradando viviendas; las dioxinas y furanos, por su parte, son potentes sustancias cancerígenas que deterioran el sistema inmunológico. No obstante, las plantas de celulosa de Arauco acreditan las normas internacionales de calidad ambiental 14.001, ejecutadas bajo los parámetros del Banco Mundial; es evidente, pues, la estrategia territorial de esa firma, ligada a la externalización de sus costos ambientales y sociales de producción, y derivada del afán de ciudades chilenas como Valdivia en desembarazarse de sus más nefastas implicancias; y finalmente, la irracionalidad del modelo hegemónico alcanza su paroxismo cuando se advierte que Misiones importa todo el papel que consume, excepto el papel de embalaje. Sabido es que la connivencia o complicidad del poder político provincial y la pobreza extrema acaban completando un panorama absolutamente desolador. Si bien las tres fábricas provinciales de celulosa generan menos de un millar de empleos y se registra un promedio de apenas cuatro empleos cada mil hectáreas implantadas, la dependencia de buena parte de la población de la actividad forestal es insoslayable, y su inserción en ese mercado laboral, precaria. Se ha asistido, en los últimos años, a una segmentación: por un lado, trabajadores insertos formalmente, gracias a luchas gremiales que les permitieron acceder a obra social, aportes provisionales y una jornada laboral más reducida; y por otro lado, fuerza laboral vinculada a la „economía sumergida‟ -la cual representa el 70%-, sometida a estrategias de externalización -terciarización y sub-contratación vía cooperativas de trabajo y contratistas, informalidad por tiempo determinado- y modalidades de pago a destajo. En un sector que, conforme a las estadísticas oficiales, es el segundo de la economía argentina en cuanto a la recurrencia de accidentes laborales fatales y/o generadores de discapacidades

-74-

permanentes (Argentina, 2006b), las remuneraciones son ínfimas: hacheros y moto-sierristas perciben el equivalente a 14 dólares diarios -debiendo además utilizar sus propias herramientas y pagar el combustible consumido-, y los peladores obtienen apenas 1,5 dólares al término de cada jornada, por lo que el obraje forestal deba incorporar a sus familias al proceso de trabajo para garantizar un mínimo umbral de subsistencia, razón por la cual es harto frecuente la deserción escolar vinculada al trabajo infantil; casi ningún trabajador cuenta con elementos indispensables como máscara y vestimenta para la aplicación de los agro-tóxicos (Carrere, 2005). Las empresas construyen barrios especiales para su fuerza de trabajo, pero sus empleados jamás logran acceder a la propiedad de las viviendas, por lo que su permanencia está sujeta a la respectiva continuidad laboral; las reivindicaciones ambientales de la población y las voces díscolas al modelo imperante de acumulación son, pues, rápidamente silenciadas por la sistemática extorsión de los actores hegemónicos, que amenazan con retirarse del lugar si son obligados a respetar controles gubernamentales más rigurosos, o con la menos sutil pérdida del puesto de trabajo -y de la vivienda al mismo asociada- (Gómez Lende, 2010).

4. Conclusiones Orden global y desorden local son, en verdad, sinónimos: uno se instala provocando al otro, y juntos se retroalimentan y exacerban; así lo demuestran los estudios de caso elegidos para ilustrar, en el presente trabajo, los nexos existentes entre la actual racionalidad hegemónica, la reorganización social, económica y territorial, la reestructuración productiva a la misma asociada, y la crisis ambiental derivada en la Argentina contemporánea. Surgidas al calor de la reforma neoliberal del Estado argentino, las actividades modernas impuestas por la nueva división internacional -y territorial- del trabajo y, sobre todo, los nuevos usos agrícolas del territorio (soja transgénica, plantaciones silvícolas exóticas, industria forestal), diseñan un mapa de verticalidades en el espacio nacional cuyo corolario

-75-

ambiental no es otro que los desmontes que asolan gran parte del país; año a año, la deforestación continúa aumentando, con alarmantes tasas de crecimiento -muy superiores al promedio mundial-; del bosque nativo ya no quedan sino relictos, y el principal responsable de ese preocupante fenómeno es el avance de la frontera agropecuaria, especialmente a partir de la expansión de la soja y las plantaciones de pinos y eucaliptos, y en menor medida, a raíz de la migración de actividades marginales como la ganadería y los cultivos industriales hacia áreas boscosas recientemente reconvertidas o refuncionalizadas. Son, en un caso, los terratenientes, las agroindustrias, el capital financiero, las empresas de agroquímicos y las firmas vinculadas a la biotecnología y la ingeniería genética quienes se revelan, en resumidas cuentas, como los principales artífices y beneficiarios de un modelo de explotación del territorio basado en un sistema externo de acciones -expansión de la frontera agrícola (especialmente oleaginosa y, sobre todo, sojera), difusión de los OGM‟s, propagación del paradigma de la siembra directa y la „agricultura de precisión‟, crisis o sustitución de actividades y prácticas pretéritas y/o marginales, arrendamiento de campos, concentración de tierras en manos de pools de siembra, tala forestal indiscriminada- y un novedoso sistema de objetos -los nuevos paquetes biotecnológicos, arietes de la cientifización del campo- que, con la colaboración y/u omisión del Estado, imponen la lógica del monocultivo, arrasando sin piedad con la naturaleza heredada y el patrimonio ambiental, a pesar de las racionalidades y resistencias horizontales que se oponen a su imperio. Son, en el otro caso, las grandes compañías forestales extranjeras, el gobierno nacional y los aparatos políticos provinciales quienes, en clara connivencia, han convertido a la contaminación ambiental, la desertización de los suelos, la pérdida de biodiversidad y la crisis sanitaria -que se derivan de la consagración y reproducción del nuevo modelo hegemónico local de acumulación del capital- en ya no el precio a pagar por la llegada de la modernidad al territorio, sino por la más estricta, precaria e inhumana supervivencia; esa realidad empírica demuestra las falacias propias de un discurso ideológico

-76-

modernizador que hacía gala de seductoras promesas de empleos y salarios dignos, „derrame‟ de riqueza, bienestar socioeconómico y compromiso ambiental. Todo ello despliega, en la Argentina contemporánea, el imperio del orden global, la racionalidad hegemónica y las verticalidades, sobre los órdenes locales, las lógicas más débiles y el territorio de las horizontalidades.

5. Anexo Cartográfico

Mapa 1 Incidencia % de la soja en la superficie implantada, según departamentos. Año 2002

Fuente: elaboración personal sobre la base de Argentina (2005a).

-77-

Mapa 2 Superficie de bosque nativo desmontada (has) en el norte y centro argentino, según departamentos. Período 1998-2002

Fuente: elaboración personal sobre la base de Argentina (2004; 2007a).

-78-

Mapa 3 Deforestación en Misiones. Períodos 1998-2002 y 2002-2006

Fuente: elaboración personal sobre la base de Argentina (2008c).

-79-

Mapa 4 Incidencia % de las plantaciones forestales exóticas sobre la superficie implantada de Misiones y Corrientes. Año 2002

Fuente: elaboración personal sobre la base de Argentina (2005a).

6. Bibliografía Alfonso, E. y Torrente, D. Causas y consecuencias de la explosión demográfica en el Gran Resistencia. II Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales-IX Encuentro de la Red de Economías Regionales en el marco del Plan Fénix. UNCPBA. Tandil, 2008. Altieri, M. y Pengue, W. "La soja transgénica en América Latina: una maquinaria de hambre, deforestación y devastación socio-ecológica". Eco-Portal.net. http://www.ecoportal.net/, 2001.

-80-

Argentina. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Resultados definitivos por provincias y departamentos. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires, 2003. Argentina. Mapa forestal: actualización 2002. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, 2004. Argentina. Censo Nacional Agropecuario 2002, según provincias y departamentos. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Buenos Aires, 2005a. Argentina. Primer inventario nacional de bosques nativos (1998-2001). Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, 2005b. Argentina. Mapa forestal: actualización 2004. Provincias de Córdoba, Salta y Santiago del Estero. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, 2005c. Argentina. Estadísticas forestales (1998-2004). Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Buenos Aires, 2005d. Argentina. Las 10 mejores razones para invertir en la Industria Forestal Argentina. Agencia Nacional de Inversiones-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación. Buenos Aires, 2006a. Argentina. Accidentabilidad 2004 y evolución 2000-2004. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Buenos Aires, 2006b. Argentina. Monitoreo del bosque nativo. Períodos 1998-2002 y 2002-2006. Provincias de Chaco, Córdoba, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, 2007a.

-81-

Argentina. Informe sobre deforestación en Argentina. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, 2007b. Argentina. Serie: estadísticas forestales (1993-2006). Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, 2007c. Argentina. Pérdida de bosque nativo en el norte de Argentina. Diciembre de 2007-Octubre de 2008. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, 2008a. Argentina. Estadísticas agrícolas. Superficie sembrada y cosechada, producción y rendimientos, según cultivos y provincias (1970-2007). Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Buenos Aires, 2008b. Argentina. Pérdida de bosque nativo en el período 1998-2006 en la Región Selva Misionera. Superficie deforestada, destino de las áreas y características dasométricas de los bosques sustituidos. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, 2008c. Arroyo, M. “Actividades productivas y desequilibrios regionales: usos del territorio brasileño en función del mercado externo”. IX Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. UNS, Bahía Blanca, 16-19 de mayo de 2006. Bono, J; Stamati, M; Parmuchi, M. G; Manghi, E; Brouver, M; Montenegro, C; y Strada, M. “Estimación de la pérdida de superficie de bosque nativo y caracterización de su estructura espacial en la provincia de Santiago del Estero”. III Jornadas Forestales de Santiago del Estero. Santiago del Estero, 2007. Borón, Atilio. "La sociedad civil después del diluvio neoliberal". Sader, E; Gentili, P. (Comp.). La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social, pp. 45-87. UBA, Buenos Aires, 1997.

-82-

Busso, G. "Sistemas agroalimentarios, transformaciones territoriales y población en Argentina. El caso de la cadena manisera en la provincia de Córdoba después del modelo de sustitución de importaciones". Primer Foro Internacional sobre el nexo entre políticas y ciencias sociales. UNESCO-UNC, Córdoba, 2006. Carrere, R. “La selva convertida en pinos para celulosa”. Eco-Portal.net. http://www.ecoportal.net/, 2005. CONABIA. OVGM liberados al medio (1991-2004). Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, Buenos Aires, 2006. Ferraris, G; Riachi, J; y Bravo, M. L. “Los cambios tecnológicos y su impacto en la estructura agraria en los últimos 20 años. Un estudio de caso en el norte cordobés”. II Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales-IX Encuentro de la Red de Economías Regionales en el marco del Plan Fénix. UNCPBA. Tandil, 2008. Friedmann, H. "The political economy of food: a global crisis". New Left Review, n. 197. Chicago, 1993. FAO. Situación de los bosques del mundo 2007. Roma, 2007. García, A; García, I; Rodríguez, E; y Rofman, A. “Los dos “campos” argentinos. Estudio de las relaciones asimétricas y diseño de estrategias para el desarrollo rural”. II Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales-IX Encuentro de la Red de Economías Regionales en el marco del Plan Fénix (CD Rom). UNCPBA. Tandil, 2008. Gómez Lende, S. “Espacio geográfico, división del trabajo y biotecnología. El rostro oculto de la modernización agrícola argentina (1990-2006)”. Revista Geográfica de Valparaíso, n. 39, pp. 45-69. Departamento de Geografía-PUC. Valparaíso, 2007.

-83-

Gómez Lende, S. “Orden global, ¿orden irracional? Agricultura de exportación, devastación de bosques nativos y crisis socio-ambiental en Argentina”. Ensayos e Investigaciones Geográficas, n. 7, a. VII, pp. 37-52. Departamento de Geografía-UNFor. Formosa, 2009. Gómez Lende, S. “Orden global, desorden local. Silvicultura e industria forestal en Misiones y Corrientes (Argentina)”. Revista Geográfica Venezolana, v. 51, n. 1, pp. 69-92. FCFyA-UdLA. Mérida, 2010. Guillaume, M. Le capital et son double. Presses Universitaires de France, París, 1975. Heidegger, M. An introduction to metaphysics. Yale University Press, New Haven, 1959. ISAAA. 2006 ISAAA report on global status of biotech, Brief 35. International Service for the Agri-biotechnological Applications Adquisition-Rockefeller Foundation, Washington, 2007. Manghi, E; Wabo, E; Picchio, P; Bertolami, F; Stamati, M; Parmuchi, M. G; Montenegro, C; Strada, M; y Bono, J. “Estimación de la pérdida de carbono por deforestación en el norte de Argentina en el período 1998-2006”. Congreso Forestal Mundial, Buenos Aires, 2009. Manzanal, M. "Neoliberalismo y territorio en la Argentina de fin de siglo". Economía, sociedad y territorio, v. II, n. 7, pp. 433-458. Buenos Aires, 2000. Marx, K. El capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica. México D. F, 1980. Maslatón, C. Potencial del complejo maderero argentino. Propuestas para el desarrollo de la cadena madera-muebles y su inserción en el mercado mundial. Documento de trabajo n. 2. Serie Economía Industrial. INTI, Buenos Aires, 2005.

-84-

Miño, G. y Scalarendi, V. Proyecto de ordenamiento territorial de la Provincia de Misiones. Relevamiento e identificación de actores sociales y proyectos en marcha. AECI-APN, Iguazú, 2005. Misiones. Primer compendio cuatrienal estadístico sobre el sector foresto-industrial de la provincia de Misiones (1999-2003). Gobierno de la Provincia de Misiones, Posadas, 2005. Montenegro, C; Strada, M; Gasparri, M; Parmuchi, M. G; Miño, M.; Chomnalez, F. Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal. Monitoreo de los Bosques Nativos de Argentina. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Buenos Aires, 2012. Morina, J. O; Cacace, G. P. “Agro-capitalismo extractivo y depredador en una geografía periférica: la Argentina del bicentenario”. Morina, J. O. (Ed., dir. y comp.). Geografías de la agricultura industrial sojera en la Argentina. ¿Viaje de ida?, pp. 19-46. Universidad Nacional de Luján, Luján, 2011. Pasquis, R. "Globalización y los territorios de la soya en la Amazonía brasileña". Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía., a V, n. 5, pp. 127-152. UNCPBA. Tandil, 2004. Pengue, W. "Agricultura sustentable e ingeniería genética. Los aspectos ambientales del cultivo de organismos transgénicos". Encrucijadas. Revista de la Universidad de Buenos Aires, n. 10. UBA. Buenos Aires, 2001. Pengue, W. "La ingeniería genética y la intensificación de la agricultura argentina: algunos comentarios críticos". En Barcena, A, Katz, J; Morales, C y Schaper, M. (Comp.). Los transgénicos en América Latina y el Caribe: un debate abierto. CEPAL, Santiago de Chile, 2004.

-85-

Pierri, J. "El boom de la soja. Un retorno al pasado". Realidad Económica, n. 219, pp. 53-65. IADE, Buenos Aires, 2006. Placci, E. y Di Betetti, A. “Situación ambiental en la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná, Selva Paranaense”. Situación Ambiental Argentina. pp. 196-225. FVSA, Buenos Aires, 2005. PMF. Plan Maestro Forestal: bosques cultivados y foresto-industria. Gobierno de la Provincia de Misiones, Posadas, 2003. Ribeiro, S. "Transgénicos: un asalto a la salud y al medio ambiente". Realidad Económica, n. 75, pp. 70-87. IADE, Buenos Aires, 2000. Rofman, A; Busso, G; Gutman, V. y Von Storch, M. V. "Conclusiones". Segundo Encuentro de Universidades Nacionales sobre Economías Regionales: Plan Fénix, propuesta para el desarrollo con equidad. Río Cuarto, 24 y 24 de marzo de 2003. Sánchez Acosta, M. y Vera, L. "Situación foresto-industrial de la Argentina al 2005". III Simposio Ibero-Americano de Gestión y Economía Forestal. Ubatuba, São Paulo, 2005. Santos, M. Espaço e método. Nobel, São Paulo, 1992. Santos, M. Metamorfosis del espacio habitado. Oikos-Tau, Barcelona, 1995. Santos, M. A natureza do espaço. Técnica e tempo, razão e emoção. Hucitec, São Paulo, 1996a. Santos, M. De la totalidad al lugar. Oikos-Tau, Barcelona, 1996b. Santos, M. Por uma outra globalização. Do pensamemto único ã consciência universal. Record, Rio de Janeiro-São Paulo, 2000.

-86-

Santos, M. y Silveira, M. L. O Brasil. Território e sociedade no início do século XXI. Record, Rio de Janeiro-São Paulo, 2001. Silveira, M. L. Um país, uma região. Fim de século e modernidades na Argentina. LABOPLAN-USP, São Paulo, 1999. Silveira, M. L. “Por una epistemología geográfica”. Bertoncello, R; Alessandri Carlos, A. F. (Comp.). Procesos territoriales en Argentina y Brasil, pp. 13-26. UBA, Buenos Aires, 2003a. Silveira, M. L. Argentina: território y globalização. Brasiliense, São Paulo, 2003b. Stern Review. Stern Review on the Economics of Climate Change. UK Government, London, 2006. Teubal, M. "Soja transgénica y crisis del modelo agroalimentario argentino". Realidad Económica, n. 196, pp. 52-74. IADE, Buenos Aires, 2003. Teubal, M. "La expansión del modelo sojero en Argentina. De la producción de alimentos a los commodities". Realidad Económica, n. 220, pp. 71-96. IADE, Buenos Aires, 2006. Valenzuela, C. "Escalas de impacto diferencial de la dinámica del sector agrícola argentino en el Chaco (1998-2004)". Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía, a. V, n. 5, pp. 191-221. UNCPBA, Tandil, 2004. Weber, M. Economía y sociedad. Esbozo de una sociología comprensiva. Fondo de Cultura Económica. México D. F, 1964.

-87-

Capítulo 2

Transformaciones de los perfiles productivos regionales en Argentina:

¿deudas a futuro?1

María Esther Gómez2

Graciela Suevo3

1. Introducción

En este capítulo se indaga sobre el perfil extractivo–exportador que en los últimos veinte años se ha gestado y sostenido en América Latina y en la Argentina. En ese perfil, especializado en cada región geográfica argentina, subyace la modalidad extractivista de los RRNN, acompañada por cambios tecnológicos, aumento de la productividad, inversiones megamillonarias y rentas extraordinarias. Tanto en la escala provincial como en la regional, este esquema productivo genera una dependencia de las exportaciones con mercaderías con poco valor agregado, situación que entraña vulnerabilidad e incertidumbre. El Estado Nacional ha generado las condiciones jurídico-político-administrativas necesarias para la instalación de este modelo de acumulación en el territorio; sin embargo no ha podido asegurar el consentimiento mayoritario de las poblaciones afectadas por estos mega-emprendimientos. Los cambios consecuentes en la organización del territorio y sustentabilidad

1Este trabajo es parte de los resultados de un proyecto de investigación

radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu, denominado “Implicancias geográficas de la explotación de recursos naturales en la Argentina, 1990-2009. Una perspectiva crítica. Segunda etapa” (período 2012-2013). 2 Docente-Investigadora de la Universidad Nacional de Luján –

megunlu@gmail.com 3 Docente-Investigadora de la Universidad Nacional de Luján –

gracesuevo@gmail.com

-88-

de las producciones potencian o generan conflictos sociales o desintegran el tejido social. El despoblamiento de las áreas rurales, el aumento del asentamiento precario en los centros urbanos regionales y las variadas formas de movilización social en busca de respuestas a múltiples demandas, muestran el aspecto perdedor de este esquema productivo, que viene sosteniendo una acumulación de renta en grandes grupos económicos ligados a la agroindustria y a la minería. En este contexto, se relevan los cambios que han experimentado las economías regionales desde la década de los noventa hasta la actualidad. Se analizan a lo largo del capítulo algunos de los cambios sufridos por las regiones de Patagonia, NEA, NOA y Cuyo, especialmente en lo referente a usos del suelo y composición de las exportaciones. En este contexto se ha buscado relevar las tendencias de cambios en el uso del suelo y perfiles productivos regionales desde la década de 1990, identificar algunas de las consecuencias sociales y territoriales asociadas a dicha transformación y explicitar la modalidad extractivista asociada al modelo de acumulación imperante en las economías regionales.

El proyecto de investigación que engloba este trabajo presenta una metodología de laboratorio y, como fuentes de información, recurre al marco teórico de la propia investigación en curso, así como también a investigaciones precedentes abocadas a temáticas semejantes. Los datos cuantitativos que se presentan se obtienen de organismos públicos y privados, elaborados e interpretados en el marco de referencia mencionado.

Como tema central se aborda el cambio productivo de las regiones mencionadas más arriba. Sus transformaciones recientes son cabal ejemplo de los procesos de explotación de los recursos naturales. Diferente según cada región, los recursos que se ven afectados son el suelo (con el avance de las hectáreas cultivadas con soja, caña de azúcar y cultivos forestales) o recursos del subsuelo (representados por productos de origen minero metalífero y combustibles fósiles). Dentro de esta problemática se aborda, conjuntamente, el conflicto socioambiental asociado a cada caso, ya que este escenario

-89-

promueve una nueva construcción de espacio en la que los actores sociales muestran sus resistencias hacia los cambios de perfiles productivos que crean deuda ecológica y alteran de manera negativa las estructuras de trabajo y empleo regionales. Como consecuencia, se manifiestan resistencias de grupos campesinos, mujeres, grupos ambientales, organizaciones no gubernamentales, que se hacen presentes tanto en ámbitos urbanos como rurales.

La huella espacial de todos estos procesos también se refleja en cambios en la dotación y/o calidad de los recursos valorados dentro de los circuitos productivos. Este aspecto tiene larga data como problemática y hoy, ante la crisis energética y de alimentos, entre otras, cobra un protagonismo insoslayable. Esta situación ya había sido relevada y advertida hace más de 15 años en varias investigaciones sobre América Latina. Sostenía Gallopín (1995:485) que „los países de la América Latina necesitan con urgencia definir e implementar nuevas estrategias de desarrollo que permitan incorporar las nuevas tecnologías, sin pagar enormes costos sociales y económicos‟. La deuda ecológica ya era notoria cuando eran pronunciados estos pensamientos. Sin embargo, lejos de haber tomado conciencia de ello, gobiernos y empresarios han promovido (o, al menos, no han obstaculizado) el uso y difusión de nuevas tecnologías que se han aplicado dentro del neo-extractivismo. Parece que se ha definido una orientación de la producción regional que recupera modelos de crecimiento que se creían superados, basados en la extracción acelerada de recursos naturales de alto valor y demanda.

2. Algunas consideraciones previas

El estudio de las dinámicas económico-territoriales que se están procesando en importantes áreas de las regiones NOA, NEA, Cuyo y Patagonia, -históricamente regiones periféricas de la Argentina-, permite comprobar que sigue siendo un territorio ligado a las actividades intensivas en explotación de recursos

-90-

naturales, hoy mayoritariamente articuladas a cadenas globales. Esta trayectoria exportadora exitosa en términos de crecimiento en valor y volumen de los productos regionales, combinada con indicadores de crecimiento económico significativos, no necesariamente se traduce en dinámicas virtuosas en términos de desarrollo socioeconómico. Acompaña este proceso, una tendencia a la reprimarización de la economía, vinculado directamente a la gran dotación de recursos naturales, que va de la mano de unos pocos grandes agentes económicos (regionales, nacionales, internacionales), provocando cambios en el sistema de relaciones sociales y espaciales e imprimiendo los rasgos fundamentales del proceso de acumulación y crecimiento económico de los últimos años (Gorenstein, 2012:36-37).

El modelo convencional de crecimiento económico, en el que se fundamenta el modo de producción capitalista en sus distintas fases de acumulación, destruye continua e irremediablemente nuestro hábitat, pero también simultáneamente destruye culturas, territorios, comunidades locales y economías no capitalistas, generando pobreza, una creciente precariedad laboral, y un incremento de las desigualdades sociales. Estas tendencias, además, se han acelerado sobremanera en los últimos treinta años coincidiendo con el máximo auge del neoliberalismo y la última etapa de acumulación capitalista que David Harvey (2004) ha denominado como „„acumulación por desposesión‟‟ y que, de facto, ha permitido expandir el modelo al conjunto del planeta estableciendo una única „„economía-mundo capitalista‟‟ (Wallerstein, 2008)4. Dentro de los mecanismos que provocan esta acumulación por desposesión, uno de los más ligados a los cambios en perfiles productivos regionales periféricos argentinos es la mercantilización de la naturaleza, ligado al modo neo-

4 En: Gómez, Julio Alguacil (2009). Producción capitalista y ecología: o

de cómo el aceite y el agua no se pueden mezclar. En: Sánchez Bayle, Mariano (coordinador) Globalización y Salud. (2009) Madrid: Ediciones GPS.

-91-

extractivista de explotación de los recursos naturales, proceso que descapitaliza a las generaciones futuras.

Las políticas neoliberales constituyen el instrumento para eliminar las barreras que frenaban la penetración del capital en diferentes territorios que, tal como lo afirma Harvey (2004), aparecen fragmentados, segmentados en áreas centrales y marginales. Esto muestra que no es posible pensar lo local y regional fuera de lo global; como tampoco lo global sin su interdependencia con la escala local (Manzanal y otros, 2007:17). Los procesos de transformación de los usos del suelo en las regiones seleccionadas están orientados a satisfacer la demanda de los recursos que se ponen en valor desde el comercio externo. Los perfiles productivos provinciales se ajustan a la salida exportadora inmediata frente a la necesidad de ingreso de divisas, sin sopesar las consecuencias socioambientales a mediano y largo plazo. En este sentido, Saskia Sassen (2007:12) afirma que la globalización plantea una serie de interrogantes para los cuales comienzan a no resultar útiles los supuestos tradicionales de la sociología basados en el “Estado-Nación como contenedor de los procesos sociales”, ya que muchos de los procesos que ocurren en los territorios resultan de una localización de lo global, de una entidad nacional que ha sido desnacionalizada. Touraine (2005:36,37) se pregunta: “la mundialización de la economía ¿no entraña, pues, necesariamente la decadencia del Estado nacional, y en consecuencia una desregulación de la economía? La idea misma de globalización conlleva, en efecto, la voluntad de construir un capitalismo extremo”. Las tesis de Gudynas (2009) aplicadas al neo-extractivismo son una buena respuesta a la pregunta anterior.

En el marco de este contexto es clave la perspectiva del abordaje del concepto de territorio. Coincidimos con Lopes de Souza (1995:78), en entender al territorio como “el espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder” y en que la cuestión primordial no es cuáles son las características geoecológicas y los recursos naturales de determinada área, o qué se produce o quién produce, o cuáles son las relaciones

-92-

afectivas y de identidad entre un grupo social y su espacio, sino que lo que importa en el estudio del territorio es “quién domina o influencia y cómo domina o influencia en ese espacio”, dado que “el territorio es esencialmente un instrumento de ejercicio de poder” (Manzanal y otros, 2007:35).

3. Recursos naturales: ¿de quién y para quién?

El período abarcado en este estudio, desde la década de 1990, no puede disociarse de los efectos generados por los lineamientos impuestos por el Consenso de Washington, con la consecuente aplicación de las políticas de ajuste estructural: apertura y liberalización económica; privatización de las empresas e infraestructura pública; descentralización del Estado (Schorr, 2012:114). En este sentido, y en lo que respecta a la línea de cambio vinculada a lo económico e institucional, se encuentra el marco jurídico que regula la explotación de los recursos naturales y la jurisdicción para su administración. La Constitución Nacional de 1994, en su Segunda Parte referida a Autoridades de la Nación, y específicamente a los gobiernos provinciales, establece que:

Art. 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Los Estados provinciales conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal, así como aquél que se hubiesen reservado por medio de pactos especiales. En este contexto se ubican las

-93-

normativas específicas para dos de los sectores que han logrado aumentos significativos de inversión extranjera directa –la minería y la explotación de bosques–, otorgando seguridad jurídica, desgravaciones impositivas, facilidades extendidas para la remisión de utilidades al exterior, y limitando las regalías que perciben las provincias productoras (Schorr, 2012:114)5.

De este modo, las políticas públicas de promoción productiva y/o “regionales”, implementadas en los últimos años, constituyen uno de los elementos explicativos de las tendencias observadas en la estructura productiva de las áreas analizadas. Al mismo tiempo, parecen adecuarse al modelo de crecimiento vigente –basado en actividades intensivas en recursos naturales –y al control oligopólico de las actividades líderes por parte de grandes capitales con una dinámica de acumulación “muy poco provincial” y favorecida por las decisiones políticas estatales funcionales al sector dominante (Gorenstein, 2012:23,29).

Tal como señalan Cao y Vaca (2006:108) los ejemplos exitosos de reconversión económica, como la incorporación de áreas periféricas a la producción de soja (regiones del NEA y NOA) y el desarrollo de una minería metalífera y de combustibles fósiles (regiones del NOA y Patagonia) que han movilizado inversiones multimillonarias, se han desarrollado con bajo encadenamiento con el aparato productivo regional, no teniendo un papel relevante en los circuitos económicos que involucran al grueso de la población, ya que se orientan mayoritariamente a una salida exportadora. Un ejemplo paradigmático es el planteado por Rofman (1999:95) para el caso de la minería metalífera en la cual los oasis mineros pasan a ser “enclaves exportadores de recursos naturales [...] colocaciones externas basadas en ampliación de capacidades extractivas que no solamente no

5 Básicamente, la Ley de Inversiones Mineras (24196) y la Ley

modificatoria (25161), sancionada en 1999; Ley de Reordenamiento Minero (24224); Acuerdo Federal Minero y la modificación de la Ley de Inversión Extranjera (21382), y la Ley de Inversiones Forestales (2004) que se encuadra en el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales establecido a mediados de la década de 1990.

-94-

procesan la materia prima en el ámbito local, sino que se apropian de los excedentes sin volcarlos en el circuito productivo regional”6. Dichos enclaves presentan un elevado desarrollo capitalista en relación con el patrón general de la estructura económico-social regional. Se configura así una estructura social dual ya que por un lado aparecen actividades tradicionales con propietarios asentistas y fuerza de trabajo de relativamente baja calificación e ingreso, junto a campesinos de raíz indígena –ligados a la subsistencia-; y por otro, los enclaves de actividades productivas sofisticadas –ligados a capitales multinacionales, con personal calificado, especializado y de mayores ingresos (Galafassi, 2011:26-27).

Se genera de este modo un patrón de acumulación y desarrollo en el que los conceptos saqueo y economía de rapiña son claves para comprender los perfiles económicos regionales imperantes, especializados en la extracción y explotación de los recursos naturales provinciales. Este proceso de acumulación mediante desposesión resulta una categoría aglutinadora que refiere al acto de despojo, entendiendo por éste al proceso por el cual las nuevas definiciones del capital avanzan por sobre las formas previas de desarrollo regional, recolonizando territorios y redefiniendo la explotación de sus recursos, dada la persistencia y continuación de las prácticas depredatorias (Galafassi, 2011:67).

3.1. Neoextractivismo y geopolítica de los recursos naturales

Los gobiernos de los países latinoamericanos, como es el caso de la República Argentina, apuestan a profundizar la estrategia económica neoextractivista manteniendo un modelo exportador de productos primarios y consolidando así un perfil de reprimarización que se efectiviza desde la década de los ‟90.

6 En: Cao y Vaca, p. 108.

-95-

Bajo este extractivismo se mantiene un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas (Gudynas, 2009:188). Dicha inserción se relaciona con una de las tesis que postula este autor -la cuarta- referida a que „el neo-extractivismo es funcional a la globalización comercial-financiera y mantiene la inserción internacional subordinada de América de Sur‟7.

Este aspecto, como se ha mencionado más arriba, es acompañado por territorios denominados enclaves, ingrediente vinculado a la fragmentación geográfica, y objeto de análisis del citado autor en su quinta tesis que señala que „bajo el nuevo extractivismo persiste la fragmentación territorial en áreas desterritorializadas, generándose un entramado de enclaves y sus conexiones a los mercados globales, que agravan las tensiones territoriales‟8. En dichos enclaves se han generado y se siguen generando impactos de carácter ambiental y social, plasmado en la séptima tesis del investigador uruguayo: „el neo-extractivismo mantiene, y en algunos casos, ha acentuado los impactos sociales y ambientales, y las acciones para enfrentarlo y resolverlo todavía son inefectivas, y en ocasiones se han debilitado‟9.

El conjunto de políticas que se aplican desde los gobiernos para seguir manteniendo a América Latina, y en ella a la Argentina, en una condición subordinada y periférica en el orden mundial, nos lleva a concluir, junto con Gudynas (2009:219) que „el neo-extractivismo es un nuevo ingrediente de una versión contemporánea y sudamericana del desarrollismo‟ (décima tesis).

7 Gudynas. Op. Cit. p. 198.

8 Gudynas. Op cit p. 201-202.

9 Gudynas. Op cit. p. 205.

-96-

4. Transformaciones de los perfiles productivos regionales y de complejos exportadores provinciales en las regiones: Patagonia, NEA, NOA y Cuyo

Para ejemplificar el estilo neo-extractivista que se ha instalado en la Argentina, en consonancia con varios países de Latinoamérica, se seleccionaron las evoluciones de los perfiles productivos y exportadores de las regiones periféricas, como se adelantó más arriba: Patagonia, NEA, NOA y Cuyo. A través de los mismos, se puede observar que las cuatro regiones mantienen e, incluso, profundizan un perfil productivo basado en la especialización regional de la explotación de recursos naturales. Esta explotación va quedando progresivamente confinada en áreas de enclave, en un territorio que se fragmenta espacialmente, que aumenta su deuda ecológica y expulsa a la población rural no funcional a las nuevas formas productivas. La salida exportadora, que es pilar para el financiamiento en las provincias de estas regiones, está aún más concentrada en unos pocos complejos exportadores, en un esquema de economía simple, ya que en la mayoría de las provincias explica el grueso de sus exportaciones con apenas uno o dos productos.

Para ampliar la comprensión de la realidad descripta, dentro de cada región, se describe con más detalle el caso de las provincias que presentan situaciones destacadas en cuanto a los procesos de intensificación y concentración productiva.

Las consecuencias socioambientales derivadas del modelo de explotación corresponden a una dimensión que se ajusta a la sexta tesis de Gudynas (2009:204) en la que el autor sostiene que, ‟más allá de la propiedad de los recursos, se repiten reglas y funcionamientos de los procesos productivos orientados a ganar competitividad, aumentar la rentabilidad bajo criterios de eficiencia clásicos, incluyendo la externalización de impactos sociales y ambientales‟. Estos cambios en el modo de producción, que en algunos casos ya llevan más de 15 años, empiezan a revelar sus impactos ambientales en la pérdida de calidad de los recursos como suelo, agua, bosques pero también en pérdida de puestos de trabajo, disminución de población rural,

-97-

retracción y abandono de las economías simples no mercantiles y destrucción de modos de vida preexistentes. Este cambio, ecológico y social, no ha sido reemplazado por una opción que revierta la pérdida de calidad de vida de las poblaciones afectadas por el avance de las prácticas neo-extractivistas.

4.1. Patagonia, región hidrocarburo-dependiente

La región patagónica presenta una especialización productiva muy signada por sus recursos naturales: sector agropecuario, sector combustibles, sector minero metalífero. La especialización en cada uno de ellos varía según la provincia en cuestión. Valen como ejemplo los casos de la provincia de Río Negro, para la especialización en el perfil frutícola, la provincia de Santa Cruz en el sector minero metalífero y la provincia de Chubut como ejemplo de provincia dependiente de la producción de hidrocarburos. En este último caso, es notoria la extranjerización de la economía regional, ya que los principales yacimientos corresponden a concesiones de empresas extranjeras, asociadas, no siempre, con empresas de capitales nacionales (públicos y privados).

En los últimos 20 años, dos provincias, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur han iniciado un proceso de mayor participación del sector industrial en la conformación de su PBG y en su perfil exportador. Sin embargo, el peso del sector primario, el de combustibles, minerales y manufacturas de origen agropecuario sigue siendo ampliamente mayoritario dentro de la estructura productiva provincial.

La evolución de la composición de las exportaciones desde la década de 1990 manifiesta una continuidad de la dependencia de los recursos naturales en el perfil exportador. El promedio de participación en las exportaciones regionales del conjunto de productos primarios, MOA y combustibles y energía fue, para el período 1995-1999 del 88,9%, mientras que para el período

-98-

2007-2011 registró un promedio de 79,3%10. Es decir, que se registró solo un descenso de 9,6%, en 16 años. A ellos debe sumarse el aumento del total de valor de exportaciones de los mismos rubros, lo que se explica, en parte, por una intensificación de los procesos productivos11. Por lo tanto, la evolución en los últimos 15 años muestra una tendencia que mantiene el perfil productivo y exportador ligado a la producción de recursos naturales, al tiempo que simplifica la producción.

A su vez, la relación entre exportaciones y producto bruto geográfico encuentra en esta región algunos de los porcentajes más altos, demostrando así la elección y permanencia de un modelo primario exportador como estilo de desarrollo. El caso extremo es Chubut, provincia en la cual la relación entre valor de exportaciones y PBG pasó del 24,54%12 en 1995 al 50,9% en 201113. En los gráficos 1 y 2 puede observarse la evolución de las exportaciones de Chubut entre 1995-1999 y 2007-2011. El rubro combustibles y energía presenta una participación mucho mayor en este último lustro, acentuando la simplificación del perfil productivo provincial, su mayor dependencia de un único producto y su primarización económica.

El mismo caso se puede destacar en Neuquén, provincia que ha reducido la participación de sus hidrocarburos en la conformación de su perfil productivo y exportador desde la

10

Elaboración propia sobra la base de datos del INDEC. 11

Como ejemplo de este aumento mencionamos los casos de las provincias de Chubut y Neuquén. En la primera, el total de exportaciones de los rubros PP, MOA y Combustibles y energía pasó de US$ 492.906.278 en 1995 a US$ 2.326.052.983 en 2011 (en esta cifra el combustible y energía representan el 73%). En el caso de Neuquén, los valores de PP y MOA pasaron de US$ 75.188.037 en 1995 a US$ 147.988.536 (exportaciones basadas en complejo frutícola). Todas las cifras son de elaboración propia sobre la base de INDEC. 12

Elaboración propia en base a Fichas provinciales, Ministerio de Economía de la Nación. 13

Perfiles exportadores provinciales 2012 – Cámara Argentina de Comercio, p 3.

-99-

década de 1990. En su lugar, la mayor presencia de frutas de pepita (incluidas en productos primarios) y sus subproductos (incluidos en MOA) en sus exportaciones refuerza el carácter simple y primario del modelo exportador seguido. Entre las transformaciones del uso del suelo operadas en esta provincia, resalta el aumento de superficie ocupada y volumen producido de peras, en contraposición con un estancamiento o disminución de las plantaciones de manzanas. A pesar de su descenso porcentual, la participación del rubro combustibles y energía sigue siendo de gran representatividad en el conjunto de las exportaciones provinciales.

Gráfico 1: Composición de las exportaciones de Chubut 1995-1999

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

-100-

Gráfico 2: Composición de las exportaciones de Chubut 2007-2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

Gráfico 3: Composición de las exportaciones de Neuquén 1995-1999

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

-101-

Gráfico 4: Composición de las exportaciones de Neuquén 2007-2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

El perfil productivo regional y la composición de los complejos exportadores provinciales se ajustan a la cuarta tesis de Gudynas. Llevando el esquema de subordinación a la escala nacional, se constata que la Patagonia mantiene, a su vez, una relación subordinada respecto de la región pampeana, ya que en esta última se llevan a cabo procesos de centro (Wallerstein, 2006) mientras que en la primera se profundizan los procesos de periferia.

Todo el contexto regional ligado al neo-extractivismo desemboca en la séptima tesis de Gudynas y se pone de manifiesto en el alto grado de conflictividad social latente o concreto, que en los últimos años tiene mayor protagonismo entre los trabajadores del rubro de hidrocarburos14.

14

Como ejemplo, deseamos mencionar los conflictos con trabajadores petroleros, que se pueden rastrear desde hace varios años. El caso de la muerte del suboficial Sayago (comisario post mortem) en medio de una revuelta de petroleros en la localidad de General Las Heras, en

-102-

Siguiendo la misma tesis, la huella ecológica (Pengue, 2009) regional encuentra sus razones en el uso excesivo del agua en el caso del riego y de las explotaciones mineras (tanto de combustibles como metalíferas), por nombrar solo los ejemplos más evidentes.

4.2. NEA y el avance de la frontera agrícola

La región del NEA se caracterizó tradicionalmente por un perfil productivo de base primaria. A fines de la década de 1990, los principales productos regionales eran, en el conjunto de las provincias que conforman la región: fibra de algodón, arroz y otros cereales en menor medida, pasta de papel, tabaco, té, yerba mate. Se trataba de un perfil primario, con alguna diversificación productiva, y, en el caso particular de la provincia de Misiones, incluía la producción de pasta de papel como manufactura (producción de alto impacto ambiental negativo).

El perfil exportador se encontraba fuertemente caracterizado por los productos primarios, como se observa en el siguiente gráfico 5:

febrero de 2006; el grave conflicto en Santa Cruz norte, en 2011 con una extendida huelga del sector; o el más reciente conflicto con trabajadores de una fracción disidente de la UOCRA en el principal yacimiento petrolero del país, Cerro Dragón, en Chubut.

-103-

Gráfico 5: Composición de las exportaciones de la región NEA 1995-1999

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC

Si se compara con la evolución de la composición de las exportaciones para el lustro 2007-2011 (gráfico 6), se observa el escaso cambio que se produce en el perfil exportador regional, el cual sigue teniendo un rasgo primarizado, en el cual los rubros PP, MOA y Combustibles y energía representan entre el 87% y el 88% del total de exportaciones.

En un análisis a escala provincial, puede observarse el aumento de la presión sobre los recursos naturales en el caso de la provincia de Corrientes. Las exportaciones de esta provincia durante 1998 estuvieron representadas por arroz (en 49,3%) frutas frescas (12,3%) e hilados y tejidos de algodón (11,9%). En 2010, se mantuvo la participación del arroz (con un 48%), aumentó la del complejo frutícola (16%) y avanza varias posiciones el complejo maderero (al que se hará especial mención en el próximo apartado) con un 16% del total de

-104-

exportaciones correntinas. Es decir, que se concentró, simplificó y primarizó el perfil exportador. La suma de los tres principales productos exportados en 2010 representa el 80% del total de exportaciones, mientras que en 1998, los tres principales productos exportados reunían el 73% del total. Además, el valor exportado por la provincia creció, entre 1998 y 2010, en un 38%. Los gráficos 7 y 8 representan la evolución y cambio de las exportaciones provinciales según grandes rubros.

Gráfico 6: Composición de las exportaciones de la región NEA 2007-2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC

La relación entre las exportaciones y el PBG provincial también da cuenta de este proceso de intensificación de la salida exportadora. En 1995, la relación entre las exportaciones y el PBG provincial era del 3,93%15 y en 2011, fue el 4,7%16.

15

Elaboración propia sobre datos de Fichas Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación.

-105-

Gráfico 7: Composición de las exportaciones de Corrientes 1995-1999

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC

Gráfico 8: Composición de las exportaciones de Corrientes 2007-2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC

16

Fuente: Complejos Exportadores Provinciales Informe 2012, Cámara Argentina de Comercio.

-106-

4.2.1. Sector forestal

El aumento del sector forestal tanto en el perfil productivo regional como en su mayor participación en las exportaciones regionales amerita un detalle de las características que adopta dentro de la región. La actividad silvícola en el NEA es la más representativa del país en lo que respecta a cultivos forestales, contando las provincias de Misiones y Corrientes en 2009 con el 64% de las hectáreas implantadas del país: la primera con algo más de 400 mil hectáreas y la segunda con 360 mil y el mayor crecimiento en los últimos años (Schorr, Ferreira y Gorenstein, 2012: 72,73).

Es una región que, desde sus orígenes, funcionó en una dinámica dependiente del consumo local y de la intervención reguladora del Estado. Por ello el impacto diferencial del conjunto de acontecimientos ocurridos en la década del '90 encontró en franca desventaja a las modalidades tradicionales de producción. La incorporación masiva de nuevas tecnologías desde mediados de los '90 generó un nuevo modelo de organización de la producción primaria. Esto elevó la escala económica y las exigencias de capital requeridas para dedicarse a la agricultura comercial y aceleró el proceso de diferenciación de la estructura agraria y la expulsión de los productores que no alcanzaron la escala mínima exigida en cada caso. (Rofman, 1999:109) La apertura de la economía en Argentina, aliada a la estabilidad económica experimentada durante prácticamente toda la década de 1990 y al establecimiento del Plan Nacional de Desarrollo Forestal a partir de 1995, permitió que el sector foresto-industrial haya sido objeto de fuertes inversiones17, particularmente aquellas de capital extranjero. Según datos de la ADI -Agencia de Desarrollo de Inversiones-, el monto total de inversiones de firmas extranjeras en el sector foresto-industrial argentino fue aproximadamente de US$ 3 mil millones entre 1990 y 2000,

17

Se entiende como inversiones tanto las ampliaciones o las transferencias de activos, así como los nuevos negocios.

-107-

concentradas básicamente en el segmento de madera sólida18. Estas inversiones extranjeras también se han mostrado muy concentradas con relación al origen del capital. A lo largo de los años „90, las inversiones en el sector foresto-industrial tuvieron como origen a sólo 3 países: Chile, EE.UU. y Canadá. Solamente Chile responde por un 46% de las inversiones, mientras que EE.UU. y Canadá representan un 31% y 15%, respectivamente. Dentro de la región del NEA, estas inversiones se dirigieron principalmente a las provincias de Misiones y Corrientes.

Actualmente, las principales plantaciones se ubican en el noroeste de Misiones y el noreste de Corrientes. En estas áreas, la actividad forestal encuentra grandes ventajas naturales, pero también impositivas.

La tipología de los productores se conforma, por un lado, por un sector concentrado en pocas grandes empresas forestales, muchas de ellas transnacionales, intensivas en capital, orientadas al mercado externo en productos de la primera y segunda transformación; y por otro, por un conjunto de PyMES de capital nacional, con bajos niveles tecnológicos e intensivas en mano de obra que destinan la producción de bienes intermedios y finales al mercado interno (Schorr, 2012:72).

En general, las políticas de las empresas han sido propensas a la destrucción de los recursos, y los eslabones finales de este segmento están asociados a actividades de bajo valor agregado, como la producción con maderas provenientes de bosques nativos de leña, carbón, postes de telefonía, resinas o tanino

18

En efecto, en el período 1990-2000 el 54% de los flujos de IED orientados a la cadena foresto-industrial fueron destinados al rubro de celulosa, papel y cartón. De este porcentaje, el 82% fue destinado a la adquisición de activos ya existentes principalmente por parte de capitales chilenos (Aguerre y Denegri, 2004). En el período 1995-97 se estima que el sector foresto-industrial recibió inversiones por 1.000 millones de dólares, y hacia mediados de 1998 se encontraban en estudio proyectos totalizando cerca de 4.000 millones de dólares (Bercovich, 2000).

-108-

(utilizado como insumo para la industria del cuero). Con el ingreso de grandes empresas extranjeras se produjo un grave fenómeno de concentración de la actividad en pocas manos, que perjudica a las PyMES, destruye empleos y puede causar que vastas regiones de Misiones se transformen en un desierto verde (Aguerre y Denegri, 2004:93). Esta reconfiguración de la estructura empresarial del segmento, tiene su correlato en un cambio significativo de los patrones de acumulación, ya que gran parte de estas empresas adquirieron extensas cantidades de tierras y plantaciones. Dicha tendencia hacia la compra de tierras responde, en parte, al hecho de que, hasta la sanción de la ley 25.509 de Derecho Real de Superficie, no existía en la práctica ningún instrumento legal que garantizase la propiedad de las plantaciones realizadas en tierras de terceros19. Esta nueva normativa encubre propósitos negativos para el futuro de nuestro país, sumándose a la misma la Ley 25.080, sancionada en el ‟99, que prevé la estabilidad fiscal para inversiones forestales por 30 años.

Sostiene Schorr (2012:79) que

„con la Ley 25.080 de Promoción Forestal, prorrogada hasta 2018 por la Ley 26.432, la actividad primaria se torna más rentable y comienza un período de expansión, particularmente en la provincia de Corrientes. De acuerdo a información del MAGyP para todo el período promocional hasta diciembre de

19

En fecha 11 de diciembre de 2001 se promulgó la ley 25.509: Articulo 1: Sustitúyese el articulo de la ley 25.509, por el siguiente texto: “Créase el derecho real de superficie forestal, constituido a favor de terceros superficiarios, por los titulares de dominio o condominio sobre un inmueble susceptible de forestación o silvicultura, de conformidad al régimen previsto en la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley 25080-99) y a lo establecido en la presente ley. El derecho real de superficie forestal se extiende hacia el subsuelo del fundo gravado en la medida que lo requiera la explotación de la superficie, sin afectar ni perjudicar otros derechos constituidos o a constituirse a favor de terceros cuando esos derechos se encuentren regidos por leyes o regímenes especiales”.

-109-

2011, el 23% de los forestadores son grandes abarcando más del 80% de la superficie plantada y recibiendo un porcentaje similar de los montos aprobados. La apropiación de la renta del complejo forestal tiende a una mayor concentración en la medida en que las nuevas forestaciones se aglutinan en pocas manos con amplios recursos financieros que además se orientan a productos de escaso valor agregado. Es decir, la concentración se asocia con la primarización y el consecuente impacto sobre el empleo y la precariedad laboral. La política de incentivos profundiza la especialización natural del complejo y no favorece el desarrollo de la cadena de valor‟.

El mismo autor, amplía estas apreciaciones en el siguiente cuadro 1.

Cuadro 1: Promoción por rango de productores- Relación a las Leyes 25.080 y 26.432

AGRUPADOS GRANDES PEQUEÑOS

FORESTADORES 39% 23% 38%

MONTO APROBADO 10% 79% 11%

SUPERFICIE PLANTADA

6% 83% 11%

Nota: Agrupados: presentaciones de pequeños forestadores en forma agrupada. Grandes: más de 10 ha. de forestación y más de 50 ha. de tareas. Pequeños: hasta 10 ha. de forestación y hasta 50 ha. de tareas. Datos al 1/12/11.

Fuente: Schorr, Martín, 2012 . En base a datos de la Dirección de Producción Forestal, SAGyP.

Con motivo de la sanción de la Ley de Tierras o de Protección al dominio nacional de la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales, que establece límites a la posesión de tierras por parte

-110-

de extranjeros, desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA) sostienen que „afecta las inversiones forestales e industriales‟. En la actualidad, según el titular de la entidad, Jorge Barros,

„alrededor del 30 por ciento de las forestaciones son de empresas de capitales extranjeros que hace más de 15 años están en el país e incorporaron una cantidad de innovaciones en genética, manejo, buenas prácticas laborales, prevención de incendios, prácticas de conservación de biodiversidad, que permitieron mejorar la productividad y la innovación en la gestión sostenible de la forestación en el país”. […] Además, “reduce las posibilidades de inversiones extranjeras en industrias de celulosa y papel que requieren seguridad en la provisión de materia prima, y esa seguridad se logra con la propiedad de forestaciones cerca de la industria que cubran un porcentaje de la madera requerida‟20.

Es por ello que la AFOA había promovido que en el proyecto de Ley de Tierras (aprobado durante este año) se estableciera un exención a los límites de compra de tierras por parte de extranjeros en proyectos productivos destinados a agregar valor, aunque no aclara a qué se hace referencia en este caso ni contempla la necesidad de evaluaciones de impacto ambiental previos para las nuevas producciones. Por el contrario, la visión de esta entidad es que „tenemos capacidad para recibir inversiones que superan los 4.000 millones de dólares en el país. La radicación de industrias foresto industriales de distinto nivel de transformación, tendrá un gran impacto en las economías regionales, generando empleo y desarrollo sostenible‟21. Lamentablemente, la tendencia observada en los últimos 15 años en esta rama de la producción no solo no condicen con las expectativas de la AFOA, sino que más bien, son opuestas.

20

En „Argentina Forestal‟ – AFOA – 2012. 21

Infocampo.com.ar - 7 de diciembre de 2011.

-111-

4.3. NOA: caña, metal y soja

Las políticas neoliberales, profundizadas en Argentina desde los '90 (Velázquez, 2008:64 y ss), promovieron una vocación exportadora. El NOA adoptó esta nueva orientación productiva con la expansión de la frontera agrícola de cultivos agroindustriales (soja transgénica, caña de azúcar y cítricos) y la megaminería metalífera. La región basa su alternativa para el crecimiento económico en la inserción internacional con commodities (Todaro, 2011). Sin embargo, el desarrollo (Elson, 1994:308-309) no ha acompañado este proceso en el que las exportaciones crecen pero la pobreza permanece. La síntesis que realiza López (2000) es muy elocuente sobre los resultados de estas políticas de apertura comercial y aumento del comercio externo como camino para el crecimiento.

El nuevo perfil productivo del NOA es exitoso en cuanto al crecimiento de los volúmenes comerciados. Sin embargo, el deterioro ambiental resultante de la explotación de los recursos naturales, la falta de atractivo para nuevas inversiones, la concentración de la riqueza, la especialización productiva, la persistencia de la pobreza y el éxodo rural dan idea de crecimiento sin desarrollo.

La evolución de las exportaciones regionales desde la década de 1990 hasta la actualidad marcha al ritmo de la evolución de las exportaciones de metales y soja. La relación entre exportaciones y PBG tiene en la provincia de Catamarca el caso que ocupa el primer lugar del país con un 65,6%22.

La simplificación y especialización del perfil productivo regional alcanza en esta región su mayor expresión dentro del país. La participación extranjera es el motor de las actividades que impulsan este crecimiento del sector primario con salida exportadora. También es la región en la que se registran mayores resistencias a la ampliación de este modelo extractivista. La oposición a la llegada de nuevos

22

Perfiles exportadores provinciales 2012 – Cámara Argentina de Comercio, p.3.

-112-

emprendimientos mineros ha generado puebladas de alto apoyo ciudadano. Los daños ambientales, permanentemente negados por las empresas mineras y los pools de siembra de soja, ya dejan consecuencias irreversibles sobre la salud de la población y sobre sus bienes comunes. Los movimientos campesinos que luchan por sus derechos de ocupación y usufructo de la tierra, ya registran víctimas fatales en su historial. Los gobiernos provinciales son cómplices del accionar de grandes grupos empresarios que abusan de la permisividad de una normativa que facilita la apropiación de recursos naturales bajo una clara modalidad neo-extractivista.

La evolución de las exportaciones regionales refleja el cambio señalado. En los gráficos 9 y 10 se detalla esta evolución.

Gráfico 9: Composición de las exportaciones de la región NOA 1995-1999

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC

-113-

Gráfico 10: Composición de las exportaciones de la región NOA 2007-2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC

Como puede observarse, el perfil exportador regional casi no registra cambios entre los dos lustros analizados. Se mantiene la fuerte representatividad de PP y MOA en el total de exportaciones (de alrededor de un 80%), mientras se registra un aumento de la participación porcentual de la región dentro del total nacional. Las exportaciones del NOA que representaban el 3,6% de las exportaciones nacionales en 1996, explicaron el 6,5% de las mismas en 2009 (Gómez, 2012).

4.3.1. El caso de Santiago del Estero

La provincia de Santiago del Estero ilustra las consecuencias de la elección de un modelo productivo depredador. A 100 años del recordado Grito de Alcorta, el actual modelo agrario continúa caracterizándose por una gran concentración de tierras y de producción y una intensa explotación de la mano de obra. En esta

-114-

provincia, desde hace algunas décadas, se produjo la declinación de la actividad forestal: la superficie de bosque nativo disminuyó en forma drástica debido fundamentalmente, a la expansión de la frontera agropecuaria generándose no sólo un impacto negativo sobre el ambiente, especialmente el suelo, sino también en la dinámica socioeconómica.

Los precios alcanzados por los productos agrícolas, comparados con los réditos obtenidos por otras producciones, así como la relación de precios entre diferentes productos agrícolas, determinan el tipo y volumen de las actividades productivas. Es así, que en los últimos años, el cultivo con mayor crecimiento, considerando la superficie destinada a agricultura, es la soja, debido a los altos precios alcanzados en el mercado internacional. A esto se suma el bajo valor relativo de las tierras de esta provincia lo que indujo a inversores de otras provincias a adquirir extensas superficies para incorporarlas a la producción de soja, lo que trajo como consecuencia una mayor pérdida de cobertura boscosa natural.

En el último cuarto de siglo, la soja ha tenido una evolución sin precedentes. Desde los años „70, la superficie cultivada ha crecido en forma sostenida. Específicamente, esta provincia ha aumentado significativamente su superficie sembrada desde el año 1988 a 2003, ubicándose entre las cinco primeras en la producción de esta oleaginosa. El aumento en la tasa de producción se debe, sobre todo, al incremento de la superficie sembrada y en mucha menor medida a la incorporación de tecnologías (Moscuzza et al; 2005). Esta oleaginosa experimentó un crecimiento intercensal (censos agropecuarios 1988 y 2002) del 549%. La evolución 1989/2006 de la superficie sembrada puede observarse en las siguientes cifras: en la campaña 1990-1991 se cultivaron en esta provincia 72.000 hectáreas, pasando a 863.781 en la campaña 2005-200623.

23

En este contexto, la empresa Olmedo Agropecuaria es un caso ejemplificador de la situación planteada. En rigor, la firma está dedicada al 100% a la producción de commodities, con granos como la soja que terminan en un cerealista o exportador sin agregarle valor a la materia prima. Con una estrategia de crecimiento basada en la compra de tierras, Alfredo Olmedo es uno de los productores más grandes de la Argentina. En:

-115-

Todos estos antecedentes, concluyen en la composición del perfil exportador provincial, el que, lógicamente, está ligado a la producción sojera y subproductos. En 2011, los productos primarios representaron el 85% (INDEC) del comercio exterior de Santiago del Estero. El cambio de su perfil productivo desde la década de 1990 revela un abandono de las producciones regionales tradicionales, como el algodón y el maíz24, y una especialización casi total en producción de soja. Demás está decir el grado de vulnerabilidad económica, social y ambiental que entraña esta situación.

Gráfico 11: Composición de las exportaciones de Santiago del Estero 1995-1999

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

Bertello, Fernando lanación.com 18 de noviembre de 2006 „La escala hace la diferencia‟. 24

La fibra de algodón representó en 1998 el 48,9% de las exportaciones provinciales y el maíz el 16,3% para el mismo año. En tanto, en 2010, la soja representó el 60% de las exportaciones de la provincia. (Fuente de los datos: INDEC).

-116-

Gráfico 12: Composición de las exportaciones de Santiago del Estero

2007-2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

En esta misma tendencia extractivista con casi nula diversificación del perfil productivo provincial y con una clara primarización de su economía, se inscribe también la relación entre exportaciones y PBG: la misma pasó de 3,57% en 1995 a 12,3% en 2011.

4.3.2. El complejo azucarero

Otro de los complejos de fuerte presencia en el perfil productivo regional es el azucarero. Su producción es tradicional, sobre todo en las provincias de Tucumán y Salta. Sin embargo, las transformaciones en este complejo no tienen tanto que ver con un reemplazo del producto, sino con una nueva finalidad del mismo: la producción de biocombustibles. Este destino ha provocado un desplazamiento del objetivo de la producción cañera desde el consumo humano hacia el consumo en las

-117-

plantas de bioetanol. En la práctica, este cambio ha provocado un aumento del valor de la unidad de peso del azúcar y un desabastecimiento del azúcar refinado para consumo humano.

El Decreto 2.284/91 de Desregulación Económica disolvió la Dirección Nacional del Azúcar y puso fin a las principales políticas que habían regulado la actividad azucarera durante años. La eliminación de los cupos a la producción evidenció la heterogeneidad de los componentes del circuito productivo y la dificultad de los más débiles para sobrevivir bajo el rigor de las leyes del mercado. La crisis que envolvió al sector se reflejó en un estancamiento de la producción durante toda la década pasada y en el alarmante deterioro de los principales indicadores sociales del NOA; en particular, de la provincia de Tucumán (Rofman y otros, 2007: 159).

Es importante señalar que en Tucumán, en la última década, las explotaciones sufrieron una importante concentración y que, si bien hay un número significativo de pequeños productores, la cantidad de cañeros grandes creció y en general, aquellos que tenían una escala destacada la incrementaron más. De acuerdo al CNA 2002, en esta provincia existían algo más de 5.000 productores independientes que entregan caña a los ingenios por diversos acuerdos, básicamente agricultura de contrato, reflejando una drástica reducción respecto de los casi 10.000 productores registrados en el CNA de 1988. Los resultados de la zafra azucarera 2010 indican que Tucumán produjo el 62,5% del total, Jujuy y Salta el 24,5 y 12,4% respectivamente En estas dos últimas provincias, los principales ingenios (Ledesma y San Martín del Tabacal) explicaron alrededor de las tres cuartas partes de la producción provincial, mientras que en Tucumán la elaboración de azúcar está más atomizada: el principal ingenio (Concepción) determinó el 20% del total provincial (Schorr, 2012:64).

Por otro, se han efectuado una serie de compras de una empresa química de capital estadounidense en el sector de los ingenios azucareros. Esta empresa adquirió tres ingenios (Marapa en 2001, Leales en 2003 y Concepción en 2005), cuyo

-118-

control hasta ese entonces era en parte local, y procesa el 20% del azúcar de Argentina. Pese a la relevancia económico-productiva que posee esta empresa en el sector agroindustrial tucumano-primera elaboradora de azúcar, que también produce alcohol etílico-, cabe destacar que la situación de pobreza de los sectores productivos más débiles no deja de ser preocupante aún en el contexto de una reactivación de la producción (García, 2007).

De los 7 grupos empresarios más importantes en lo que respecta a la concentración de la producción, 5 se encuentran en Tucumán, participando en el 50 % de la producción de azúcar; y en lo que refiere a la producción de bioetanol participan en la producción de nafta con un 61,2 % del total de las 9 plantas que se encuentran en la región del NOA.

Se observa así un proceso de concentración económica y diversificación productiva: el 77% de la zafra de 2010, inferior a años anteriores por problemas climáticos, corresponde a estos siete grupos económicos que, además, diversifican su oferta con otros productos dirigidos a otras cadenas de valor. La conformación empresaria actual de la actividad industrial del complejo es la siguiente: ATANOR (Ingenios Leales, Concepción y Marapa), JULIO COLOMBRES (Ingenios Santa Bárbara, Nuñorco y Aguilares), JOSE MINETTI Cia (Ingenios La Fronterita y Bella Vista), JORGE ROCCHIA FERRO (INGENIOS La Florida y Cruz Alta), y finalmente ARCOR con el ingenio La Providencia (Schorr, 2012, 67,68).

En lo que respecta a la plantas de bioetanol, de las 13 que se encuentran en el país, 9 se ubican en el NOA y 5 de ellas puntualmente en Tucumán. Ellas son: Bioenergética La Florida, Bio Trinidad, Bioenergética San Rosa, Bioenergía La Corona y Energías Eco. Tucumán.

El patrón de concentración que actualmente se observa en la producción de azúcar se está reproduciendo en la elaboración de biocombustibles. Del análisis de los cupos para la entrega de bioetanol a las petroleras surge que los cinco principales grupos concentran alrededor del 80% de la producción, lo que nos lleva

-119-

a afirmar que las políticas públicas del sector en las últimas décadas se caracterizan por haber favorecido permanentemente el libre desarrollo del capital concentrado.

En síntesis, el cambio del perfil productivo del complejo azucarero se evidencia no en el reemplazo de este cultivo, sino en su concentración productiva e industrial destinado a la elaboración de bioetanol. La región del NOA concentra la producción de este biocombustible, desde los comienzos de su elaboración en la Argentina, en 2006. Este cambio en el destino de la producción profundiza las ya imperantes desigualdades, restando oportunidades a ingenios más pequeños que no pueden competir en esta nueva puesta en valor del recurso.

4.4. Cuyo, de la diversificación a la monoproducción

La región de Nuevo Cuyo está conformada por las provincias de Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis. De ellas, es Mendoza la que ha tenido y tiene la economía más importante en términos de PBG; supera ampliamente a las otras provincias (en 1997 representaba el 60, 9% del total regional y en 2005, el 64,1% del mismo).

Las exportaciones regionales no han resultado tradicionalmente significativas dentro del conjunto nacional. En 2000 representaban el 5,8% del total de exportaciones nacionales, en 2008, el 4,8%. Sin embargo, en los últimos 10 años las exportaciones han experimentado un crecimiento muy alto en valores y volúmenes, representado la salida exportadora para las provincias de la región economía una alternativa de crecimiento.

En concordancia con el proceso de reprimarización de la economía que se viene señalando en este informe y en la misma línea con la tendencia neoextractivista, el análisis de la evolución de la composición de las exportaciones provinciales da clara cuenta de que estas provincias han elegido el camino del crecimiento antes que el del desarrollo.

-120-

La provincia de Mendoza, en el lustro 1995-1999 presentó una diversificación de sus exportaciones tal como se ve en el gráfico 13. Para 1998 los cuatro principales productos exportados eran bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, vino de uva, carburantes y hortalizas y legumbres sin elaborar. Entre ellos conformaron el 65,56% del total de exportaciones provinciales, participando cada rubro con porcentajes semejantes. Se observa una primarización importante de esta composición comercial ya que los sectores MOA, Combustibles y PP representan entre 1995 y 1998, 80% o más del total de exportaciones provinciales.

La evolución de la composición de las exportaciones mendocinas entre 2007 y 2011 refuerza la tendencia a la reprimarización del comercio externo, al tiempo que simplifica las exportaciones, las que quedan concentradas aún más en el sector de las MOA (véase gráfico 14).

En coincidencia con 1998, en 2010 los principales productos exportados fueron jugos, vino, mosto, vermut, aguardiente de uva, productos hortícolas y frutícolas y productos del complejo petroquímico. Sin embargo, entre ellos representan el 74% del total de las exportaciones de ese año, casi un 10% más que en 1998, pero a diferencia de ese año, el rubro bebidas en 2010 representó el 41% del total y el rubro petroquímico el 7%. Esto confirma la concentración de las exportaciones en menos sectores económicos. La primarización de las exportaciones es un poco mayor ya que ningún año, entre 2007 y 2011, baja del 82%.

-121-

Gráfico 13: Composición de las exportaciones de Mendoza 1995-1999

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC

En lo que respecta a la relación entre exportaciones y PBG provinciales, para 1995 la misma fue del 21,66%25, en tanto dicha relación para 2011 fue del 15,2%26. De esta evolución se deduce que, a diferencia de las otras provincias analizadas más arriba, el caso mendocino muestra una menor dependencia de la salida exportadora, aunque persiste la primarización en la composición de sus exportaciones.

25

Elaboración propia sobre datos de Fichas Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación. 26

Perfiles exportadores provinciales 2012 – Cámara Argentina de Comercio, p.3.

-122-

Gráfico 14: Composición de las exportaciones de Mendoza 2007-2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

El análisis de estos mismos parámetros en la provincia de San Juan es mucho más contundente en cuanto al proceso de la dependencia de la salida exportadora y de la concentración productiva, con tendencia a monoproducción.

La composición de las exportaciones en el lustro 1995-1999 revela una participación bastante equilibrada entre MOA, MOI y PP, tal como se observa en el gráfico 15. Los cuatro principales productos exportados en 1998 fueron productos químicos y conexos (24,78%), hortalizas y legumbres sin elaborar (17,72%), vino de uva (13,54%) y productos diversos de las industrias químicas (11,67%). Pero entre los años 2007 y 2011 la situación resultó completamente diferente: la concentración de las exportaciones en un solo complejo (el minero) señala la apuesta extractivista de la provincia (ver gráfico 16). En 2010, los cuatro principales productos exportados fueron oro en bruto,

-123-

semielaborado, en polvo y desperdicios (76%), jugo, vino, mosto, vermut, aguardiente de uva (6%), uva (5%) y complejo hortícola (4%). De la composición señalada se desprende la dependencia que tiene la provincia de San Juan de las exportaciones del complejo minero. La relación entre PGB y exportaciones acompañan el proceso de dependencia del comercio exterior, con concentración productiva y exportaciones no diversificadas. Mientras en 1995 esa relación era del 3,44%, en 2010 había trepado al 40,4%.

Gráfico 15: Composición de las exportaciones e San Juan 1995-1999

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

-124-

Gráfico 16: Composición de las exportaciones de San Juan 2007-2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

4.4.1. Mendoza, tierra del buen vino

La trama vitivinícola representa una trama en expansión, que si bien se extiende desde la provincia de Salta hasta la de Neuquén, se encuentra concentrada en la región de Cuyo, especialmente en la provincia de Mendoza, debido a sus condiciones agroecológicas óptimas para la producción de uvas de calidad. La aplicación de políticas neoliberales a partir de la década del ´90, vinculada a la globalización y a la apertura de la economía argentina, generaron un proceso de reestructuración y reconversión productiva que se relaciona a la aparición de capitales extranjeros y de empresas multinacionales que se radicaron en la Argentina para invertir en el negocio del vino. Ello genera como consecuencia la aparición de nuevos actores, la revalorización de territorios dentro de los oasis vitícolas y la introducción de nuevas tecnologías productivas y organizacionales de las empresas vitícolas para responder a las

-125-

nuevas características de la demanda del mercado de vinos, tanto a nivel internacional como nacional (Bocco, 2007 a:113).

El vino es un producto industrial estrechamente asociado y dependiente de los procesos naturales que se desarrollan tanto en el eslabón primario como en el industrial. En la primera etapa, parte de las cualidades del vino dependen de calidades previamente logradas en los granos de uva. Por otra parte, las uvas expresan las características agroecológicas de los territorios donde son cultivadas. De este modo, los recursos naturales asociados a territorios vitícolas se convierten en ventajas competitivas propios de la trama. Y en segundo lugar, el proceso natural de fermentación representa otra variable asociada a la calidad de esta bebida (Bocco, 2007 b:46).

El período de radicación de empresas e inversiones extranjeras que se inicia en la década del ´90 se profundiza después de la crisis financiera generada por el efecto Tequila en el año 1995, momento en que se aceleran las compras de empresas familiares de origen local por parte de inversores extranjeros que adquirieron parte o la totalidad de las empresas de mayor escala de producción. De este modo, la consecuencia de este proceso fue la reconfiguración de algunos actores tradicionales ya sea desapareciendo del complejo o bien manteniéndose a partir de cambios en sus estrategias empresariales.

Algunos de los casos más emblemáticos, que se vinculan al primer lustro que se analiza en el presente trabajo, tomados de Bocco, 2007 a, son los siguientes

- El grupo transnacional LVMH (Louis Vuitton y Moet-Hennessy) adquiere en el año 1998 Bodegas Chandon S.A.

- Bernard Tailan Vins – asociado al grupo Catena- compra Cavas de Santa María y Bodega Escorihuela en 1997

- Sogrape Vinhos, de Brasil, adquiere en 1997 Finca Flichmann S.A. perteneciente al grupo Werthein

- Kendall Jackson – Estados Unidos-, crea la firma Viñas de Tupungato S.A.

-126-

- En 1996 la empresa chile Concha y Toro compra Bodega Premier y crea la firma Viña Patagonia S.A.

- Bodega Pernot Ricard – Francia- compra en 1996 las Bodegas Etchart, Balbi y Graffigna

- Cinba (Allied Domecq) compran en 1996 Bodega Balbi- fusionada con Hiram Walker- , y en 1999 Bpdega Navarro Correas S.A.

- Seagram, de Canadá, adquiere en 1996 Bodega Crillón

- En 1997, la holandesa Salentein crea su propia firma

- En 1999 DJ&L compra parte del paquete accionario grupo Peñaflor

En lo que respecta a la exportación de mosto- jugo concentrado de uva-, según datos de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, las exportaciones- en toneladas métricas de uva- eran de 116.436 en el inicio del lustro 1995- 1999, ascendiendo en el inicio del lustro 2007-2011 a la cifra de 196.937, es decir que el aumento fue de un 69%27. Cabe destacar que Argentina es el principal exportador de jugo de uva del mundo y Mendoza el de mayor producción dentro del país.

En síntesis, tanto la dependencia de las exportaciones como la entrada de nuevos actores y de empresas extranjeras en la actividad, ha contribuido no sólo a modificar la trama productiva sino que ha agrandado la brecha entre las empresas con posibilidades de acceso a la tecnología, y los segmentos con dificultades para reconvertirse, generándose así diferencias en los patrones de acumulación.

27

El jugo concentrado de uva se consolida como negocio. En: www.diariodecuyo.com.ar 13 de octubre de 2007 Bajado el 14 de marzo de 2013.

-127-

4.4.2. San Juan metalífero

San Juan lleva la delantera en el ranking minero argentino de la mano de dos grandes iniciativas metalíferas, ambas de la empresa canadiense Barrick Gold. Una, la aurífera Veladero, y la otra, Lama Pascua, que representa el primer proyecto metalífero binacional del planeta. En virtud de las ascendentes ventas al exterior de sus commodities mineros, especialmente de sus recursos auríferos, San Juan se ubicó a la cabeza del crecimiento de las exportaciones a nivel nacional durante los últimos siete años28. De este modo, la minería se erige como el pilar fundamental de la economía provincial29. Dicho en palabras de Gioja: “No podemos cultivar soja ni criar vacas, por lo que la minería es nuestra mejor opción productiva para contar con mayores oportunidades de trabajo y desarrollo”30 .

Pero esta actividad demanda enormes cantidades de agua, y contamina frecuentemente las cuencas hídricas con metales pesados y sustancias químicas como el cianuro. En lo que respecta al agua, principal insumo en el proceso extractivo, es obtenido de ríos y acuíferos cercanos a los proyectos a razón de

28

En: Por la minería, San Juan lidera el crecimiento de las exportaciones en todo el país. En: Inversor Energético & Minero. Año 5 Nro. 55 Abril 2011 29

El cambio del perfil productivo de San Juan hizo que tenga un cambio en las condiciones y hoy por hoy impulsado por la minería metalífera encabece rankings donde la provincia se encuentra en los primeros lugares. Con un solo producto, San Juan superó el total de las exportaciones de Mendoza durante 2011. Se trata del oro en bruto, que recaudó US$ 1.864.091.881 FOB, mientras que Mendoza exportó un valor total de US$ 1.846.207.492, según datos estadísticos de la Cámara Argentina de Comercio. Por segundo año consecutivo, San Juan le "ganó" a Mendoza en este rubro, más allá de lo que efectivamente quede entre los sanjuaninos por la venta de este bien. En: Diario los Andes, 20 de mayo de 2012. En: www.comerciomaritimo.com.ar bajado el 16 de marzo de 2013. 30

En: Por la minería, San Juan lidera el crecimiento de las exportaciones en todo el país. En: Inversor Energético & Minero. Año 5 Nro. 55 Abril 2011

-128-

cientos o miles de litros por segundo. Y con respecto al drenaje ácido, este puede durar cientos o miles de años y puede ser particularmente grave cuando las explotaciones están ubicadas en las cabeceras de las cuencas hídricas, ya que impactan aguas abajo de las mismas31. Esto se traduce en fuertes impactos negativos y cuantiosos daños ambientales. Es por ello que en la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios se cristalizó, en mayo de 2004, la campaña El agua vale más que el oro, al comprobarse que la actividad vitivinícola, típica de la región, no se compatibiliza con una actividad minera de estas características (Rodriguez Pardo, 2009:55).

Esta opción extractivista refleja no sólo una mayor transnacionalización y concentración económica, sino también una tendencia a la reprimarización, a la especialización productiva, a la consolidación de enclaves de exportación (Svampa, 2011:103)32. Dichos enclaves transfieren recursos a favor de actores extraterritoriales, impidiendo que se generen encadenamientos endógenos y desplazando economías regionales preexistentes como es el caso de las actividades agrarias, ligadas a pequeñas y medianas localidades.

5. Conclusiones

A partir del análisis de las regiones extrapampeanas, se deduce que en ellas prevalecen estructuras productivas muy sesgadas al procesamiento de recursos básicos con escaso grado de elaboración y, en muchos casos, funcionan como enclaves o cuasi enclaves en los que gran parte de la renta generada se

31

En: Machado, Horacio y otros (2011): 15 Mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero. Colectivo Voces de Alerta. Buenos Aires, Editorial El Colectivo y Herramienta Ediciones. Colección Cascotazos. Pp. 69 – 71 32

En: Federovisky, Sergio (2011). Los mitos del medio ambiente. Mentiras, lugares comunes y falsas verdades. Buenos Aires., Capital Intelectual, Claves del Siglo XXI.

