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INFORME DE COYUNTURA
DESINDUSTRIALIZACION Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA
EN LA ARGENTINA POSAJUSTE
Setiembre 1993
ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación
2
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP)
Director
Claudio Lozano
Área Estudios Políticos
Artemio López
Área Economía
Eduardo Basualdo
Roberto Feletti
Claudio Lozano
Coordinación Estudios de Coyuntura Económica
y Departamento Estadístico
Roberto Feletti
Alejandra Maddonni
Área Legislación Laboral, Distribución del Ingreso
y Políticas Sociales
Beatríz Fontana
(Colaboran en este número: Hilda de Martín, Guillermo Gianebelli,
Catalina Fratalocchi y Marcos Ambruso)
Centro de Documentación
Paolina Bustos Fernández
Gerardo Borrajo
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INDICE
I. PANORAMA GENERAL
• LA CUESTION ECONOMICA
• LA CUESTION POLITICA
II. EL PLAN DE DIOS. Competencia de Elites o Participación Ciudadana
• LA ARGENTINA POSAJUSTE
• GOBERNABILIDAD Y SISTEMA PARTIDARIO
• GOBERNABILIDAD Y ESTRATEGIAS SINDICALES
• GOBERNABILIDAD Y CORPORACION MILITAR
• GOBERNABILIDAD E IGLESIA
• GOBERNABILIDAD Y REFORMA CONSTITUCIONAL
III. EL PLAN BRADY. Un Nuevo Escenario para Viejos Interrogantes
• ECONOMIA REAL
– El PBI en la “Década Perdida” y a Principios de los ‘90
– Estrategias Empresarias y Sectores Productivos
– Inversión y Sector Externo
– Comercio Exterior
• EL AJUSTE FISCAL
– Metas Comprometidas con el FMI y Evolución de la Tesorería
– Recaudación Tributaria
– El Empleo Público
– Privatizaciones
– El Ajuste Provincial
– Administración Nacional de la Seguridad Social
• MONEDA Y CREDITO
– Tendencias de la Política Monetaria y Financiera
– Caracterización del Sistema Financiero
– Rentabilidad Bancaria
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IV. PANORAMA LABORAL
• O.I.T.: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
• MODIFICACIONES NORMATIVAS A PARTIR DE 1989
• ANALISIS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO
• ENCUADRE SOCIAL DE LA LEGISLACION LABORAL
• COSTOS LABORALES Y FLEXIBILIZACION
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POR GERMAN
Lo conocimos hace trece años. En ese momento, desde su práctica sindical vinculada a la
Agrupación que luego recuperaría ATE, dirigía un Instituto de Formación y Capacitación Sindical.
En plena etapa dictatorial, se dedicaba a abrir espacios de debate sobre lo que nos estaba ocurriendo
a lo largo y a lo ancho del país. Lo conocían pocos, y ya asombraba por su capacidad y lucidez.
Era de los que creían que los trabajadores tenían que dar forma a sus propios espacios de
producción intelectual. No porque subsumiera burdamente el aporte intelectual a la práctica político-
gremial, sino porque privilegiaba la mirada sobre la realidad situada socialmente: pensaba que
cuando esto no ocurría, los intelectuales solían transformarse en profesionales al servicio del
financiamiento y el poder de turno.
Toda la producción de nuestro Instituto, más aun, su existencia
misma, tiene que ver con él, con su historia y con su práctica. Probablemente sea el símbolo
político más notable de este nuevo movimiento de los trabajadores que tanto cuesta parir en esta
Argentina decadente. Transitó los espacios institucionales sin olvidarse de dónde venía y sin el
doble discurso típico de buena parte de la dirigencia política.
Construimos en conjunto y debatimos a fondo los rumbos a seguir en este país. Sin embargo,
todo señalamiento resulta limitado y limitante para hablar de Germán.
Irradiaba afecto en una medida difícilmente imaginable en la
política argentina. Su discurso tenía siempre la virtud de conmover y generar compromiso.
Seguramente, porque no era sólo discurso. Era su propia vida la que hablaba.
La historia de esta Argentina que nos toca vivir está cargada de tragedia. El 13 de julio ésta se
actualizó al extremo. Perder a Germán suena a desastre. Sin embargo, y aunque a veces no nos den
ganas, bien vale la pena acordarse de sus propias palabras:
“Compañeros: yo sólo soy apenas, un pedacito, por arriba, de
aquello que Ustedes construyen todos los días, por abajo". Así nos decía en su último
encuentro con los trabajadores. Así lo expresaba el 14 de Noviembre de 1992 al fundarse el
Congreso de los Trabajadores Argentinos. Perder a Germán, entonces, sigue sonando a desastre.
Pero mueve también a desafío. A persistir en esa tarea monumental de construcción política y social
que tenemos planteada en este país, y a la cual él le entregó su vida.
