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Hacia una teoría urbana deslocalizada. Apuntes sobre los tres circuitos de la economía espacial
Alfonso Valenzuela-Aguilera
Información de contacto: Universidad Autónoma del Estado de Morelos Avenida Universidad #1001, Edificio 19 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos 62209 México Tel. +52.777.3297000 Ext. 6114 www.cuernavacaforum.org www.urbanorth.org [email protected]
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Hacia una teoría urbana deslocalizada. Apuntes sobre los tres circuitos de la economía espacial
Resumen
Tres circuitos económicos se traslapan en las ciudades latinoamericanas: el formal, el
informal y el ilegal. Ésta nueva configuración espacial deriva en parte de las dinámicas
regionales que demanda el mercado financiero global, en donde las políticas públicas
reproducen las condiciones que producen tanto la informalidad como la ilegalidad lo cual
deja un escaso margen sobre el cual cimentar la práctica de la planeación urbana.
Evidencias recientes sugieren que cuando el Estado intenta diluir la economía informal a
través de normas y controles, las condiciones que originan la informalidad parecen
deteriorarse aun más, fortaleciendo con ello el crimen organizado quien está atrayendo a
la población joven hacia el circuito económico ilegal, debilitando con ello la estructura
social de las comunidades.
Palabras clave: informalidad, ilegalidad, globalización, planeación, desarrollo.
Abstract
Three economic networks overlap in Latin American cities: the formal, informal and illegal.
This novel spatial configuration is related to the regional dynamics that the global financial
market demands, where public policies reproduce the conditions for informality and
illegality to exist, leaving little margin as where to ground urban planning practices. Recent
evidence suggest that whenever the State attempts to dilute the informal economy through
regulations and controls, pre-existing conditions that cause informality seem to deteriorate
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even further, strengthening instead organized crime options which attract young people to
the illegal economic circuit, further withering the social fabric of communities.
Key words: informality, illegality globalization, planning, development.
Introducción
La concepción de modelos funcionalistas de ciudades tiene su origen en Europa y en
América del Norte, por lo que las soluciones urbanas responden en el mejor de los casos a
realidades industriales o post-industriales codificadas y hasta cierto punto estandarizadas
en donde se parte de un marco económico definido. Actualmente se considera que las
ciudades “globales” son aquellas que están integrándose exitosamente dentro de los
mercados de capital financiero, pero la realidad es que buena parte de la producción de
bienes se manufactura en países periféricos tanto en el circuito formal como en el informal y
el ilegal. Más recientemente, dichos países “emergentes”, las ciudades que están
integradas o integrándose a los circuitos globales de la economía lo están haciendo de
distintas formas, a veces como participantes marginales de los procesos económicos, pocas
veces como socios paritarios y actualmente, como poderosos referentes de los mercados
informales e ilegales. Sin embargo, aún dentro de la economía legal, existen procesos que
conllevan distintos grados de poder, jerarquía y exclusión.
Siguiendo a Roy & AlSayyad (2004), coincidimos en que la informalidad no es un sector
separado de la economía sino una serie de transacciones que conectan diferentes
economías y espacios entre sí. A partir de esto podemos sugerir que la economía ilegal
viene a integrarse a las dimensiones de lo formal y lo informal como un circuito transversal
que atraviesa estos últimos. Es así como el circuito ilegal utiliza las estructuras formales
pertenecientes a las instituciones de gobierno, se sirve de la economía informal para
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articular sus actividades dentro de un sector que generalmente se encuentra en la posición
más vulnerable, y realiza sus transacciones en territorios compartidos.
Por tanto, el espacio se vuelve determinante para el funcionamiento de los tres circuitos y
se concentra en las ciudades como territorio recurrente.
De acuerdo con Foucault (1984:46), vivimos una era de dispersión, simultaneidad y
yuxtaposición. Esto es relevante para la ciudad actual en donde distintos procesos tienen
lugar de manera sincrónica: la economía informal funciona de manera paralela a la
economía formal y mantiene puntos de yuxtaposición con la economía ilegal, de modo que
terminan por complementarse las unas con las otras. Más que una relación lineal, éstas
dimensiones de la economía se articulan como puntos dentro de una red, constituyendo a
fin de cuentas, una configuración estructurada. La ciudad informal puede parecer a simple
vista un territorio disperso, o desestructurado y sin embargo, constituye una parte medular
de la configuración urbana, no sólo en los países en América Latina, sino que la mayor
parte del mundo e incluso de manera creciente en China, India y los Estados Unidos de
América. Por tanto, ya sea visualizados como dimensiones del territorio, o como circuitos
traslapados, estos se mimetizan infiltrándose a través de los vacíos legales, jurídicos,
económicos y sociales e incidiendo directamente sobre el territorio.
En las ciudades más violentas de América Latina la lógica espacial del crimen organizado
se configura a partir de rutas de trasiego y plazas de intercambio, en donde es preciso
"asegurar" los territorios tanto de las fuerzas del orden como de otras organizaciones.
Sin embargo, los actores involucrados adoptan distintas lógicas respecto a la relación con el
espacio: primeramente, las fuerzas del orden tienden a identificar puntos vulnerables en el
territorio, articular estrategias de intervención/ocupación, o el aseguramiento de espacios
por un determinado periodo de tiempo, y que pueden reforzar bien dejar como territorios de
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tolerancia; No obstante, su labor está sujeta a la acción de fuerzas federales e incluso
transnacionales (DEA, CIA, Interpol, etc.) y en muchos casos la simbiosis legal/ilegal hace
que la policía se convierta en un actor más dentro de la contienda entre grupos delictivos.