-129-

realiza fuera del territorio (sea en los mercados de las provincias centrales y/o en el exterior). Esto se vincula a varias cuestiones: la política implementada en los ‟90, la ausencia de una estrategia nacional de desarrollo productivo- industrial y regional, la vigencia de un escenario internacional favorable, y por último, las lógicas provinciales de acumulación direccionadas a perpetuar el fortalecimiento de los actores económicos hegemónicos. (Schorr y Napal, 2012, 155).

La concentración de tierras y de producción son rasgos característicos que se observan en las economías regionales. Las asimetrías entre los que producen en escala y los pequeños y medianos productores y los trabajadores rurales se exhiben con claridad. La producción en gran escala continúa arrasando con el arriendo de pequeñas parcelas que por razones técnicas y de financiamiento no están en condiciones de seguir produciendo. Es el camino que se ha elegido para que se desarrollen los sectores dominantes de la economía sin contemplar el saqueo y la extranjerización de las riquezas. (Ainsuain y Echaguibel, 2012, 81, 188, 202).

El logro de un estilo de desarrollo que evite la desconexión con los procesos globales, pero que implique una consideración por las realidades regionales no es una nimiedad. El eje de discusión y la problemática prioritaria deben apuntar a encontrar un punto de conciliación entre las fuerzas endógenas de la región, es decir, sus capacidades de adaptación y de innovación y ajuste a las nuevas condiciones y las fuerzas de las dinámicas globales de acumulación (Valenzuela, 2006: 178). Para ello, es preciso formular una estrategia que considere el diseño de una metodología flexible y participativa, que se adapte a la multiplicidad de cambios externos e internos de cada región, y que considere que el criterio de solidaridad socio-territorial del federalismo tendrá que ser ejercido plenamente. Debería ser una herramienta de negociación política, entre los actores regionales y de estos con los del ámbito nacional, conteniendo objetivos básicos, planteando prioridades y buscando el incremento sustancial de la calidad de vida de la mayoría de la población (García, 2007).

-130-

Por eso, es cada vez más evidente la necesidad de decir, debatir y construir nuevos paradigmas, “otros desarrollos”, con profunda mirada histórica y crítica aguda y que en términos básicos sean socio-ambientalmente más armónicos y justos, que se piensen desde el decrecimiento biofísico (del menor uso posible de materiales y de energía), que se alejen del extractivismo (o del despojo y el comercio desigual) como fundamento. Ello implica el replanteo a fondo de cómo gestionar el territorio, entendido como aquel en el que se plasman concretamente las relaciones de producción, circulación y consumo, así como las contradicciones de tales relaciones. Dar causa a la construcción de “otros desarrollos”, requiere de entrada elevar el nivel de conciencia, organización y cohesión de la gente en sus diversas magnitudes y modalidades (Delgado Ramos, 2012:78-79). Coincidimos con este autor, quien, refiriéndose puntualmente a las actividades extractivistas, sostiene que la clase política sigue viendo a los proyectos que se vinculan a las mismas como de desarrollo, generadores de empleo y de activación económica cuando en realidad se trata de actividades de enclave, fundamento de la transferencia de recursos hacia países metropolitanos -principales consumidores de los mismos-, y que en esencia es similar al saqueo colonial, con la diferencia de que hoy por hoy se sostiene bajo el ropaje del comercio internacional y el libre mercado (2012:72). A lo que agregamos que a ello se suma la descapitalización tremenda que significa la destrucción irreversible de la naturaleza, junto a al abandono de poblaciones sobre las que pesan, de manera casi permanente, conflictos sociales de graves consecuencias humanas y económicas.

6. Bibliografía

Aguerre, Martín y Denegri, Gerardo (2004). “El sector forestal y foresto industrial en los ´90. Incidencia de las inversiones externas directas en el comercio exterior.”, en Revista Realidad Económica, Buenos Aires, IADE, Nro. 207, Pp. 90-110.

-131-

Ainsuain, Oscar y Echaguibel, Mariana (2012). A 100 años del Grito de Alcorta. Soja, Agronegocios y Explotación. Buenos Aires, Ediciones CICCUS.

ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología) XXVII Congreso 2009: “Latinoamérica Interrogada”. Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires- Facultad de Ciencias Sociales. Pp. 6-7.

Bercovich, Néstor (2000). Evolución y situación actual del complejo forestal en Argentina. CEPAL (CIID-IDRC). Argentina

Bertello, Fernando, “La escala hace la diferencia” (on line) www.lanacion.com, 18 de noviembre de 2006.

Bocco, Adriana (2007 a). “Transformaciones sociales y espaciales en la vitivinicultura mendocina”. En: Radonich, Marta y Steimbreger, Norma (compiladoras). Reestructuraciones Sociales en Cadenas Agroalimentarias. Buenos Aires, La Colmena, Cuadernos GESA 6, Pp. 111- 143.

Bocco, Adriana y otros (2007 b). “La trama vitivinícola en la provincia de Mendoza”. En: Delfini, Marcelo y otros. Innovación y empleo en tramas productivas de Argentina. Buenos Aires, Editorial Prometeo, Pp. 43- 92.

Cao, Horacio y Vaca, Josefina. (2006). “Desarrollo regional en la Argentina: la centenaria vigencia de un patrón de asimetría territorial”, Revista Eure, Nro. 95, Santiago de Chile.

Cámara Argentina de Comercio (2012). Perfiles exportadores provinciales Informe Anual 2012.

Canafoglia, Eliana (2010). “Situación actual y desafíos para el desarrollo productivo en la Provincia de Mendoza”. En: Kulfas, Matías (2010) (editor) Postales de la Argentina productiva. Buenos Aires, Libros del Zorzal. Pp. 97 – 114.

CEP. Centro de Estudios para la Producción. Análisis de los sectores y productos de madera y muebles de madera en la Argentina.

-132-

de Dios, Rubén. (2005). “Expansión agrícola y desarrollo local” en Giannuzzo, Amelia N. y Ludueña. Myriam E. (compiladoras). Santiago del Estero, una mirada ambiental. Facultad de Ciencias Forestales. UNSE. Santiago del Estero.

Delgado Ramos, Gian Carlos (2012) “Extractivismo minero, conflicto y resistencia social.”, Realidad Económica, Buenos Aires, IADE, Nro. 265, Pp. 58-82.

Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Santiago del Estero. Elson, Diane (1994): “Micro, meso y macro. Género y análisis económico en el contexto de la reforma política” en Bakker, Isabella (ed) The strategic silence. Gender and economic policy, Zed Books, North South Institute, London-Ottawa (Documentos PRIGEPP, 2011).

Federovisky, Sergio (2011). Los mitos del medio ambiente. Mentiras, lugares comunes y falsas verdades. Buenos Aires., Capital Intelectual, Claves del Siglo XXI.

Galafassi, Guido (2011). Ejercicios de hegemonía. Lecturas de la Argentina contemporánea a la luz del pensamiento de Antonio Gramsci. Buenos Aires, Herramienta Ediciones.

Gallopín, Gilberto Carlos (1995). “Medio ambiente, desarrollo y cambio tecnológico en la América Latina”, en Gallopín, G.C (comp) El futuro ecológico de un continente. Una visión prospectiva de la América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, Pp. 483 a 540.

García, Ariel (2007). “¿Un nuevo ciclo para la planificación regional? El caso de seis economías regionales argentinas.”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona. Vol. XI, Nro. 245 (52).

Gómez, Julio Alguacil (2009). “Producción capitalista y ecología: o de cómo el aceite y el agua no se pueden mezclar.” en Sánchez Bayle, Mariano (coordinador) Globalización y Salud. (2009) Madrid, Ediciones GPS.

-133-

Gómez, María (2012). “Inserción internacional y equidad de género. De la economía regional tradicional al perfil exportador. Cambios en algunas provincias del NOA: un análisis desde el enfoque de género” en Soria, Lidia; Goldwaser, Beatriz. (Editoras y compiladoras): Problemáticas Geográficas Argentinas - Territorios – Actores sociales – Sistemas productivos. Capítulo 5 (Pp. 143-164) – GEPSE Ediciones – Buenos Aires.

Gorenstein, Silvia (2012). “Acumulación y desarrollo regional. Discusiones, enfoques y temas sobre la experiencia del norte argentino.” en: Gorenstein, Silvia (Directora) ¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo reciente en el norte argentino. Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila S.R.L. Pp. 36-37.

Gudynas, Eduardo (2009). “Diez Tesis Urgentes sobre el Nuevo Extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual” en: VVAA: Extractivismo, Política y Sociedad, Quito, Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Pp. 187-225.

Harvey, David (2004). El nuevo imperialismo. Madrid, Editorial Akal.

INDEC Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002.

INDEC Comercio exterior argentino (en línea) (www.indec.gov.ar).

Inversor Energético &Minero: Por la minería, San Juan lidera el crecimiento de las exportaciones en todo el país. Año 5 Nro. 55 Abril 2011.

López, Cecilia (2000) “Década de los Noventa: Lo Bueno lo Malo y lo Feo” [En línea] http://www.cecilialopezcree.com [20 de diciembre de 2011].

Lopes de Souza, Marcelo (1995). “O territorio: sobre espaço e poder, autonomía e desenvolvimento” en: De Castro, I; da Costa Goméz, P. y Lobato Correa, R. Geografía: conceitos e temas. Río de Janeiro, Bertrand Editorial.

-134-

Machado, Horacio y otros (2011). 15 Mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero. Colectivo Voces de Alerta. Buenos Aires, Editorial El Colectivo y Herramienta Ediciones. Colección Cascotazos. Pp. 69 – 71.

Manzanal, Mabel; Arzeno, Mariana; Nussbaumer, Beatriz (compiladoras) (2007). Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y el conflicto. Buenos Aires, Ediciones CICCUS.

MECON (2011). “Complejo Azucarero” Serie Producción Regional por Complejos Productivos. Secretaría de Política Económica, Subsecretaría de Programación Económica.

MECON (2011). Fichas Provinciales, Subsecretaría de Planificación Económica (www.mecon.gov.ar).

Moscuzza, Carlos; Pérez Carrera, Alejo; Angella, Gabriel; Prieto, Daniel; Angueira, Cristina; López, Juana; Fernández Cirelli, Alicia (2005). Evolución en el uso del territorio en la Provincia de Santiago del Estero (Argentina) Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

Pengue, Walter (2009). Fundamentos de Economía ecológica. Bases teóricas e instrumentos para la resolución de los conflictos sociedad naturaleza. Ediciones Kaicron, Buenos Aires.

Rofman, Alejandro (1999). Las economías regionales a fines del siglo XX. Buenos Aires: Ariel.

Rofman, Alejandro; García, Inés; García, Ariel; Rodríguez, Esteban (2007). Políticas económicas regionales ¿instrumentos para el desarrollo o la subordinación? Programa de Investigaciones sobre Economías Regionales.

Rofman, Alejandro (1999). "Economías regionales. Modernización productiva y exclusión social en las economías regionales" en: Revista Realidad Económica, Buenos Aires: IADE. Nro. 162.

-135-

Sassen, Saskia (2007). Una sociología de la globalización. Buenos Aires, Katz Editores.

Schorr, Martín y Gorenstein, Silvia (2012). “Políticas de promoción económica en el norte argentino” en: Gorenstein, Silvia (Directora) ¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo reciente en el norte argentino. Capítulo IV Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila S.R.L.

Schorr, Martín, Ferreira, Esteban y Gorenstein, Silvia (2012). “Complejos productivos con encadenamientos industriales en el norte argentino: algodón, azúcar y foresto-industrial” en Gorenstein, Silvia (Directora) ¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo reciente en el norte argentino. Capítulo II. Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila S.R.L.

Schorr, Martín y Napal, Martín (2012). “El círculo de la pobreza en el norte” en Gorenstein, Silvia (Directora) ¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo reciente en el norte argentino. Capítulo VI. Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila S.R.L.

The Clean Energy Report (2011). Estado de la industria argentina de energías renovables. Buenos Aires.

Todaro, Rosalba (2011). “Economía y Género: su vinculación para la formulación de políticas públicas”, Seminario PRIGEPP-FLACSO, Buenos Aires, (Documentos PRIGEPP, 2011).

Touraine, Alain (2005). Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. Buenos Aires, Paidós, Estado y Sociedad 135.

Valenzuela, Cristina (2006). “Debilidades estructurales y alternativas de desarrollo en el sector agrario del Nordeste Argentino en los '90” en Revista Universitaria de Geografía. vol.15 nro.1 CONICET, Universidad Nacional del Nordeste.

Velázquez, Guillermo (dir. y comp.) (2008). “Principales regionalizaciones propuestas para la Argentina” en Geografía y Bienestar. Situación Local, Regional y Global de la Argentina luego del Censo de 2001. Capítulo 12, Eudeba, Buenos Aires.

-136-

Wallerstein, Immanuel (2006). Análisis de sistemas – mundo. Una introducción. 2ª edición. Siglo XX.

Sitios de internet

Diario los Andes, 20 de mayo de 2012. En: www.comerciomaritimo.com.ar. Bajado el 16 de marzo de 2013

San Juan es la primera en crecimiento de exportaciones. 17 de julio de 2012. En: www.diarioelzonda.com.ar . Bajado el 16 de marzo de 2013

„El jugo concentrado de uva se consolida como negocio‟ en: www.diariodecuyo.com.ar, 13 de octubre de 2007. Bajado el 14 de marzo de 2013

-137-

Capítulo 3

Conflictos por la tierra en el oeste pampeano.

Tipología de conflictos y cartografía de la resistencia

María Eugenia Comerci1

1. Introducción

“Permitir al mecanismo del mercado ser el

único director del destino de los seres

humanos y su ambiente natural (…) resultará

en la demolición de la sociedad. (…) La

naturaleza se vería reducida a sus elementos,

el vecindario y los paisajes profanados, los

ríos contaminados, la seguridad militar en

peligro y el poder para producir alimentos y

materiales básicos destruido” (Polanyi, 1957:

73).

El manejo de los recursos del monte entre distintas familias, basado en acuerdos de palabra, posibilitó el desarrollo de las actividades de caza, recolección y cría de ganado sin conflictos entre los “puesteros” del oeste de La Pampa. Llamamos “puesteros” a los productores familiares con perfil campesino que habitan en el puesto, residen y trabajan en su unidad productiva, cualquiera sea su relación jurídica con la tierra. En el extremo oeste de La Pampa los grupos domésticos localizados en las cercanías de manantiales, cursos de agua superficiales o “campos libres” con buenas pasturas fueron conformando el

1 Docente-Investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa,

Universidad Nacional de Quilmes y CONICET.

-138-

paisaje de “puestos” dispersos que compartían espacios de pastoreos comunes o los utilizaban familias ampliadas. La escasa valoración de la zona para los empresarios posibilitó la reproducción simple de los campesinos mediante el desarrollo de distintas prácticas de apropiación social del espacio, productivas, de socialización, matrimoniales, de movilidad y de ayuda mutua (Comerci, 2012). Una particular combinación de diferentes factores dio lugar a la persistencia del campesinado en el extremo occidental de La Pampa. Por un lado la escasa valoración social de las tierras por parte del capital, y por otro, la disponibilidad de mano de obra familiar, el compromiso con las tareas de la unidad productiva y la existencia de lógicas internas campesinas tendientes a la supervivencia del grupo doméstico. Ello posibilitó la generación de distintas prácticas ganaderas, artesanales y de caza-recolección dentro del monte abierto, espacio vital que proveyó de alimentos, insumos e ingresos extras a los grupos. Asimismo, la reproducción de saberes campesinos empíricos transmitidos en forma oral de generación en generación, referidos al manejo del ganado, a la elaboración de artesanías, a remedios caseros y a la construcción de viviendas y corrales con el uso de recursos locales, permitió que las actividades productivas se garantizaran. Los departamentos que actualmente se localizan en el oeste de La Pampa (Chicalcó, Puelén, Chadileo, Limay Mahuida y Curacó) pertenecían al territorio indígena (mapuche, ranquel, pehuenche) antes de las campañas militares y fueron incorporados a territorio nacional en el último tercio del siglo XIX. Las campañas de conquista de la población indígena en la Argentina llevada a cabo en el entonces llamado “desierto”, aparte de perseguir y exterminar a miles de personas, supusieron el inicio de una serie de mecanismos de control sobre los pueblos originarios que incluyeron la enajenación de la tierra y deportaciones masivas de los sobrevivientes hacia diferentes regiones del país (Salomón Tarquini, 2010). Por otro lado, el control se expresó de manera simbólica en el sometimiento al aparato jurídico estatal.

-139-

Finalizada la campaña del “desierto” a fines del siglo XIX y una vez mensurado-fragmentado el espacio de la actual porción occidental de La Pampa, se generó la apertura de la frontera agropecuaria. El negocio inmobiliario de tierras no supuso asentamientos efectivos ni inversiones productivas por parte de los titulares registrales. El Estado nacional, por su parte relegó su presencia hasta mediados de siglo y sólo se hizo visible su accionar de control en algunos parajes, mediante la instalación de comisarías, registros civiles y, eventualmente, escuelas. Ello posibilitó el asentamiento de puesteros en valles, mallines y lugares con buenas pasturas, mientras en el mercado inmobiliario se vendían las tierras consideradas “marginales” y de bajo valor. Las unidades domésticas sostenían su reproducción simple o ampliada con la cría de ganado caprino, ovino, equino y, eventualmente, vacuno, complementado con trabajo artesanal, actividades de caza y recolección y el trabajo extrapredial. El espacio de control de cada familia estaba circunscripto a la casa y el “monte abierto”. Ese espacio de pastoreo (en algunos casos compartido entre distintas familias, y en otros, dentro de distintas generaciones de una misma familia) se distribuía en función de acuerdos preestablecidos entre vecinos y en base a las relaciones de poder entre los distintos miembros del paraje. La organización en torno a los espacios de pastoreo abiertos posibilitó, durante casi todo el siglo XX, distintas prácticas territoriales y productivas que, en los últimos quince años, con el avance de la propiedad privada, el cercamiento de los campos y de lógicas territoriales de tipo empresariales, se está desdibujando y emergen los conflictos. En este artículo pretendemos analizar conflictos generados en torno a la tenencia de la tierra en los últimos doce años en el oeste de La Pampa ante la revalorización del espacio, producto de la expansión de la frontera agropecuaria. En este marco queremos indagar cuántos casos de conflictos se han registrado

-140-

en la prensa escrita2, dónde se produjeron, entre quienes, por qué se generaron, a cuánta población y superficie afectan y qué recursos se disputan. Pretendemos analizar, asimismo, por medio de estudios de caso, las distintas estrategias puestas en acción por los sujetos afectados para configurar una cartografía de la conflictividad en el oeste pampeano. A continuación abordamos algunos conceptos que permiten facilitar la interpretación del proceso de apropiación del espacio rural en la Argentina contemporánea.

2. Apropiación territorial versus dominación La expansión de la frontera agropecuaria en el último tercio del siglo XX y primera década del XXI está generando la incorporación de nuevas tierras a la producción y redefiniendo las relaciones de poder dentro de la estructura agraria. Estos procesos son el resultado del avance y la consolidación del agro capitalismo que viene definiendo un modelo de agricultura sin agricultores basado en tres pilares, según Morina y Cacace (2010): concentración de la tierra, de los medios de producción y de la comercialización. Estos cambios no son independientes de las dinámicas de desarrollo rural. La tierra, en los últimos diez años, se ha convertido en el móvil y el instrumento del cambio de modelo rural en el país. Este proceso supone el pasaje de un modelo de agricultura familiar (con fuertes diferencias en el interior del país) a un modelo de agricultura empresarial, de escala, de alta productividad, con un esquema de gestión deslocalizado que utiliza el espacio rural como una plataforma productiva y no como un espacio de vida (Sili, Soumoulou, Benito y Tomasi, 2011).

2 En conjunto analizamos entre los años 2000 y 2012 distintas fuentes

periodísticas referidas al caso provincial, con un total de 273 artículos que fueron clasificados en áreas temáticas. Luego ampliaremos sobre las fuentes consultadas.

-141-

El proceso de despojo en la Argentina rural contemporánea se asocia con un nuevo avance del capital sobre espacios que presentaban a comienzos de la década de 1990 cierta autonomía en la organización socio-productiva y territorial. Resulta interesante la diferenciación que realiza Lefebvre (1986: 411) entre el concepto de “apropiación” (sinónimo de posesión) y “dominación” (como propiedad). Mientras el primer término alude a elementos simbólicos cargados de marcas del mundo vivido, asociado al valor de uso, la dominación se asocia a lo concreto, funcional y al valor de cambio. En este marco, Haesbaert (2007) distingue el territorio como espacio vivido del territorio funcional y plantea la necesidad de contemplar las distintas multiplicidades de sus manifestaciones:

“Enquanto “continuum” dentro de um processo de dominação e/ou apropriação, o território e a territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas manifestações – que é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos agentes/ sujeitos envueltos” (Haesbaert (2007: 3).

En este marco se recupera la idea de “control” territorial que plantea Sack (1986): territorializar como componente del poder, no sólo es un medio para mantener el orden, sino es también una estrategia a través de la cual experimentamos el mundo y lo dotamos de significado. Cada sujeto produce sus propios territorios y la destrucción de los mismos conduce a la desaparición de esos sujetos como tales (Fernandez Mançano, 2010). La transformación en el uso de la tierra, la estructura agraria y la tenencia es un claro indicio del cambio del modelo de desarrollo en Argentina. De este modo, los territorios dominados por modos de vida y tramas sociales campesino-indígenas, comienzan a verse “achicados”, “presionados” y “sometidos” ante la llegada de nuevos agentes. Así, espacios como el oeste pampeano, donde existen grandes extensiones de tierra en situaciones de tenencia precaria, con unidades domésticas que ejercen la posesión desde hace décadas, se encuentran sometidos a diversos controles

-142-

jurídicos, técnicos y socio-ambientales ante la expansión de la frontera ganadera y petrolera. En este escenario de avance de sectores concentrados sobre espacios menos insertos a la lógica productiva pampeana, la revalorización de ciertos recursos naturales ofrece la posibilidad de la rápida producción de excedente, de manera que el acceso abierto al control sobre ciertos espacios se convierte en una forma de acumulación a través de la dominación, del despojo. En función de distribución y acceso a esos recursos “libres” se va generando un desarrollo geográfico desigual que se reconfigura a través del tiempo (Harvey, 2007). Una vez que el poder de la circulación del capital ha sido claramente demostrado, hay una importante tentación de grupos subordinados (locales) para colaborar con el poder para ganar el control de sus propios excedentes. En este marco es que se ponen en acción distintos “mecanismos de la acumulación por desposesión”, en los que intervienen distintos sujetos e incluyen la mercantilización y privatización de la tierra; la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad colectiva en derechos de propiedad exclusivos; entre otros. De esta forma, diferentes regiones “marginales” de la Argentina, con una organización relativamente autónoma campesina, en los años noventa, y especialmente luego de la devaluación, se ven valorizadas por el capital y sus productores empiezan a recibir distintas presiones –vía cercamientos, controles territoriales, jurídicos y técnicos, entre otros- que afectan de modo desigual a cada espacio. Esas transformaciones no sólo impactan en los planos materiales, sino también en las subjetividades y modos de vida de los campesinos. Como señala Martins (2010), la expansión y reproducción ampliada del capital tiende a la homogenización de la racionalidad capitalista y a excluir cualquier posibilidad de reproducción de otra racionalidad económica que no esté regida por la economía del lucro. En este contexto, el mantenimiento de la agricultura campesina contemporánea depende de las

-143-

políticas públicas y las estrategias de las organizaciones campesinas. Sin embargo, las políticas públicas generalmente responden a los intereses de las clases dominantes. Las políticas dirigidas a la denominada “agricultura familiar” subordinan la reproducción social de la agricultura campesina a la racionalidad capitalista, la estimulan para la adopción del modelo tecnológico dominante y la aceptación de la pérdida del control familiar sobre los procesos de trabajo en las unidades de producción. En Argentina luego de la devaluación de 2002 crecen los procesos de concentración de las tierras, la compra de grandes extensiones por inversores urbanos y externos, el desalojo de pequeños productores y modelos de gestión agrícola con arrendamiento. Estas problemáticas son una manifestación clara del cambio de un modelo de organización, valorización de la tierra y las actividades agropecuarias en el país. Según los últimos Censos Nacionales Agropecuarios, y teniendo en cuenta que el CNA 2008 aún muestra datos provisorios, en el año 2002 había aproximadamente 80.000 productores menos que en el año 1988, y en el año 2008 se censaron 276.581 explotaciones agropecuarias, lo que indicaría una disminución de alrededor de 57.000 productores. Se asiste así, a una reorganización en la estructura agraria, con una disminución de 82.824 productores en el estrato de menos de 500 has (lo cual representa 5 millones de has), y un aumento en los estratos de entre 500 a 5.000 has (lo que representa 4 millones más de has) con un aumento de 2.000 productores dentro de esta categoría. El 2% de las explotaciones agropecuarias controlan el 50% de la tierra en el país, mientras que el 57% de las explotaciones poseen el 3% de la tierra, aunque estos datos varían regionalmente. En este contexto, el sector de los pequeños y medianos productores familiares tiende fuertemente a la disminución. Al mismo tiempo se han consolidado medianos-grandes productores capitalizados, con fuerte capacidad tecnológica y productiva, que poseen niveles de rentabilidad variables. Finalmente se destaca la creciente importancia de inversores externos al sector agropecuario que han adquirido tierras para la producción, el resguardo del capital y en función de otros criterios vinculados a

-144-

la vida rural, o que sin comprar tierras participan de los negocios agropecuarios a través de diferentes mecanismos de gestión productiva (Sili, Soumoulou, Benito y Tomasi, 2011). En este marco de nueva expansión capitalista recrudecen los conflictos. Partimos de la concepción de “conflicto” como el proceso de interacción social entre dos o más partes que se disputan material o simbólicamente el uso o la apropiación de un espacio o el acceso a un recurso natural. En este caso, el territorio en disputa son las tierras de monte del oeste provincial. Desde una perspectiva crítica, acordamos con la concepción de Fernandes Mançano (2008) quien enmarca los conflictos dentro de los procesos de desarrollo, producidos en diferentes escalas geográficas y dimensiones de la vida. Los conflictos por la tierra son también conflictos por la imposición de los modelos de desarrollo territorial rural y en éstos se desenvuelven. En este contexto creció el clima de conflictividad social en el agro. Domínguez (2010), en el año 2007, registró en el país 66 conflictos ocurridos en 17 provincias del país. Por su parte Manzanal y Arzeno (2011) diferencian los conflictos “del campo” situados en la región pampeana como reacción al pago de retenciones, de los “conflictos territoriales” en la región extrapampeana, asociados con la expoliación de los recursos y la extranjerización de la tierra. Para las autoras, las distintas manifestaciones de conflictos que se vienen experimentando en Argentina y en otros espacios de Latinoamérica cuestionan las formas tradicionales de institucionalización de los conflictos estructurales y proponen otras formas de negociación apuntando a un cambio en las relaciones de poder. Desde la perspectiva campesino indígena del MNCI3 (2010) las familias campesinas quedan “arrinconadas” ante la voracidad

3 El proceso de conformación del Movimiento Nacional Campesino

Indígena (MNCI), constituido en 2006, tiene una larga trayectoria en Argentina y nuclea a distintas organizaciones tales como: el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Unión de Trabajadores Sin Tierra de

-145-

económica de los fondos de inversión y de siembra, que pretenden apropiarse de sus tierras para producir oleaginosas en detrimento de la producción de alimentos básicos. El proceso de reducción de superficie supone también cambios en las presentaciones y en el uso “social” de la tierra:

“Históricamente los campesinos indígenas hemos poseído la tierra comunitariamente, en campos abiertos. El uso comunitario de la tierra es una costumbre arraigada en nuestra cultura y por eso exigimos que se la reconozca. Pero en nuestro sistema jurídico no está reconocida la propiedad comunitaria de la tierra (…) la tierra es un "uso social" (MNCI, 2010: 5).

Consideramos que lo que está en disputa, más allá de la tierra, es una forma de producir, un tipo de manejo de los recursos, una forma de relacionarse y de generar territorio. En el campo agrario algunas luchas se presentan de modo más tangibles como el acceso a la tierra, al agua, al monte; otras suponen diputas por el reconocimiento de ciertos derechos identitarios, modos de vida, formas de territorialización o, simplemente, maneras de interpretar la realidad social. Con relación al Estado, las formas de intervención en torno a la tierra en Argentina son, en muchos casos, contradictorias, debido a que no existen políticas integrales de desarrollo y ordenamiento territorial consensuadas; faltan marcos legales de cobertura nacional articulados con los marcos legales provinciales necesarios para regular el uso de la tierra y en muchas provincias no se cuenta con información sistematizada sobre la tenencia o bien, los casos se analizan desde perspectivas que conciben a la tierra como bien de cambio y no como un espacio de vida. Si bien el Estado nacional ha puesto en marcha programas para resolver esta problemática del acceso a la tierra, no son suficientes.

Lavalle (UST) y la Red Puna. Esta organización ha generado un consenso crítico que trasciende las fronteras nacionales ante la inclusión dentro de la Vía Campesina (Troncoso, 2012).

-146-

En este marco las organizaciones nucleadas en el MNCI reclaman por la sanción de una Ley Campesina Indígena que contemple el uso social de la tierra, la entrega de tierras improductivas a familias sin tierra y la detención inmediata de los desalojos. Así, otro “campo” se hace visible e irrumpe en la arena política: disputa y reclama el acceso a los recursos naturales, la distribución de la tierra, las formas de producción y las políticas agrarias (Troncoso Muñoz, 2012). Distintos documentos dan cuenta de la emergencia de nuevos conflictos generados ante el avance del capital sobre la propiedad de la tierra que poseen miles de campesinos y productores familiares, los procesos de concentración y las nuevas formas de apropiación vía arrendamiento. También ponen a luz las distintas formas de persistencia-resistencia campesinas, otros modos de vida, usos del espacio y manejos de los recursos diferentes a los dominantes. Retomando los conceptos de posesión y dominación a continuación abordamos brevemente el proceso de poblamiento en el oeste pampeano y mercantilización de las tierras en el mercado inmobiliario.

3. Procesos de territorialización diferencial en el oeste pampeano Como señalábamos en la introducción, más allá de los procesos comunes que afectan y redefinen las tramas sociales, las formas de valorización y apropiación de los recursos naturales y apropiación difieren regionalmente en el territorio provincial. En el caso de los puestos localizados en las más mesetas occidentales de La Pampa, a fines del siglo XIX, se reinició el proceso de poblamiento de criollos, indígenas y, en menor proporción, inmigrantes, en los manantiales y campos con buenas pasturas que dieron origen a los puestos dispersos posteriores a las campañas contra los pueblos originarios. El uso de los “campos libres” en forma colectiva (entre distintas familias) para el caso del paraje Chos Malal y de forma privada

-147-

(entre los integrantes de distintas generaciones de familias ampliadas) en La Humada, supuso un proceso de apropiación –material/simbólico- del territorio que se fue fortaleciendo a través del tiempo. Desde fines de la década del ’70, a medida que los grupos domésticos se ampliaban y las nuevas generaciones se establecían en la zona, comenzaron a restringirse los “campos libres”. La instalación del alambrado perimetral y la gradual disminución de los campos fiscales en todo el oeste provincial, lentamente fueron restringiendo la movilidad de las familias en busca de nuevos “campos libres”, las actividades de caza y recolección y se acentuaron los conflictos. En los puestos localizados sobre la depresión fluvial del sistema del Desaguadero (Atuel-Salado-Chadileuvú-Curacó), el proceso de asentamiento espontaneo se asoció directamente con la presencia de los escurrimientos superficiales y la posibilidad de aprovechamiento de los mismos. En este marco los puesteros realizaron aprovechamientos particulares, mediante la construcción de pequeñas acequias y tajamares para el riego de agricultura fruti-hortícola y forrajera destinada a la subsistencia. Otras explotaciones no ribereñas, garantizaban la reproducción simple o ampliada mediante la cría del ganado ovino, vacuno, equino y caprino, utilizando el agua dulce y la oferta de pasturas. Gradualmente los “taponamientos” destinados a regar chacras mendocinas cortaron los brazos principales del río Atuel y los caudales fueron disminuyendo hasta que la construcción del Nihuil, en 1947, interrumpió de manera abrupta el escurrimiento del río. El paisaje y su percepción cambiaron4. La construcción

4 Diversos testimonios dejan entrever la importancia del recurso hídrico

para el sostenimiento y la vida de las poblaciones de este sector del oeste pampeano. La ausencia de esta fuente de aprovisionamiento de alimentos y de provisión de agua para consumo humano y ganadero, significó pérdidas económicas, demográficas, ecológicas y culturales de irreparable valor. El daño socio-ambiental provocado no sólo afectó el tramo superior de la cuenca sino también el tramo inferior de la misma, en la zona de confluencia del Atuel con el Salado y en la cuenca del río Salado-Chadileuvú-Curacó.

-148-

de la represa implicó una marcada disminución de los caudales que escurrían por dicho río afectando especialmente a los puestos ribereños y las localidades cercanas Limay Mahuida, La Reforma y Puelches. Así, con la interrupción del caudal permanente, los proyectos de aprovechamiento agrícola se abandonaron y los productores de la zona se vieron obligados a readaptar su forma de vida a la falta de agua y a padecer las inundaciones, sin previo aviso, cuando se producían las sueltas aguas arriba. En los últimos veinte años, la expansión de la frontera agrícola generada principalmente por los altos precios relativos de los granos, sumado a un incremento en las precipitaciones y la aplicación de mejores tecnologías en los sistemas de siembra posibilitaron, en zonas semiáridas, la relocalización del ganado vacuno. De este modo se generó un desplazamiento de las actividades ganaderas, principalmente la cría y recría de ganado, hacia el oeste de la provincia. Este sector, por sus condiciones agroclimáticas, exhibe características de fragilidad; ante la presión expresada por el aumento de la carga animal por encima de la receptividad, se atenta fuertemente contra la sustentabilidad del recurso natural (Roberto, Fraizer, Gonzales y Adema, 2009). El análisis de la información censal (Censo Nacional Agropecuario –CNA- 1988, 2002, Repagro 2011, Anuario Estadístico 2012) da cuenta de los cambios en el mapa productivo provincial de los últimos veinte años. Se percibe un aumento de la superficie implantada en la primera ocupación impulsada por la expansión de la agricultura en la llanura oriental (nordeste provincial). Entre los CNA ’88 y 2002 la producción de oleaginosas creció en un 109% mientras la superficie de cereales sembrada se redujo. Con relación a la ganadería en el mismo período se registró un crecimiento moderado en el total provincial y una relocalización del ganado vacuno hacia el oeste. Los años húmedos postdevaluación, el rentable mercado de la soja, sumado a la

-149-

valorización de las tierras occidentales favorecieron la especulación inmobiliaria y el traslado de vacunos destinados a cría a los campos occidentales. En este escenario, el incremento superó el 200% en algunos departamentos, poniendo en alto riesgo la vulnerabilidad del frágil ambiente. Ante la gran sequía de los años 2008-2009 se registró un fuerte descenso del rodeo en todo el territorio provincial pasando de 4 millones de cabezas en 2007 a 2.700.000 en 2011, marcándose especialmente una gran disminución en todos los departamentos occidentales que años atrás recibieron importantes rodeos desde el este. De este modo, los cinco departamentos del oeste pasaron de tener 340.000 cabezas de vacunos en 2007 a 180.000 cuatro años después. La valorización del espacio occidental de La Pampa (ya sea en la región de la meseta occidental como en la depresión fluvial) se ha generado, no sólo con las prácticas productivas sino también con el avance de la propiedad privada de productores capitalizados y empresas sobre puesteros. En la configuración de la tenencia de la tierra interdepartamental, la mayor cantidad de explotaciones con propiedad o sucesión indivisa y arrendamiento se concentra en las jurisdicciones del este de La Pampa, mientras los departamentos centro-occidentales (Chadileo, Chicalcó, Puelén, Limay Mahuida y Curacó) son los que más explotaciones con ocupación tienen. Como consecuencia del proceso de expansión de la frontera, numerosos conflictos se han generado en estos departamentos entre los titulares registrales y los productores poseedores, que han derivado en despojos de familias, en actos de violencia directa, con intervención del Estado provincial mediante la promulgación de leyes que suspenden temporalmente los desalojos. El avance de los alambrados sobre los “campos libres” está produciendo modificaciones en los sistemas productivos y en los circuitos de pastoreo. Como consecuencia del parcelamiento de los campos se está achicando la superficie de pastoreo, lo que supone un incremento de la presión sobre el suelo, la

-150-

sobreexplotación del monte y demanda nuevos requerimientos de alimentos alternativos. Estos procesos están promoviendo también una reducción en los planteles de ganado, implicando una menor participación de los agentes (residentes y no residentes en el puesto) en el sistema de producción. El achicamiento de los campos y menor “tajale” está produciendo enfrentamientos entre vecinos pues la menor superficie obliga a optimizar e intensificar el uso del monte disponible (Comerci, 2011). Como consecuencia de estos procesos se están reduciendo las actividades de caza y recolección llevadas a cabo por los grupos domésticos para la obtención de alimentos para el autoconsumo que posibilitan la generación de ingresos extras. Las inversiones de empresas petroleras, forestales y ganaderos están generando el cierre de caminos irregulares (huellas) que unen puestos y ojos de agua. En este escenario emergen conflictos entre vecinos y con agentes extralocales así como nuevas formas de sociabilidad entre puesteros/as que recuperan prácticas de organización comunitaria realizadas en el pasado. En el caso de los productores ganaderos que acceden a la propiedad de la tierra, provenientes de las provincias de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires o del este de La Pampa, con lógicas territoriales distintas a la de los puesteros, cercan sus propiedades con alambre perimetral, desdibujando los circuitos de pastoreo caprino y cerrando -en muchos casos- caminos internos (huellas) que comunican puestos y aguadas naturales. Ponen los campos en producción con ganado vacuno de cría y contratan mano de obra asalariada encargada de la explotación. Generalmente sobrecargan los campos con vacunos dado que desconocen la receptividad del campo pues provienen de zonas con mayores precipitaciones. Establecen pocos vínculos con sus vecinos y visitan esporádicamente la “estancia” pues no residen en la unidad productiva. Los nuevos asentamientos, se diferencian de los preexistentes por llamarse “estancias”, no puestos, y presentan denominaciones variadas que aun no son expresadas en toda la cartografía.

-151-

La valorización de la zona y despojo repercute en las subjetividades campesinas en las que aparece el temor y la preocupación por el futuro de las familias en el lugar y, asimismo, redefine las relaciones de poder entre los vecinos y con productores extralocales. En este contexto, emergen los conflictos y se ponen en acción diferentes estrategias para garantizar la continuidad en el lugar. A continuación avanzamos en los tipos de conflictos y los agentes involucrados en los mismos.

4. Tipología de conflictos en el oeste de La Pampa: población afectada y causas de las disputas Con la finalidad de reconstruir los rasgos y las particularidades de los conflictos por la tenencia de la tierra en el oeste de La Pampa analizamos entre los años 2000 y 2012 las siguientes fuentes periodísticas referidas al caso provincial:

- Diarios de circulación local: el Fisgón, La Voz de los Pueblos, Pampatagónico.

- Diarios de circulación provincial: La Arena, El Diario. - Diarios digitales: Diario Textual. - Diarios nacionales: Página 12, La Nación.

Del conjunto de los 273 artículos registrados en la base de datos de la prensa entre los años 2000 y 2012 identificamos las siguientes áreas temáticas referidas a aspectos del oeste pampeano:

-152-

Cuadro 1: Clasificación de artículos por áreas temáticas

Temáticas Cantidad de artículos

Conflicto tierras 139

Conflicto Río Atuel 47

Minería 10

Hidrocarburos 14

Incendios, sequías, contaminación 11

Proyectos productivos, obras públicas

29

Pueblos originarios 12

Dictadura militar/Juicios a la Subzona 14

06

Otros 15

TOTAL 273

Fuente: elaboración propia.

A menudo algunas notas cruzan las áreas temáticas, por ejemplo, aspectos referidos a reclamos de tierras de los pueblos originarios, o bien conflictos entre la tenencia de la tierra y la actividad hidrocarburífera. En estos casos decidimos contabilizar una sola vez y sumarlos al área “conflicto tierras” para alcanzar la mayor diversidad posible de casos. Focalizándonos en el área temática que nos interesa abordar identificamos ciclos en que la problemática de tierras tuvo mayor presencia en la prensa, como puede observase en el siguiente gráfico.

-153-

Gráfico 1: Emergencia de conflictos por la tierra en el oeste pampeano en la prensa

Fuente: elaboración propia en base a datos periodísticos.

Sin dudas, entre los años 2006 y 2008, la problemática de la tenencia de la tierra y emergencia de conflictos se instala en los medios de comunicación escritos y en la agenda política. Estos años coinciden con los de mayor expansión de las oleaginosas en el este provincial y traslado de ganado vacuno hacia el oeste. Al mismo tiempo la mayor visibilidad de los conflictos es, en mayor medida, el producto de la estrategia del los movimientos de productores, paisanos, del Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra (Malut), entre otros agentes que pretendían poner a la luz los procesos de despojo. Asimismo, esta recurrencia al tema y luego el descenso, quizá responda a la demanda de solución política al problema y la promulgación de la ley 2.222 de suspensión de desalojos generada en diciembre de 2006 y prorrogada periódicamente cada dos años desde entonces. Esta ley evita que los desalojos se ejecuten si bien en la práctica, eventualmente, pueden generarse.

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-154-

Cuando hay casos emblemáticos como el de Tiófila Videla en el año 2007 o el de Simplicio Albornoz en 2012, se instalan en los medios y la temática del conflicto por la tierra vuelve a tener espacio en la prensa local e incluso, nacional. En agosto de 2006 el Estado provincial, a través de la Cámara de Diputados llevó a cabo el Relevamiento Dominial de los Departamentos Limay Mahuida, Chadileo y Puelén, como respuesta a las demandas de regularización de la tenencia de la tierra. Este relevamiento sólo cubrió un reducido número de casos de despojos y no contempló la totalidad de los departamentos. Con respecto a la territorialización de los conflictos identificamos 16 conflictos que involucran a más de 60 familias. Si bien muchos artículos no poseen discriminación o se refieren al amplio “oeste pampeano”, pueden identificase los lugares con mayor conflictividad: ellos son La Puntilla-Algarrobo del Águila, Limay Mahuida, Puelén, 25 de Mayo-Medanito y Colonia Emilio Mitre (ver Imagen 1). Espacios donde se han generado conflictos ante la llegada de agentes extralocales que cercan las explotaciones y les impiden acceder a los espacios de pastoreo, viviendas, caminos, entre otros.

-155-

Imagen 1: Localización de los conflictos por la tierra en el oeste pampeano

Fuente: elaboración propia

A continuación realizamos un breve paneo de algunos de los conflictos emblemáticos registrados en la prensa, en el relevamiento provincial y con los que contamos información

-156-

obtenida del trabajo de campo realizado en el marco de los proyectos de extensión universitaria y de la participación en el Malut5. En el cuadro que se presenta a continuación se resumen los nombres de los puestos involucrados preservando la identidad de las familias, el año en que tomó visibilidad el conflicto y estado en que se encuentra el mismo (activo, inactivo, latente o potencial), la cantidad de familias afectadas, la superficie en litigio, los actores involucrados en el conflicto y los modos de operación de los supuestos compradores “titulares registrales” y las estrategias puestas en acción por la población afectada.

Cuadro 2: Síntesis de los casos por conflictos de tierras

5 Proyecto de Extensión Universitaria (2006-2009) “Puesteros y puesteras en

el oeste de La Pampa: reclamos por la tierra y conflicto social” y Proyecto de Voluntariado Universitario (2009-2010) “Fortaleciendo la comunicación. Una herramienta para conocer nuestro derecho a la tierra” dirigidos por la autora y de la participación en el Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra (Malut), organización universitaria que pregona la defensa de los derechos en el acceso a la tierra de los puesteros.

-157-

-158-

-159-

-160-

Fuente: Elaboración propia.

Del cruce de la información de los casos podemos afirmar que la gran mayoría de los conflictos se generan entre puesteros y empresarios (ver gráfico 2) y que el origen de estos últimos son las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Con relación a la cantidad de población afectada son en total unas 66 familias que se disputan en total unas 100.000 has (ver Imagen 2). Debe recordarse que la unidad económica establecida en los departamentos del oeste dada la aridez del ambiente son 5000 has. por unidad productiva. Dividiendo el conjunto de has. sobre la totalidad de las familias puede obtenerse una idea del promedio de tierras demandado por la población afectada que es de 1500 has., muy inferior a la unidad económica. Si bien varía en cada uno de los casos siendo el de Chos Malal el más complejo ya que habitan 28 familias en dos lotes de 20.000 has.

-161-

Gráfico 2: Partes involucradas en los conflictos según los casos

Fuente: elaboración propia

Con respecto a los niveles de conflictividad algunos se encuentran en plena actividad, sólo frenados temporalmente por la ley que suspende los desalojos, mientras otros son potenciales y latentes. Los casos de conflictos inactivos culminaron con la expulsión y/o el abandono de los puestos. Identificamos en los distintos conflictos por la tierra “modus operandis” comunes de los titulares registrales y las distintas complicidades locales que facilitan el acceso a la tierra de los nuevos compradores. Estas formas de operación están cargadas de irregularidades y uso de violencia, mediante la firma de documentos con extorsiones, amenazas o búsqueda de falsos testigos, entre otras prácticas. En algunos casos la forma de avance de los empresarios es mediante el cercado de los campos que supone la imposibilidad de acceder a los cursos de agua superficiales, caminos, puentes, e incluso, el ingreso-salida a las viviendas. Dentro de las estrategias puestas en acción por la población afectada (puesteros/as) debe destacarse la combinación de prácticas de tipo administrativas, políticas, jurídicas y de

02468

101214

Puesteros yempresarios

Puesteros y vecinos Puesteros,petroleras y EPRC

Comunidadesindígenas y

empresarios

Actores involucrados en los conflictos por la tierra

-162-

resistencia. Entre las acciones colectivas realizadas podemos nombrar: conferencias de prensa en medios nacionales y locales, presentación de documentos en Catastro, entrevistas con referentes políticos provinciales, inscripción como poseedores, declaración de mejoras y mensura, tramitación del PROAS en forma individual y conjunta, denuncias policiales, acciones legales, integración en comunidades indígenas, asamblea de productores, movilizaciones en distintas localidades del oeste y en Santa Rosa, cortes de ruta, planfleteadas o resistencia directa a los desalojos. A continuación desarrollamos un conflicto puesto a la luz en 2012, mediante un estudio de caso.

5. Caso emblemático y símbolo de la resistencia puestera

Simplicio Policardo, un criancero de 73 años, nació en 1939 en el puesto “Paso del Norque”, “puesto La Amistad” o “Puesto Albornoz”, llamado de diferentes maneras a través del tiempo, campo que era de sus padres y sus nueve hermanos. Actualmente vive en el puesto con su esposa Santa Marta y sus hijos menores, en la casa de “barro”. En las tierras en las que ejerce actos posesorios desde su nacimiento crían caprinos y eventualmente vacunos o caballos y cuentan con ingresos extraprediales a través del cobro de una jubilación. En 1988 unos empresarios de La Matanza (famosos hermanos conocidos en la zona), junto con autoridades del Departamento de Limay Mahuida le dijeron a Simplicio que estaban realizando la regularización de las tierras y que debía firmar un papel porque si no lo hacía iba a perder el campo. Lo que en realidad firmó fue la cesión de los derechos como poseedor, práctica común desarrollada en la zona por estos conocidos productores. En 1994 iniciaron un juicio de medianería por alambrados en contra del criancero y fue notificado su hermano mientras la causa continuó. La justicia dictaminó que los empresarios se quedaran con el campo de 10.000 has. en las que ejercían la posesión tres familias. De acuerdo con el ex diputado C.

-163-

Scovenna, defensor público de la situación de los puesteros, el modus operandi es el siguiente:

“aquel que tiene plata, la alambra y luego exige el pago

a sabiendas que les resulta imposible a los pobladores y eso no es más que otra forma de apropiación” (La Arena, 13/03/07).

Cabe mencionarse que los hermanos empresarios en 2006, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Gobierno de la Provincia de La Pampa eran propietarios de 196.243 has., solamente en el departamento Limay Mahuida. En el siguiente mapa realizado por un técnico del INTA en la década de 1990 figuran los titulares registrales y los puestos, entre ellos el de Simplicio, que se encuentra rodeado por el campo de los empresarios.

Imagen 2: Avance de los empresarios y cercamiento de puesteros

Fuente: elaboración propia en base a mapa elaborado por técnicos del INTA

-164-

En el año 2012 los empresarios vendieron 115.000 has en casi 10 millones de dólares a productores o comerciantes de Santa Rosa, Parera, Río Cuarto, Buenos Aires y Austríacos. La forma de acceso a la propiedad de la tierra consistió en hacer firmar documentos de cesión de los derechos de ocupación (vía engaños) y luego, con la complicidad de distintos funcionarios, buscan testigos falsos para demostrar la posesión y llevar a cabo juicios de usucapión. Una vez obtenida la titularidad de las tierras, alambran campos, caminos y puentes, desalojando con amenazas a las familias. Debe destacarse que estas personas tienen una denuncia por “falsificación ideológica de documentos públicos” y “estafa en grado de tentativa” y un juicio con sentencia que realizó el ex Director de Catastro Provincial:

“se comprobó que falsificaron la mensura. El agrimensor fue condenado también. Pero además supimos que reunían a la gente, hacían asados, les daban bebidas y hacían firmar testimonios a gente analfabeta” (El Diario, 12/07/12).

En el año 2007 cerraron la picada-contrafuego provincial nº 19, junto con el puente sobre el rio Salado, inaugurado unos meses atrás. En este marco se buscó como posible solución, para las tres familias, incluir el caso en un proyecto de área protegida que contemplaba a otro puestero en la zona de los bañados, quien también fue estafado por estos empresarios y se demostraron las irregularidades en el acceso a la tierra. Sin embargo, esa incorporación a la reserva del caso de Salustiano no prosperó y a pesar de la vigencia de la ley de suspensión de los desalojos en julio de 2012 la familia fue cercada con alambre que impedía la circulación, la salida de la casa y la llegada a la aguada a los animales. Por esas razones y, ante la denuncia del puestero, el caso tomó nuevamente estado público. El lote 6, de 10.000 has (ver Imagen 3), que Pedro Albornoz (padre de Simplicio) habitó con sus hijos se convirtió en el espacio en disputa. A pesar de la resistencia que encontraron en

-165-

las familias puesteras decidieron alambrar e iniciar juicio de medianería y luego de ganar el juicio sacaron a remate todo el lote (en febrero de 1999) y lo compraron ellos mismos. En ese momento Simplicio se presentó como dueño ante la justicia.

Imagen 3: El lote 6, espacio de disputa donde los empresarios encontraron la resistencia

Fuente: Diario El Diario, 10 de julio de 2012

Actualmente se encuentran en litigio 5000 has. del lote 6, que los empresarios vendieron a un comerciante conocido de Santa Rosa, quien le pidió que abandone el puesto y contrató a una empresa para alambrar unos 2000 metros de camino vecinal dentro del predio. Los peones que instalaron el alambre plantearon que fueron enviados por un ex jefe comunal. El

-166-

alambrado impide que los animales accedan a la única aguada y el salitroso rio y los animales corren serio riesgo de morir. En su pedido desesperado, en una entrevista periodística, Simplicio manifiesta lo siguiente:

“Lo único que quiero es que no nos saquen de acá y que esta gente no nos moleste más. Mi padre nació acá y la raíz de mi familia tiene que quedar acá… Eso es lo que pienso y acá es donde quiero estar hasta mi último día… ahora me están cercando para alejarme del rio y sacarme el paso de los animales, me quieren dejar rodeado y con unas pocas hectáreas” (El Diario, 10/07/12).

Para el criancero, los intereses de los empresarios por ese sector del campo son las posibilidades de encontrar petróleo. La nueva demanda del abogado del criancero es por “estafa procesal” ya que el documento presentado ha engañado a jueces civiles, haciéndoles dictar fallos con gravísimos perjuicios a los poseedores de las tierras que les han arrebatado con sentencias favorables obtenidas en algunos juzgados civiles y distintas estrategias con algunas complicidades (op.cit). Además de las acciones judiciales, denuncias y presentaciones de distintos documentos en la dirección de Catastro, Simplicio junto con los integrantes del Movimiento de Puesteros del Oeste realizaron una movilización el 12 de julio en la localidad de 25 de Mayo para evitar el desalojo y realizaron una reunión con movilización en La Reforma. Pidieron asimismo que la causa tenga un equipo de fiscales de Santa Rosa, lo cual fue aceptado y la fiscalía pidió una medida cautelar para frenar el cerco y la mortandad de los animales. A pesar de la vigencia de la ley provincial 2.222 dictada a fines de 2005, prorrogada y vigente hasta septiembre de 2013, para Scovenna “hay un desalojo por la vía de hecho, violenta y contra la voluntad de un puestero” (El Diario 13/07/12), en el que no solo corre riesgo la tierra sino también toda la producción del puestero y su familia. Salustiano reclama “una solución política

-167-

urgente” (El Diario, 10/07/12) y pudo entrevistarse con el actual gobernador, quien se expresó a favor del puestero. Para la contraparte, presentada por el abogado de los empresarios, el problema central es:

“...tener improductiva semejante superficie… si recuperamos el río

esas tierras van a tener un gran valor, no es que sean tierras necesariamente improductivas… Veo una cuestión debajo del agua que me parece que es el olor a petróleo que tiene que ver con el

valor de esas tierras”. (Los empresarios) “fueron legítimos

compradores de estas tierras en un remate público, o sea que no es que fueron y le robaron a nadie, ni andaban cruzando en bandolera por el oeste sacando tierras, sino que las adquirieron como cualquier persona adquiere las tierras. Y en algunos de los lotes había ocupantes como el caso de Simplicio o Salustiano … es cierto, estaban algunos otros, se fueron voluntariamente, no hubo ningún tipo de desalojo ni nada por el estilo” (El Diario 22/07/12).

Esta concepción pone a la luz la mirada productivista de la expansión de la frontera y la lógica territorial de tipo empresarial de los nuevos productores y da cuenta de las multiterritorialidades y modelos de desarrollo en juego. Desconocen que el trabajo del puestero incluye dimensiones culturales, ambientales y sociales que van más allá de la mera generación de un lucro. Ese campo en tensión, lejos de ser un bien de cambio, es para Simplicio su territorio, el espacio que ha heredado de sus ancestros y sobre el cual proyecta el futuro de sus hijos. A comienzos del mes de agosto de 2012, el juez a cargo de la causa se desplazó hasta el puesto y constató el estado de los animales y la inminente muerte si no les daban agua. Instó a los representantes de los empresarios a cortar los alambres para que accedan a las aguadas pero esta disposición no fue cumplida. La justicia provincial finalmente intervino para garantizar el acceso al agua a los animales. El caso sigue aún sin solución. Como Simplicio, otros productores de la zona

-168-

resisten y luchan para permanecer en sus territorios y sostener su modo de vida.

6. A modo de conclusión

“Los sujetos producen sus propios territorios y la destrucción de estos territorios significa el fin de esos sujetos” (Mançano Fernandez, 2010:14).

La nueva expansión del capital hacia regiones que presentan menores niveles de penetración capitalista pone en discusión viejas problemáticas aún irresueltas y de carácter estructural, tales como el acceso a la propiedad de la tierra de campesinos e indígenas. Asimismo, la nueva expansión y sus mecanismos de acumulación por “despojo” hacen emerger nuevas demandas sociales y reivindicaciones asociadas con el acceso, uso y apropiación del espacio, el manejo de los recursos, o las formas de producir y generar alimentos y pone en el centro de la escena al Estado nacional y su rol a través de la política agraria en esa puja de intereses. El despojo al que nos referimos en este trabajo significa una intensificación de la destrucción de los territorios campesinos, espacios de vida alternativos en los que se generan diversas prácticas de producción y lógicas que recuperan formas de conocimiento popular. En estos espacios, a pesar de la destrucción, están germinando resistencias que ponen a la luz la defensa de otros modelos de desarrollo. El trabajo campesino, incluye dimensiones que van más allá de la generación de un lucro pues involucran la relación de convivencia con la naturaleza; la identidad regional, la pertenencia al trabajo y a la familia; la apertura crítica a las innovaciones tecnológicas, tanto en la esfera de consumo como en la de producción; una vida comunitaria más o menos intensa y un territorio campesino, en cuanto espacio de control apropiado

-169-

por el grupo (Martins, 2010). En este marco podemos preguntarnos qué desarrollo territorial queremos ante la diversidad de lógicas espaciales y territorios. Está claro que necesitamos varios modelos para garantizar la emancipación de las multiterritorialidades. El caso pampeano da cuenta de la emergencia de conflictos por la tierra, la tensión entre diferentes formas de producción, distintas concepciones del espacio y también de la potencialidad que existe en la organización de los vecinos y las alianzas con sectores urbanos. Desde el año 2006 la problemática de la tenencia de la tierra en el oeste de La Pampa y la consecuente generación de conflictos se instalan en los medios de comunicación y en la agenda pública. Claro está que sin las denuncias, manifestaciones y reclamos de los movimientos de productores, paisanos, indígenas, el Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra (Malut), organizaciones estudiantiles y sindicatos no hubiera sido posible poner a la luz los procesos de despojo ocurridos a cientos de kilómetros de la capital provincial. Sin la presión social y mediática tampoco se habría promulgado desde el poder legislativo la ley que suspende temporalmente los desalojos en los departamentos occidentales. Sin la organización entre vecinos y las comunidades rurales para acompañar las luchas de los puesteros despojados mediante múltiples estrategias de denuncia, hoy estarían despojados de sus espacios de vida.

7. Bibliografía - Bendini, M. y Steimbreger, N. (2010) “Dinámicas territoriales y persistencia campesina: redefinición de las unidades y espacios de trabajo de los crianceros en el norte de la Patagonia”. En Revista Territorio y Transporte Nº3, UBA, Buenos Aires. -Cáceres, D. Silvietti, F., Ferrer, G, Sotto, G. y Bisio, C. (2009) “Agriculturización y Estrategias campesinas en el norte de la provincia de Córdoba”. En Actas de las VI Jornadas

-170-

Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. UBA, Ciudad de Buenos Aires. - Comerci, M. E. (2010) “Tenemos que ir allá y pegar la vuelta. Continuidades y cambios en las prácticas de movilidad campesinas en contextos de conflictividad emergente.” Revista Transporte y Territorio, Nº 3, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. - Comerci, M. E. (2011) “Disputas territoriales por el control y la apropiación del espacio occidental pampeano”. En Cerda y Leitte (comp.) Conflictividad en el agro argentino. Ambiente, sociedad y Estado. Editorial CICCUS, Buenos Aires. - Comerci, M. E (2012) “Estrategias campesinas, tensiones y redefiniciones en espacios revalorizados por el capital”. En revista Cuadernos de Geografía, Nº 21, Enero-julio 2012, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pág. 131-146. - Consejo Federal Agropecuario (2011) “Determinación de las brechas por complejo productivo: La Pampa”. En Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal, Instrumento Nº 9, www.minagri.gob.ar. - Cowan Ros, C. y Schneider, S. (2008) “Estrategias campesinas de reproducción social. El caso de las tierras altas jujeñas, Argentina”. En Revista Internacional de Sociología (RIS), Volumen XVI, Nº 50, España. - Di Cione, V (2007) “Edición, presentación y comentarios”. En Harvey, Notas hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual. GeoBaires, Cuadernos de Geografía, UBA, Buenos Aires. - Dirección Provincial de Estadística y Censos (2007, 2008, 2009 y 2012). Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa. Ministerio de la Producción, Santa Rosa.

- Domínguez, D. (2010) “La territorialización de la lucha de la tierra en la Argentina del Bicentenario”. En Jornada sobre Conflictos rurales en la Argentina del Bicentenario. Significados, alcances y proyecciones. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

- Fernandes, Mançano, B. (2008) Cuestión Agraria: conflictualidad y Desarrollo territorial, Inédito.

-171-

- Fernandes, Mançano. B. (2009) Territorio, teoría y política. En: Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. - Gonzales, M. C. (2000) “Argentina, situaciones problemáticas de la tenencia de la tierra”. En Proinder, Serie Documentos de Formulación Nº 3, SEGPyA, Buenos Aires - Haesbaert, R. (2007) Dos múltiplos territórios á multiterritorialidade. Conferencie Porto Alegre. - Harvey, D. (2007) “Notas hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual”. GeoBaires, Cuadernos de Geografía, UBA, Buenos Aires. - Harvey D. (2004), “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”. En Socialist Resgister. Disponible en http://es.scribd.com/doc/16303286/Harvey-David-El-nuevo-imperialismo-Acumulacion-por-desposesion-2004. - Lefevbre, H. (1986) Le retour de la dialectique. 12 mots clefs pour le monde moderne. Essidor /Éditions Sociales, Paris. - Manzanal, M. y Arzeno, M. (2011) “Conflictos territoriales en ámbitos rurales de la Argentina actual”. En Cerda y Leitte (comp.) Conflictividad en el agro argentino. Ambiente, sociedad y Estado. Editorial CICCUS, Buenos Aires. - Martins, H. (2010) “Na sombra da imaginaçao. Reflexão a favor dos camponeses” Curitiba. - Morina, J. (Comp.) (2008) Cuestiones regionales en la Argentina al comenzar el siglo XXI. Consecuencias sociales, económicas y ambientales de la explotación de recursos naturales. Serie Publicaciones del PROEG Nº 5, Luján. - Morina, J. (Comp.) (2010) Geografías de la Agricultura industrial sojera en la Argentina ¿Viaje de ida? Serie Publicaciones del PROEG Nº 9, Universidad Nacional de Luján, Luján. - Morina, J, y Cacace, G. (2010) “Agrocapitalismo extractivo y depredador en una geografía periférica: la Argentina del Bicentenario”. En Morina, J. O. (Comp.) Geografías de la Agricultura industrial sojera en la Argentina ¿Viaje de ida? Serie Publicaciones del PROEG Nº 9, Universidad Nacional de Luján, Luján.

-172-

- Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) (2010) ¿Quiénes somos el Movimiento Nacional Campesino Indígena?. Publicación oficial: http://www.mnci.org.ar/ - Pengue, W. y Morello, J. (2007) “Proceso de transformación en las áreas de borde agropecuario, cambio climático y efectos de las nuevas demandas productivas”. En Revista Fronteras Nº 6, octubre, Buenos Aires. - Polanyi, K. (1957) The Great Transformation - the political and economic origins of our time, Beacon Press, Boston. - Preda, G. (2010) “La expansión del capital agrario en el proceso de transformación territorial. El caso del departamento Río Seco, provincia de Córdoba, Argentina”. En VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Galhinas. - Roberto, Z., Frasier, E., Goyeneche, P., González, F. y Adema, E. (2009) “Evolución de la carga animal en la provincia de La Pampa”. En INTA Anguil, Publicación Técnica, Nº 74, Anguil. - Sack, R. (1986) Human territoriality, its theory and history, Cambridge University Press, Cambridge.

- Salomón Tarquini, C. (2010). Largas noches en La Pampa. Itinerarios y resistencias de la población indígena (1878-1976). Buenos Aires: Prometeo Libros. - Sili, M., Soumoulou, L. Benito, G. y Tomasi, F. (2011) La problemática de la tierra en Argentina. Conflictos y dinámicas de uso, tenencia y concentración. FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Buenos Aires. - Slutzki, D. (2008) “Situaciones problemáticas de tenencia de la tierra en Argentina”. En Serie Estudios e Investigaciones, PROINDER, Buenos Aires. - Troncoso, A. (2012) “La emergencia del movimiento campesino en Argentina: de su invisibilización a la lucha política emancipadora”. En Alba Sud, Opiniones en Desarrollo, Nº2, Barcelona. - Viglizzo, E. y Jobbágy, E. (2010) Expansión de la frontera agropecuaria en Argentina y su impacto Ecológico Ambiental. Publicaciones INTA Anguil.

-173-

Capítulo 4

Entre Algodones1

Ana María Liberali; Omar Horacio Gejo

1. Introducción Amado Storni, en su poema “Entre algodones”, escrito en 2007, nos dice así:

¡Qué poco alumbra la luz de los faros!, ¡qué lejos queda la orilla del mar!, ¡qué poco abrigan los cielos abiertos!, cuando no has nacido entre algodones.

Indudablemente él se estaba refiriendo a las limitaciones de quienes no han sido criados con delicadeza, o lo que es lo mismo, no han nacido de pie, o con estrella…, tal como suele utilizarse vulgarmente esta expresión. Y es lógico que lo hiciera así. En primer lugar porque él es un poeta español que ha nacido a mitad de la década de los ’70 en que España “había resurgido”, y la vida de los niños, adolescentes y jóvenes se les hizo demasiado fácil, es decir que tanto él como su generación se han criado entre algodones, pero desde ya considerados desde el punto de vista del consumo. Y en segundo término, aun cuando lo considerara desde la óptica de la producción, en la cosecha del algodón de Andalucía, no existen hombres, mujeres y niños

1 Este trabajo forma parte de los resultados del P.I. “Implicancias

geográficas de la explotación de recursos naturales en la Argentina, 1990-2009. Una perspectiva crítica. Segunda Etapa” (período 2012-2013), radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu y también del Grupo de Estudios Regionales de la U. N. de Mar del Plata.

-174-

que lo recolecten sino que han sido reemplazados totalmente por maquinarias. Pero si Jaime Fernández, quien ha tomado el pseudónimo de Amado Storni por admiración hacia Alfonsina, conociera las particularidades de la región algodonera de Argentina, donde todavía mucha gente nace, se cría y desarrolla toda su vida “entre algodones”, seguramente cambiaría radicalmente el sentido de sus versos, y seguramente diría:

¡Qué poco alumbra la luz de los faros!, ¡qué lejos queda la orilla del mar!, ¡qué poco abrigan los cielos abiertos!, cuando has nacido entre algodones.

2. Sobre (la) explotación de los recursos Si tomamos al Sistema Político-Económico Mundial como si se tratara de un conjunto universal (representado por un rectángulo), cada país estaría constituyendo un Sistema Político-Económico Nacional como conjunto incluido dentro de él (representados por sendos círculos), lo que correspondería a la denominada División Internacional del Trabajo (D.I.T.). Es así como, cada estado-nación se inserta en esa geografía internacional, a través del diseño de sus políticas macroeconómicas. Pero debido a que entre las diferentes geografías las relaciones son desiguales, dichas políticas distan de ser homogéneas y por lo tanto, los países periféricos, estarán presionados a desarrollar determinas actividades en beneficio de las áreas centrales. Por otra parte, dentro de cada país, existen diferentes espacios que operan de manera similar al sistema internacional, generándose así una división interna del trabajo (d.i.t.), pudiéndose establecer un área central y regiones periféricas (en este caso, subconjuntos). Y dentro de cada región o provincia, también vamos a encontrar áreas centrales y periféricas.

-175-

Ahora bien, este esquema sin más peca de espacialista, y es donde debemos agregar que al interior de cada uno de los espacios mencionados, existen diferencias de clase, que son las que verdaderamente van a constituir el meollo de la cuestión. Es así como tendremos burguesías y clases trabajadoras en diferentes geografías, es decir, en diferentes países del concierto mundial. Las burguesías de los países centrales presionan o negocian con las burguesías de los periféricos; y las burguesías nacionales, hacen lo propio con las de los Estados provinciales. Es así como, las actividades productivas desarrolladas en los países periféricos forman parte de las necesidades de localización de los países centrales o de las empresas que les pertenecen. Las políticas macroeconómicas constituyen la bisagra entre los países centrales y los periféricos. Mediante dichas políticas se determinarán las actividades productivas que serán desarrolladas, estimuladas o activadas por el estado nacional, y se establecerá la región del país más óptima para la obtención de mayores rendimientos, es decir, de apropiación de plusvalía. En este caso nos estamos refiriendo tanto a ventajas comparativas de sitio como de posición. Tales actividades tendrán un impacto tanto sobre la naturaleza como sobre la sociedad, pero dichas manifestaciones no serán únicamente locales sino que también abarcarán espacios más amplios, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales. Cuando la rentabilidad disminuye por cuestiones de diversa índole como la competitividad internacional, la escasez de demanda, variaciones en el tipo de cambio, aumento del precio de los insumos, inestabilidad política, etc., la explotación sobre la naturaleza y sobre la sociedad aumentará con el fin de compensar dichas limitaciones. Es así como la extracción de plusvalía será mayor hasta, en muchos casos, llegar al agotamiento del recurso natural y del recurso humano.

-176-

La sobre-explotación de la tierra se manifiesta tanto en la continuidad de los cultivos, recurriendo a agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas para forzar las condiciones naturales, como en la destrucción de las especies; mientras que la sobre-explotación del hombre está dada por licuación de los salarios, la extensión de la jornada de trabajo, y la precarización de las condiciones de trabajo.2 Al “exigirle” a la tierra una mayor productividad incorporando sustancias químicas que a mediano o largo plazo limitarán la reproducción natural de las especies, se pone en riesgo la salud de la población que allí la habita y se inutiliza la tierra para futuros emprendimientos. Pero además, en este caso, al contaminarse el ecosistema, se ejerce una mayor destrucción de la fuerza de trabajo que ve arriesgada su salud e incluso su vida. Tómese en cuenta, que por las características de la zafra algodonera, mujeres y niños se encuentran involucrados en forma directa en esta actividad y que “el medio y las condiciones de vida durante la niñez moldean las estructuras anatómicas, los atributos fisiológicos y las pautas de conducta; además los efectos de estas influencias tempranas persisten en el curso de la vida” (Dubos, 1985). Cuando esto ocurre, cuando las condiciones del habitat condicionan, o determinan en muchos casos, una calidad de vida deficiente, la población aumenta su morbilidad y mortalidad temprana, o se ve obligada a emigrar. Es decir, que los impactos producidos en la naturaleza, pueden expandirse hacia otras regiones a través del viento y de las aguas; y las implicancias sociales también se van a manifestar a través de las migraciones a nivel nacional o exterior. Esta doble consecuencia, sobre la naturaleza y la sociedad va a recaer, no solamente en los trabajadores, principales damnificados, sino en gran parte del resto de la población a partir de la difusión de los venenos que absorberán a través del viento y de las aguas.

2 “(...) la suerte de los asalariados libres es más dramática que la de los

esclavos, porque el patrón no tiene que preocuparse por su vida, ni siquiera por su salud” (Alfred Sauvy, 1980).

-177-

Debemos entonces considerar que la interrelación de los hechos ambientales y sociales se producirá tanto a nivel local como extra-regional. Tomemos en cuenta que aire y aguas, en especial referidos a la cuenca, tanto superficial como subterránea, distribuyen los elementos químicos nocivos a grandes extensiones, teniendo consecuencias desconocidas a kilómetros de distancia. Por otra parte, la población con condiciones de vida tan denigrantes, tiende a migrar a otras áreas, engrosando los cordones marginados de las grandes ciudades (Lefebvre, 1973). Es así como los pobres durmiendo en las calles y enfermos saturando hospitales, quienes fastidian a las clases medias urbanas, tienen su origen en prácticas de sobre-explotación social y ambiental en las áreas rurales de producción “exitosa” en cuanto a cantidad, calidad y precio de bienes agropecuarios.

3. La tierra del Chaco, cosechera y montaraz…

La elevada utilización de agroquímicos en la zona algodonera del Chaco es una consecuencia directa de la demanda del producto en relación con las deficiencias naturales de la zona de producción. Debido a la re-primarización de la Argentina y de la integración marginal del Chaco al contexto nacional, se genera una sobre-exigencia productiva, que esta provincia no está en condiciones de satisfacer tanto por sus características físicas de origen, como por la saturación en la explotación de sus recursos desde un siglo atrás. Es entonces que podemos encontrar una importante sobrecarga de fertilizantes que tienen como fin forzar las tierras que no cuentan con suficientes nutrientes ni con el clima adecuado, ya que se trata de una región donde son frecuentes tanto las sequías como las inundaciones; y que si bien goza de elevada temperatura promedio, ideal para el cultivo del algodón, da origen a una mayor cantidad de plagas que en otras regiones, por lo cual la aplicación de pesticidas es mucho intensiva.

-178-

La baratura de las tierras y los sistemas de apropiación de fácil accesibilidad son las principales razones de la utilización de estas áreas marginalmente productivas que compensarán sus deficiencias de manera artificial con los costos sociales y ambientales anteriormente mencionados. El uso de agroquímicos de alta toxicidad pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores y del resto de los habitantes de la cuenca, deteriora aun más el ecosistema chaqueño e influye negativamente en la tasa de ganancia de las actividades agrícolas. Es decir que los más afectados serían los trabajadores del algodón debido al contacto directo con los vegetales contaminados como por tener que permanecer en las áreas rociadas mediante la fumigación aérea. Pero a partir de las corrientes de aire y de la escorrentía superficial y subterránea, como por el consumo de alimentos producto de flora y fauna, también sufrirían efectos adversos quienes habitan a grandes distancias de la zona de estudio. Por otra parte, el deterioro de la biota dejaría al ecosistema sin nutrientes ni defensas, lo que redundaría en disminución de los rendimientos agrícolas a mediano o largo plazo. Por una cuestión de la ley de gravedad, todo lo que se lanza desde la cumbre se concentra en el valle. Es así como toda zona de depresión física es a la vez de depresión socio-económica. Son las zonas de depósitos donde las aguas, el aire y los humanos concentran su basura. Estas zonas, por ser las de menor valorización son ocupadas por pobladores de bajos recursos económicos y es así como las consecuencias de una ley física se asemejan sobremanera a la ley de la sociedad. Si observamos un mapa de localización de viviendas precarias es prácticamente coincidente con las cartas topográficas con isohipsas de menor nivel. Las barrancas del Paraná muestran los estratos sociales con mayor realce que los niveles alcanzados por las inundaciones. Cuando los problemas físico-ecológicos pretenden ser resueltos solo con medidas de tipo ingenieril, la tierra se valoriza y se vende a quienes tienen mayor nivel para poder acceder, mientras

-179-

sus antiguos ocupantes vuelven a las zonas de relieve más deprimido.

Inundaciones en La Clotilde, departamento O´Higgins - Chaco

Es de destacar la importancia que tiene en el análisis de los estudios acerca de la cantidad y calidad de las aguas, el abordaje desde el sistema cuenca. Con esto nos queremos referir a que cualquiera sea el fenómeno que suceda en una cuenca, en especial en su parte superior, el impacto se manifestará en toda el área.

-180-

Las aguas expanden los tóxicos por amplias áreas

Es así como, represas que regulan las inundaciones o generan posibilidades de aprovechamiento energético o de regadío en un sector, pueden impedir la posibilidad de utilización esencial en las áreas inferiores, es decir, que estaríamos en este caso frente a un ejemplo de sequía o desertificación producida por mal manejo como sistema. En otro orden de cosas, lo mismo podremos afirmar con respecto a la calidad. Todo desecho que se vuelque a un afluente de un río principal, generará inconvenientes en la utilización de las aguas a lo largo de todos los cursos, e inclusive en las aguas subterráneas.

4. Plagas que afectan al cultivo del algodón

Se hace necesario insistir en la absoluta necesidad de que la indicación del uso y las dosis de agroquímicos a emplear sean decididas por profesionales idóneos. Esto debería incluir también a los huertos sean de explotación comercial o familiar, aunque los “visitadores” de las empresas de productos químicos lejos de

-181-

asesorar pretenden aumentar las ventas, ya que sus ingresos dependerán, en gran medida, de recibir una “comisión” proporcional. Esto se ha sumado a agrónomos pertenecientes o no a organismos oficiales, quienes, debido a la anemia de sus ingresos, se suman a ser meros comerciantes que recetan agroquímicos al mejor postor. Para conocer y manejar el complejo de plagas e insectos benéficos que se desarrollan en el cultivo, se consideran tres períodos definidos en función a su probable aparición en relación al estadio del cultivo; clasificándose en inicial, intermedio y final. Inicial: Se extiende desde la siembra hasta la aparición de los primeros primordios florales. Este período se caracteriza por la presencia de trips y pulgones como plagas principales, insectos chupadores cuyo daño potencial puede oscilar entre el 25 y 30% de la producción y, además, ocasionan el retraso de las primeras cosechas entre 15 y 30 días. Durante los últimos años se ha presentado el complejo "capullera-cogollero" que se alimenta del brote terminal, ocasionando plantas ramificadas en candelabro, lo que provoca una complicación en el manejo posterior del cultivo. También puede presentarse en este período ataques de gusanos cortadores, broca, arañuela roja, y la generación post - invernante de lagarta rosada. Los gusanos cortadores pueden ocasionar daño en los primeros días de desarrollo de las plantas cuando se trata de un predio de pastoreo muy enmalezado. La broca provoca un daño que varía de acuerdo con el estado de desarrollo de las plantas, en el momento de ataque. La arañuela roja se presenta en años muy secos. La lagarta rosada, bajo condiciones de manejo tardío de rastrojos, siembras tempranas y ambiente favorable al desarrollo de la plaga, puede generar infestaciones tempranas, que se traducen en posteriores reinfestaciones y pérdidas de rendimiento y calidad del algodón.