6
Este Informe que ofrecemos es tan sólo un pedacito de la enorme construcción de la que
Germán hablaba. Sin embargo, sería un error decir que es para él. En todo caso, es por él. Porque
vidas como la suya alientan la tarea cotidiana. Porque las olas de ese mar al que decidió irse,
vuelven una y otra vez, con toda su "polenta" para decirnos que sigue teniendo sentido.
Que pese a todo, como él decía:
"Hay un nuevo camino que alumbrar,
y un mundo nuevo por construir."
Setiembre 1993
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I. PANORAMA GENERAL
Dos datos de la coyuntura sirven para introducir las claves de análisis que caracterizan el
presente Informe. Por un lado, el reciente anuncio oficial respecto de los niveles alcanzados por la
tasa de desocupación (9,9%). y por otro, la renuncia del ministro del Interior Gustavo Béliz
denunciando las poco ortodoxas fórmulas del menemismo para alcanzar el ansiado objetivo de la
reelección.
El primero de los datos comienza a desarticular la madeja de mitos construidos en torno de
indicadores oficiales que, hasta el presente, sonreían frente a la Convertibilidad. El segundo
evidencia, al extremo, la estrechez política del menemismo (llevada al límite en las recientes
agresiones al periodismo) y señala la conformación de una nueva oferta de gobernabilidad en la
perspectiva de una Argentina posajuste. Esta oferta atraviesa la globalidad del sistema político-
institucional (Partidos, Organizaciones intermedias, Iglesia) con independencia inclusive de
diferenciaciones ideológicas.
LA CUESTION ECONOMICA
El primero de los trofeos que suele esgrimir el Gobierno para defender su gestión radica en
haber alcanzado la ansiada "estabilidad". Sin embargo, caben hacer algunas reflexiones frente a la
fría exhibición de los porcentuales de inflación mensual. La primera de ellas remite a los problemas
de equidad implícitos en la tasa mensual que se considera.
Señalamos esto dada la desigual evolución que presentan los precios de los productos
vinculados a la canasta básica respecto de la media general del índice minorista. Alimentos,
alquileres, tarifas, etc. presentan una suba significativamente superior en relación con el 50% que
acumulan los precios al consumidor desde el comienzo de la Convertibilidad. Tal cual se explica en
este Informe, los diferentes comportamientos en materia de precios refieren a la distinta capacidad
que cada mercado presenta para maximizar la tasa de ganancia en dólares.
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La apertura al ingreso de la producción importada actúa como techo a la evolución de los
precios en aquellos rubros donde puede haber competencia. No produce efectos en mercados
cautivos asociados a la prestación de servicios públicos hoy privatizados; tampoco en aquellos
bienes o servicios donde resulta imposible instrumentar mecanismos de competencia externa y, en
modo alguno, inhibe la evolución de aquellos productos donde la Argentina tiene notorias ventajas
comparativas.
Así el trigo, los alquileres y las tarifas escapan al instrumento con que la Convertibilidad
disciplina el aumento de los precios. En estos mercados, al no funcionar la competencia con la
producción importada, cuando los precios tienden a bajar (o a no evolucionar) el ajuste de los
mismos se logra por caída de la demanda. En este sentido, el anuncio oficial de inflación cero para
el mes de Agosto debe asociarse con la manifestación de notorios signos recesivos.
Por cierto, no parece adecuado plegarse entonces a la euforia oficial que, vía comparación de
índices inflacionarios, trata de vincular el "guarismo" de agosto con la antesala del ingreso al Primer
Mundo. No sólo los países desarrollados exhiben bajas tasas de inflación. Bolivia o Haití muestran
incluso momentos de deflación (caída del nivel general de precios). Sin embargo, dichas situaciones
o las bajas tasas de inflación mensual pueden convivir (como en las naciones mencionadas) con
realidades de estancamiento y degradación social. La inflación no es otra cosa que expresión de la
contienda social por la apropiación del ingreso.
La desigual evolución de los precios refleja la mayor o menor capacidad de los distintos
sectores para apropiarse de los ingresos generados; capacidad ligada indisolublemente a la desigual
distribución del poder económico. En tanto la inflación es conflicto, todo plan de estabilización
supone la instauración de un "orden". Esto es lo que, en todo caso, debe discutirse. Una baja tasa de
inflación mensual puede ser efecto de políticas disímiles, incluso antagónicas. Puede convivir con
contextos distintos. La sola comparación entre la inflación cero de Gelbard y la de Domingo Cavallo
basta para entender lo que estamos señalando. Haciendo culto a la ideología del número, el
Gobierno procura desplazar el verdadero debate sobre el "orden" que intenta establecerse.
9
Pero además del problema de equidad implícito en la presente estabilidad, al evidenciarse
desde la Convertibilidad en más un proceso de inflación en dólares, lo que se resiente es la
"competitividad de la economía argentina".