Finalmente, la lógica espacial del ciudadano se configura a partir de visualizar el territorio
como un campo minado en donde existen áreas de alto riesgo (territorios dominados por
pandillas o cárteles de droga), areas de paso (en donde la hora del día es crucial para la
seguridad del individuo), y áreas de resguardo (muchas veces en las iglesias, los centros
comerciales o en las inmediaciones del barrio). Por tanto, el espacio urbano se percibe
desde distintos ángulos en donde existen realidades paralelas que a veces convergen
dentro de una intrincada red de relaciones (los negocios formales e informales pueden estar
financiando la ilegalidad o viceversa). Si bien existe una lucha entre las instituciones del
orden y las organizaciones criminales, no es posible olvidar que en el transfondo se realizan
actividades económicas altamente lucrativas y que por tanto esto puede leerse a través de
la lógica de la reproducción del capital. En el caso de México es a partir de la instauración
de las políticas neoliberales hace 30 años que se ha venido consolidando la clase
dominante así como la delincuencia organizada, creándose el Estado simbiótico prefigurado
por Lupsha. De acuerdo con Lupsha , existen condiciones en donde la criminalidad se
combina con la corrupción institucional formándose una relación “simbiótica”, en donde el
crimen organizado se incorpora dentro de las estructuras del Estado, llegando en algunos
casos a funcionar como una unidad. Aunado a esto, el deterioro del Estado de derecho
alimenta el entorno marcado por una creciente inestabilidad que a la par de las condiciones
de subsistencia, el tráfico incontrolado de armas y la demanda permanente de
estupefacientes del mercado ilegal de drogas estadounidense, ha generado el
mantenimiento de dicha estructura por medios violentos que residen en el circuito ilegal de
la economía. Al deteriorarse aceleradamente el estado de derecho y la cultura de la
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legalidad, el crimen organizado se ha venido amalgamando con el Estado, perdiéndose la
definición de quienes están dentro de la legalidad y quienes están fuera . Dentro de un
complejo sistema organizacional -que tiene un trasfondo económico- se ha generado la
simbiosis referida por Lupsha creando una estructura “invisible” que comparten las
organizaciones criminales y el Estado. Provenientes de un pasado reciente de autoritarismo
gubernamental, corrupción e impunidad y desconfianza en las instituciones, los tres casos
de estudio presentan en mayor o menor grado la relación simbiótica en donde el crimen
organizado se amalgama con las estructuras del Estado .
En éste contexto, el estado es a la vez represor (disciplinar) y también controlador (la gente
está dispuesta a renunciar a sus derechos fundamentales con tal de que sea controlada la
violencia). Sin embargo, la paradoja radica en el hecho que existen otros agentes con
poderes análogos al Estado como son los grupos paramilitares y las organizaciones
criminales quienes también reprimen (a periodistas, políticos, policías o civiles) o bien,
controlan (territorios economías locales, gobiernos estatales y municipales). La población se
ve finalmente inmersa y acorralada entre las distintas fuerzas (incluso ni siquiera existe una
sepación clara) con lo que la resistencia civil y las manifestaciones en contra del modelo
económico vigente se ven superadas por movimientos que buscan ante todo un poco de
paz y resilencia.
Al analizar las dinámicas urbanas, David Harvey ha señalado la importancia de utilizar como
clave de lectura de la situación actual bajo una perspectiva de creación del capital: es a
partir de una economía dominada por los requerimientos del mercado financiero que se
genera una economía basada en el movimiento de capital (préstamos con intereses) para
justificar y dar salida a las plusvalía que dicho mercado genera. Lo anterior para argumentar
que el narcotráfico reporta inmensas ganancias (situándose como la tercera fuente de
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ingresos netos en México) las cuales generalmente se reinvierten (lavan) en el mercado de
capital, entre otras cosas, a través de inversiones en megaproyectos inmobiliarios o
mediante la creación de grandes infraestructuras de escala nacional que justifiquen tanto el
uso del capital como el endeudamiento de la cuenta pública.
En la introducción se plantea un escenario en donde las sociedades se encuentran
inmersas dentro de un sistema de control establecido que va más allá del confinamiento
propuesto por Foucault y en cambio apunta hacia la consolidación de mecanismos que
mantienen al individuo atrapado en deudas, educación perpetua y un mercado laboral
esclavizante. En cambio, nuevas manifestaciones de resistencia comienzan a surgir de
manera desestructurada contestando al aparato económico pero enfrentando la violencia
patrimonial del Estado punitivo como una manera en que el individuo trata de articularse
con la sociedad y participar en el sistema de relaciones de intercambio. Los movimientos
como el #yosoy132, los indignados, el movimiento estudiantil chileno, el ocupemos Wall
Street, etc. que iniciaran una lucha contra de las raíces mismas del sistema perverso de
acumulación de capital, representan una contrapropuesta al reformismo existente, así como
una disidencia frontal con respecto al modo de producción vigente. Sin embargo, la lucha
reivindicadora de la sociedad latinoamericana se ve vulnerada frente a un Estado que
incrementa su poderío coercitivo al tiempo que se recrudece la acción del crimen
organizado en donde ambos se disputan el territorio mientras que la gente se mantiene al
margen ocupando islas o espacios de confianza o manifestándose cuando la violencia
alcanza límites exorbitantes.
En síntesis, al interior de la economía de mercado el crimen organizado no representa una
amenaza -si acaso por las variaciones que éste puede producir en el mercado bursátil- sino
que al contrario, la circulación de capital en el mercado fortalece la reproducción del mismo
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ya sea mediante las vías formales, informales o ilegales. La criminalidad tiene entonces a
integrarse como un tercer circuito de la economía a partir del modelo de Milton Santos,
quien proponía la existencia de un circuito formal y uno informal como dos dimensiones de
la economía real.