-182-

Intermedio: Incluye la etapa de floración y fructificación del cultivo. En siembras normales (mediados de octubre a fines de noviembre, para la zona Centro Chaqueña), abarca los meses de diciembre a febrero. El insecto más constante es la oruga de la hoja, que indefectiblemente aparece y prolonga sus ataques hasta fines del cultivo. La oruga del capullo y chinche horcias son menos constantes y, al igual que trips, mosquilla y arañuela roja en este período, aparecen influenciadas por condiciones ambientales que varían según los años. La chinche horcias y la oruga del capullo, pueden considerarse plagas importantes en condiciones de lluvias normales. La mosca blanca es considerada plaga secundaria, no obstante hay zonas donde ocasiona serios inconvenientes. Final: Si bien pueden adquirir importancia los ataques de oruga de la hoja y del capullo, el insecto que caracteriza este período es la lagarta rosada. Esta plaga, cuyas primeras generaciones de ciclo corto aparecen reguladas por las características ambientales del verano, encuentra generalmente buenas condiciones en los meses húmedos del final de la campaña provocando esto un rápido incremento de la población. Si durante el verano se presentan condiciones adversas, como sequías prolongadas que afectan al desarrollo vegetativo del cultivo, esto puede determinar bajas infestaciones y producciones tardías. Con respecto a la fauna benéfica, se cuenta con una amplia gama de insectos predadores y algunos parásitos, que se alimentan y multiplican sobre los pulgones y trips, en la primera etapa del cultivo y que, utilizados como herramientas, son sumamente valiosos para la reducción del número de huevos y larvas pequeñas de plagas, que se presentan posteriormente en el cultivo.

-183-

5. Plaguicidas utilizados en los campos de algodón Un plaguicida es toda sustancia o elemento destinado a combatir, eliminar o destruir seres vivos considerados como amenaza potencial o actual, directa o indirecta para la vida, existencia o supervivencia de la especie humana. Se utilizan en agricultura, silvicultura, acuicultura, industria, hogar, militarmente, investigación y salud pública. El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), estación Sáenz Peña, se encarga de dar indicaciones y cursos a los productores sobre manejo de agroquímicos, sin embargo, los patrones de los campos pretenden aumentar los rendimientos sin importar demasiado lo que ocurra ni con los trabajadores ni con los futuros consumidores de los productos agropecuarios, llevando cada vez mayor carga de tóxicos no permitidos (por lo menos en otros países). Es decir que las áreas rurales tienen grados de contaminación aérea y por acuíferos muy elevados. Existen diversos usos de biocidas por parte de los diferentes sectores de la población. Como ya se manifestó se registra un alto consumo en zonas rurales con el fin de disminuir los riesgos de plagas en cosechas y de insectos que atacan al ganado. En el caso de la producción algodonera chaqueña, la trifluralina es el herbicida más utilizado en el período de pre-siembra. Luego le sigue la dinitroanilina, que controla el cadillo, capiquí, capín arroz, cardo ruso, cebadilla, cola de zorro, morenita, paja voladora, pasto brachiaria, pasto de cuaresma, pasto de invierno, quinoa, sanguinaria, sorgo de alepo, verdolaga, y el yuyo colorado. Y también se echan dimeotato (para los insectos tempranos como trips-pulgón) y thidiazuron, como defoliante para cosecha mecánica. El endosulfan se aplica para combatir la oruga de la hoja, así como la cipermetrina, para la oruga del capullo. Y ante la tendencia generalizada de resistencia al plaguicida, la actitud consiste en su sobreutilización, lo cual complica aún más la situación.

-184-

Y aunque está absolutamente prohibido debido a sus altos niveles de toxicidad, se suele utilizar el monocrotofós por su efectividad para combatir insectos chupadores.

6. Grados de toxicidad Los pesticidas son sustancias químicas, de distinto grado de toxicidad, usadas para combatir plagas (plaguicidas), insectos (insecticidas), malas hierbas (herbicidas), hongos (fungicidas), etc. Algunos de estos pesticidas se degradan lentamente, por lo que pueden permanecer en el ambiente durante varios años, llegando a contaminar acuíferos y pasar a la cadena alimentaria. Los organofosforados causan habitualmente intoxicaciones agudas pero poco se sabe de sus secuelas nerviosas crónicas. Los efectos biológicos indeseables no se limitan solamente a la especie a la que pertenecemos, sino que el daño puede afectar a otras especies vegetales y animales, y a su biodiversidad. No todos son efectos agudos seguidos de muerte, pero probablemente la mayoría de los efectos sean sutiles o subclínicos. Hay que pensar en afecciones de carácter crónico, en mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis, neurotoxicidad, etc., en donde la regla habitual es que dichos efectos son escasamente manifiestos sobre todo debido a los largos plazos para su presentación (período de latencia). La trifluralina puede absorberse por inhalación. Una exposición de corta duración puede producir irritación ocular; y el contacto prolongado o repetido, sensibilización de la piel. La toxicidad es baja para mamíferos y aves, pero es altamente tóxica para organismos acuáticos como peces, y para las abejas y otros insectos. En cuanto a los seres humanos tiene lugar la bioacumulación. Respecto de los terrenos, su efecto residual va de seis a ocho meses.

-185-

La dinitroanilina se caracteriza por su toxicidad extrema en algas, peces, crustáceos, anfibios y helechos acuáticos; y alta por inhalación y dérmica en ratas y conejos. Y a nivel humano se la relaciona con irritabilidad ocular, y con toxicidad crónica y a largo plazo a nivel neuronal, teratogenicidad, mutagenicidad, carcinogenicidad y Parkinson; y de alto riesgo durante el embarazo por efectos adversos en el feto. El dimeotato presenta gran toxicidad para peces y abejas. Es un producto peligroso y tiene riesgos agudos y crónicos para la salud humana. Con solo ser respirado podría provocar una neumonía. Y ante la ingestión, por ser un inhibidor de la colinesterasa, enzima necesaria para realizar funciones neuronales, puede producir cansancio, salivación excesiva, ojos llorosos, espasmos y finalmente la muerte. El thidiazuron presenta bajos niveles de toxicidad. El endosulfan3 es altamente tóxico para peces y abejas. Y es de extrema toxicidad por contacto dérmico o inhalación para los

3 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

explicó que representantes de 127 países reunidos en Ginebra, acordaron una medida que implica incorporar el endosulfán a una lista que por ahora incluye 21 contaminantes orgánicos persistentes que están prohibidos. A partir de esta decisión y en el transcurso de 2012, ese pesticida tendría que haber quedado fuera de circulación. A pesar de ser altamente peligroso para el ser humano, el uso del endosulfán está generalizado en la agricultura y se utiliza en cultivos como algodón, café, té, tabaco, tomate, cebolla, patata, manzana y mango, entre otros. El especialista de la Secretaría de la Convención de Estocolmo (relativa a los contaminantes orgánicos persistentes) David Ogden dijo que los países donde más se ha utilizado este pesticida son Argentina, Australia, Brasil, China, India, México, Pakistán y Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos, Brasil y Argentina lo prohibieron recientemente mediante disposiciones internas. Ogden precisó que la producción de endosulfán es de 18 mil a 20 mil toneladas anuales, que provienen principalmente de Brasil, China, India, Israel y Corea del Sur. Su utilización es extensa "debido a que es un pesticida efectivo y barato", indicó.

-186-

seres humanos. Se ha constatado su relación con desórdenes congénitos en recién nacidos y casos de retraso mental. En caso de que los trabajadores que lo manipulan no estén adecuadamente protegidos con ropa y equipos especiales, se exponen a un envenenamiento agudo. La cipermetrina, también es altamente nociva para peces y abejas. Interfiere con receptores en el sistema nervioso, teniendo como efecto resultante una larga secuencia de impulsos repetitivos en los órganos sensitivos. Los síntomas de envenenamiento incluyen sensaciones anormales, mareo, dolor de cabeza, náuseas, anorexia, fatiga, vómitos y secreción estomacal incrementada. También irrita la piel y los ojos. En cuanto a la toxicidad crónica se incluyen trastornos cerebrales y locomotores, polineuropatía y supresiones inmunológicas, que se asemejan al síndrome de sensibilidad química múltiple. El monocrotofós es devastador para las aves, principalmente Aguiluchos Langosteros (Buteo swainsoni) y palomas. Y respecto de los humanos está comprobado que puede ser absorbido por el organismo a través de las fosas nasales o de la piel. Si la exposición es leve y repetida, puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso. Pero cuando es mayor, puede causar envenenamiento organofosfático rápido y severo, con dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, pecho cerrado, sudor, náuseas, vómitos, diarrea, rigidez de los músculos, convulsiones, coma y muerte.

7. Impacto sobre la naturaleza Si bien la contaminación de las aguas y los suelos, en toda zona agropecuaria se produce por abonos, materia fecal y plaguicidas, en el Chaco las consecuencias se extienden a una superficie ampliada vertical (aguas subterráneas) y horizontalmente (inundaciones) debido a las características de su régimen.

-187-

Gran cantidad de agroquímicos tienen efecto residual de meses o años, además de poder ser receptáculo de otros desechos negativos y volver a a la superficie edáfica absolutamente estéril. También se puede considerar la desaparición de los suelos por “voladura” o extremada escorrentía, dando lugar a efectos negativos sobre el sistema socio-económico y sobre el físico-ecológico. Con la adopción gradual de un modelo de producción agrícola moderno e intensivo, el uso de plaguicidas en la Argentina tiene una tendencia a incrementarse. De todos modos, esto no es parejo en todo el ámbito de la agricultura. Los cultivos que requieren mayor uso de plaguicidas son los hortícolas en los cinturones verdes; el algodón en el Chaco; la soja en la Pampa Húmeda; los frutales en el Alto Valle de Río Negro y el Noroeste, y el arroz en el Litoral. El uso de los plaguicidas –en especial los modernos agroquímicos de origen sintético- no puede desligarse de las maneras globales actuales de utilización de la tierra para la agricultura y para la producción de alimentos. La erosión y la pérdida de capacidad productiva de estos suelos quitan extensas áreas de tierras agrícolas aptas potencialmente cada año. El abuso de fertilizantes y pesticidas trae la contaminación de la superficie y del agua de los acuíferos. Durante el período de inundación estos agroquímicos se expanden por los suelos y posteriormente se infiltran en las napas, siendo fuente de consumo de la población, en especial de la rural, que llega a los niveles máximos de mortalidad temprana del país. La “Revolución Verde”, fue no solamente la creación de nuevas especies y sus variedades sino además el desarrollo de esas variedades para adecuarlas a nuevas prácticas agrícolas, políticas y tendencias de mercados nacionales e internacionales. Pero paralelamente, se vio un desarrollo prodigioso de nuevas plagas y de antiguas que “despertaban” necesitando de nuevos e ingeniosos métodos para combatirlas. Los riesgos asociados a estas prácticas no siempre quedaron claros. El uso masivo de la

-188-

irrigación artificial, de fertilizantes sintéticos y de pesticidas diversos también ha afectado la calidad de la provisión de agua fresca potable por contaminación de las napas freáticas existentes en el subsuelo y en las aguas de superficie, además de la polución insoslayable de los frutos de la tierra. La necesidad de nuevas tierras para laboreo y la necesidad creciente del uso de maderas conllevaron a una deforestación masiva y desordenada cuyo fin no se avizora. Las tierras forestales desprotegidas de su natural cubierta vegetal son fácil presa de la erosión. Así las lluvias arrastran cantidades fabulosas de sedimentos ricos en nutrientes vegetales y los ríos se ven contaminados por tierras extrañas en suspensión y se altera su biología destruyéndose sus ecosistemas. La mayoría de las veces, las nuevas tierras desnudas son inapropiadas para el cultivo y es necesario emplear cantidades impresionantes de fertilizantes para que produzcan. Las producciones son débiles y fácil presa de pestes que se pueden contener a duras penas con sustancias químicas tóxicas que contribuyen a degradar más la tierra, a alterar flora y fauna originales y en definitiva –luego de un período de transitoria euforia por los logros en la producción- a traer lamentables e insospechados impactos negativos sobre la salud humana y de otros seres. En las tierras donde se usan altas cantidades de fertilizantes se usan asimismo altas dosis de pesticidas, para mantener una producción estable de productos desvitalizados y envenenados. La fertilidad inherente de los suelos determina junto al régimen climático qué cultivos desarrollar, qué insumos son requeridos y qué producción es posible. Las características físicas y químicas de los suelos también son factores determinantes. Los suelos ricos son menos propensos a las plagas que los agotados. Los suelos extensamente cultivados necesitan grandes cantidades de pesticidas. Como rápidamente éstos dejan de ser útiles o se les descubren problemas de toxicidad serios en sus países de origen, queda el recurso de exportarlos a otros países, donde las

-189-

regulaciones sanitarias son más laxas y la actualización para los conocimientos toxicológicos más débiles. La tendencia mundial es hacia un incremento de los agroquímicos pesticidas, pero por lo menos en los países desarrollados la misma es hacia compuestos poco tóxicos, sin acción residual y que no alteren ecosistemas naturales (Schinder; 1994(c): 56-57). Si bien los residuos en el suelo son útiles eliminando o reduciendo parásitos, puede ser dañoso para otros seres útiles ecológicamente, microbianos y vertebrados estimulando el crecimiento de saprofíticos y de formadores de esporas, destruyendo el microambiente del suelo por simplificación de la población microbiana y reduciendo la fertilidad y la habilidad de suelos para soportar la vida. También invertebrados útiles pueden llegar a ser el blanco no deseado. La acumulación de especies tolerantes o resistentes puede llegar a integrar cadenas tróficas. Los organoclorados aparecen como los más ecotóxicos y deben reemplazarse por alternativas biológicas.

8. Rumbo a la cosecha cosechero yo seré… Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), los organoclorados están altamente vinculados con la generación de cáncer de mama, con la disminución de esperma y con alteraciones en el sistema nervioso central; mientras que los organofosforados son causantes de depresiones y muerte rápida por intoxicación. Quienes trabajan con plaguicidas y carecen de alfabetización no pueden tomar en cuenta las indicaciones y precauciones escritas en los envases. Desde ya que los más afectados serán los niños incorporados a actividades rurales; los trabajadores del agro en general; sus familiares, embarazadas y niños de corta edad y quienes se encargan de realizar las tareas de fumigación.

-190-

Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón

Para corroborar o bien profundizar este análisis se debería contar con una discriminada información sobre causas de muerte, como también sobre control de aguas por parte de las oficinas bromatológicas correspondientes a las áreas más afectadas. El uso indiscriminado, y descuidado, de los agroquímicos, así como su deficiente almacenamiento, está provocando sobre la salud de los productores, sus familias y las zonas aledañas, urbanas o no, trastornos severos especialmente a nivel de la reproducción.

-191-

9. Conclusiones Existe variada información tanto a nivel mundial como en Argentina sobre cuáles son los elementos físicos y químicos que dañan los ecosistemas, y por ende, a quienes allí habitan. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud y otras instituciones de protección a la naturaleza suelen llenar páginas de publicaciones ad hoc, de diverso grado de comprensión. Los agentes físicos (ruidos urbanos o generados en lugares de trabajo) y los químicos (metales, monóxido y dióxido de carbono, agroquímicos distribuidos en aire, agua y biota) nos afectan día a día, y constituyen la causa de enfermedades de “origen desconocido” o de mortalidad temprana de los miembros más débiles de cada sociedad. Sin embargo, se los consume a diario a nivel público o doméstico (a través del aire o de los alimentos), se los publicita, son de venta libre, y existen cada vez más empresas que se especializan en su producción. La mayor productividad en el campo del sector agropecuario como de determinadas ramas de la industria tiene su origen en la utilización de elementos y/o de técnicas de deterioro ambiental. La re-inserción de Argentina en el mercado mundial como proveedora de materias primas hace que sea necesaria una mayor presión sobre las tierras y los trabajadores. Aumenta la cantidad de biocidas utilizados en cultivos, cuidado del ganado y actividad forestal, para obtener así mayores rendimientos, existiendo una relación relativamente proporcional entre la utilización de agroquímicos y la productividad agrícola. Todos los plaguicidas son venenos útiles a la humanidad, pero su grado de toxicidad varía tanto por su composición química como por la dosis que se utilice. Algunas de las consecuencias que puede traer el uso de estos biocidas van desde efectos cutáneos, reacciones alérgicas, fotoalérgicas, esterilidad masculina, lesiones hepáticas, depresión, enfermedades

-192-

mentales, deformaciones en los fetos hasta neumonitis, cáncer o la muerte inmediata por intoxicación aguda. Más aún, los efectos residuales de tales sustancias pueden ser las causas de alteraciones o dolencias en la descendencia. Esto es, que algún agente contaminante, no sólo introducido en el organismo de manera directa (como tabaco, medicamentos, etc.), sino a través del agua o del aire, podría generar modificaciones en los genes, y en consecuencia, afectar a las siguientes generaciones. Fenómeno al que se denomina GENAMB (genes alterados por contaminación ambiental). Desde ya que todo lo que esté tratado con sustancias de alto riesgo puede producir diferentes efectos en los consumidores, pero quienes trabajan con estos elementos son, sin duda, los más expuestos. La fumigación aérea constituye uno de los métodos más perniciosos de expandir venenos (permitidos o no), ya que no se puede delimitar el área de tratamiento. No sólo el viento juega como elemento de expansión a áreas vecinas sino que además se rocían aguadas y pozos abiertos, contaminando además las aguas subterráneas. Pero tan dañino como utilizar biocidas peligrosos, algunos de ellos prohibidos, es usar desmesuradamente los permitidos. El hecho está en que los insectos tienen cada vez más resistencia a los efectos nocivos de sus supuestos venenos y por lo tanto, se utilizan sobredosis que terminan actuando más negativamente sobre los seres humanos. Y son entonces las regiones cuyo clima cálido y húmedo permite el desarrollo de mayor cantidad y variedad de insectos, las que más son fumigadas con venenos más potentes. El Chaco es una de ellas y sumado a su condición de pobreza, que la destaca entre las de indicadores socio-económicos más negativos de la Argentina, es lo que la hace de mayor interés para considerarla paradigma de la situación enunciada. Pero el verdadero causante de este deterioro masivo es el sistema económico imperante para el cual se explotan a la naturaleza y al hombre con sentido minero, es decir, hasta el agotamiento.

-193-

10. Bibliografía

ANDRADE, María y Paola Laporta (2009. “La teoría social del riesgo. Una primera aproximación a la vulnerabilidad social de los productores agropecuarios del Sudoeste bonaerense ante eventos climáticos adversos”, en Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales, nro. 19, 2do. semestre. www.mundoagrario.unlp.edu.ar

DUBOS, René (1985). El Hombre y su Medio: formas de adaptación e interacción. Buenos Aires.

HARVEY, David (1990). Los Límites del Capitalismo y la Teoría

Marxista. Fondo de Cultura Económica. México. LEFEBVRE, Henri (1973). El Derecho a la Ciudad. Ediciones

Península. Barcelona. MAGDOFF, Fred; FOSTER, John Bellamy (2010). “Lo que todo

ambientalista necesita saber sobre capitalismo”, en Monthly Review. Vol. 61, número 10. New York, USA. Marzo.

MARX, Karl: (1980). El Capital. Tomo I. Fondo de Cultura

Económica. México. NATENZON, Claudia y otros (1995). Catástrofes Naturales,

Riesgo e Incertidumbre.”FLACSO. Serie de Documentos e Informes de Investigación Nro 197. Buenos Aires.

NATENZON et al (2000). “Una propuesta metodológica para el

estudio de la vulnerabilidad social en el marco de la teoría social del riesgo” (PIRNA, Instituto de Geografía, FFyL/UBA). Ponencia presentada en las IVª Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Buenos Aires. 6 al 10 de noviembre.

RAMÍREZ, Liliana (2005/06). Análisis de Áreas de Vulnerabilidad

Sanitaria a través de cartografía de riesgos. Proyecto de

-194-

Investigación del Instituto de Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia.

SCHINDER, Edgardo (1994a). V Curso a Distancia de Ecología

y Salud Ambiental. III Módulo: Metodología II- Ecotoxicología – Gerenciamiento Ambiental. GEENET-GETNET-GEDNET-OMS/OPS. Colegio de Médicos de Buenos Aires. IX Distrito. Mar del Plata.

----------------------------- (1994b). V Curso a Distancia de Ecología

y Salud Ambiental. V Módulo: Agentes Físicos - Biometeorología. GEENET-GETNET-GEDNET-OMS/OPS. Colegio de Médicos de Buenos Aires. IX Distrito. Mar del Plata.

SCHINDER, Edgardo (1994c). V Curso a Distancia de Ecología y

Salud Ambiental. IV Módulo: Metales – Plaguicidas – Instancia Final. GEENET-GETNET-GEDNET-OMS/OPS. Colegio de Médicos de Buenos Aires. IX Distrito. Mar del Plata.

SORMANI. Horacio (2011). El Nordeste Argentino: Sociedad y

Espacio. El proceso formativo regional 1588-1970. Grupo de Estudios Regionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata-Programa de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Luján- Centro de Estudios Alexander von Humboldt-Unión Geográfica de América Latina- Red de Estudios Latinoamericanos de la UGI. Impresiones Buenos Aires – Editorial, Buenos Aires.

WATENPAUGH, D. E. y T. L. BEITINGER (1985) “Nitrits

exposure and respiration rates in fathead in minnows”. Bulletin Environmental Contamination & Toxicology 35; pp. 106-111.

-195-

Capítulo 5

Economía, recursos naturales y patrimonio social común. Lecturas sobre

el uso del recurso suelo en la región pampeana argentina.

Gabriela Inés Maldonado1

1. Introducción Históricamente los países latinoamericanos se han incorporado a la llamada División Internacional del Trabajo como proveedores de recursos naturales, con base en la teoría de las ventajas comparativas pregonada por economistas y políticos liberales. El contexto actual no ha cambiado mucho, nuestras economías se apoyan en la producción de commodities sin valor agregado, de importante demanda en el exterior y, por ende, con alta cotización en el mercado internacional. Los términos de intercambio siguen siendo desfavorables y la problemática ambiental se profundiza. Conflictos sociales, ambientales, encuentro de voces con distintas opiniones, intereses contrastados y conflictivos en torno a la producción de numerosos recursos naturales nos obliga a discutir en relación a su definición, incorporación en el pensamiento económico, consecuencias y alternativas. El presente trabajo pretende ser un pequeño aporte a esta discusión. Por ello, el primer apartado está destinado a presentar la conceptualización de los llamados recursos naturales que orienta esta propuesta. Se enfatiza esencialmente en la definición social de un recurso por sobre su pretendida definición

1 Docente-Investigadora del Departamento de Geografía, Facultad de

Ciencias Humanas, UNRC y del CONICET. gimaldonado@hum.unrc.edu.ar.

-196-

natural. Luego, se realiza un breve repaso del pensamiento económico occidental para indagar sobre la forma de incorporación de los recursos naturales en la teoría económica. El camino se detiene en los pensamientos mercantilista, fisiocrático, liberal, marxista y neoliberal. A la luz de lo analizado en las primeras páginas, el trabajo se detiene en la producción agropecuaria de la región pampeana en la actualidad como una forma de uso del recurso suelo. El apartado se divide en tres secciones: la primera referida a la racionalidad que orienta la forma de producción agropecuaria, la segunda vinculada a las transformaciones territoriales efectivamente materializadas y, por último, la tercera sección destinada a resumir ambas presentaciones. La totalidad de lo desarrollado en esta instancia se apoya fundamentalmente en la realización de trabajo de campo en el sur de la provincia de Córdoba, en el análisis de datos estadísticos y en documentos producidos previamente por el grupo de trabajo. Por último, en el apartado destinado a la discusión y conclusiones, se advierte sobre la necesidad de repensar el rol de los recursos naturales en nuestras sociedades, de manera tal de que su producción efectiva se oriente por supuestos claramente distintos a los hegemónicos.

2. Acerca de los llamados recursos naturales Mucho se ha escrito sobre los recursos naturales desde diferentes perspectivas: políticas, ambientales, económicas, geopolíticas, entre otras. En esta instancia no se pretende avanzar sobre la complejidad de dichos abordajes sino presentar y discutir brevemente el encuadre teórico al cual se adscribe el presente trabajo. Provocativamente el Prof. José María Cóccaro, en sus clases dictadas en el marco de la materia Política y Economía de los

-197-

Recursos Naturales2, iniciaba el día enfatizando en que “los recursos naturales no existen”. Luego del revuelo inicial creado entre los alumnos expresaba que la adjetivación de “natural” cubre a la definición con un velo que termina por enmascarar el origen social de los mismos, puesto que lo natural remite a lo no-producido socialmente y, por lo tanto, el concepto pierde su carga de historicidad. Nada más lejos que ello, el “recurso se define desde el sujeto pero no es un valor de uso, es sólo la posibilidad presente en las existencias (natural-sociales) que puede ser apropiado o no, y que para serlo debe ser definido. Es la posibilidad de definir un valor de uso, pero esta posibilidad depende de la lógica referencial social, es decir, de las relaciones de producción y el sistema de necesidades acorde a un modo de producción definido histórico y localmente para una formación económico-social particular” (Natenzon et al., 1988:197). La definición de un recurso es siempre social ya que se define desde quién recurre a él. Para ejercer la acción de recurrir deben conjugarse, en un lugar y momento histórico determinado, una serie de factores. Inicialmente se debe tener conocimiento específico sobre las características intrínsecas del recurso; luego la sociedad debe necesitar recurrir a él; el sistema científico-tecnológico debe desarrollar las técnicas, procedimientos y tecnologías necesarias para poder extraer o poner en producción el recurso; todo lo anterior debe estar acompañado de políticas, normativas y marcos institucionales que promuevan y habiliten el uso de los recursos; y, en el marco del sistema capitalista, su explotación debe ser económicamente rentable. Al respecto, Cóccaro (1996) sostiene que “la verdadera disponibilidad de recursos está en función de la convergencia de este conjunto de procesos que le otorgan especificidad y definen el paso de la potencialidad indeterminada a la objetivación de un valor de uso concreto” (Ibídem:7).

2 Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas.

Universidad Nacional de Río Cuarto.

-198-

Además de la conjugación de los elementos mencionados y siguiendo la propuesta de Morello (1987), es necesario advertir que el uso de un recurso para determinado fin, implica el no uso de ese recurso, u otros que se encuentren afectados, para otros fines. Lo anterior se complejiza aún más cuando se avanza en la incorporación de los ecosistemas y sus funciones como fuente de recursos. Entonces el recurso no es sólo la madera de una especie determinada, sino la totalidad de los elementos y funciones que posee un bosque. Cuando se decide realizar un desmonte para destinar esa superficie a agricultura o ganadería, se decide usar el recurso suelo para una función determinada y no usar ni los recursos forestales ni todo lo que el bosque contenga y genere. “El patrón de desarrollo asumido por ciertos países en sus espacios de fronteras agrícolas, la institucionalidad social (quién es dueño de los recursos y qué puede hacer con ellos), y el estilo productivo (para quién voy a producir y qué voy a producir), han priorizado y valorizado un solo recurso: la tierra como productora de cultivos para exportación. Con ello han condenado a muerte al recurso forestal natural y al recurso fauna, a pesar de que la fuente de esos recursos en sí misma es superabundante en esas áreas” (Ibídem:23).

3. Acerca de la incorporación de los recursos naturales al pensamiento económico. En general, las teorías económicas han incorporado en sus esquemas teóricos a aquellos -llamados hoy en día- recursos naturales significativos para el contexto histórico del cual éstas emergían. Importantes aportes a este tema pueden encontrarse en los trabajos de Bifani (1980), Naredo (2002, 2004), Ramos Gorostiza y Cuerdo (2000), Ramos Gorostiza (2005), entre otros. Detenerse brevemente en esta revisión es fundamental, ya que tal como afirma Morello (1987) los “modos de uso de los recursos afectan inevitablemente las leyes que gobiernan su proceso de generación y de reproducción, por lo que su disponibilidad efectiva no depende del sistema de recursos en sí mismo, sino

-199-

del sistema social y económico en cuanto a la forma de llevar a cabo sus actividades de uso de los mismos” (Ibídem:23). Inicialmente, la corriente mercantilista3 -siglos XVI a XVIII- focaliza su atención en la construcción de instrumentos y marcos normativos que propendan a la acumulación de oro y plata en el interior de los territorios de una nación. La fuente de ingresos de dichos metales podían ser: directas, para el caso de las naciones que poseían tierras coloniales con importantes yacimientos en producción; o indirectas, ya sea vía el comercio o la industria. El objetivo final era lograr una balanza comercial favorable, lo que redundaba en la acumulación de oro y plata. La concepción básica radicaba en que, inexorablemente, el enriquecimiento de un país implicaba el empobrecimiento de otro. En este contexto, la explotación de los recursos naturales que revistió más impacto se puede diferenciar en: a) la explotación de yacimientos de oro y plata, como moneda para el comercio, a fin de incrementar las riquezas nacionales; b) el uso del recurso suelo, fundamentalmente en países coloniales, con productos orientados al comercio exterior y explotación de otros recursos minerales -fundamentalmente el guano- que propendieran a alcanzar una balanza comercial favorable en las naciones centrales. En la primera mitad del siglo XVIII, en Francia y como respuesta a las medidas industrialistas y proteccionistas que se aplicaban en el marco de Mercantilismo, un sector agrario representado fundamentalmente por François Quesnay sistematiza la teoría que enmarca el pensamiento fisiócrata. Sostienen, esencialmente, que la generación de la riqueza está dada en la producción del suelo, ya que éste es el único que tiene la

3 Existe un acuerdo general -Fernández López, 1975; Sunkel y Paz,

1988, entre otros- en afirmar que la corriente mercantilista no constituye un pensamiento o teoría económica sistematizada a priori. Ante el nuevo escenario de expansión colonial, se fueron elaborando algunos documentos y normas que regulaban el comercio, cuya compilación se sistematiza actualmente como parte de la corriente mercantilista.

-200-

capacidad de crear algo nuevo. Luego, el resto de las actividades económicas sólo se dedican a transformar o circular lo inicialmente producido. La liberalización del sistema económico, en contraposición al proteccionismo mercantilista, es la base para el buen funcionamiento de éste. Dada la importancia asignada a la producción del suelo se ha denominado a esta corriente “economía de la naturaleza”, puesto que la “economía se afianzó como disciplina asumiendo la tarea de promover ese crecimiento de las riquezas generadas por la Madre-Tierra. Quesnay […] proponía como objetivo de la Economía “acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes de fondo” (entre los que figuraba sobre todo la capacidad generadora de la Madre-Tierra” [negritas del autor] (Naredo, 2002:3). La emergencia del pensamiento liberal, en la segunda mitad del siglo XVIII, tiene una doble vertiente de origen: por un lado, la etapa mercantilista había potenciado la emergencia de un sector social que adquirió especial relevancia en ese contexto y que luego Marx denominaría burguesía comercial. En el mismo sentido, la acumulación originaria del capital tiene como principal base la provisión de riquezas provenientes de las colonias. Por otro lado, la conformación del pensamiento fisiócrata sentaría las bases teóricas para la emergencia del pensamiento liberal. En el marco del liberalismo, los recursos naturales ingresarían al análisis económico siempre y cuando cumplieran las siguientes condiciones: fueran sujetos de apropiación, tuvieran valor de cambio y fueran escasos. Asimismo, la tendencia a los rendimientos decrecientes aparece como una preocupación clara en los pensadores clásicos, puesto que derivaría en un estado estacionario, es decir, en un estado en donde la acumulación de capital ya no es posible. Sostienen que al incrementarse el tamaño de la población, deben ponerse en producción tierras de menor calidad y más lejanas, lo que deriva en mayores costos de producción. El incremento del costo de los alimentos e insumos básicos para el sostenimiento del obrero explica que el salario mínimo de subsistencia tienda a subir. Como consecuencia, la

-201-

tasa de ganancia tiende a bajar. Al respecto, resulta interesante traer aquí un trabajo de Feinmann (2009) donde sintéticamente se articulan principalmente conceptos como salario de subsistencia, estado estacionario y ventajas comparativas. Sostiene que “Smith fue el teórico de la burguesía industrial británica. Esta clase pujante necesita emplear obreros en sus fábricas, en sus talleres de manufacturas. Debe alimentar a esos obreros. Debe poner el “pan de cada día” en sus mesas. El pan se hace con harina. La harina se viene del trigo. Aquí interviene la sabiduría de ese „padre de familia‟ que menciona Smith. Si necesito trigo para alimentar a mis obreros debo buscarlo donde más barato lo encuentre” (Ibídem: 158). Fue necesaria la derogación de las leyes cerealeras para permitir el ingreso sin restricciones a Inglaterra de cereales provenientes de otros países. De esta manera fue posible importar trigo barato, producir alimentos baratos, reducir los salarios de subsistencia e incrementar las tasas de ganancias de la burguesía inglesa. Provocativamente, Feinmann finaliza enfatizando: “En resumen, si el liberalismo nace con la derogación de las corn laws, entonces el liberalismo es casi una creación tan argentina como el dulce de leche o el colectivo. ¿Qué decir? ¿Cómo el mundo nos pide modestia? Hicimos posible el liberalismo. […Les] vendimos cereales a bajo precio a los industriales británicos, quienes, para ello, derribaron las leyes proteccionistas y abrieron las puertas del liberalismo para que entraran triunfalmente por ellas los ganados y las mieses que cantó Lugones. Algo salió mal. Para nosotros, claro. Los ingleses se dedicaron a la Industria […] Y cierto día, a fines de la década del ‟20 del siglo (también) veinte, los términos de intercambio aniquilaron el valor de las mieses y la tierra fértil, los campos generosos del país de la abundancia fácil, no sirvieron para mucho” (Ibídem: 162). Por último, y a los fines de esta propuesta, falta mencionar la emergencia del concepto ricardiano de Renta del suelo. Como veremos más adelante, a diferencia de Marx, Ricardo reconoce sólo un tipo de renta, la renta diferencial, y ésta se aplica al recurso suelo destinado al uso agropecuario. Como se mencionó anteriormente, los recursos naturales son considerados en el

-202-

sistema económico cuando son sujetos de apropiación, poseen valor de cambio y son escasos. A esto y para entender la renta diferencial es necesario agregarle otro elemento: la heterogeneidad, tanto en lo que refiere a la productividad del suelo como a la distancia al mercado consumidor de sus productos. Así, para quien ponga en producción tierras de mejor calidad y/o mejor localización, surge un tipo de ganancia extraordinaria por sobre las ganancias de la puesta en producción de tierras en una situación más desfavorable. Ésta es renta diferencial. A partir del pensamiento liberal, de forma más clara y explícita, los recursos naturales se convierten en mercancías. Sólo aquellos que -una vez que se conocen, se necesitan y se pueden explotar- sean económicamente rentables serán sujetos a explotación bajo la lógica de, valga la redundancia, la rentabilidad del capital.

El pensamiento marxista -mediados del siglo XIX-, además de aportar nuevas categorías conceptuales importantes para pensar el uso de los recursos naturales, contribuye esencialmente a construir otra manera de interpretar los hechos sociales entre los cuales la explotación de los recursos forma parte. Sunkel y Paz (1988) afirman que el método marxista constituye una de las principales contribuciones a las ciencias sociales, puesto que éste es: a) crítico, es decir, “parte del análisis del conocimiento existente a la luz de una realidad histórica concreta” (Ibídem:140); b) histórico, no sólo en el sentido descriptivo sino también para desentrañar los elementos de un proceso; c) dialético, puesto que supone “que el desarrollo social se manifiesta a través de contradicciones, o más precisamente, que la realidad se desarrolla mediante contradicciones […] El mismo método sugiere que la dialéctica no puede ser captada por una mera formulación de los elementos que la componen, es necesario verla en funcionamiento” (Ibídem:143); y d) totalizante, ya que, al igual que la dialéctica, no basta con el estudio de los elementos que componen un sistema para entender su funcionamiento, es necesario incorporar el análisis de las

-203-

interrelaciones que existen entre las partes y entre el todo y las partes.

En cuanto a los aportes conceptuales, a riesgo de ser reduccionista, mencionaré sólo dos conceptos: la renta del suelo y lo que luego se denominó la materia bruta.

La materia bruta es uno de los componentes que ingresan en el proceso de trabajo. Marx caracteriza a este último como aquel proceso que tiene como fin la obtención de un producto -si este producto es luego colocado en el mercado, se convierte en mercancía-. En el mismo se relacionan: la fuerza de trabajo y los medios de producción -las herramientas o medios de trabajo y el objeto de trabajo-. A diferencia de lo que acontecía en el pensamiento económico liberal, Marx diferenció los objetos de trabajo en dos tipos: aquellos en los cuáles el hombre no hace más que extraerlos de la naturaleza -actividades económicas extractivas-, y aquellos en los cuáles ya ha mediado un trabajo mayor al de la simple extracción. Los primeros son materia bruta mientras que los segundos se denominan materias primas. El pensamiento liberal, neoclásico y neoliberal considerarán sólo las materias primas sin realizar distinción alguna.

En cuanto a la renta del suelo, es definida por Marx como la suma de dos tipos de renta: la renta absoluta y la renta diferencial en sus diversos tipos. La renta absoluta es producto de la diferente composición orgánica del capital en las actividades extractivas con relación a la actividad industrial -en las primeras, por lo menos en aquel entonces, el capital variable destinado al pago de salarios era mayor que el capital constante, es decir, el invertido en los medios de trabajo-. Por lo tanto, el origen de la renta absoluta se explica por las características de la producción del suelo en relación al resto de las actividades productivas. Enuncia que ésta tiende a ser pequeña y que la peor tierra puesta en producción genera sólo renta absoluta. La renta diferencial, en cambio, se origina producto de las diferentes productividades y costos de producción dentro de una misma actividad extractiva. En su tipo I, la diferencia está dada por los grados de productividad natural de la materia bruta y la situación

-204-

en relación al mercado, y su tipo II tiene como origen las sucesivas inversiones de capital sobre la misma unidad de superficie. Puesto que el precio de mercado está dado por la peor tierra puesta en producción -aquella que sólo genera renta absoluta-, cualquier tierra con mayor productividad que la anterior, genera una ganancia extraordinaria, que cuando es interceptada por la propiedad territorial, se convierte en renta diferencial. Ésta tiende a ser mayor que la renta absoluta. Marx concluye que la fuente de toda la renta del suelo es, en definitiva, la plusvalía. Aunque la base del aumento de la productividad del suelo esté dada por una fuerza de la naturaleza, es el trabajo el único capaz de generar valor. La renta -plusvalía en todas sus formas- es el total o parte de la ganancia extraordinaria que, en vez de ser captada por el capitalista, es interceptada por la propiedad territorial.

Por último, y sin detenernos en los neoclásicos y keynesianos, el pensamiento económico neoliberal muestra sus primeros avances teóricos a mediados del siglo XX, con la obra de Friedrich Hayek “Camino de servidumbre”. Si bien en el apartado siguiente se analizará con mayor detalle la racionalidad que orienta la producción agropecuaria de la región pampeana en la actualidad, en esta instancia interesa detenernos en: el supuesto de la neutralidad de la ciencia económica, la emergencia de la economía ambiental y la preeminencia del capital financiero en la explotación de los recursos naturales.

Gómez (2003) analiza el marco normativo del pensamiento neoliberal. Este marco se compone de tres tipos de supuestos: ontológicos, epistemológicos y éticos. El marco normativo es parte del marco teórico que determina el mundo de la economía y de la acción política. Como toda ciencia positiva, las políticas económicas derivadas de este marco deberían testearse en la realidad y luego: si el resultado es bueno, es consistente con el marco normativo; si el resultado es malo, es inconsistente con el marco normativo, lo que debería implicar su revisión. Sin embargo, en la “economía neoclásica y economía neoliberal se ve un juego obvio: si las consecuencias son contrarias a los hechos, se culpa a cualquier cosa menos a los supuestos

-205-

básicos del modelo. Estos supuestos son realmente presupuestos. Están más allá del testeo predictivo. Pase lo que pase con el testeo predictivo se mantienen los supuestos. La tan mentada falsabilidad de las hipótesis económicas se abandona cuando no hay más remedio, o cuando conviene” (Ibídem: 74).

Uno de los supuestos epistemológicos que componen este marco normativo sostiene que “[toda] ciencia, y en consecuencia la economía, es valorativamente neutra. Esto, en la terminología de Milton Friedman, significa que la economía, en tanto ciencia, es economía positiva” (Gómez, 2003:68)4. El rol de la ciencia normal y positiva es eliminar la incertidumbre, es encontrar esas certezas que muestren el camino a seguir bajo estos supuestos, a través de acercamientos valorativamente neutros. Presenta conocimientos predictivos y definitivos, aunque al mismo tiempo es exonerada de culpa porque, según Popper, el conocimiento es siempre provisional (Wynne, 2001). Puesto que la economía como ciencia es neutra, los efectos negativos son considerados, más que nunca, como efectos colaterales no deseados del sistema, llamados desde los tiempos de los neoclásicos, externalidades. La característica principal de una externalidad es la no intencionalidad que radica en su origen. No se puede culpar al sistema económico por los problemas ambientales y sociales que derivan de la aplicación de los criterios orientados por el supuesto de la eficiencia5, puesto que “el mercado está más allá del bien y del mal, y no es responsable -en verdad para el neoliberalismo nadie lo es- de aquellos que se perjudican por los resultados del mismo. Más precisamente: el mercado y su praxis moral estás más allá de todo juicio moral” (Gómez, 2003:69).

4 En la misma obra Gómez afirma que el pensamiento Neoliberal no

reconoce este marco normativo que compone su Marco Teórico, porque al hacerlo reconocería que posee supuestos éticos y, por lo tanto, que no es valorativamente neutro. 5 Supuesto ético neoliberal: “La eficiencia, como criterio de elección

racional, nada tiene que ver con el carácter igualitario del resultado de dicha acción” (Gómez, 2003:69).

-206-

Si bien el capital financiero no surge en el contexto neoliberal, en este periodo adquiere una relevancia nunca antes vista. El concepto de riqueza, hasta este entonces apoyado en la creación de valor emanada de la aplicación del trabajo al capital productivo, se traslada al incremento de la velocidad de rotación del capital y a la especulación financiera. La rentabilidad económica que deriva de la explotación de muchos recursos naturales convertidos en commodities, han hecho de su producción un lugar propicio para la especulación financiera. Ahora bien, el capital invertido en la explotación de un determinado recurso debe dar mayores ganancias que ese mismo capital puesto en otras actividades económicas o en el mismo sistema financiero. Brailovsky y Lowy (1987) realizan un ejercicio simple para mostrar la relación entre el capital puesto en la explotación de un recurso y el mismo capital en el sistema financiero. Sostienen que es la tasa de interés la que marca el tiempo de la economía y que ésta “influye decisivamente sobre la tasa de explotación de los recursos naturales. Los intereses altos estimularán a utilizar los recursos con tasas de explotación elevadas. Pero el tiempo de la ecología no es necesariamente el mismo que el tiempo de la economía” (Ibídem:113). De esta manera, muestran que lo que rige la tasa de explotación de un recurso natural tiene más que ver con la tasa de interés del mercado financiero que con la tasa de renovación -cuando corresponda- de un recurso.

Por último, en este contexto teórico, y sustentado en la afirmación de la no intencionalidad que se encuentra en la base de todas las externalidades ambientales, surge la Economía Ambiental. Esta rama de la economía neoliberal sostiene que las externalidades se originan porque los componentes del ambiente no tienen precio de mercado o no están correctamente valorados. Su objetivo entonces es desarrollar los instrumentos que permitan asignar un precio de mercado a estos componentes y, de esta forma, internalizar las externalidades (incorporarlas al mercado, óptimo asignador de recursos). Los instrumentos que desarrolla son múltiples y de distinto nivel de tangibilidad, existen: valoraciones directas de un recurso,

-207-

valoraciones indirectas a través de métodos como el costo de viaje o costo por enfermedad y, por último, valoraciones contingentes que se realizan a través de encuestas donde se suele consultar al encuestado “cuánto estaría dispuesto a pagar…”. En síntesis: es un verdadero proceso de mercantilización de la “naturaleza”, ante los problemas de mercado, la respuesta es más mercado.

En resumen, con excepción del pensamiento fisiócrata -denominado “economía de la naturaleza”-, el resto de las teorías de pensamiento económico han disociado sus lineamientos teóricos e instrumental analítico de las características intrínsecas de renovación o reposición de los recursos naturales y de su función social y, por ende, de los problemas sociales y ambientales derivados de su uso6. Como se ha mencionado, los recursos naturales son considerados sólo cuando cumplan determinadas condiciones que tienen que ver exclusivamente con características económicas. Más aún, en la etapa neoliberal esto se ha visto reforzado bajo supuestos de neutralidad, eficiencia y racionalidad instrumental. Si bien el pensamiento marxista ha contribuido con categorías conceptuales que, al menos, distinguen y diferencian lo que hoy llamamos recursos naturales del resto de las materias primas, no avanza mucho más allá de esto. Sin embargo considero que el principal aporte está dado en el abordaje teórico y metodológico desarrollado en el marco del marxismo, puesto que brinda la posibilidad de realizar una lectura situada, compleja, dinámica y relacional, característica esencial que debe comprender cualquier estudio que involucre la forma de uso del territorio.

6 Es importante señalar que recién a partir la segunda mitad del Siglo

XX la temática ambiental ingresa de forma contundente en el marco de las ciencias naturales y sociales.

-208-

4. Acerca de la producción del suelo en la región pampeana 4. 1. Racionalidad que orienta la producción agropecuaria en la actualidad

Además de las características intrínsecas del neoliberalismo detalladas en el punto anterior, el periodo actual expone más que nunca la importancia de algunos factores esenciales para el incremento de la velocidad de rotación del capital: ciencia, tecnología e información, puestas al servicio de las firmas globales, se constituyen en los elementos claves de la nueva división territorial del trabajo (Santos, 2000) que crea una jerarquía entre lugares y redefine, a cada momento, la capacidad de acción de las personas, de las firmas y de las instituciones (Santos y Silveira, 2005).

Los diversos mecanismos generados y promovidos por los actores globales, representados fundamentalmente por empresas transnacionales vinculadas a la producción y finanzas, tienen por objetivo potenciar la generación y apropiación de plusvalía, producto de la extracción de recursos. Harvey (1998) utiliza el término acumulación flexible para explicar el comportamiento actual del capital que se despliega en búsqueda de mercados especializados, desarrollando un proceso de descentralización que involucra la dispersión espacial de la producción, la retirada del Estado-nación de las políticas intervencionistas unida a la liberalización y privatización de la producción en general y de la provisión de servicios. “La predominante es una lógica global, sistémica, de acumulación, comandada por las grandes empresas […], que desarrollan estrategias buscando crecientes niveles de competitividad a escala internacional, para lo cual articulan agentes y etapas productivas a escala mundial, conformando cadenas globalizadas y nodos estratégicos transnacionalizados” (Schejtman y Barsky, 2008:23). El proceso de internacionalización del capital aparece como la solución para sostener su reproducción ampliada, acompañado del incremento

-209-

de la escala de producción7, de la concentración vertical, de la naturaleza multifuncional de las corporaciones, de la capacidad para multiplicar los lugares donde se asientan y del poder para ejercer presión económica y política (Correa, 1997). “De ese modo, concentración y centralización son dos aspectos de un mismo proceso: el avance de la acumulación de capital. La concentración es impulsada por la penetración de las relaciones capitalistas en nuevos campos de producción; la centralización lo es por la competencia que se establece entre los capitales ya existentes para ganar escalas y competitividad. En esta fase senil del capitalismo se siguen desarrollando ambas tendencias. La centralización adquiere enormes proporciones a impulsos del capital financiero y su alta incidencia en los recurrentes procesos especulativos que tanto afectan la evolución de los precios internacionales del petróleo, del cobre, del litio, de cereales y oleaginosas, etc.” (Morina y Cacace, 2010:21). Bisang y Gutman (2005) sostienen que para el caso de los países integrantes del Mercosur, la “secuencia causal tras esa dinámica […] se sintetiza así: i) los países del Mercosur han redefinido parcialmente su patrón de especialización para orientarlo hacia un conjunto de actividades fuertemente competitivas, basadas en recursos naturales; ii) la expansión productiva estuvo sustentada por la adopción (con mínima adaptación local) de paquetes tecnológicos originados en el exterior, en el marco de los procesos asociados a la globalización de nuevos paradigmas productivos; iii) estos elementos se potenciaron a partir de una creciente tendencia a operar sobre la base de tramas productivas y de la generación de competitividades sistémicas” (Ibídem:116).

En este contexto, tal como sostienen diversos autores (Reboratti, 2006 y 2010; Barsky y Gelman, 2001; Gras y Hernández, 2009; Teubal et al., 2005, Gorenstein, 2001), el ámbito agropecuario de la región pampeana argentina absorbe la llegada de sistemas

7 La plusvalía captada por las empresas transnacionales es pequeña

por unidad producida pero grande por el volumen comercializado (Santos, 2004), lo que deriva en crecientes procesos de concentración y ampliación de la escala de producción.

-210-

complejos, que traen consigo un conjunto de técnicas, información y normas para la producción -semillas transgénicas, siembra directa, agroquímicos, geoposicionamiento satelital, seguros agropecuarios multirriesgo, producción y venta de datos edafológicos y meteorológicos, entre otros- que cambian las relaciones de poder entre los actores y, por consiguiente, la forma en que el territorio es usado.

Santos (2000) denomina agricultura científica a la forma actual de producción agropecuaria puesto que posee un alto contenido técnico, científico e informacional. Ésta se caracteriza por la creciente participación de insumos agropecuarios artificiales de origen industrial que participan en el proceso de producción. La actividad agropecuaria pasa a ser un emprendimiento totalmente asociado a la racionalidad del período técnico-científico-informacional, presentando las mismas posibilidades que otras actividades para la aplicación de capital y para la obtención de alta plusvalía. Por eso, donde se expande la agricultura científica el medio natural y el medio técnico son rápidamente sustituidos por el medio técnico-científico-informacional, aumentando tanto la proporción de la naturaleza social sobre la natural como la racionalización del espacio agrario (Elias, 2005).

La evolución del sistema productivo agropecuario argentino ha estado íntimamente vinculada a la introducción de la razón global al ámbito nacional. Sassen (1999) sostiene que lo global requiere inevitablemente de un conjunto de negociaciones entre lo internacional y el Estado Nacional. El Estado emerge no como una simple víctima de la globalización, sino como el participante número uno ya que se convierte en el sitio para algunas de las operaciones que son necesarias para el sistema económico global y produce los instrumentos requeridos para que éste funcione. Así, la política económica argentina se orientó hacia un modelo de crecimiento adaptativo a impulsos exógenos, inducidos por los cambios producidos por el desarrollo de las economías extranjeras (Nochteff, 1995). La implantación del modelo neoliberal se caracterizó por el uso del excedente económico generado por la actividad industrial, característica de la etapa impulsada por la industrialización sustitutiva de

-211-

importaciones -de 1930 a 1976-, y por la confiscación de la renta de los servicios públicos y de los recursos naturales (Calcagno y Calcagno, 2003). El Estado se ha centrado en resguardar la llamada libertad de mercado, estableciendo las normas políticas necesarias que han habilitado y habilitan la forma de uso del territorio agropecuario pampeano vigente en la actualidad. Algunas de éstas medidas y normas son: reducción del Estado; descentralización -de la Nación a las provincias y de las provincias a los municipios-; desregulación comercial -disolución de la Junta Reguladora de Granos (JRG) y la Junta Nacional de Carnes (JNC)-; privatización de empresas del Estado; privatización y/o concesión de puertos; concesión de rutas nacionales y provinciales; supresión de barreras para el comercio; apertura al mercado exterior; impulso al ingreso de empresas transnacionales; autorización para la introducción de semillas de soja RR, entre otras.

Estas medidas contribuyen a materializar un profundo proceso de transformación en la producción agropecuaria y promueven el proceso de agriculturización, potenciado en los últimos veinte años con un fuerte protagonismo de la soja transgénica. En dicho proceso se desdibujan las tradicionales diferencias agroecológicas regionales y se homogeniza el modelo de producción, con la irrupción de un paquete tecnológico que permite su óptimo desarrollo, la emergencia de nuevos actores sociales y el cambio de rol de los actores tradicionales del sector. “O sea que lo ocurrido en los últimos años en el agro argentino es, en buena medida, producto de la articulación de las tendencias de larga duración del desarrollo del capitalismo -dependiente y de baja intensidad- con una política económica que estimuló, aceleró y agudizó las leyes de la acumulación-desacumulación del capital, cuyos efectos socio-económicos alcanzaron niveles de extrema dureza” (Azcuy Ameghino, 2004:71). 4.2. Transformaciones reconocidas en la forma de uso del territorio

-212-

En trabajos anteriores se ha puesto énfasis en la relación existente entre el patrón general de producción agropecuaria moderna y la construcción de vulnerabilidad socio-territorial en distintos sectores de la región pampeana argentina, específicamente, del sur de la provincia de Córdoba (Maldonado y Bustamante, 2008; Cóccaro y Maldonado, 2009; Bustamante y Maldonado, 2009; Maldonado y Cóccaro, 2011). En estos trabajos se han reconocido y documentado la mayor parte los procesos de transformación que se sintetizarán a continuación.

- Concentración de la explotación económica del suelo con la consecuente disminución del número de explotaciones agropecuarias. Los datos estadísticos de los Censos Nacionales Agropecuarios -CNA-1988 y 2002 de los departamentos Río Cuarto, General Roca y Juárez Celman muestran que, a nivel de explotación del suelo agropecuario, se evidencia un proceso de concentración económica de la misma, disminuyendo la cantidad de las explotaciones agropecuarias –EAP- de hasta 200 ha. Con relación a la superficie relativa que ocupan las EAP por escala de extensión se desprende el mismo resultado, mostrando que en 1988 las EAP de hasta 1000 ha ocupaban un 49% de la superficie, y en el 2002 ocupaban un 38,5%, disminuyendo su participación en un 10,5%. En cuanto a los valores absolutos de cantidad de EAP, sin discriminar por escala de extensión, hacia el año 2002, los tres departamentos han perdido un 27% de sus explotaciones.

- Remplazo de otros cereales u oleaginosas que se cultivaban en la región pampeana y disminución de la superficie destinada a la actividad ganadera. En el espacio de tiempo comprendido entre 1988 y 2002, los tres departamentos mencionados han incrementado la superficie destinada a agricultura, en promedio, en un 20%. Parte de ese incremento se ha realizado a expensas de la superficie destinada a ganadería que se redujo en un 14%.

-213-

La expansión de las oleaginosas en estos departamentos significó, para el año 2002, un aumento del 264% de la superficie ocupada con éstas respecto a lo registrado 1988. En esta brutal transformación del uso del suelo participaron el cultivo del girasol, de la soja y del maní, que avanzaron sobre superficies destinadas a ganadería y cultivo de cereales. Si bien el incremento fue notable en la totalidad las oleaginosas, si se analizan los datos de cada cultivo en relación con el total de la superficie cultivada se advierte que aunque el cultivo del girasol se incrementó en 38.234 ha, su peso relativo en el total de las oleaginosas cultivadas descendió en un 8,9%, aumentando significativamente la participación del cultivo de maní y soja de primera y segunda.

- Ampliación de la frontera agraria mediante, por un lado, procesos de desmonte (tanto en provincias extra-pampeanas como en áreas pampeanas marginales) y, por otro lado, remplazo de producciones regionales. Se mencionó que parte del incremento de la superficie destinada a agricultura se hizo en desmedro de la superficie destinada a ganadería. Otro porcentaje de este incremento se realizó sobre las superficies de bosques y parques naturales. Como se observa en la tabla 1, en los tres departamentos analizados se registra, entre 1988 y 2002, una significativa disminución de los bosques naturales.

Por otro lado, este proceso avanza también sobre superficies destinadas a cultivos regionales y economías campesinas. En la figura 1 se puede observar el incremento de la superficie agrícola destinada al cultivo de la soja entre 1988 y 2002 en distintas provincias argentinas. Del análisis de la misma figura se desprenden dos procesos: a) el incremento de superficies destinadas al cultivo de la soja en provincias que ya registraban superficies con esta oleaginosa y, b) el avance sobre

-214-

provincias que al año 1988 no registraban cultivo de soja en sus tierras.

Departamentos

Bosques y Parques Naturales (%)

1988 2002

General Roca 23,3 17,7

Juárez Celman 17,3 10,2

Río Cuarto 19,5 17,4

Tabla 1. Porcentaje de superficie ocupada con Bosques y Parques Naturales en tres departamentos del sur de Córdoba. Fuente: Censo Nacional Agropecuario, años 1988 y 2002.

-215-

Figura 1. Porcentajes de superficie agrícola destinada al cultivo de soja en Argentina, a nivel provincial, en los años 1988 y 2002. Fuente: Cóccaro y Maldonado, 2009:188.

- Aplicación de paquetes tecnológicos provistos por empresas transnacionales que involucran siembra directa, semillas transgénicas y paquetes de agroquímicos asociados. Al año 2002, el 68% del total del maíz y soja -de primera y segunda-, de los tres departamentos analizados del sur de Córdoba, se cultivaban con siembra directa, y el 90% de las semillas cultivadas eran de origen transgénico. En cuanto a la aplicación de agroquímicos, el 93% de las explotaciones agropecuarias aplicaban al menos un tipo de agroquímico -fertilizantes, herbicidas, insecticidas o funguicidas- y el 75 % aplicaba al menos dos tipos de agroquímicos.

- Incremento de productividad por hectárea producida. La aplicación de los sistemas técnicos de producción han generado continuamente cosechas récords producto del importante incremento de la productividad. En la figura 2 se sintetizan los datos referidos a la superficie sembrada y cosechada, la producción obtenida y el rendimiento de soja promedio para los tres departamentos analizados, entre 1989 y 2003. Se puede observar que la producción obtenida crece de forma mucho más pronunciada que la superficie cosechada, dado el incremento del rendimiento promedio del cultivo -el mínimo rendimiento registrado al inicio del periodo analizado es de 1133kg, y el máximo rendimiento se registra en las campañas 1997-8 con 2407kg y 2001-2 con 2347kg.

-216-

Figura 2. Superficie sembrada (ha), cosechada (ha), producción obtenida (Tn) y rendimiento de soja promedio (Kg) en los departamentos General Roca, Juárez Celman y Río Cuarto, años 1989-2003. Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Provincia de Córdoba.

- Dependencia de insumos provistos por las empresas transnacionales. Los paquetes tecnológicos mencionados en el punto anterior y los insumos que los componen poseen alta adaptabilidad a distintos ambientes. Así mismo, la totalidad de los insumos funcionan como sistemas técnicos que trabajan de manera articulada. En cuanto al primer aspecto, un ejemplo emblemático lo constituye la variedad de semillas modificadas que se fabrican para adaptarse a los distintos ambientes. Así, por ejemplo, Nidera ofrece 22 variedades de semillas de soja, 13 de semillas de maíz, 11 de semillas de girasol, 5 de semilla de sorgo y 12 de semillas de trigo. Syngenta ofrece una variedad de 13 semillas de soja, 12 de maíz,

-217-

13 de girasol y 5 de sorgo. Con los productos agroquímicos sucede lo mismo. Se crean productos adaptados a suelos, malezas, plagas y condiciones particulares. A su vez existe un ajuste directo entre las semillas modificadas y los productos agroquímicos ofrecidos. El ejemplo más tradicional lo constituye la semilla de soja RR, resistente a Roundup, es decir a la aplicación de glifosato, herbicida no selectivo. Pero no es el único caso, Monsanto entre sus marcas de agroquímicos ofrece el herbicida Guardian, desarrollado para maximizar rendimientos de cultivos de maíz; el herbicida Harness, selectivo para soja, girasol y maní; el herbicida Latitude, desarrollado para aplicaciones en pos-emergencia de soja, algodón, papa, poroto, entre otros. El sistema Clearfield ofrecido por BASF se basa en el mismo principio de compatibilidad directa. Así, los distintos insumos se articulan en una especie de simbiosis perfecta que potencia su capacidad de producción y respuesta e incrementan la dependencia de los productores agropecuarios a la compra de éstos.

- Creciente protagonismo de formas financieras de asociación en el sector. Si se analizan los datos de los CNA 1988 y 2002 para los departamentos mencionados del sur de Córdoba, en lo que refiere al tipo jurídico de productor, si bien en ambos censos continua predominando con más del 60% la persona física -con un leve descenso hacia el 2002-, en el último CNA comienzan a adquirir más relevancia las Sociedades Anónimas, al contrario de lo que sucede con las sociedades de hecho que disminuyen su participación en un 1,55%. Por último, en lo que se refiere al régimen de tenencia de la tierra en el 2002 se observa un fuerte incremento del arrendamiento (10,38%) y, en menor medida, del contrato accidental (2,68%) en desmedro de la propiedad (6,13%), sucesiones indivisas y aparcería, en orden de importancia. Entre los “nuevos” actores que vislumbran en el agro un campo fértil en donde invertir

-218-

sus capitales y apostar a la especulación financiera, adquieren cada vez más importancia los pools de siembra y los fondos de inversión. Si bien no hay datos oficiales disponibles, se puede afirmar - producto de los trabajos de campo realizados- que en los últimos diez años han avanzado significativamente en el sector los pools de siembra, fondos de inversión y sociedades anónimas.

- Disminución de la población económicamente activa rural en las explotaciones agropecuarias y pueblos rurales. Existen controversias sobre este punto, puesto que la reestructuración de las redes de producción ha implicado también una reestructuración en el mercado de trabajo. Villulla (2010) sostiene que los CNA tienen dificultades a la hora de captar el empleo rural puesto que los asalariados tienden a no estar vinculados a una explotación agropecuaria en particular -unidad de análisis de los censos- sino que participan en equipos de contratistas que poco tienen que ver la unidad de análisis de censo, por lo que si bien existe un proceso de disminución de la PEA rural, los CNA tienden a sobredimensionarla. A pesar de ello, existe un acuerdo general en que la actividad agrícola tiende a generar menos trabajo asalariado permanente que otras actividades de la región pampeana, como la ganadería y la producción de leche -tambos-. Al disminuir la superficie destinada a estas actividades y reducirse significativamente el número de tambos en la región8, es dable afirmar que disminuye la PEA rural. Específicamente para el sur de la provincia de Córdoba

8 Whebe y Civitaresi (2001), con base en datos del CNA 1988 e

información provista por el SENASA para el año 1999, señalan que en los tres departamentos señalados existían un total de 1085 tambos en 1988 y un total de 462 en 1999, lo que implicó para ese periodo una pérdida de más del 50% de los tambos. Al igual que lo que acontece con muchas actividades productivas, el proceso de desaparición de tambos fue acompañado por otro de concentración de la producción.

-219-

existen estudios que han medido dicha reducción (Agüero et al., 2004), y han detectado que en el área de influencia de diez localidades del sur de Córdoba, la PEA rural entre los años 1994 y 2000 se redujo en un 36,2%. Por otro lado, Villulla (2010) sostiene que aunque a partir de la década del ‟70 se revierte el proceso de desplazamiento de asalariados rurales iniciado en etapas anteriores, dicho proceso tiene tres grandes particularidades, en “primer lugar, si bien creció la importancia relativa de los trabajadores asalariados, ésta comportó un número significativamente menor de obreros que a principios de siglo. En segundo lugar, aunque entre quienes se mantuvieran en la actividad predominaran crecientemente los empleados sobre los trabajadores familiares, el proceso tampoco pareció detener la tendencia a que la agricultura ocupe menos trabajadores en general. Por último, la tercera singularidad es que los obreros fueron siendo desplazados de la contratación directa por parte de las explotaciones, para ser tomados tercerizadamente a través de empresas contratistas” (Ibídem: 149-150).

- Transformación del vínculo tradicional entre los pueblos rurales concentrados o pequeños centros urbanos y el ámbito rural. Se desarticula la relación complementaria entre los centros poblados -fundamentalmente los más pequeños- y las explotaciones agropecuarias o su entorno rural. En entrevistas realizadas entre los años 2005 y 2008 a diferentes actores sociales de distintos pueblos del sur de Córdoba éstos manifiestan:

“La agricultura necesita poca mano de obra pero por momentos requiere... en el momento de la siembra se nota en el pueblo que no tenés gente que alcance para cubrir la necesidad. Tenemos al sur una sola empresa que tiene 20.000 hectáreas… son grandes, con lo cual para el crecimiento del pueblo no es bueno, porque toda esa gente no vive en el pueblo y le

-220-

interesa poco si crece o no crece, les interesa nada más los servicios que presta, si hay rinde o no... ¿y cuáles son los servicios? Que las guías las tengan en término, que cuidemos el tema de los caminos y sobre todo que les atendamos el personal en el hospital y que les llevemos en las ambulancias la gente a Río Cuarto, Córdoba, donde sea... esas son las preocupaciones y los requerimientos que tienen” (Funcionario municipal y productor agropecuario).

"...un tipo que tiene 1500 o 2000 hectáreas es muy difícil que viva en el pueblo, son muy pocos los propietarios de campo que viven acá, y los de 2000 hectáreas los contás con una mano, o sea que son muchos campos de dimensiones grandes" (Productor agropecuario).

“…se llevan todo, acá no dejan nada, y el maní peor, porque acá no hay herramientas, por lo menos para la soja estaban las sembradoras de siembra directa que más o menos lo puede hacer la gente del pueblo, pero el maní no, acá no tenemos nada, o sea que todo todo se va" (Rentista, ex productor agropecuario).

“…si siguen estos pools así, nos vamos a quedar en la casa haciendo alguna chuchería y al campo vamos a ir a ver que no se caiga la casa y va a estar todo cerrado […] Te digo, en los pueblos, vos ves, con esto de la cosecha, el tipo que viene a alquilar de afuera te trae hasta… ahora con las camionetas que hay te traen todo, te traen el gasoil, te traen la mercadería, se traen todo, al pueblo no le dejan nada... […] El campo chico es el que dinamiza estos pueblos…” (Productor agropecuario).

-221-

“Yo lo que veo, en una visión global, es que va en perjuicio del que produce, del que da mano de obra, y va tendiéndose a monopolizar los campos […] Tiende a que el campo lo manejen las grandes empresas". (Funcionario municipal y productor agropecuario).

“Esto de los pools de siembra, viste que te agarran y te siembran 2000-3000 hectáreas, te vienen con equipos de ellos, personal de ellos, siembran, cosechan el campo, se llevan todo, no se paga guía de cereal, así que no te dejan nada. Los que están de acá en el pueblo que tienen equipo sí, pero si no, no, y ha hecho que se vaya despoblando el campo. Pero no por decir esto se ha agrandado el pueblo, no.” (Productor agropecuario).

El incremento de la escala de producción de mano del capital financiero, que contrata a terceros para desarrollar gran parte de las tareas inherentes a las distintas etapas del proceso productivo, convierte a los pequeños pueblos en islas dentro del ámbito rural, puesto que no ofrecen servicios ni mano de obra calificada para sostener las actividades económicas de su entorno. Por otro lado la disminución de la actividad ganadera resta el ingreso económico captado por los municipios proveniente de las guías ganaderas. Por lo tanto, muchos centros poblados pierden la principal fuente de su dinamismo e ingresan en un profundo y continuo proceso de estancamiento y/o decrecimiento. Asimismo, las comunas y municipios deben afrontar los cambios sociales que se expresan en el lugar, pero carecen de los instrumentos legales, de gestión y económicos necesarios para hacerlo de manera efectiva.

- Tendencia tanto al decrecimiento de las poblaciones rurales concentradas como a la desaparición de la población rural dispersa. En correlato con lo expresado

-222-

anteriormente, los pequeños poblados del sur de Córdoba y la población rural dispersa han ingresado en un profundo proceso de envejecimiento de la población y estancamiento o decrecimiento poblacional. La geógrafa Marcela Benítez ha realizado un estudio sobre pueblos en riesgo de desaparición, comparando los datos censales de los años 1980, 1991 y 2001. Así determina que en el país existen 602 pueblos de menos de 2000 habitantes que están en riesgo de desaparecer. La mayoría de ellos se encuentran en la región pampeana, en donde -al año 2001- existían 488 pueblos que se encontraban sin crecimiento o en riesgo de desaparición. En la tabla 2 se pueden observar los datos censales de población de los pequeños poblados (población rural concentrada) y de población rural dispersa de los tres departamentos del sur de Córdoba, analizados en distintos apartados9. Se puede observar que ocho de los trece centros poblados listados registran un proceso de decrecimiento poblacional que, en algunos casos, alcanza a un 80% de pérdida poblacional. La totalidad de estos poblados registran decrecimiento en al menos un periodo intercensal. Lo mismo acontece con la población rural dispersa. Si bien no se disponen datos de la totalidad de los departamentos analizados, tanto el departamento General Roca como la totalidad de la provincia de Córdoba registran un notable proceso de disminución del total de la población rural dispersa.

9 Puesto que los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda

2010 aún no han sido publicado a nivel de localidades no es posible actualizar la información.

-223-

Tabla 1. Pueblos de menos de 2000 habitantes que registran decrecimiento poblacional en el sur de la provincia de Córdoba. Fuente: Adaptado de Maldonado y Bustamante, 2008.

- Emergencia de nuevas figuras en el sector y cambio de rol de los actores tradicionales. En un trabajo anterior (Bustamante y Maldonado, 2009) hemos caracterizado a los diversos actores presentes en el agro pampeano del sur cordobés. En dicho trabajo sostenemos que “los roles que desempeñan los actores tradicionales tienden a desdibujarse y redefinirse y, asimismo, surgen y se consolidan nuevos sujetos en el agro con tendencia hegemónica los cuales, al decir de Gras C. (2007), se asocian no sólo a las nuevas formas productivas sino también a los servicios ligados a ellas. De la misma manera, es posible percibir una nueva disposición de los actores que intervienen en este escenario socio-productivo, se pueden distinguir protagonistas y de relegados o, dicho de otra manera, también en el espacio agrario pueden reconocerse ganadores y perdedores” (Ibídem: 173). Los actores sociales reconocidos,

-224-

diferenciados y caracterizados, con base esencialmente en trabajos empíricos, son:

1. Grandes empresas agropecuarias 1.a. Agroindustrias 1.b. Empresas agrocomerciales 1.b.1. Empresas acopiadoras 1.b.2. Cooperativas agropecuarias 2. Sociedades agropecuarias coyunturales 2.a. Pools de siembra 2.b. Fideicomisos / Fondos Comunes de

Inversión Agrícola 3. Contratistas rurales 3. a. Contratistas rurales de producción 3. b. Contratistas rurales de servicios 4. Productores agropecuarios 4.a. Productores agropecuarios tradicionales 4.b. Productores-empresarios agropecuarios 5. Trabajadores rurales dependientes 5.a. Trabajadores rurales permanentes o

asalariados 5.b. Trabajadores rurales transitorios o jornaleros

Como conclusión afirmamos que, por las tendencias detectadas, la franja de “ganadores” está constituida por las grandes empresas agropecuarias, las sociedades agropecuarias coyunturales, los productores-empresarios y algunos productores agropecuarios tradicionales y contratistas rurales, mientras que el sector más vulnerable frente a los ciclos del capital en el agro históricamente ha sido el de los trabajadores rurales, acompañados por aquellos productores tradicionales con escala de producción insuficiente.

- Aumento de conflictividad social a causa del impacto generado por la aplicación de agroquímicos y la expansión del sistema moderno de producción. Aunque en general oculto por la racionalidad hegemónica, la forma de uso del territorio agropecuario y los procesos

-225-

actuales que se generan en torno a éste avanzan generando contradicciones y conflictos expresados, algunos de ellos, a través de movimientos sociales. La figura 2 constituye una clara expresión territorial de procesos de verticalización y de la emergencia de horizontalidades. En la mencionada figura se presenta el avance del cultivo de la soja al año 2002 sobre los diferentes biomas que integran el territorio nacional y el surgimiento de resistencias sociales ante este avance. Se observa claramente que la mayor parte de la conflictividad se expresa sobre las zonas de avance del proceso de agriculturización, en donde formas campesinas de producción y pequeños productores rurales se encuentran desplazados de la actividad rural con acciones no siempre legales.

En el mismo sentido, Bustamante y Galfioni (2012) han analizado la conflictividad socio-territorial del noroeste de Córdoba emanada de conflictos fundarios (figura 3). Afirman que “en la zona de estudio no se evidencian casos de conflictos activos vinculados a desalojos, pero sí se identifican, por un lado, áreas de conflictos potenciales en las cuales se observan situaciones de tenencia precaria de la tierra y, por el otro, áreas de latencia donde se conjugan lo anterior con la presión que viene ejerciendo la frontera agropecuaria cercando algunas de las explotaciones campesinas” (Ibídem: 12). Ocho de las trece comunidades donde han realizado entrevistas en trabajo de campo presentan conflictos fundiarios, fundamentalmente las ubicadas en el centro oeste de Pocho y centro-norte de San Alberto. Enuncian que los conflictos se originan producto de la conjugación entre el avance de la frontera agropecuaria y la falta de título de propiedad de la tierra por parte de los campesinos.

Si bien en las dos figuras presentadas no se consignan resistencias presentes en el núcleo de la región pampeana (salvo el Movimiento de Mujeres en Lucha), en la actualidad se reproducen de forma acelerada, en

-226-

múltiples localidades de la región pampeana, los conflictos originados por el impacto en la salud generado por el uso de agroquímicos en las cercanías de los espacios urbanos. En agosto de 2012 se sustanciaba en la provincia de Córdoba (Argentina), la fase oral del primer juicio en el país a productores y aeroaplicadores por los problemas ocasionados en la salud de los vecinos del barrio Ituzaingó Anexo, de la ciudad de Córdoba, por la aplicación de agroquímicos en el entorno rural inmediato.

Figura 3. Proceso de expansión del cultivo de soja al año 2002 y movimientos de resistencia social frente a este avance. Fuente: Cóccaro y Maldonado, 2009:193.

-227-

Figura 4. Conflictividad fundiaria en el noroeste de la provincia de Córdoba. Fuente: Bustamante y Galfioni, 2012:11.

-228-

4.3. Síntesis final de apartado A modo de síntesis de lo presentado en este apartado, que analiza tanto la racionalidad que orienta la forma de uso del suelo agropecuario de la región pampeana como las transformaciones derivadas de su materialización territorial, en la figura 4 se presenta un esquema que sintetiza ambos aspectos analizados. En el contexto estudiado, el recurso suelo ha sido concebido como una mera mercancía. La razón global, con fuerte presencia del capital financiero, y enmarcada en modelos económicos nacionales de tipo adaptativo, impone un uso del territorio orientado hacia la producción de commodities y apoyado en paquetes tecnológicos provistos por las mismas transnacionales que luego comercian la producción final de granos. En el ámbito de la razón local, esto se expresa a través de un uso corporativo del territorio que tiende al incremento de la escala de producción y a la pérdida de diversidad productiva -por el fuerte proceso de sojización potenciado en los últimos 20 años- lo que deriva en la disminución de la PEA rural y en procesos de despoblamiento que involucran tanto a la población rural concentrada como dispersa. Lo anterior se produce en el marco de instituciones sociales debilitadas, de falta de capacidad de los gobiernos locales para hacer frente a las transformaciones registradas y de inexistencia de programas participativos que tiendan a revertir el impacto negativo registrado en la población local.

-229-

Figura 5. Esquema síntesis del estado de situación de la producción agropecuaria en la región pampeana. Fuente: adaptado de Maldonado y Cóccaro, 2011. La razón global impone un uso del territorio que, si bien se auto-presenta como positivo, rompe u obstaculiza las solidaridades orgánicas, propias del acontecer del lugar, para instalar solidaridades organizacionales (Santos, 2000), es decir, formas de producción verticalizadas y orientadas bajo las normas de las grandes empresas de la industria agroalimentaria. El modo de producción que se instala responde a intereses extraños al lugar -razón global-; es decir, el uso del territorio en el lugar no se realiza para el lugar. Así, las instituciones locales pierden todo poder de injerencia en relación a lo que se produce, cómo se produce, para qué y para quiénes se produce. Se pierde el vínculo productivo entre los actores locales y su territorio, y se promueve un modelo sustentado en la renta por arrendamiento y

-230-

en la inmovilización de la mayoría de las fuerzas productivas regionales.

