Hechos consumados e independentismo

Ante la escalada de actos por parte de Mas, el ejecutivo está tomando iniciativas que están contempladas en el ordenamiento jurídico español. Ahora bien, parece que la desobediencia civil que está siendo impulsada y la previsible puesta de las urnas, así como la intención aparentemente muy firme de celebrar la consulta, aún en contra de lo que dictamine el Tribunal Constitucional es algo que puede ser muy negativo para la estabilidad institucional de la nación española. Además nuestra imagen ante los países que constituyen la Unión Europea puede verse debilitada por estas actitudes secesionistas. En un Estado de Derecho el imperio de la ley debe hacerse cumplir, si es necesario, con el legítimo uso de la fuerza. El poder catalán ha incumplido diversas sentencias judiciales acerca de la enseñanza del español en las aulas catalanas, y este hecho no produce consecuencias, ya que se deja pasar. Y las sentencias de altos tribunales también deben ser cumplidas, y no ser como papel mojado. Porque corresponde al ejecutivo que se ejecute lo sentenciado, en todos los casos. Es verdad que también es posible la suspensión de la autonomía. Con estos precedentes en el caso del gobierno catalán las perspectivas respecto a la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre no parecen ser tranquilizadoras, sino todo lo contrario. Aunque el Consejo de Estado ya ha afirmado de modo unánime la posición establecida en la Constitución y la presunta ilegalidad del referéndum, y el gobierno recurra al Tribunal Constitucional parece que la intención de Mas y de sus socios de gobierno es no dar marcha atrás, y celebrar la consulta. La Generalitat se dice que va a gastar del orden de unos nueve millones de euros en la logística del referéndum. Esto es algo inaceptable desde un análisis legal mínimamente profundo. Que se movilicen miles de mossos de escuadra para que se logre la celebración de la votación es otra muestra de falta de respeto a la legalidad vigente. Y es algo que no debe ser consentido por el poder ejecutivo central.En los últimos años la política catalana es un reiterado y constante desafío al poder central. Y funciona con hechos consumados ante la inacción continuada en determinadas cuestiones del gobierno de la nación. Si esto sigue así, lo que, tal vez, pasará es que será destruida la unidad de España, y se convertirá en un reino de taifas, porque otras autonomías pueden querer seguir los pasos del secesionismo catalán.En conclusión, aunque este tipo de conflictos deben ser resueltos pacíficamente me parece que el uso de la fuerza legítima y proporcionada es algo racional para que se cumplan las leyes. En definitiva, que las fuerzas de orden público y el ejército que garantizan la unidad del territorio español, tal como establece nuestra Carta

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Magna pueden ser enviados para normalizar la situación política en Cataluña, si no hay otra forma posible de que se cumplan las decisiones y las sentencias que siguen un estricto procedimiento legal. Porque un estado de derecho no debe aceptar la política de hechos consumados, y si se celebra la consulta decir que es ilegal y no es válida no es suficiente, ya que esto alimentaría un cruce de declaraciones que no daría un buen resultado, ya que sería una muestra de debilidad que aprovecharía el independentismo para separarse de facto de España.

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