I. Localizando los circuitos de la economía espacial
La sociedad contemporánea presenta los patrones de producción, aprovechamiento y
consumo más intensivos en la historia de la humanidad. Estos siguen una estricta lógica
económica, la cual se estructura territorialmente a través de procesos globales de
producción (Rivera, 2007: 57). y no obstante, se caracteriza por transformaciones o efectos
adversos de carácter territorial, social y ambiental (Fernández, 2000:184; Fariña, 2007:284;
Yassi, Kjellström, De Kok y Guidotti, 2002: 28). Desde las diferentes perspectivas analíticas
de lo urbano, dichas discusiones teóricas demuestran una importancia operativa en la
medida en que es posible determinar políticas con atributos o conveniencias acordes con
los contextos emergentes. Tal vez las precisiones más relevantes en torno a ello se
refieren a las condiciones de la espacialidad en la sociedad contemporánea, lo cual puede
encontrar dificultades o determinantes de diferente naturaleza. Los países
subdesarrollados presentan particularidades de inserción al proceso global de producción
distintas al del mundo desarrollado, así como consecuencias diferenciales, las que llevan a
la comprensión de las ventajas económicas de la espacialidad, es decir a la racionalidad en
la que estas se desenvuelven en la localización ó en su defecto, a la comprensión
multidimensional de la estructuración urbana. En el caso de la localización o de los
indicadores concretos del emplazamiento económico, se lleva a priorizar políticas
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territoriales de una dimensión exclusivamente económica en las que se asume este tipo de
desarrollo como condición sine qua non para modificar el entorno social.
En este marco, las diferentes perspectivas de tratamiento político del territorio reflejan una
relación directa con la forma de teorizar el entorno urbano; la complejidad reciente del
proceso global de producción da lugar a escenarios teóricos igualmente complejos. Incluso
se reconoce que existen dificultades para homogeneizar una teoría general del urbanismo
en la explicación del espacio en sus diferentes modalidades ó momentos históricos (Harvey,
2007: 206). Asumiendo tal hipótesis, se considera que las particularidades del desarrollo
espacial están condicionadas por factores generales, pero bajo esquemas territoriales no
necesariamente similares, como sería el caso del espacio urbano subdesarrollado en los
diferentes continentes.
Considerando las perspectivas analíticas, es posible discutir las ventajas de la
instrumentación política a la luz de los indicadores recientes de los patrones urbanos. En
este contexto, se advierte que las actividades económicas entrañan procesos de
reestructuración territorial caracterizados por la articulación regional de emplazamientos
físicos, así como por el aprovechamiento ambiental extensivo. En términos regionales, los
desequilibrios económicos y sociales están asociados a patrones de desarrollo desigual,
dispar (Pradilla, 2008: 276) o parcializado (Hiernaux, Torres, 2008: 126), los cuales refieren
un estado de polarización o diferenciación que afecta entre otras cosas, las condiciones
inmediatas de vida de la población, como una consecuencia de la inserción al proceso de
reproducción económica global.
Ahora bien, la urbanización es considerada un factor indispensable para la reproducción
económica, lo cual puede validarse en términos de las economías de escala, el desarrollo
científico-tecnológico, así como la disponibilidad de equipamientos y servicios identificados
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en los sistemas urbanos. No obstante, a la luz de los indicadores de pobreza o disparidad
prevalecientes es posible discutir la hipótesis de que la urbanización tiene efectos
favorables en la población sólo por su presencia y debido a ello, su papel como proveedor
de desarrollo. En una primera instancia, el sistema urbano entraña una transformación
cualitativa que no asegura una distribución homogénea de condiciones de vida
relativamente estables, ni tampoco puede ser considerado un signo suficiente de mitigar
desequilibrios emergentes como los crecientes costos derivados del cambio climático
observados en los países subdesarrollados (Comisión Económica para América Latina,
2010: 19). De esta forma, la interpretación de los efectos primarios, considerados en este
documento como los circuitos económicos de las ciudades latinoamericanas: el formal, el
informal y el ilegal, permite transitar en un eje de discusión con referentes teóricos
generales, pero particularizando los impactos de la transformación directa del espacio como
se ha planteado en Castells (1999): “Una sociedad es dependiente cuando la configuración
de su estructura social en el nivel económico, político e ideológico, refleja relaciones
asimétricas con respecto a otra forma social que se encuentra respecto a la primera en
situación de poder”. Por tanto, la interpretación de los circuitos económicos ya planteados,
es útil para abordar los efectos primarios en el sentido de encontrar una expresión
generalizada regionalmente, bajo la premisa de que ésta demuestra ser consistentemente
una particularidad de los países subdesarrollados en América Latina. Ahora bien, el papel
de esto últimos como fuente de extracción de recursos y de transformación o ensamblaje de
mercancías los convierte en objetos de inserción económica global bajo una forma de
interrelación vulnerable ó en términos de Castells asimétrica y en tal perspectiva, es posible
integrar las particularidades espaciales como determinantes para una interpretación teórica
de lo urbano correspondiente.
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Por tanto, podemos sugerir que existe la posibilidad de encontrar transformaciones
espaciales ampliamente distribuidas debido a la integración económica regional,
mencionada aquí como proceso global de producción, dado que éste se instaura como
racionalidad económica predominante bajo condiciones asimétricas y debido a ello conlleva
una serie de patrones generales de inserción en los distintos territorios de carácter
diferencial. En este caso, los circuitos son los que puntualizan una teoría interpretativa de lo
urbano, bajo las particularidades en las que se desarrollan y apuntando a una construcción
del que existe la preocupación central de abordar sus inconsistencias emergentes, dada la
escala e intensidad en la que se presentan. Por tanto, el interés consiste en conciliar una
descripción multidimensional del espacio urbano con las particularidades de sus efectos en
los países subdesarrollados y con base en ello, se tiene la expectativa de abordar las
inconsistencias emergentes y replantear las posibilidades de intervención política, toda vez
que ésta se presenta como una de las pocas alternativas para encontrar un enfoque teórico
particularizado.