5. Discusión final y conclusiones

O‟Connor (1998), en un interesante trabajo apoyado en la teoría marxista, sostiene que el capitalismo genera dos grandes contradicciones: la primera se origina puesto que en “el intento por los capitalistas individuales de defender o restablecer sus ganancias incrementando la productividad del trabajo, aumentando la rapidez de los procesos productivos, disminuyendo los salarios o acudiendo a otras formas usuales de obtener mayor producción con un menor número de trabajadores, y pagándoles menos además, terminan por producir, como efecto no deseado, una reducción en la demanda final de consumo” (Ibídem: 35). La segunda contradicción plantea que, en el mismo intento de restaurar sus ganancias externalizan costos reduciendo la productividad de las condiciones de producción. Es en ésta última en la que, en esta instancia, interesa detenernos brevemente. Las condiciones de producción involucran la fuerza de trabajo, la productividad del recurso y la infraestructura que sostiene dicha producción. En cuanto a la productividad del recurso existen numerosos estudios (Pengue, 2005; Atlieri y Nicholls, 2000; Domínguez y Sabatino, 2006; Teubal et al., 2005; Maldonado y Cóccaro, 2006, entre otros) que advierten sobre las consecuencias ambientales negativas que genera el modo de producción agropecuaria hegemónica vigente. Parte de los costos generados por estas consecuencias negativas son internalizados puesto que, para contrarrestar la pérdida de productividad natural, es necesario aumentar el uso de fertilizantes de origen industrial. El resto de los costos ambientales son externalizados totalmente, siendo las entidades estatales y la misma población las que deben afrontarlos. En cuanto a las condiciones de la infraestructura que sostiene la producción, en algunos casos empresas como Aceitera General Deheza han refuncionalizado algunos tramos del ferrocarril a fin de transportar parte de su producción. Para el resto del transporte y para el desplazamiento de las maquinarias agrícolas

-231-

de los contratistas, las rutas nacionales y provinciales y los caminos rurales a cargo de los consorcios camineros constituyen la base material que posibilita el flujo de transporte. Basta recorrer un par de kilómetros en las rutas centrales de la región pampeana en general y de la provincia de Córdoba en particular para notar que la red vial se encuentra en muy malas condiciones. El exceso de peso en los cargamentos de transporte, la alta frecuencia de tránsito que registra la red vial -fundamentalmente en época de siembra o cosecha- sumada al escaso mantenimiento que de las rutas se realizan -estén o no concesionadas- terminan por agravar el deterioro de las arterias de comunicación que constituyen parte de las condiciones materiales para la producción. A esto es necesario agregar que, al menos en la provincia de Córdoba, los consorcios camineros continuamente se encuentran en crisis por el desfinanciamiento provincial.

Ahora bien, he iniciado este trabajo enunciando que, un recurso natural es por definición, y aunque parezca contradictorio, social. Deben confluir una serie de condiciones antes de que pueda llamarse recurso: conocimiento, necesidad, capacidad tecnológica y técnica, disposición política y, en el marco del capitalismo, rentabilidad económica. Por otro lado, hemos visto que en el transcurso de la evolución del pensamiento económico occidental hegemónico, los recursos han sido considerados por éste siempre y cuando sean apropiables, escasos y tengan valor de cambio -mientras más escasos, más valor de cambio poseen-. Luego, en nuestros tiempos, si su uso genera efectos colaterales no deseados, es decir, externalidades -externo al mercado- una rama de la economía neoliberal se encarga de construir los instrumentos que permitan asignarle un precio, a fin de internalizar -incluir en el mercado- estas externalidades. También he enfatizado en que el pensamiento económico neoliberal, como ciencia positiva, se presenta como valorativamente neutro y, sobre todo, se apoya en el supuesto de que el mercado es el mejor asignador de recursos y que no es responsable de aquellos que se perjudican por ese proceso de asignación. También he señalado que en el periodo actual, más

-232-

que nunca, el capital financiero adquiere especial relevancia y participa claramente en aquellas actividades que, dadas las condiciones del mercado internacional, posean alta rentabilidad económica en el marco del capitalismo.

Una de las características esenciales del capital financiero es que tiende a minimizar su inmovilización, a fin de no perder fluidez. Es por ello que el incremento de arrendamientos y de tercerización de actividades es una característica distintiva del periodo actual en la producción agropecuaria. Ergo, las contradicciones señaladas anteriormente, sobre todo en lo referido a la destrucción de la base material productiva, serán fácilmente subsanadas por el capital: perdidas las condiciones que garantizan la alta rentabilidad, emigra a otro lugar. Las “externalidades” negativas, que tienen poco de “externas” en nuestro territorio, quedan detrás y cargo de los actores locales.

Las tendencias actuales se encaminan a profundizar y fortalecer los supuestos que orientan la construcción y legitimación de una “realidad” que vuelve extraño los lugares para sus propios habitantes. La racionalidad que orienta la producción agropecuaria se apoya en un discurso neomalthusiano, que relaciona el incremento “drástico” de la población con la necesidad de provisión de alimentos. Problemas como la pobreza, la sustentabilidad social y ambiental, la desigualdad social, entre otros, son presentados como meros datos desprovistos de contexto y, por ende, se desvinculan estos problemas de la distribución de poder y de la forma de producción hegemónica.

Formas alternativas de producción locales se invisibilizan por encontrarse “del otro lado de la línea” que establece el pensamiento occidental abismal (Santos, 2010), línea que determina el límite entre lo civilizado y lo no civilizado, entre el progreso y atraso. “En el campo del conocimiento, el pensamiento abismal consiste en conceder a la ciencia moderna el monopolio de la distinción universal entre lo verdadero y lo falso […] Su visibilidad se erige sobre la invisibilidad de formas de conocimiento que no pueden ser adaptadas […]. Me refiero a

-233-

conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas al otro lado de la línea. Desaparecen como conocimientos relevantes o conmensurables porque se encuentran más allá de la verdad y de la falsedad” (Santos, 2010:13). Las formas de pensar el recurso suelo por parte de los campesinos y de los pequeños productos son silenciadas10. De esta forma sólo se convierten en racionales los cambios acontecidos de acuerdo a las pautas del “progreso” establecido en el marco del pensamiento occidental. Así, la lógica que se introduce es la lógica global, donde la aceleración permanente del proceso de rotación y acumulación de capital se constituye en soporte que anima su reproducción. Los actores y regiones que no se adapten a estos imperativos quedan afuera del “progreso que propone el sistema”.

El recurso suelo, como cualquier otro recurso, pensado desde estos supuestos, se convierte en una mera mercancía. Es necesario discutir desde otro lugar la producción de recursos, donde en su definición enfaticemos en la rentabilidad social de su producción, en decir, en su función social. El desafío y la lucha está puesta en pensar los recursos como patrimonio social común, (Cóccaro, 2004 y Cóccaro y Maldonado, 2009), como recursos que nos involucran a todos porque son parte de nuestro patrimonio, cuya producción debe estar orientada por supuestos localmente construidos y su principal función debe estar destinada a satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. “Esta perspectiva parte de pensar la producción al servicio del hombre y de las mayorías sociales y que por lo tanto condiciona y acompasa los procesos económicos –sin resignar determinadas metas productivas- a un criterio prioritario de equidad social y desarrollo nacional soberano” (Azcuy Ameghino, 2004:272). Es necesario sustentar un modelo de desarrollo que promueva el uso del territorio en el lugar y para el lugar y, por lo tanto, que responda a intereses del conjunto de la sociedad,

10

Al respecto resulta interesante leer las propuestas de movimientos como el Movimiento Campesino Liberación, coordinado por Jose Luis Livotti.

-234-

revalorizando saberes populares en tanto generadores de posibles intervenciones concretas apoyadas en el contexto. Se deben recomponer los vínculos productivos entre los actores sociales y su territorio, mediados por el trabajo, de manera tal que promuevan la creatividad, generación y movilización de activos sociales y la construcción de propuestas alternativas socialmente viables.

6. Referencias bibliográficas

AGÜERO, Ricardo; GONZÁLEZ Jorge y PUIGDOMENECH Eva, 2004. Diagnosis, problemáticas y perspectivas de la localización de la PEA Agropecuaria. La región pampeana que rodea a la ciudad de Río Cuarto. En: Revista Reflexiones Geográficas N° 11. Pp. 249-275.

ALTIERI, Miguel y NICHOLLS Clara I., 2000. Agroecología. Teoría y práctica para una agricultura sustentable. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe. México.

AZCUY AMEGHINO, Eduardo, 2004. De cultivo marginal a motor de la agriculturización: hipótesis y problemas en torno a la “sojización”. En: Documentos del CIEA N° 2. Pp. 65-75.

BARSKY, Osvaldo y GELMAN, Jorge, 2001. Historia del agro argentino. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX. Editorial Grijalbo Mondadori. Buenos Aires, Argentina.

BIFANI, Pablo, 1980. Desarrollo y medio ambiente I. Introducción general. El pensamiento económico y el sistema natural. Medio Ambiente, Subdesarrollo y Dependencia. Cuaderno Nº 24. CIFCA. Madrid, España.

BISANG, Roberto y GUTMAN, Graciela, 2005. Acumulación y tramas agroalimentarias en América Latina. En: Revista de la CEPAL Nº 87. Pp. 115-129.

-235-

BRAILOVSKY, Antonio E. y LOWY, Claudio, 1987. El valor de los recursos naturales renovables. En: BRAILOVSKY, A. (Comp.). Introducción a los recursos naturales. Editorial Eudeba. Buenos Aires, Argentina. Pp. 109-115.

BUSTAMANTE, Marina y GALFIONI, María de los Ángeles, 2012. Tierra y conflictos en el oeste cordobés, un análisis situado. En: IX Jornadas de Investigación. Departamento de Geografía –FCH-UNRC. 22 y 23 de noviembre. Río Cuarto, Argentina.

BUSTAMANTE, Marina y MALDONADO, Gabriela I., 2009. Actores sociales en el agro pampeano argentino hoy. Algunos aportes para su tipificación. En: Revista Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada Nº 44 (2009-1). Pp. 171-191.

CALCAGNO, Alfredo R. y CALCAGNO, Eric, 2003. Argentina. Derrumbe neoliberal y proyecto nacional. Editorial Capital Intelectual. Buenos Aires. Argentina.

CÓCCARO, José M., 1996. La geografía y el desafío de articular lo geográfico a un discurso crítico. Algunas reflexiones en el contexto de lo cotidiano desde una perspectiva situada. En: Revista Reflexiones Geográficas Nº 6. Pp. 5-8.

CÓCCARO, José M., 2004. El agua como idea de ciencia. Una lectura situada desde la Geografía Marítima que interpela responsabilidades. En: Revista Reflexiones Geográficas Nº 11. Pp. 219-226.

CÓCCARO, José M. y MALDONADO, Gabriela I., 2009. Reflexiones críticas para repensar el territorio hoy. El pretexto de la soja en la Argentina. Vulnerabilidad social y ambiental. En: Revista Reflexiones Geográficas N°13. Pp. 181-206.

CORREA, Lobato, 1997. Trajetórias geográficas. Editora Bertrand. Rio de Janeiro. Brasil.

DOMÍNGUEZ, Diego y SABATINO, Pablo, 2006. Con la soja al cuello: crónica de un país hambriento productor de divisas. En: ALIMONDA H. (Comp.). Los tormentos de la materia. CLACSO. Buenos Aires, Argentina. Pp. 213-238.

-236-

ELIAS, Denise, 2005. Reestructuração produtiva da agropecuária e novas dinâmicas territoriais: a cidade do campo. En: Actas de X Encontro de Geógrafos da América Latina, 20 a 26 de mayo de 2005, San Pablo, Brasil. Pp. 4475-4487.

FEINMANN, José Pablo, 2009. La historia desbocada. Nuevas crónicas de la globalización. Editorial Capital Intelectual. Buenos Aires, Argentina.

FERNANDEZ LOPEZ, Manuel, 1975. Introducción a la historia del pensamiento económico. Editorial Coloquio. Buenos Aires. Argentina

GOMEZ, Ricardo. 2003. Neoliberalismo Globalizado. Refutación y debacle. Ediciones Macchi. Buenos Aires. Argentina.

GORENSTEIN, Silvia, 2001. Rasgos territoriales en los cambios del sistema agroalimentario pampeano (Argentina). En: Revista de Estudios Regionales Nº 61. Pp. 43-72.

GRAS, Carla y HERNÁNDEZ, Valeria, 2009. El fenómeno sojero en perspectiva: dimensiones productivas, sociales y simbólicas de la globalización agrorrural en la Argentina. En: GRAS, C. y HERNÁNDEZ, V. (Coord.). La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios. Editorial Biblós. Buenos Aires, Argentina. Pp. 15-37.

GRAS, Carla, 2007. Apuntes sobre la construcción identitaria de un nuevo empresariado en el agro argentino”. En: V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Sociales Agrarios y Agroindustriales. UBA/PIEA. Buenos Aires. Citado por: BUSTAMANTE, Marina y MALDONADO, Gabriela I., 2009. Actores sociales en el agro pampeano argentino hoy. Algunos aportes para su tipificación. En: Revista Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada Nº 44 (2009-1). Pp. 171-191.

HARVEY, David, 1998. La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Amorrortu Editores. Buenos Aires, Argentina.

MALDONADO, Gabriela I. y BUSTAMANTE, Marina, 2008. Estado de situación del agro pampeano. Bases para teorizar

-237-

sobre indicadores de vulnerabilidad socio territorial. En: Geograficando. Revista de Estudios Geográficos Vol. 4, Nº 4. Pp. 51-75.

MALDONADO, Gabriela I., CÓCCARO, José M., 2006. Pensar el riesgo desde una aproximación geográfica. Lecturas de la problemática ambiental del sur cordobés. En: Reflexiones Geográficas N°12. Pp. 18-29.

MALDONADO, Gabriela I. y CÓCCARO, José M., 2011. Esquema teórico para el estudio de la vulnerabilidad socio-territorial a inundaciones en ámbitos rurales. En: Revista Geográfica Venezolana Vol. 52, Nº 2. Pp. 81-100.

MORELLO, Jorge, 1987. Manejo Integrado de Recursos Naturales. En: BRAYLOVSKY, A. (Comp.). Introducción a los recursos naturales. Editorial Eudeba. Buenos Aires, Argentina. Pp. 17-28.

MORINA, Jorge O. y CACACE, Graciela, 2010. Agro-capitalismo extractivo y depredador en una geografía periférica: la Argentina del bicentenario. En: MORINA, J. (Ed., Dir., Comp.). Geografías de la agricultura industrial sojera en la Argentina ¿viaje de ida?. PROEG-UNLu. Buenos Aires, Argentina. Pp. 19-46.

NAREDO, José Manuel, 2002. Economía y sostenibilidad. La economía ecológica en perspectiva. En: Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, año/vol 1, N°2. Pp. 1-24.

NAREDO, José Manuel, 2004. La economía en evolución: invento y configuración de la economía en los siglos XVIII y XIX y sus consecuencias actuales. En: Manucrits. Revista d'Història Moderna Nº 22. Pp. 83-117.

NATENZON, Claudia, TSAKOUMAGKOS, Pablo y ESCOLAR, Marcelo, 1988. Algunos límites ideológicos, conceptuales y económicos del discurso ecológico ambiental. Consideraciones preliminares. En: YANES, L. y LIBERALI, A. (Comp.) Aportes para el estudio de la estructura regional argentina. Amorrortu Editores. Buenos Aires, Argentina. Pp.182-201.

-238-

NOCHTEFF, Hugo, 1995. Los senderos perdidos del desarrollo. Elite económica y restricciones al desarrollo en la Argentina. En: ASPIAZU, D. y NOCHTEFF, H. El desarrollo ausente. Editorial Tesis Norma. Buenos Aires, Argentina. Pp. 21-156.

O‟CONNOR, James. 2002. ¿Es posible el capitalismo sostenible? En: ALIMONDA, H. (Coord.). Ecología política. Naturaleza, sociedad y utopía. CLACSO. Colección grupos de trabajo. Buenos Aires. Argentina. Pp. 27-52.

PENGUE, Walter, 2005. Agricultura industrial y transnacionalización en América Latina. ¿La transgénesis de un continente?. GEPAMA y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. México.

RAMOS GOROSTIZA, José Luis y CUERDO, Miguel, 2000. Economía y Naturaleza: una historia de las ideas. Editorial Síntesis. Madrid, España.

RAMOS GOROSTIZA, José Luis, 2005. Medio Natural y pensamiento económico. Historia de un reencuentro. En: Revista Principios Nº2/2005. Pp 47-70.

REBORATTI, Carlos, 2006. La Argentina Rural entre la modernización y la exclusión. En: GERAIGES DE LEMOS, A. I., ARROYO, M. y SILVEIRA, M. L. (Comp.). América Latina: cidade, campo e turismo. CLACSO. San Pablo, Brasil. Pp. 175-187.

REBORATTI, Carlos, 2010. Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias. En: Revista de Geografía Norte Grande Nº 45. Pp. 63-76.

SANTOS, Boaventura de Souza, 2010. Para descolonizar occidente. Más allá del pensamiento abismal. Editorial Prometeo. Buenos Aires, Argentina.

SANTOS, Milton, 2000. La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Editorial Ariel. Barcelona, España.

-239-

SANTOS, Milton, 2004. O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. EDUSP 2a edição. São Paulo, Brasil.

SANTOS, Milton y SILVEIRA, María Laura, 2005. O Brasil. Território e sociedade no inicio do século XXI. Editora Record. Río de Janeiro, Brasil.

SASSEN, Saskia, 1999. The Spatiality and Temporality of Globalization. En: GaWC Annual Lecture [En Línea] <http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/al1.html> [06 de junio de 2011].

SCHEJTMAN, Antonio y BARSKY Osvaldo, 2008. Fundamentos de la necesidad y de la posibilidad de una estrategia nacional de desarrollo rural. En: SCHEJTMAN A. y BARSKY O. (Comp.). El desarrollo rural en la Argentina. Un enfoque territorial. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, Argentina. Pp. 21- 38.

SUNKEL, Osvaldo y PAZ, Pedro, 1988. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México, ILPES, Ed. Siglo XXI

TEUBAL, Miguel, DOMINGUEZ, Diego y SABATINO, Pablo, 2005. Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema alimentario. En: GIARRACCA, N. y TEUBAL, M. (Coord.). El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad. Editorial Alianza. Buenos Aires, Argentina. Pp. 37-78.

VILLULLA, Juan M., 2010. El proletariado agrícola de la pampa sojera y las condiciones históricas de su invisibilidad social. En: VILLULLA J. y FERNÁNDEZ, D. (Comp.). Sobre la tierra. Problemas del desarrollo agrario pampeano. FCE-UBA. Buenos Aires. Argentina. Pp. 135-165.

WHEBE, Mónica B. y CIVITARESI, Hector M., 2001. La producción láctea regional y la reestructuración en el sistema agroalimentario. Impactos y estrategias en la región sur de Córdoba. Editorial UNRC. Río Cuarto, Argentina.

WYNNE, Brian. 2001. Managing and Communicating Scientific Uncertainty in Public Policy. Background paper for Harvard

-240-

University Conference, Biotechnology and Global Governance. Disponible en http://www.genomicsnetwork.ac.uk/media/ HARVARD%20UNCS%20PAPER.pdf.

-241-

Capítulo 6

La soja en Argentina: las consecuencias del modelo agro-industrial sobre la

economía familiar, el medioambiente, la cultura y el patrimonio inmaterial en

Santiago del Estero, noroeste argentino.1

Mariela Paula Dubravka2

1. El nuevo modelo: la agricultura sin agricultores La agricultura sin agricultores consiste en la desarticulación de la producción familiar, su estructura económica y sociocultural que tiende a la desaparición de los productores. Giarracca y Teubal explican la hipótesis una agricultura sin agricultores. Este modelo, fortalecido en los noventa, tiende a desarticular la economía familiar (medianos y pequeños productores y campesinos), su estructura económica y socio-cultural; es decir tiende a su desaparición como productores

1 Este capítulo sintetiza aspectos de la Tesis de Maestría de la autora,

defendida en setiembre de 2012 en París, Francia. Dicha Tesis, denominada “L‟Argentine et le soja à ciel ouvert. Les consècuences du modèle agro-industriel sur l‟economie familiale, l‟environnement et la souverainetè alimentaire”, como este aporte, se concretaron en el marco del P.I. “Implicancias geográficas de la explotación de recursos naturales en la Argentina, 1990-2009. Una perspectiva crítica. Segunda etapa”, del Programa de Estudios Geográficos, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu. La Tesis fue dirigida por Frédéric Landy (Universidad París X) y codirigida por Jorge O. Morina (UNLu). 2 Master 2: Géographie et aménagement. Mención: Mondialisation et

dynamiques rurales comparées dans les pays du sud. Universidad Paris X y Escuela de Agronomía Agro Paris Tech.

-242-

agropecuarios. Si bien es parte del proceso general de concentración, la irrupción de la soja transgénica involucra un sistema productivo, acelera este proceso de exclusión productiva para los más débiles de este escenario, obligándolos a rentar sus tierras, cuando no las venden o no son desalojados, concentrando aún más la tierra y tomando mayor protagonismo los grandes productores, con capitales centralizados que permiten acceder a las nuevas tecnologías, como por ejemplo el glifosato. En medio de este proceso, llega la soja transgénica que aumenta la expulsión de medianos y pequeños productores y los campesinos. Se han visto obligados a alquilar sus tierras, a venderlas y ciertas veces han sido expulsados por los grandes propietarios con la complicidad del gobierno y la policía local. De esta manera, los grandes productores han aumentado su cantidad de tierras, concentrado el capital y monopolizado el acceso a las nuevas tecnologías como el glifosato y el paquete tecnológico que lo acompaña. Los chacareros pampeanos y los campesinos del norte argentino han tenido que recurrir a la búsqueda de otras actividades para mantenerse a causa de las medidas que en los inicios de la década del noventa se implementaron con mayor ímpetu en la economía nacional. A los problemas estructurales de bajos precios y escasez de recursos, se sumaron la desaparición de todas las medidas reguladoras que ponían un marco normativo a la negociación de los grandes procesadores o acopiadores. Algunos han accedido a créditos con el objetivo de readaptarse a los nuevos cambios, otros, como los pequeños productores pampeanos y norteños, han buscado multiocupaciones o diversificar sus actividades, engrosando, en muchos casos, la lista de desocupados. Giarracca y Teubal (2005)

Este modelo tiende a desaparecer las medianas y pequeñas explotaciones familiares. Entre los años 1960 Y 1988, 51.000 explotaciones han desaparecido, es decir 1.800 por año. Entre los censos agrícolas de 1988 y 2002, desaparecieron 6.263

-243-

explotaciones por año, en total 87.000 explotaciones. Entre ellas, 75.293 poseían menos de 200 hectáreas y 7.561 entre 200 y 500 hectáreas. Mientras tanto, la cantidad de propiedades de más de 500 hectáreas, y especialmente entre 1.000 y 2.500 hectáreas, ha aumentado, transformando el campo argentino en una agricultura sin agricultores. Los funcionarios de esta década, tuvieron como objetivo, desaparecer 200.000 producciones, calificadas como ineficaces (Teubal, 2009). El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002, identificó 24,5% menos de explotaciones agrícolas (pequeños y medianos) que en 1988, pero la caída fue mayor en provincias como: Buenos Aires (-33%), Córdoba (-36,4%), Neuquén (-41,4%), Tucumán (-41,2%), Corrientes (-35,7%), San Luis (39,3%) y Mendoza (31,6%). Según el CNA, la superficie media de las explotaciones, para el año 2002 fue de 538 hectáreas. Esta cifra es muy significativa si la comparamos con la superficie media de las de la Unión Europea que son de 50 hectáreas. Las explotaciones agrícolas de Estados Unidos tienen un promedio inferior a 200 hectáreas, sin embargo en Nuevo México, Nevada, Wyoming y Arizona, existen los ranchos de 2.000 hectáreas. En nuestro país, los “mega agro-empresarios” poseen superficies de 350.000 hectáreas.

2. Las explotaciones familiares y la pequeña producción Una de las proposiciones del presente trabajo es analizar la problemática de pequeñas producciones inmersas en un contexto nacional de sobreexplotación de tierras por la cultura de la soja destinada a la exportación. Argentina, Brasil y Estados Unidos, se encuentran en el corazón de una economía mundial demandante de soja. Los principales compradores son China, donde la soja es destinada al consumo

-244-

humano y animal, y Europa occidental, que la importa para la alimentación animal (Charvet, 2012). Paralelamente a esta situación, existe la economía familiar que necesita autoabastecerse e insertarse en la economía local. Sus actividades tradicionales les permiten satisfacer las necesidades básicas familiares. Sin embargo, por el actual modelo, esas unidades productivas peligran por la posible pérdida de la tierra y por la falta de capital necesario para realizar las inversiones necesarias. La ausencia del Estado se manifiesta por no ofrecer préstamos, no controlar las apropiaciones de las tierras donde habitan los campesinos, ni intervenir en el mercado nacional. Contrariamente, Carla Campos Bilbao, titular de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, creada a fines de 2009, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación, explica la presencia del Estado y afirma que el gobierno actual reconoce dos dominios específicos y bien diferenciados: de una parte, la agroindustria de la región Pampeana, donde se encuentran los commodities, los granos, el ganado, en su mayoría para la exportación; y de otra parte, la economía campesina y las pequeñas unidades de producción responsables del aprovisionamiento alimentario. Esta última contiene una gran cantidad de actores sociales. Está integrada por 1.200 organizaciones, 250.000 agricultores campesinos, que representan el 25% de las explotaciones agrícolas en Argentina, ocupando el 65% del trabajo rural que aporta el 30% del valor bruto de la producción total del país3. Carla Campos Bilbao afirma: “Trabajamos, fundamentalmente, para acercar ese sector a la cadena de producción. Por ejemplo, dotándolo de equipamiento y tecnología. Está el caso de las máquinas de ordeñe mecánico para tambos de menos de 20

3 Entrevista realizada por Raúl Dellatorre para el diario Página 12,

30/01/2012. http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-186528-2012-01-30.html

-245-

vacas. Se sistematiza la producción y se mejora la calidad del producto, reivindicando las condiciones del trabajo rural, no desplazándolo. Otro ejemplo es la instalación de silos para alimentación del ganado menor, caprinos y ovinos, que está siempre en manos de un capital familiar, desde la Puna hasta la Patagonia. Ya hay 62 silos de 40 toneladas instalados, de los cuales se retiran los alimentos para majadas de 200 o 250 cabras, asegurando su supervivencia todo el año”. Y continúa: “Son intervenciones puntuales que ayudan económicamente a hacer sustentable la actividad. Llevamos contabilizadas 2500 intervenciones en estos años, que han beneficiado directamente a 80 mil productores”.

La titular de la Subsecretaría explica el rol del gobierno actual y menciona los tres puntos estratégicos en los que trabaja el Ministerio: la creación de puestos de trabajo; la búsqueda del crecimiento de la producción alimentaria y la ocupación del espacio, es decir arraigar a la gente en su lugar de origen. Concluye: “Con cada intervención buscamos el equilibrio territorial, frente al avance de la frontera agrícola de los cereales. El problema de la pobreza no está en las zonas rurales, el 90 por ciento de pobres y marginados está en las grandes ciudades, muchos de ellos desplazados de su lugar de origen. Este sector de la economía agropecuaria, esta “otra” agricultura es la que menos política ha tenido. Nuestro proyecto revirtió esa situación” y afirma que el objetivo del Ministerio es incorporar al mercado a los pequeños productores y no es posible sin la intervención del Estado nacional.

3. La Argentina y el Cono Sur. Pequeña historia de la soja Argentina ha sido un país productor de materias primas concentradas en la región Pampeana, produciendo granos y carne para el mercado externo durante los años 1880-1930 y por otro lado las economías regionales extra-pampeanas producían

-246-

cultivos industriales como la caña de azúcar, los viñedos, el algodón y la yerba mate para el consumo interno. Durante los años 60, en el contexto latinoamericano, la presencia de los grandes latifundios era importante, la Argentina poseía un elevado porcentaje de pequeños y medianos productores con una producción elevada. En los años 1970, durante la última dictadura militar, la política económica que la primer junta militar aplicó fue neoliberal, dejando de lado al Estado bienestar, desindustrializando el país, privilegiando el sector financiero y aumentando la concentración de tierras a favor de la oligarquía terrateniente. Es, en esta década, que el campo argentino comienza a incorporar nuevas variedades de cereales y oleaginosas, introduciendo la doble cultura, la soja remplaza al maíz y el sorgo en la alternancia con el trigo. Estas tres culturas tradicionales comienzan a disminuir. Durante los años 90, la economía liberal fue reforzada por diferentes decretos que han permitido la liberalización del mercado, la expansión del monocultivo, específicamente la soja y el deterioro de las economías regionales. El decreto de 1991 es la principal ley que transformó el sistema agrario argentino, permitiendo la disolución de organismos como la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, la Dirección Nacional del Azúcar, entre otros. Estos institutos tenían por objetivo regular los precios de los cereales, de la carne y de los productos alimentarios, con el fin de sostener a los medianos y pequeños productores. Pero al mismo tiempo, el Estado permitió a las grandes corporaciones ejercer el control de los mercados agrícolas. La política del Estado ha sido ayudar al modelo agroindustrial, el gobierno ha prometido “la entrada de la Argentina en el primer mundo”, mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, erradicar la pobreza y el desempleo para llegar a un “estado de bienestar” como en los países centrales. Pero las promesas no han sido sostenidas y se comenzó a ver la desaparición de

-247-

industrias, los servicios públicos han sido privatizados, el monocultivo ha aumentado y específicamente la soja transgénica se expande en detrimento de la diversidad agroalimentaria. En 1996, aparece en el mercado argentino la semilla transgénica de soja Roundup Ready (RR), impulsada por el gobierno neoliberal y apoyada por distintos decretos que han favorecido la implantación del modelo. La introducción de soja implicó nuevas tecnologías: semillas transgénicas, herbicidas, el sistema de siembra directa, consolidando al “agrobusiness” como eje del sistema agroalimentario4. El periodista Coronato explica: A partir de 1994 Monsanto vende licencias a las principales semilleras del país, sin que se alcen voces contra la biotecnología (...) la introducción de los OGM en la Argentina se hizo sin debate público, ni siquiera parlamentario, y que tampoco hay leyes que autoricen su salida al mercado. La sociedad civil, señala, „ni siquiera está representada en la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), un organismo consultivo creado por Menem, para dar fachada legal a los OGM‟. De esta manera el Roundup Ready fue autorizada en 1996 y se extendió por el país a una velocidad única en su historia: más de un millón de hectáreas promedio por año. Datos de 2005 indicaron que la mitad de las tierras cultivadas están sembradas con soja transgénica (...) el 90% se exporta, principalmente a Europa y China (Coronato, 2009).

Para aquellos que defienden el modelo agro-industrial estiman que este modelo es el progreso mismo del país y afirman: “estamos en la frontera tecnológica, aquellos que no están a favor de los organismos genéticamente modificados (OGM) están en contra del progreso, no matemos la gallina de los huevos de oro”.

Los Grobo es un grupo dirigido por Gustavo Grobocopatel y

4 Teubal, Miguel (2009). “Expansión de la soja transgénica en la

Argentina”, En: http://ase.tufts.edu

-248-

posee más de 17.000 hectáreas, a ello se le suman 230.000 hectáreas alquiladas en Argentina, Brasil y Uruguay5. Producen 1,5 millones de toneladas de granos y comercializan más de 112.000 toneladas de harina, llegando a facturar unos 200 millones de dólares por año6. Este grupo es propietario sólo del 10 por ciento de las 150.000 hectáreas que explota (Katz, 2008).

El mismo empresario menciona los aspectos positivos del modelo: “el mercado dinámico de las tierras y los servicios, permiten practicar la agricultura sin tierra por la puesta a disposición de un esquema extraordinariamente democrático del acceso a los recursos” (Cóccaro; Maldonado, 2009, p. 56).

En la entrevista realizada por el diario Clarín, Gustavo Grobocopatel afirma: “el mundo necesita cada vez más de alimentos, biocarburantes y fibras, que nosotros producimos en un ambiente durable. Estas son buenas noticias para Argentina, no solamente para los productores, también para los argentinos”7 (Diario Clarín, 5 de marzo 2011).

La expansión de la soja ha atravesado la frontera de la región Pampeana, donde ciertas tierras han estado consideradas en un nuevo sistema agrícola. La incorporación de tierras como la provincia de Santiago del Estero ha sido favorecida por un cambio climático, por el aumento de las precipitaciones aumentando su productividad, actualmente es la quinta provincia productora de soja.

5Diario Página 12, Cash: “El desarrollo del agronegocio y el

bicentenario” http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4233-2010-03-28.html 6 Cóccaro y Maldonado, (2009), en L‟agriculture et les filières agro-

alimentaires en France et en Argentine, N° 210-2009/1. 7Diario Clarín, IEco: “Tenemos que festejar que el campo tenga

rentabilidad”, 05/03/2011. http://www.ieco.clarin.com/agronegocios/Grobocopatel-festejar-rentabilidad- campo_3_438586144.html

-249-

En los siguientes mapas, podemos observar la comparación entre la producción de soja del quinquenio 1991/95 y 2006/10. En la campaña 1994/95 dentro de la producción en la región Pampeana, la provincia de Santa Fe se sitúa en la primera posición con 5.650.097 toneladas, seguida por Córdoba con 2.658.700 toneladas y en tercera posición Buenos Aires con 2.608.200 toneladas. Quince años más tarde, Buenos Aires se encuentra en primer lugar con 17.054.947 toneladas, seguidas por Córdoba que produce 12.993.225 toneladas y Santa Fe pasa a la tercera posición con 10.432.721 toneladas. (Ver mapa N° 2 / 1punto = 2.000 toneladas).

Entre Ríos ha multiplicado la producción por trece en quince años, llegando a 4.029.745 toneladas en 2009/10. La periodista Marie-Monique Robin se entrevistó con un médico de la provincia y dice: “al menos dos veces por año, los aviones fumigadores o los mosquitos8 inundan la región con Roundup, muchas veces hasta las puertas de las casas, porque aquí la soja RR ha invadido todo” (Robin, 2009:283).

En Argentina, más que en otras partes del mundo, la publicidad de Monsanto asegura que el Roundup es “biodegradable y bueno para el ambiente” entonces no se han tomado precauciones frente a las fumigaciones que contaminan el aire, la tierra y las napas freáticas. El representante del Estado nacional, Miguel Campos afirmaba en una entrevista: “el Roundup es el herbicida menos tóxico que existe” (Robin, 2009:284).

Años más tarde, por primera vez en la historia argentina, el 22 de agosto de 2012 la justicia ha condenado a dos personas por “contaminación ambiental y riesgos de afectar la salud” en el barrio Ituzaingó Anexo de la capital de la provincia de Córdoba9.

8 Mosquitos: aparatos que son llevados por tractores con el fin de

expandir los herbicidas, su nombre se debe a sus brazos mecánicos largos en forma de alas. 9http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-201610-2012-08-2.html

-250-

Los condenados han sido: un productor de soja y un piloto de avión. La condena ha sido la prisión condicional, limitándose a trabajos de interés públicos. Este hecho tal vez marque un hito histórico y sea el comienzo de la toma de conciencia de parte del Estado y de las empresas que utilizan los fertilizantes.

Mapa N° 1: Producción de soja 1991/95 y 2006/10 – CONICET ©

La soja ha transformado la agronomía argentina, remplazando diversos cultivos tradicionales como también el ganado y la producción de alimentos de base destinados al mercado interno. La producción y la exportación de soja aumenta al ritmo de la demanda externa, la Argentina se posiciona como uno de los principales países utilizadores de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el mundo entero. En el siguiente mapa, seguida de los Estados Unidos, se encuentra la Argentina con una superficie de 22,9 millones de hectáreas cultivadas con OGM, es decir el 15,5% de la superficie total mundial y un tercio de la superficie cultivada por Estados Unidos.

-251-

Mapa N° 2: Los OGM en el mundo (Charvet, 2012, p.52).

4. Los efectos globalizadores en los sistemas agroalimentarios en Argentina10

En Argentina el sistema agroalimentario está conformado por un espacio socioeconómico que incluye la producción agropecuaria, la provisión de insumos agropecuarios, la comercialización, el procesamiento industrial y la distribución final de alimentos, denominados Sistema Agroalimentario Argentino (SAA) (Teubal; Rodríguez, 2002).

En el contexto nacional, las transformaciones han comenzado en la década del „70, con la apertura hacia un mercado externo, privatizaciones y desregulaciones. Pero en los años noventa son más significativos los cambios en este sector. Por medio de decretos desaparecen los entes reguladores, afectando las

10

Dubravka, Mariela (2010).

-252-

actividades finales y de distribución de la cadena agropecuaria. Estas políticas de ajustes estructurales incluyen cambios tecnológicos, incorporación de insumos y tecnologías, concentración y centralización de capitales, extranjerización, aumento de protagonismo de las empresas agroindustriales y supermercados transnacionales y transnacionalizados, lo que lleva a una integración vertical de los SAA.

Frente a este nuevo panorama, ¿cómo son afectados los actores sociales más débiles dentro de este sistema?

La aplicación de las medidas ya mencionadas, en el marco del “modelo neoliberal”, han marcado mayores diferencias entre el centro y la periferia, no sólo a nivel mundial, sino además dentro del país. En los años noventa esta dupla asumió formas más agudas. Beinstein asegura que esta situación agravó la tendencia plurisecular hacia la conformación de áreas geográficas (minoritarias) con ascendente nivel de ingreso por habitante, desarrollo tecnológico, etc., rodeada de espacios pobres, desestructurados. Éstos con poblaciones jóvenes mayoritarias y con escasos ingresos, circundan a las minorías económicamente ricas y demográficamente estancadas (Beinstein, 1999).

En Santiago del Estero, haciendo un recorte geográfico más puntual, también se observan dos paradigmas contrapuestos. Para de Dios y Radizzani, existe un centro de poder que desaloja a los productores rurales hacia los cinturones urbanos, expulsándolos de su modo de producción rural y aumentando las áreas periféricas metropolitanas. Por otro lado, movilizar y potenciar los recursos de los pequeños productores, mejoraría su economía, sus relaciones sociales y disminuiría el deterioro ambiental.

En Santiago del Estero el principal obstáculo para su desarrollo está originado en un sistema desigual de distribución y tenencia de la tierra, siendo los campesinos los principales perjudicados respecto a las grandes empresas capitalistas.

-253-

Actualmente el 70% de las explotaciones agropecuarias de la provincia tienen menos de 50 hectáreas y ocupan apenas el 3% de la tierra; mientras que en el otro extremo, el 1% de las explotaciones son mayores de 5.000 hectáreas y cuentan con el 43% del total de la tierra (de Dios; Radizzani, 1999).

El avance de la frontera agrícola se produjo sobre zonas que hasta el momento habían sido consideradas “marginales” para el modelo capitalista centralizado en la región pampeana, y ahora comenzaron a ser foco de interés para los grandes productores. Dicho proceso se dio fundamentalmente, pero no exclusivamente, en regiones consideradas “extra pampeanas”, como Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa o zonas de Córdoba.

Giarracca y Teubal (2005), continúan: este “arrinconamiento” de los pequeños productores y campesinos ante el avance de la frontera agrícola se lleva adelante por medio de una metodología de opresión, se presentan los nuevos dueños o “usurpadores” como los llaman los mismos campesinos, con títulos de propiedad, órdenes judiciales y muchas veces con la policía local, en representación del poder local, exigiendo el desalojo de los campos.

El desmonte es otra secuela de esta violenta metodología que deja a los campesinos sin el sustento natural para su autoabastecimiento. Las secuelas ambientales de la implementación de los paquetes tecnológicos incluye contaminación en el suelo, en las napas freáticas y afecta directamente la salud de la población circundante a los cultivos (Giarracca; Teubal, 2005).

Pablo Barbetta (2005) explica que el excedente generado queda a las grandes empresas no residentes en la zona y en donde la producción, basada en un uso intensivo del capital, no modificó la demanda de mano de obra ni tampoco implicó un aumento en los salarios. El autor continúa: otro proceso que hizo atractivas a las tierras de Santiago del Estero fue la sobrevaluación de los

-254-

inmuebles con el fin de obtener créditos hipotecarios, desde la década del setenta. Barbetta, considera estos conceptos como los antecedentes que explicarán los desalojos de pequeños productores y campesinos.

En Santiago del Estero, los movimientos campesinos toman mayor fuerza y convicción acerca de su disputa. Díaz Estévez (2007) resume la lucha contra las políticas de concentración y exclusión: las manchas de la modernización que implican la sojización de la provincia no garantizan la modernización del conjunto de la población rural, en todo caso se trata de un tipo de modernización con un grado importante de agresividad sobre los montes y los pobladores poseedores de las tierras. Resume la idea con la confrontación entre un sector dinámico de alta tecnología que excluye cada vez más a un campesinado empobrecido.

5. El avance de la frontera agrícola en Argentina

Existen dos factores que explican el aumento de la productividad biológica y económica del sector rural en los cincuenta últimos años en Argentina: la expansión de la frontera agrícola y la incorporación de nuevas tecnologías.

Históricamente, el productor tomó la decisión de producir en función de un vínculo económico entre las ventajas y los costos y, generalmente, ignoraba la relación entre las ventajas económicas y los costos ambientales en este tipo de decisiones (Viglizzo; Jobbágy, 2010).

El aumento de la producción bruta en las tierras pampeanas ha sido marcado por la expansión de nuevas tierras, hasta los años setenta y ochenta. A partir de este momento, la reconversión pudo explicarse por la producción intensiva de los insumos químicos. Sin embargo, el proceso de avance de las fronteras agrícolas continua sin pausa sobre las tierras naturales, los bosques y los pastizales en el Gran Chaco, noroeste y norte argentino.

-255-

Existen dos épocas bien diferenciadas del avance de la frontera agrícola:

- La primera se desarrolla durante la primera parte del siglo XX, donde la agricultura y la ganadería se desarrollan juntas de una manera extensiva y semi-intensiva, donde existía la rotación anual de pasturas y de forrajes anuales. Las principales alteraciones estructurales en la región pampeana, fueron causadas por el arado. El proceso de cambios de la tierra agrícola (cultivos y ganado) no hubieran sido posibles que por el detrimento de las tierras naturales.

- La segunda época comenzó a partir de los años 90, la intensificación agrícola se ha ejercido fuertemente y una importante densidad de animales han sido sometidos al “feed-lot”, con granos y forrajes provenientes de la agricultura pampeana que abastece los insumos necesarios para la ganadería intensiva. La soja es la agricultura más difundida que se desarrolló desde la región del noroeste, aumentando la incorporación de los insumos como el glifosato, provocando el aumento de riesgos en la pérdida de materias orgánicas y la erosión del suelo.

-256-

Mapa N° 3: Dinámica de la frontera agrícola bajo producción en condiciones de secano. (Viglizzo; Jobbágy, 2010, p. 12)

La pérdida de zonas naturales es visible en la ecoregión Chaqueña al noroeste durante tres periodos. Ella contaba con 275.000 km2 en 1956/1960; 242.000 km2 en la segundo período y 206.200 km2 en 2001/2005, esta ecoregión habría perdido un 25% del bosque nativo. El avance de la agricultura, y sobre todo de la soja en la Selva de Yungas, y en el bosque denso representa una pérdida del 4,3% de las tierras naturales, es decir unas 250.000 hectáreas. Las especies vegetales más afectadas son los quebrachales (Viglizzo; Jobbágy, 2010).

5.1. El avance de la frontera agrícola hacia las regiones extra-pampeanas. Argentina, ha sido un país agrícola diverso, proveedor de alimentos para todos los argentinos. En los últimos años, en las regiones del norte, las tierras dedicadas a la producción de la caña de azúcar o algodón, han sido reemplazadas por el monocultivo de soja y en la región Pampeana, éste sustituye el ganado, el cultivo del trigo y del maíz. Actualmente, el país es un

-257-

proveedor de materias primas que alimentan al ganado europeo y a la población china. La superficie agrícola utilizada (SAU11) en Argentina es de 129 millones de hectáreas, tres cuarto son pasturas. La superficie de las tierras fértiles en Argentina es de 33 millones de hectáreas para la cultura extensiva, industrial, las pasturas, los árboles frutales y la horticultura. Un ejemplo del avance de la frontera agrícola es la provincia de Santiago del Estero. Según el Ministerio de la Agricultura nacional, la provincia tenía durante la campaña 1994/95, 105.050 hectáreas de superficie cultivada con soja, quince años más tarde, la superficie aumentó a 811.500 hectáreas en 2009/10, es decir el 0,77% de la SAU nacional. Esta expansión la ha convertido a la provincia, en la quinta provincia productora de soja, luego de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En los siguientes mapas, podemos observar que en la región Pampeana, la expansión ha sido hacia todos los puntos cardinales, la provincia de Buenos Aires ocupa el primer lugar con 5.676.132 hectáreas en 2009/10 (412 % de la superficie en 1994/95), seguido por Córdoba con 5.128.640 hectáreas (321% de la superficie explotada en 1994/95). Santa Fe es la tercera superficie cultivada con 3.079.275 hectáreas, 2009/2010 (130% de la superficie de 1994/95). Entre Ríos, conocida por su diversidad agrícola, es hoy en día un “mar de soja”. El cultivo de la oleaginosa ha pasado de 127.000 hectáreas en 1994/95 a 1.468.000 hectáreas, es decir 11,5 veces más, en detrimento del cultivo de arroz que entre los años 2000 y 2003, cayó de 151.000 a 51.7000 hectáreas (Robin, 2009, p. 283).

11

SAU, del francés Surface agricole utilisée. Superficie agrícola utilizada. Comprende las tierras arables, las pasturas y los cultivos permanentes: arbolados o arbustivos (Charvet, 2010).

-258-

En 1990, la superficie de soja cultivada en Argentina era de 4.966.600 hectáreas. Sabiendo que en 1996, año en el que se introduce la soja transgénica aumentando a 18.343.272 hectáreas durante la campaña 2009/10, observado en el segundo mapa. De este modo, la frontera traspasó el límite de la región Pampeana, convirtiendo a Santiago del Estero, El Chaco, Tucumán y Salta en provincias sojeras.

Mapa N° 4: Comparación de la superficie cultivada con soja en Argentina en los quinquenales de 1991/95 y 2006/10. Cada punto

representa 1.000 hectáreas. CONICET©

-259-

5.2. La preponderancia de la soja en el avance de la frontera agrícola

El cultivo de soja se expandió hacia las regiones del norte argentino, como puede observarse en el mapa N° 5. Según el modelo capitalista, los grandes productores comenzaron a interesarse particularmente por las regiones, consideradas antes como “marginales”. Partiendo desde la región Pampeana, llegan, comprando o alquilando las tierras, hasta las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa y Córdoba.

Los siguientes mapas muestran los tres quinquenales (no consecutivos) de la expansión de soja. En el primero, el último año del quinquenio 1971/75, la producción llega a las 485.000 toneladas. En el segundo mapa, la última producción de 1989/90 aumentó hasta llegar a las 10.700.000 toneladas. Finalmente, en el tercero, la última producción del quinquenio 2001/05 llega a las 38.289.742 toneladas, es decir 79 veces más que en 1974/75.

1971/1975 1986/1990 2001/2005

Mapa N ° 5: Expansión histórica de la producción de soja en Argentina.

1 punto= 1.000 toneladas – CONICET ©

-260-

La expansión se realiza desde el centro de la región Pampeana en dirección noroeste, ocupando las tierras marginales. En esta región, las zonas que aparecen con un porcentaje de producción de soja elevado son: el sur de Buenos Aires, una gran parte de Córdoba, la mayor parte de Entre Ríos y Santa Fe, donde la expansión se realizó desde el norte, siendo éstas las principales provincias productoras de la oleaginosa.

6. Santiago del Estero: una provincia, dos caras. El Estado provincial frente al aumento de la brecha entre las grandes y pequeñas producciones

6.1. Descripción geográfica de la provincia12

Santiago del Estero posee una extensión de 136.351 km2, su territorio es una vasta planicie que presenta una leve inclinación en dirección noroeste-sureste. Es una provincia típicamente mediterránea, cruzada por dos ríos principales, el Dulce y el Salado, heterogéneos tanto en su caudal como por las posibilidades de aprovechamiento. En menor caudal y con un régimen intermitente se encuentran los ríos Horcones, Urueña y Albigasta13.

Geográficamente, pertenece a la región del Noroeste argentino (NOA) y naturalmente a la región del Chaco semiárido que pertenece a la ecoregión de Parque chaqueño, su superficie es de 67.495.995 hectáreas en América del sur de las cuales el 58% pertenece a la Argentina.

En el Chaco semiárido encontramos especies vegetales como el quebracho colorado, el quebracho blanco, el itín, el algarrobo negro, el mistol, el guayacá, la brea, le yuchán (o palo borracho),

12

Dubravka, Mariela (2010). 13

www.santiagodelestero.gov.ar

-261-

el garabato, entre otros14.

Su clima es cálido, corresponde al de regiones subtropicales con una temperatura media anual de 21,5°C con variantes extremas hasta de 45°C. En Santiago del Estero se distinguen la estación lluviosa y de fuertes calores y la seca de moderada temperatura. La estación lluviosa comienza en octubre y termina en marzo y la seca va de abril a septiembre.

La temperatura extrema observada en el verano para la provincia está ubicada en los 47°C. La mínima absoluta varía entre los valores límites que van desde -5°C a -10°C. Las precipitaciones tienen mayor significación en el período estival con una máxima que varía entre los 500 mm y 540 mm y una mínima de 300mm. Los vientos más fuertes tienen lugar en los meses de julio, agosto y septiembre, siendo los del sur y del norte de mayor velocidad media (aprox. 75 Km./h).

La provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 27 departamentos con poderes políticos y administrativos propios. Limita al norte con las provincias de Salta y Chaco; al este con las provincias del Chaco y Santa Fe; al sur con la provincia de Córdoba, y al oeste con Catamarca, Tucumán y Salta. Posee una población de 806.347 habitantes.

6.2. Santiago del Estero: del origen de los latifundios a la monoproducción de soja La historia de Santiago del Estero es compleja, por ocupar un rol periférico dentro de la economía nacional. La pobreza, las migraciones hacia las grandes ciudades, la poca participación de los ciudadanos en la vida democrática, son algunos de los

14

Fuente: Bosques y Fauna, Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de la provincia de Santiago del Estero Bosques Nativos de Argentina, 2002.

-262-

problemas sin solución que la provincia ha encontrado además de la ausencia de las políticas de desarrollo socio-económico llevadas a cabo para evitar la emigración (Zurita, 1999). A finales del siglo diecinueve y principios del veinte, Santiago del Estero tuvo un evento devastador producido por la explotación forestal, marcando las generaciones venideras. Entre 1898 y 1903, el gobierno de la provincia de Santiago del Estero ha subastado más de 4.000.000 hectáreas de monte nativo, siendo la venta más grande de tierras públicas de toda la historia de la República Argentina (de Dios; Radizzani, 1999). El objetivo de estos políticos había sido conquistar los vastos territorios, sin embargo, los resultados no estuvieron a la altura de lo que se esperaba. Las empresas que compraron estas tierras han extraído rápida y masivamente los productos forestales del chaco santiagueño, abasteciendo con esta madera, principalmente el quebracho, a la construcción de las líneas férreas de todo el país. El obraje ha sido un modo de producción particular. Consistía en la concentración del grandes latifundios, al este de la provincia, donde la mano de obra, de origen campesina, llegaban allí con toda la familia. Todos los miembros de la familia trabajaban en la tala del monte. Según Dargoltz, los latifundios se asemejaban a los feudos de la edad media (Dargoltz, 1998). En Moreno, que actualmente es uno de los principales departamentos productores de soja, habían grandes extensiones que llegaban a 100.000 hectáreas, representadas por un solo administrador, su propietario (Dargoltz, 1998). Esta situación no ha cambiado durante 40 años, las condiciones de trabajo continuaron asemejándose a una forma de esclavitud, afirmaba el director de trabajo en 1941 (de Dios; Radizzani, 1999). Durante la década del cuarenta, la actividad forestal comenzó a declinar por diferentes razones: la expansión ferroviaria cesó y las grandes empresas se interesaron a las plantaciones de

-263-

acacia, productoras del tanino en las colonias británicas de África. Los obrajes comenzaron a desaparecer y las familias campesinas se quedaron sin trabajo. Frente a la situación vivida en las zonas rurales santiagueñas, las familias tomaron dos caminos: algunas emigraron hacia las grandes ciudades, como Buenos Aires o Rosario, pero muchas otras decidieron quedarse. Un ejemplo de este último, es el caso de un campesino de Los Juríes, donde cuenta: “cuando terminamos el obraje, la mayoría decidimos quedarnos. Empezamos a trabajar en agricultura. De a poquito, bajó nuestra pobreza. Algunos trabajábamos con herramientas prestadas. Sembrábamos un cuarto o media hectárea, otros un poco más. Lo hacíamos como podíamos. Cultivábamos maíz, algodón, batata, zapallo, sandía..... Hubo quienes empezaron a criar algunas vaquitas. Así nos fuimos enraizando. En base al sacrificio fuimos agrandando los rastrojos. Íbamos desmontando y cultivando. De cualquier manera, no es mucho lo que tenemos” (de Dios; Radizzani, 1999:198).

De esta manera, los hacheros se arraigaron a las tierras abandonadas de los obrajes y se reconvirtieron en pequeños productores comunales. Construyeron sus ranchos15, escuelas para sus hijos y han trabajado la tierra con herramientas precarias y prácticamente sin ningún tipo de ayuda. Esto, ha generado en la provincia, un sistema de distribución y de posesión de la tierra bastante particular. El régimen territorial legalmente precario, se convirtió en uno de los principales obstáculos del desarrollo de la provincia. Dentro del NOA, la provincia presentaba en la década de 1990 uno de los niveles màs bajos de desempleo, porque la mano de obra era absorbida por el sector privado y, sobre todo, por la administración pública (Gómez Lende; Velázquez; Morina, 2006).

15

Ranchos: viviendas construidas con barro, madera y paja, resistentes al frío del crudo invierno y a los calurosos veranos, realizadas con elementos extraídos del monte.

-264-

La estructura económica santiagueña es primaria y heterogénea, existiendo diversos cultivos. Entre otros, podemos mencionar los cereales (sorgo y trigo), las oleaginosas (girasol, lino y soja), los cultivos industriales (algodón, maíz de Guinea o sorgo de escoba-sorghum vulgare) y las legumbres (ajo, cebolla, batata, zapallo, melón, sandía). La diversidad que se encuentra es explicada por los dos modelos: por una parte, las grandes explotaciones destinadas al mercado externo, utilizando las tecnologías y los insumos químicos y, por otra parte, las unidades de producción familiar que aseguran una economía de subsistencia. Hacia finales del siglo veinte, el auge del modelo capitalista en las actividades agrícolas contribuyó a hacer desaparecer, poco a poco, la mano de obra rural, que estaba constituida por los campesinos que practicaban una economía de subsistencia. Es el caso del sector algodonero que ha visto un descenso importante en la demanda del trabajo debido a la utilización de las máquinas (Zurita, 1999). Para la misma época, el 70 por ciento de las explotaciones agrícolas de Santiago del Estero, hacían menos de 50 hectáreas y no ocupaban que el 3 por ciento de la tierra, mientras que el 1 por ciento de las explotaciones superaban las 5.000 hectáreas que representaban el 43 por ciento del total de la tierra (de Dios; Radizzani, 1999).

El cultivo de la provincia se desarrolló bajo dos formas: en las zonas irrigadas, la fruticultura y la horticultura se orientaron hacia la obtención de los cultivos cesionarios, produciendo forraje, cereales y cultivos industriales y más específicamente el algodón de fibra larga. En las zonas de secano, práctica agrícola sin irrigación, el cultivo de granos y oleaginosas es la más adaptada16 (INTA, 2010).

16

Fuente: INTA-Santiago del Estero, « Informe cultivos de verano 2009/10 ».

-265-

6.3. Santiago del Estero y el avance de la soja

En Santiago del Estero, los departamentos del este, eran considerados como marginales, actualmente, Moreno, Taboada, Alberdi, Belgrano y Jiménez son los departamentos más importantes dentro de la producción de soja. Al avance de este cultivo crece hacia el oeste, hasta la isohieta de 500 mm, por las condiciones climáticas son optimas para esta producción (Morales, 2010).

En el siguiente mapa, observamos los departamentos productores de soja y los conflictos de tierras donde la mayor parte posee una relación directa con la producción elevada de esta oleaginosa. El avance de la soja, en esta provincia, se observa en el noroeste, proviniendo desde la provincia de Salta y Tucumán, en el noreste, junto a la frontera con el Chaco, y al sudoeste, la expansión parte de la provincia de Santa Fe.

Durante la campaña 2009/10, los registros indican que es la soja que ocupa principalmente el territorio provincial con 988.580 hectáreas. Según el ingeniero Daniel Pérez Caldo, en la entrevista realizada en abril de 2011, los departamentos de Moreno, Alberdi y Jiménez concentran los conflictos de la lucha campesina por la defensa de su tierra comunal, mientras que en Belgrano y Taboada, la problemática de las tierras no está tan presente.

En el siguiente mapa, podemos observar que en los departamentos Moreno, Alberdi y Jiménez, la producción de soja es elevada, entre 335.889 toneladas y mas de 559.816. los departamentos al sudeste tienen una producción de soja elevada, pero los conflictos son menos presentes. Sin embargo, los departamentos de Pellegrini (noreste de la provincia) y Copo, al oeste, actualmente presentan serios problemas. Si observamos el mapa, los conflictos más importantes se localizan al norte de la provincia (ver los recuadrados negros).

-266-

Mapa N ° 6: Relación entre la producción de soja y los conflictos de tierras

17.

7. La ilegalidad en la repartición de tierras La situación de campesinos en el monte santiagueño es frágil por distintos aspectos: legal, económico y ambiental. Un abogado de la provincia explica el rol que tienen los campesinos frente al

17

Fuente: http://www.siia.gov.ar/

-267-

avance de la frontera agrícola. P.M. es abogado y trabajaba en una asociación civil. Actualmente se dedica a litigar, es decir toma los casos cuando se judicializan, acompañando a los campesinos En una entrevista realizada en la provincia, en el año 2008, explica: “El campesino y su modelo productivo son contraculturales, me refiero en función de la legislación pensada para la pampa húmeda y no para el poblador de la llanura chaqueña. Nuestro campesino produce, en general para la subsistencia y autoabastecimiento. Por lo tanto, está fuera del circuito comercial especulativo que incorpora a la tierra como una "cosa del comercio" (no exporta, no fumiga, no consume agroquímicos, no tiene infraestructura básica, no tiene mercados, no contamina). Por esto y por otros motivos está prácticamente en los hechos, al desamparo del sistema legal que tradicionalmente prevé fórmulas para hacer valer derechos que no les son útiles. En simultáneo, hay movidas innovadoras en el derecho, como las incorporaciones a la Constitución Nacional sobre derechos aborígenes que ya no hablan de derecho de propiedad sino de "territorio". Pero en el gris, queda el campesino que no es un gringo pampeano adaptado a la propiedad privada, ni es un aborigen ocupante de un territorio (…) Es decir, hay un vacío legal ante esta realidad. Por eso existe una tendencia a la desaparición de las comunidades campesinas y los parajes, y un aumento en la concentración de grandes masas de población rural en los márgenes urbanos”. Respecto a lo legal sostiene: “Desde esta óptica (lo legal) veo que es un grave problema de índole social y que no es posible que la problemática se resuelva dejando librada la contienda a las dos partes y a los jueces. Dicho de otro modo, creo que es necesaria una intervención del Estado en la problemática, con mucha mayor incidencia y seriedad” 18. Las comunidades campesinas deben estar aconsejadas y necesitan ser reconocidas social, económica, política y legalmente. Es necesario y urgente que un cambio legal acredite el acto posesorio otorgándoles un título de propiedad a aquellas familias

18

Entrevista realizada al Dr. P.M. el 18 de octubre de 2009.

-268-

que viven allí por más de 20 años. Para ello el rol del Estado debe ser neutral y no inclinarse hacia los grandes propietarios o grandes empresas como suele suceder en ciertas ocasiones. Son muchas, las organizaciones que trabajan junto a los campesinos, otorgándoles una formación y consejos técnicos y jurídicos. Un ejemplo han sido los micro-emprendimientos, gracias a la ayuda de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales que les han permitido el acceso al microcrédito y a mejorar su producción. Estas actividades les han permitido preservar su modo de vida, sus costumbres y una eventual inserción en el mercado local. El sociólogo Rubén de Dios, coordinador del equipo técnico del “Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra”, durante una entrevista realizada en abril de 2011 explica que el “Comité de emergencias” y el “Registro” no han sido creados por una iniciativa del gobierno provincial, si no, de los movimientos sociales santiagueños, con el fin de colocar su reclamo en la agenda política. El Comité ha sido creado en diciembre de 2007 bajo el decreto N° 192/07 en la provincia cuyos objetivos eran: recibir las denuncias de los conflictos de tierra urgentes, ir al lugar de los hechos y tomar conocimiento exacto y estar informado de la situación. El ingeniero Daniel Pérez Caldo, miembro del equipo del Registro, da su punto de vista de la situación de las familias rurales sobre los dos problemas que se confrontan en la actualidad: la legalidad de sus tierras y el avance de la frontera agrícola en la provincia. En la entrevista realizada en octubre de 2009, explica: existen cerca de 13.000 familias campesinas en una situación precaria de las tierras y paralelamente el avance de la soja continua a paso fuerte, provocando desmontes y daños socio ambientales. Paralelamente al Registro, se creo un Comité de emergencias para aquellas familias que corren el riesgo de ser expulsadas por los desmontes, pero que el Estado no se ocupa. Según el

-269-

ingeniero, no se sabe qué es lo peor, el avance o la apatía estatal. Por medio del Registro, el gobierno propone una “solución jurídica”, con herramientas y elementos que se les ofrece a los poseedores candidatos a ser propietarios y así poder defenderse igualitariamente ante la justicia aprovechando el código civil y el derecho de posesión veinteñal. Estos recursos existen desde siempre, pero los campesinos no se servían de ellos por distintas razones: el desconocimiento, falta de información y de formación por parte de las organizaciones o simplemente falta de recursos económicos, explica Rubén de Dios en la entrevista realizada en abril de 2011 en la ciudad de Santiago del Estero.

8. Algunos conceptos para comprender la prescripción adquisitiva de dominio

“La prescripción adquisitiva es una institución de orden público, que se encuentra enumerada en el Art. 2524 (inc.7°) del Código Civil entre los modos de adquisición del dominio (…) La misma consiste en reconocer como propietario de un inmueble a aquel que lo tuvo, utilizándolo como si fuera real dueño, durante el lapso que la misma ley indica”. El fundamento esencial de la usucapión es la necesidad de proteger y estimular la producción y el trabajo. Es importante porque da seguridad de derecho y paz jurídica a quienes realmente trabajan la tierra. De este modo castiga el desinterés, la incuria, el abandono de la tierra por parte de los titulares de dominio, reconociendo el derecho a obtener el título de propiedad a quienes la han mantenido productiva, no sólo en beneficio individual sino social, cumpliendo el fin social del derecho de propiedad (Mathieu de Llinás, 2007). La doctora Mabel Mathieu de Llinás junto a José Levitán, comparten la idea que la prescripción es un camino hacia la

-270-

reforma agraria, que no se dará directamente, sino que dependerá de la fuerza de las organizaciones campesinas y un Estado receptor que comprendan que “la tierra es para quien la trabaja” (Mathieu de Llinás, 2007). La acción de reivindicación, según el Art. 2758 del Código Civil: “Es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquél que se encuentra en posesión de ella”. En estas acciones, realizadas por los nuevos dueños, que han heredado estas tierras sucesivamente pretenden reivindicar sus derechos sobre los inmuebles que, actualmente, cuentan con poseedores que han operado con la prescripción adquisitiva del dominio (Mathieu de Llinás, 2007). Respecto al título no debe entenderse en un sentido documental o formal, como instrumento probatorio del dominio, sino como causa legítima de transmisión o adquisición de la propiedad (Mathieu de Llinás, 2007:106). En cuanto a la posesión, es menester que el derecho de una cosa debe ser acompañado del ánimus dómini. Es decir, el campesino debe ocupar la tierra de manera continua, no interrumpida, pública y pacífica. Esto hace presumir el ánimus (Mathieu de Llinás, 2007). La posesión de un terreno se da cuando alguna persona tiene ese terreno bajo su poder, con la intención de ser su propietario. Está conformada por dos elementos: el cuerpo y el alma. El cuerpo y alma de la posesión, significa no reconocer a otro como si fuera el dueño, el campesino se comporta como único dueño. Produce, realiza mejoras, construcciones y posee derechos que le permitirían llegar a ser propietario de la posesión19.

19

MESA DE TIERRA: Cartilla Nº 1: Esta tierra es nuestra, Santa Fe, 2003.

-271-

El corpus, es sentirse con ánimo de dueño. Los campesinos deben realizar los actos posesorios, que es la explotación económica del suelo por medio de sementeras o plantaciones o crianza de ganado de acuerdo a la capacidad de los pastos, esto lo indica el Art. 8 de la Ley N 17746. En el caso de los campesinos santiagueños, explotan la tierra con una ganadería intensiva (Mathieu de Llinás, 2007). Son actos posesorios de cosas inmuebles como: “su cultura, percepción de frutos, su deslinde, la construcción o reparaciones que en ella se haga, y en general, su ocupación de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en alguna de sus partes”. Es decir que quede plasmada físicamente la acción y ocupación de la tierra (Mathieu de Llinás, 2007). El Registro de Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra fue inscripto por el decreto N° 215/06. En el año 2007 el Registro comenzó por una prueba piloto. Alexandra Ludueña, socióloga y miembro del equipo técnico, explica en una entrevista realizada en su oficina en abril de 2011, que entre los años 2008 y 2011 se han registrado 1.131 familias pero ninguna, hasta ese momento, ha obtenido el título de propiedad de sus posesiones. Las comunidades iniciaron un proceso de regularización llamado “dominial”, que significa que ciertas comunidades han comenzado un plan de preinscripción, otras el juicio de prescripción, es decir que cada caso se encuentra en una etapa diferente. Existen cuatro etapas para obtener el título de propiedad confeccionadas por el Registro:

1. Etapa previa a la registración: Todos aquellos que se consideren poseedores a título de dueño, ya sea en forma individual o comunal, pueden acercarse a la Oficina del Registro y solicitar su preinscripción.

-272-

2. Etapa de registración: Una vez definidas las zonas, de acuerdo a los criterios antes mencionados, el equipo técnico realizará otra visita para proceder a: explicar los objetivos, solicitar un croquis a mano alzada, verificar el plano por medio del georeferenciamiento y luego realizar un croquis de levantamiento territorial, tomar las declaraciones juradas y entregar la constancia a cada poseedor con un numero correlativo y único.

3. Etapa de confección de planos de levantamiento territorial: Una vez concluida la segunda etapa, los poseedores ya registrados deberán tomar contacto con los ingenieros agrimensores, que les confeccionarán los Planos de Levantamiento Territorial para la prescripción adquisitiva veinteñal.

4. Etapa de asistencia jurídica: los poseedores podrán tomar contacto con profesionales del derecho que los asistan en la preparación y presentación del juicio de prescripción adquisitiva veinteñal.

En el siguiente mapa se puede observar los departamentos que presentan conflictos de tierras y aquellos que esperan la llegada del equipo del Registro.

-273-

Mapa N° 7: Departamentos con conflictos de tierras. Claire Veysset ©

-274-

Foto N° 1: Etapa previa a la inscripción - Registro ©

Foto N° 2: Etapa de registración (elaboración de un plano a mano alzada) – Mariela Dubravka©

-275-

Foto N° 3: Etapa de confección de planos de levantamiento territorial - Registro©

-276-

Foto N° 4: Etapa asistencia jurídica (La comunidad ha obtenido su plano y podrá ir al juicio de prescripción)

- Registro©

9. Las comunidades campesinas, ¿pueden conservar un territorio en equilibrio? La comunidad es una “existencia de un conjunto de campesinos con una organización en común basada en sus vínculos personales, claramente delimitada espacial y temporalmente. Se entiende por comunidades campesinas a una “localidad rural organizada en torno a una central campesina u otro tipo de organización de base que se mantiene en el tiempo” (Díaz Estévez, 2007:44). Los campesinos, frente a la modernización de la agricultura, desarrollaron ciertas estratégicas de supervivencia. Los

-277-

miembros de cada familia realizan diferentes actividades complementarias a las tareas agrícolas como la cosecha del algodón, los viñedos, la caña de azúcar en otras provincias. La ayuda recibida del Estado y las diferentes formaciones le permiten integrarse a la red de intercambio y solidaridad entre ellos. No existen políticas gubernamentales que consideren y promuevan el desarrollo de estratégicas, es por esta razón que las familias rurales buscan trabajar en conjunto y complementarse. Cada día, las comunidades trabajan para conservar su modo de vida, no solamente por el aspecto económico, si no por el aspecto cultural con el fin de evitar la pérdida de valores como el lazo que ellos tienen con su tierra, con el monte, sus fiestas religiosas, culturales y su propia organización política (de Dios, 1998).

10. Conclusión Como hemos viso, la problemática de los campesinos santiagueños no posee un solo origen. Las políticas nacionales y provinciales obligan a las comunidades a cambiar su modo de vida. Muchas familias han perdido sus tierras, otras luchan cada día para quedarse en aquellas tierras que les pertenecen desde más de dos o tres generaciones. Ellas están obligadas a trasladarse hacia el conurbano de las grandes ciudades sin la certeza de insertarse laboralmente. La defensa de la tierra no depende solamente de las asociaciones o secretarías del gobierno que trabajan por los derechos de los campesinos, pero también del sistema económico argentino basado en la agroindustria. El poder económico de los grandes productores ejerce una fuerte presión en el medio rural argentino y una oposición al gobierno nacional, en el sector agrícola se prioriza el progreso económico, sin embargo no es democrático y provoca consecuencias

-278-

perjudicables como: “desaparición de medianos y pequeños productores y trabajadores rurales, la creciente pérdida de la soberanía alimentaria, la gran vulnerabilidad a que está siendo sometido nuestro agro a causa de la especialización en este cultivo exclusivamente de exportación, el deterioro ambiental, la pérdida de la biodiversidad en nuestro medio, la dependencia respecto de grandes empresas transnacionales que son proveedores excluyentes de la semilla, la expulsión del sector de medianos y pequeños productores y campesinos por parte de grandes productores, aumento de la pobreza, una regresión en la distribución del ingreso y de la riqueza en el orden nacional” (Teubal, 2006).

Se entiende por soberanía alimentaria “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Cumbre Mundial de la Alimentación 2002 en: Giarracca; Teubal, 2005).

Luego de haber analizado las consecuencias del “modelo”, las preguntas son las siguientes: ¿El pueblo argentino puede conservar su soberanía alimentaria? ¿El gobierno nacional es capaz (y tiene voluntad) de cambiar la dirección económica del país en beneficio de los más desfavorecidos del esquema reinante? La protección de la cultura campesina podría ser un derecho que el gobierno nacional y provincial deberían comprometerse en concederles a los campesinos, en el futuro. Sin embargo, hoy en día la verdad es muy diferente, el gobierno ha priorizado el modelo agroindustrial. Proteger el patrimonio inmaterial de los campesinos, ¿sería una manera de proteger su economía?

-279-

Considero que el reconocimiento de este patrimonio cultural, como su propio savoir-faire es la llave que les permitirá defender su tierra, defender su cultura, su economía y de este modo obtener las herramientas para lograr su objetivo principal: la obtención del título de propiedad. Los campesinos no sólo necesitan “una porción de tierra”, necesitan mejorar la agricultura de subsistencia, proteger sus mitos, leyendas, el mestizaje religioso … entre cristianismo y el paganismo20. Esta fusión se refleja en la música, la danza... fruto de la fusión entre la cultura aborigen, la lengua quichua, el monte y otros aspectos del patrimonio cultural santiagueño. La poesía, la música, el canto santiagueño reflejan su historia, su lucha, su desarraigo y su paisaje, características que marcan elementos de identidad con respecto a culturas de otras provincias y regiones. Las comunidades campesinas, ¿pueden, en estas condiciones, conservar un territorio en equilibrio? Difícil de responder a esta pregunta, porque el proceso de la "soja a cielo abierto" está en continuo desarrollo. La compatibilidad entre ambos modelos productivos, actualmente es inexistente. Para incluir la agricultura de autosubsistencia de los pequeños productores en la economía nacional hará falta un cambio importante en la economía del país y todo dependerá de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos nacionales y provinciales.

11. Bibliografía BARBETTA, Pablo. “El movimiento campesino de Santiago del Estero: Luchas y sentidos en torno a la problemática de la tierra”, en Giarracca, Norma; Teubal, Miguel (Coord.): El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad. Buenos Aires, Alianza, 2005.

20

Entrevista a Raúl Juárez, profesor, músico y estudiante de filosofía santiagueño. Realizada en agosto de 2012.

-280-

BEINSTEIN, Jorge. La larga crisis de la economía global. Buenos Aries, Corregidor, 2008.

BUZAI, Gustavo; MORINA, Jorge Osvaldo. Primeras Jornadas de Investigación del Programa de Estudios Geográficos. PROEG, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, 2011.

CHARVET, Jean-Paul; SIVIGNON, Michel (dir). Géographie humaine. Questions et enjeux du monde contemporain. Paris, Ed. Armand Colin, VUEF, 2002.

CHARVET, Jean-Paul. Atlas de l‟agriculture. Comment pourra-t-on nourrir le monde en 2050. Paris, Editions Autrement, 2010.

CHARVET, Jean-Paul. Atlas de l‟agriculture, Colección: Tout le monde en cartes. Paris, Editions Autrement, 2012.

CHOAY, Françoise. L‟allégorie du patrimoine. Paris, Armand Colin, 2003.

CÓCCARO, José; MALDONADO, Gabriela. “Réflexions critiques pour penser le territoire argentin aujourd‟hui. Le prétexte du soja”, in: Revista NOROIS, N° 110, L‟agriculture et les filières agro-alimentaires en France et en Argentine, 2009.

CORONATO, Adolfo. “La mala hierba de Monsanto”, en Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, Mayo, 2009.

CORONEL DE RENOLFI, Mabel. Determinación de lo óptimo económico en explotaciones-tipo del área de Riego del río Dulce de Santiago del Estero. Universidad Politécnica de Madrid, 2003.

CUCHE, Denys. La notion de culture dans les sciences sociales. La Découverte, Paris, 1996.

-281-

DARGOLTZ, Raúl. Hacha y quebracho. Santiago del Estero, Sigma, 1998.

DE DIOS, Rubén. “Políticas para la pequeña producción agropecuaria o el derecho a permanecer”, en Revista Realidad Económica, Nº 158, IADE, Buenos Aires, 1998.

DE DIOS, Rubén; RADIZZANI, Alejandro. “Tierra y desarrollo sustentable: el conflicto de La Simona, Santiago del Estero. El desarrollo rural sustentable y la tenencia de la tierra”, en Revista Realidad Económica, Nº 160/161, 16/11/98 al 15/02/99, IADE, Buenos Aires, 1999.

DENVIR, Daniel. “Porqué esta crisis no es como las anteriores”. Entrevista a Jorge Beinstein, en Red GeoEcon, 5 agosto de 2008.

DÍAZ ESTEVEZ, Pablo L. Tierra y Educación en el campesinado de Santiago del Estero. Buenos Aires, Nuestra América Editorial, 2007.

DIERCKXSENS, Wim. “Especular con alimentos”, en Suplemento Cash del diario Página 12, 25/05/2008.

DOMÍNGUEZ, Diego et Pablo SABATINO: “La muerte que viene en el viento. La problemática de la contaminación por efecto de la agricultura transgénica en Argentina y Paraguay”, en VVAA. Los señores de la soja. La agricultura transgénica en América Latina. Buenos Aires, CICCUS, 2010.