Un desequilibrio comercial externo (exportaciones menos importaciones) cercano a los 2.900
millones de dólares en 1992, y un aumento superior al 20% del citado desequilibrio en lo que va de
1993, reflejan la importancia de este punto. Máxime cuando, en un marco internacional que
evidencia elevada disponibilidad de recursos financieros a baja tasa de interés, el esquema
macroeconómico de la Convertibilidad tiende a cerrar con la gestación de un Nuevo Endeudamiento
Externo (deuda financiera y comercial que, una vez más, –y gracias al Brady– aparece tomada por
los mismos grupos empresarios que hace más de quince años generaron el endeudamiento que aún
hoy estamos pagando).
Este endeudamiento, que incluso aparece asociado crecientemente a las empresas públicas de
reciente privatización –con tarifas cuyos niveles reales resultan los más altos de la historia
económica argentina, con excedentes importantes captados por los nuevos consorcios–, no hace más
que actualizar la imprescindible necesidad de un marco regulatorio para estas actividades.
Por las características de los servicios que prestan estas empresas, lo cual inhibe la posibilidad
de una quiebra, los problemas que pudieran surgir de situaciones como éstas afectarían al conjunto
de la comunidad, ya sea a través de las tarifas, del subsidio estatal directo o de mayores concesiones
a los consorcios privados. Aerolíneas Argentinas es, en este sentido, un ejemplo para no perder de
vista.
Cualquier referencia a la estabilización lograda no debería omitir los problemas que, a juicio
de este informe, resultan centrales. Falta de equidad, desarticulación de la competitividad y mayor
endeudamiento externo sostienen este presente de "estabilidad".
El segundo de los argumentos que esgrime el oficialismo se relaciona con el crecimiento del
Producto Bruto Interno. En este punto también debieran efectuarse algunas consideraciones.
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La inflación en dólares antes señalada, y la apertura general a la producción importada, han
posibilitado que el crecimiento del PBI conviva con un fuerte proceso de desindustrialización. Una
encuesta reciente encargada por el propio Ministerio de Economía revela que una cuarta parte de los
productos importados por las principales firmas industriales son de consumo final y tienen por
objeto ser simplemente comercializados por la firma local.
Un exiguo porcentaje de lo importado (7%) remite a equipamiento y bienes de capital y, el
resto, a la incorporación de partes, insumos y piezas que, en muchos casos, desplazan a productores
locales. Desindustrialización, configuración de una industria de ensamblado y destrucción neta de
puestos de trabajo en el sector definen el panorama.
Los estudios que nuestro Informe de Coyuntura ponen a consideración permiten observar que
el movimiento sectorial, reflejado en la encuesta encargada por el Ministerio de Economía, es efecto
de las nuevas estrategias puestas en marcha por los grandes grupos empresarios. En un contexto de
tipo de cambio fijo, apertura a la producción importada, desguace estatal, disponibilidad de recursos
financieros externos y ampliación de negocios a escala regional, los conglomerados más relevantes
de la Argentina siguen una senda de desindustrialización, expansión en áreas de servicios públicos,
especialización en la producción primaria (fundamentalmente petróleo y gas) y especialización
industrial con claros rasgos de achicamiento sectorial y elevada composición de componentes
extranjeros en la producción local.
El estudio que ofrecemos intenta bosquejar en su capítulo económico una tipología para las
diferentes estrategias empresarias. Esta se funda en la performance que cada grupo económico
presenta frente a un rasgo clave de la etapa: "las privatizaciones".
En síntesis, el cuadro que se presenta combina el crecimiento en el PBI con el incremento en
las tasas de desocupación, la degradación del poder adquisitivo y un fuerte contenido de
desindustrialización acorde con el proceso de reprimarización que vive hoy la economía nacional.
Estos signos reflejan la afirmación de un modelo incapaz de generar empleo aun creciendo, sin
posibilidad de incorporar progreso técnico y que carece, por lo tanto, de capacidad para satisfacer las
postergadas demandas de la sociedad argentina.
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El dispositivo de política económica en curso define un nuevo patrón de precios relativos que
promueve una mayor concentración, desarticulando a los pequeños y medianos empresarios del
campo y la ciudad. A la vez, perpetúa el ajuste con énfasis sobre los estados provinciales (véase
Cap. III) y sobre el mercado de trabajo vía reforma laboral y privatización del sistema previsional
(véase Cap. IV).
LA CUESTION POLITICA
La consolidación de un modelo de esta naturaleza –con costos evidentes en términos de
fragmentación social, productiva y regional– no se produjo bajo cualquier gestión política. Fueron
imprescindibles dos ingredientes básicos: la degradación extrema del Estado de Derecho y la
corrupción. La ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia y el
desplazamiento del Parlamento, así como la eliminación del consenso y su reemplazo por la
corrupción como clave para instrumentar políticas públicas, definen la etapa política 1989/1993.