Los procesos irrestrictos de la política económica regional
Desde una perspectiva multidimensional de lo urbano, la ciudad es considerada una forma
construida que permite producir, movilizar y concentrar mercancías en el espacio; debido a
ello lo urbano puede interpretarse como un esquema de adaptación económica a la
racionalidad predominante bajo las funciones concretas del proceso productivo (Harvey,
2007: 226). En la sociedad contemporánea, dicho proceso es cubierto regionalmente con
diversas funciones, es decir, está asociado a una lógica de integración económica en el
ámbito global. Las condiciones inherentes a la integración económica regional tienen que
ver con el desarrollo de una nueva división internacional del trabajo y con la participación
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del capital transnacional en la transformación territorial (Sit, 2001: 11; Perraton, 2003: 37).
En este marco, los circuitos económicos formal, informal e ilegal correspondan a una
integración asimétrica, donde la división del trabajo significa la ocupación de población con
bajos niveles calificación, fácilmente reemplazable en el ámbito urbano (Sassen, 9: 2006) y
que pasa a formar parte de alguno de ellos; mientras que la participación del capital
extranjero es el factor determinante de la estructuración urbana en localizaciones
preferentemente económicas ó con ventajas para su funcionamiento(Yeong-Hyun, Rennie,
2008:73), reorganizando la distribución de la población, así como escalando las
disparidades en las regiones menos favorecidas. De cualquier forma, la operación de
políticas urbanas unidimensionales y homogéneas representa la principal contradicción para
interpretar las particularidades locales, por lo que el espacio urbano se ha vuelto una forma
de disparidad y de integración asimétrica a los procesos regionales. En la práctica, es
posible comentar que una teoría urbana con un referente legal asimétrico ó dicho
propiamente, sin la interpretación de las particularidades locales se vuelve una teoría sin
referentes legales realmente. Por ello, los efectos de tal referencia legal demuestran cierto
nivel de vulnerabilidad en la medida que representan la imposibilidad concreta de planear
fuera de la racionalidad estrictamente económica, permitiendo el desarrollo de los circuitos
económicos formal, informal e ilegal observados en las ciudades latinoamericanas.
De lo anterior podemos destacar que existe una forma unidimensional de adaptación a la
lógica espacial del capitalismo; la tendencia para la integración al proceso global de
producción ha operado bajo una perspectiva que permite el funcionamiento del mercado.
Esto incluye el fortalecimiento de los aparatos estatales, la puesta en marcha de
instrumentos de política y planeación, los procesos desregulatorios ó la consolidación de
criterios competitivos (Gasca, 2003: 43). Resulta pertinente subrayar que históricamente
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han existido acuerdos supranacionales para validar la instrumentación de patrones
homogéneos de política regional, entre los que destacan Bretton Woods, Plan Marshall, el
Consenso de Washington (Aguilera, 2009: 160) ó incluso en el marco de la globalización, se
registran una gran cantidad de acuerdos de carácter adaptativo, según las condiciones de
apertura económica, el libre flujo de capital y el aprovechamiento estratégico de recursos
(Landau, 2001: 185).
II. Las políticas urbanas regionales en América Latina
Las formas particulares de adaptación al proceso de globalización encuentran coincidencias
en los países subdesarrollado en general y de América Latina en particular: la ampliación de
los medios de comunicación física y virtual, la desregulación de los procesos de explotación
de los recursos locales, la instauración de una política laboral restrictiva, los apoyos
preferenciales a la inversión extrajera y empresas transnacionales, la consolidación de
economías de escala útiles para soportar la industria y los servicios en ciernes, así como la
formación de sectores privados con cierta capacidad de manejo político (Pradilla, 2009: 51).
En general, los instrumentos de orden urbano predominan como principal forma de control y
administración del territorio, dadas sus posibilidades para la reestructuración económica;
incluso se estima que dichos instrumentos tienen más tiempo en operación, así como una
distribución mayor que el ordenamiento territorial (Montes, 2001: 11). Para el caso
mexicano, estos abordan la gestión urbana con base en el condicionamiento del despliegue
espacial, la flexibilización de la apropiación de las reservas territoriales y la definición de los
límites de propiedad (Azuela, 2008: 518), es decir intervienen directamente en los patrones
de ocupación de la ciudad, bajo los esquemas necesarios para el funcionamiento
económico.
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En la perspectiva convencional, el cuerpo jurídico urbano es útil para abordar la
reestructuración económica del territorio, bajo la hipótesis de que dicho esquema permite
modificar las condiciones de la población. En la práctica, la perspectiva teórica que soporta
tal hipótesis se concentra unidireccionalmente en la lógica económica, logrando esquemas
competitivos; no obstante, existen discusiones en torno al conflicto que una sola visión de lo
territorial genera, debido a ello se considera que todo instrumento debe hacer suyas la
atención a las particularidades sociales y económicas derivadas de tal proceso (Castells,
1999: 294), así como la capacidad de adaptación, fluidez o plasticidad ante los cambios
emergentes (Ciccolella, Mignaqui, 2009: 46), como los que se comentan en los tres circuitos
económicos en las ciudades latinoamericanas. En todo caso, resulta discutible que la teoría
urbana convencional integre un referente legal directo que demuestra tener efectos
diferenciales en los países subdesarrollados ó en su defecto, que deja en evidencia la
imposibilidad de planear racionalmente, bajo los criterios de localidad e interpretación de las
particularidades regionales. Por tanto, la reestructuración económica del territorio no sólo es
el origen de la creciente complejidad urbana, sino también de los efectos adversos que
quedan explicados en la informalidad y la ilegalidad. En este sentido, se tiene una
consolidación del circuito económico formal e incluso se reconocen beneficios como la
participación al producto interno bruto ó el ingreso per cápita y debido a ello es posible
justificar la planeación afín de reestructuración económica; por el contrario, la disparidad
que todo el proceso implica, acarrea la aparición de los circuitos informal y legal para los
cuales no existe referente legal alguno.