DUBRAVKA, Mariela Paula. Tesis de grado: “Movilización de las comunidades campesinas en la provincia de Santiago del Estero, en respuesta al avance de la frontera agrícola en el noroeste argentino”, 2010, en: BUZAI, Gustavo; Morina, Jorge Osvaldo (comp.): I Jornada de Investigación del Programa de Estudios Geográficos. En homenaje a la profesora Elena Chiozza,

-282-

Departamento de Ciencias Sociales, Programa de Estudios Geográficos (PROEG), Universidad Nacional de Luján, 2011.

DUFUMIER, Marc. Agricultures et paysanneries des Tiers mondes. Paris, Karthala, 2010.

FERNÁNDEZ, Susana B. “Estudio comparado de dos movimientos agrarios argentinos: las Ligas Agrarias del Nordeste y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE)”, en Anuario de la División Geografía 2007-2008, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu, Luján, 2008.

G.E.P.A.M.A. (Grupo de Ecología del Paisaje y el Medio Ambiente). “Las fronteras de la soja”, en Revista Fronteras, N° 3, 2004.

GIARRACCA, Norma; TEUBAL, Miguel (coord.). El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad. Buenos Aires, Alianza, 2005.

GIARRACCA, Norma; TEUBAL, Miguel. “Más debate por la soja”, en Suplemento Cash del diario Página 12, 25/04/2010.

GÓMEZ LENDE, Sebastián; VELÁZQUEZ, Guillermo; MORINA, Jorge Osvaldo. “Reestructuración productiva, exportaciones provinciales y desempleo en el Noroeste Argentino (1991-2000)”, en MORINA, Jorge O. (Director): Neoliberalismo y Problemáticas Regionales en Argentina. Interpretaciones geográficas, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu, Luján, 2006.

HARVEY, David. Espacios de esperanza. Ed Akal, 2003.

INTA-Santiago del Estero. “Informe cultivos de verano 2009/2010”, 2011.

LOPEZ, Juana; BARRAZA, Gabriela. RIAN (Red de Información Agropecuaria Nacional). Santiago del Estero. SIG y

-283-

Teledetección – Área Recursos Naturales – INTA EEA Santiago del Estero. Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero, 2010.

MATHIEU DE LLINAS, Mabel: El derecho a la tierra. Posibilidades y limitaciones para las comunidades rurales. Santa Fe, Ed. INCUPO, 2007.

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. Histoire des agricultures du monde. Du néolithique à la crises contemporaine. Paris, Editions du Seuil, 2002.

MESA PROVINCIAL DE TIERRAS. Cartilla Nº 1 y Cartilla N° 2 : Esta tierra es nuestra, Santa Fe, 2003.

MESA PROVINCIAL DE TIERRAS. Propuesta de Política Agraria para la provincia de Santiago del Estero. Documento orientado a la problemática de los campesinos, Santiago del Estero, 2004.

PENGUE, Walter. Cultivos transgénicos. ¿Hacia dónde vamos? Buenos Aires, Lugar editorial, 2000.

PENGUE, Walter. Agricultura Industrial y Transnacionalización en América Latina. Red de Formación Ambiental. México, 2005.

PENGUE, Walter. “Energía y Alimentos en el mundo de hoy: Aportes para un debate abierto”, publicado el 10 abril de 2008. En el seminario "Agrocombustibles en la Argentina" (organizado por IADE, GEPAMA y la Fundación Heinrich Böll), 2008.

POTH, Carla Mariela. “El modelo biotecnológico en América Latina. Un análisis sobre las posturas de los gobiernos de Lula y Kirchner en torno a los organismos genéticamente modificados”, en VVAA. Los señores de la soja. La agricultura transgénica en América Latina, Buenos Aires, CICCUS, 2010.

REGISTRO DE TIERRAS. Funcionamiento del Registro y otros documentos: Constancia de Registración. Declaración Jurada Nº

-284-

1, Declaración Jurada Nº 2, Esquema del Mecanismo del Registro de Tierras y Folio de Poseedores. Esta documentación ha sido compartida por el Ing. Daniel Pérez Caldo con la aprobación de todo el equipo del Registro, 2008.

ROBIN, Marie-Monique. Le monde selon Monsanto. Paris, La Découverte, 2009.

SVAMPA, Maristella; STEFANONI, Pablo (Comp.). Bolivia. Memoria, insurgencia y movimientos sociales. Buenos Aires, El Colectivo, 2007.

TEUBAL, Miguel; Rodríguez, Javier. Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica. Buenos Aires, La Colmena, 2002. Capítulos: 4, 5 y 6.

TEUBAL, Miguel. “Expansión del modelo sojero en la Argentina. De la producción de alimentos a los commodities”. Revista Realidad Económica Nº 220, Buenos Aires, 2006.

TEUBAL, Miguel. Expansión de la soja transgénica en la Argentina, 2009 in: http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/AgricultureBook_Span/PromesasPeligrosCh4Teubal.pdf

VIGLIZZO, Ernesto; JOBBAGY, Esteban. Expansión de la Frontera Agropecuaria en Argentina y su Impacto Ecológico-Ambiental. Ed. INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), 2010.

ZURITA, Carlos. El trabajo en una sociedad tradicional. Estudios sobre Santiago del Estero. Santiago del Estero, Ed. CICYT-UNSE, 1999.

-285-

Mapas:

CHARVET, Jean-Paul. Atlas de l‟agriculture. Collection: Tout le monde en cartes, Paris, Editions Autrement, 2012.

CONICET-IMHICIHU. Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. Colaboración de la Arq. Mariela P. Marino.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Presidencia de la Nación.

VEYSSET, Claire. Mémoire Master 1 : Développement rural: ONG et régularisation foncière. L‟étude de cas de trois ONG locales à Santiago del Estero, Argentine. Université Paris I, septiembre 2011.

Instituciones y organizaciones:

Bosques y Fauna. Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras; CEPAF-NOA; CONICET; DUFINOC; El Ceibal: Asociación Civil; G.E.P.A.M.A.; INDEC; INTA; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Presidencia de la Nación; MOCASE; MST; OCCAP; PRODEMUR; PROINDER; PSA; El Registro: Registro de aspirantes a la regularización de la tenencia de la tierra; Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA). UNESCO

Páginas webs:

http://www.americaeconomia.com/ http://www.ase.tufts.edu http://www.clarin.com/ http://www.creapharma.ch/ http://www.cuencarural.com http://www.fundapaz.org.ar http://www.ign.gob.ar/ http://www.indec.gov.ar/

-286-

http://www.laargentinaenmapas.com.ar/ http://www.lafranceagricole.fr http://www.me.gov.ar http://www.minagri.gob.ar/ http://www.pagina12.com.ar http://www.patrimsf.org/ http://www.proinder.gov.ar/ http://www.proteger.org.ar http://www.siia.gov.ar http://sig.ign.gob.ar/

-287-

Capítulo 7

Capitalismo agrario y expansión sojera en la Argentina: ¿un extractivismo sin

retorno?*

Jorge Osvaldo Morina; Graciela Patricia Cacace**

1. Introducción

Este trabajo sintetiza avances y resultados de investigaciones en curso sobre las características y consecuencias de la explotación de perfiles productivos exportables en la Argentina, en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Específicamente, nos ocupamos aquí de la expansión de la agricultura industrial transgénica en el país, tomando como caso paradigmático el proceso de aceleración de un fenómeno previo como es la sojización1. Para ello, hacemos hincapié en la geografía

* El presente trabajo forma parte de los resultados del P.I. “Implicancias geográficas de la explotación de recursos naturales en la Argentina, 1990-2009. Una perspectiva crítica”, en su segunda etapa (2012-2013), en el marco del PROEG del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu. ** Docentes-Investigadores de la Universidad Nacional de Luján morina@sinectis.com.ar ; cacacegraciela@gmail.com 1 Las razones de la sojización en la Argentina y otros países periféricos

se encuentran aplicando el interjuego de las escalas espaciales de análisis. Las profundas transformaciones en la producción y comercialización de alimentos a escala mundial han ido asignando funciones a países y regiones. Nuestro país es uno de los grandes

-288-

económica y en la economía política del agro-capitalismo, haciendo apenas mención de algunas consecuencias sociales, territoriales y ambientales, que no desarrollamos aquí. El análisis se realiza desde el enfoque materialista-histórico y se contextualiza en la fase actual del sistema internacional, con énfasis en la incidencia de la concentración, centralización y especulación capitalista. En un contexto internacional caracterizado por los rasgos seniles del capitalismo, es objetivo general de este capítulo interpretar y explicar algunos comportamientos de una geografía periférica como la Argentina, circunscriptos a la evolución reciente del capitalismo agrario en nuestra formación social histórica. El camino metodológico seleccionado se inicia presentando brevemente un marco teórico-conceptual que se apoya en recordar algunas ideas y conceptos que resultan básicos, desde el materialismo histórico, para describir e interpretar al modo de producción (y a la vez sistema geográfico mundial) capitalista. Luego, y reconociendo que transitamos la fase senil del capitalismo, se avanza en la identificación de las tendencias inherentes al modo de producción dominante a través de un análisis acotado a los grandes cambios acaecidos en el agro argentino en las últimas décadas, sobre todo con la acelerada expansión de la agricultura industrial que, en nuestro país, tiene su expresión más contundente (y preocupante) en el denominado proceso de sojización. Este proceso es interpretado y explicado en base a información cualitativa y cuantitativa,

productores de granos, aceites y harinas proteicas que se orientan, sobre todo en otras naciones, a la producción de proteínas animales. Reconociendo que se trata de un proceso previo a la transgénesis, que se acelera luego de la liberación comercial de la soja RR, cabe consignar que este cultivo pasó de 37.000 ha. en 1970/71 a 6.000.000 ha. en 1995/96. Posteriormente, el avance de la soja GM (genéticamente modificada) fue muy rápido, pasando de 370.000 ha. (5,5% del total de la soja sembrada) en 1996/97 a 12.446.000 ha. (98,7 % del total) en 2002/03 (Rodríguez, 2010).

-289-

principalmente a partir de fuentes secundarias. Entre ellas, datos estadísticos de origen estatal o privado que, por un lado, permiten apreciar la gran difusión de la soja en el territorio nacional desde la liberación e imposición comercial de la semilla transgénica. Por otro, nos muestran la evolución que paralelamente han tenido otros elementos clave del paquete tecnológico, como es el caso de la siembra directa y el incremento exponencial que tuvo el uso del principal agrotóxico aplicado. La concentración y centralización del capital en el agro se torna cada vez más aguda; las consecuencias son cada vez más dramáticas.

2. Marco Teórico-Conceptual El trabajo humano es la única fuente de valor y generación de la riqueza social. En el capitalismo, la Fuerza de Trabajo (FT) tiene como misión la valorización del capital. Pero este proceso de valorización del capital, ocurre en el marco de una relación objetiva (más allá de la voluntad de los capitalistas) que tiende a desplazar a la mano de obra por la máquina. A medida que avanza el proceso de acumulación, el aumento de la inversión de capital en Medios de Producción (MP) (maquinaria, materias primas y auxiliares) va siendo progresivamente mayor que la parte de ese aumento invertida en FT. Esta relación entre los MP y la FT es lo que se llamó Composición Orgánica del Capital (COC) (Marx, 1946). En otras palabras, el avance de la acumulación capitalista implica el aumento de la COC y, con ello, el dominio creciente del capital sobre el trabajo.

De acuerdo con el párrafo anterior, en tanto avanza la acumulación la fuente de obtención de capital se reduce. Esto es lo que Marx denominó ley tendencial decreciente de la tasa de ganancia. Es así que, al avanzar la acumulación, para “emplear” el mismo número de obreros hace falta cada vez un mayor capital a invertir en cada rotación. Se explica entonces la tendencia hacia la centralización del capital que supone la lucha intercapitalista.

-290-

La tasa de ganancia media del capital se forma en el mercado. Los capitalistas extraen plusvalía y se la reparten luego a instancias de la ley del valor, por intermedio de la ley de oferta y demanda según su grado de competitividad. Los más eficientes se quedan con su plusvalía y con parte de la de los menos eficientes. Mientras algunos crecen, otros pasan a las filas del trabajo asalariado.

La acumulación de capital conduce a la concentración de los MP en manos de capitalistas individuales y, como contrapartida, a la expropiación de las formas precapitalistas de producción. Sin dudas, en el siglo XXI, es plena la vigencia (señalada por un destacado geógrafo de nuestro tiempo) del concepto de “acumulación por desposesión”, al que hicieran sus aportes nada menos que Rosa Luxemburgo y Carlos Marx (Harvey, 2004). De ese modo, concentración y centralización son dos aspectos de un mismo proceso: el avance de la acumulación de capital. La concentración es impulsada por la penetración de las relaciones capitalistas en nuevos campos de producción; la centralización los es por la competencia que se establece entre los capitales ya existentes para ganar escala y competitividad. En esta fase senil del capitalismo se siguen desarrollando ambas tendencias. La centralización adquiere enormes proporciones a impulsos del capital financiero y su alta incidencia en los recurrentes procesos especulativos que tanto afectan la evolución de los precios internacionales del petróleo, del cobre, del litio, de cereales y oleaginosas, etc. Se torna cada vez más evidente que “aumenta el volumen mínimo de capital individual necesario para explotar un negocio en condiciones normales” (Marx, op. cit.).

Tanto a escala nacional como internacional, los oligopolios y monopolios dominan el escenario y controlan el conjunto de eslabones de cada proceso productivo en particular. Al mismo tiempo, el Estado capitalista cumple a pie juntillas con las funciones para las que fue creado, tomando claramente partido por el capital concentrado monopólico y oligopólico, en desmedro de la pequeña producción y los trabajadores urbanos y rurales.

-291-

La agricultura capitalista se potencia con el desarrollo de las ciudades y sus demandas, demandas que son hoy internacionales. A medida que el capitalismo avanza va imponiendo su propia lógica: la concentración barre las formas precapitalistas y la centralización hace lo suyo con la pequeña propiedad. Las semillas, que históricamente eran reproducidas en el propio predio, con el desarrollo de la acumulación fueron transformándose en mercancía y dieron lugar a la aparición de pequeñas empresas especializadas en esta rama. La lucha intercapitalista que lleva a la centralización en este campo, se expresó en los últimos años con la compra de más de 600 empresas productoras de semillas en todo el mundo por la corporación Monsanto (Chifarelli et al, 2007). Otro tanto puede decirse en materia de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, maquinarias e instrumentos agrícolas, en todos los casos orientados a maximizar las ganancias en el menor tiempo posible. Esto es, privilegiando el horizonte temporal del lucro y la velocidad de rotación del capital por sobre los tiempos ecológicos de reposición del recurso natural explotado.

Por su parte, la competencia por precios, actúa presionando por el aumento de la escala de producción, definiendo una tendencia al aumento de la gran explotación frente a la pequeña, no sólo en materia de propiedad o control de la tierra, sino también en lo que hace a todo el paquete tecnológico impuesto por las grandes corporaciones y el Estado.

Hoy se hace más notoria la hegemonía del capital financiero, cuya conformación y avance fueran tan bien analizados hace casi un siglo por Lenin. Entre los aspectos destacados por Lenin acerca del fenómeno del capital financiero, está el de la exportación de capitales, que se vuelve dominante en desmedro de la exportación de mercancías y también marca nuestra época actual, en el sentido que las economías nacionales de los países dependientes como el nuestro, van quedando atrapadas en esta dinámica imperialista, sujetas al ciclo de inversión capitalista mundial. El nivel de escala alcanzado por estos consorcios financieros internacionales les permite imponer el tiempo social

-292-

de producción y el nivel mínimo de competitividad, con incidencia en toda la economía (Teitelbaum, 2006; Chifarelli et al, op. cit.). Controlar el dinero, los insumos, la comercialización, las maquinarias, etc., les permite a estos grupos operar incluso, en condiciones de coyuntura económica muy desventajosas para otros actores, lo que acelera la ruina de la pequeña propiedad.

Otro aspecto clave en relación al desarrollo del capitalismo en el agro es el de la renta. La renta es el ingreso que corresponde al propietario de la tierra por poseer el monopolio de una parte del planeta. Kautsky (2002) mostraba como según progresa la acumulación, la renta diferencial, renta que surge de la puesta en producción de terrenos menos productivos o más distantes, tiende a crecer por el aumento de las demandas desde los centros urbanos. A esta renta diferencial “primaria” le sigue la renta diferencial II que es producto no ya del aumento de la producción mediante incorporación de nuevas tierras, sino del aumento de la inversión en las tierras que están siendo producidas. Esta renta es la que marca, si se está produciendo una expansión capitalista.

3. Acerca del contexto internacional actual Desde fines de los años sesenta e inicios de los setenta, el sistema geográfico y modo de producción capitalista atraviesa crisis cada vez más profundas y de mayor extensión social y espacial. Pero “esas crisis” son indivisibles e inseparables de la larga crisis de la economía global, que promueve niveles de concentración económica y exclusión (marginación) social como tendencias inherentes al capitalismo.

De todos modos, se ha difundido una especie de “consenso amplio” –gracias también al derrumbe de la primera experiencia de construcción de una alternativa socialista- sobre la idea de que el capitalismo representaría un horizonte insuperable. Pero claro, esta interpretación deja de lado una serie de

-293-

características nuevas que expresan lo que se ha definido como la “senilidad” del sistema capitalista (Beinstein, 1999; Amín, 2002). Por cierto, cuando se nos presentan algunos discursos dominantes referidos a la nueva organización del trabajo (la llamada “sociedad en red”), o también a las transformaciones en la propiedad del capital (“modo de acumulación patrimonial”, o de modo más vulgar “capitalismo popular”), o cuando se menciona a la ciencia convertida en “factor fundamental de producción”, estamos en presencia de “ilusiones tecnicistas”. Por supuesto, esas ilusiones se repiten a lo largo de la historia, porque la ideología del sistema siempre ha tenido necesidad de ellas para evadir la verdadera cuestión: ¿Quién controla el uso de la tecnología? ¿Quién controla los conocimientos necesarios para la producción?

En su expansión mundial, el capitalismo ha construido, reproducido y profundizado sin cesar, una asimetría entre sus centros de conquista y las periferias dominadas. Es por eso que podemos coincidir en definir al capitalismo como un sistema imperialista natural, representando el imperialismo la “fase permanente” del capitalismo (Amín, op. cit.). En el contraste expresado a través de las asimetrías crecientes, es interesante notar la contradicción principal del capitalismo, entendido como sistema geográfico mundial. Tal contradicción se manifiesta también en términos ideológicos y políticos, a través del contraste entre el discurso universalista del capital y la realidad de lo que produce su expansión, es decir, la creciente desigualdad entre los pueblos de la Tierra.

Todo parece indicar que el capítulo de la expansión constructiva (recordando el concepto “destrucción creadora” utilizado por Schumpeter) se ha cerrado de manera definitiva. El actual flujo de ganancias y de transferencias de capital “de Sur a Norte” supera con amplitud, y no sólo en términos cuantitativos, el reducido flujo de nuevas exportaciones de capital en sentido contrario. Este desequilibrio no es coyuntural, como pretende la prédica liberal, y se traduce en un vuelco en las relaciones entre la dimensión constructiva y la destructiva, ambas inherentes al capitalismo. Hoy, cada expansión –incluso marginal- del capital

-294-

en las periferias implica destrucciones de alcance inimaginable. Por ejemplo, la apertura de la agricultura a la expansión del capital, marginal en términos de oportunidades potenciales para la inversión (y en términos de creación de puestos de trabajo modernos, de alta productividad), vuelve a poner en discusión la supervivencia del género humano (Amín, op. cit.). Más aún si pensamos en términos de agricultura industrial transgénica o de agrocombustibles, que presentados por sus propagandistas (en ocasiones partícipes de ámbitos académicos) como soluciones para el hambre y el agotamiento de los combustibles fósiles, no paran de producir miseria y destrucción de bosques nativos, a la par del violento corrimiento de pueblos campesinos. Sin dejar pasar que esto se produce con la complicidad activa de “los proxenetas de la desdicha” que integran los distintos poderes de las democracias formales a escala local, provincial y nacional2.

4. Concentración y especulación en el sector agroalimentario a nivel mundial Frente a la crisis financiera e inmobiliaria, que estalló en Estados Unidos en agosto de 2007, los grandes fondos de inversión especulativos trasladaron millonarias sumas de dinero a la plaza internacional de commodities. Cuando la burbuja inmobiliaria se pinchó, los especuladores rehabilitaron un viejo paraíso: los mercados de cereales y oleaginosas. Estos alimentos se han convertido en un objeto más del juego financiero, cuyos precios se modifican (y aumentan) por movimientos especulativos y no en función de los mercados locales o las necesidades de la población.

2 Por cierto, nuestro país constituye un desgraciado ejemplo en materia

de impulso oficial a las formas de expansión “modernizante”, con aniquilamiento de perfiles productivos y expoliación de recursos naturales, como es el caso de la sojización, la gran minería a cielo abierto, los cultivos forestales y otras tragedias (crímenes) actuales.

-295-

Según la FAO, entre marzo de 2007 y marzo 2008, el trigo ha aumentado 130 por ciento, la soja 87, el arroz 74 y el maíz subió 53 por ciento. El alza del precio de los alimentos se atribuye a una mayor demanda por parte de India y China, la disminución de la oferta a causa de sequías y otros problemas relacionados con el cambio climático, el incremento de los costos del combustible empleado para cultivar y transportar los alimentos, y la mayor demanda de biocombustibles, que ha desviado cultivos como el maíz para alimento hacia la producción de etanol. Poco y nada se habla de la especulación con el hambre.

En los últimos nueve meses de 2007, el volumen de capitales invertidos en los mercados agrícolas se quintuplicó en la Unión Europea y se multiplicó por siete en Estados Unidos. Los recientes aumentos especulativos en los precios de los alimentos condujeron a una ola de hambre mundial que no tiene precedentes por su escala. La producción mundial de granos en 2007/2008 fue estimada en 2108 millones de toneladas: un crecimiento de 4,7 % comparada con la del 2006/2007. Esto supera bastante la media de crecimiento del 2,0 % en la pasada década. Aunque la producción permanece en un nivel alto, los especuladores apuestan a la escasez esperada y elevan artificialmente los precios.

Mientras los especuladores de gran escala se benefician de la crisis actual, la mayoría de los campesinos y agricultores se ven perjudicados. La tierra se vuelve más cara. La especulación con la tierra agrícola va en aumento. Los desalojos a menudo forzados son la consecuencia. Los campesinos que se mantienen cultivan, pero la cosecha a menudo ya está vendida al que presta el dinero, a la compañía de insumos agrícolas o directamente al comerciante o a la unidad de procesamiento. Aunque los precios que se pagan a los campesinos han subido para algunos granos, ese aumento es muy poco comparado con los incrementos en el mercado mundial y con los ajustes que se han impuesto a los consumidores.

-296-

Las reglas del juego cambiaron dramáticamente en 1995, cuando el acuerdo sobre la agricultura en la OMC entró en vigor. Las políticas neoliberales socavaron las producciones nacionales de alimentos, y obligaron a los campesinos a producir cultivos comerciales para compañías multinacionales. Los tratados de libre comercio han forzado a los países a “liberalizar” sus mercados agrícolas: reducir los aranceles a la importación. Al mismo tiempo, las multinacionales han seguido haciendo dumping con los excedentes en sus mercados, utilizando todas las formas de subsidios directos e indirectos a la exportación. El resultado fue que Egipto, otrora granero de trigo, se convirtió en el primer importador; Indonesia, una de las cunas del arroz, ahora importa arroz transgénico; y México, cuna de la cultura del maíz, importa hoy maíz transgénico. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia son los mayores exportadores.

Muchos países que hasta entonces producían suficiente comida para su propia alimentación fueron obligados a abrir sus mercados a productos agrícolas del extranjero. Al mismo tiempo, la mayoría de las regulaciones estatales sobre existencias de reservas, precios, producciones o control de las importaciones y exportaciones fueron desmanteladas gradualmente. Como resultado, las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas de todo el mundo no han podido competir en los mercados (mundial y nacional) y muchos se arruinaron.

Mientras estallaban los disturbios por hambre en todo el mundo, dirigentes mundiales como Pascal Lamy (entonces director general de la OMC), Dominique Strauss-Kahn, director del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta 2010 y el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, alertaban de los peligros del proteccionismo. Según Ki-Moon, “más comercio, no menos, nos sacará del agujero en el que estamos”. Bajo las reglas del libre comercio, la protección de los alimentos se ha convertido en una palabra sucia. Cuanto contraste con la ayuda de miles de millones de dólares que reciben los grandes bancos y financieras para evitar su quiebra ante los juegos especulativos. La

-297-

soberanía alimentaria de los pueblos no es un concepto de interés para esa dirigencia.

Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial y antes Jefe de Negociaciones de Estados Unidos en la OMC, anunciaba en 2009 que los precios seguirían altos por varios años, y que era necesario fortalecer la “ayuda alimentaria” para gestionar la crisis. Desde su puesto anterior hizo todo lo que pudo para romper la soberanía alimentaria de los países, en función de favorecer los intereses de las grandes trasnacionales de los agronegocios. Incluso ahora, la receta de la “ayuda alimentaria”, es otra vez un apoyo encubierto a esas compañías, que tradicionalmente son quienes venden al Programa Mundial de Alimentos los granos que “caritativamente” les entregan a los hambrientos, con la condición de que ellos mismos no produzcan los alimentos que necesitan.

Los grandes ganadores de la crisis alimentaria son también actores centrales en la promoción de los agrocombustibles: las trasnacionales que acaparan el comercio nacional e internacional de granos, las empresas semilleras, los fabricantes de agrotóxicos. En estos dos últimos rubros son en muchos casos las mismas empresas: Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, BASF y Dow. Estas seis empresas controlan el total de las semillas transgénicas en el mundo. Las semillas transgénicas y los agrotóxicos constituyen hoy la solución que proponen los poderosos a los nuevos problemas que ellas han generado. Cargill, ADM, ConAgra, Bunge, Dreyfus, dominan juntas más del 80 por ciento del comercio mundial de cereales.

En estos rubros (semillas y agrotóxicos) son las mismas empresas. A nivel global, Monsanto es la principal empresa de semillas comerciales y la quinta en agrotóxicos3. Bayer es la

3 Sobre la trayectoria, visión y acción de Monsanto a escala planetaria,

consultar la obra de Robin, 2008.

-298-

primera en agrotóxicos y la séptima en semillas. Syngenta la segunda en agrotóxicos y la tercera en semillas, Dupont la segunda en semillas y la sexta en agrotóxicos. Junto a BASF y Dow (tercera y cuarta en agrotóxicos), estas seis empresas controlan el total de las semillas transgénicas en el mundo, que casualmente es la solución que proponen a los nuevos problemas, que ellas mismas han sido parte fundamental en provocar.

Cinco compañías dominan más del 80 por ciento del comercio mundial de cereales: Cargill, Archer Daniels Midland, ConAgra, Bunge, Dreyfus. Todas han tenido ganancias absolutamente impúdicas, gracias a la escasez de alimentos, la promoción y subsidios a los agrocombustibles y el alza de los precios del petróleo, sobre todo por el factor especulativo en 2007 y 2008 (los agrotóxicos son petroquímicos). Un informe da cuenta de estas ganancias: para el 2007, Cargill aumentó sus ganancias 36 por ciento; ADM, 67 por ciento; ConAgra, 30 por ciento; Bunge, 49 por ciento; Dreyfus, 77 por ciento, en el último trimestre de 2007. Monsanto obtuvo 44 por ciento más que en 2006 y Dupont-Pioneer 19 por ciento (Dierckxsens, 2008).

Pese a esto, las trasnacionales no se dan por satisfechas y van por más. Ahora preparan el próximo paso, monopolizando a través de patentes los caracteres genéticos que consideran útiles para hacer plantas resistentes a la sequía, salinidad y otros factores de estrés climático. Algunos gobiernos, como el de México, en lugar de soberanía alimentaria y control campesino de las semillas e insumos, proponen transgénicos con aún más modificaciones y más riesgos; maíz transgénico para aumentar la contaminación y la dependencia, y que hasta los campesinos más pobres, con apoyos públicos, siembren agrocombustibles en lugar de comida.

-299-

5. Notas sobre el capitalismo agrario en la Argentina actual El esquema “neodesarrollista” vigente en nuestro país desde 2002, tiene al sector agrario como uno de sus pilares. Pero la época dorada de Argentina en el comercio mundial ha concluido hace tiempo. A diferencia de la industria, el producto bruto de este sector viene creciendo sin interrupciones en los últimos 15 años a una tasa de 5,7 %, sin frenos significativos. La devaluación de 2002 incentivó este avance al generar una rentabilidad que bordea los máximos históricos (Giarracca; Teubal, 2005; Rodríguez, 2006). Ese impulso consolida un esquema apoyado en la preeminencia de la soja (que para el año agrícola 2002/03 ya era transgénica en más del 98 %), la destrucción de cultivos regionales, el cierre de tambos, el desplazamiento de campesinos y pequeños productores y la fuerte concentración en la tenencia de la tierra (Pengue, 2005; 2006). Se estimula el monocultivo y se alienta la expulsión de trabajadores rurales. También es afectada la ganadería que mantiene un plantel similar al de hace 50 años. Cuando repunta la demanda local o extranjera se encarece la carne. A pesar de las elevadas ganancias del sector, los ruralistas suelen retomar su periódica beligerancia contra el gobierno de turno, dado que siempre se han considerado propietarios del total de la renta agraria, identificando a las retenciones como una inaceptable interferencia impositiva del Estado sobre sus beneficios. El avance del agro capitalismo (agronegocios) viene estructurando un modelo que también podemos definir como de agricultura sin agricultores, que se viene instalando gradualmente desde la década de los años ‟60. Este proceso se conecta con la llamada revolución verde y se agudiza en la década del ‟90. Es por cierto, en la Argentina, un significativo componente del `neo-extractivismo´, que sirve a una inserción internacional subordinada y funcional a la `globalización´

-300-

comercial y financiera (Gudynas, 2009). Este esquema, profundizado en toda la primera década del siglo XXI, se apoya en tres pilares fundamentales: a) Concentración de la tierra; b) Concentración de otros medios de producción (semillas, fertilizantes, maquinarias, herbicidas, plaguicidas); c) Concentración de la comercialización (Teubal; Rodríguez, 2002; Chifarelli et al, op.cit.). a) Los datos presentados por el INDEC sobre el Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado en 2002, muestran una fuerte caída de la cantidad de explotaciones agropecuarias: un 24,5% menos que en 1988. Pero la proporción aumenta sustancialmente en provincias como Buenos Aires (-33%), Córdoba (-36,4%), Neuquén (-41,4%), Tucumán (-41,2%), Corrientes (-35,7%), San Luis (-39,3%) y Mendoza (-31,6%). Esta tendencia a la concentración agraria había sido anunciada por estudios académicos, consultoras privadas y el mismo INDEC.

A fines de los ‟90 se calculaba que desaparecían 435 tambos lecheros por año; en tanto que algunos trabajos académicos estimaban una disminución de explotaciones en el Alto Valle del río Negro, en Santa Fe y en Tucumán. Algo similar anticipaban los estudios sobre la Región Pampeana. El equipo de investigaciones económicas de FLACSO había adelantado tiempo atrás la centralización agraria y medido la concentración de la tierra, con fragmentaciones ficticias (Basualdo; Bang, 1997). Poco después, se hizo referencia a los “megaempresarios” con notoriedad periodística, como George Soros, con campos en el Noroeste y el Noreste, en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y el grupo Benetton expandiéndose hacia el sur (Murmis, 1999).

-301-

Según el CNA, la superficie media por explotación para el año 2002 es de 538 hectáreas; 68 más que las 470 ha. de 19884. Esta cifra es muy significativa, comparada con los promedios de las explotaciones agrarias de Estados Unidos, que no superan las 200 hectáreas, o de la Unión Europea: menos de 50. En Estados Unidos, sólo en los Estados de Nuevo México, Nevada, Wyoming y Arizona existen ranchos cercanos a las 2.000 hectáreas. En Argentina, los “megaempresarios” agropecuarios poseen extensiones de hasta 350.000 hectáreas.

b) En los años setenta se establecen nuevas variedades de cereales y oleaginosas en la región pampeana, mientras se introduce la doble cosecha, a expensas del retroceso de la rotación agrícola-ganadera. En ese proceso fue esencial el uso de nuevas variedades que permiten sembrar cultivos de “segunda” que son combinados con la producción triguera. La producción de soja y la introducción del “germoplasma mexicano” en el trigo, permiten una rápida difusión del doble cultivo trigo-soja en áreas pampeanas, comenzando por la zona maicera tradicional. Esto implicó un reemplazo parcial del maíz, del sorgo y de actividades ganaderas que compartían sistemas de explotación mixta (Teubal, 2006).

Ya en la década de 1980 se torna más notoria la expansión del agronegocio de la soja hacia el resto de la región pampeana y también hacia el norte del país. En 1996 se concreta en la Argentina la liberación comercial de la variedad transgénica RR

4 Algo más atrás en el tiempo, entre 1960 y 1988, desaparecieron

51.000 explotaciones, es decir unas 1.800 por año. Esto se acentúa entre 1988 y 2002, al desaparecer 87.688 explotaciones, a un promedio de 6.263 por año. Esto ocurre especialmente por debajo de las 200 ha. En ese estrato se pierden 75.293, y otras 7.561 en el de 200 a 500 ha., mientras aumentan las de más de 500 ha., sobre todo las EAPs de 1.000 a 2.500 ha. Es notorio el retroceso de las unidades medianas y pequeñas, al tiempo que Grandes Grupos Económicos nacionales y extranjeros avanzan en el control de la tierra.

-302-

(Roundup Ready) de la multinacional Monsanto5. Roundup es la marca comercial del glifosato, herbicida al cual es resistente la soja RR. El paquete tecnológico combina la siembra directa de esta semilla (con labranza cero), mecanización total y aumento exponencial de la aplicación de agroquímicos. Es de ese modo que se torna factible cultivar suelos antes considerados no aptos para agricultura o multiplicar las siembras posibles en el mismo período agrícola.

Ampliando los conceptos sintetizados en el párrafo anterior, decimos que la elaboración de genotipos o variedades genéticamente modificadas de semillas resistentes a herbicidas específicos marcó el punto de partida de esta agricultura industrial impulsada en nuestro país con epicentro en la “zona núcleo” de la región pampeana. Desde territorio argentino el paquete tecnológico se fue introduciendo y difundiendo en países limítrofes como Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay. Actualmente, las modificaciones genéticas operan no sólo en cultivares de soja sino, también, de maíz, algodón y otros cultivos. La combinación de un herbicida de amplio espectro y de cultivares resistentes a su acción permitió simplificar notablemente el manejo del sistema agrícola. Entre otras cosas, hizo posible la eliminación del laboreo del suelo, una operación compleja que consiste en dar vuelta la capa superficial con un arado y nivelar la tierra con rastras, y reemplazarlo por la siembra directa, que consiste en depositar la semilla en el suelo sin realizar todo lo anterior. Esto significa que el control de las malezas basado en el aprovechamiento de interacciones entre el

5 La opción por la producción de transgénicos fue impulsada por el

gobierno encabezado por C. S. Menem, con el vivo entusiasmo del entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá, cumpliendo con el pedido de Monsanto y otras multinacionales. En 1998 fue aprobado el maíz Bt (resistente al insecticida para el barrenador del tallo). En 2004, durante el gobierno de N. Kirchner, el Ministerio de Economía avaló el maíz RR (resistente a la aplicación de glifosato).

-303-

cultivo y el ambiente, indicado como elemento necesario para un manejo racional de un sistema agronómico, resulta reemplazado por el uso de un insumo externo (Ferraro; Rositano, 2011: 22). En nuestro país, el uso de agrotóxicos ha venido creciendo campaña tras campaña desde la mitad de la década de 1990. Los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, más los controles de malezas entre cultivos sucesivos, conocidos como “barbechos químicos”, concentraron en 2009 el 81 % de la facturación, que alcanzó un total de 1.308,18 millones de dólares. El 19 % restante se destinó a maní, frutales de pepita y carozo, cítricos, pasturas, hortalizas, papa, algodón, tabaco, caña de azúcar, arroz, vid, poroto, granos almacenados y otros. Del total de facturación indicado, el 63 % correspondió a herbicidas, el 20 % a insecticidas y un 9 % a fungicidas. En las cantidades aplicadas, el 77 % (200, 80 millones de Kg) fueron herbicidas, el 12 % insecticidas (30,32 millones de Kg.), el 4 % acaricidas (9,24 millones de Kg) y el 3 % fungicidas (6,80 millones de Kg). Curasemillas y otros plaguicidas completan el total. Se destaca el herbicida glifosato, con un 42,3 % del mercado global de plaguicidas (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, 2010; Bedmar, 2011).

El precio internacional con fuerte tendencia alcista hasta 2008, más la drástica devaluación de 2002, llevaron a una cosecha de más de 47 millones de toneladas (ciclo 2006/2007), ocupando más de 16 millones de hectáreas, la mitad de la superficie agrícola de la Argentina6.

6 Hacia la mitad de mayo de 2009 el precio del poroto de soja

acumulaba una suba del 33 % en dos meses y medio. El viernes 8 de mayo cotizó a 417 dólares la tonelada en el mercado de Chicago. Así, los precios se acercaron al promedio de 2008 (456 dólares), 50 % más que el de 2007. Por la sequía, la cosecha de soja 2008-2009 rondó los 31 millones de toneladas, contra algo más de 46 millones de la anterior. Siendo la Argentina el tercer proveedor mundial, su menor producción incide en los precios (Bercovich, 2009). Cuatro años después (el

-304-

Grandes corporaciones transnacionales se fusionan y avanzan en el control monopólico u oligopólico de los insumos. En agroquímicos, Novartis, Monsanto, Zéneca, Agroevo, Du Pont y Bayer, controlan casi todo el negocio mundial, operando en la Argentina de manera directa o mediante licenciatarias. En pocos años se consolidó una fuerte dependencia de los agricultores con respecto a las grandes empresas proveedoras de semillas e insumos7. También Cargill y Dekalb participan de la provisión de semillas.

c) El sistema agroalimentario también presenta posiciones dominantes, con altos niveles de concentración, en almacenaje, procesamiento y comercialización. En alimentos para el mercado interno, la gravedad de la cuestión no es menor: dos empresas venden el 70 % de la leche fluida, chocolatada y yogures; otras dos, el 77 % de las galletitas saladas y el 73 % de las dulces; dos compañías concentran el 81 % en cervezas (Navarro, 2007). La concentración y centralización del capital facilitó el control de negocios de exportación, como es el caso de la cuota Hilton (colocación en el mercado europeo de 28.000 toneladas de carne bovina en cortes de alta calidad), con un 55 % en manos de cinco empresas y el 77 % en manos de diez (Teubal, op. cit.). En la exportación de cereales siete empresas (Cargill, Bunge, Nidera, Vincentín, LDC Argentina (subsidiaria de Louis Dreyfus), Pecom-Agra y AGD) concentraban, a comienzos del siglo XXI, el 60 %. En el sector oleaginoso, sobre todo por la soja, se produjo una creciente concentración del capital. El complejo oleaginoso

14/05/13), en el mismo mercado, el precio alcanzó los 560,10 dólares por tonelada. 7 Monsanto y Novartis proveen la semilla más los agroquímicos que la

acompañan, y los productores se ven obligados a comprar una vez que han introducido el transgénico. Cuando Monsanto transfirió la distribución de la semilla a su licenciataria Asgrow (adquirida luego por Nidera), siguió controlando el negocio y ejerciendo presión sobre los agricultores aunque su patente no tenga valor legal en la Argentina.

-305-

se ha convertido en el principal grupo exportador de la Argentina. Un claro ejemplo se aprecia en las empresas exportadoras de aceite y de harinas de soja. Las cinco y las ocho primeras exportadoras de aceite de soja concentraron el 53 % y el 72 % del volumen respectivamente en 1990, pasando a exportar el 80 % y el 92 % en 2002. Para el caso de las harinas, las cinco mayores exportadoras pasaron del 50 % del volumen exportado en 1990 al 79 % en 2002. Las ocho primeras del rubro pasaron del 80 % en 1990 al 92 % en 2002 (CIARA, 2004). A manera de ejemplo de la fuerte relación entre primarización, concentración y exportaciones argentinas, podemos mencionar que en 2007, Cargill, con US$ 4.317,6 millones, Bunge, con US$ 2.673,7 millones y LDC Argentina con US$ 2.030,9 millones, ocuparon los tres primeros lugares en la lista de las compañías exportadoras. Entre las diez primeras, mechadas con alguna minera (Minera La Alumbrera) y alguna petrolera (Repsol), aparecían también Nidera, Noble Argentina (de Noble Grain), ADM Argentina S. A. (filial de Archer Daniels Midland Company, mayor procesadora de soja, maíz, trigo y cacao en el mundo) y Aceitera General Deheza (Pengue, 2009). Para ese año 2007, las exportaciones argentinas alcanzaron un total de US$ 55.779 millones. De aquel total, alrededor del 70 % se conformó con la sumatoria de “combustibles y energía”, “productos primarios” y “manufacturas de origen agropecuario”8.

8 Ampliando la información sobre el control de las exportaciones desde

la Argentina, por parte de ADM Argentina S.A., Cargill, Bunge y la filial de Louis Dreyfus, cabe agregar que, en 2009, fueron responsables por el 78 % de las ventas de trigo, 79 % de las de maíz, 71 % de las de harina de soja, 95 % del aceite de soja exportado y 97 % del aceite de girasol. También controlan el almacenamiento, los elevadores y los puertos. No es tan distinto el papel que juegan estas compañías en Brasil, en Paraguay, como en otros países del mundo. Estas cuatro empresas, tres estadounidenses y una francesa, elaboran el 43 % del aceite de soja que se produce en Brasil y el 80 % del que se produce en la Unión Europea. Además, manejan el 75 % del mercado de la soja en Estados Unidos (Bravo, 2010).

-306-

Más allá de algunas precisiones incorporadas en páginas previas acerca de la expansión del mercado de agrotóxicos, en facturación y en volúmenes comercializados hacia el final de la primera década del siglo actual (año 2009), conviene señalar que esos comportamientos se registraban desde comienzos de los años noventa. Ya entonces se podía advertir el aumento de la inversión en semillas de alta calidad, fertilizantes, otros agroquímicos y maquinarias. En fitosanitarios (herbicidas, fungicidas, cura-semillas, insecticidas), por ejemplo, la inversión pasó de 200 millones de dólares en 1990 a 900 millones en 20049. Desde la introducción de la siembra directa10, las semillas transgénicas y las nuevas cosechadoras, en un día de trabajo se realiza lo que antes requería un mes. Esa tecnificación incrementó sustancialmente el área y los rendimientos de varios cultivos. De 99 millones de toneladas producidas en el 2002 se pasó a 135 millones en 2008, y Argentina se afianzó como un gran exportador mundial de aceite, girasol, maíz, maní y soja. Este aumento de la productividad, en un marco de precios mundiales sostenidos o al alza, permitió el aumento de la plusvalía generada en el agro. Todo lo cual se tradujo en un incremento de la renta diferencial II (Astarita, 2006). Los parámetros de los capitalistas de la inversión se conjugan de manera diferente con la concentración de tierras (que en ciertas áreas opera más desde el control que desde la propiedad). Es tal la concentración del capital, que sólo 10 firmas aportan el 75% de la producción (Katz, 2009).

9 De manera concomitante, el consumo de glifosato, herbicida principal

en el cultivo de soja, fue de 100.000 litros en 1992/93. Fue aumentando hasta alcanzar 1.263.000 litros en 1996/97, período de liberación comercial de la soja transgénica. Llegó a 6.097.000 litros en 1999/00, con un crecimiento exponencial en 2000/01 (82.350.000 litros) y muy poco menos en 2001/02 (81.499.870 litros). En 2003 representó un mercado de 350 millones de dólares (Bisang; Sztulwark, 2007; Teubal, 2006). 10

En 1988/89 sólo el 1 % de la soja cultivada utilizó el sistema de siembra directa. En 1996/97, el 43 %; en 2004/05 rondaba el 99 %. La soja RR pasó del 5,5 % de la producción de soja en 1996/97 a más del 98 % en 2002/03 (Bisang; Sztulwark, op. cit.).

-307-

Los datos del CNA 2002, evidencian la transformación: en tres regiones del país –el Noroeste, el Noreste y la Región Pampeana– se observa, con relación a 1988, un aumento del 138%, 86% y 60% respectivamente de la superficie implantada con oleaginosas (mayormente soja); un escaso 23% de aumento de la superficie implantada con cereales en la Región Pampeana11; y una significativa disminución de la superficie implantada con cultivos industriales en el Norte. Los cultivos industriales fueron los que conformaron el espacio social y rural de las economías regionales: la caña de azúcar en Salta, Jujuy y

11

En la región pampeana la superficie sembrada con soja, entre 1994/95 y 2003/04, se ha incrementado en 6.850.013 hectáreas. De ese total, 2.576.000 ha. le correspondieron a Córdoba, 1.829.000 a Buenos Aires, 1.197.000 a Santa Fe, 1.070.000 a Entre Ríos, 142.000 a La Pampa y el resto a San Luis. Si se analizan los cambios en el uso del suelo y las producciones que habrían sido desplazadas por la oleaginosa, se advierte que el trigo y el maíz, salvo en algunas zonas, no habían sufrido grandes retrocesos –lo cual resulta especialmente interesante en el caso del maíz, que compite directamente con la soja-, mientras que entre los que han perdido superficies de cierta magnitud se destacan la avena, que cedió 600.990 ha. y el girasol, 1.410.447 ha. En la región pampeana, alrededor de 4.800.000 ha. de soja no fueron implantadas en superficies correspondientes a otros cultivos de granos, sino que sustituyeron otros usos del suelo. Siguiendo la evolución del stock vacuno, a los efectos de comprobar si el incremento de la soja se corresponde con un retroceso similar de la ganadería, se puede observar que entre 1994 y 2002 las existencias descienden en poco más de 4,8 millones de cabezas, que sólo a modo de supuesto podrían equipararse a otras tantas hectáreas, pudiéndose afirmar entonces que en la región pampeana la soja se expandió alrededor de un 70% sobre terrenos antes dedicados a la ganadería –sobre todo en la zona mixta- y un 30% desplazando a otros cultivos, en especial al girasol. Asimismo, se pueden establecer dos etapas diferenciadas en el proceso de extensión del cultivo: la primera (1994-1998), donde la soja compite y desplaza centralmente al ganado; y la segunda (1998-2002), en la cual se extiende en desmedro de otros cultivos (Martínez Dougnac, 2007).

-308-

Tucumán; la yerba mate, el té y el tabaco en el litoral; la vinicultura en Mendoza, etcétera.

La sojización es sin dudas el proceso expansivo paradigmático del agro-capitalismo en el país. La fuerte expansión del área cultivada con soja, después de la liberación comercial de la semilla RR, colocó a la Argentina como el tercer productor mundial del grano, después de EEUU y Brasil, y primer exportador mundial de aceites y harinas. A los crecimientos porcentuales de las superficies implantadas con soja entre los CNA de 1988 y 2002, señalados en el párrafo anterior para el Noroeste, Noreste y Región Pampeana, entendemos interesante incorporar los datos de la producción de soja en provincias seleccionadas entre las campañas 1997/98 y 2011/12, período en el que la variedad transgénica se impuso en forma casi absoluta (Ver los Cuadros Nº 1 a Nº 8 inclusive en el Anexo)12. Una caída importante, tanto en superficie cosechada como en producción (algo menos de 31 millones de tn.), se registra en el año agrícola 2008/09, a partir de sequías que se hicieron sentir en casi todas las áreas sojeras. En la campaña siguiente, 2009/10, se cosecharon 18,1 millones de ha. y la producción alcanzó los 52,7 millones de tn. En la campaña 2010/11 la superficie cosechada rondó los 18,7 millones de ha. y la producción los 48,9 millones de tn. Esta última variable cayó a 40,1 millones de tn. en 2011/12 (MAGyP, 2013). En todas las provincias seleccionadas se advierte una sensible merma en los rendimientos y, por ende, en las producciones, en el año agrícola 2011-2012. Cabe consignar que la caída es muy marcada en las provincias del norte, ya sean del NOA o del NEA. La contrastación de los datos de superficies sembradas y cosechadas en esas jurisdicciones, junto a los rendimientos por hectárea, permite inferir que entre las causas de esa evolución

12

Para una revisión de la expansión sojera desde 1996/97 en el NOA, NEA y Región Pampeana, con sus características y consecuencias inmediatas, recomendamos consultar: Liberali, 2009.

-309-

negativa, los inconvenientes derivados de variables climáticas han ocupado un lugar importante.

6. Consideraciones finales y primeras conclusiones

“Que duro es observar cómo se extingue el campesino que convivía con el monte, y como lo reemplaza una gran empresa agrícola que empieza irónicamente sus actividades destruyendo ese monte. Que duro es ver que el monocultivo de la soja refleja el monocultivo de cerebros, la ineptitud de los funcionarios públicos y el silencio de la gente buena. Que duro es saber que miles de argentinos están expuestos a las „bajas‟ dosis de plaguicidas, y que miles de personas enferman y mueren para que China y Europa puedan alimentar su ganado con soja” (Dr. Raúl A. Montenegro, 2009).

Estos rasgos del agro argentino son el resultado de una década de políticas ultraliberales. A mediados de los ‟90 se produjeron, por un lado, fuertes bajas en los precios internacionales de los productos argentinos, y por otro, marcados cambios en las condiciones internas generadas por la convertibilidad, las privatizaciones y la desregulación total del sector. En tal contexto, el camino elegido por los más fuertes actores económicos, con el apoyo del Estado y el manejo de los medios masivos de comunicación, pasó por el aumento de la producción agropecuaria con especialización en oleaginosas y por la exportación de sus derivados. Para ello, se optó por nuevas tecnologías, ya mencionadas, y por organizaciones empresariales con determinadas escalas de producción, complementadas por contratistas, subcontratistas y terceristas. El territorio elegido fue el país en su conjunto (Giarracca, 2003). Esta decisión comportaba cambios en las orientaciones productivas y en la estructura social agraria, con la consecuente desaparición de muchos agricultores. Es decir, el fuerte aumento

-310-

de la producción de soja se produjo en detrimento de otros cultivos agropecuarios: los tambos en Santa Fe y Córdoba, la caña de azúcar y la horticultura en Tucumán; las yungas salteñas; los árboles frutales, las leguminosas, lentejas y arvejas, el ganado bovino, ovino y porcino en la provincia de Buenos Aires, etc. Y también en detrimento de una gran cantidad de campesinos con propiedad veinteañal (más de 20 años ocupando la tierra), desalojados por los nuevos inversionistas sojeros con el beneplácito de funcionarios provinciales y nacionales hasta 2013 inclusive.

Aunque resulta muy difícil responder categóricamente a este último punto, se sabe con certeza que los pequeños y medianos productores (hasta 200 hectáreas) no pudieron ingresar al nuevo “modelo sojero”, mientras que anteriormente, con la rotación productiva de sus 50 ó 100 hectáreas vivían dignamente, daban trabajo a su familia y a terceros, educaban a sus hijos y renovaban sus equipamientos agrarios. La desaparición de esta franja de productores que consumían y operaban en el lugar derivó en consecuencias nefastas para los poblados y ciudades intermedias que están rodeados por el campo y que vivían de sus actividades vinculadas13.

Con el auge sojero, disminuyeron otras producciones alimentarias, como la de leche fluida. Los aumentos de los precios de los alimentos –en algunos casos a causa de estas disminuciones en la producción y en otros por la preferencia exportadora de los productores– sumados al grado de deterioro

13

“El acorralamiento más oprobioso parece ser el de los nuevos periurbanos en ciudades sojeras como Charata, Santa Sylvina o Villa Ángela en la provincia del Chaco, pero la densificación de población local como efecto colateral de la pauperización es también rural, apareciendo en las Colonias aborígenes como por ejemplo a 25 Km de Tartagal o, en la Reserva Wichi Gral. Pizarro, hoy integrada a un área protegida de la APN en Salta, o en Bartolomé de las Casas en Formosa” (Morello; Rodríguez; Pengue, 2008: 2).

-311-

de los niveles de ingresos más bajos de la población y a la presencia de las fuertes cadenas de supermercados, condujeron a situaciones de hambre y desnutrición históricamente desconocidas en Argentina. En los últimos años, la producción triguera, que de alguna manera lograba resistir el embate expansivo sojero hasta el primer lustro del siglo XXI, ha caído considerablemente. Así, en el año agrícola 2012-2013 la superficie cosechada de este cereal fue de 3, 1 millones de hectáreas, siendo la menor de las últimas décadas. Hacia mayo de 2013, el trigo alcanzó en Argentina precios 20 % más altos que en el mercado internacional.

En el nivel productivo, el sector agrario logró cosechas récord y valores de exportación de las manufacturas de origen agropecuario cuyos niveles se duplicaron en una década. El negocio de la soja quedó concentrado en tres grandes sectores: a) Los pool de siembra que se nutren de fondos de inversión y operan a gran escala sobre las tierras arrendadas; b) Los proveedores de agroquímicos (Monsanto, Novartis, Dupont, Bayer), acaparando lucros mediante la fuerte dependencia que tiene la producción de soja de las nuevas semillas y fertilizantes; c) Las cinco grandes compañías exportadoras, que manejan el 90 % de las ventas: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera y Aceitera General Deheza (Katz, op. cit.).

También se benefician otros sectores en forma directa o indirecta: contratistas, terceristas, estudios agronómicos, grandes comercios de agroquímicos y de productos para el agro, fabricantes de maquinaria, bancos, empresas aseguradoras, una franja de productores medios que toman más tierra, publicaciones agraristas que reciben avisos, etc.

¿A qué cantidad de población nos estamos refiriendo? ¿Tiene sentido poner a disposición y en riesgo el mejor recurso natural de Argentina para beneficiar a un número tan bajo de personas? Los aportes al Estado de las retenciones a las exportaciones (fuertemente resistidas por los productores), ¿constituyen un

-312-

beneficio suficiente para la población en general? A nuestro entender, la agricultura industrial extractiva liderada por la soja, destruye bosques (entre 2004 y 2007 se deforestó un millón de ha.), humedales y estepas, terminando con la biodiversidad, alterando los ciclos hídricos y contaminando suelos y aguas superficiales y subterráneas con agrotóxicos. Provoca el surgimiento de nuevas plagas, obligando a usar más pesticidas. Empuja a la ganadería bovina empresarial hacia tierras marginales, de las que a su vez son expulsados rebaños de cabras de campesinos arrinconados. En suma, vulnera la seguridad14 y la soberanía alimentaria.

Cabe agregar que, la extracción de nutrientes y micronutrientes de los suelos, obliga a una profusa aplicación de fertilizantes artificiales para sostener el esquema productivo. En términos de volumen extraído con el cultivo de soja, desde los comienzos de la agriculturización (1970/71) hasta el año agrícola 2005/2006, la Argentina ha perdido 11.354.292 millones de toneladas de Nitrógeno (ya descontada la reposición natural), 2.543.339 mill. de tn. de fósforo y valores muy elevados de los demás nutrientes y oligoelementos. A valores en dólares, y solamente tomando como referencia una equivalencia con la restitución de lo perdido (que asumimos es una simplificación de la realidad del balance de nutrientes), con fertilizantes minerales, los costos incumben cifras elevadas. La Argentina ha perdido unos US$ 2.895.344.460; 2.638.055.818; 890.168.650; 461.509.880; 86.251.130 y 71.531.320 (Pengue, 2006) para el nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, calcio y magnesio exportados [hablamos de unos 7 mil millones de dólares].

Es posible que esto aún no se quiera ver, hasta llegar al vaciamiento de las pampas. No es un precio de mercado lo enumerado pero es un `valor´ que de alguna manera debería ser

14

Sobre la pérdida de la seguridad alimentaria a escala internacional, por la manipulación transgénica de vegetales y animales, es interesante consultar la obra de Kaczewer, 2009.

-313-

reconocido y manejado, no sólo a escala regional sino a escala global [como debería ocurrir también con el agua]. Los suelos ricos del mundo son cada día más escasos y no es posible `hacer nuevo suelo´ en los términos en los que la humanidad los consume, degrada y necesita. Es un valor de resguardo futuro que países como la Argentina deberán tener muy en cuenta. En el caso de la producción sojera pampeana, la extracción de nutrientes ha sido especialmente importante, por ser esta una de las áreas de mayor producción de la oleaginosa. Las provincias pampeanas (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) alcanzaron en conjunto una extracción total de elementos mayores (N, P, K, Ca, Mg, S) de 20.305.794 toneladas y 244.449.822 kilogramos de micronutrientes (Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), siempre exclusivamente por el cultivo de la soja (Pengue, 2008; Pengue, 2009).

Acerca de los daños a la salud humana resultan innumerables, a esta altura del siglo XXI, la cantidad de situaciones en las que habitantes rurales y urbanos padecen afecciones respiratorias, dermatológicas, neurológicas, distintas formas de cáncer y muerte, en asociación directa con el uso de agrotóxicos, especialmente en la producción de soja (pero también en algodón, cultivos forestales, maíz, etc.). Sobre los efectos cancerígenos de los agrotóxicos utilizados, sería suficiente con señalar las confirmaciones al respecto por parte del Laboratorio de Embriología Molecular del CONICET-UBA, perteneciente a la Facultad de Medicina. Las dramáticas verificaciones fueron tornando descartable el argumento de la falta o insuficiencia de “datos toxicológicos completos” o de “estudios epidemiológicos válidos”. Aún cuando en algunos casos pudiera insistirse con esa forma de defensa de las producciones con grandes volúmenes de agrotóxicos, debería aplicarse el principio precautorio, presente en la Ley General del Ambiente. Sobre la vasta y recurrente ocurrencia de enfermedades con distintos agroquímicos en la región Pampeana, o en áreas extrapampeanas, es interesante tener en cuenta el testimonio de pobladores rurales, urbanos, médicos, agrónomos, entre otros,

-314-

en distritos cordobeses, bonaerenses, entrerrianos, santafesinos, chaqueños, formoseños, etc. (Rulli, 2009). La misma obra permite verificar la existencia de una extensa bibliografía internacional que reproduce investigaciones muy serias sobre las nocivas influencias de los agrotóxicos más utilizados en la salud de los seres humanos. Por su parte, dos autores argentinos han presentado, en el marco de sus investigaciones, una extensa (y a la vez alarmante) base de datos sobre daños a la salud humana, a vegetales y animales, ocasionados por herbicidas aplicados en cultivares de soja en Argentina y en Paraguay (Domínguez; Sabatino, 2010). No está de más recordar un fallo judicial que prohibió el uso del glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge, Santa Fe, en marzo de 2010. En esa oportunidad, por primera vez en la Argentina, se invirtió la carga de la prueba: era regla que los vecinos y campesinos intoxicados tuvieran que demostrar las afecciones en su salud y la relación con los agrotóxicos. En este caso, los impulsores de los agronegocios (tanto empresarios como el gobierno de Santa Fe) deben demostrar la inocuidad de los químicos. En el fallo, los jueces invocaron también el principio precautorio (Aranda, 2010).

En agosto de 2012, en Córdoba, se dictó la sentencia correspondiente a un juicio por contaminación y daños a la salud por agroquímicos aplicados a través de la fumigación de campos cultivados con soja. La causa fue iniciada por vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo contra dos productores sojeros y el piloto de una avioneta fumigadora. Sólo dos de los tres imputados fueron declarados culpables y condenados a “tres años de prisión no efectiva”15. “Que nos devuelvan nuestros hijos”, gritó una de las madres de los niños que enfermaron y/o murieron a causa de las

15

Uno de ellos (apellidado Parra) deberá cumplir durante cuatro años 10 horas semanales de trabajo para el Estado o en instituciones de bien público relacionadas con la salud. Además, fue inhabilitado por ocho años para realizar aplicaciones de agroquímicos. El otro (Pancello) deberá trabajar 8 horas semanales durante cuatro años en tareas similares a las de Parra, siendo también inhabilitado por diez años para usar agroquímicos (www.juicioalafumigacion.com, 22/08/2012).

-315-

criminales fumigaciones (www.juicioalafumigacion.com, 22/08/2012). Entre los testigos del juicio se contó con la declaración de reconocidos científicos como el Dr. Raúl Montenegro (UNC) y el Dr. Andrés Carrasco (Director del ya mencionado Laboratorio de Embriología Molecular, UBA-CONICET). Este último expresó claramente que, más allá de la resolución de esta causa, las enfermedades continuarán en tanto y en cuanto se continúe con el paquete tecnológico, medular en la actual agricultura industrial.

No tratamos aquí de las “guardias blancas”, que pagadas por grandes sojeros, incendian ranchos, matan animales y asesinan a campesinos. El 16 de noviembre de 2011, una nueva víctima se sumó a la larga lista de asesinatos por encargo de grandes productores de soja, con la anuencia de gobernantes y fuerzas de seguridad: esta vez fue muerto por sicarios, en Santiago del Estero, el joven dirigente del MOCASE-Vía Campesina, Cristian Ferreira. En octubre de 2012 fue asesinado en similares circunstancias el campesino Miguel Galván. En el caso de Cristian Ferreira los productores que ordenaron la muerte provenían de Santa Fe; en el de Miguel Galván el mandato partió de productores de Salta.

-316-

7. Anexo de Cuadros:

-317-

-318-

-319-

-320-

-321-

-322-

-323-

-324-

8. Bibliografía:

AMÍN, Samir. “El capitalismo senil”, Rivista del Manifesto, Roma, 2002, Nº 31: 25-41. ARANDA, Darío. Por primera vez un fallo de Cámara limita el uso del glifosato. Un freno a los agroquímicos. Diario Página 12, Buenos Aires, 15/03/10, p. 11. ASTARITA, Rolando. “La renta de la tierra y una tesis cuestionable.” http://www.rolandoastarita.turincon.com , 2006 [20 de marzo de 2008]. BASUALDO, Eduardo; BANG, Javier. Los grupos de sociedades en el sector agrario pampeano. Buenos Aires: FLACSO-INTA, 1997. BEDMAR, Francisco. “Que son los plaguicidas”. En Ciencia Hoy, Vol. 21, Nro. 122, Buenos Aires, abril-mayo 2011: 10-16. BEINSTEIN, Jorge. La larga crisis de la economía global. Buenos Aires: Corregidor, 1999. BERCOVICH, Andrés. El “yuyo” le da aire a la campaña del Gobierno. Diario Crítica de la Argentina, Buenos Aires, 11/05/09, Sección 3, p. 8. BISANG, Roberto; SZTULWARK, Sebastián. “Tramas Productivas de Alta Tecnología y Ocupación. El caso de la soja transgénica en la Argentina.” http://www.desruralypoliticas.com.ar 2007 [16 de abril de 2009]. BRAVO, María Elizabeth. “Introducción”, en Bravo, Ana; Bravo, María; Centurión Mereles, Hugo; Domínguez, Diego; Poth, Carla; Rodríguez, Javier; Sabatino, Pablo (Autores). Los Señores de la

-325-

Soja. La agricultura transgénica en América Latina, Buenos Aires: Ediciones Ciccus-CLACSO, 2010. pp. 9-30. CÁMARA de SANIDAD AGROPECUARIA y FERTILIZANTES. “Mercado argentino de plaguicidas en 2009”. En www.casafe.org/web_css/medicionde mercado.htm , 2010. CHIFARELLI, Diego; DESCALZI, Enrique; GÓMEZ, Gabriel; RAMISCH, Gerardo. “Los Agronegocios y la Agricultura Familiar”. http://www.desruralypoliticas.com.ar, 2007 [20 de abril de 2009]. CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina). “Exportación de aceite de soja.” http://www.ciara.com.ar , 2004 [26 de octubre de 2008]. DIERCKXSENS, Win. Especular con alimentos. Diario Página 12, Buenos Aires, 25/05/08, Suplemento Económico CASH, pp. 2-3. DOMÍNGUEZ, Diego; SABATINO, Pablo. “La muerte que viene en el viento. La problemática de la contaminación por efecto de la agricultura transgénica en Argentina y Paraguay”, en VVAA. Los Señores de la Soja. La agricultura transgénica en América Latina, Buenos Aires: Ediciones Ciccus-CLACSO, 2010. pp. 31-121. FERRARO, Diego; ROSITANO, Florencia. “Conocimiento e Insumos en la Agricultura Moderna”. En Ciencia Hoy, Vol. 21, Nro. 122, Buenos Aires, abril-mayo 2011: 17-22. GIARRACCA, Norma. “Radiografía del capitalismo agrario”. Le Monde Diplomatique, el Dipló, Buenos Aires, 2003, Nro. 47: 10. GIARRACCA, Norma; TEUBAL, Miguel. (Coord.). El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad. Buenos Aires: Alianza Editorial, 2005.

-326-

GUDYNAS, Eduardo. “Diez Tesis Urgentes sobre el Nuevo Extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”. En VVAA. Extractivismo, Política y Sociedad. Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Quito, 2009. HARVEY, David. El Nuevo Imperialismo. Madrid: Akal, 2004. KACZEWER, Jorge. La Amenaza Transgénica. Buenos Aires: Editorial Del Nuevo Extremo, 2009. KATZ, Claudio. (2009): “El agro-capitalismo de la soja.” http://www.lahaine.org , 2009 [28 de octubre de 2009]. KAUTSKY, Karl. La cuestión agraria. México D. F.: Siglo XXI Editores, 2002. LIBERALI, Ana María. “La sojización de la Argentina.” GeoEcon, Revista de Geografía Económica, Buenos Aires, 2009, Año I, Nº 1: 42-61. MARTÍNEZ DOUGNAC, Gabriela. “Sojización de la agricultura y concentración de la economía. Algunas cifras a partir del análisis comparado de los CNA 1988 y 2002 en Pergamino”. http://www.desruralypoliticas.com.ar , 2007 [21 de octubre de 2008]. MARX, Karl. El Capital. Tomo I. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1946. MINISTERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA (MAGyP). Sistema Integrado de Información Agropecuaria, en www.siia.gov.ar, 2013. MONTENEGRO, Raúl. “Rehenes de Monsanto”. INFORMADUNLu, Boletín Informativo de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Luján, Luján, julio 2008: 7-8.

-327-

MORELLO, Jorge; RODRÍGUEZ, Andrea; PENGUE, Walter. “Editorial. Dilemas de equidad territorial: volviendo a un Chaco más pauperizado que hace medio siglo”. FRONTERAS, Buenos Aires, 2008, Nro. 7: 1-4. MURMIS, Miguel. “El agro argentino: algunos problemas para su análisis”, en Giarracca, Norma y Cloquell, Silvia (comp.) Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales. Buenos Aires: La Colmena, 1999. pp. 146-162. NAVARRO, Roberto. Y el mango....Diario Página 12, Buenos Aires, 01/07/07, Suplemento Económico CASH, pp. 2-3. PENGUE, Walter. Agricultura industrial y transnacionalización en América Latina. ¿La transgénesis de un continente? Buenos Aires: Serie de Textos Básicos para la Formación Ambiental, Nº 9, PNUMA, 2005. PENGUE, Walter. Explotación de Recursos Naturales y Mercado Agroexportador: Hacia la Determinación de la Deuda Ecológica con la Pampa Argentina. Tesis Doctoral, Universidad de Córdoba, España, Unión Europea, 2006. PENGUE, Walter. “El „valor‟ de los recursos”, en Pengue, Walter (comp.) La Apropiación y el Saqueo de la Naturaleza. Conflictos ecológicos distributivos en la Argentina del bicentenario. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2008. pp. 51-99. PENGUE, Walter. “El desarrollo rural sostenible y los procesos de agriculturización, ganaderización y pampeanización en la llanura chaco-pampeana”, en Morello, Jorge y Rodríguez, Andrea (Ed.), El Chaco sin bosques: la Pampa o el desierto del futuro. Buenos Aires: Orientación Gráfica Editora-Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, UBA, 2009. pp. 111-146. REPÚBLICA ARGENTINA. INDEC. Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 2002.

-328-

REPÚBLICA ARGENTINA. SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos). http://www.sagpya.gov.ar , 2008 [25 de noviembre de 2009]. ROBIN, Marie-Monique. El mundo según Monsanto. De la dioxina a los OGM. Una multinacional que les desea lo mejor. Barcelona: Península, 2008. RODRÍGUEZ, Javier. Rentabilidad extraordinaria. Diario Página 12, Buenos Aires, 23/07/06, Suplemento Económico CASH, p. 6. RODRÍGUEZ, Javier. “Consecuencias económicas de la difusión de la soja genéticamente modificada en Argentina, 1996-2006”, en VVAA. Los señores de la soja. La agricultura transgénica en América Latina, Buenos Aires: Ediciones Ciccus-CLACSO, 2010, pp. 151-259. RULLI, Jorge. Pueblos Fumigados. Los efectos de los plaguicidas en las regiones sojeras. Buenos Aires: Editorial Del Nuevo Extremo, 2009. TEITELBAUM, Alejandro. “Actualidad de „El imperialismo, fase superior del capitalismo‟, de Vladimir I. Lenin.” http://www.rebelion.org, 22 de agosto de 2006 [18 de marzo de 2007]. TEUBAL, Miguel; RODRÍGUEZ, Javier. Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica. Buenos Aires: La Colmena, 2002. TEUBAL, Miguel. “Expansión del modelo sojero en la Argentina. De la producción de alimentos a los commodities”, Realidad Económica, Buenos Aires, IADE, 2006, Nro. 220: 71-96. www.juicioalafumigacion.com. “Dictaminan sentencia en el juicio a la fumigación”. En ANRed (Agencia de Noticias Red Acción) –redaccion@anred.org- , 22 de agosto de 2012 [25 de agosto de 2012].

-329-

Capítulo 8

La megaminería en la Argentina actual. Continuidades y conflictos.

Ana M. Fernández Equiza*

1. El debate sobre desarrollo y ambiente en el contexto internacional

En un corto período de tiempo a escala planetaria, el vertiginoso ritmo de transformaciones ecosistémicas generadas por las formas de desarrollo predominantes, pone en discusión las formas actuales de relación sociedad-naturaleza. Día a día se ponen en evidencia y profundizan graves problemas ambientales, cuyas consecuencias amenazan las condiciones para la vida humana en el planeta y son, en lo inmediato, particularmente negativas para los países y grupos de población más vulnerables. Los principales responsables rehúyen compromisos concretos y significativos y asumen un discurso que reconoce la creciente conflictividad pero pretenden encauzarla mediante la profundización de la mercantilización de la naturaleza. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río + 20, así como en las últimas Conferencias de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, los acuerdos han sido un trabajoso tributo

* Centro de Investigaciones Geográficas. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. UE de CONICET. Tandil, Argentina. e-mail anafernt@yahoo.com.ar

-330-

a la diplomacia que encubre contradicciones cada vez más profundas. La mayoría de los países centrales y los emergentes insisten con formulas de mercado que pretenden conciliables el crecimiento ilimitado con la equidad y el cuidado de la naturaleza. Al mismo tiempo que destinan cuantiosos recursos y orientan sus políticas a la preservación del capitalismo financiero, retroalimentando sus ganancias con un modelo extractivista a nivel global, propician medidas ambientales basadas en los condicionamientos de los usos de los ecosistemas en el Sur mediante mecanismos de mercado. Un ejemplo de esta lógica es expresada por autores como de la Torre, A., Fajnzylber, P. y Nash, J. (2009) al hablar de los mecanismos que permiten pagar a los países del sur los esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero que deberían hacer los industrializados:

“A pesar de que su parte de la población mundial corresponde sólo a un 20%, los países industrializados son responsables del 75% de las emisiones acumulativas de CO2 relacionas a la energía desde 1850. Esto lleva a que muchos observadores concluyan que los países ricos deberían asumir una parte mucho mayor de los costos asociados a la reducción de las emisiones globales de GEI.” (p.19)

Esto podría interpretarse como una forma de que los países desarrollados “reparen” los perjuicios generados por sus emisiones acumuladas, pagando el costo de reducir las nuevas emisiones en los países en desarrollo. Sin embargo, también cuentan otras razones:

“Está claro que la participación de los países en desarrollo es indispensable para que estos objetivos sean alcanzados y, por lo tanto, es en el interés de todos contar con fuertes incentivos para que ellos formen parte de la solución. Este enfoque aseguraría que el mundo aprovechara

-331-

primero aquellas oportunidades de mitigación que ofrecen una mejor relación costo-beneficio. En otras palabras, una solución global eficiente solamente es posible si las reducciones son implementadas en países que tienen un mayor potencial de llevar a cabo reducciones a precios más bajos, que no necesariamente son aquellos donde las emisiones son mayores” (de la Torre, A. et al., 2009, p. 19).

Desde otra posición, se considera que los países desarrollados tienen una deuda ecológica que los obliga a instrumentar formas de reparación con los países en desarrollo que sufren los impactos que no generaron. En parte, esta situación está reconocida en el principio de “responsabilidades compartidas pero diferenciadas”. Siguiendo con el ejemplo referido a cambio climático, Bolivia, al igual que Argentina y otros países de América Latina, ya están sufriendo graves impactos, particularmente los problemas derivados del deshielo de los glaciares andinos de los cuales se abastecen grandes poblaciones. Bolivia clama medidas urgentes y efectivas orientadas a metas de reducción de emisiones drásticas y plantea una crítica radical a la mercantilización de la naturaleza. P a b l o S o l ó n , delegado boliviano a la COP 16, lo explicó de la siguiente manera:

“Éste es un problema muy grave porque estamos ante la generación de un nuevo tipo de derechos de propiedad sobre la naturaleza, algo que hasta ahora nunca habíamos visto y que empieza a desarrollarse en el marco de las negociaciones de Cambio Climático vinculadas a los bosques bajo lo que se conoce como REDD (Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la Degradación de los bosques). Nosotros creemos que sí tiene que haber una compensación a aquellos países y a aquellas comunidades que

-332-

protegen sus bosques, pero no a través de mecanismos que generen un mercado de carbono y menos con cierta clase de derechos de propiedad que luego sean objeto de transacciones en un mercado internacional” (Entrevista, http://www.rnw.nl/espanol/article/cierra-la-cop-16-con- los-acuerdos-de-cancun).

Ese nuevo tipo de derecho de propiedad puede ser visto como un cercamiento de los bienes comunes análogo al cercamiento de los campos en los inicios del capitalismo. Y devela que lo importante de estos derechos de propiedad es su carácter de instrumentos que permiten el control y usufructo de los territorios y determinan relaciones de explotación y dominación. Ser dueño de la capacidad de absorción de carbono de un bosque y no del bosque, en cuanto de derecho a decidir el uso del bosque tiene la misma lógica que ser dueño de la tierra. De manera análoga, la propiedad privada de una mina, no de la montaña, de la fábrica y no del río en que vierte los efluentes, del campo y no del conjunto de procesos bio-geo- químicos afectados, implican decidir sobre el uso de ecosistemas y de facto constituyen formas extender la propiedad y avanzar en el cercamiento y apropiación privada de bienes comunes. Las capacidades técnicas de intervención en la Naturaleza amplían las consecuencias de la acción humana. Esto, además de desafiar a una ética ambiental aún pendiente (Jonas: 1995) visibiliza que siempre estamos usando ecosistemas. Los instrumentos de mercado llevan implícito el recorte que escinde el elemento apropiado de su condición de parte de un ecosistema y es este recorte lo que imprime el sesgo profundamente destructivo de las relaciones sociedad-naturaleza en el marco del productivismo. La crítica a los modelos de desarrollo dominantes se expresó claramente en la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra, realizada en

-333-

Tikypaya en abril de 2010, y en la Cumbre de los Pueblos por la justicia social y ambiental, realizada en Río de Janeiro, en junio de 2012. Ambos encuentros internacionales emergen como formas de articulación de actores que rechazan el paradigma hegemónico, basado en el antropocentrismo, la racionalidad instrumental y la búsqueda de dominio de la naturaleza. Identifican las causas estructurales, como los modos de producción y consumo, el objetivo de crecimiento ilimitado y el poder corporativo y proponen nuevos paradigmas centrados en la defensa de bienes comunes, su consideración como públicos con control social. Revalorizan los aportes de la agroecología, las tecnologías sociales y la economía solidaria como experiencias ya vigentes de nuevas formas de organización social de la producción. Propician la articulación de movimientos sociales y la lucha en defensa de los bienes comunes y contra la mercantilización de la vida. Expresan un antagonismo principal con el capital transnacional y las corporaciones:

“más allá de los gobiernos, las corporaciones trasnacionales y los capitales financieros que acaparan tierra, agua y biodiversidad a través de patentes y biología sintética, son las verdaderas fuerzas que expulsan a la población campesina e indígena, sustituyéndolas por sistemas extensivos empresariales y lucrativos” (Vía Campesina, Intervención en Cumbre de los Pueblos, Río de Janeiro 2012).

Visualizan al capital financiero especulativo como un actor central del modelo en cuanto es el principal operador para garantizar las condiciones de desregulación que construye la rentabilidad de algunas actividades y financia a las empresas que concretan la explotación insustentable que destruye al mismo tiempo trabajo y naturaleza.

-334-

Contra la racionalidad neoliberal, centrada en el mercado, emerge una racionalidad económica diferente. Por ejemplo, Riccardo Petrella1, sostiene que “El agua tiene costo, pero no tiene precio porque es un derecho” (Intervención en Cumbre de los Pueblos, Río de Janeiro, junio 2012). Esta nueva racionalidad se sostiene en la valorización de la pluralidad de saberes y en una visión de la Naturaleza como sujeto de derecho. Sostiene el proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, redactado entre otros por Leonardo Boff :

“Si todos somos parte de un solo sistema interdependiente ¿por qué sólo los seres humanos hemos de tener derechos y la naturaleza ha de ser tratada como un simple objeto funcional a los intereses de los hombres? Para garantizar los derechos humanos en el siglo XXI es fundamental reconocer que nuestra madre tierra también tiene derechos. Solo reconociendo y defendiendo los derechos de la naturaleza será posible restablecer el equilibrio en el planeta Tierra. Mientras la especie humana trate a la madre tierra como a un esclavo carente de derechos, la humanidad no recuperará su humanidad” (2010).

1 Profesor de Economía de la Universidad de Lovaina. Italia y

Bélgica. Autor del “Manifiesto del Agua: argumentos a favor de un Convenio Mundial del Agua. Traducción, Ana María Cadarso. Prólogo de Mario Soares. Barcelona: Icaria, Intermón Oxfam, 2002.

-335-

2. Las críticas al crecimiento ilimitado La mayor parte de los países industrializados y los emergentes se resisten a aceptar compromisos que pudieran limitar su crecimiento, particularmente en un contexto de crisis en el cual ninguno quiere dar ventajas competitivas. Depositan el núcleo de las soluciones a los problemas ambientales en desarrollar nuevas tecnologías, cuyos costos serán recompensados por los beneficios a obtener con el crecimiento de la economía en nuevos sectores rentables y capaces de generar empleos “verdes”. Este “optimismo técnico” considera más necesario procurar nuevas tecnologías que discutir los modelos de desarrollo basados en la idea del crecimiento ilimitado. Reproduciendo el modelo, dichas tecnologías serán transferidas a los países menos desarrollados que, en parte

podrán adquirirlas merced a la asistencia de los fondos

verdes, gestionados por organismos como el Banco Mundial. Muchos de los científicos que llaman a enfrentar los problemas ambientales muestran también una excesiva confianza en la promoción de soluciones técnicas. Sin embargo, en concepciones de desarrollo atadas a la idea de crecimiento ilimitado siempre existe el punto en que la mayor eficiencia se ve más que neutralizada por el aumento del consumo. Contrastando la visión hegemónica, existen voces académicas, gubernamentales, y movimientos sociales que expresan posiciones críticas a los modelos productivistas y abordan los problemas ambientales en su complejidad, enfocando las causas estructurales que requieren respuestas estructurales. Las causas de los principales problemas ambientales globales, responden a modelos de desarrollo productivistas (Lipietz, 1997; 2002). En los mismos, los ritmos de extracción de recursos y de devolución de residuos aumentan hasta alcanzar y superar las posibilidades de regeneración y asimilación de la Naturaleza. Esta aceleración desde el siglo XIX y particularmente en el XX se debe al imperio de una lógica mercantil que impulsa al incremento continuo e ilimitado de la productividad (Foladori,

-336-

2001). Si bien esta podría entenderse como la búsqueda de producir lo necesario para la vida con menos dificultad y esfuerzo, en el marco de la organización actual de la economía se ha trastrocado de medio a fin, y es utilizada como instrumento de explotación, competencia entre capitalistas y expulsión de trabajadores. Implica extraer más rápido, contaminar más rápido con menos ocupación. A su vez, la concentración del ingreso y la creación de una cultura de sobreconsumo en una parte de la población mundial constituye la demanda que sostiene esta dinámica lesiva para el planeta y la humanidad. Se profundiza la desigualdad social y la destrucción de la Naturaleza. La huella ecológica de los modelos de desarrollo productivistas constituye, no sólo una deuda de los países que han producido esa sobreexplotación de la capacidad de carga de los ecosistemas respecto del conjunto de los países, sino una evidencia de la imposibilidad de universalizar esos modelos. Implica una fuerte crítica y el llamado a revisar las formas de medición del desarrollo por el mero crecimiento de producción de bienes y servicios. No sólo es cuestionable la inequitativa distribución de los mismos entre el sobreconsumo de minorías y el subconsumo de las mayorías, frecuentemente encubierta en la mayor parte de los índices basados en promedios. También son sumamente discutibles indicadores como autos por habitantes, consumo de determinados bienes o servicios por habitante, etc. Los parámetros de medición están “cargados de teoría” (Hanson, citado por García), “cargados de la ideología del progreso” (Gudynas, 2003). Los países emergentes no quieren aceptar límites a procesos de crecimiento entendiendo que los países centrales, principales responsables de los impactos acumulados, no tienen derecho a limitar el crecimiento de los demás países. La propuesta de crecimiento cero o cualquiera que pese igual sobre todos los países implicaría la injusticia de cristalizar las desigualdades históricas en los niveles de desarrollo. Si bien este argumento tiene una cuota de razonabilidad en la

-337-

discusión Sur-Norte, Lipietz (1997) destacó hace más de una década las limitaciones físicas del planeta para sostener una mal entendida justicia de igualar el derecho a destruirlo. Por el contrario, se trata de pensar nuevos paradigmas que permitan alcanzar una vida digna en todos los países sin reproducir los modelos que ya han mostrado sus impactos negativos. Para ello no sólo hace falta que los países que han cimentado su desarrollo actual en el usufructo de la capacidad de carga del planeta, se hagan cargo de enfrentar la responsabilidad por los problemas generados, haciendo y ayudando a hacer los cambios que haga falta, sino una redefinición de los objetivos de la economía, que recuperen su dimensión vital y respeten los límites ecológicos. Esto, como sostiene Gudynas (2003), en algunos lugares significará que los bienes y servicios deban crecer y en otros, implicará decrecimiento. Entendiendo por tal, no un retroceso en la calidad de vida, sino un cambio cualitativo. Es decir, una economía como sustento del hombre, que permita superar la visión puramente crematística internalizada en una “sociedad de mercado” (Polanyi: 1994). En esta línea los verdes franceses proponen un decrecimiento2 selectivo y justo, cuyos ámbitos de aplicación se determinen combinando criterios de ecología y de justicia social, para evitar los excesos de producción y reducir las desigualdades tanto dentro de los países como entre el Norte y el Sur (www.ecopolitica.org).

Cuestionando la idea de desarrollo basada en el crecimiento ilimitado ya Georgescu- Roegen (1979;1996) sostuvo que “ningún agente puede crear la materia con la que trabaja, ni el capital puede crear la sustancia de la que está hecho” en respuesta al postulado neoclásico que sostiene la sustituibilidad de capital natural por capital artificial. Sobre el

2 Sobre decrecimiento ver también Leff, Enrique (2008)

“Decrecimiento o desconstrucción de la economía: Hacia un mundo sustentable” Peripecias Nº 117 - 8 de octubre de 2008

-338-

mismo punto, Daly (1990) plantea que el capital humano es complementario del capital natural, y sólo marginalmente sustitutivo. “El hecho de tener dos o tres veces más sierras y martillos no nos permite construir una casa con la mitad de madera”.

En suma, más allá de su peso en las instituciones internacionales en el momento actual, un amplio abanico de actores e ideas contribuyen a poner en discusión la matriz insustentable de los paradigmas de desarrollo que marcaron el siglo XX y proponen una discusión

refundacional de la relación sociedad-naturaleza. La pertinencia

y relevancia de esta discusión para y desde América Latina es crucial en el momento actual, en que la mayoría de los países intenta recrear proyectos regionales y nacionales que reviertan las consecuencias del neoliberalismo. A la luz de los avances, las limitaciones, los condicionantes, cabe preguntarnos ¿en qué medida el neodesarrollismo es una alternativa en sí misma o una transición en la construcción de una nueva manera de entender el desarrollo?

3. América Latina, del neoliberalismo al neodesarrollismo

En las dos primeras décadas del siglo XXI los países de América Latina presentan distintas experiencias económicas que intentan revertir las consecuencias del neoliberalismo. No obstante, se trata de procesos en los que son tan innegables las rupturas como muchas continuidades. La voluntad de recuperar autonomía en la política económica y el abandono de recetas monetaristas conviven con los rasgos estructurales profundizados en los noventa. Las formulas nacionales para lograr y conservar equilibrios macroeconómicos, crecer y dar respuestas a los fenómenos como la exclusión, parecen no desafiar los esquemas que basan la obtención de divisas en la inserción internacional

-339-

mediante la exportación de capacidad de carga. Mientras por una parte se intentan políticas que podrían recibir el nombre de neodesarrollistas, se consolidan las actividades generadoras de divisas basadas en el extractivismo. La composición de las exportaciones, crecientemente primarizada en América del Sur, así como la orientación de la inversión extranjera en la región marcan la utilización de los territorios como espacios ambientales no sólo de los países desarrollados sino de algunos emergentes, principalmente China. La sostenida demanda internacional de algunas materias primas alienta al avance de las actividades extractivas y estas imprimen una dinámica económica muchas veces contradictoria con los usos preexistentes, vitales y económicos. ¿Por qué actividades que representan un porcentaje menor del producto y son menos intensivas en empleo, son sin embargo facilitadas por los gobiernos? El imperativo de crear condiciones para la atracción de capitales externos, entronizado por el enfoque monetario de la balanza de pagos que instalaron las dictaduras en los 70 y 80 es parte de la respuesta. Como explicara Schvarzer (1990), la apertura generó la deuda que generó más apertura. El endeudamiento externo condicionó a los países a seguir las recetas de reformas estructurales que transformaron profundamente las economías latinoamericanas. Lejos de dar respuesta a la agenda inconclusa de la sustitución de importaciones (Ferrer, 1989) demolieron muchos de sus logros e integraron a la región en la economía internacional signada por la valorización financiera. Tres décadas de políticas neoliberales llevaron a una profunda crisis y estas dieron lugar a cambios importantes en las políticas socio-económicas en la última década. En este contexto, a la desnacionalización y privatización consolidada en los noventa, muchos discursos progresistas le oponen la recuperación de la gestión nacional de los recursos y la distribución de la renta que generan. Sin embargo, y sin cuestionar la necesidad de dicha recuperación, cabe discutir a fondo los modelos. ¿Se trata de recuperar el control y modificar el reparto de los beneficios de determinadas

-340-

actividades o de evaluar su contribución real y su impacto en todos los aspectos para redefinir los usos del territorio? ¿Basta con crecer y transferir parte de la renta a las mayorías? ¿No es esta una forma de consentir la visión de la Naturaleza como capital y admitir su sustituibilidad? Convertir bosques en monocultivos, ríos en energía, agua para consumo humano y riego en agua para el proceso de lixiviado con cianuro de la megaminería, tierras para cultivos de alimentos humanos en productoras de insumos para agrocombustibles, paisajes en infraestructura turística y emprendimientos inmobiliarios, no significa sólo cambios de usos y sustitución de formas de capital. La pérdida de biodiversidad, los impactos socioeconómicos diferenciales en distintos grupos de la población y las emisiones de gases de efecto invernadero, son algunos de los muchos aspectos no considerados por agentes que buscan maximizar la ganancia y operan dentro de una lógica exclusivamente mercantil. La transferencia de parte de la renta de las exportaciones primarias a otros sectores de la sociedad no es sinónimo de reparto de riqueza. Los costos ambientales de dichas actividades, muchas veces inconmensurables, también se reparten en la propia población y con el resto del mundo. Las emisiones por deforestación, el metano de la expansión de la ganadería, los impactos por la explotación de petróleo, los pasivos ambientales irreversibles de la explotación minera son parte de la cuenta. La composición de las exportaciones de América Latina muestra una tendencia a la primarización creciente, impulsada por la sostenida demanda internacional de materias primas. Esto se traduce en los usos del territorio y está en la base de crecientes conflictos socioambientales.

-341-

4. Los conflictos socioambientales en América Latina

Partimos de bosquejar el contexto internacional entendiendo que la sustentabilidad no puede evaluarse considerando exclusivamente las fronteras administrativas sino el espacio ambiental, es decir el “área geográfica en la cual una economía se abastece de recursos del medio ambiente y deposita sus residuos” (Montibeller Filho, G.: 2004, pp.162-163). En los últimos años el aumento de los precios de los minerales ha incrementado la rentabilidad de la actividad minera e incentivado la extracción, atrayendo a numerosas empresas transnacionales. En este sentido, no sólo se expanden los gigantes mineros sino que suman a empresas de otros sectores o se forman nuevas empresas para incursionar en la actividad. Entre los primeros destacan BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata, AngloAmerican, Barrick Gold, Goldcorp, Newmont, Yamana Gold, etc. Representativo del segundo caso es el acuerdo de Glencore (agricultura) y Xstrata. Ejemplifica el tercer caso, B&A Mineração creada por el Banco Brasileño de Inversiones, BTG Pactual y la firma AGN Agroindustrial, Projetos e Participações. Las intensificación de la actividad minera profundiza un división internacional del trabajo que amplia y acelera la transferencia de recursos desde el sur hacia los países centrales y los emergentes, principalmente China. Roger Agnelli ex presidente de la brasileña Vale, líder mundial en la producción de hierro, y actual director de B&A Mineração, lo expresa claramente:

"En América Latina, en particular en la región andina, tenemos un potencial enorme de crecimiento, descubrimientos y desarrollo de activos, muchos de ellos abandonados en el pasado. (…) El continente africano tiene activos todavía desconocidos y África para el mundo es una cuestión de tiempo, pues África tiene que entrar ahora en la economía globalizada (…) El

-342-

mundo necesita de una África aumentando la oferta de recursos energéticos y alimentos y por eso apostamos en estas nuevas fronteras”. 3

El informe de la Cepal sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe (2011) señala el interés de capitales europeos y destaca también la afluencia importante desde el 2010 de capitales chinos, dispersos en varios países pero sectorialmente concentrados en minería, petróleo y gas (Pág. 39).

“Las inversiones mineras son de hecho las principales responsables del auge de la IED en recursos naturales y del proceso de reprimarización de las economías. Los marcos regulatorios en este sector han sido relativamente estables y han garantizado reglas de juego favorables para las nuevas inversiones que, junto con la dinámica de los precios, han incrementado

los niveles de rentabilidad (…) Los niveles de

rentabilidad en el sector minero plantean un importante debate sobre las rentas de los recursos naturales en la región y sobre las políticas nacionales respecto del manejo de los recursos no renovables (Cepal: 2011, pág. 76).

El sector minero, tal como lo señala Gian Carlo Delgado Ramos, a pesar de su baja participación en el comercio internacional, es estratégico para la economía mundial, ya que de algunos minerales dependen innúmeros procesos productivos (2010, pág.27). Mónica Bruckman analiza la dependencia de varios países respecto de diferentes minerales y destaca la

3 “Nace nueva minera brasileña con inversiones en África”. Sao

Paulo. Agencia EFE. Disponible en:http://www.larepublica.net/app/ cms/cms_periodico_showpdf.php?id_menu=50&pk_articulo=5329105&codigo_locale=e s-CR (Acceso 14 de julio 2012).

-343-

gran participación de América Latina en las reservas mundiales de los mismos. El niobio, mineral que continúa siendo intensivamente usado para la producción de acero y en la industria aeroespacial, es sumamente importante para EUA y también para China, que emerge como el gran consumidor de acero del mundo. América Latina cuenta con el 99% de las reservas mundiales de litio (91% en Bolivia, 7% en Chile, 1% en Argentina). Por la importancia estratégica de este mineral, fundamental para fabricar baterías recargables y para la nueva generación de autos eléctricos, la autora sostiene que podemos esperar que se ejerza una gran presión creciente por parte de Estados Unidos sobre la gestión del litio en Bolivia, que está en manos de la empresa estatal Comibol (Corporación Minera de Bolivia).

También América Latina es un espacio vital para el abastecimiento de cobre, tanto para Estados Unidos como para China, país que viene incrementando el consumo del mismo en casi 10% al año. Existe actualmente una gran presión de transnacionales para explotar minerales, aprovechando los marcos legales permisivos y concesiones por largos períodos (20 a 40 años). Para la autora, se debería cooperar entre los países latinoamericanos para defender los precios de los minerales, realizar una gestión dinámica de reservas, minimizar y controlar efectivamente impactos ambientales y avanzar en la industrialización (Mónica Bruckman, 2011).

5. Controversias sobre la minería en América Latina En los últimos años, los minerales representan porciones crecientes de las exportaciones y grandes proyectos mineros son impulsados por capitales extranjeros. Sin embargo, la minería continúa siendo una porción pequeña del PBI, sus aportes al fisco son insignificantes y el empleo generado es ínfimo. Sólo a modo de ejemplo, el 60% del total de exportaciones de Perú son mineras. En contraste, según datos del Censo de Población y Vivienda del año 2007, sólo el 1.3%

-344-

de la PEA es ocupada en las actividades económicas relacionadas a la explotación de minas y canteras.4 En Bolivia, en el primer semestre de 2010 los minerales constituyen el 28,9 % de las exportaciones, el segundo rubro después de hidrocarburos (petróleo y gas) que aporta el 41,29%. Aunque ambos rubros extractivos suman el 70% de las exportaciones emplean al 1,55% de la población ocupada.5 A pesar de los magros resultados en término de empleo, ingresos fiscales y contribución al producto, persiste en algunos actores una fuerte posición pro-minera como la expresada sintéticamente por Jorge Espinoza Morales6, en su análisis de la minería en Bolivia en el 2010:

“Sólo desarrollando nuevos proyectos se podrá revitalizar la minería y para ello será necesario atraer grandes inversiones, lo que se conseguirá únicamente si existe seguridad jurídica, estabilidad y competitividad tributarias, incentivos a la exploración y contratos ecuánimes entre el Estado y particulares”

En la mayoría de los países latinoamericanos las concesiones de permisos de exploración se amplían al igual que el número de proyectos en construcción y explotación. La necesidad de divisas incentiva la aceptación de inversiones dirigidas a la minería exportadora. Pero este auge tiene una contrapartida. A lo largo de toda América Latina se incrementa la conflictividad respecto a la actividad extractiva con grandes cuestionamientos económicos y ambientales. Considerando la

4 INEI. http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IndDem/?id=Resultados Censales (Acceso 15/4/12). 5 Fuente: Estadísticas e indicadores económicos y sociodemográficos

de Bolivia. INE 2010. 6 Ingeniero de minas, ex Ministro de Minería. Autor del libro "Minería

Boliviana: Su realidad". Cita de la nota “Desempeño de la minería en 2010” en Periódico La Patria. Perspectiva Minera. Viernes, 25 de febrero de 2011 Nota disponible en: http://lapatriaenlinea.com/?nota= 60097 (Fecha de acceso 10 de abril de 2013).

-345-

alta rentabilidad de la actividad, el carácter de estratégicos de los minerales y la disponibilidad de los mismos en América Latina ¿Por qué los países latinoamericanos protegen, facilitan o fomentan la actividad de empresas transnacionales? El régimen tributario, los marcos jurídicos reformados ad hoc, las débiles e inadecuadas regulaciones ambientales y el poder coercitivo constituyen condiciones de explotación de los recursos a favor de las empresas transnacionales que aseguran la internalización de máximas ganancias privadas con mínimos aportes al fisco y externalización de costos indirectos a las sociedades locales. Las explotaciones mineras aumentan la presión sobre ecosistemas en los cuales hay actividades preexistentes y poblaciones que temen la degradación de su hábitat, de elementos vitales como el agua y defienden modelos alternativos de vida y producción. Así, crecen intensos conflictos socioambientales en América Latina. Un caso representativo es el generado en torno al proyecto minero CONGA, en Cajamarca, Perú. Pertenece a la empresa Yanacocha (cuya mayor accionista es Newmont Mining Corporation, con sede en Denver, EEUU). El proyecto supone el trasvasamiento de las lagunas El Perol y Azul, y la disposición de desechos tóxicos en la cuenca de la cual dependen los habitantes de la región. Esto ha generado importantes movilizaciones en defensa del agua y en contra de este proyecto. El gobierno central y las empresas argumentan que habrá controles ambientales. Sin embargo, las organizaciones sociales y el gobierno regional recuerdan los casos de contaminación ya producidos. Se realizó una gran marcha en defensa del agua desde la zona donde se pretende emplazar el proyecto hacia Lima, así como importantes movilizaciones, cuya represión generó cinco muertos y heridos. El gobierno central decretó estado de emergencia y convocó a dos religiosos a asumir un proceso de mediación, en curso. Según Marco Arana, uno de los dirigentes de la marcha del

-346-

agua: “la minería es efímera. Se llevan los recursos y los pueblos siguen pobres”.7 Para evaluar el impacto de la minería en el desarrollo es interesante recordar que, aunque se identifica a Cajamarca como una región minera, la principal actividad económica es la agricultura, caza y silvicultura, en la cual trabaja el 55.9% de la PEA ocupada, mientras en explotación de minas y canteras, sólo lo hace el 1,5% de la PEA ocupada8. El pronunciamiento de la Universidad Nacional de Cajamarca sobre el proyecto minero Conga, resume los principales cuestionamientos económicos, ambientales y culturales.

7 Fuente: http://elcomercio.pe/peru/1369375/noticia-marcha-agua-

paso-choropampa-hoy-llega-trujillo. (Acceso: 21/6/2012) 8 INEI. Cuentas nacionales. Disponible en:

http://www.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003 Fecha de acceso (Acceso: 29/6/2012

-347-

-348-

6. La megaminería en Argentina El conjunto de políticas que ha propiciado el avance de la megaminería en Argentina parte de las reformas estructurales instauradas desde la dictadura. La desregulación, apertura externa, predominio de la valorización financiera y fundamentalmente el enfoque monetario de balanza de pagos contribuyeron a instalar una definición de desarrollo “atada” a la capacidad para atraer capitales externos. Esta visión se profundizó en los años noventa.

Entre las principales medidas sectoriales puede citarse la reforma del código de minería, que reconoce al Estado la propiedad de los minerales pero le prohíbe su explotación, obligando, de hecho, a concesionarla al sector privado. También los Tratados Bilaterales de Inversiones y las leyes especiales como el Acuerdo Federal Minero y las complementarias, que consagran la estabilidad fiscal, un amplio conjunto de beneficios impositivos y promocionales y un tope insignificante a las regalías por el mineral en boca de mina, que, además, se paga en relación a la cantidad extraída establecida en una declaración jurada de las propias empresas. En lo atinente a los aspectos ambientales, la actividad goza de un régimen especial por el cual los certificados de impacto ambiental, así como actualizaciones y controles son competencia de la misma autoridad que debe promover la actividad. La reforma constitucional también ha jugado un importante rol. En el marco de un largo debate sobre la coparticipación federal y de las políticas de ajuste, la provincialización de los recursos naturales sirvió para generar una fuente de ingresos fiscales para las provincias, lo que colaboró para que una mayor parte de los recursos fiscales nacionales se destinara a pagar compromisos externos. Esto a su vez facilitó el accionar de las transnacionales mineras en tanto consolida las relaciones aún más asimétricas. De un lado, grandes corporaciones apoyadas por algunos gobiernos de los países centrales, financiadas en

-349-

los mercados de capitales y apoyadas en los marcos internacionales que operan para la desregulación, y del otro, gobiernos de provincias con múltiples demandas, ávidos de recursos y compitiendo entre sí para localizar las inversiones.

A esto debe agregársele una bajísima autonomía estatal. El caso paradigmático es San Juan, donde empresarios mineros en funciones de diputados lideraron la reforma de las leyes pro-mineras y luego, en cargos ejecutivos gestionan su aplicación. La corrupción y/o el clientelismo, practicado no sólo desde el Estado sino desde las empresas con sus donativos, la presión a los medios, indirecta, a través de la pauta publicitaria o directa, como sacar de circulación algunas publicaciones y la utilización de herramientas que erosionan la calidad democrática, como las reformas de códigos de faltas que permite detener a quien anuncie desastres (la contaminación del agua, por ejemplo) o la criminalización de la protesta.

¿Por qué continúa la política minera cuando cambia la política económica general desde el 2003? La continuidad de la política minera es notable. Si bien constituyen cambios importantes la obligatoriedad de ingresar una parte de las divisas obtenidas por las exportaciones y la imposición de retenciones, los mismos aparecen justificados como la captación de una (mínima) parte de una rentabilidad extraordinaria. El respaldo político es ostensible. Trascendiendo una visión que simplificara la explicación, adjudicándola a intereses espúreos, podemos preguntar: ¿Cuáles son los resultados esperados por el gobierno de esta política minera? ¿Obtención de divisas, ampliación de los ingresos de provincias y municipios, puestos de trabajo? En Argentina, y aún con el marco existente, la obtención de divisas por la minería sigue siendo marginal respecto a otras actividades. Con respecto a los aportes al Estado provincial y municipal, el mismo sigue siendo insignificante en relación a las ganancias empresariales, sobre todo considerando que sus territorios internalizan los impactos negativos irreversibles y que

-350-

los pagos de regalías, como ya se explicó, se hacen en relación a las declaraciones juradas de las empresas. Los beneficios fiscales implementados para promover a la minería son los mismos que relativizan su impacto positivo en las arcas públicas. El impacto en el trabajo, al igual que en los países latinoamericanos mencionados oportunamente, es ínfimo (menor al 2%). Por el contrario, actividades afectadas actual y potencialmente son responsables por una proporción sumamente relevante de la población económicamente activa. Los resultados en términos de desarrollo son evaluables en las áreas donde la megaminería está presente desde hace ya varios años. Por ejemplo, el área de influencia de Minera la Alumbrera (Catamarca) muestra la consolidación de la pobreza (Giraud, 2011, p 26). Sin embargo, no parece adecuado limitar la evaluación de los resultados en términos de los propios parámetros esgrimidos por los impulsores de la actual política minera. Los conflictos socioambientales en torno a la megaminería muestran numerosos aspectos que exigen ser tenidos en cuenta en el debate sobre política minera en el contexto de un proyecto de desarrollo. Entre otras cuestiones diversas, significativas y pertinentes aún ausentes o minimizadas en la política minera, en Argentina, se pueden esbozar las siguientes:

1- Es necesaria una evaluación que considere el contexto de las relaciones y su complejidad

La consideración parcial e insuficiente de los impactos de la actividad minera; la naturalización de la evaluación privada, limitada a la rentabilidad empresarial; la mirada productivista que ve como “poner en valor un territorio improductivo” con la entrega de grandes extensiones de territorios a las transnacionales para que exploten la minería a gran escala y exporten, son manifestaciones de una forma de entender la relación sociedad- naturaleza. Expresan una mirada recortada al “recurso”

-351-

entendido como la porción del todo valorizada por el mercado, del cual se separa por métodos que no reconocen la naturaleza ecosistémica del todo del cual se escinde la parte. Es así que todo lo externalizado por el recorte del proyecto privado es invisibilizado y queda a los actores en conflicto “mostrar” los impactos y con ello, mostrar la trama de la complejidad. En esa tarea, esa lucha, el espacio de visibilidad es la esfera pública y es en ella donde dirimen fuerzas, por un lado las acciones de las grandes empresas, con su poder de cooptación del Estado, de los medios y de algunos actores locales a través de la dádiva, y por el otro la acción de los grupos diversos que expresan otros valores, racionalidades y visiones acerca del desarrollo. Entre las múltiples relaciones a considerar, sin dudas, se encuentra la situación de los territorios en los escenarios de cambio climático. Por ejemplo, según el especialista Osvaldo Canziani:

“El problema que en un futuro próximo deberá afrontar Cuyo será el de balances hídricos más críticos, tanto por la disminución de las precipitaciones como por el aumento de la temperatura en superficie (…) La instalación de la explotación minera a cielo abierto agravará, sin dudas, el panorama para la producción frutícola y hortícola de la región (…) De todas maneras, habida cuenta de la disminución de los caudales superficiales y subterráneos, la aparición de un nuevo usuario: la minería, incrementará la deficiencia hídrica. Además, este problema será exacerbado por la alta dosis de contaminación del agua, el aire y los suelos que generan las tareas mineras (Citado en Rofi, 2007: 1)9.

9 CANZIANI. OSVALDO (2008) Grupo de Trabajo II del Panel

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) citado en “Piden que se estudien los recursos hídricos” En: El ciudadano, Mendoza. Disponible en: http://www.ciudadanodiario.com.ar/2008/06/22/nota54189.html. Acceso: 25/06/08

-352-

2- La “Flexibilización” en el cumplimiento de las de leyes

utilizada como política de fomento de la actividad minera.

Como ya se señaló, el marco jurídico construido en los noventa y aún vigente provee condiciones sumamente atractivas para los inversores internacionales. No obstante la benevolencia de esas condiciones para las empresas mineras, la omisión de controles por parte del Estado y la falta de exigencias ante los incumplimientos, configuran una política activa de promoción encubierta.

“Pascua Lama, el más emblemático de los proyectos mineros, viola la Ley de Residuos Peligrosos, con la transfronterización de residuos, la ley General del Ambiente, al No conformar y constituir el Seguro Ambiental Obligatorio, la llamada ley de Cuencas (25688), desviando, embalsando aguas sin la autorización de un comité Nacional como lo tiene el Riachuelo, quizás, la ley de Reservas Arqueológicas, destruyendo, atropellando reservas básicamente prehispánicas correspondientes a los Incas, se está violando la Ley de la Reserva de Biósfera, ya que el proyecto minero está dentro de los límites y la Reserva de Biósfera no tiene Plan de Manejo, la ley de Cuencas, donde, más allá de la situación actual con los amparos de por medio, ya la empresa se ha auto-incriminado al declarar anteriormente que se encuentra en áreas periglaciares” (Entrevista a Ricardo Vargas, 2011, San Juan).

3- La reducción de la seguridad jurídica a los intereses de

inversores externos Durante la década de los noventa el Banco Mundial promocionó activamente las reformas del sector minero. Sus principales

-353-

lineamientos son descriptos en el documento “Mining Strategy for Latin America and the Caribbean” (Banco Mundial, 1996, pp. XV y XVI). La mencionada estrategia asumía como objetivos:

a) “La Seguridad de Tenencia: no expropiable, transferible e hipotecable... b) Los criterios discriminatorios deberían ser eliminados... c) El libre acceso a Recursos Minerales: requiere de la liberación estatal de toda la tierra reservada para exploración, y que los inversionistas tengan asegurado el acceso a la tierra para explotación, en condiciones que no sean excesivamente onerosas. d) Acceso a divisas, libertad de importación y exportación, reembolso de préstamos y repatriación de ganancias. e) Un régimen fiscal estable y equitativo. Los inversores necesitan la seguridad de que los impuestos no tendrán modificaciones significativas durante la vida del proyecto... Idealmente, esto requiere impuestos basados en los ingresos, sin regalías o con un mínimo de regalías; sin o con bajas tasas de importación; disposiciones para compensar los impuestos a los activos y a la distribución de ganancias y un adecuado mecanismo de devolución del impuesto al valor agregado sobre sus compras” (OCMLA: 2013 p.6).

La concreción de estos lineamientos en Argentina es reconocida por inversores extranjeros. En este sentido, durante la visita al mandatario provincial, los ejecutivos de la empresa “Argentina Mining Limited”, de capitales australianos, explicaron por qué han concentrado todos sus intereses en la provincia de San Juan:

“Esto obedece a que esta provincia ha ganado un sello propio en el contexto minero internacional -destacó Videla en la ocasión-, gracias al fuerte respaldo del Estado, que mantiene la actividad como una política de

-354-

Estado y muestra una estabilidad jurídica que resulta altamente confiable para los inversores internacionales”10.

Sin embargo, cabe preguntar por la seguridad jurídica aplicable a las inversiones de los productores locales en otras actividades económicas preexistentes, cuya continuidad se ve amenazada por la actividad minera, y a los derechos de los habitantes al acceso al agua:

“El agua en San Juan es como la sangre para el cuerpo humano. Que lo tenga presente el gobernador de San Juan, los legisladores. Hoy la gente ha venido muy disgustada porque hay gente que no riega hasta los 120 días, entonces con eso no se puede tener una producción. Porque acá nos quieren desplazar por otra actividad. Acá están entregando agua a 160 proyectos mineros y si cada uno va a gastar medio metro cúbico no vamos a tener agua ni para tomar. Acá no es un problema solamente de los agricultores, es de toda la población de San Juan. Hay que hacerle entender al gobernador que si quiere transformar San Juan en minero es matando a toda la actividad agrícola, porque el agua es una sola” (José Ramos, integrante de Asociación de Viñateros Independientes). 11

10

“Capitales Australianos realizan exploración intensiva en San Juan”, en Tres Líneas. Información importante. Disponible en http://www.treslineas.com.ar/capitales-australianos-realizan-exploracion- intensiva-juan-n-400984.html Acceso 25/3/ 2012 11

Citado por Romero Guillermo en la nota “San Juan: Productores piden agua y que la megaminería no los haga desaparecer” en Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. 26 de septiembre de 2012. Disponible en http://prensadelpueblo.blogspot.com.ar/2012/09/san-juan-productores-piden-agua-y-que.html

-355-

El concepto de seguridad jurídica implementado para la gran minería, más que sinónimo de respeto a la ley como factor institucional de desarrollo, constituye un “seguro” ante eventuales cambios de regulaciones provenientes del ejercicio legítimo de la política en un sistema democrático. Así, el concepto de seguridad jurídica diseñado por el Banco Mundial, invocado por las empresas mineras y el conjunto de funcionarios, lobistas y sectores afines, cristaliza y transpola las decisiones de los gobiernos neoliberales a los gobiernos siguientes. Esto no determina la imposibilidad, sino los costos de una transformación radical de las regulaciones de la actividad minera.

7. Consideraciones finales En los últimos años el aumento de los precios de los minerales ha incrementado la rentabilidad incentivando su extracción y atrayendo al capital transnacional. En América Latina, facilitada por las reformas jurídicas realizadas en las década de los noventa y por la continuidad de las políticas pro-mineras en los gobiernos actuales, crecen el número de proyectos en actividad, en construcción y en exploración. Pero este auge tiene una contrapartida. Por una parte, mientras la mayoría de los beneficios son privatizados y extranjerizados, la creación de empleo es ínfima, la magnitud de la promoción es altísima, no sólo en términos fiscales sino en la provisión de infraestructura y en el costo de oportunidad del uso minero de recursos naturales y humanos, y los costos ambientales son externalizados y socializados. Al mismo tiempo, se han incrementado los conflictos pues aumenta la presión sobre ecosistemas en los cuales hay actividades preexistentes y poblaciones que temen la degradación de su hábitat y de elementos vitales como el agua.

La envergadura de los impactos visibiliza que nunca usamos elementos, sino ecosistemas, y que las formas de propiedad sobre algunos recursos (tierra, mina) resulta, en las actuales

-356-

condiciones de explotación, en la creciente apropiación privada de bienes comunes (agua, aire, biodiversidad, etc.). Esto coloca en el centro del debate la lucha en torno a la mercantilización de la naturaleza y desafía a la economía política a repensar paradigmas, ya que los conocidos se muestran inoperantes para considerar el valor de la naturaleza en sus múltiples dimensiones, particularmente las no utilitaristas. A lo largo de toda América Latina la conflictividad respecto a la minería convoca a un debate profundo sobre el desarrollo, la teoría y la política económica, que todavía parece en ciernes. Mientras los conflictos muestran que hay lógicas en disputa que responden a racionalidades y valoraciones diferentes, las respuestas de empresas mineras y gobiernos tienden a establecer una v isión reduccionista de los conflictos, basada en el sofisma producción versus ambiente. Al mismo tiempo, intentan el encauzamiento de los conflictos mediante una combinación de asistencialismo empresarial para captar voluntades e invocaciones a la sustentabilidad débil, con gobiernos que garantizan la continuidad de las reformas promineras, incluso con la criminalización de la protesta, y evidencian una bajísima autonomía estatal frente a los intereses mineros. La reforma del régimen minero promovida por el Banco Mundial e instrumentada por los gobiernos neoliberales en la década de los noventa, asienta sobre el concepto de seguridad jurídica las bases de un enclave normativo. Un régimen especial e inamovible que facilita la continuidad de enclaves económicos articulados con la economía internacional. La aceptación acrítica y dócil de este concepto implicaría sustraer porciones del territorio nacional y la gestión de recursos naturales a la política democrática y soberana. La profundización del debate requiere avanzar también en otras preguntas. Considerando que el territorio de América Latina es fuente de abastecimiento de minerales estratégicos, particularmente importante para EEUU y China ¿Seguirán compitiendo entre sí los países de América Latina, ofreciendo cada uno sus recursos naturales para obtener

-357-

más divisas? o ¿Avanzarán en una estrategia común y concertada para una gestión regional de los recursos con mayor autonomía y sustentabilidad? En suma, repensar el desarrollo, para repensar la minería: ¿Qué minería para qué país?

8. Bibliografía

DELGADO RAMOS, GIAN CARLO, Comp. “Ecología política de la Minería en América Latina”. Centro Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades. Universidad Autónoma de México, México, 2010.

BRUCKMANN, MÓNICA “Recursos naturales y la geopolítica de la integración Sudamericana”. Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, 2011. Disponible en: http://opsur.wordpress.com /2011/04/15/recursos-naturales-y-la-geopolitica-de-la-integracion- sudamericana/ Acceso: 15/3/2012.

CEPAL, “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe”, Santiago de Chile, 2011.

CUMBRE DE LOS PUEBLOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y DERECHOS DE LA MADRE TIERRA. “Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra”. CMPCC. Bolivia. 2010. Disponible en: http://cmpcc.org/derechos-madre-tierra/ (Acceso: 10/2/2011).

DALY HERMAN (1990) Criterios operativos para el desarrollo sostenible EUMED.NET Disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/textos/Daly-criterios.htm#6 (Acceso: 10/2/2011).

-358-

DE LA TORRE A., FAJNZYLBER P. Y NASH J. “Desafío del Cambio Climático: desarrollo con menos carbono”. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Banco Mundial, Washington, DC. 2009. Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/52876781226014527953/Overview-Spanish.pdf (Acceso: 15/12/2011). FERNÁNDEZ EQUIZA, ANA MARÍA “Analise Interdisciplinar da valoração da Natureza nos Conflitos Ambientais”. Tesis de Doctorado. Universidade Federal de Santa Catarina. Brasil. 2007. Disponible en: www.tede.ufsc.br/teses/PICH0062-T.pdf (Acceso: 12/03/2012).

FERRER, ALDO “El devenir de una ilusión: la industria argentina desde 1930 hasta nuestros días”. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1989. FOLADORI, GUILLERMO “Límites do desenvolvimento sustentável” Ed. UNICAMP, Sao Paulo, Brasil, 2001. GARCÍA, ROLANDO “Conceptos básicos para el estudio de sistemas complejos” en Leff, Enrique (coord.), “Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo”. Ed. Siglo XXI, México. 2000.

------------------------ “Interdisciplinariedad y sistemas complejos” en “Ciencias Sociales y Formación ambiental”. Leff, E. y García, R. y Otros. Ed. Guedisa, Barcelona, 1994.

GIRAUD, MARCELO “Chile-Argentina, una gran cordillera enajenada. Políticas y perspectivas de la minería”. Revista Realidad Económica N° 248, IADE, Buenos Aires 2011, pp. 11 a 26.

GEORGESCU-ROEGEN, N. “Common the Papers by Daly and Stiglitz”. En V. Kerry Smith, eds., Scarcity and Growth

-359-

Reconsidered. Baltimore: RfFand Johns Hopkins University Press. 1979.

------------------------------: “La Ley de la Entropía y el proceso económico”, Fundación Argentaria, Madrid.1996

GUDYNAS, EDUARDO, “Ecología, economía y ética del Desarrollo Sostenible”. Instituto para la Conservación y la Investigación de la Biodiversidad (ICIB)/Academia Nacional de Ciencias de Bolivia (ANCB), Bolivia, 2003. ---------------------------“El día después del desarrollo” América Latina en movimiento N° 445, pp. 31-33. Quito, 2009. Disponible en: http://www.postdesarrollo.com/textos/GudynasDiaDespuesDesarrollo09.pdf JONAS, HANS. “El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica”. Ed. Herder, Barcelona, 1995. LEFF, ENRIQUE. “Decrecimiento o desconstrucción de la economía: Hacia un mundo sustentable” “Peripecias” Nº 117 - 8 de octubre de 2008. LIPIETZ, ALAIN: “¿Qué es la ecología política? La gran transformación del siglo XXI”. Instituto de Ecología Política, Santiago de Chile. 2002

----------------------“Elegir la audacia: una alternativa para el siglo XXI”. Ed. Trotta, Madrid, 1995.

MONTIBELLER FILHO, G. “O mito do desenvolvimento sustentável”. Florianópolis, EDUFSC, Santa Catarina, 2001. OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE AMÉRICA LATINA. “Legislación minera en el derecho comparado. Los

-360-

casos de Chile, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador”. Ed OCMAL, RED MUQUI y FEDEPAZ. Lima, 2013. Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/component/docman/doc_download/774-derechocomparadoocmal POLANYI, KARL “El sustento del hombre”. Grijalbo, Biblioteca Mondadori. Barcelona,1994. RADIO NEDERLAND INTERNACIONAL Entrevista a Pablo Solón. 2010 Disponible en: http://www.rnw.nl/espanol/article/economia-verde-mercantilizar-la-naturaleza (Acceso: 15/02/2011). ROFI DANTE A. “El agua, entre la minería y la producción”. Diario La Nación, Buenos Aires (1/9/2007). www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=939550 (Acceso 8/12/11). SCHVARZER, JORGE. "Un modelo sin retorno: dificultades y

perspectivas de la economía argentina". CISEA, Buenos Aires,

1990.

-361-

Capítulo 9

Conflictos ecológicos distributivos en torno al proyecto megaminero Agua Rica1

Ana Laura Berardi2

1. Introducción La minería en Argentina registra antecedentes a lo largo de toda la historia del país. A pesar de ello, especialmente en lo referido a minería metalífera, fueron las excepciones y no la continuidad lo que marcó el desarrollo de la actividad. En el caso de la minería no metalífera, si bien fue mucho más constante de igual manera es definida esta producción como “aceptable” y reducida en escala” (Catalano, 2004:1). Sin embargo, las transformaciones en el mercado internacional, de la mano de la necesidad de abastecimiento por parte de las potencias mundiales de minerales a bajo costo, el agotamiento de yacimientos de explotación bajo el sistema tradicional de galería y la implementación de la extracción a cielo abierto han generado importantes cambios en el sector. En la actualidad, en el territorio argentino, su frontera occidental es la que ejerce un importante atractivo para las inversiones extranjeras. De un país que otrora fuera distinguido como “el granero del mundo” hoy ha pasado a ser “la niña mimada de la minería”, epíteto con el que se la ha catalogado en foros mineros internacionales (Berardi, 2010a, 81 – 82).

1 Este trabajo forma parte de las investigaciones del Grupo de Estudios

Regionales de la UNMDP y de los resultados del P.I. “Implicancias geográficas de la explotación de recursos naturales en la Argentina, 1990-2009. Una perspectiva crítica. Segunda Etapa”, radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu. 2 Docente-investigadora de la UNMDP. Becaria del CONICET e

investigadora del Programa de Estudios Geográficos de la UNLu.

-362-

Con las reformas legislativas que convirtieron al país en un mercado atractivo, a mediados de los 90, se da inicio a esta nueva etapa en la minería. El puntapié inicial se produjo con la puesta en producción de Yacimiento Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca. La escasa experiencia de los impactos ambientales que este tipo de actividad puede ocasionar, se conjugó con la crisis socioeconómica estructural que atravesaba y atraviesa esta provincia, por lo que en un principio la receptividad social, mediada por la propaganda oficial y de la empresa propiciaron una gran receptividad. Pero prontamente los inconvenientes de un modelo extractivo que comenzaba a expandirse emergieron y la resistencia social comenzó a crecer. Los conflictos en torno a la puesta en funcionamiento del proyecto Agua Rica, no sólo deben entenderse en el marco de una resistencia generalizada a este tipo de actividad, que ha ido creciendo no solamente a lo largo de toda la cordillera, sino también de organizaciones y asambleas en varios puntos del país; sino que tiene como agravante encontrarse a pocos kilómetros de aquel primer proyecto insignia en el país. Con más de 15 años de explotación, la degradación ambiental, el deterioro social y económico, sumado a un progreso que nunca llegó y a un poder político que a pesar de todo esto sigue impulsando la actividad, han llevado la conflictividad a niveles inimaginables para el inconsciente colectivo regional, incluso convirtiendo a la ciudad de Andalgalá en uno de los principales emblemas de la resistencia antiminera en el país. De esta manera se intentará brevemente desentrañar el complejo entramado que ha adquirido el conflicto ecológico distributivo vinculado a la explotación minera, que toma como disparador un proyecto resistido en una región que ya conoce los impactos de la mega minería, incentivado por el poder político local, provincial y nacional, pero entendiendo esto en un contexto en donde el capitalismo, desde la década el 70 se ha centrado en el control y extracción de bienes primarios como una de sus

-363-

fuentes de reactivación de las perimidas tasas de acumulación heredadas del modelo fordista.

2. La minería: una Política de Estado Desde la reforma de las leyes mineras, a mediados de los ´90, Argentina ha tenido gobiernos nacionales de diversos extractos partidarios, que incluso discursivamente intentaron diferenciarse unos de otros. No obstante ello, la ponderación de esta actividad, entre otras, ha sido una constante. Muestra de ello es que las legislaciones inherentes al sector, especialmente la Ley 24.196/93 de Inversiones Mineras3 no se han modificado en su esencia, incluso cuando vastos sectores de la sociedad y una minoría del poder político han cuestionado dicha ley, por cuanto establece garantías y beneficios impositivos, además de controles extremadamente laxos para las empresas. Resulta evidente que tanto al momento de sancionarse las mencionadas leyes, como así también en los sucesivos

3 Se debe destacar que además de la mencionada ley existen otras que

fueron claves en la transformación como es el caso de la 24.224/93 (creación del Consejo Federal de Minería), 24.228/93 (Acuerdo Federal Minero), 24.198/93 (de Inversiones Mineras) y 24.466/95 (creación del Banco Nacional de información geológica). Para ampliar sobre el tema ver: de Moori K. M. Reformas económicas y la inversión en el sector minero argentino. CEPAL. Serie Reformas Económicas Nº 50. Santiago de Chile, 1999. Svampa M.; Bottaro, L. y Solá Álvarez, M.; “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes”. En: Svampa, M. y Antonelli, M., Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Editorial Biblos, Bs. As., 2009.; Berardi, A., “Minería Argentina: de ganancias macroeconómicas y pérdidas socioambientales”. En Liberali, A. y Gejo O. La Argentina como Geografía. Procesos productivos e Impacto Social (1990 – 2008). UNMDP – UNLu – Centro de Estudios Alexander von Humboldt – UGAL – Red Latinoamericana de Estudios Geográficos de la UGI, Bs. As. 2010

-364-

gobiernos, no consideraron que los beneficios son sumamente favorables para el capital transnacional mientras que para las arcas nacionales y provinciales los márgenes de ganancias son ínfimos. En este sentido, las palabras del entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner – en el marco de la presentación del Plan Minero Nacional en el año 2004 – muestran claramente cuál es la línea que se ha seguido en torno al desarrollo de la minería: “ (…) el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del '90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. Nosotros lo pudimos ir percibiendo en distintos lugares de la Argentina y hasta la profundización del proceso de recesión, de depresión en la Argentina, el sector minero fue mostrando en sus distintos aspectos un crecimiento casi permanente. Con mayor o menor resultado según las legislaciones vigentes, en muchos casos provinciales, y también con el gerenciamiento de las propias provincias que le fue dando a la tarea que tenía que llevarse adelante en este sector el trabajo promocional o de inducción que el Gobierno Nacional tendría que haber profundizado y llevado adelante. Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, y que evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la Argentina (…)” (Secretaría de Minería de la Nación). Sin duda alguna, no existen objeciones en cuanto al accionar de las empresas, sino que por el contrario, desde el Estado Nacional se reafirma el compromiso de consolidar la actividad bajo las condiciones que han sido impuestas a finales del segundo milenio. Si bien no es objeto de este trabajo efectuar un análisis exhaustivo de la historia minera en el país, es importante establecer brevemente algunas consideraciones al respecto, que permiten entender por qué, una legislación que es cuestionada por vastos sectores sociales, ya sea por los impactos

-365-

socioeconómicos y/o ambientales que produce, sea reafirmada e incluso se haya transformado en política estatal. La economía mundial se encuentra transitando una etapa turbulenta en términos del proceso de acumulación. En este sentido, los estados más poderosos, de la mano de sus empresas transnacionales han encontrado en los recursos naturales de los países periféricos, un nicho para reactivar sus alicaídas tasas de rentabilidad, así como también el control de dichos bienes naturales se ha convertido en estratégico en la lucha interimperialista. Para cumplimentar su objetivo, tienen como intermediarios a los organismos multilaterales de crédito, quiénes han girado empréstitos para posibilitar la reestructuración de los sectores inherentes a la extracción y /o producción de bienes primarios4. En el caso específico de los metales, además de las razones ya planteadas, también se presenta una situación particular, ya que el agotamiento de los yacimientos de alta ley, generó que las empresas vinculadas al sector, bajo la utilización de nuevas tecnologías (extracción a cielo abierto con lixiviación química o flotación), volcaran sus inversiones hacia países que anteriormente no habían sido considerados rentables y ese es el caso de Argentina. Pero para que ello fuera posible, se debía garantizar un marco jurídico acorde a los intereses del capital transnacional. Así lo manifiesta Julián Rooney, vicepresidente de Minera Alumbrera:

4 Dos aclaraciones se deben realizar al respecto. Por un lado, la

actividad minera no ha sido la única que ha sufrido cambios en cuanto al marco legal durante el periodo citado, sino que también por aquellos años, se modificaron la ley de pesca, la ley de bosques, se privatizó YPF. En el caso específico de la actividad minera, el Banco Mundial otorgó un préstamo de 39,5 millones de dólares al Estado Argentino destinado a la conformación del Segundo Proyecto de Asistencia al Sector Minero Argentino (Berardi, A, 2010a: 88).

-366-

“La minería tiene que ser una política de Estado, como tal debe perpetuarse y debe garantizar a los inversores el marco adecuado y necesario para llevar adelante este tipo de inversiones a largo plazo” (Svampa et al, 2009:33) Pero no solamente las “condiciones” van a ser solicitadas desde el capital externo, sino que por su parte, las burguesías locales, en una muestra más de su debilitada capacidad de generar proyectos competitivos fuera del amparo del Estado también convalidan esta idea. Así lo plantea la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM): “La seguridad jurídica es condición insustituible para el desarrollo de la minería, fundamentalmente debido a que se trata de inversiones de riesgo a largo plazo. El desarrollo del actual marco normativo ha resultado fundamental para dar impulso a la actividad (…)”. Esta condición no es sólo para el caso argentino, sino que forma parte de la características de modelo extractivista que el capitalismo ha intensificado durante las últimas décadas, y tiene su manifestación a lo largo de toda América Latina y del mundo periférico en general. La profundización de las políticas imperialistas, durante los 90 denominadas, de forma extendida, como neoliberalismo, han suscitado una resistencia social que desembocó en crisis sociopolíticas en los países de la región a finales del siglo pasado. La respuesta a esas crisis, en algunos países fue el aparente cambio de modelo y la emergencia del progresismo como respuesta. Sin embargo, a pesar de la aparente oposición con el modelo de los 90, el extractivismo goza de buena salud y continúa siendo el pilar de la estrategia de desarrollo de los gobiernos latinoamericanos (Gudynas, 2009:8). La necesidad de obtener divisas se plantea como estrategia fundamental para sostener los planes sociales, que contengan la crisis social, legitimen los procesos políticos y desactiven las resistencias de conflictos ambientales derivados de estas actividades y

-367-

fundamentalmente permitan sostener los pagos del endeudamiento externo. Esto se ve acompañado del incremento de los precios de los commodities en el mercado internacional que posibilitan esa recaudación fiscal y por sobre todo garantizan que las corporaciones transnacionales y los países hegemónicos continúen acrecentando los niveles de acumulación, haciendo que el modelo extractivista goce de muy buena salud. Como lo destaca Martínez Alier: “(…) para los presidentes latinoamericanos, sean neoliberales como Álvaro Uribe o Alan García o social-demócratas como lo ha sido exitosamente Lula, o de la izquierda nacionalista como Hugo Chávez o Cristina Fernández, el ecologismo popular es algo molestoso cuando no un enemigo. "Ecologismo infantil" lo llama Rafael Correa (aunque apoya la iniciativa Yasuní ITT y la Constitución de Ecuador del 2008 es ambientalista). Negarse a la extracción de las riquezas, vivir como mendigos sobre montañas de plata, parece absurdo a los partidarios de un desarrollismo que, devolviendo la crítica, llamamos anticuado y “senil” (2010: 1-2). En este sentido, la construcción de una imagen de un aparente nuevo rumbo encubre la perpetuidad de un modelo que no se ha modificado en lo esencial. Incluso con una relativa mayor intervención estatal en las actividades extractivas, bajo el argumento de una política nacional de recuperación de bienes estratégicos. La noción de desarrollo esgrimida es esencialmente mercantilista (Delgado, 2011:6). Por otra parte, sería ilógico suponer que tanto las empresas transnacionales como los empresarios nacionales, no soliciten o aprovechen garantías en lo que respecta a las inversiones ya que forma parte de su naturaleza. Lo que si resulta interesante observar es cuáles han sido los argumentos que esgrime el Estado, tanto nacional como los provinciales, para continuar con dicho respaldo, aun cuando supuestamente se ha cambiado el rumbo político. El discurso estatal se ha sustentado en el éxito que ha tenido la actividad durante los últimos años. En el documento de la Secretaría de Minería que se denomina “La década de la

-368-

minería”, se hace hincapié en el incremento de las inversiones, que crecieron un 1948% entre 2002 y 2011, ascendiendo en este último año a 11.078 millones de pesos, a su vez se destaca la confiabilidad de la política económica nacional por cuanto se han incrementado un 664% las exploraciones. Estas inversiones están distribuidas en los 614 proyectos (en diferentes instancias productivas) que estaban funcionando para el año 2011 en el país, lo que significó un incremento de 3.311% respecto del año 2002 (Secretaría de Minería de la Nación, 2012). Este balance que se efectúa desde el organismo oficial, sobre la gestión de gobierno, respecto de la política minera, de Néstor Kirchner y la actual de Cristina Fernández, toman como estandarte del éxito estos números que si bien son una realidad y que parecerían sumamente beneficiosos, especialmente si se suman los datos sobre generación de empleos (517 mil puestos de trabajo en 2011, si se toma como válida esa fuente oficial) o la evolución salarial, pero no tienen en cuenta ciertas consideraciones que son centrales a la hora de analizar la problemática minera en su conjunto. Si bien el mayor arribo de las inversiones mineras es una realidad, e incluso las exportaciones en el año 2011 superaron los 16 mil millones de pesos, lo que se debe cuestionar es cuánto queda al país en términos de regalías, es decir menos de un 3% luego de deducidos costos de producción e impuestos, y la ganancia que obtienen en función del incremento del valor de los metales en el mercado internacional – especialmente cobre y oro – que supera sobradamente las inversiones efectuadas-. De la misma forma se pondera la creación de puestos de trabajos, que incentivan el fortalecimiento de las economías históricamente desplazadas. Ahora bien, los puestos laborales son temporarios, en la etapa de construcción y luego nuevamente quedan en condición de desempleados. Tampoco se ha tenido en cuenta los pasivos ambientales que esta actividad genera, como así tampoco el consumo de millones de litros de agua diarios y la energía que utilizan. Por el contrario se habla de una minería “con responsabilidad”, que tenga

-369-

estrictos controles procurando la “sostenibilidad ambiental y social” (Secretaría de Minería, 2009: 4). Resulta evidente que estas condiciones en las que se ha enmarcado la política minera parecen satisfacer ampliamente al gobierno nacional, ya que durante el mes de junio de 2010, en el marco de la reunión del G20 efectuada en Canadá, la presidenta, acompañada de los gobernadores de las principales provincias mineras, se reunió con los empresarios del sector, asegurando que las reglas de juego establecidas durante los 90 no serán modificadas. Incluso, en el momento de mayor algidez de la resistencia popular a la megaminería, durante los bloqueos selectivos a insumos mineros, a lo largo de todo el noroeste argentino durante los meses de enero y febrero de 2012, la respuesta, además de la represión y criminalización, fue la creación de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), que está constituida por todos los gobernadores de las provincias mineras, en una clara muestra de reafirmación de la Minería como Política de Estado5. Si bien es importante destacar que con la creación de la OFEMI se intenta contrarrestar el hecho de las magras ganancias que deja la megaminería en el país. Siendo el objetivo, mediante la conformación de esta organización, tener una mayor participación de las provincias como socias del capital transnacional. Previamente, se tomaron otras medidas como el aumento de retenciones, en el año 2007, del 5 al 10%, y la eliminación de exenciones con las empresas que se habían radicado antes de 2002. Este hecho produjo la ira de los representantes empresariales. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros sostuvo que esta política iba en contra de la actividad, ya que las reglas de juego no estaban claras y se atentaba contra la tan ponderada seguridad empresarial. Por el lado de las empresas

5 Como hecho paradigmático de la política que se lleva adelante

respecto de la minería, la presentación de la OFEMI se realizó el 15 de febrero, a dos días de la terrible represión sobre los pueblos de Tinogasta y Amaicha del Valle y a dos años del aniversario de la represión al pueblo de Andalgalá.

-370-

transnacionales, en una suerte de estrategia de victimización, amenazaron con retirarse del país si esta medida continuaba

(Berardi, 2010a: 103 – 104). De la misma manera, un nuevo conflicto se suscitó a finales del año 2011, cuando en un intento por incorporar divisas al país (en el marco de una crisis generalizada de la economía), se establece como obligación liquidar las divisas en el país. A pesar del intento de tener una participación más activa dentro de la actividad y en el nombre de la “Seguridad Jurídica”, el impacto de estas reformas no ha sido sustancial. La desigual y débil posición con respecto a estas mega corporaciones se perpetúa, ya que la esencia de las leyes de los 90 no se ha alterado.6 Hasta el momento se ha analizado sucintamente el papel que ha tenido el gobierno nacional. Pero también resulta importante destacar el rol de los gobiernos provinciales, ya que en última instancia son quiénes van a aceptar o no el desarrollo y la forma que va a adoptar la actividad. Esta “provincialización de los recursos” (Svampa et al, 2009:33) que fue posible con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, ha generado un proceso de descentralización de las decisiones, que resulta

6 Referencias de este tipo de situaciones han ocurrido en lo que va del

año 2013 en donde la empresa brasileña Vale ha abandonado el proyecto que tenía adjudicado en la Provincia de Mendoza, Potasio Río Colorado, así como también se encuentran en discusión la continuidad de Pascua Lama (Barrick Gold) y de la empresa china MCC (ex Hipasam) que explota el Yacimiento de hierro en Sierra Grande. En todos los casos, la caída de la demanda internacional es un factor de extrema consideración que tienen estas empresas para abandonar los proyectos. En parte, el discurso que se esgrime se centra en el cambio de rumbo que el gobierno nacional intenta plantear, ya sea en política económica en general (tipo de cambio) y en las modificaciones específicas para el sector (liquidación de divisas en el país, no otorgar más ventajas impositivas). Pero se oculta la verdadera situación: que estas corporaciones están reestructurando sus inversiones a nivel mundial. Esto en definitiva pone en evidencia cual es la posición que puede tener un país periférico, como es el caso de Argentina, a la hora de intentar imponer una mayor participación en el negocio minero.

-371-

sumamente estratégico en función de la resistencia social. En este sentido, son las provincias quienes aprueban los informes de impacto ambiental, quienes establecen los controles de la producción. Pero lo más importante, son quienes administran los fondos provenientes de las regalías. Ese ingreso del dinero les ha permitido tanto a los gobiernos provinciales como municipales utilizar esos fondos para generar mecanismos de cooptación, a través de la implementación de planes sociales, y cuando eso no es suficiente aparece la coerción como instrumento para contrarrestar la resistencia popular. Esta relación que se establece entre las empresas y el poder político, por un lado posibilita la legitimación de una actividad que no es vista con buenos ojos por un sector importante de la sociedad, en tanto el Estado deja de cumplir funciones que son su responsabilidad, como es el caso del sostenimiento de los servicios de salud, de educación o el desarrollo cultural y deportivo. Este papel que debería asumir el Estado es reemplazado por las empresas para tratar de construir una imagen de benefactor con la cual obtener la licencia social que toda actividad de tal magnitud necesita. En contrapartida, las empresas mineras se convierten en el sostén económico de las campañas de los sectores afines a ellas. Pero este compromiso mutuo debe revalidarse constantemente, para que esta relación de reciprocidad se sostenga en el tiempo. Ello incluye ausencia o deficiencia en los controles de la producción, represión y criminalización de quiénes se oponen, en definitiva legislar y actuar en función de los intereses del capital transnacional y de los grupos económicos locales asociados a éste. En referencia a lo planteado hasta aquí, el caso de la Provincia de Catamarca resulta ejemplificador, ya que luego de una década y media de explotación megaminera permite observar cuál ha sido el impacto socioeconómico que ha tenido sobre la provincia. La puesta en funcionamiento del proyecto incrementó los indicadores macroeconómicos, lo que se condice con lo ocurrido a posterioridad con el resto de los emprendimientos de estas características. Es así que se asistió a un cambio abrupto

-372-

en la estructura productiva provincial y al incremento del PBG. Antes del inicio de Alumbrera, la participación de la actividad en el PBG era del 0,5%, y pasó al 3,8% en el 97 – año de inicio de actividades de la mencionada empresa-, al 22% en 1999 y en 5 años de producción, la participación se incrementó 1000%, siendo en 2002 del 38,11% (Machado Aráoz, 2009: 210). Esto llevó a que la participación de Catamarca en el PGB nacional creciera más de dos veces y media entre 1997 y 2005 pasando del 0,5% al 1,3% (Secretaría de Comercio Interior). Ahora bien, este despegue de la minería no contribuyó, como a prima facie se esgrimía, a convertirse en el motor que traccionara a otros sectores de la economía, para consolidar el desarrollo provincial. Por el contrario, sectores que tienen una gran influencia sobre la generación de empleo como son la construcción y la industria, sufrieron una importante retracción. En el primero de los casos entre 1993 y 2006 la caída de la actividad en la participación en el PGB fue del 80% pasando del 24% al inicio del periodo hasta llegar al 5% en 2006 (Consejo Federal de Inversiones). A partir de lo planteado, y como muestra el siguiente cuadro en base a datos del PBG provincial, si bien el crecimiento de la actividad minera contribuyó a que Catamarca tuviera una mayor presencia en el PGB nacional, este “éxito” ocultó la crisis de otros sectores e incluso se favoreció el discurso de la minería como “motor de desarrollo”.

-373-

Cuadro 1: Participaciones sectoriales en el PBG de Catamarca (1993-2006)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Estos números podrían llevar a inferir que a pesar de la retracción de algunos sectores, la economía provincial de igual manera ha gozado de grandes beneficios con este despegue minero, sin embargo, esto no ha resultado de esa forma. Por un lado, la legislación megaminera de los 90, como sostiene Antonelli “… se funda en una provocativa particularidad: la autoinhibición del propio Estado nacional para disponer de su territorio y de su soberanía (…) Así, el Estado no puede sino ser socio de la desapropiación, en una posición asimétrica de cesión, no sólo del territorio sino de recursos y aparatos estatales, según leyes producidas a escala de los intereses corporativos” (2009:52). De esta manera, la legislación instrumentada acorde a las necesidades del capital transnacional ha generado que la apropiación de renta por parte de las empresas sea fabulosa. En este sentido, como se mencionó más arriba, este crecimiento que se constata no se traduce en rentabilidad económica para la provincia, sino que entre otros factores el ingreso a las arcas

-374-

estatales proviene del 3% - antes de las deducciones – que las empresas tributan en concepto de regalías. Pero asumiendo que la baja recaudación se pudiera recompensar con el impulso que una actividad privada genera, lo planteado hasta aquí, en términos económicos, al menos sería un tema de discusión con ciertos elementos a ponderar. Pero en este caso tampoco la megaminería ha resultado ser una generadora de empleo. Según datos del Ministerio de Economía, en 1996 la minería registraba 0,3 empleos registrados cada mil, esta cifra se cuadruplicó en 2003, que es cuando se constata el mayor punto de crecimiento, mientras que en el año 2010 es de 0,4/000. Esto implica que la caída en el periodo 2003/ 2010 ha sido del 65,8%. Si se considera que durante ese periodo se ha registrado el mayor crecimiento económico, especialmente desde el 2008 cuando los precios de los metales han batido récords en el mercado internacional, la construcción del discurso de la minería como fuente de crecimiento, factor de desarrollo, impulsado desde el Estado, da cuenta de la falacia en la que se incurre y pone en evidencia las relaciones de desequilibrio y connivencia que se establecen con el capital transnacional, que se contrarresta con la posibilidad – por magra que sea la recaudación - de posibilitar negocios para un reducido número de empresas que ven en la obra pública y en las relaciones con las empresas mineras su forma de obtener beneficios. En este sentido, sigue siendo el Estado quién continúa respondiendo por las deficiencias a la hora de generar puestos de trabajo que ni la minería ni otras actividades del sector privado pueden cubrir. Según datos del Ministerio de Economía, en la provincia de Catamarca, el Estado sigue siendo el mayor empleador con una relación de 89 empleados públicos cada mil habitantes en el año 2009, mientras que la media nacional asciende a 45 cada mil.

3. Agua Rica: en el foco de conflicto Si bien el proyecto para explotar Agua Rica tiene ya varios años de vigencia, algunos acontecimientos hicieron que la posibilidad

-375-

efectiva de consumar la explotación sea reciente. Por un lado, la crisis económica internacional y la consecuente baja en el precio de los metales, generó que se pospusieran los planes de explotación e incluso se transfiriera el dominio del permiso de explotación, que en un principio estuvo acordado con la empresa BHP Billiton, adquirido luego por Northern Orion (Yamana Gold) y desde el año 2011, fue adquirida por la UTE Minera Alumbrera7, que actualmente explota el yacimiento del mismo nombre (Rescan, 2007:8). El yacimiento se encuentra ubicado a 25 km. de la ciudad de Andalgalá, en el área Suroeste de las montañas de la Sierra de Aconquija, en la provincia de Catamarca. El área de influencia de la explotación excede al sitio en sí, ya que el mismo se divide en cuatro componentes: área de mina y la planta de procesamiento (Catamarca), corredor de servicios (Catamarca y Tucumán), planta de filtros (Tucumán) e instalación portuaria (Santa Fe).

7 La UTE Alumbrera – YMAD está compuesta por las empresas Xstrata

Plc (50% del paquete accionario), Yamana Gold (12.5%) , Goldcorp (37.5%) e YMAD (Universidad Nacional de Tucumán y Gobierno de Catamarca). Estos últimos son socios por ser los dueños del distrito minero en donde se encuentra el Yacimiento Bajo de la Alumbrera, que no puede ser transferido según Ley 14771/58.

-376-

Mapa 1: Localización de Agua Rica y componentes del área de influencia

Fuente: www.aguarica.com.ar En cada una de estas zonas que componen las diversas partes del proceso productivo total se van a observar impactos, e

-377-

incluso las condiciones de resistencia, también revisten las particularidades propias de cada formación social. El Proyecto Agua Rica, se encuentra situado aproximadamente a una altura de 3.400 msnm, a 25 Km en línea recta del centro de la ciudad8 y emplazado sobre la cuenca del río Andalgalá, del cual se abastece de agua a todo el departamento. Imagen 1: Localización, características y amenazas del Yacimiento Agua Rica

Fuente: www.prensaelalgarrobo.blogspot.com

Se trata de un yacimiento que tiene planificado extraer oro y cobre, con una producción diaria muy voluminosa, durante los 24 años que se estima de vida útil. Además, se removerán 225 millones de toneladas de roca estéril diariamente, utilizando de 250 a 390 litros por segundo de agua (Rescan, 2007: 13). Dadas

8 A diferencia de Alumbrera, que se encuentra a 40 km. de la ciudad,

sin posibilidad de visualización por la disposición de los cordones montañosos, en este caso la cercanía como la visualización generan un fuerte impacto.

-378-

sus características se estima que es prácticamente tres veces más grande que Minera Alumbrera. Previamente se explicitaron algunos problemas por los cuales este proyecto se encuentra retrasado. Pero otro inconveniente y que adquiere vital importancia, está vinculado específicamente con la factibilidad en cuanto a la operación. Para comprender la importancia de este punto es necesario efectuar algunas consideraciones. Se puede plantear que la resistencia social está sustentada en cuestiones ideológicas, de desinformación, infundadas o incluso por intereses mezquinos, de “extraños”, contra el desarrollo de los pueblos del interior. Sin embargo, las objeciones en este caso han venido de los propios técnicos9 contratados por el gobierno para analizar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) proporcionado por la empresa. Entre las primeras consideraciones que los especialistas observan, sobre las generalidades del informe que se ha analizado, es que hay temas que no son tratados con la profundidad acorde a un proyecto de tamaña envergadura, como así también que hay impactos que no son considerados o se asignan categorías más bajas, sin que dicha asignación sea respaldada correctamente (Unidad de Negocios UNT, 2008: 14). Como primera instancia, esto marca las imprecisiones con las que estos emprendimientos se aprueban, especialmente teniendo en cuenta el impacto de las transformaciones que producen. Entre las objeciones puntuales se destacan algunas que deben ser tomadas muy en cuenta por las consecuencias que podrían acarrear:

Con respecto al área de mina plantean que se encuentra situada en un área inestable debido al relieve escarpado, que

9 El Intendente José Perea contrató a técnicos de la Universidad

Nacional de Tucumán, a través de su Unidad de Negocios, para que estudiaran el informe.

-379-

sumado a factores naturales como tipo de lluvias, sedimentos o posible ocurrencia de sismos, propenden a la generación de procesos de remoción en masa de forma natural, que se verían incrementados de forma artificial por la localización de las escombreras. En este sentido no fueron considerados eventos históricos de este tipo, que generaron serias repercusiones.

El tipo de lluvias, y la dirección del agua posibilitarán la migración de lixiviados y el avance de la pluma, afectando acuíferos subterráneos.

No hay estudios sobre las escombreras ubicadas en el Campo del Arenal.10

No se han definido claramente las condiciones para la etapa de cierre en el Campo del Arenal.

Se plantea un cronograma de monitoreo para la etapa de cierre (10 años), escaso si se tiene en cuenta el periodo prolongado de los procesos y reacciones sinérgicas del dique de colas. Y especifican: “Con un pasivo ambiental que quedará por generaciones” ( Unidad de Negocios UNT, 2008:19)

En cuanto al análisis del agua, plantean la posibilidad de deterioro en la calidad del agua superficial y subterránea. A su vez se hace referencia al excesivo uso que implica un serio desbalance hídrico que provocará un importante impacto de disponibilidad de agua en el Campo del Arenal, que afectará no sólo al mencionado acuífero, sino también los caudales de los ríos Santa María y Nacimientos y los humedales. Por tratarse de aguas fósiles (las aguas más profundas tienen edades C14 entre 10 mil y 22 mil años, las de menor profundidad alrededor de 60 años) las recargas se tornan inciertas.

Se minimizan los impactos visuales y de las vibraciones como elementos que puedan afectar a las poblaciones.

10

El Campo del Arenal es un reservorio fósil de agua, que abastece a una vasta zona de la provincia, contribuyendo a equilibrar el déficit hídrico de la región. De esta cuenca es de donde actualmente extrae agua Minera Alumbrera y también está previsto que lo haga Agua Rica de ponerse en funcionamiento.

-380-

Estas son algunas de las muchas objeciones que este informe presenta. A pesar de ello, y bajo la amenaza de la empresa concesionaria de retirarse, en marzo de 2009 se aprobó el IIA presentado por la compañía. La prensa especializada así anunciaba este hecho: “Un punto destacable dentro de la Declaración de Impacto Ambiental es que se incluye obligaciones y compromisos que deberá asumir la empresa tanto en la fase técnica como en los aspectos socioeconómicos como culturales, algo que Yamana maneja con claridad, focalizando el trabajo en la región para garantizar el desarrollo sustentable de las comunidades y el medio ambiente, garantizando además un negocio rentable” ( de Olivera, 2009: 79). Queda claro, que tanto para quienes tienen que aprobar este tipo de actividades, como para quienes tienen intereses en el sector – en este caso propulsado a través de la prensa- las serias objeciones que anteriormente fueron descriptas son detalles menores pasibles de ajustes con el transcurso del tiempo. Los años de experiencia les han permitido a los ciudadanos de Andalgalá conocer personalmente las consecuencias del arribo de una empresa minera. Esta contundente realidad ha posibilitado que una gran mayoría de la ciudad no quiera que esta historia vuelva a repetirse. Nuevamente comenzaron a escucharse las promesas de un progreso de la mano de la minería. Nuevamente se habla de las 5000 personas que ocuparía Agua Rica y que una vez finalizada su labor allí serían ocupadas por el municipio para realizar obras con el dinero de las regalías11. La ciudadanía ya no cree en esas palabras, cuando el ejemplo mostró todo lo contrario, si de los 6 mil que iban a trabajar en Alumbrera, sólo trabajan 80, si las obras que iban a hacer no están y tampoco se sabe a ciencia cierta en que se gastaron los 65 millones que recibió el

11

Declaraciones del intendente Perea, en la entrevista realizada por quién escribe este artículo en enero de 2010.