Los acuerdos multinacionales para el ajuste de las políticas urbanas enfrentan
inconsistencias en su interpretación local. El caso mexicano por ejemplo, demuestra un
instrumental urbano consistente en términos económicos; su elaboración o actualización
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territorial se ajusta a los patrones de despliegue espacial, conservando estrategias de orden
funcionalista o de regionalización económica (González, 2008: 62). Sin embargo, los
problemas emergentes descritos en los circuitos económicos formal, informal e ilegal tienen
una atención marginal; es decir, la disparidad de las condiciones económicas ó los límites
naturales del ecosistema son temas pendientes, a pesar de que se han vuelto de particular
preocupación mundial porque significan restricciones concretas para el desarrollo.
En estricto sentido, la evidencia demuestra que la consolidación del funcionamiento
económico es central para generar instrumentos legales. No obstante, la proporción del
territorio bajo algún esquema de política urbana o regional alcanza solamente 5% del país;
por tanto, para el caso mexicano se observa la reproducción de una perspectiva teórica,
pero con un nivel de operación menor en términos de los referentes legales y aún así
demuestra ser útil para la agilización de la racionalidad económica. Considerando los
términos en que se presentan los patrones de inserción al proceso global de producción, la
teoría urbana prevaleciente es susceptible de ser discutida e incluso, ajustada con base en
los efectos territoriales derivados de tal proceso. Las disparidades estructurales quedan
demostradas en una serie de indicadores, los cuales incluyen el estado de la vivienda, el
nivel de ingreso de la población, los desequilibrios ambientales o en su defecto, la
reproducción de los circuitos económicos de las ciudades como se comentan.
El territorio como referente espacial de la economía
Siguiendo la tradición latinoamericana de adhesión a acuerdos supranacionales que han
entrañado patrones homogéneos de política regional, entre los que destacan Bretton
Woods, el Plan Marshall, el Consenso de Washington (Aguilera, 2009: 160) se registran una
gran cantidad de acuerdos en el marco de la globalización, en donde se aseguran las
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condiciones de apertura económica mediante el libre flujo de capital y el aprovechamiento
estratégico de recursos (Landau, 2001: 185). En los llamados países emergentes, la fase
reciente de globalización se manifiesta en formas de inserción económica regional
coincidentes; estas incluyen la modernización de los medios de comunicación física y
virtual, la desregulación de los procesos de explotación de los recursos locales, la
instauración de una política laboral restrictiva que finalmente beneficia la inversión de
capitales transnacionales, la consolidación de economías de escala útiles para soportar el
mercado formal, así como la formación de sectores privados con cierta capacidad de
manejo político que mantienen sin embargo, estrechos vínculos con el sector informal e
ilegal (Pradilla, 2009: 51; Valenzuela-Aguilera, 2011:17). Los instrumentos de orden urbano
cumplen un papel central en las formas de inserción, dadas sus facultades con respecto a la
reestructuración económica, su distribución y tiempo de operación (Montes, 2001: 11). No
obstante, existen discusiones en torno al conflicto derivado de la visión unidimensional de lo
territorial, vistas las particularidades sociales y económicas derivadas de dichos proceso
(Castells, 1999: 294), así como la capacidad de adaptación o plasticidad sociales ante los
cambios emergentes (Ciccolella, Mignaqui, 2009: 46). En todo caso, resulta discutible que la
teoría urbana convencional integre un referente legal directo que demuestre tener efectos
diferenciales en realidades alternas (con articulaciones formal, informal e ilegal), lo que
pone en cuestión la posibilidad de planear racionalmente y bajo los criterios de localidad e
interpretación de las particularidades regionales. Por tanto, la reestructuración económica
del territorio no sólo representa el origen de la creciente complejidad urbana, sino también
genera efectos adversos que quedan explicados entre la informalidad y la ilegalidad. En
este sentido, lo anterior deriva en la consolidación del circuito económico formal e incluso en
el reconocimiento de los beneficios tanto en la participación en el producto interno bruto
como en el ingreso per cápita, por lo que la disparidad de dicho proceso da lugar a la
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aparición de los circuitos informal y legal para los cuales no existe referente legal alguno.
Sin embargo, cabe destacar que la racionalidad que sostiene la política urbana a nivel
global demuestra tener precedentes en cuanto a la adaptación a los problemas emergentes;
se observan por ejemplo las políticas para vivienda, infraestructura o equipamiento (United
Nations Human Settlements Programme, 2006:155) ó las Metas del Milenio y la
urbanización sustentable, los cuales implican acuerdos susceptibles de ser operados para
mitigar la pobreza (United Nations Human Settlements Programme, 2009: 3). A pesar de
ello, los acuerdos multinacionales para el ajuste de las políticas urbanas enfrentan
inconsistencias por lo que respecta a su interpretación de lo local. El caso mexicano por
ejemplo, demuestra un instrumental urbano elaborado y actualizado ajustado a los
requerimientos de los patrones de despliegue espacial, bajo estrategias de orden
funcionalista o de regionalización económica y donde los problemas emergentes descritos
en los circuitos económicos formal, informal e ilegal tienen una atención marginal, de modo
que la disparidad de las condiciones económicas ó los límites naturales del ecosistema se
mantienen como temas pendientes, en virtud de que significan restricciones para el
desarrollo capitalista vigente. En estricto sentido, la evidencia demuestra que la
consolidación del funcionamiento económico es central para generar instrumentos legales.
Sin embargo, la proporción del territorio bajo algún esquema de política urbana o regional
deja fuera hasta un 95% del mismo, de modo que en el caso mexicano, se observa que aún
cuando la cobertura no corresponda al discurso que repite una misma perspectiva teórica, y
tenga un nivel de operación menor en términos de referentes legales, éste se demuestra de
gran utilidad para agilizar la racionalidad económica del modelo capitalista vigente.