-381-

municipio, que se encuentra constantemente en conflicto con los trabajadores porque no puede hacer frente al pago de los salarios de aquellos que ya se encuentran efectivos. Pero además, la comunidad hoy se encuentra fracturada socialmente por viejos enfrentamientos entre quienes nunca creyeron en esos discursos y quiénes apostaron a la ilusión o tienen algún familiar trabajando. Todos estos hechos, sumados a las inapelables objeciones de los técnicos sobre los riesgos de poner en marcha este proyecto y la posibilidad concreta que la principal fuente de vida, el agua, se vea seriamente comprometida, han conducido a que la movilización social vaya in crescendo; nace así el 14 de diciembre de 2009 la Asamblea El Algarrobo. Como medida de protesta, esta asamblea se constituyó a la vera del camino comunal que une los distritos de Chaquiago y Potreros para impedir solamente el paso a maquinarias o transporte que lleven insumos hacia el yacimiento. Se debe destacar que la misma está compuesta no sólo por los vecinos que desde siempre lucharon por la defensa del agua, sino que a su vez se fueron sumando aquellas personas que ante la gravedad del hecho, se aprestaron a participar más activamente y también por aquellos que encontraron que su ilusión se había hecho añicos por la realidad. Frente a la contundencia de un reclamo que se hacía cada vez más fuerte, primero comenzó la descalificación como mecanismo para contrarrestar una voz que se hacía oír cada vez más fuerte. Y aparecieron términos como “hippies”, “drogadictos”, “extranjeros que no quieren el progreso de Andalgalá”, “terroristas”, “fundamentalistas”. Si bien algunos de ellos pueden sonar risibles, es importante destacar que exceden a la ciudad en cuestión y que se han tornado comunes en todos los lugares en donde existen conflictos y luchas por el derecho no sólo a un

-382-

ambiente sano, sino también en otras causas como la lucha por la tierra o los derechos civiles en general.12 Como esta embestida ideológica y mediática no surtió el efecto esperado, los sectores interesados en que Agua Rica se ponga en marcha ejercieron una constante presión para que la protesta fuera acallada. Es así que el 15 de febrero de 2010, el Juez de Garantías Rodolfo Cecenarro13, en anuencia con el gobierno provincial y municipal ordenó el desalojo de la Asamblea mediante una brutal represión nunca antes vivida en la historia de Andalgalá. A raíz de la gravedad de los hechos, el juez de Minas Guillermo Cerda ordenó el cese provisorio de las actividades de la empresa hasta tanto se restablezca la paz social. Ahora bien, resulta confuso que se entiende por restablecer la paz social cuando desde aquel fatídico día, se han sucedido innumerables causas judiciales en contra de miembros de la Asamblea, e incluso ha recrudecido la criminalización y represión de la protesta que con el tiempo se ha ido incrementando hasta regionalizarse e incluso nacionalizarse14,

12

Posiblemente los casos más ejemplicadores al respecto son los de Perú y Chile. En el caso de Perú, el gobierno de Alan García ha procesado a centenares de activistas por causas de terrorismo. Mientras que en el caso de Chile, aún se sigue procesando a los miembros de la Nación Mapuche bajo la ley de Terrorismo impulsada durante la dictadura de Augusto Pinochet. 13

Este mismo juez tenía en su poder, el recurso de amparo presentado por la asamblea, que solicitaba la medida de no innovar hasta tanto no se efectuara una seria discusión sobre los impactos del emprendimiento. Ante estas dos opciones se decidió por firmar la represión. 14

Desde aquella primera represión, las diversas asambleas han consolidado su articulación, llevando adelante bloqueos selectivos a insumos mineros, coordinados en toda la región. Durante el transcurso del 2012 ha recrudecido la ofensiva estatal y empresarial, mediante la represión a esos bloqueos e incluso con detenciones arbitrarias e ilegales y el intento de aplicación de la controvertida Ley Antiterrorista sancionada en diciembre de 2011 por presión del Grupo de Acción de Fomento Internacional (GAFI). En estos casos, no sólo accionó la

-383-

mientras que las denuncias presentadas por los vecinos que no quieren la actividad minera en su localidad no son tenidas en cuenta o se pierden en el camino burocrático. Existió una real posibilidad de que ese “deseo” del juez de minas se concrete. El proyecto de una consulta popular, impulsado por concejales de la ciudad fue desestimado tanto por el poder ejecutivo municipal así como también por el provincial. Pero tampoco se quiere dar curso a la aprobación de una ordenanza municipal que prohíba la minería a cielo abierto, que ha sido redactada por la Asamblea El Algarrobo e impulsada por los mismos concejales. En ambos casos se esgrime el argumento que por ley es la provincia la encargada de decidir sobre el manejo y la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, estos argumentos no son válidos si se tiene en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional que garantiza la protección del ambiente, al especificar: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las decisiones locales.” A pesar que la resistencia continúa15, la insistencia del gobierno provincial de instalar a la minería como principal fuente de desarrollo, parece haber convencido al Juez de Minas Guillermo Cerda que la paz social retornó a Andalgalá, ya que el 5 de febrero de 2012, a pedido de la empresa autorizó la reanudación de actividades, aun cuando no tenía el plan de trabajo definitivo

policía sino que también se ha instrumentado la estrategia de utilización de grupos parapoliciales sostenidos económicamente por las empresas mineras, al amparo del poder judicial. 15

El sábado 4 de Mayo del 2013 se realizó de manera ininterrumpida la 180° Caminata en la ciudad de Andalgalá. Manifestación que comenzó allá por los primeros días de enero de 2010, cuando la organización colectiva volvía a tomar fuerza, a partir de la conformación de la Asamblea El Algarrobo.

-384-

autorizado. Resulta interesante observar esta situación, ya que, en su resolución el mencionado juez plantea que: “…los argumentos de los representantes de la empresa son válidos, por lo que se autoriza el inicio parcial de las actividades". A su vez, el dictamen indicaba que “antes de los inicios de los trabajos, deberá contar con la declaración de impacto ambiental, para que luego la Secretaría de Minería haga un seguimiento y control de los trabajos que se vayan efectuando" (Diario El Ancasti: 06/02/2012). La fecha de autorización de reanudación de actividades no es un hecho menor, ya que por un lado fue pocos días antes del segundo aniversario de la pueblada de Andalgalá que había llevado a la suspensión, mientras que en ese mismo momento toda la región se encontraba movilizada, realizando bloqueos selectivos a insumos mineros, que se mencionaron previamente, y que concluyeron con represiones y detenciones en San José, Belén, Tinogasta, Amaicha del Valle y Chilecito. Más allá de la controversia que esta situación pudiera generar, hay aquí una muestra más del manejo y de los controles que el Estado tiene con las empresas mineras. Un año después de la autorización, la Secretaría de Minería de la Nación, en su portal, difundía la siguiente noticia: “El Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral, se reunió hoy con responsables del operador minero del proyecto catamarqueño de cobre Agua Rica para analizar los cronogramas de trabajo en este emprendimiento. En este marco, los ejecutivos informaron que para el próximo mes de marzo la empresa tiene previsto finalizar los estudios de factibilidad del proyecto y presentar el Estudio de Impacto Ambiental para su aprobación. También se detalló el programa de trabajos realizados en el proyecto, que incluyó un plan de exploración avanzada con más de 28 mil metros de perforaciones y la planificación de obras de infraestructura para la actividad productiva. Agua Rica es un importante proyecto de cobre y molibdeno ubicado en la localidad de Andalgalá, a 240 kilómetros al oeste

-385-

de la capital de Catamarca”16 (Secretaría de Minería, 11/01/2013). No sólo resulta interesante de destacar que no existieron los controles y la evidente connivencia con las empresas, sino que también surge otro aspecto a resaltar y es que “por error” o intencionalmente se omite decir que también se extrae oro. Cómo explica Antonelli (2009), en la necesidad de crear una buena imagen para estas empresas aparece la relación compartida de las mismas con el Estado bajo el discurso del aporte de las empresas para el desarrollo económico, creación de empleo y desarrollo de infraestructura. En este camino surge la reticencia conjunta de omitir del discurso de presentación de las mineras los dos destinos de la extracción como son el mundo financiero y la joyería, que conjuntamente representan el destino del 75% del oro producido. La especulación financiera y el consumo ostentoso de una pequeña fracción de la población mundial no contribuyen exactamente a construir una imagen de actividad que genere prosperidad.

4. Epílogo: El imperioso camino hacia un pos extractivismo Palabras como crecimiento y progreso han tratado de ser asociadas sistemáticamente a la megaminería. Por el contrario, la realidad ha mostrado la cara opuesta. Con la explotación de los bienes comunes, el capital transnacional, con anuencia del Estado, ha encontrado una veta para apropiarse de una extraordinaria renta y esto se ha difundido como un verdadero éxito para el país. Sin embargo, todo emprendimiento económico, toda medida política tiene su costo. En el caso de la actividad minera, la idea parece ser la de declarar “zonas sacrificables” en pos de un crecimiento productivo de la nación. Un crecimiento que sólo puede tomarse como real sí se tiene en cuenta el incremento en los volúmenes de explotación, pero que

16

Resaltados por quien escribe este artículo

-386-

definitivamente no contribuye satisfactoriamente ni a la población ni a las arcas argentinas, si se quisiera efectuar un análisis meramente contable. Este modelo extractivista sostenido por un consumo exacerbado que el capitalismo impulsa, ha contribuido a financiar el desarrollo económico de los sectores hegemónicos en detrimento de los pueblos de los países pobres. “El metabolismo de las sociedades ricas no se podría sostener sin conseguir a precios baratos los recursos naturales de los proveedores de materias primas. Es una condición estructural. Esas exportaciones baratas del Sur se consiguen pagando poco (ya que en general los pobres venden barato) y prescindiendo de los costos ambientales. Además, la capacidad de exigir pagos de la deuda externa ayuda a los países ricos a forzar a los pobres a la exportación de recursos naturales baratos” (Martínez Alier, 2008:18). Claramente esto va más allá de una cuestión puramente económica o incluso de control de los bienes comunes, especialmente en términos de una economía convencional que no tiene en cuenta las características del metabolismo social y tampoco se consideran los pasivos ambientales en sus cuentas (Martínez Alier, 2008: 19). Profundizando aún más esta idea, aunque estos impactos fueran incorporados en los costos, generando una posible disminución del consumo, en lo que Gudynas denomina como un “extractivismo sensato” (Gudynas, 2012: 47 – 48), existen pasivos que no se pueden cuantificar. De qué manera se puede medir o recomponer un daño al ambiente, cómo se pueden monetarizar bienes que son comunes, no sólo para esta generación sino también para las siguientes? Bajo qué criterios se le puede asignar un valor a la destrucción cultural e histórica de un pueblo?

-387-

5. Bibliografía Antonelli, M. “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable y el desarrollo sustentable””. En: Svampa, M. y Antonelli, M. Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2009. Berardi, A. “Minería Argentina: de ganancias macroeconómicas y pérdidas socioambientales”. En: Liberali, A. y Gejo O. La Argentina como Geografía. Procesos productivos e Impacto Social (1990 – 2008). UNMDP – UNLu – Centro de Estudios Alexander von Humboldt – UGAL – Red Latinoamericana de Estudios Geográficos de la UGI. Buenos Aires, 2010a. Berardi, A., “Recursos Mineros en el Valle Calchaquí ¿Proyecto de desarrollo?. XII Encuentro Internacional Humboldt “El capitalismo como Geografía” Centro de Estudios Alexander von Humboldt. 20 al 24 de septiembre de 2010b. La Rioja. Catalano, E. “Antecedentes y estructura histórica de la minería argentina”. En: Lavandaio, E. y Catalano, E. (Ed.), Historia de la Minería Argentina. Tomo 1. Instituto de Geología y Recusos Minerales – SEGEMAR, Anales 40, Bs. As. 2004. Delgado Ramos, G. “Common Goods, Socio-Ecological Metabolism and the Common Future of Humanity”. Conferencia From Common Goods to the Common Good of Humanity. Fundación Rosa Luxemburgo-Oficina Bruselas. Centro Congressi Frentani. Roma, Italia. 28 de abril de 2011. de Moori K. M. Reformas económicas y la inversión en el sector minero argentino. CEPAL. Serie Reformas Económicas Nº 50. Santiago de Chile, 1999.

-388-

de Olivera, D. “Se aprobó el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica”. En revista Panorama Minero, Año XXXII, Edición Nº 354, Abril 2009. Diario El Ancasti, “El juez de minas autorizó trabajos en Agua Rica”. http://www.elancasti.com.ar/politicaeconomia/El-juez-de-Minas-autorizo-trabajos-en-Agua-Rica-20120206-0088.html Gudynas, E.. “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”. En: VVAA. Extractivismo, política y sociedad. CAAP / CLAES. Quito, Ecuador, 2009. Machado Aráoz, H. “Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera”. En: Svampa, M. y Antonelli, M., Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Editorial Biblos, Bs. As., 2009. Martínez Alier, J. “Conflictos ecológicos y justicia ambiental.” Papeles, No. 103., Madrid, 2008: 11 – 27. Martínez-Alier, J. “El ecologismo de los pobres, veinte años después”. Rebelión. Agosto de 2010. Rescan, Proyecto Agua Rica. Informe de Impacto Ambiental. Resumen Ejecutivo. Minera Agua Rica Argentina, Bs. As., Abril de 2007. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Subsecretaría de Planificación Económica, Fichas Provinciales – Provincia de Catamarca http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Catamarca.pdf [26 de Abril de 2013]. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Minería. Minería en números 2009. www.mineria.gov.ar

-389-

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Minería. Minería en números 2012. http://www.mineria.gov.ar/pdf/mineriaennumeros.pdf Svampa et al, “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes”. En: Svampa, M. y Antonelli, M., Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Editorial Biblos, Bs. As., 2009. Unidad de Negocios de la Universidad Nacional de Tucumán. Análisis del Informe de Impacto Ambiental de Mina Agua Rica. Universidad Nacional de Tucumán, Julio de 2008. Páginas consultadas: Asamblea El Algarrobo www.prensaelalgarrobo.blogspot.com Cámara Argentina de Empresarios Mineros www.caem.com.ar Consejo Federal de Inversiones: http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=8519 Minera Agua Rica www.aguarica.com.ar

-390-

-391-

Capítulo 10

La megaminería en la Argentina del Siglo XXI: saqueo extractivista neocolonial

Graciela Patricia Cacace; María Esther Gómez;

Jorge Osvaldo Morina(*)

1. Introducción: acerca del neocolonialismo del siglo XXI

El presente capítulo es parte de los resultados de investigaciones alrededor de distintas geografías de la explotación de los recursos naturales (y perfiles productivos exportadores) de nuestro país, que se desarrollan en proyectos del Grupo de Estudios de Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI), perteneciente al Programa de Estudios Geográficos (PROEG) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y en proyectos que no integran el PROEG.

Teniendo como marco la extendida transnacionalización de la economía mundial, y siendo que la Argentina presenta varios perfiles productivos orientados a la exportación, con alto grado de extranjerización, el objetivo de este trabajo es interpretar y explicar el desarrollo de la megaminería como parte del actual ―modelo‖ socioeconómico. Asimismo, se trata de reconocer algunas características de la actividad y los serios problemas y conflictos ambientales que está generando, sin dejar de lado las transformaciones territoriales implicadas.

(*) Docentes-Investigadores de la División Geografía, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. Correos electrónicos: cacacegraciela@gmail.com; megunlu@gmail.com; morina@sinectis. com.ar. El trabajo forma parte de los resultados del P.I. ―Implicancias geográficas de la explotación de recursos naturales en la Argentina, 1990-2009. Una perspectiva crítica. Segunda etapa‖, radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu.

-392-

El camino metodológico se inicia describiendo al capitalismo, en su actual fase ―senil‖, como modo de producción y como sistema geográfico mundial y haciendo referencia a las crecientes necesidades de recursos naturales por parte de los países llamados ―desarrollados‖ o ―centrales‖. En ese contexto, Argentina ha sido seleccionada como uno de los países de los cuales se puede extraer minerales metalíferos (entre otros recursos) con altos márgenes de rentabilidad. En el marco de la acelerada y extendida transnacionalización de la economía mundial, los países de América Latina se convirtieron en el principal destino de las Inversiones Extranjeras Directas (IED), sobre todo en la extracción de recursos naturales no renovables para el comercio internacional. Entre los objetivos de estas inversiones está satisfacer la creciente demanda de los países centrales que, en los últimos años, han aumentado su dependencia de las importaciones de recursos estratégicos como los combustibles, los minerales, los alimentos y hasta el agua1. Esta necesidad imperante lleva a una verdadera ―geopolitización‖ de los recursos (Delgado Ramos, 2009), con el fin de garantizar –por la vía del mercado o de los conflictos bélicos- que los países desarrollados accedan sin restricciones a ellos, posibilitando la continuidad de los procesos productivos que sustentan el poder y la hegemonía. La geopolitización de los recursos lleva a la pérdida de ―seguridad ecológica‖ (Delgado Ramos, op.cit.), de soberanía alimentaria y de soberanía ambiental2. En otras palabras, grandes corporaciones

1 Se registra un acelerado aumento de lo que Delgado Ramos llama

metabolismo social. Entre 1900 y el 2000, la población creció cuatro veces pero el consumo de materiales y energía aumentó en promedio hasta diez veces. También se amplió la brecha social: el 10% de la población mundial más rica acapara el 40 % de la energía y el 27% de los materiales (Delgado Ramos, 2012).

-393-

multinacionales se apropian diferencialmente de recursos naturales de los países periféricos (y dependientes), en el contexto de la reproducción ampliada del capital a escala mundial.

Cabe agregar que los precios internacionales de los minerales metalíferos, del petróleo, de los principales granos alimentarios, no responden sólo a la oferta y la demanda, sino que están afectados por un fuerte componente especulativo vinculado a las llamadas ―transacciones a futuro‖3. La creciente orientación de capitales financieros a estas actividades especulativas tras la explosión de sucesivas ―burbujas‖ inmobiliaria, tecnológica, etc., es una característica de la ―fase senil‖ del capitalismo, vigente desde la década de 1970 (Beinstein, 1999; Amín, 2002).

En ese contexto internacional, los minerales de la cordillera de los Andes atraen a las corporaciones extranjeras determinando un espectacular crecimiento del sector minero latinoamericano que cuenta con inmensas ventajas, apoyo internacional y la menor injerencia posible del Estado y la sociedad civil4.

2 Se producen en la naturaleza relaciones complejas entre la extracción

creciente de recursos y el desecho de grandes cantidades de residuos como nunca antes se había registrado en la historia. Se alteran los ecosistemas de manera casi irreversible. Así, la ―naturaleza‖ termina siendo funcional a las dinámicas de la acumulación de capital. 3 La actual coyuntura económica ha estimulado que buena parte de las

inversiones y la especulación se dirijan a los mercados financieros de las industrias de la energía, de los minerales y de los granos. Se acuerdan grandes transacciones con fechas y valores determinados, incidiendo en los precios internacionales de los commodities y exacerbando la apropiación y exportación de bienes primarios a gran escala, sin mayor valor agregado, con la aceptación acrítica del rol histórico asignado a América Latina como una región de ―sociedades exportadoras de Naturaleza‖. 4 Como reflejo de este proceso se pueden recordar algunos datos de la

evolución de las exportaciones de países sudamericanos seleccionados, entre 2000 y 2009: Ecuador pasó de 4.927 millones de dólares a 14.000 millones de dólares (184, 15 %); Perú pasó de 7.028 a 27.000 (284, 18 %); Chile pasó de 19.210 a 54.000 millones de dólares

-394-

La gran minería emplea tecnologías agresivas y peligrosas, impone costos ambientales y riesgos muy graves sobre la salud. En algunos países de la Unión Europea y en Canadá, la actividad fue declarada ilegal. Esta situación empuja a las multinacionales mineras a dirigirse hacia los países en desarrollo donde las legislaciones son más laxas y la posibilidad de llegar a influir sobre los funcionarios es importante. En estos territorios periféricos se aplican nuevos mecanismos de dominio y expropiación, como parte de un verdadero ―capitalismo de rapiña‖ (Svampa; Antonelli, 2009). La expoliación de los ―bienes comunes‖ (que llamamos recursos naturales) se registra desde hace siglos, más allá que los territorios y sociedades coloniales hayan ―dejado paso‖ a formaciones sociales históricas neocoloniales o de independencia formal.

(181, 10 %); Bolivia pasó de 1.230 a 5.000 millones de dólares (306, 50 %); Argentina exportó por 26.341 millones en 2000 y por 56.000 en 2009 (112, 60 %); Paraguay pasó de 869 a 3.000 millones de dólares (245, 22 %). En ese lapso, las exportaciones mundiales crecieron un 88, 63 %, al pasar de 6.456.000 a 12.178.000 millones de dólares. En el caso de Ecuador, el 91,3 % de las ventas externas en 2009 fueron productos primarios, con claro predominio de los hidrocarburos; en Bolivia, también con fuerte peso de los hidrocarburos, más el avance de la explotación sojera en su zona oriental, el porcentaje de bienes primarios fue de 91, 9 %; en Perú, el 87, 4 % fueron productos primarios, con alta incidencia de los minerales metalíferos, reconociendo el fuerte incremento de los precios del cobre, oro, zinc y plomo entre otros (450 % promedio entre 2003 y 2008); en Chile, el peso de los productos primarios llegó al 89, 6 %, con gran influencia de los precios del cobre. En el caso de Paraguay cabe destacar la expansión de la soja transgénica a expensas de la deforestación y las producciones campesinas (Lión, 2011). En Argentina (que en 2011 superó los 81.000 millones de dólares en sus exportaciones), es marcada la importancia del complejo sojero, con indudable ascenso de las ventas externas de minerales metalíferos. Durante esa primera década del siglo XXI (sobre todo hasta 2006) no debemos ignorar la exportación de hidrocarburos que, como fuera advertido por especialistas durante años, terminaría por provocar un déficit sectorial que hoy nos cuesta miles de millones de dólares.

-395-

América Latina afronta un preocupante estado de emergencia ambiental. Las áreas protegidas y los controles no aumentan acordes con los impactos negativos de la extracción de recursos. El panorama actual devela la creciente y sostenida deuda ecológica (Delgado Ramos, 2009) que el ―Norte‖ debe al ―Sur‖ debido a la nueva forma de obtención, transformación y gestión de los recursos naturales.

Sin embargo, casi todos los gobiernos de los países latinoamericanos apuestan a profundizar aún más la estrategia económica neoextractivista. Incluso Brasil, que se presenta a sí mismo como una economía industrializada, mantiene un perfil exportador donde la mitad de los productos que vende son materias primas (alrededor del 51 % en 2011). En suma, el neoextractivismo sirve a una inserción internacional subordinada y funcional de la región a la globalización comercial y financiera (Gudynas, 2009). Se observa en América Latina que a medida que avanzan los problemas económicos, aumenta la competencia por las exportaciones y la atracción de capitales internacionales. Incluso los gobiernos facilitan la implementación del modelo eliminando todas las trabas a las IED. Históricamente, los discursos políticos han sostenido que el camino del desarrollo para América Latina se logra a través de la extracción de sus recursos naturales.

Los gobiernos, y vastos círculos académicos, no parecen tomar conciencia que el crecimiento económico alimentado por las exportaciones de bienes primarios encuentra límites internos, expresados por conflictos locales y sociales como respuesta a los impactos ambientales, y externos, debidos a fluctuaciones en la demanda, en los precios y a cambios tecnológicos. ―El crecimiento económico esconde la reprimarización, la dependencia en la determinación de los precios de las materias primas y el estar sometido al ciclo de los precios, intensificación de la transnacionalización por crecimiento de inversiones extranjeras e incluso por la compra de tierras [...] El crecimiento no se distribuye, aunque con recursos fiscales producto de la expansión económica se aplican políticas sociales compensatorias, que no sacarán a la población `beneficiaria´ de

-396-

sus problemas esenciales, aún cuando les permite un ingreso de sobrevivencia‖ (Sociedad Latinoamericana de Economía Política, 2011). Si se contabilizara el impacto económico del daño social y ambiental al evaluar los costos de un proceso productivo, muchos proyectos no serían ni viables ni aprobados. El modelo extractivo-exportador profundiza los esquemas de transferencia de riqueza de la periferia hacia los países capitalistas centrales. Esta División Internacional del Trabajo deja al descubierto un nuevo colonialismo, el Neocolonialismo del siglo XXI.

La Argentina, luego de la salida de la Convertibilidad, con los primeros signos de reactivación hacia fines de 2002, pero con índices muy altos de desempleo, pobreza e indigencia todavía en 2003, ingresa en un esquema neo-desarrollista. Este esquema tiene puntos de contacto con varias etapas previas al dar cabida a cierta reindustrialización, otorgar importancia central a las producciones primarias exportables y mantener un significativo poder en manos del capital financiero (Katz, 2007). Todo ello, claro está, con una marcada profundización de la concentración y centralización del capital, en general y en cada uno de los sectores, de acuerdo a la tendencia del modo de producción dominante a escala mundial. El sostenido crecimiento económico argentino y el superávit fiscal registrado desde 2003 se sustentó en la consolidación del componente extractivo-exportador con alto grado de extranjerización. Es decir que por encima del discurso neo-desarrollista se fue consolidando el extractivismo, inseparable de la sobreexplotación de recursos naturales no renovables y de la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como improductivos. De esta manera se refuerza un patrón productivo transnacionalizado y orientado principalmente al complejo extractivo-rentista (sobre todo agro-minero), centrado en el saqueo de las riquezas naturales (Féliz; López, 2010). La mencionada reprimarización, basada fundamentalmente en la expansión de los agronegocios, en la explotación de los hidrocarburos y en la gran minería metalífera, deja su impronta en importantes transformaciones territoriales que evidencian una

-397-

nueva forma de concebir el espacio geográfico en función de su eficiencia y rentabilidad. Hay un reordenamiento territorial cuya infraestructura, a través por ejemplo de la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), asegura la extracción de recursos naturales, el traslado y su comercialización en los puertos. De ese modo, asegurando insumos básicos (como la energía) y el transporte masivo se garantizan fuertes rentabilidades a las industrias extractivas, contribuyendo sobremanera a provocar efectos ambientales negativos y, con ellos, perjuicios sociales y económicos a poblaciones rurales y urbanas afectadas en mayor o menor grado (Schweitzer, 2012).

2. Notas sobre el avance de la minería en la Argentina

En nuestro país la minería se caracterizaba por explotaciones en minas con galerías subterráneas, pero la mayor producción correspondía a materiales para la construcción y para la industria. Se extraían principalmente rocas de aplicación, fundamentalmente destinadas al mercado interno y manejadas por capitales nacionales. La región minera más importante era la Pampeana. Pero en el último decenio del siglo XX cambia radicalmente el escenario. A partir de la puesta en marcha del yacimiento minero Bajo La Alumbrera (Catamarca), el rubro metalífero es el que domina la actividad. Argentina se transformó en un país de importancia minera mundial. Sus numerosas reservas son objeto de apropiación por parte de empresas multinacionales que incorporan una parte de los minerales extraídos al proceso de reproducción ampliada del capital a escala global.

Argentina tiene una extensa cordillera, con más de cinco mil kilómetros que, desde el Norte del país hasta la Patagonia, presenta innumerables recursos mineros. Hoy es considerada una de las diez naciones con mayor riqueza minera. La minería fue declarada Política de Estado desde el año 2003.

-398-

La Secretaría de Minería de la Nación, en su Informe 2011 (Secretaría de Minería de la Nación, 2012) afirma: ―Luego de años de postergación, la actividad minera nacional se ha convertido en una verdadera alternativa productiva para el desarrollo y la prosperidad de las zonas más alejadas de los grandes centros industriales de nuestro país. Con el Primer Plan Minero Nacional se construyen las bases para impulsar el crecimiento histórico de la Minería Argentina.‖ Según la Secretaría de Minería de la Nación se han alcanzado ―niveles récord de inversión”; [...]“arribaron inversiones de más de 30 países de los 5 continentes” [...] “más de 400 emprendimientos en actividad” y [...] “cientos de proyectos esperan ser aprobados‖ (Secretaría de Minería de la Nación, op. cit.). Los datos estadísticos de la Secretaría de Minería de la Nación, acerca del crecimiento de la actividad entre 2002 y 2011, son más que elocuentes:

Cuadro 1: CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MINERA ARGENTINA (en %)

Crecimiento acumulado en el Período 2002 – 2011

Inversiones 1.948 %

Producción minera nacional 841 %

N° de proyectos 3.311 %

Exportaciones 434 %

Exploración 664 %

Empleos 431 %

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Minería de la Nación, 2012.

La Secretaría de Minería argentina estima que el crecimiento acumulado de proyectos para el período 2002-2011 se sitúa por encima del 3.300 %. Esas inversiones, como la mayoría de los proyectos, están dirigidas a la extracción de oro y, en menor medida, de plata, cobre y metales estratégicos de muy alto valor

-399-

utilizados en la industria de alta tecnología de los países desarrollados. Con más de 80 destinos en los 5 continentes, en 2011 las exportaciones de minerales y productos derivados sumaron 16.310 millones de pesos (Secretaría de Minería de la Nación, op. cit.), posicionando al sector minero como uno de los líderes en materia de comercio exterior.5

5 Para el año 2011, las exportaciones argentinas por grandes rubros

quedan conformadas en un 26 % de productos primarios (PP), un 33 % de manufacturas de origen agropecuario (MOA), un 33 % de manufacturas de origen industrial (MOI) y un 8 % de combustibles y energía. En el rubro PP, el complejo minero representó el 22 % y dentro de ello, las exportaciones de dicho complejo se encuentran concentradas entre las provincias de San Juan, Catamarca, y Santa Cruz, las que en su conjunto aportaron en 2011 el 94 % de las exportaciones minerales del país (Fuente de los datos: elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía).

-400-

Mapa 1: PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS en la Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Cuadro 2

-401-

Cuadro 2: PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS Argentinos

-402-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Minería de la Nación, 2013, la ONG No a la Mina y el diario digital de San Juan El inversor on line (http://elinversoronline.com)

Los proyectos Bajo La Alumbrera (cobre y oro), Salar del Hombre Muerto (litio) en Catamarca y Salta y Cerro Vanguardia (oro y plata) en Santa Cruz pusieron en marcha, sucesivamente, la megaminería argentina.

Bajo La Alumbrera es el primer gran emprendimiento del país (1997). Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional. YMAD ha constituido una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Limited (MAA), Xstrata Cooper (Suiza), y las empresas canadienses Goldcorp Inc. y Northern Orion Resources Inc. (ahora Yamana Gold) para la explotación de la

-403-

mina. Del yacimiento se extrae cobre y oro. En la explotación intervienen grandes camiones, un mineraloducto que transporta el concentrado desde Catamarca hasta Tucumán, el ferrocarril y hasta un puerto propio cercano a Rosario. El destino de la producción son refinadoras de Corea, Japón y Canadá. El Yacimiento está en la fase final de su producción, programándose un cierre escalonado hacia 2015.

Cerro Vanguardia, cerca de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, está produciendo oro y plata desde el año 2000 con reservas por 15 años; utiliza gas de un gasoducto troncal para la generación eléctrica y agua de 10 pozos y de manantiales cercanos. Cerro Vanguardia es administrada por la empresa AngloGold Ashanti 6, que posee una participación accionaria del 92.5 %, y Fomicruz S.E., Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz, con una participación del 7.5 %, que a su vez gestiona diferentes proyectos mineros y petroleros en la provincia.

Veladero se localiza al Norte de la provincia de San Juan. Entró en funcionamiento en 2005. Extrae oro y plata con una vida útil de producción de unos 14 años. Para acceder al yacimiento se construyó un camino minero de 156 km, con pasos de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y refugios equipados para albergar a viajeros y trabajadores en caso de inclemencias climáticas. La empresa a cargo de la explotación, Barrick Gold, informó que en 2011, Veladero produjo 957.000 onzas de oro a un costo de $ 353 la onza. Las reservas mineras probadas y probables, al 31 de diciembre de 2011, eran 10,6 millones de onzas de oro.

6 AngloGold Ashanti, con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, es

actualmente el tercer productor de oro del mundo. Cuenta con una importante cartera de activos en las principales regiones productoras de oro. Sus 21 operaciones se encuentran distribuidas en 10 países: Argentina, Australia, Brasil, Ghana, Guinea, Malí, Namibia, Sudáfrica, Tanzania y los Estados Unidos de América (www.cerrovanguardia.com.ar).

-404-

Pascua–Lama o Lama-Pascua, es un gran proyecto minero binacional entre Chile y Argentina. El primero en el mundo de estas características. Fue adjudicado a la multinacional canadiense Barrick Gold. Consiste en una mina de oro y plata a cielo abierto en la cordillera de los Andes a más de 4.000 metros de altura. En mayo de 2009, el gobierno argentino, la provincia de San Juan y la empresa acordaron comenzar la extracción en el año 2013, pero esto no se cumplirá. Los estudios establecen que la vida útil de la mina es de unos 25 años con una producción anual de entre 750.000 y 800.000 onzas de oro7 durante los primeros cinco años de explotación.

Salar del Hombre Muerto, es un yacimiento ubicado en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, donde se extrae litio, un mineral metálico alcalino que resulta fundamental para la industria química y electrónica. Es muy utilizado en automóviles eléctricos e híbridos, así como para pilas y baterías recargables de celulares y notebooks, para la industria del aluminio, vidrio, cerámica y esmaltes. El 90 % de las reservas de litio del mundo están ubicadas en Latinoamérica, principalmente en Argentina, Chile y Bolivia. El yacimiento Salar del Hombre Muerto, operado por la corporación norteamericana FMC Lithium Corp a través de la Minera del Altiplano SA, produce en forma discontinua desde fines de los años 90, cloruro de litio y carbonato de litio que es exportado a Estados Unidos desde el puerto de Antofagasta, Chile, al que llega vía ferrocarril, como parte del Tratado de Integración Minera firmado por ambos países (Argentina y Chile).

Potasio Río Colorado, se encuentra ubicado en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina. Según consta en la página de la empresa Vale, operadora del proyecto ―se trata de un emprendimiento integral que comprende todas las fases de

7 El oro marcó un nuevo récord al superar los 1.900 dólares la onza, en

Nueva York, el 06 de septiembre de 2011. En junio de 2012 cotizaba por encima de los 1.600 dólares la onza. En abril de 2013 seguía en baja con unos 1500 dólares la onza. Una onza equivale aproximadamente a 30 gramos.

-405-

producción, industrialización y distribución del cloruro de potasio: la extracción y procesamiento en el yacimiento, el desarrollo de la cadena logística para transportar el fertilizante hasta el puerto de Ing. White, ubicado en la provincia de Buenos Aires, y la construcción de las instalaciones portuarias”. Dicho proyecto estima lograr una producción de 2,4 millones de toneladas de cloruro de potasio por año. Este mineral, clave como fertilizante en la agricultura industrial, tendrá como principal destino su exportación a Brasil, país de origen de la empresa operadora. Para llevar a cabo esta comercialización se prevé la construcción de una línea ferroviaria, exclusiva para la empresa, que una el yacimiento con el puerto de Bahía Blanca, Ingeniero White. Se calcula que se recibirán formaciones ferroviarias de 1,2 km de largo (unos 80 vagones) cada 12 horas (Rieles, 2011). La explotación del yacimiento se extendería por unos 40 años. Como consecuencia de ello habrá cambios ambientales costosos de los que da cuenta Giraud (2007). Entre ellos, se menciona que quedará una meseta artificial de sal de 210 has y hasta 50 m de altura. También los riesgos de salinización de suelos y agua locales son altísimos. Además, el sistema de producción del potasio es por fracking, método altamente contaminante que requiere un uso intensivo de agua y gas (de este último, la mina consumiría el equivalente a la sumatoria del consumo residencial, comercial y de entes oficiales en la provincia de Mendoza). Si bien se encontraban avanzadas las obras de desarrollo de este yacimiento, el mismo se encuentra parado desde hace varios meses y la empresa informó oficialmente que abandona el emprendimiento. En el próximo apartado se amplían estas consideraciones.

-406-

3. Un marco regulatorio a medida de las multinacionales mineras

A principios de los años 90, empresarios transnacionales y políticos provinciales y nacionales, comenzaron a concebir las estrategias para apropiarse de uno de los últimos grandes recursos no renovables del país, a través de un mercado altamente concentrado y en condiciones muy ventajosas. Promovieron crear un marco regulatorio que permitiera el ingreso de las grandes corporaciones mineras bajo el paradigma neoliberal. Una verdadera refuncionalización jurídica de las normas mineras nacionales. Estas transformaciones confirmaron el carácter metaregulador del Estado, como ―entidad responsable‖ de crear el espacio para garantizar la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones (de Sousa Santos, 2010). Con préstamos del Banco Mundial, que continuaron endeudando a la Argentina en cientos de millones de dólares, se diseñó, para reconvertir el sector, una legislación a medida de las empresas transnacionales. Un verdadero andamiaje legal llamado Programa de Asistencia a la Minería Argentina (PASMA), con el objetivo de alentar la inversión privada en minería. Tuvo una duración de 6 años (1995–2001) y se ejecutó a nivel nacional y provincial creando un sistema unificado de información minera.

El Código de Minería (CM), sancionado por el Congreso Nacional el 25 de noviembre de 1886, establece las normas de la actividad. Por disposición de la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 12) existe un sólo CM para todo el país, correspondiendo su aplicación a las autoridades nacionales o provinciales, según donde estuviesen situados los recursos mineros. La reforma de la constitución de 1994 significó un cambio profundo en relación a la explotación de los recursos naturales. Modificó el marco regulatorio marcando la renuncia del Estado nacional a la propiedad de los mismos otorgándosela a las provincias. Además de dar paso a una obligada privatización, al

-407-

excluir al Estado (provincial o nacional) de cualquier tipo de explotación de dichos recursos. De esta manera se habilitó al capital privado y extranjero, y a las grandes empresas transnacionales, para actuar en el sector de la gran minería metalífera conformando enclaves de exportación.

De esta manera se aplicaron diferentes reformas al CM comenzando por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras del año 1993, con su reglamentación (Decretos N° 2.686/1993 y su modificatorio N° 1.043 de diciembre de 1997) y la última de ellas, de mayor importancia, fue la Ley 24.498 de Actualización Minera, donde se legisla cómo se haría el reparto de las riquezas mineras y quiénes tendrían el control político del proceso. Se constituye así a la Secretaria de Minería de la Nación y a las Secretarias de Minería de todas las provincias, como autoridades de aplicación y evaluación de los emprendimientos mineros. La ley 24.585 (Protección Ambiental) de 1995, que fue sancionada dos años después de la legislación sobre inversiones mineras, presenta omisiones importantes, sobre todo medioambientales. Las nuevas reformas no contemplaron en ningún momento los aspectos sociales.

También se implementó una legislación de ―simplificación fronteriza‖ para que los límites entre países no fueran un impedimento para la explotación minera, sobre todo a ambos lados de la Cordillera de Los Andes. En este marco se encuentra el Tratado sobre Integración y Complementación Minera celebrado entre Chile y Argentina en diciembre de 1997 por los gobiernos de C. Menem y E. Frei. El Tratado fue ratificado en el año 2000 por los gobiernos de Argentina y Chile. En agosto de 2004, cuando se retomó la idea de su desarrollo, ambos países firmaron el Protocolo Adicional Específico al Tratado sobre Integración y Complementación Minera para el Proyecto Pascua-Lama, que define el área donde son aplicables sus disposiciones. Para las empresas mineras, entre Chile y la Argentina no hay frontera ni aduanas. El área configura un territorio geopolítico inexistente, un ―país virtual‖, un espacio independiente de ambas naciones, un nuevo orden geoeconómico gobernado por la empresa Barrick Gold. La

-408-

―integración‖ de los países es la excusa que esconde iniciativas privadas. Es muy preocupante que un convenio haya eliminado una parte del extenso límite internacional argentino-chileno y, con ello, desvirtuado áreas de frontera para destinarlas al uso exclusivo de corporaciones internacionales8.

Además, todas las ganancias son llevadas al exterior. En nuestro país sólo queda un máximo de 3 % de regalías (pero son tantas las deducciones que suelen bajar a cero), al que se le suma el costo de la mano de obra local y la compra de algunos insumos. Sumas marginales respecto del extraordinario valor de los recursos extraídos.

La minería se encuentra protegida por una legislación extremadamente favorable a los intereses de unas pocas empresas. Entre las muchas ventajas, las empresas mineras cuentan con una estabilidad fiscal por treinta años, lo que implica que no podrán ver afectada su carga tributaria o arancelaria, ni disminuir sus beneficios, ni ver modificado su régimen cambiario. Además, pueden deducir del impuesto a las ganancias el 100 % de lo invertido en actividades de prospección, exploración e investigación así como las inversiones en infraestructura. También se elimina todo gravamen y tasa municipal e impuesto a los sellos. Tampoco las empresas pagan aranceles y tasas aduaneras por importación de bienes de capital, equipos o insumos. Están exentas del impuesto al cheque y a los combustibles, y lo más llamativo de todos los beneficios, es la exención de retenciones a las exportaciones así como la posibilidad de transferir al exterior el capital y las ganancias en cualquier momento y sin pagar cargas o impuestos sobre dichas transferencias, ni por lo producido por sus exportaciones9.

8 Otro emprendimiento similar es el de Pelambres, provincia de

Choapa, al norte de la IV Región chilena, que explota cobre, oro, plata y molibdeno desde hace varios años, limitando con el área del yacimiento Pachón, Departamento Calingasta, San Juan (Rodríguez Pardo, 2009). 9 Estos beneficios se siguen otorgando actualmente. Como ejemplo se

transcribe el artículo 1° de la resolución 305 del 22/6/2012, publicada en el Boletín Oficial:

-409-

Desde 1999, las empresas del sector minero pueden deducir de las regalías provinciales (de tan sólo el 3 % de lo extraído y declarado en boca de mina) los siguientes gastos: costos de transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto, costos de trituración y molienda, todo proceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final, costos de comercialización, costos de administración hasta la entrega del producto logrado, y finalmente los costos de fundición y refinación. Un negocio fabuloso para cualquier empresa minera. La legislación generó un sistema en el que las ganancias son para las empresas y no para el Estado argentino.

La sanción de todas estas leyes habilitó una creciente y poderosa corriente de capitales mineros que se establecieron en diversas provincias argentinas, desarrollando actividades de extracción y extendiendo su influencia en ámbitos políticos, científicos y mediáticos.

En la mina Veladero (Barrick Gold, San Juan), por ejemplo, se calcula que el valor de los minerales que se extraen es de

―Artículo 1° — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo de la presente resolución, serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación, que en cada caso se indica.‖

Entre los escasos 126 casos de empresas que reciben este beneficio se encuentran los siguientes:

-410-

aproximadamente 12.000 millones de dólares. A cambio de semejante riqueza, la provincia de San Juan recibe como regalía, a lo largo de 20 años, unos 70 millones de dólares (Gutman, 2007). Esta cifra irrisoria es reflejo del porcentaje que las corporaciones multinacionales deben pagar por todo concepto, según la ley vigente, por la apropiación de un recurso no renovable. Además, el Estado no ejerce un verdadero poder de policía que asegure que la regalía sea efectivamente representativa de la cantidad real de minerales extraídos y sacados del país. Las mineras dan cuenta de sus exportaciones mediante una simple declaración jurada. Junto con el mineral declarado, se exportan otros muy variados que van mezclados y que no son registrados por el sistema fiscal de la Argentina.

Otro instrumento legal es la sanción de la Ley 26.639, denominada ―Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial‖. Esta ley fue sancionada el 30/09/2010, promulgada de hecho el 28/10/2010, siendo publicada en el Boletín Oficial ese mismo día. La Ley 26.639 fue reglamentada parcialmente a través del Decreto (PEN) 207/11 del 28/02/2011, publicado en el Boletín Oficial el 01/03/2011. Con anterioridad, se sucedieron debates parlamentarios, manifestaciones públicas y expresiones de repudio a la megaminería, defensas de la actividad minera por las cámaras empresarias sectoriales, por gerentes y directores de reconocidas multinacionales, así como discursos políticos de las máximas autoridades nacionales y de varias provincias argentinas que sostuvieron su constante prédica favorable a la gran minería metalífera a cielo abierto. Ya en 2008 (el 22/10) se había sancionado la Ley 26.418, llamada ―Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial‖, con un texto muy similar al de la antes mencionada Ley 26.639. En aquella oportunidad, la Ley fue vetada mediante el Decreto 1837/08 del PEN, del 10/11/2008, esto es antes de cumplirse tres semanas de la sanción10.

10

El texto del Decreto 1837/08 argumentó que la Ley General del Ambiente (25.675) ―prevé el sistema de evaluación de impacto

-411-

La Ley 26.639 obliga a las provincias a mapear y monitorear los glaciares. Con la realización del inventario Nacional de Glaciares, el país tendrá una base de datos para el estudio a largo plazo de los glaciares argentinos, su dinámica, hidrología y la relación con el medio ambiente de la Cordillera de los Andes. El informe sobre los glaciares tendría que estar listo en cinco años y sus datos deberían ser divulgados. La Ley tiene como objetivo declarado preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y mantenimiento de las cuencas hidrográficas. La actividad minera utiliza ingentes cantidades de agua, determinando que muchas actividades que se venían desarrollando en las áreas que explota, ya no se puedan desarrollar. Sobre la reglamentación de esta ley cabe señalar que, por el ya citado Decreto 207/11, deja todavía muchos aspectos y artículos sin posibilidad alguna de aplicación11.

ambiental previo a la autorización de toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente‖. Por lo tanto, la prohibición de actividades contenida en el artículo 6º de la Ley 26418/08 ―resulta excesiva, no pudiendo constituir válidamente parte de un presupuesto mínimo ambiental‖. Con citas de la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, más las referencias a las preocupaciones expresadas por varios gobernadores ―de la zona cordillerana‖, el Decreto consideró que la prohibición de actividades ―podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas‖. Más adelante, haciendo expresa mención del artículo 41 de la Constitución Nacional (se habla de la ultraliberal de 1994), se recuerda que ―corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales‖. Se deja en claro ―que el Proyecto de Ley sancionado, al disponer sobre recursos provinciales, excede el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional‖ (Decreto PEN 1837/08). 11

En principio, el objeto de la Ley (artículo 1º), las definiciones sobre qué debe entenderse por glaciar y por ambiente periglacial (artículo 2º), la creación del Inventario Nacional de Glaciares (artículo 3º), no fueron reglamentados .Se encuentran reglamentados los artículos 4° y 5°,

-412-

No está de más señalar que la mayor parte de las muy favorables normas específicas implementadas en la década de 1990, han sido mantenidas y/o mejoradas en función de los beneficios de las empresas en lo que va del siglo XXI.

En enero de 2012, ante las más que justificadas protestas contra la minería a cielo abierto en varias provincias (que comentaremos en el próximo apartado), el Gobierno nacional, mientras organizaba la represión con fuerzas propias y apoyaba la que dirigían los gobernadores, decidió convocar a mandatarios provinciales, cámaras empresariales y comisiones directivas de sindicatos de trabajadores mineros, para enfrentar los reclamos ambientales, políticos, económicos y sociales. Como parte de la estrategia general se impulsó la creación de la OFEMI - Organización Federal de Estados Mineros -, un organismo articulador entre el Estado nacional, los estados provinciales y las empresas del sector con el objetivo declarado de propiciar una ―minería sustentable‖ (Gandini, 2012). Las provincias

invalidados por la no reglamentación del 3°. El vital artículo 6º, sobre las actividades prohibidas, no fue reglamentado. Tampoco se reglamentaron los artículos sobre funciones de la autoridad nacional de aplicación (10º), sobre infracciones y sanciones (11º), sobre reincidencia (12º), sobre responsabilidad solidaria (13º), destino de importes recibidos en concepto de multas (14º), como ninguno de los tres restantes (15º al 17º). Podría colegirse que las ―sugerencias‖ y ―pedidos‖ de la Secretaría de Minería, los gobernadores de provincias con explotaciones mineras metalíferas, la Barrick Gold, Xstrata Cooper y otras multinacionales, están siendo tenidos en cuenta (Decreto PEN 207/11). El 3 de julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las medidas cautelares que impedían la aplicación de la ley y ésta quedaría plenamente habilitada para cumplirse, de contarse con la reglamentación faltante. Con este fallo puede iniciarse el inventario de glaciares (una de las medidas más resistidas por las mineras). En febrero de 2013 las mineras seguían operando sin restricciones y el presupuesto para realizar el inventario todavía no llegaba al Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, encargado de llevarlo a cabo.

-413-

integrantes de la OFEMI12 firmaron el "Acuerdo Federal Minero" que les otorga la potestad de constituir empresas públicas mineras provinciales, generando mecanismos para participar de la renta minera. También pueden fijar fideicomisos para construir obras de infraestructura básica y crear agencias de desarrollo locales entre otras facultades. Las legislaturas provinciales han ido tratando y aprobando estas cuestiones, siguiendo la senda iniciada por Santa Cruz años atrás. La puesta en marcha de la OFEMI fue y es acompañada por intensas campañas publicitarias de las cámaras empresarias, de los gobiernos de las jurisdicciones mineras y del Gobierno nacional, cada vez más comprometido con la ―causa‖ extractivista.

A quince años de la instalación del primer proyecto de minería a cielo abierto en el país, resulta posible establecer de manera cierta cuáles han sido los impactos sociales, económicos y ambientales de la megaminería. En junio de 2008, por primera vez en la Argentina y en América Latina, la Justicia de Tucumán falló en contra de Minera La Alumbrera, en la persona de su vicepresidente, Julián P. Rooney, por el delito de contaminación. Pero luego, se declaró la nulidad del procesamiento.

También a quince años de la instalación del primer proyecto megaminero metalífero empiezan a desnudarse las racionalidades extractivistas que sustentan el avance de la megaminería en el país y sin las cuales los proyectos pierden interés de sus inversores. Dos casos demuestran esta situación: la postergación de la inauguración del proyecto Lama-Pascua operado por la empresa Barrick Gold y el abandono del

12

Las provincias integrantes de la OFEMI son 9: Jujuy, San Juan, Salta, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Mendoza, Santa Cruz y Chubut. Siendo pertinente no olvidar, consignamos que la Organización fue ideada en el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y presentada en la Casa de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires. Eduardo Fellner actuó como anfitrión, secundado por José Luis Gioja (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca), Luis Beder Herrera (La Rioja), Martín Buzzi (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

-414-

emprendimiento de Potasio Río Colorado operado por la empresa Vale do Río Doce.

El megaemprendimiento binacional Lama-Pascua acusa las consecuencias de la cambiante situación económica argentina. Las particulares condiciones del mercado cambiario, el aumento en el costo de los insumos, las trabas a la importación, entre otras variables han llevado a la empresa a postergar al menos por un año (de 2013 a mediados de 2014) la inauguración del emprendimiento. La empresa sostiene que estas nuevas condiciones le aumentan entre un 50 y un 60% sus costos previstos inicialmente (www.ambito.com; www.elinversor.com). A esto se suma una acción judicial que suspendió las faenas en el yacimiento del lado chileno, como respuesta a una demanda de daños ambientales iniciada por comunidades diaguitas (www.noalamina.org, 2013). La paralización se produjo el 9 de abril de 2013, luego de la orden de ―no innovar‖ dictada por la Justicia ante el amparo presentado por cinco comunidades del valle del Huasco, después de comprobarse contaminación hídrica subterránea y graves perjuicios a los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, según informes del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. Pasadas dos semanas, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de apelación que presentó la minera canadiense. Por su parte, la Ministra de Medio Ambiente de la República de Chile, María Ignacia Benítez, conminó a la empresa a cumplir con las exigencias medioambientales o a suspender definitivamente el proyecto (Vergara, 2013).

Hacia finales de abril de 2013, Barrick Gold Corp. anunció en Santiago de Chile que no descartaba la posibilidad de suspender definitivamente el proyecto de US$ 8.000 millones. Sin embargo, el propio presidente y CEO de la empresa, Jaime C. Sokalsky, decía en Toronto que seguían estudiando alternativas ante las exigencias chilenas en cuanto al cumplimiento de normas ambientales y ante la caída del precio del oro (Vergara, op. cit.). La ―estrategia alternativa‖ incluyó una reunión con el Ministro de Planificación de la Argentina, Julio De Vido, para confirmarle que

-415-

Barrick invertirá $ 9.300 millones en el país, durante 2013. De ese total, $ 8.700 millones serán para continuar la construcción de Lama; los otros $ 600 millones se destinarán a la operación de Veladero. Al mismo tiempo, la compañía expresó la intención de acelerar la explotación de un tajo del lado argentino, cuya explotación estaba prevista para más adelante (Kanenguiser, 2013). De ese modo, obtendrían mineral durante seis meses, a la espera de ―solucionar el conflicto‖ (o pasar por encima de las demandas) del lado chileno. Otro funcionario argentino, el Secretario de Minería Jorge Mayoral, no ocultó su satisfacción por la ―buena salud‖ del proyecto y las amables relaciones de la minera con el Gobierno nacional, hasta el punto de habérsele otorgado beneficios impositivos adicionales (Kanenguiser, op. cit.).

El otro caso que nos ocupa es el del emprendimiento de explotación de potasio de Río Colorado. En él se da cuenta de una avanzada del neoextractivismo: si cambian las condiciones de ganancias extraordinarias, se suspende el proyecto. No debería sorprender esta actitud empresaria cuando la política minera oficial es la de favorecer estos megaemprendimentos, a costa de ignorar las licencias sociales. El Secretario de Minería, Jorge Mayoral decía en 2002: ―Es por eso que el compromiso de nuestra gestión, y eso han debido escucharme decir muchas veces, se cimienta en la defensa irrestricta y en el respeto por las condiciones mediante las cuales los inversores decidieron invertir en nuestro país y nuestro Estado les fijó reglas que nosotros deseamos que se respeten‖ (Svampa, et al, 2009:34). La reciente noticia de que la empresa Vale do Río Doce (que compró la concesión del yacimiento a otra empresa, Río Tinto, en 2009) suspende la construcción del megaproyecto y se retira del país, deja en evidencia que cuando se cambia la condición de rentas extraordinarias ya no resulta interesante la inversión. En su comunicado (Diario Los Andes, marzo 2013) la empresa afirma que "está suspendiendo la implantación del proyecto Río Colorado, teniendo en cuenta que en el contexto macroeconómico actual los fundamentos económicos del proyecto no están alineados con el compromiso de Vale con la

-416-

disciplina en el destino del capital y la creación de valor". Es decir, que han cambiado las condiciones iniciales sobre las que se decidió el proyecto y desarrollo del yacimiento. Ante este panorama, se plantean dos preguntas.

La primera pregunta es si los gobiernos nacional y/o provincial saldrán a buscar nuevos inversores que explotarán la mina en las mismas condiciones extractivistas que pretendía hacerlo Vale o buscarán un modelo alternativo de producción que permita la sustentabilidad del emprendimiento. Esta última opción es poco probable ya que el pensamiento empresario se ve reflejado en esta frase de Julián Rooney (vicepresidente de Minera Alumbrera en 2002): ―La minería tiene que ser una política de Estado, como tal perpetuarse y garantizar a los inversores el marco adecuado y necesario para llevar adelante este tipo de inversiones a largo plazo‖ (Svampa et al, 2009:34). No se contempla un cambio de condiciones para la explotación minera; si no se hace en un marco neoextractivista, para la racionalidad empresaria, no puede realizarse.

La segunda pregunta es si el destino de la producción de potasio seguirá siendo la exportación mayoritaria o si se destinará al mercado interno para la fertilización de suelos ocupados por soja. Cualquiera de las alternativas sigue manteniendo en vigencia las tesis de Gudynas del proyecto original.

El encuadre de este caso en las tesis de Gudynas (2009) sobre el neoextractivismo es muy claro. Al menos en siete de las diez tesis del citado autor se puede ver reflejado el emprendimiento de Río Colorado. Según Gudynas (op.cit.), en la política que sostiene el neoextractivismo en América Latina persiste la importancia de los sectores extractivistas como un pilar relevante de los estilos de desarrollo (tesis 1), a lo que se suma que el neoextractivismo sirve a una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización comercial y financiera (tesis 4), que sigue avanzando una fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales (tesis 5), que más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas y funcionamientos de los procesos

-417-

productivos volcados a la competitividad, eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos (tesis 6), que se mantienen, y en algunos casos se han agravado, los impactos sociales y ambientales de los sectores extractivos (tesis 7) y que se revierten algunas contradicciones sobre el extractivismo, y se lo pasa a concebir como indispensable para combatir la pobreza y promover el desarrollo (tesis 9). En consecuencia, el neoextractivismo es parte de una versión contemporánea del desarrollismo propia de América del Sur, donde se mantiene el mito del progreso bajo una nueva hibridación cultural y política (tesis 10). Esta clara síntesis de cómo el modelo de acumulación que se asocia al neoextractivismo descapitaliza a los pueblos y enriquece a las trasnacionales se aplica sin esfuerzos al caso de la mina de potasio de Río Colorado.

Frente a estas situaciones, la legislación nacional debería incorporar mecanismos y procesos participativos en la toma de decisiones, aplicables a proyectos con alta potencialidad de efectos negativos en el medio ambiente y en la calidad y en los medios de vida de las comunidades cercanas.

4. Modo de explotación, problemas ambientales y cambios territoriales

A diferencia de la minería tradicional, estas explotaciones constituyen casi exclusivamente minas a cielo abierto que utilizan métodos hidroquímicos, en procesos altamente contaminantes que plantean el riesgo de catástrofes ambientales si no son controlados cuidadosamente. Las nuevas tecnologías permiten destruir cerros enteros donde se halla la mineralización. La roca dinamitada se tritura y muele. Esas enormes masas de rocas se juntan en pilas y se riegan con millones de litros de agua mezclada con varias toneladas de cianuro, entre otros químicos. Este método es llamado de lixiviación; el material se deriva por colectores a grandes piletones que le sirven de depósitos. Aun cuando las empresas del sector aseguran que estas estructuras

-418-

quedarán herméticamente cerradas, impidiendo así toda contaminación, hay expertos que aseguran que el noventa por ciento de los depósitos de este tipo colapsó o filtró, ocasionando serios daños en las napas freáticas y en aguas superficiales con los derrames de cianuro y otros productos químicos13. En Pascua Lama se manipularán entre cinco y diez mil kilogramos de cianuro por día. La contaminación puede expandirse fácilmente a raíz de los vientos dominantes en la zona y, tal vez también por los movimientos sísmicos. El resultado del proceso de lixiviación es una solución viscosa que se destina a una especie de gran ―lago‖ llamado ―dique de cola‖. Los ―diques de cola‖ se construyen a medida que va creciendo el cráter de la mina con la tierra removida, por lo que su integridad estructural queda comprometida.

13

Sobre filtraciones y ―accidentes‖ registrados hacia fines del siglo XX e inicios del XXI en América, en África y en Europa, se puede consultar el trabajo de Gutman, 2007. Se recomienda también el aporte de Nieva, 2002, Tesis de Maestría del Ingeniero en Minas Héctor O. Nieva, defendida en Nancy, Francia. Nieva, junto a otros expertos, era el responsable de monitorear la calidad del agua en la zona adyacente al mega emprendimiento pero, sorpresivamente, al detectar alteraciones en las muestras de agua, la Secretaría de Estado del Ambiente fue desplazada de esta tarea que quedó bajo la jurisdicción de la Secretaría de Minería. "Al hacer un estudio pormenorizado de este primer gran emprendimiento minero en el país, desde un punto de vista general, el mayor inconveniente se encuentra en el lugar de deposición final de los residuos de la Planta de Tratamiento. Las variaciones detectadas del Sr (estroncio), incorporado al proceso con la Cal para regular el pH en la Planta de Beneficio, las variaciones de los valores de Calcio y los resultados de los isótopos de Azufre, nos indican que el impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas de la Cuenca del río VisVis son causadas por filtraciones del Dique de Colas del emprendimiento minero Bajo de la Alumbrera", afirmó el ingeniero. Agregó que "la interpretación de los resultados de los análisis químicos realizados hasta noviembre de 2000, de las muestras obtenidas trimestralmente en los puntos de monitoreo establecidos, nos indica una disminución constante de la calidad del agua subterránea y superficial del sistema hídrico VisVis - Amanao", a pocos kilómetros de la ciudad de Andalgalá y del yacimiento.

-419-

Las minas a cielo abierto requieren miles de litros de agua dulce por minuto que son extraídas de todas las fuentes cercanas a disposición. Así, se desvían ríos, se utilizan glaciares o se extrae el agua subterránea en zonas áridas. Si en el proceso se llegara a filtrar el agua ya expuesta a los compuestos químicos, la integridad del sistema de aguas y napas subterráneas, la fuente para consumo humano y la agricultura, podría terminar gravemente contaminada. Este riesgo es muy alto, y por lo tanto el monitoreo de la calidad del agua es una herramienta imprescindible, aunque el diagnóstico suele resultar tardío debido a la baja dinámica del agua subterránea14. Cuando los primeros síntomas de contaminación aparecen, el grado de deterioro generalmente es muy severo y por ende muy difícil de remediar. Los procesos de contaminación del agua subterránea son muy lentos y pueden durar decenas de años, al igual que los de limpieza. La solución oro-cianuro soluble en agua, se colecta al pie de las pilas; una vez que estas pilas llegan a medir 100 metros de altura –lo que equivale a un edificio de 30 pisos– el proceso comienza de nuevo. La efectividad del cianuro para extraer oro supera el 95 %. Estos cambios técnicos permiten trabajar en zonas que, de otro modo, no serían rentables económicamente15. La minería moderna se asemeja más a la industria química, pero no está regulada como tal. Además, en el

14

Acerca de la utilización y deterioro del recurso agua se recomienda, entre otros trabajos, consultar: Nieva, 2002; Gómez Lende, Velázquez, 2008; Giarracca, Hadad, 2009. Los dos primeros, más orientados a los deterioros ya provocados por la actividad minera; el tercero, un aporte muy valioso sobre el conflicto latente por el agua entre el proyecto minero para reactivar el yacimiento La Mejicana, en La Rioja, y la Asamblea Ciudadana de Chilecito-Famatina. Las autoras incorporan la participación del Estado provincial y no descuidan la importancia de la vitivinicultura y la olivicultura en la competencia por el recurso agua. 15

La mayor parte de los minerales metalíferos en explotación en el mundo se encuentran diseminados y poseen una muy baja ley, como porcentaje del mineral buscado en la masa rocosa intervenida. Sólo esta nueva modalidad de extracción justifica las inversiones en los emprendimientos.

-420-

caso del oro, se estima que fácilmente se pueden generar hasta dos toneladas de desechos por cada gramo de oro obtenido.

La actividad minera genera cuantiosos pasivos ambientales ya que requiere un uso desmesurado de recursos como el agua y la energía eléctrica16 destruyendo economías locales y reconfigurando nuestros territorios. Todo esto bajo la protección jurídica que torna lícitas estas actividades, mientras se generan tramas discursivas oficiales y empresariales que tienden a legitimarlas. La normativa, en lugar de dar instrumentos de defensa, otorga garantías de impunidad a las multinacionales del sector.

En La Alumbrera se usan 100 millones de litros de agua diarios. Pueblos pastores y agricultores ven como mueren sus animales y cultivos por falta de agua y por derrames tóxicos. Ciertas provincias mineras, como por ejemplo San Juan, no han aceptado que la Ley de Glaciares pueda ser aplicada en su territorio. Además, sólo dos o tres artículos fueron reglamentados hasta el presente y no afectan el gran negocio de los capitales concentrados ni el de sus fieles defensores a escala local, provincial y nacional.

Como en otras actividades extractivas y en los procesos de producción (en sentido amplio) de bienes y servicios, la concentración del capital en la megaminería es cada vez mayor y las consecuencias sociales y ambientales se tornan cada vez más visibles y dramáticas. Las empresas mineras funcionan en Argentina (y en toda América Latina) como enclaves económicos de escasos encadenamientos locales, en espacios cercados y vigilados por sistemas militarizados de seguridad, donde anulan

16

Por ejemplo, cada gramo de oro que sea extraído de Pascua Lama, requerirá remover 4 toneladas de roca, consumir 380 litros de agua y 43,6 kw/h de electricidad –similar al consumo semanal de un hogar argentino medio) , además de 2 litros de gasoil, 1,1 kg. de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio (Machado; Svampa; Viale; Giraud; et al, 2011).

-421-

las normas del territorio, no permitiendo siquiera el tránsito de los antiguos pobladores de la zona.

Estas transformaciones geográficas de las áreas locales provinciales son el resultado de una expansión productiva, característica de una lógica espacial del capitalismo global, que genera fragmentación a partir de la especialización funcional de los territorios, con un uso intensivo de un recurso natural, es decir una actividad con escaso o nulo valor agregado en el ámbito de extracción. Estos fragmentos de territorio, generalmente alejados y en lugares pobres, en una primera instancia ven en las nuevas actividades las posibilidades de desarrollo. Con el tiempo, la realidad los vuelve lugares ajenos hasta para sus propios habitantes. Son enclaves de especialización productiva dependiente del mercado mundial de capitales privados; con un ordenamiento territorial que denota la vinculación local–global en un interjuego de escalas espaciales.

En los enclaves se construye territorialidad con significaciones y valoraciones diferentes según los actores. Por un lado, las estrategias de las empresas transnacionales que privilegian la rentabilidad y del Estado que promueve un determinado ―modelo‖ de desarrollo. Por el otro, las resistencias de las comunidades locales que no comparten el ―modelo‖, ni los estilos de vida que impone. Se generan así tensiones territoriales entre la ―eficiencia‖ y la rentabilidad que reclaman las empresas y los intereses locales colmados muchas veces de desesperación, exclusión y pérdida de futuro. Las empresas no tienen ataduras territoriales más allá de la localización de los recursos naturales en explotación y por un tiempo limitado; al retirarse dejarán un terrible pasivo socio ambiental17.

17

Acerca de la confrontación entre el discurso empresarial y estatal, por un lado, y el de los movimientos sociales organizados para resistir a la gran minería transnacional por el otro, es muy recomendable la lectura de Machado; Svampa; Viale; Giraud; et al (2011). Este libro aborda cuestiones como las rentabilidades de la actividad, el empleo directo e indirecto, el ―desarrollo‖ y nivel de vida de las poblaciones, las regulaciones y los riesgos ambientales, la mayor o menor transparencia

-422-

Las áreas mineras son espacios con un orden particular, con una estructura u organización espacial que evidencia relaciones verticales y horizontales. Son espacios permeables al orden vertical pues denotan una jerarquía: actores hegemónicos foráneos interactúan con actores dominantes locales. Estas relaciones verticales tornan al espacio fragmentado, incoherente, anárquico y pueden volverse escenarios de la complacencia como de las revueltas (Santos; Silveira, 2001).

La actividad minera ocupa escasa mano de obra, incorporando pautas propias de la flexibilización y precariedad laboral y generando una progresiva desintegración social. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) los trabajadores mineros en el mundo representan tan solo el 0,9% de la población empleada, pero un porcentaje alto de ellos padecen muertes laborales, muchas no reportadas, y alta morbilidad por accidentes o por enfermedades que, a veces, se manifiestan tardíamente.

En Argentina, mientras los volúmenes de los minerales extraídos aumentaron en promedio un 150 % entre 1990 y 2004, se registraba una pérdida neta de puestos de trabajo (-18.490). De ese modo, la participación de la minería en el total de ocupados del país se redujo en más del 50 %, al pasar del 1,34 % del total en 1990 a 0,67 % en 2004. Poco después, en 2007, eran 40.000 los empleos directos en minería (Secretaría de Minería de la Nación, 2008), representando el 0,24 % de la PEA, de unos 16 millones de trabajadores. La misma Secretaría informaba que 192.000 eran los puestos indirectos pero, sin indicar la metodología utilizada, tornaba poco confiable el dato.

En 2010 había 19.412 trabajadores registrados en la explotación de minerales no energéticos (es decir, sin petróleo, gas, carbón y

y libertad de opinión en la evaluación de las prácticas de la gran minería, etc. Se trata de una obra muy bien documentada que constituye una verdadera ―guía para desmontar el imaginario prominero‖.

-423-

uranio); 7.127 en minerales metalíferos y 12.285 en otras minas y canteras (INDEC, 2011). En Chile, según el Servicio Nacional de Geología y Minería, con una facturación ocho veces mayor que en la Argentina en 2009, el empleo total del sector era de 174.125 trabajadores. En Canadá, con seis veces más de facturación que en nuestro país, se registraban 51.116 trabajadores directos, según Canadian Minerals Yearbook . Es muy difícil entender o imposible creer que la minería genere más de 500.000 empleos en el país, como se permitía afirmar en 2010 la Secretaría de Minería de la Nación (Machado; Svampa; Viale; Giraud; et al, 2011).

Si bien cabe aceptar que las empresas mineras adquieren parte de los insumos en la Argentina, generando puestos de trabajo, no es menos cierto que la mayor parte de los bienes de capital (palas cargadoras, camiones, maquinarias, etc.) y muchos insumos son importados, dando lugar a la demanda de empleo, pero en otros países. Más allá de las dificultades metodológicas para medir el empleo indirecto, las evidencias empíricas permiten advertir la baja calidad de esos puestos de trabajo. Son empleos muy dependientes del enclave exportador y con bajas o nulas tasas de reproducción al decaer y finalizar el ciclo extractivo. Por otra parte, hay servicios profesionales que suelen contratarse (servicios jurídicos, empresas de marketing, consultoras sociales, medios de comunicación social), directamente asociados a las tecnologías de fabricación de ―licencia social‖ para las corporaciones mineras. Se puede agregar un número creciente de profesionales contratados para inhibir las resistencias de comunidades y vecinos, tratando de implementar los proyectos sin consultas ciudadanas. Ejemplo de estos casos son los ―mediadores‖, redes de fundaciones y académicos que, definiéndose como ―sin fines de lucro‖, reciben subsidios de empresas y gobiernos por operar a favor de la ―licencia social‖.

Tomando un caso específico, como el de Bajo La Alumbrera, Catamarca, trabajan actualmente unos 1.800 empleados, 800 en planta permanente y 1.000 contratados pero la empresa “había prometido 10 mil puestos”. Catamarca sigue siendo una de las provincias con mayor índice de pobreza estructural. El municipio

-424-

de Andalgalá, donde está ubicado el yacimiento fue declarado zona de emergencia económica en 2009, a doce años del comienzo de la actividad (Svampa; Antonelli, 2009)18.

Las empresas multinacionales mineras buscan en el territorio y en las comunidades vecinas permanentemente una ―legitimación social‖ que justifique su accionar. Aparece el asistencialismo y el ―compromiso con la comunidad‖ patrocinando eventos culturales, deportivos y sociales, becas a universitarios, insumos sanitarios a hospitales, a escuelas, a comedores. Este accionar divide a las comunidades entre quienes los apoyan por las oportunidades que prometen y quienes prefieren no arriesgar el futuro ante la amenaza de contaminación y la pérdida de los medios de vida sustentables.

4.1. Breve relato sobre conflictos y resistencias sociales

La resistencia local se desencadena no sólo en los lugares de explotación sino en aquellos rincones del país donde es posible la apertura de nuevos yacimientos, como sucedió en Esquel (Chubut), caso pionero y emblemático donde la resistencia de la población sentó precedentes, deteniendo el avance del proyecto. Gracias al alerta dado por técnicos y ambientalistas de la región, la comunidad de Esquel se movilizó contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto adjudicada a la empresa minera canadiense Meridian Gold. Los vecinos autoconvocados

18

Sin embargo, como ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior, según un estudio sobre impacto económico de la Universidad Nacional de General San Martín publicado en la página Web de la empresa Minera Bajo La Alumbrera YMAD-UTE, el multiplicador de empleo es de 9.2. Esto es, por cada puesto de trabajo directo se generan 8.2 puestos de trabajo indirectos en la economía argentina. Además la empresa afirma que el nivel de empleo total generado en todos los años de funcionamiento representa más del 50 % de los desocupados en cada uno de los departamentos.

-425-

organizaron un plebiscito en marzo de 2003. El 81 % de los consultados se expresó por el ―NO‖ a la minería tóxica. El caso Esquel, que tuvo efectos multiplicadores hacia pobladores de otras regiones donde ya se habían instalado o se proyectan emprendimientos mineros de gran envergadura, es retomado hacia el final del apartado.

Son numerosas las resistencias sociales que ha venido generando la minería transnacional, en diferentes localidades y provincias. Según Svampa, Antonelli, op. cit., ―existen unas setenta asambleas contra la megaminería a cielo abierto, nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)”. Entre ellas se encuentran las emblemáticas asambleas de Chilecito y Famatina, en La Rioja, cuyos vecinos luchan desde 2006 contra la instalación de la empresa transnacional Barrick Gold, en el antiguo distrito minero La Mejicana. En 2011, el gobernador Beder Herrera firmó un convenio con la compañía canadiense Osisko, con la intención de reinstalar la explotación de ese yacimiento, después que años antes fuera impedida la propuesta de la Barrick. Estas luchas llevan implícita otra, la del agua como bien escaso de esta zona semiárida que hace incompatible la convivencia de una actividad extractiva con las agroindustrias (olivícola, vitivinícola, nogales y hortalizas) que dan sustentabilidad económica a la población. Los pobladores no quieren continuar con la contaminación ni permitir el avance de otros emprendimientos mineros, algunos de los cuales (como Agua Rica o Pilciao 16, en Andalgalá) amenazan con terminar expulsando a la población de sus tierras e incluso de su ciudad19. En algunas provincias como en Catamarca, La Rioja o San Juan se criminaliza y reprime duramente la protesta. En enero de 2012, en Famatina, La Rioja, se produjo una gran pueblada con

19

Sobre los conflictos provocados por Agua Rica, a 17 km. de Andalgalá y cerca de las nacientes del río homónimo, y los derivados de Pilciao 16 (que de ponerse en marcha llevaría a ejecutar la concesión de las tierras sobre las que se erige la localidad de Andalgalá, de 17.000 habitantes), se puede consultar: Aranda, 2010; Berardi, 2011. Ver también, en este libro, el capítulo de Ana L. Beradi.

-426-

represión, que permitió dar visibilidad a otras luchas contra la megaminería en otras provincias del país y colocó la problemática en la agenda política nacional, intentando promover una democratización de las decisiones (consultas públicas, audiencias, plebiscitos). En simultáneo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizaron bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a La Alumbrera. También se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán) contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. Soledad Sede, integrante de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (REDAJ), creada en 2009, ―registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería‖, explicando que son cotidianas las amenazas y detenciones ilegales. Afirmó además, que existe una ―vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de manifestarse legítimamente, que se ha puesto en jaque luego de la sanción de la ley Antiterrorista‖ (www.noalamina.org, 2012).

La provincia de Catamarca, desde los años noventa y cada vez más en el siglo XXI, ha tenido gestiones políticas sensibles a las compañías mineras y claramente anti-asambleístas. Después de la feroz represión al denominado ―Andalgalazo‖, del 15 de febrero de 2010, es evidente que la asunción de la gobernadora Lucía Corpacci, del Frente para la Victoria, no modificó esas políticas de Estado. En julio de 2012, la policía provincial actuó junto a grupos de choque pro-Alumbrera para desalojar con gran violencia un corte de ruta selectivo en Cerro Negro. En esa ocasión se aplicó un estricto ―control jurisdiccional‖, expulsando a los asambleístas y militantes que habían llegado desde otros puntos del país, en solidaridad con una causa que, con acierto, entienden de escala nacional. De hecho, puede afirmarse que secuestraron el micro con sus ocupantes, obligándolo a ingresar a territorio cordobés. Se contó para ello con la colaboración de la policía de La Rioja20.

20

Un asambleísta de El Algarrobo (de Andalgalá), Sergio Rojas, expresó que era ―la primera vez que la policía actúa abiertamente en

-427-

Las irregularidades de los poderes político y judicial resultan bastante comunes, lamentablemente, en Catamarca. En esa jurisdicción, por ejemplo, se ejercita la ―vigilancia del pensamiento‖ que se expresa en las redes sociales, como facebook. Así, el Intendente de Belén, en julio de 2012 envió una Carta Documento al asambleísta Mariano Cervantes, imputándole los delitos de calumnias e injurias por el hecho de haber denunciado las políticas que el funcionario despliega abiertamente a favor de las empresas mineras. Más allá que las denuncias de Cervantes fueron verificadas, la intimación parecía ignorar que la Ley 26.551 fue modificada en 2009, dejándose de aplicar ese ―delito‖ a expresiones referidas a los asuntos de interés público. En esa oportunidad, el Estado argentino debió cumplir con una Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito judicial, han sido elocuentes las declaraciones a la prensa de la propia presidente de la Corte de Justicia catamarqueña al señalar, ante uno de los cortes selectivos: ―Los ambientalistas son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla con sus derechos. Esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel‖ (Comunicación Ambiental, 29/07/2012, op. cit.). Las palabras de Amelia Sesto de Leiva insinúan que reclamar por los derechos constitucionales es un delito. No podemos sorprendernos de semejantes actitudes, de carácter arbitrario y desembozado autoritarismo, si recordamos que la gobernadora y el vicegobernador fueron invitados, y asistieron, al programa televisivo ―6,7,8‖, para ―explicar‖ que Minera Alumbrera ―no contamina‖. El contexto fue el mismo en el que el poder político nacional y provincial, defendió las fuertes

conjunto con las patotas‖. Rojas es conocido como uno de los ―eco-terroristas‖ detenido el 27 de enero de 2012 por participar de un corte selectivo en el departamento Santa María. Para ejecutar la orden, Julio Landívar, Fiscal subrrogante, los imputó por el artículo 213 bis del Código Penal, que la nueva Ley Antiterrorista destaca al derogar el artículo 213 ter. En esta Ley se tipifica con más claridad qué es un ―terrorista‖. Antes se señalaba que debía disponer de armas y ahora basta con el criterio del fiscal de turno (Comunicación Ambiental, 28/01/2012; 29/07/2012).

-428-

represiones de febrero de 2012. Apoyando el proyecto Agua Rica, más grande que Bajo La Alumbrera y muy resistido con conocimiento de causa por el pueblo de Andalgalá, la mandataria provincial Lucía Corpacci llegó al falaz extremo de decir que ―el agua no está perjudicada por el desarrollo minero‖ (Comunicación Ambiental, 29/07/2012, op. cit.).

La oposición de los pueblos a la megaminería se ha extendido por distintas regiones de la Argentina. También se hace frecuente la respuesta represiva contra aquellos movimientos sociales que denuncian el saqueo planificado, que asocia a las corporaciones multinacionales, tanto con empresarios del país como con funcionarios de escala provincial y nacional, generalmente ávidos de participar de las ganancias de esta actividad, característica del capitalismo de ―rapiña‖. Así ocurrió también en Rawson, Chubut, el 27 de noviembre de 2012, cuando frente a la Legislatura Provincial, decenas de asambleístas del movimiento ―No a la Mina‖ fueron atacados y heridos por una numerosa agrupación armada y solventada por empresarios mineros que se identifica como parte de la U.O.C.R.A. (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina). Representantes de ―No a la Mina‖ expresaron: ―Hacemos responsables por lo sucedido y por lo que pueda suceder al diputado Carlos Eliceche y al gobernador Martín Buzzi por haber liberado la zona‖ y por la represión tercerizada, concretada mediante patotas sindicales. Días antes, el mencionado diputado kirchnerista, ex intendente de Puerto Madryn, junto a funcionarios provinciales, incluyendo al gobernador, también kirchnerista, se reunieron con el dirigente de la U.O.C.R.A. Gerardo Martínez, ―jefe gremial preferido por la primera mandataria nacional‖ (Comunicado de la Unión de Asambleas Patagónicas, 28/11/2012).