Por tanto, si consideramos los términos en que se presentan los patrones de inserción
dentro del proceso global de producción, la teoría urbana prevaleciente es cuestionable a la
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luz de los efectos territoriales derivados de tales procesos. De modo que las disparidades
estructurales registradas con base en una serie de indicadores que incluyen el estado de la
vivienda, el nivel de ingreso de la población, o los desequilibrios ambientales, terminan por
reproducir los tres circuitos económicos en las ciudades latinoamericanas actuales.
III. El triple circuito de la economía: Formal, Informal e Ilegal
En los trabajos seminales de Castells (1974) y Perlman (1976) se presentaba una visión
alterna a la de antropólogos como Lewis (1976) -para quienes la marginalidad era una
cuestión cultural- y argumentaban en cambio, que la marginalidad como categoría era un
mito utilizado como instrumento ideológico para controlar a los sectores marginales, así
como un mecanismo de poder sobre el consumo colectivo que determinaba el orden social
de dichos sectores. En esa misma línea, varios académicos coinciden en que la economía
informal es y ha sido un elemento co-sustancial al sistema capitalista, es decir, que se
articula de manera estructural dentro de los procesos de mercado y producción del capital
(Castells, 1980; Portes, 1978; Lomnitz, 1988). Llevando aún más lejos el análisis, Milton
Santos propondría el modelo de circuitos superpuestos (formal-informal) al interior del cual
coexisten de manera paralela el mercado formal y el informal en la ciudad, funcionando de
manera autónoma, y contando con sus propias reglas y particularidades (Santos, 1979). La
tercera dimensión o circuito económico/espacial de la ilegalidad se articula con los
anteriores funcionando de manera simultánea con una lógica autónoma así como con una
lógica de articulación y simbiosis.
Continuando con esta lógica, Portes (1995:26) sostiene que la existencia de la economía
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informal corresponde a la lógica de reproducción y desarrollo del sistema capitalista y por
tanto, no debe verse como una simple estrategia de sobrevivencia o una vía para salir de la
miseria. Lo anterior tiene implicaciones serias con respecto al aumento del crimen
organizado y la violencia en América Latina por lo siguiente: en las ultimas décadas, las
políticas públicas de corte neoliberal han generado una mayor polarización socioeconómica
de manera estructural, lo cual ha sido identificado como una de las causantes directas del
aumento de inseguridad y violencia en las ciudades (Beirute, 2009: 107). Las implicaciones
directas son, por tanto, que la inequidad producida por el sistema económico vigente
(adoptado o impuesto en los países latinoamericanos) está alimentando la escalada de
violencia generalizada. En ése mismo sentido, Wacquant (2008:62), sostiene que tanto los
efectos de la concentración de capital en pocas manos, como la creación de una industria
punitiva en expansión (cárceles, servicios de seguridad, armamento, sistemas de vigilancia,
etc.), están reproduciendo y manteniendo al sistema criminal organizado. Llevando éste
razonamiento al límite podemos identificar que ésta dinámica está alcanzando la esfera
política, en donde los circuitos informal e ilegal apoyan o eliminan representantes para
cargos públicos de influencia1.
Si la informalidad es una modalidad dinámica y moderna de la realidad cotidiana que aún
estando “fuera” del mercado formal, contribuye para la reproducción y el desarrollo de áreas
importantes del capitalismo actual (Portes, 1995: 26-27), entonces tendríamos que
reconocer que el crimen organizado constituye un elemento importante dentro del sistema
económico vigente que al yuxtaponerse tanto a la economía formal como la informal,
genera una configuración compleja de la economía real2. Por tanto, de manera análoga a lo
que con respecto a la informalidad plantea Sassen (1985:75:76) , podemos afirmar que las
actividades criminales de la última generación no son el resultado de estrategias de
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sobrevivencia sino la consecuencia de los patrones estructurales de transformación
económica vigentes. De éste modo, al considerar que dichos circuitos son imperfecciones
del sistema, solo se potencializa el problema, de modo que “cuando las burocracias
oficiales ordenan y reprimen, [se corre el riesgo] de fortalecer las mismas fuerzas que están
tratando de utilizar y de aprender menos de ellas” (Apter, 2009:222). Es entonces pertinente
analizar el funcionamiento de la economía formal en función de articulación de manera
estrecha y complementaria con la economía informal, y habría que extender el análisis a la
economía ilegal del crimen organizado como una tercera palanca en el sistema económico
vigente.
En síntesis, tenemos que dentro del orden económico existente no se puede subestimar el
papel que está jugando el capital proveniente de las actividades ilícitas, sobre todo porque
su poder corrompe tanto a las estructuras formales como informales, haciendo difícil
detener el impulso de un sector que se constituye como fuerza de mercado real en la
economía mundial. Así como sucede al restringir la economía informal, el ataque a la
economía ilegal solo recrea las condiciones para generar más informalidad e ilegalidad en
la ciudad.
Mientras que el sector informal engloba las actividades económicas no reguladas por el
Estado, la economía ilegal genera ingresos mediante actividades que no solo escapan a las
regulaciones formales del Estado sino que además son actitudes tipificadas como delitos
graves contra la sociedad. De acuerdo con Portes, la informalidad es la respuesta popular
a las restricciones legales sobre las actividades económicas que conducen a la
desregulación de facto de la economía (Portes y Haller, 2005:20)3. Bajo ésta lógica, la
criminalidad está conduciendo a la economía hacia el circuito ilegal el cual se articula no
solo con la economía informal sino también con la formal. Los asentamientos informales son
21
espacios no sin legitimación institucional, en donde si bien se asemejan formalmente a la
ciudad reconocida, a veces no existen dentro del registro espacial de los planos catastrales
o urbanos de la ciudad. En dichos asentamientos funcionan las tres economías articuladas
mediante mecanismos en maneras que van más allá de su clasificación conceptual, y en
donde la ilegitimidad (creada ó construida cuidadosamente dentro del marco legal), es
costosa para sus habitantes: empezando por la ausencia de derechos políticos y civiles
(siempre tienen el estigma de no tener los derechos de propiedad en regla), pasando por
las interminables aportaciones extra-legales para que les vayan construyendo los servicios
básicos, e incluso para pagar por su propia seguridad, hasta llegar a convertirse en una
extensión reconocida de la ciudad.
Fig. 1: Los Circuitos de la Economía Espacial en América Latina
22
IV. La ilegalidad como nuevo sector de la economía espacial
La economía criminal se apoya en el sector informal para reclutar personal para sus
organizaciones, establece rutas y puntos de venta en sus territorios y aprovecha las
condiciones estructurales del trabajo informal para transmutarla en ilegal. Por otra parte, el
crimen organizado se articula también con el sector formal mediante la corrupción de
funcionarios públicos, mandos militares y policiacos así como los entes encargados de las
comunicaciones aéreas, marítimas terrestres. De acuerdo con Portes (1995:185), “La
economía ilegal se encuentra mas cerca de la formal en el sentido de que ambas poseen
sistemas establecidos de imposición y desagravio, ya sea a través de la policía y los
tribunales o de un personal especializado [en] hacer cumplir las reglas”. Sin embargo, en
los últimos tiempos la economía informal ha sido infiltrada de manera más sistemática por el
crimen organizado, de modo tal que al ir ganando terreno en la economía, no solo se
mantiene como el beneficiario de las actividades netamente criminales, sino que éste se ha
diversificado en distintos ámbitos de acción como es la extorsión de vendedores
ambulantes y establecidos, el condicionamiento a la autorización de obra pública en la
ciudad o la ocupación de territorios sin importar su condición de formalidad o informalidad4.
A éste respecto, Feige (1990:990) hace una clasificación interesante sobre la economía
“clandestina” que comprende tres variantes de la economía popular (no reportada, no
registrada e informal), pero que además incluye la economía ilegal como aquella que
comprende la producción y distribución de bienes y servicios legalmente prohibidos (como
son la prostitución, drogas y juegos ilegales, etc.). Es necesario entonces subrayar la
superposición de dichas economías con la formal en virtud de que bajo una caracterización
sociológica tanto las categorías legal/delictivo como normal/anormal son definidas
socialmente por lo que están sujetas a cambios constantes. En la actualidad, dichas
23
categorías ya no son fácilmente definibles desde el momento en que para la producción de
un bien ilícito (drogas por ejemplo), intervienen actores formales e informales en las
distintas etapas de dicho proceso, el cual puede emplear medios y servicios formales y
lícitos sin que tengan que estar necesariamente coludidos con el crimen organizado.
Si bien la informalidad ha sido descrita como la “segunda economía” por las dinámicas
sociales y culturales en las que se sustenta, la criminalidad representa ahora un tercer
circuito económico concurrente y complementario a los dos anteriores. “La empresa ilegal,
que proporciona bienes o servicios ilícitos de manera recurrente, esta siempre acompañada
de algún tipo de acuerdo de ejecución, generalmente por la fuerza” (Portes, 1995:189). En
el caso de países con un estado de derecho tan deteriorado como México o Brasil, la
economía ilegal está sustentada por el mismo aparato formal, representado por las distintas
agencias gubernamentales y de seguridad pública, las cuales participan de manera
clandestina como elemento medular de su funcionamiento.
Por tanto, la gestión de la ciudad se ha venido convirtiendo en un espacio de negociación
entre los tres sectores: la ejecución de un proyecto de mejoramiento urbano en una favela
de Rio de Janeiro tiene que pasar por la aprobación tácita del “jefe” de la zona, quien
determina si las intervenciones urbanas ponen o no en peligro las operaciones del
narcomenudeo. O en otro contexto, el funcionario público a cargo de la autorización de
“zonas de tolerancia” para vendedores ambulantes (informales), puede llegar a determinar o
negociar quienes pagarán cuotas formales, informales y hasta ilegales en el caso de zonas
controladas por el crimen organizado.
La transición entre los tres circuitos es cada vez menos definida como también cada vez es
más frecuente que los jóvenes combinen las actividades en el circuito formal e informal con
el ilegal; como muestra Kessler (2003:19), los jóvenes marginales en América Latina están
24
integrándose paulatinamente a actividades delictivas como complemento a trabajos
formales e informales en la ciudad5. Del mismo modo que sucede con la informalidad, los
actores de la economía criminal no son realmente marginados del sistema, sino que están
integrados pero de una manera clandestina dentro del circuito ilegal. Por tanto, la era actual
caracterizada por la reestructuración económica global está empujando a la población hacia
los circuitos informales e ilegales dentro del plano económico.
Si coincidimos con Lomnitz (1988:54) en que la economía formal genera de manera
intrínseca su propia informalidad y que “mientras mas organizamos a la sociedad, más
resistente se hace esta a nuestras capacidades de organizarla” (Adams 1975:69), entonces
podemos sugerir que el sistema económico vigente genera su propia ilegalidad y que los
esfuerzos por eliminar dicho circuito serán estériles siempre que éste forme parte estructural
del sistema económico actual. Por tanto, la economía formal -dentro de condiciones de
polarización socioeconómica extrema y ausencia de un Estado de Derecho- genera su
propia criminalidad. En el caso de México, la guerra contra el narcotráfico se ha convertido
en una estigmatización de la población joven y marginal (quienes integran sustancialmente
las bandas de crimen organizado), extendiéndose a las mismas fuerzas del orden, en donde
la policía y el ejercito emplean jóvenes (e incluso menores de edad), casi invariablemente
de bajos recursos económicos. Por tanto, los más de 90 mil muertos a causa de la
mencionada guerra no se diferencian mayormente en cuanto a origen, educación o nivel
socioeconómico, generándose una guerra fraticida en donde se benefician los gobiernos
autoritarios, las industrias coercitivas y armamentistas, pero en especial las corporaciones
multinacionales, para quienes las crisis sociales se traducen en una menor resistencia a la
hegemonía y dominación.