Lo anterior se explica, lamentablemente, porque el gobierno provincial de Chubut, junto al gobierno nacional, pretenden habilitar la gran minería mediante un marco regulatorio que permita violar la Ley 5001, que la prohíbe. La función represiva del Estado es ejercida por patotas sindicales, manteniendo el objetivo central de promover y garantizar la acumulación

-429-

capitalista. Como siempre, el Estado capitalista cumple simultáneamente las funciones económica, político-ideológica y represiva (Quiroga, 1985). Ante estas evidencias del siglo XXI, no está de más volver sobre algunas preguntas que se hacía Pasukanis en la tercera década del siglo XX: ―Detrás de todas estas controversias se oculta una misma y fundamental cuestión: ¿Por qué la dominación de clase no continúa siendo lo que es, a saber, la sumisión de una parte de la población a la otra? ¿Por qué reviste la forma de un poder estatal oficial; o lo que es lo mismo, por qué el aparato de coacción estatal no se constituye como aparato privado de la clase dominante? ¿Por qué se separa aquél de esta última y reviste la forma de un aparato de poder público impersonal, separado de la sociedad‖ (Pasukanis, 1923: 128). Para este autor, el Estado aparece como un poder público impersonal, ―un poder que no pertenece a nadie en particular, que se sitúa por encima de TODOS y que se dirige a TODOS‖ (Op. Cit.: 136). Por supuesto, esa ―apariencia‖ del Estado como expresión de la ―voluntad general‖, el fetichismo del Estado, ese poder por encima de las clases sociales, tiene límites bien marcados.

―La burguesía, en efecto, no ha perdido nunca de vista [...] que la sociedad de clases no es solamente un mercado donde se encuentran poseedores de mercancías independientes, sino también, al mismo tiempo, el campo de batalla de una guerra de clases encarnizada en la que el aparato de Estado representa un arma muy poderosa‖ (Pasukanis, op. cit.: 137). Aunque se intente disimular la permanente función represiva del Estado argentino, tercerizando tareas que se pagan a grupos de choque, siempre resulta inocultable la acción estatal, una de cuyas formas puede ser la omisión. Los fondos para financiar a las patotas tienen origen en las corporaciones empresarias cuya acumulación se quiere proteger y también en las arcas del Estado. Retirar a las fuerzas de seguridad para facilitar las agresiones es decisión que se toma desde el aparato de Estado. Presionar para obtener órdenes de desalojo de espacios públicos es también una tarea en la que se comprometen altos funcionarios de los partidos en el gobierno, respondiendo

-430-

muchas veces a pedidos específicos de empresarios que consideran dificultada la acumulación de capital21.

Otra clara demostración de resistencia social a la megaminería se expresa en la comarca andina patagónica de Chubut y Río Negro. Así, el 19 de diciembre de 2012, se realizó en San Carlos de Bariloche, una importante marcha contra las corporaciones mineras y por la restitución de la Ley 3981, conocida como Ley Anticianuro, promulgada en Río Negro en 2005 como resultado de las luchas de las poblaciones de Bariloche y El Bolsón, entre otras localidades. Pocos días después, al cumplirse un año de la derogación de la citada Ley22, San Carlos de Bariloche volvió a ser escenario de una enorme movilización, que contó con el apoyo de cientos de turistas y culminó con dos comunicados: el primero fue la Carta al Pueblo de Río Negro y el otro consistió en el Primer Decreto Popular de Bariloche (o ―La ley de la Vida‖). ―Sancionada y promulgada‖ el 30/12/2012, reinstala la Ley 3981 ―que protege a la población de la contaminación y el abuso del agua por parte de las corporaciones‖, desconoce ―la capacidad e integridad de estos políticos que deciden a espaldas del pueblo, quienes derogaron la Ley....[...]‖. En los artículos 4º, 5º y 6º declara a los legisladores que votaron la derogación como traidores al pueblo de Río Negro, al medio ambiente y a las

21

La manera en que ha proliferado la tercerización de la represión en los últimos diez años, no significa creer en el tan repetido discurso según el cual el Estado nacional, desde 2003, no reprime las protestas de trabajadores y movimientos sociales en general. Por el contrario, ha tenido duras incursiones represivas con participación directa de sus fuerzas regulares propias y junto a fuerzas de varios Estados provinciales. Puede investigarse, por ejemplo, sobre las modalidades de violencia estatal aplicadas contra docentes de la provincia de Santa Cruz en inmediaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, o sobre las acciones encomendadas a Gendarmería Nacional para disciplinar a trabajadores petroleros en los yacimientos de Cerro Dragón. 22

La derogación de la Ley 3981 fue impulsada por el gobernador Carlos Soria pocos días después de haber asumido como tal y se concretó el 29/12/2011. Dos días después, por motivos particulares que constan en el expediente judicial, Carlos Soria fue muerto por su esposa.

-431-

industrias productivas tradicionales. El artículo 9º reza ―Nómbrese a los traidores‖, transcribiendo los nombres y apellidos de cada uno de los legisladores que un año antes votaron en función de los intereses de las empresas multinacionales y nacionales mineras, tomados como propios por las autoridades nacionales y provinciales (Prensa de Vecinos Autoconvocados de Bariloche contra la Megaminería, 30/12/2012).

La organización y coordinación de las resistencias se torna más fuerte. Así, entre el 24 y 26 de noviembre de 2012, en el Departamento Albardón, en un campamento a 12 km. de la ciudad de San Juan, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) realizó su XIX encuentro, con asambleístas de numerosas provincias argentinas y del Uruguay. Se concretaron talleres, plenarios, transmisiones radiales, una movilización y se estrenó un documental, denominado ―Desiertos de Piedra‖. En la movilización, la policía intervino tanto uniformada como de civil, cruzando todo el tiempo la columna de manifestantes. Además de rechazar la gran minería contaminante, impulsada a nivel provincial y nacional por el gobernador, antes ―menemista‖ y ahora ―kirchnerista‖, José Luis Gioja, repudiaron las fumigaciones con glifosato y otros agrotóxicos aplicados en la agricultura transgénica, la instalación de cementeras, transformadores eléctricos y los emprendimientos inmobiliarios en perjuicio de espacios verdes o en el Delta de Tigre (Comisión Ambiental de COB-La Brecha, 28/11/2012).

En Neuquén, tres meses antes de finalizar su mandato, el entonces gobernador Jorge Sobisch, otorgó en forma directa el área minera de ―Campana Mahuida‖, 13 Km. al sur de Loncopué, a la empresa de capitales chinos Emprendimientos Mineros S. A. Esta empresa pretendía extraer cobre, para lo cual debería volar, literalmente, el cerro Tres Puntas. Gobierno y empresa no consideraron de interés que el territorio involucrado perteneciera a la comunidad mapuche Mellao Morales, liderada por el lonko Pedro Beroiza. Hacia 2009, la batalla judicial y la de las calles llegó a su apogeo. La movilización social fue acompañada por el grueso de la población y el Tribunal Superior de Justicia

-432-

determinó que no se pudiera avanzar en la explotación hasta determinar si el contrato que le daba lugar era legal. Además, se reconoció la legislación internacional (Convenio 169 de la OIT) que obliga a realizar una Consulta Previa, Libre e Informada, antes de iniciar cualquier tipo de actividad en territorio de comunidades indígenas. Organizaciones y vecinos en general siguieron alertas, convocando en junio de 2012 al primer referéndum vinculante del país. Participó el 70 % del padrón y ocho de cada diez votantes eligieron ―Sí a la Vida. No a la Megaminería‖. Pocos días después, el gobierno neuquino encabezado por Jorge Sapag presentó una impugnación para desconocer el referéndum popular (Comisión Ambiental de COB-La Brecha Comahue, 11/12/2012). La lucha continúa.

El 23 de marzo de 2013, la población de Esquel celebró el décimo aniversario del plebiscito realizado el 23 de marzo de 2003, cuando el 81 % votó por el ―No a la Mina‖. Ahora, luego de una década de resistencia ininterrumpida, una marcha multitudinaria partió pasadas las 19 hs., desde la Plaza San Martín, encabezada por las clásicas banderas argentinas con la misma frase ―No a la Mina‖, simple y clara. Hubo también otras banderas que expresaban ―Fracking y Minería son Riqueza para Pocos y Contaminación para Muchos‖ o ―Aquí se Respira Lucha‖. Más de seis mil manifestantes de todas las edades, desde abuelas y abuelos hasta los más pequeños. Muchas parejas jóvenes con hijos. Segunda y tercera generación caminando para decidir sobre su futuro (Aranda, 2012). Mujeres y hombres que han sufrido persecución y acosos por haber fundado y consolidado la Asamblea de Vecinos estuvieron allí, con las fuerzas y energías suficientes para seguir oponiéndose al asedio de las multinacionales extractivistas. Si hace diez años se enfrentaban a Meridian Gold, hoy lo hacen con Yamana Gold, pero eso implica enfrentarse al gobierno de Chubut y al gobierno nacional. En todos los casos el sentimiento agridulce es similar: por un lado, muestran el agobio por tanta insistencia por instalar la gran minería en el Cordón Esquel, próximo a la ciudad; por otro, están convencidos de ser cada vez más, de haber elegido

-433-

una forma de vida, tienen la satisfacción de saber que ―no pasarán‖.

Gustavo Macayo, activista y abogado de la Asamblea, resume uno de esos componentes: ―Es muy fuerte la presión de estas multinacionales y la acción desvergonzada de los gobiernos municipal, provincial y nacional que se ponen del lado de las empresas‖. Por su parte, Silvana Villivar pronunció uno de los discursos más conmovedores. Se trata de una joven madre, humilde, que hace una década firmó el amparo para frenar a la minera por vía judicial (ratificado en segunda instancia y también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Recordó cuando empresas y funcionarios recorrían su barriada, Ceferino, tratando de ―comprar voluntades‖ entre los vecinos. Con voz quebrada y llorando afirmó que todo lo hecho fue por sus hijos, que estaban junto a ella al decir: ―Cuando me muera quiero poder mirar a mis hijos a los ojos, que sepan que hice todo lo posible...‖ . Finalmente, tomó aire y gritó ―¡A seguir adelante carajo. No a la mina‖ (Aranda, 2012, op. cit.).

Es de destacar que toda la movilización se desarrolló sin banderas de partidos políticos. Es una lucha que se reconoce construida desde abajo, siempre con la oposición y las trabas ―tanto de radicales como peronistas que siempre estuvieron al servicio de la minera...‖, declara Maximiliano Masquijo, docente y vecino de Trevelín durante la marcha (Aranda, 2012, op. cit). Luego de su recorrido, la marcha volvió al punto de partida y en la glorieta central de la Plaza se leyó el Documento Final. El texto es conceptualmente muy rico y profundo en toda su extensión. En uno de sus fragmentos plantea: ―Creemos que la verdadera democracia es ésta, la que construimos cada día comprometidos de verdad con nuestra propia historia y no participando un domingo cada tanto en un ritual electoral con el que algunos consiguen llegar a un puesto de poder con el que hacen lo que se les antoja, como si nuestros votos los convirtieran de repente en condes y marqueses de la política. Señores funcionarios: ¡Su único título nobiliario debería ser el de servir al pueblo, y no a los poderes económicos de turno!‖ (Comunicación Ambiental, 24/03/2013). En sus últimas líneas, el mismo documento se

-434-

pregunta: ―¿Qué es este día? ¿No es el día de la dignidad, vecinos? ¿No es el día que recuerda como un pueblo con mayoría de desocupados, en un lugar lejano de la cordillera, le dijo no al soborno falso de fuentes de trabajo y de riqueza? La dignidad existe señores, y también es un derecho humano. La montaña y la dignidad siguen en pie. No a la mina. No es no. No pasarán‖ (Comunicación Ambiental, op. cit.).

A pesar de la masividad y la fuerza de la manifestación de Esquel ningún medio de comunicación de alcance nacional se hizo eco de las voces que diez años antes frenaron un negocio ecocida. Voces de un pueblo que luchó y lucha contra las empresas mineras, contra los gobiernos y contra medios de comunicación. Un pueblo que pudo. Once mil sesenta y cinco personas votaron contra la gran minería y lo hicieron posible hace diez años y lo hacen posible hoy, mientras siguen organizándose, creciendo de manera horizontal y madurando cada una de las acciones que llevan a cabo. Sin embargo, el 23 de marzo de 2013 de Esquel, para gran parte del país no sucedió. El silencio de los medios es complicidad, en muchos casos con los gobiernos y, por lo tanto, también con las corporaciones mineras, en otros, sobre todo con las empresas (Arrieta, 2012).

En los enclaves mineros, el capital global arrasa con la historia territorial que resulta disfuncional a los intereses hegemónicos. Las poblaciones locales se resisten a esos embates ―rearmándose‖. Cada vez más se evidencia la ―acumulación por desposesión‖, característica de la actual etapa de expansión del capital (Harvey, 2004). La población pierde sus derechos comunales porque los dominios están privatizados. Pierde aquello que poseía, que le pertenecía, que era propiedad común. La resistencia de los movimientos sociales frente a estos procesos constituye, formalmente, una indudable expresión de la lucha de clases.

-435-

5. Conclusiones

La gran minería involucra a más de quince provincias argentinas donde se desprecian valores sociales, ambientales y éticos; valores que proyectan impactos económicos de trascendencia para la sociedad actual y para las generaciones futuras. Las consecuencias de esta actividad extractiva ya no son meras suposiciones pues se muestran claramente en La Alumbrera y Andalgalá, Catamarca. La nueva minería es un gran negocio para las multinacionales, pero un grave problema para la mayoría de los argentinos. Sin embargo, desde el Estado, en sus diferentes escalas, se avanza en la justificación del neoextractivismo como clave del crecimiento económico. Algunas de esas justificaciones, realizadas a través de propaganda, pueden confundir a la población en relación a los usos de los productos mineros, ya que la producción minera metalífera argentina tiene escasa o nula industrialización in situ y es exportada casi en su totalidad, con lo cual no registra aprovechamiento en el mercado interno.

La gran minería deja muy clara la similitud de las políticas neoliberales y neodesarrollistas que dan vía libre a las multinacionales del sector, mostrando la complicidad de los poderes políticos provinciales y nacionales. Ya en la Cumbre de Génova 2001 23 se decía que ―la religión del mercado traería más injusticias, más explotación y más violencia al mundo‖. El único camino posible para iniciar un cambio frente a esta realidad hegemónica es establecer la viabilidad de propuestas de acción territorial desde abajo hacia arriba que propicien un mayor desarrollo regional y local, mediante la cotidianeidad, el día a día, las vivencias, el sentimiento de apego a los lugares y las condiciones de vida que, de alguna manera, empiezan a devolver la autoestima.

23

La Cumbre de Génova o Contracumbre del G8 en Génova fue un movimiento antiglobalización realizado en junio de 2001 en repuesta a la reunión del G8 que se producía durante esos días en la misma ciudad italiana y que terminó con fuerte violencia.

-436-

La clave del cambio está en la organización a escala local, en la reconstrucción, en la revalorización del espacio. Pero debe quedar bien claro que este tipo de propuestas será de muy difícil concreción (por no decir imposible), mientras el extractivismo siga siendo una política de Estado, tanto para los gobiernos que hoy encarnan el llamado ―nuevo progresismo‖ en América del Sur, como para aquellos otros gobiernos que prosiguen con sus argumentos y políticas de cuño ultraliberal. La generación de tramas discursivas favorables a la gran minería, la plena vigencia de las normativas creadas a la medida de las corporaciones del sector y su ―perfeccionamiento‖ en el mismo sentido, la persecución, el procesamiento y todo tipo de violencias aplicadas contra los movimientos sociales (recuérdese el autodenominado ―Proyecto X‖ y la sanción, promulgación y reglamentación de la Ley Antiterrorista en diciembre de 2011) que se organizan para resistir el neoextractivismo planificado, definen una cara del neocolonialismo del siglo XXI.

6. Bibliografía

AMIN, Samir. ―El capitalismo senil‖. En Rivista del Manifesto, Roma, 2002, Nº 31: 25-41.

ARANDA, Darío. ―Andalgalá, la ciudad que fue concesionada‖. En Diario Página 12, Buenos Aires, 29/03/10, Sección 2, p. 11.

ARANDA, Darío. ―Esquel sigue haciendo historia‖. En Comunicación Ambiental, www.comambiental.com.ar, 24/03/13.

ARRIETA, Soledad. ―Esquel: Once mil sesenta y cinco historias‖. En www.8300.com.ar, 24/03/13.

BEINSTEIN, Jorge. La larga crisis de la economía global. Buenos Aires: Corregidor, 1999.

BERARDI, Ana Laura. ―El día que Andalgalá dijo Basta…‖. GeoEcon- Revista de Geografía Económica, Buenos Aires, 2011, Año 3, Nro. 2: 145-156.

-437-

COMISIÓN AMBIENTAL de COB-La Brecha. ―UAC contra el saqueo y la contaminación‖. En ANRed-A (redaccion@anred.org), 28/11/12.

COMISIÓN AMBIENTAL de COB La Brecha Comahue. ―Loncopué y Mellao Morales, el freno a la mina a cielo abierto‖. En ANRed-Sur (redaccion@anred.org), 11/12/12.

COMUNICACIÓN AMBIENTAL. ―Estrenan Ley Antiterrorista contra asambleístas de Catamarca‖. www.comambiental.com.ar, 28/01/12.

COMUNICACIÓN AMBIENTAL. ―Catamarca Mega Minera: Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Informe Especial‖. www.comambiental.com.ar, 29/07/12.

COMUNICACIÓN AMBIENTAL. ―La dignidad es un derecho humano. Documento de la Asamblea `No a la Mina´ de Esquel, leído en público en ocasión del X Aniversario del Plebiscito‖ [fechado el 21/03 y leído el 23/03/13]. www.comambiental.com.ar, 24/03/13.

COMUNICADO de UAP, Unión de Asambleas Patagónicas. ―Violenta represión en Chubut a manifestantes que se oponen a la megaminería‖. En ANRed-A (redacción@anred.org), 28/11/12.

DELGADO RAMOS, Gian Carlo. ―Deuda ecológica y ecología política minera en América Latina‖. En Realidad Económica, Buenos Aires: IADE, 2009, Nro. 246: 7-20.

DELGADO RAMOS, Gian Carlo. ―Extractivismo, fronteras ecológicas y geopolítica de los recursos‖. En Revista América Latina en movimiento, Quito, marzo 2012. Nro. 473: 1-4.

DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una epistemología del sur. México: Siglo XXI Editores, 2010.

DIARIO LOS ANDES. ―Vale suspende la construcción de Potasio-Río Colorado‖, lunes, 11 de marzo de 2013.

-438-

FÉLIZ, Mariano; LÓPEZ, Emiliano. ―La dinámica del capitalismo postneoliberal-neodesarrollista. Contradicciones, barreras y límites de la nueva forma de desarrollo en Argentina‖. En Herramienta, Buenos Aires, octubre de 2010, Nro. 45.

GANDINI, Nicolás. ―Reacción a los conflictos en Famatina y en Tinogasta. En Medio de la Polémica, la Minería Lanza por Primera Vez una Defensa en Conjunto del Sector‖. En El Inversor Energético y Minero, Año 6, Nro. 64, Buenos Aires, febrero de 2012.

GIARRACCA, Norma; HADAD, Gisela. ―Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera. Política de vida y agua en el centro de la escena‖, en Svampa, Maristella, Antonelli, Mirta (Ed.). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2009: pp. 229-253.

GIRAUD, Marcelo.; BILBAO, Tania. (2007): Informe sobre el proyecto ―Potasio Río Colorado‖, dirección de Saneamiento y Control Ambiental, Expte. Nº 634-R-06-01583

GÓMEZ LENDE, Sebastián; VELÁZQUEZ, Guillermo. ―Orden global y territorio, verticalidades y horizontalidades. El caso de la minería metalífera en Argentina (1998- 2007)‖, en Morina, Jorge Osvaldo (Dir. y comp.) Cuestiones regionales en la Argentina al comenzar el siglo XXI. Consecuencias sociales, económicas y ambientales de la explotación de recursos naturales. Buenos Aires-Luján, Serie Publicaciones del Programa de Estudios Geográficos (PROEG) Nº 5, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján-Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), 2008: pp. 55-102.

GUDYNAS, Eduardo. ―Diez Tesis Urgentes sobre el Nuevo Extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual‖, en VVAA. Extractivismo, Política y Sociedad, Quito, Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), 2009: pp. 187-225.

GUTMAN, Nicolás. ―Inversiones mineras en Argentina. Una legislación a medida. La conquista del Lejano Oeste‖. En Le

-439-

Monde Diplomatique / el Dipló, Buenos Aires: Capital Intelectual, 2007, Año VIII, Nro. 95: 12-16.

HARVEY, David. El Nuevo Imperialismo. Madrid: Akal, 2004.

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Leyes 26.418/08 y 26.639/10. Boletín Oficial, Buenos Aires.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. ―Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso. Remuneración del Trabajo Asalariado‖. En http://wwwindec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/17/cgi_03_11.pdf, 2011.

KANENGUISER, Martín. ―Buscan alternativas del lado argentino‖. En La Nación, 25/04/2013, www.lanacion.com.ar.

KATZ, Claudio. ―El Giro de la Economía Argentina‖. Lista EDI (Economistas de Izquierda). [En línea], Buenos Aires, 20 de febrero de 2007 http://www.lahaine.org.ar www.lahaine.org.ar [15 de abril de 2009].

LIÓN, Nicolás. ―La crisis mundial y su impacto en América Latina‖. En GeoEcon, Revista de Geografía Económica. Buenos Aires, 2011. Año 3, Nro. 2: 5-15.

MACHADO, Horacio; SVAMPA, Maristella; VIALE, Enrique; GIRAUD, Marcelo; et al. 15 Mitos y Realidades de la Minería Transnacional en la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero. Buenos Aires: Editorial El Colectivo-Ediciones Herramienta, 2011.

MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACION. Complejos Exportadores Provinciales Informe Anual 2011. Marzo de 2012

NIEVA, Héctor Oscar. Variación de parámetros geoquímicos, río VisVis, Catamarca, Argentina. Causas y consecuencias. Tesis de Maestría en Problemática Ambiental Minera, Instituto Politécnico de Lorraine, Escuela de Minas de Nancy-Centro de Estudios Superiores para el Tratamiento de Evoluciones y Mutaciones Industriales (CESTEMIN), Francia, 2002.

-440-

PASUKANIS, Eugeny. La Théorie Général et le marxisme. Edition EDI, París, 1923.

PENGUE, W. (De)Crecimiento económico, recursos naturales y conflictos ecológicos distributivos. En Libro de resúmenes de las Terceras jornadas de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica- ASAUEE. San Miguel de Tucumán. Argentina, 2007.

PODER EJECUTIVO NACIONAL. Decretos 1837/2008 y 207/2011. Boletín Oficial. Buenos Aires.

PODER EJECUTIVO NACIONAL. Resolución 305/2012. Boletín Oficial. Buenos Aires.

PRENSA de VECINOS AUTOCONVOCADOS de BARILOCHE contra la MEGAMINERÍA. En ANRed-A (redacción@anred.org), 30/12/12.

QUIROGA, Hugo. Estado, crisis económica y poder militar (1880-1981). Biblioteca Política Argentina, 105, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina,1985.

RIELES MULTIMEDIOS. Entrevista a Silvia Leanza sobre impactos del ferrocarril del proyecto potasio Río Colorado, 08 de Noviembre de 2011.

RODRÍGUEZ PARDO, Javier. Vienen por el oro, Vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después. Buenos Aires: Ediciones Ciccus, 2009.

SECRETARÍA de MINERÍA de la NACIÓN. ―Minería en números, 2008‖. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 2009.

SECRETARÍA de MINERÍA de la NACIÓN. ―Minería en números, 2009‖. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Presidencia de la Nación. Buenos Aires, 2010.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, María Laura. O Brasil. Territorio e sociedade no inicio do seculo XXI. Río de Janeiro-San Pablo: Record, 2001.

-441-

SCHWEITZER, Mariana. ―El modelo extractivo y el acondicionamiento del territorio. La hidrovía Paraná-Paraguay y la IIRSA‖, en Soria, Lidia y Goldwaser, Beatriz (Ed. y Comp.). Problemáticas Geográficas Argentinas. Territorios, actores sociales, sistemas productivos. Buenos Aires-Luján: Universidad Nacional de Luján, 2012: pp. 259-286.

SECRETARÍA de MINERÍA de la NACIÓN. ―Minería en números, 2008‖. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 2008.

SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ECONOMÍA POLÍTICA Y PENSAMIENTO CRÍTICO. Declaración de Guararema, Guararema, Brasil, 26 de junio de 2011.

SVAMPA, Maristella; BOTTARO, Lorena; SOLÁ ÁLVAREZ, Marian. ―La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes‖ en Svampa, M; Antonelli M. (editoras) Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2009.

SVAMPA, Maristella; ANTONELLI, Mirta. ―Hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto‖, en Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (Ed.). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2009: pp. 15-27.

VERGARA, Carlos. ―La minera Barrick analiza suspender el proyecto binacional de Pascua Lama‖. En La Nación, 25/04/2013: p. 16.

www.ambito.com : ‗Postergan por un año el megaproyecto minero Pascua Lama‘ – 26 de julio 2012

www.elinversorenergetico.com: Pascua Lama comenzará un año más tarde, pero las inversiones llegarán hasta los US$ 7.000 millones – El inversor energético y minero (consultado el 24 de abril de 2013)

www.noalamina.org (consultada el 21 de junio de 2012 y el 24 de abril de 2013).

-442-

-443-

Capítulo 11

Aplicación de un marco teórico - conceptual al estudio de un caso: minería

a cielo abierto en Famatina, La Rioja.

Graciela Emilse Suevo1

El ejercicio normal de la hegemonía en el terreno, ya clásico, del régimen parlamentario se caracteriza por la combinación de la

fuerza y el consenso que se equilibran en formasvariadas, sin que la fuerza rebase demasiado al consenso, o mejor tratando de

obtener que la fuerza aparezca apoyada sobre el consenso de la mayoría que se expresa a través de los órganos de la opinión

pública –periódicos y asociaciones –que, con este fin, son multiplicados artificialmente.

Antonio Gramsci (1949)

1. Introducción y marco teórico-conceptual Fue Maquiavelo, sin lugar a dudas, el intelectual preferido de Gramsci a la hora de ejemplificar la utilidad de los conceptos hegemonía y dominación; hegemonía significó para Gramsci el complejo entramado a partir del cual las clases dominantes ejercen su dominio, no sólo desde el diseño y la administración de un proceso económico que define el campo de juego, sino también, y de manera abiertamente dialéctica, el conjunto de articulaciones políticas, culturales y sociales que hacen posible

1 Docente-investigadora de la División Geografía, Universidad Nacional

de Luján- gracesuevo@gmail.com . El presente trabajo es parte de los resultados del P.I. “Implicancias geográficas de la explotación de recursos naturales en la Argentina, 1990-2009. Una perspectiva crítica. Segunda etapa” (Período 2012-2013).

-444-

tanto la emergencia de la dominación como un sostenimiento en el tiempo (Galafassi, 2011 a). Para este autor esta categoría de análisis es parte del binomio dominación- hegemonía, en donde dominación se corresponde con sociedad política (Estado) y coerción, y, por otro, donde hegemonía se corresponde con sociedad civil y consentimiento (Galafassi, 2011 b), tal como se explicita en el siguiente pasaje:

“Es posible, por ahora, establecer dos grandes planos superestructurales, el que se puede llamar de la sociedad civil, o sea del conjunto de organismos vulgarmente llamados privados, y el de la sociedad política o Estado y que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y al de dominio directo o de mando que se expresa en el Estado y en gobierno” 2.

Esta mirada dialéctica entre coerción y consenso será la aplicada en la elaboración del presente trabajo a partir de la implementación del concepto modelo de acumulación, categoría de análisis clave a partir de la cual se podrá comprender el perfil extractivo- exportador minero vinculado al modelo neoliberal que recaló en la Argentina durante la década del ‟90 y que aún continúa.

Un régimen social de acumulación – o modelo de acumulación- constituye el conjunto complejo de los factores territoriales y demográficos, de las instituciones y de las prácticas o estrategias que, en un determinado momento definido por coordenadas de lugar y tiempo, inciden coherentemente en el proceso de acumulación de capital, entendiendo a este último como una actividad microeconómica de generación de ganancias y de toma

2 Gramsci, Antonio. Cuaderno de la Cárcel 12, edición crítica a cargo de

Valentino Gerratana, México, Editorial Era, Universidad Autónoma de Puebla, México, Tomo IV, p. 357. En: Galafassi, Guido (2011b) Op. Cit. P. 17.

-445-

de decisiones de inversión3. Este constituye entonces una matriz de configuración cambiante en cuyo interior se van enlazando diferentes estrategias específicas de acumulación y procedimientos diversos para implementarlas, de modo que la acumulación de capital se vuelve en cada lugar el resultado contingente de un entrelazamiento de estructuras y estrategias4. Este concepto se complementa con el de régimen político de gobierno el cual hace referencia a las transformaciones que pueden experimentar los sistemas políticos institucionales respecto a un determinado modelo de acumulación. En este sentido, es posible visualizar cómo en el curso de un mismo modelo es factible que cambien los sistemas políticos que lo sustentan sin que necesariamente cambien las estrategias de acumulación5.

Por su parte, Guido Galafassi (2011:16) considera que modo de acumulación es la articulación entre un determinado proceso de desarrollo económico y un marco institucional en el que intervienen aspectos legales, culturales y normativos, lo que implica considerar entonces la ley general de la acumulación capitalista y diferenciar así períodos históricos o recortes espaciales en donde la acumulación adquiere características específicas .

Todo modelo de acumulación está conformado por variables explicativas centrales y que corresponden al plano interno del mismo; y en este sentido hay dos cuestiones clave en lo que se refiere a la dimensión estructural:

El sendero de acumulación: hace referencia a los sectores que crecen más que otros; sectores dinámicos en relación con los no dinámicos- vegetativos-, y

3 Torrado, Susana (2010): “Modelos de acumulación, regímenes de

gobierno y estructura social”. En: Torrado, Susana (directora) El costo social del ajuste (Argentina 1976-2002). Tomo II, Buenos Aires, Editorial Ensayo Edhasa. Pp. 9-10. 4 En: Torrado, Susana (2010). Op. Cit. P. 22.

5 Durante el período 1976-2001 se dieron situaciones tanto de dictadura

como de democracia con un único modelo de acumulación.

-446-

La estructura social y económica: refiere al perfil económico, clases y fracciones de clase que van de la mano del sendero de acumulación.

Con respecto a la dimensión superestructural existen dos cuestiones:

El bloque de clases dominantes: vinculado a las fracciones de capital que ocupan un lugar hegemónico o subordinado, y

Las luchas políticas y sociales.

A partir de estas 4 dimensiones- 2 del nivel estructural y 2 del superestructural-, se inserta el Estado con sus políticas públicas y su trama institucional- el Estado como aparato de gestión-, y las alianzas sociales que se cristalizan.

Contexto internacional

Sendero de acumulación y perfil de

especialización e inserción internacional

Estructura económica y social

DIMENSIÓN

ESTRUCTURAL

(instancia mediadora)

Políticas públicas y trama institucional (el Estado como

aparato de gestión)

DIMENSIÓN SUPERESTRUCTURAL

Luchas políticas y sociales

Bloque de clases dominante

Alianzas sociales (el Estado como correlación

de fuerzas)

Modelo de acumulación

Fuente: Schorr, Martín, 2011.

-447-

En este contexto y habida cuenta de las aclaraciones teóricas pertinentes, y con el propósito de articular teoría con estudio de caso, se propone describir y analizar tanto el accionar del Estado en su rol coercitivo (y que se expresa en la criminalización de la protesta) y en su aparente intento en la construcción de consenso, como así también el accionar de la sociedad civil a partir de las resistencias sociales que se han generado ante los intereses de aquel ante un modo de acumulación extractivo- exportador de base minera. Tal como lo señala Claudia Composto (2011):

“Concebimos al Estado como una relación social de dominación – por definición inestable y contradictoria-, y a las instituciones estatales como materialización de aquella o, en otras palabras, como la cristalización de las relaciones conflictivas inherentes al sistema capitalista, esto es, de una determinada correlación de fuerzas entre los diferentes- y antagónicos- sectores en pugna en la sociedad”6.

En las últimas décadas, bajo el contexto de la globalización neoliberal, se ha ido gestando en América Latina- y por ende en la Argentina-, la renovación de un modelo de perfil extractivo - exportador asignado a la región a partir de la división internacional del trabajo organizada desde los países centrales. Dicho modelo, caracterizado por el sojuzgamiento, la dependencia y el empobrecimiento para la región, profundiza sus efectos sobre nuevas bases: agudización de la competencia internacional por el control de recursos naturales estratégicos

6 Composto, Claudia (2011): “Transnacionales mineras y estrategias

hegemónicas de producción de consenso y legitimidad social en contextos de disputa territorial. Apuntes de investigación para la construcción de una tipología analítica”. En: Galafassi, Guido (comp.) Ejercicios de hegemonía. Lecturas de la Argentina contemporánea a la luz del pensamiento de Antonio Gramsci. Buenos Aires, Herramienta Ediciones.

-448-

cada vez más escasos, desarrollo de tecnologías de producción que permiten la expansión acelerada de las fronteras extractivas, reestructuración de los Estados, privatización de los activos públicos y transnacionalización de las economías nacionales

(Composto, 2011:259). Producto de esta búsqueda de nuevos espacios de explotación, los Estados de los países periféricos compiten por la radicación de porciones del capital flotante en sus territorios, desmantelando conquistas democráticas históricas a fin de convertirlas en oportunidades de inversión. De esta forma, se consolida y profundiza lo que algunos autores han caracterizado como Estado nacional de competencia (Alvater, 1999; Hirsch, 2001) que, en tanto responsable de crear el espacio y las condiciones para la acumulación, desempeña un papel decisivo en el respaldo y promoción de estos procesos de desapropiación7. Los ritmos extractivos y de modificación de los espacios territoriales concretos ponen en cuestión la preservación de los bienes comunes y con ello incluso la viabilidad misma de la vida. La tendencia del sistema actual de producción lastima creciente y drásticamente las expectativas de las generaciones futuras y se diluye así la posibilidad de dar pie a la construcción colectiva del bien común de la humanidad. De allí que en el espacio territorial se gesten contradicciones, disputas, conflictos y respuestas sociales (Delgado Ramos, 2012: 59). Y si bien los Estados nacionales8, tal como señala Composto (2011: 260), han generado las condiciones jurídico- político- administrativas necesarias para la instalación de este modelo en sus territorios, no han podido asegurar el consentimiento mayoritario de las poblaciones sobre las que se asientan estos nuevos mega- emprendimientos, que tienen visibles y profundas consecuencias para los modos de vida arraigados en comunidades no

7 En: Composto, Claudia (2011) Op. Cit. p. 267.

8 Con asesoramiento y financiamiento del Banco Mundial, organismo

que entre los años 1998 y 2001 realizó grandes inversiones en el sector minero. Sólo en América Latina cofinanció 27 proyectos de gran envergadura. En: Composto, Claudia (2011) Op. Cit. P. 260.

-449-

totalmente integradas a la lógica de la acumulación capitalista o, cuando menos, a su núcleo más dinámico. Las formaciones sociales capitalistas, a menudo constituidas mediante configuraciones territoriales o regionales particulares y usualmente dominadas por algún centro hegemónico, se han involucrado por mucho tiempo en prácticas cuasi-imperialistas que buscan ajustes espacio-temporales para sus problemas de sobreacumulación (Harvey, 2004:115-116). En La acumulación del capital, Rosa Luxemburgo presta atención al carácter dual de la acumulación de capital:

“De un lado tiene lugar en los sitios de producción de la plusvalía –en la fábrica, en la mina, en el fundo agrícola y en el mercado de mercancías. -Considerada así, la acumulación es un proceso puramente económico, cuya fase más importante se realiza entre los capitalistas y los trabajadores asalariados… Paz, propiedad e igualdad reinan aquí como formas, y era menester la dialéctica afilada de un análisis científico para descubrir cómo en la acumulación el derecho de propiedad se convierte en apropiación de propiedad ajena, el cambio de mercancías en explotación, la igualdad en dominio de clases. El otro aspecto de la acumulación del capital se realiza entre el capital y las formas de producción no capitalistas. Este proceso se desarrolla en la escena mundial. Aquí reinan como métodos de la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados, la guerra. Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión y la rapiña. Por eso cuesta

-450-

trabajo descubrir las leyes severas del proceso económico en esta confusión de actos políticos de violencia, y en esta lucha de fuerzas”9.

Ahora bien: Juan José Tamayo (2004:1,2) al referirse a la obra de De Sousa Santos, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo luchar contra la globalización hegemónica y qué estrategias seguir a favor de una globalización contrahegemónica? Al respecto opina que:

“Mientras que la teoría crítica moderna persiste en su empeño de desarrollar las posibilidades emancipadoras dentro del paradigma dominante, el científico social portugués cree que no es posible concebir estrategias genuinas en ese ámbito, pues todas terminan transformándose en estrategias reguladoras dictadas por el propio sistema y, en definitiva, al servicio del paradigma dominante, que tiene más de excluyente que de acogedor en todos los campos, el del saber y en el de la vida cotidiana, el de la política y el de la economía, el de la religión y el de la cultura. Es necesario diseñar, a través de la imaginación utópica, un horizonte nuevo donde se anuncia el paradigma emergente. Horizonte que apunta por doquier en los movimientos sociales y en las luchas de resistencia global, en las ciencias sociales y en las ciencias de las religiones, pero al que todavía siguen siendo insensibles los cancerberos de la modernidad, muchos de ellos convertidos en fundamentalistas de unos valores modernos con fecha de caducidad”.

9 En: Harvey, David (2004) El nuevo imperialismo. Madrid, Editorial

Akal. Pp. 111-112.

-451-

De este modo, puede afirmarse, que no es posible pensar lo local y regional fuera de lo global; como tampoco lo global sin su interdependencia con la escala local. Las referencias, entidades y regulaciones de lo global impregnan profundamente el espesor institucional y social de lo nacional y en particular de los territorios que lo componen (Manzanal y otros, 2007:17). Y al respecto, Milton Santos (1996:128) asimila los territorios con actores imaginarios, pues considera que poseen una potencialidad intrínseca para generar procesos sociales que enfrenten la marginación social resultante de la globalización perversa. Considera que:

“…………la versión política de esta globalización perversa es justamente la democracia de mercado. El neoliberalismo es el otro brazo de esa globalización perversa. Ambos brazos- Democracia de Mercado y Neoliberalismo- son necesarios para reducir las posibilidades de afirmación de las formas de vida cuya solidaridad se basa en la contigüidad, en la vecindad solidaria, es decir, en el territorio compartido”.

Se infiere entonces que, en dichos territorios, junto con estos procesos de globalización se multiplican las tensiones sociales, apareciendo movimientos y fuerzas que muestran otras modalidades de expresión, acción, resistencia y lucha; operan actores con intereses y búsquedas que se complementan y se contraponen (Manzanal y otros, 2007:20). En dichos territorios se dan luchas que abren oportunidades centradas en la búsqueda e implementación de otras regulaciones, otras instituciones propias de cada lugar; y así, el conflicto entre las normas hegemónicas y las nuevas normas por las que se lucha debe ser hoy un dato fundamental del análisis geográfico (Santos, 1996: 128). A partir de Antonio Gramsci entendemos la hegemonía como la construcción de un liderazgo social por parte de un grupo dominante que, mediante una variedad de estrategias prácticas (materiales y simbólicas) y agentes organizadores (intelectuales), pretende obtener el consentimiento a su dominio por parte de las

-452-

clases subalternas, intentando que su propia concepción del mundo se internalice como lo natural, esto es, haciendo valer sus intereses particulares como el interés general de la comunidad (Composto, 2011: 260).

2. Aplicación del marco teórico al estudio de caso seleccionado Los procesos de globalización – y los cambios introducidos en los años „90-, lejos de significar la desaparición o la retirada del Estado, llevaron a una reformulación de sus competencias. Es así que en la lógica del funcionamiento de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), remitida a las teorías del neoliberalismo que predominan en el mercado global actual, lo que se busca no es la desaparición del Estado sino la creación de Estados funcionales a esa lógica (Arias Toledo, 2009:104). La autora afirma que:

“La narrativa del desarrollo se encuentra en dos niveles de agregación: en el caso de los Estados nacionales, es una lógica que mira para adentro. Que justifica la necesidad de estos proyectos en tanto ellos aseguran el desarrollo de la economía nacional. En el segundo estado de agregación de esta narrativa, se observa además una ampliación de la argumentación: sí- se dice-, estas obras son necesarias para cada nación. Pero, se agrega, no son suficientes a menos que se lleven a cabo en el marco de una integración regional completa. Éste es el lugar en que el Estado pierde competencias y la lógica económica que éste mismo impulsó lo excede: los proyectos no tienen una utilidad restringida al desarrollo económico del país, ellos forman parte de un proceso de apertura de fronteras destinado a facilitar el tránsito de bienes y servicios a través de toda Sudamérica. Con

-453-

relación a la minería en el país, estos regímenes discursivos son completamente funcionales a la lógica extractiva que existe actualmente en la Argentina”.

La implementación, en los últimos veinte años, de lógicas extractivas llevadas a su máxima expresión bajo el contexto de la globalización neoliberal, convierte a la explotación minera en una actividad intensiva, orientada al mercado externo y bajo el control del capital transnacional10. En este nuevo ordenamiento económico, la región cordillerana de América Latina se erige como el escenario propicio para la megaminería a cielo abierto

10

Tal como se señala en un artículo periodístico titulado: Las inversiones mineras batieron su propio récord en el país: Según el diario El Litoral, en el año 2011 se registraron inversiones en el sector minero por 11.078 millones de pesos, tal como lo indica un balance difundido por el Ministerio a cargo. “El cierre del balance 2011, en materia de inversiones mineras, trajo un nuevo récord para este sector productivo, con un desembolso de 11.078 millones de pesos destinados a la prospección, exploración y construcción de proyectos mineros en nuestro país”, indicaron desde la cartera a través de una gacetilla. Para las autoridades, “este valor implicó un crecimiento acumulado para el período 2002-2011 del 1.948 %, y ubica a Argentina como uno de los principales destinos de inversión proveniente de más de 30 países de los cinco continentes. “Las inversiones están relacionadas con la continuidad de la construcción del primer proyecto minero binacional del mundo, Lama Pascua, ubicado a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, en nuestro país en la provincia de San Juan, y en Chile en la Provincia de Huasco”, indicaron. Agregaron que el mismo genera del lado argentino en la actualidad, una ocupación de 4.500 empleos en la alta montaña, y 1.200 en el parque industrial ubicado en Albardón, donde se realizan actividades de ensamblaje. “También se suman el anuncio de inversión para el proyecto de litio Sal de Vida, ubicado entre las provincias de Salta y Catamarca, como aporte novedoso ante el creciente auge del mercado del litio; y la nueva mina subterránea del proyecto Cerro Vanguardia, ubicado en la provincia de Santa Cruz y llevado adelante por la sudafricana Anglo Gold, junto a la empresa minera pública Fomicruz”, completaron. En: newsletter@inversorenergetico.com. 10 de enero de 2012.

-454-

(Comelli, 2010:131). En contraposición a esta nueva racionalidad económica extractiva, se conforma una multiplicidad de asambleas socio-ambientales, que en su resistencia cotidiana, intentan preservar su calidad de vida. Es así como las reformas neoliberales estaban en funcionamiento pleno -a mediados de los noventa- cuando surgen las asambleas como respuesta a las consecuencias del funcionamiento del modelo, enmarcando el momento en que la sociedad toma conciencia que éste era un modelo sin retorno (Di Marco y Palomino, 2004:37). Svampa, Bottaro y Sola Álvarez (2009:32,33). afirman que: “Estos movimientos se nutren de otros preexistentes, al tiempo que comparten aquellos rasgos y dimensiones que hoy atraviesan a gran parte de los movimientos sociales latinoamericanos, entre ellos, la territorialidad, la combinación de la acción directa con la acción institucional, la democracia asamblearia y la tendencia a la autonomía”11. Estas autoras, recurriendo al marco teórico de la reconocida investigadora Saskia Sassen consideran que la multiescalaridad es una dimensión central que atraviesa a los movimientos contra la minería a cielo abierto, en el marco de un entramado que involucra actores sociales, económicos y políticos a diferentes escalas de análisis: local, regional, provincial, estatal y global. En la dinámica multiescalar, lo local y lo global se presentan como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y Estados que promueven un determinado modelo de desarrollo y, por el otro, resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo ni los estilos de vida que éste impone12.

11

En: Svampa, Maristella, Bottaro, Lorena y Solá Àlvarez, Marian; La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes. En: Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (editoras). (2009). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires, Editorial BIBLOS. Pp. 32-33. 12

En: Svampa, Maristella, Bottaro, Lorena y Sola Ávarez, Marian. Op. Cit. P. 33.

-455-

En este contexto, las empresas transnacionales mineras cuentan con un repertorio de estrategias que despliegan en la esfera pública local de los territorios donde se instalan, de cara a la producción de consensos y legitimidad social en torno a su actividad, y a fin de contrarrestar la emergencia y-o proliferación de resistencias sociales13. En este sentido, Machado, Svampa y otros (2011:107) afirman que:

“Hay innumerables estrategias de engaño, cooptación y coerción social; son estrategias acumuladas por una larga historia de explotación. A pesar de existir recomendaciones durante los últimos años pidiendo que se reconozca el consentimiento de las comunidades para resolver tales conflictos, no hay prácticas ni reglamentos establecidos. Asimismo, cuando las comunidades intentan realizar sus propias consultas populares, enfrentan mucha presión o éstas son anuladas sin más”.

El conflicto al que se hará referencia,- a modo de estudio de caso-, se origina en el año 2006 cuando se autoriza a la empresa canadiense Barrick Gold a iniciar las tareas de exploración del cordón serrano Famatina, en la provincia de La Rioja, con el objetivo de extraer oro y uranio. Los gobiernos municipal y provincial adoptaron una política a favor del desarrollo de la actividad minera argumentando que esto tendría una alta incidencia en el desarrollo local y regional. Sin embargo, la inmediata organización y resistencia de la sociedad civil hizo que los diversos gobiernos vayan variando su política, oscilando entre estar a favor o en contra, en virtud del contexto socio-político local14. La coalición que se opone al proyecto está encabezada por las Asambleas Riojanas (Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO), que mediante la modalidad de asamblea, el corte de rutas y la organización continua de

13

En: Composto, Claudia (2011) Op. Cit. p. 263 14

En:http:/www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/la-rioja/famatina. html. Bajado el 30 de abril de 2012.

-456-

marchas ha alcanzado elevados niveles de visibilidad pública en sus reclamos. Como sostiene Svampa (2008 :97), no es aleatorio que en este escenario, caracterizado por la presencia desmesurada de grandes empresas transnacionales, se hayan potenciado las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, al tiempo que han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes comunes. En menos de un lustro, el movimiento socioambiental en Argentina, de modalidad asamblearia de autoconvocados ha crecido de manera relevante y se ha consolidado como una Unión de Asambleas Ciudadanas –UAC15. Pese a que la reforma constitucional de 1994 introdujo las consultas públicas, la Ley Nacional 24.585 de la Protección Ambiental para la Actividad Minera no estableció ningún procedimiento de consulta ni de audiencia pública previa a la aprobación de un emprendimiento minero. Por su parte, en concordancia con la Declaración de Río de 199216, el artículo 19 de la Ley Nacional 25.675 General del Ambiente establece :

15

Antonelli, Mirta: Megaminería: La Tierra devastada (II) Redes territoriales, territorialización de redes, comunidades del NO. En : www.noalamina.org. 16

Declaración que tuvo lugar en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992. La Declaración establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas- en cumplimiento de la Constitución Nacional-, así como también la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. En: Machado, Horacio y otros (2011): 15 Mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero. Colectivo Voces de Alerta. Buenos Aires, Editorial El Colectivo y Herramienta Ediciones. Colección Cascotazos. Pp. 108-109.

-457-

Toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.

Luego, el artículo 20 de la citada ley continúa : Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes ; pero, en caso de que estas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

En este sentido, aclaran Machado, Svampa y otros que a pesar de esta obligación legal, no existen, ni han existido instancias de participación ciudadana17. La “Asamblea de Vecinos Autoconvocados” de Chilecito y Famatina se conforma en mayo de 2006. En el tiempo transcurrido desde su creación, los autoconvocados han logrado poner de manifiesto su repudio ante la inminente instalación del proyecto minero a través de un amplio repertorio de acciones de protesta, en la que fueron involucrándose en forma creciente distintos sectores de la sociedad riojana. Desde 2006, este territorio y parte de su población están en estado de alerta porque sufren la constante amenaza de la explotación minera. La población en general no le dio la bienvenida a esta actividad y una parte de ella decidió organizarse y oponer resistencia18. El

17

En: Machado, Horacio y otros (2011) Op. Cit. P. 109. 18

El 8 de marzo de 2007 se congregaron en la entrada del único camino que conduce a la Barrick Gold quienes no estaban dispuestos

-458-

Famatina no se toca se convirtió en una consigna que les permitió generar una acción y una identidad colectiva, dar formas a sus reclamos y ampliar el margen de comprensión de lo que estaba pasando en esta y muchas otras provincias del país (Giarracca y Hadad, 2004: 229). La asamblea representa un actor colectivo que se conforma a partir de un proceso de construcción de una identidad común, que unifica y homogeneiza al conjunto, demuestra un determinado posicionamiento respecto de la instalación de la megaminería en su territorio. La identidad colectiva se funda en la interacción permanente de los integrantes del grupo entre sí y, claro está, en relación con los factores y actores externos que lo rodean (Giarracca y Hadad, 2004: 245). Las acciones de dichas asambleas, orientadas tanto contra el Estado como contra sectores privados (grandes empresas transnacionales), generalmente se inician con reclamos puntuales, aunque en la misma dinámica de lucha tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva, incorporando otros temas, tales como el cuestionamiento a un modelo de desarrollo considerado destructivo, y la necesidad de desmercantilización de los bienes comunes (Svampa, 2008:98). Esta autora señala además que los conflictos que se generan tienen lugar en el marco de un entramado complejo, en el que se encuentran involucrados diferentes actores sociales, económicos y políticos, y a diferentes escalas de análisis, como se señaló anteriormente. Y en dicho marco, imperan gobiernos municipales y provinciales que permiten la viabilidad de un modelo de explotación del tipo enclave de exportación, y acompañado por políticas represivas y autoritarias que criminalizan la protesta social19. Dichos movimientos se instalan en un campo de difícil disputa: por un lado, deben enfrentar la acción global de las grandes empresas transnacionales; por el otro, en el plano local, deben confrontarse con las políticas y orientaciones de los gobiernos – tanto

a permitir que el cerro fuera arbitrariamente entregado a la destrucción (Giarracca y Hadad, 2004: 241). 19

En: Svampa, Maristella. (2008). Op. Cit. p. 101.

-459-

provincial como nacional-, convencidos que en la actual coyuntura internacional, las actividades extractivas generan progreso y desarrollo en el territorio20. En el marco de este contexto es clave retomar la perspectiva del abordaje del concepto de territorio analizada en páginas anteriores. Y en este sentido es apropiada la cita de Lopes de Souza (1995:78), quien entiende al territorio como “el espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder” y en que la cuestión primordial no es cuáles son las características geoecológicas y los recursos naturales de determinada área, o qué se produce o quién produce, o cuáles son las relaciones afectivas y de identidad entre un grupo social y su espacio, sino que lo que importa en el estudio del territorio es “quién domina o influencia y cómo domina o influencia en ese espacio”, dado que “el territorio es esencialmente un instrumento de ejercicio de poder” (Manzanal y otros, 2007:35). De este modo, el territorio se convierte, tal como lo señala Svampa (2008:104) en el locus del conflicto.

El conflicto llegó a tal nivel que, en el año 2007, la crisis llevó a la destitución del gobernador Ángel Maza de su cargo, siendo reemplazado por el vicegobernador Beder Herrera, quien impulsó la ley de prohibición de la minería a cielo abierto con cianuro (Ley 8731)21, sancionada poco después22. Sin embargo, la incidencia

20

En: Svampa, Maristella (2008). Op. Cit. p. 101. 21

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE LEY: ARTICULO 1°.- Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de La Rioja la explotación minera a cielo abierto con técnicas correspondientes al proceso de lixiviación con cianuro, mercurio y/o cualquier otra sustancia contaminante.- ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.-Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja 122° Período Legislativo, a ocho días del mes de marzo del año dos mil siete. Proyecto presentado por el bloque justicialista.- FIRMADO: Dr. LUIS BEDER HERRERA - PRESIDENTE CAMARA DE DIPUTADOS, RAUL EDUARDO ROMERO – SECRETARIO LEGISLATIVO.

-460-

de los actores nucleados en defensa del proyecto minero -Barrick Gold, YAMIRI S.A, Cámara de empresarios mineros, Vecinos por el SI- , tuvo su expresión en el cambio de política minera por parte del gobierno provincial, que derogó la ley oportunamente sancionada promoviendo la reconsideración del proyecto23.

Si bien existe la intención de transitar desde la confrontación hacia el diálogo, situación que se visualiza en la modalidad que adopta la gestión del gobierno provincial, invitando a los activistas a debatir sobre la minería y proponiendo la participación de ellos en los controles24, los conflictos no cesan.

22

Durante su campaña para la gobernación se pronunciaba públicamente contra la minería y apoyaba leyes prohibitivas. Cuando asumió la gobernación derogó las leyes prohibitivas y reprimió a los activistas anti-mineros 23

La Ley fue derogada en agosto de 2008. 24

Un muestra de ello se evidencia en el siguiente artículo: Los gobernadores crearon un organismo para frenar las críticas a la minería Los gobernadores de las principales provincias mineras crearon ayer la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), que contó con el apoyo del Gobierno a través del ministro de Planificación, Julio de Vido. Es la primera respuesta articulada tanto a nivel nacional como provincial en defensa de la actividad ante la escalada de críticas contra la minería que surgieron en enero por los trabajos en el cerro Famatina (La Rioja), y se extendieron hasta Catamarca para rechazar la actividad de Bajo de La Alumbrera, que produce oro y cobre. Los gobernadores de Jujuy (Eduardo Fellner), Salta (Juan Manuel Urtubey), Catamarca (Lucía Corpacci), La Rioja (Luis Beder Herrera), San Juan (José Luis Gioja), Mendoza (Francisco Pérez), Río Negro (Alberto Wertilneck), Chubut (Martín Buzzi) y representantes de Santa Cruz y Neuquén le pusieron la firma al acta que declara “la necesidad de conformar la OFEMI”. El nuevo organismo fue creado a imagen y semejanza de la Ofephi, que reúne a las provincias petroleras. Según Fellner, que lo presidirá, tendrá las siguientes funciones: buscar mecanismos de resolución de conflictos para lograr la licencia social (es decir, lograr la aceptación de la población a los proyectos mineros); elaborar un acuerdo federal minero para crear un ambiente de “solidaridad y colaboración” entre los eslabones de la cadena, que se firmará la primera semana de marzo; impulsar la participación del Estado a través de la creación de sociedades estatales, para que las provincias participen de la renta sectorial (por ese punto se dejó parcialmente de lado

-461-

Ambas situaciones, confrontación y diálogo se resumen en los siguientes artículos periodísticos publicados por el diario Visión Federal y La Nación, los días 5 de enero y 27 de enero de 2012, respectivamente:

Beder Herrera amenaza con encarcelar a vecinos anti – minería La Rioja - Manifestantes, en Famatina, impiden a la minera canadiense Osisko iniciar tareas de exploración. El gobernador Beder Herrera los intimidó con una patota pero no logró echarlos. Ahora, la fiscal Alcaraz citó a ocho por "entorpecer el libre tránsito”. Se prevé una pena de tres meses a dos años de prisión. La actuación de la justicia es la última esperanza que tiene Luis Beder Herrera para que los vecinos de Famatina levanten el corte al cerro de esa localidad, iniciado ayer para imposibilitar la exploración minera que iba a iniciar la canadiense Osisko.

un eventual aumento directo de regalías). Y coordinar la construcción de infraestructura física de provincias al servicio del sector y de la comunidad. La firma del acuerdo fue una puesta en escena en línea con el mayor compromiso que pidió en varias ocasiones la presidenta Cristina Fernández a los gobernadores, empresas y sindicatos en defensa de la minería. Fellner lo puso en estos términos: “Queremos desarrollar e impulsar cada vez más la actividad minera como una actividad noble, una actividad básica para el desarrollo de nuestra industria nacional. Esa actividad minera tiene que ser racional y sustentable, con cuidado del medio ambiente, con respeto a los derechos de las comunidades originarias, que genere fuentes de trabajo y que deje cada vez mayor riqueza en el país”, sostuvo. newsletter@inversorenergetico.com. 16 de Febrero de 2012

-462-

Ocho manifestantes recibieron hoy una carta documento en sus domicilios con el remitente de la fiscal Analía Alcaráz, quien los acusó de violar el artículo 194 del Código Penal. Este apartado fija una prisión de tres meses a dos años para quien “estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad”. Beder Herrera fracasó en todos sus intentos para terminar con el corte en el cerro Famatina. Instruyó a los policías locales, con jefe nuevo desde el jueves, y hasta envió una patota de militantes al centro de la ciudad para intimidar. Pero los manifestantes, que llegaron a ser 600, se negaron a descender del cerro y ahora se encontraron con una embestida judicial. “No sabemos quien nos denunció. Suponemos que fue una actuación de oficio”, supuso uno de los intimados.

Beder Herrera anunció que el proyecto minero en Famatina se demorará "el tiempo que sea necesario" El gobernador de La Rioja dijo que se tomarán más tiempo para "explicar" sus alcances a la población y garantizó que "no va a haber otra actividad mientas la gente no esté de acuerdo" con el proyecto.

El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, anunció hoy que el proyecto minero en el cerro Famatina se demorará "el tiempo que sea necesario" a fin de "explicar" sus alcances a la población, a la vez que garantizó que "no va a haber otra actividad mientas la gente no esté de acuerdo" con el proyecto. Beder Herrera lamentó que los riojanos sean "como el hijo vago de la Nación" porque la administración central "tiene que estar permanentemente mandando plata" a la provincia, al justificar su política minera, con la que intenta superar esta situación.

En un comunicado de prensa difundido por la agencia DyN, Beder Herrera dijo que el proyecto de exploración del Famatina

-463-

por parte de la empresa canadiense Osisko, que debió comenzar el pasado 16 de enero, se demorará "el tiempo que sea necesario" para "explicar" a la población las implicancias del emprendimiento. "No va a haber otra actividad mientras la gente no esté de acuerdo", afirmó el mandatario kirchnerista. El gobernador se pronunció así horas después de que 10.000 personas marcharan ayer frente a la Casa de Gobierno de La Rioja para exigirle que anule ese contrato de exploración de oro y abandone su política megaminera metalífera y uranífera. Hasta le exigieron su renuncia. Herrera ratificó que el Estado provincial brinda "todas las garantías" de que será una actividad no contaminante. "Cómo van a pensar que como gobierno se explotaría un recurso poniendo en riesgo el agua y la salud de la población" se preguntó y se comprometió a explicar la iniciativa "el tiempo que sea necesario".

En síntesis y recuperando las palabras de Gramsci citadas al inicio del trabajo, el ejercicio normal de la hegemonía se caracteriza por la combinación de la fuerza y el consenso, que se equilibran en formas variadas, sin que la fuerza rebase demasiado al consenso, tratando de obtener que la fuerza aparezca apoyada por el consenso de la mayoría que se expresa. Dichas palabras se complementan con las siguientes referidas al rol del Estado:

"El Estado es concebido como un organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del grupo mismo, pero este desarrollo y esta expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales, o se que el grupo dominante es coordinado concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados y la vida estatal es concebida como un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables- en el ámbito de la ley- entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados, equilibrios en los que los

-464-

intereses del grupo dominante prevalecen pero hasta cierto punto, o sea no hasta el burdo interés económico - corporativo” 25.

A las situaciones referidas con anterioridad se suman otras situaciones de conflictividad: una referida a la renuncia del viceintendente de Famatina, y la otra, vinculada a que la Corte dejó sin efecto la medida cautelar de la empresa canadiense Osisko referida a la Ley de Glaciares. Ambas se expresan en los artículos siguientes:

Viceintendente de Famatina renunció tras apoyar a la minería LA RIOJA. El viceintendente de la localidad riojana de Famatina, Armando Herrera, renunció a su cargo luego de manifestar en forma sorpresiva su apoyo a la minería que es rechazada en su población, mientras las asambleas ambientales describieron a la ciudad como “una olla a presión”. Herrera, al igual que el intendente Ismael Bordagaray y la mayoría de los famatinenses, rechazaba la minería a cielo abierto por temor a contaminación pero hace dos semanas se reunió en forma reservada con el gobernador Luis Beder Herrera tras lo cual se manifestó a favor de esas iniciativas mineras. El cambio de actitud del viceintendente generó tensión en esa población de seis mil habitantes por lo que el jueves presentó su renuncia al Concejo Deliberante, que se la aceptó el viernes. El intendente de Famatina, Ismael Borgadaray, responsabilizó “al gobernador y a la diputada (provincial por el departamento, Adriana Olima) por la división de las autoridades del pueblo” y la renuncia de Herrera.

Fuente: www.territoriodigital.com 9 de julio de 2012

El gobierno riojano está obligado a respetar el Famatina

25

Gramsci, Antonio (1999). Cuadernos de la Cárcel, edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de V. Gerratana, Biblioteca Era-Universidad Autónoma de Puebla, México, Tomo V. En: Basualdo, E. (2011). Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual, Buenos Aires, Cara o Ceca. Pp. 159-160.

-465-

Al difundirse la medida de la Corte, las asambleas ciudadanas de La Rioja señalaron que el gobernador Beder Herrera "está obligado a respetar los 400 glaciares de la provincia y fundamentalmente a anular el convenio con la firma canadiense Osisko, toda vez que en el Famatina existen glaciares y zonas periglaciares que deben ser protegidos". Pero Nito Brizuela, secretario de Ambiente de La Rioja aseguró: "El Famatina no es un glaciar". Agregó que según un informe que tenía su Secretaría, el punto geográfico donde pretende trabajar la empresa minera Osisko "esta a 25 kilómetros de Famatina" por lo que "estaría fuera del área geográfica considerada como glaciar y periglaciar".

Además, el funcionario se mostró molesto al decir que "la Nación no puede generar una ley que impida el uso de los recursos de las provincias, en este caso el agua".

En tanto, Javier Rodríguez Pardo, ambientalista y autor del libro "Vienen por el oro, Vienen por todo", advierte que "en Argentina, Barrick destruyó completamente el glaciar de Conconta (glaciar de Vallejos, a 6 mil metros de altura), cuando hizo un camino de más de 60 metros de ancho. Después la empresa dijo que podían trasladar los glaciares, eso fue una patraña, una cachetada al mundo entero. Un glaciar es dinámico, tiene vida, se mueve. Tocarlo por abajo para sacar el mineral es destruir todo el glaciar".

El investigador y fundador del Movimiento Antinuclear de Chubut dice que la firma "defendía su aberrante informe de impacto ambiental porque no había intervenido glaciares sino cuerpos de hielo".

Bajo la roca, "Hay muchos glaciares de escombros, de rocas, están envueltos y cubiertos por polvo de suspensión o rocas de desplazamientos. Uno camina sobre ellos y cree que es sólo roca. Pero puede ser que en un corte transversal se constate que hay 100 ó 200 metros de hielo, son reservas hídricas. En otros países se reconoce a la cordillera como muy rica en glaciares de roca o glaciares oscuros, pero los diputados de la región, como

-466-

en San Juan, dicen desconocer eso, es vergonzoso", dijo a La Capital.

Fuente: www.lacapital.com.ar. 9 de julio de 2012

3. Palabras finales

A modo de cierre, puede afirmarse que los conflictos por los recursos siempre tomarán su dimensión concreta en lo local, por más que tengan o no, vínculos con esquemas de seguritización de mayor perspectiva y dimensión. Así, lo que tenemos y lo que seguramente se incrementará de seguir la actual tendencia de devastación del medio ambiente y de crecientes patrones de consumo, es un escenario de más y más conflictos locales- regionales por los recursos; un esquema en el que el discurso de la seguritización es un elemento útil y desde luego amenazante en los operativos de despojo y reapropiación de los recursos. Por lo tanto, con excepciones como la del petróleo, más que guerras por los recursos, al menos en el corto – mediano plazo, se observa una fuerte oleada de conflictos por los recursos y, en su caso, de criminalización, con todas sus implicaciones, de los actores más débiles (Delgado Ramos, 2012: 67). Debe advertirse que el acceso, gestión y usufructo de los recursos por parte de los actores más fuertes, el grueso de las veces obedece, en efecto, al interés de lanzar dichos recursos al mercado internacional por lo que en principio existe un vínculo directo o indirecto a intereses geopolíticos mayores. Es por ello que intereses foráneos están también interesados en que sus socios o proveedores locales sean exitosos y mantengan una posición de poder privilegiada (Delgado Ramos, 2012: 67).

-467-

4. Bibliografía ARIAS TOLEDO, María Eugenia (2009). “IIRSA: lógica de la interconexión, lógicas interconectadas”. En: Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (editoras) Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires, Editorial BIBLOS. BASUALDO, Eduardo (2011). Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual. Buenos Aires, Cara o Ceca. Pp. 159-160. COMELLI, María (2010). “Autoconvocadas por la vida. Mujeres en acción frente a la megaminería a cielo abierto en Tinogasta, Catamarca”. En: Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social, Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de Ciencias Sociales – UBA - Año 3, N° 4, Diciembre. COMPOSTO, Claudia (2011). “Transnacionales mineras y estrategias hegemónicas de producción de consenso y legitimidad social en contextos de disputa territorial. Apuntes de investigación para la construcción de una tipología analítica”. En: Galafassi, Guido (comp.) Ejercicios de hegemonía. Lecturas de la Argentina contemporánea a la luz del pensamiento de Antonio Gramsci, Buenos Aires, Herramienta Ediciones.

DE ECHAVE, José; HOETMER, Raphael; PANÉZ, Mario Palacios (coordinadores) (2009). Minería y Territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización. Lima. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Unidad de Posgrado. UNMSM. DELGADO RAMOS, Gian Carlos (2012). “Extractivismo minero, conflicto y resistencia social”. En: Realidad Económica Nro. 265. Buenos Aires, IADE.

-468-

DI MARCO, Graciela y PALOMINO, Héctor (compiladores). (2004). Reflexiones sobre los movimientos sociales en la Argentina. Buenos Aires. Jorge Baudino Editores y UNSAM. GALAFASSI, Guido –Comp.- (2011 a). Ejercicios de hegemonía. Lecturas de la Argentina contemporánea a la luz del pensamiento de Antonio Gramsci. –Introducción-.Buenos Aires, Herramienta Ediciones.

GALAFASSI, Guido (2011 b). “Acumulación y hegemonía en las Tres Patagonias. Una lectura crítica sobre la historia regional”. En: Galafassi, Guido (comp.) Ejercicios de hegemonía. Lecturas de la Argentina contemporánea a la luz del pensamiento de Antonio Gramsci. Buenos Aires, Herramienta Ediciones. GIARRACCA, Norma y HADAD, Gisela (2009). “Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera. Política de vida y agua en el centro de la escena”. En: Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (editoras) Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires, Editorial BIBLOS. GRAMSCI, Antonio (2011). Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Buenos Aires, Nueva Visión. HARVEY, David (2004). El nuevo imperialismo. Madrid, Editorial Akal LOPES de SOUZA, M. (1995). O territorio: sobre espaςo e poder, autonomía e desenvolvimento. En: De Castro, I.; da Costa Goméz, P. y Lobato Correa, R. Geografía: conceitos e temas. Río de Janeiro, Bertrand Editorial.

LUXEMBURGO, Rosa (2007): La acumulación del capital. La Plata, Terramar Ediciones. MACHADO, Horacio y otros (2011). 15 Mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Guía para desmontar el

-469-

imaginario prominero. Colectivo Voces de Alerta. Buenos Aires, Editorial El Colectivo y Herramienta Ediciones. Colección Cascotazos. MANZANAL, Mabel; ARZENO, Mariana; NUSSBAUMER, Beatriz (compiladoras) (2007). Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y el conflicto. Buenos Aires, Ediciones CICCUS. SANTOS, Milton (1996). De la totalidad al lugar. Barcelona, Oikos Tau. SCHORR, Martín (2011). Documento de la Cátedra “Sociología de los Modos de Acumulación en la Argentina”. Maestría en Sociología Económica. Instituto de Altos Estudios Sociales, U. N. de General San Martín. SOUSA SANTOS, Boaventura de (2006). Conocer desde el Sur. Para una cultura política emancipatoria. Lima.

SVAMPA, Maristella (2008). Cambio de Época. Buenos Aires: Siglo XXI-CLACSO. SVAMPA, Maristella y ANTONELLI, Mirta (editoras). (2009). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires, Editorial BIBLOS. SVAMPA, Maristella, SOLA ÁLVAREZ, Marian y BOTTARO, Lorena (2009). “Los movimientos contra la minería a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el efecto Esquel y el efecto La Alumbrera”. En: SVAMPA, Maristella y ANTONELLI, Mirta (editoras). (2009). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires, Editorial BIBLOS. TAMAYO, Juan José (2004). Boaventura de Sousa Santos: Hacia una sociología de las ausencias y de las emergencias. Madrid.

-470-

TORRADO, Susana (2010). “Modelos de acumulación, regímenes de gobierno y estructura social”. En: Torrado, Susana (directora) El costo social del ajuste (Argentina 1976-2002). Tomo II, Buenos Aires, Editorial Ensayo Edhasa. Sitios virtuales http://www.iigg.fsoc.uba.ar/conflictosocial/revista- Bajado el 30 de abril de 2012. http:/www.mapaconflictominero.org.ar/- Bajado el 30 de abril de 2012. newsletter@inversorenergético.com - Bajado el 30 de abril de 2012. www.territoriodigital.com - Bajado el 14 de julio de 2012. www.lacapital.com.ar - Bajado el 13 de julio de 2012. www.visionfederal.com.ar - Bajado el 14 de julio de 2012.

-471-

De los Autores Berardi, Ana Laura. Profesora y Licenciada en Geografía. Doctoranda en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata. Becaria de Postgrado II del CONICET. Miembro del Grupo de Estudios Regionales y Docente-Investigadora del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigadora del Programa de Estudios Geográficos del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Actualmente es Secretaria de Redacción de GeoEcon- Revista de Geografía Económica y Miembro Activa del Centro de Estudios Alexander von Humboldt. Cacace, Graciela Patricia. Profesora y Licenciada en Geografía. Especialista en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG), aplicados al Estudio del Medio Ambiente (UNLu). Docente-Investigadora de la División Geografía, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu. Investigadora del Grupo de Estudios sobre Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI) y del Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis Espacial con SIG (GESIG), en el Programa de Estudios Geográficos (PROEG), Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO), Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Coordinadora del Área de Museo y Divulgadora del Planetario de la ciudad de Buenos Aires. Comerci, María Eugenia. Profesora y Licenciada en Geografía. Magíster en Estudios Sociales y Culturales (Universidad Nacional de La Pampa). Doctora en Ciencias Sociales y Humanas (U.N. de Quilmes). Becaria postdoctoral del CONICET. Docente- investigadora del Departamento e Instituto de Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa. Investigadora del Departamento en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Dubravka, Mariela Paula. Profesora y Licenciada en Geografía. Master 2 de I‟Universitè Paris X-Nanterre et Agro Paris Tech,

-472-

Gèographie et amènagement; Mention: Mondialisation et dynamiques rurales comparées dans les pays du sud. Docente y Coordinadora de Proyectos en l‟Ecole Argentine à Paris, Patrimoine sans Frontières, Ministère de l‟Education Nationale, Francia. Investigadora del Grupo de Estudios sobre Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI), Programa de Estudios Geográficos (PROEG), Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Fernández Equiza, Ana María. Profesora y Licenciada en Geografía. Magíster en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Docente-Investigadora del Departamento de Geografía y Directora del Centro de Investigaciones Geográficas, FCH, UNCPBA. Investigadora del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS)- UE del CONICET-UNCPBA, Tandil. Gejo, Omar Horacio. Profesor en Geografía . Docente-Investigador de la División Geografía, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu. Director del Grupo de Estudios sobre Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI), en el Programa de Estudios Geográficos-INIGEO, UNLu. Docente-Investigador del Departamento de Economía, FCE-UBA, del Departamento de Geografía de la U. N. de Mar del Plata y de la Universidad de Concepción del Uruguay. Participa del Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina de la Universidad de Alicante (España). Es Director de MERIDIANO– Revista de Geografía. Actualmente es Vicepresidente del Centro de Estudios Alexander von Humboldt. Gómez, María Esther. Profesora y Licenciada en Geografía. Diplomada Superior en Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Maestranda en Ciencias Sociales de la FLACSO. Docente-Investigadora de la División Geografía, Departamento de Ciencias Sociales, UNLu. Investigadora del Grupo de Estudios sobre Geografía Económica y Comercio Internacional, en el Programa de Estudios Geográficos (PROEG), INIGEO, de la

-473-

Universidad Nacional de Luján. Directora del Departamento de Geografía de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, Universidad de Buenos Aires. Gómez Lende, Sebastián. Técnico Universitario en Sistemas de Información Geográfica. Profesor y Licenciado en Geografía. Doctor en Geografía (Universidad Nacional del Sur). Docente del Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas (FCH), Universidad Nacional del Centro. Investigador del Centro de Investigaciones Geográficas e Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS)- UE del CONICET/UNCPBA, Tandil. Investigador Asistente en la Carrera del Investigador Científico (CIC) del CONICET. Liberali, Ana María. Profesora y Licenciada en Geografía. Especialista en Salud y Ambiente-Organización Panamericana de la Salud. Doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Docente del Departamento de Geografía y Directora del Grupo de Estudios Regionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente de la FCE-UBA y de la Universidad de Belgrano. Investigadora Invitada del CEPED (Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo) de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA y del Grupo de Estudios sobre Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI), PROEG, UNLu. Presidente del Centro de Estudios Alexander von Humboldt. Coordinadora de Estudios Latinoamericanos de la Unión Geográfica Internacional. Representante de Argentina ante la Unión Geográfica de América Latina. Participa del Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina de la Universidad de Alicante (España). Maldonado, Gabriela Inés. Profesora y Licenciada en Geografía. Doctora de la Universidad de Buenos Aires, orientación Geografía. Postdoctoranda de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias Humanas y Sociales. Docente-Investigadora del Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto.

-474-

Investigadora Asistente en la Carrera del Investigador Científico (CIC) del CONICET. Morina, Jorge Osvaldo. Profesor y Licenciado en Geografía. Docente-Investigador de la División Geografía, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG), FCH-UNCPBA y del Departamento de Economía de la FCE-UBA. Miembro titular de la Comisión Asesora de Historia, Antropología y Geografía del CONICET, 2010-2011. Codirector del Grupo de Estudios sobre Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI), PROEG, Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO), UNLu. Ex Director (2006-2010) del Programa de Estudios Geográficos (PROEG) de la UNLu. Miembro Activo del Centro de Estudios Alexander von Humboldt. Suevo, Graciela Emilse. Profesora y Licenciada en Geografía. Maestranda en Sociología Económica del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad Nacional de San Martín. Docente-Investigadora de la División Geografía y del Grupo de Estudios sobre Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI), Programa de Estudios Geográficos (PROEG), Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO), Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. Velázquez, Guillermo Ángel. Geógrafo. Doctor de la Universidad de Buenos Aires, orientación Geografía. Docente-Investigador del Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas (FCH), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigador y Ex Director del Centro de Investigaciones Geográficas, FCH, UNCPBA. Director del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS)- UE del CONICET/UNCPBA, Tandil. Investigador Principal y actualmente Coordinador de la Comisión Asesora de Historia, Antropología y Geografía del CONICET.