Por tanto, el modelo formal/informal/ilegal adquiere entonces tres ámbitos importantes: la
25
dimensión territorial, que tiene una base poblacional; la dimensión social, que comprende
una estructura y patrones correspondientes de relaciones sociales; y la dimensión cultural,
como las ideas y actitudes tanto individuales como grupales operando bajo formas de
comportamiento colectivo y de control social.
Los proyectos de mejoramiento físico del entorno basados en la organización comunitaria
pueden estar legitimando la agenda de privatizaciones al llenar diligentemente el espacio
dejado por un Estado ausente, o bien pueda mejorar formalmente el lugar pero sin ponderar
el mejoramiento de las condiciones de vida, la precarización del ingreso, así como de las
capacidades políticas de sus habitantes. Como refieren Portes, Castells y Benton (1989), el
sector informal puede concebirse como aquel en donde existen las actividades no reguladas
dentro de una economía política en donde actividades similares se encuentran reguladas.
Esto significa que dichas actividades y la acción pública están intrínsecamente ligadas de
modo que tanto la formalidad, la informalidad y la ilegalidad -en el marco de un estado de
excepción- son condiciones que el Estado reproduce y alimenta. Por tanto, uno de los
puntos centrales será el identificar la manera como los aparatos de planeación y gestión de
la ciudad responden a una ausencia de referentes sólidos que les permitan establecer una
agenda e intervenir en el territorio atendiendo el interés común.
V. Conclusiones
La yuxtaposición entre los circuitos formal/informal/ilegal está generando un marco de
referencia sin anclajes reales, en donde los lazos sociales que mantenían tanto el sector
informal como el aparato legal que sostenía la economía formal ya no son suficientes para
mantener la cohesión social. Si bien los mercados informales no son fenómenos
económicos espontáneos sino instituciones estructuradas y reguladas deliberadamente, la
26
economía ilegal ahora forma parte del engranaje económico no solo local sino también
global6. Las condiciones estructurales y estructurantes de la economía como el sector
formal, informal, y ahora, ilegal, así como la superestructura conformada por la corrupción,
impunidad, descontrol y polarización socioeconómica permite solo ofrecer remedios
temporales (o estetizantes COMO FAVELA-BAIRRO) dentro de una realidad mucho más
dura. En contraste con las nociones de interacción social formal la ilegalidad no debe ser
interpretada como desorganización social o anarquía, sino que como argumenta Wacquant
(2002:6), la desorganización puede ser una forma institucional o un mecanismo
socioespacial de control social en donde dicha desorganización provee los espacios o
vacíos necesarios para que el circuito ilegal pueda funcionar de manera concurrente.
El modelo de circuitos formal/informal/ilegal corresponde a un sistema mayor de relaciones
sociales y funcionales vinculado al espacio físico. Este sistema es posible dadas las
condiciones de disolución de reglas de base, así como una atmosfera de impunidad y
miedo. Sugerimos entonces que los tres circuitos yuxtapuestos pueden analizarse en tres
líneas de investigación: la primera concierne a la relación del individuo con el territorio y la
manera como se ejerce el control social del espacio; la segunda se refiere a la relación del
individuo con la comunidad y de control social informal, y la tercera se orienta hacia la
relación del individuo consigo mismo y que tiene que ver con la autoestima, el autocontrol y
el autoconocimiento.
Mientras que en el plano social estamos experimentando un resquebrajamiento de las
estructuras de gobierno, de vigilancia y control y de cohesión comunitaria, nos encontramos
frente al agotamiento de un modelo productivo, democrático y social que no ofrece
perspectivas de desarrollo para los sectores más jóvenes y marginales de la población
(Valenzuela, 2011:52). No obstante, es también indispensable el reconocer y analizar el
27
papel que las redes internacionales del crimen organizado (actualmente el trafico humano y
de estupefacientes) está jugando en la conformación de sistemas económicos de alta
complejidad y dinamismo. Si consideramos que las actividades informales e ilegales no son
marginales en absoluto (dentro de los ingresos del país el narcotráfico compite con el
petróleo y las remesas), entonces habría que reconocer la estrecha relación que éstas
guardan con el sector formal, constituyéndose como una componente esencial de la
economía actual en América Latina, en donde la producción, tecnologías y operadores del
circuito ilegal se están integrando a las economías locales, regionales e transnacionales.
Notas:
1. Es dramático el hecho que en México casi una docena de alcaldes o candidatos a
alcaldías fueran asesinados en 2011.
2. Se calcula que los ingresos por narcotráfico están por encima de las remesas como los
ejes principales de la economía del país.
3. Sin embargo, Portes difiere de la visión legitimadora del mercado de Hernando de Soto
(1989).
4. Souza refiere un reportaje aparecido en el diario O Globo en donde las obras del
programa Favela-Bairro acabaron negociándose con el jefe del cartel de droga local,
mientras que en otro caso la instalación de un centro cultural sería vetada por la asociación
de vecinos, bajo el argumento de que representaba un punto de observación y control
estratégicos (Souza, 2008: 120).
5. Por otra parte, la definición de ilegalidad ha servido también a los gobiernos como
instrumento de control social al estigmatizar a los delincuentes como seres inferiores,
28
inmorales e indignos de los derechos humanos.
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