La contrapartida lógica de este escenario supone una alta concentración de poder en el
Ejecutivo gobernante, devalúa al límite las mediaciones Estado-Sociedad a través de los partidos
políticos y privilegia la representación corporativa. En este marco se observa una notoria pérdida de
representatividad del sistema de partidos políticos, y un retroceso evidente de la participación
comunitaria. Una lectura atenta de las internas partidarias muestra (con diferencias de acuerdo a las
estructuras) la primacía creciente de corporaciones de militantes profesionalizados por sobre la
participación ciudadana.
El panorama que se configura al amparo de esta gestión estatal del ajuste tiende a consolidar
una democracia de élites; ésta transforma las internas partidarias en un simple proceso de selección
de liderazgos, en el cual los rumbos centrales en materia política, social y económica, no se ponen
en discusión.
El cercenamiento progresivo de los espacios favorables al disenso democrático se transformó
así en clave para la afirmación del ajuste en curso. Precisamente, la práctica menemista articulada en
torno del objetivo de la reelección no hace más que forzar al límite la continuidad del formato estatal
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ejecutivista. Sin embargo, y es bueno señalarlo, las propuestas en este sentido no se agotan con
Menem.
Tanto al interior del PJ como afuera de él, pueden observarse tendencias similares. Del mismo
modo en las distintas organizaciones políticas y sociales, se observan propuestas que ponen en
discusión el actual formato estatal más allá del corte político que supone la adhesión o no a la
reelección presidencial en la presente coyuntura y que, prácticamente, sitúa a "Menem contra el
mundo" y que por eso mismo tiene dudosa eficacia analítica, parece factible identificar otro corte
posible en la política nacional.
De cara a las elecciones de 1993 y 1995, y en el marco de la estrechez política que supone el
menemismo reeleccionista, toma forma una nueva oferta de gobernabilidad en la Argentina
posajuste fundada en la redistribución de poder al interior del aparato estatal. El recorte a la primacía
del Ejecutivo, la revalorización del Parlamento, la transformación de la Justicia, y la restauración del
rol de los partidos políticos en las mediaciones Estado-Sociedad, son claves de un escenario
político-institucional que pretende promover un orden democrático fundado en una mayor
participación ciudadana.
La lectura de las internas partidarias o el posicionamiento de los diferentes sectores políticos
frente a esta discusión, el debate al interior de la Iglesia, los sindicatos o la propia institución militar
pueden ser evaluados a la luz de este corte político que estamos señalando. Esta es la propuesta de
análisis que el lector encontrará en el capítulo político del presente Informe.
No utilizamos este criterio por casualidad. Creemos falaces los análisis que divorcian la
evaluación de los procesos políticos de la de los procesos económicos. Sin duda alguna la etapa
1989-1993 supone un momento de consolidación del proyecto de los sectores dominantes en la
Argentina, el cual irrumpió de la mano del terrorismo de Estado que se profundizó durante la década
del '80, pero que para su consolidación ha requerido del cercenamiento progresivo de los espacios
democráticos y la degradación extrema del Estado de Derecho. En el marco democrático, la regla
para legitimar políticas públicas es el consenso, las propuestas de exclusión, sin embargo, no pueden
consensuarse: requieren de la corrupción como mecanismo dirigido a garantizar las políticas
públicas comprando voluntades y silenciando oposiciones.
13
Degradación del Estado de Derecho y corrupción son así dos aspectos inherentes a esta
Argentina que promueven las clases dominantes. Por la inversa, la primacía del Estado de Derecho,
una mayor participación ciudadana y el consenso como clave de la organización del sistema
político-institucional, supone colocar límites comunitarios a una evolución económica signada por la
primacía de los acreedores externos y los sectores dominantes locales.
La importancia de una mirada sobre la realidad que integre lo expuesto en materia política con
la etapa económica que transitamos, no tiene para nosotros un mero valor analítico. Implica,
también, consideraciones que pueden ser útiles a la hora de definir una estrategia de poder destinada
a reposicionar a los sectores populares en la Argentina del '90.
Así, podrá observarse que no todos los sectores políticos que dicen posicionarse de una
manera adversa frente al modelo económico promueven prácticas destinadas a cuestionar el formato
ejecutivista o dirigidas a potenciar una mayor participación ciudadana (Ej.: Aldo Rico; izquierda
marxista tradicional; cierto peronismo ortodoxo). Del mismo modo, este esquema de análisis que
integra política y economía descree de la viabilidad de maquillajes institucionales que mantenga
inalterado el modelo económico en curso (Ej.: sectores internos del PJ y la UCR). En este sentido, el
compromiso con la primacía del Estado de Derecho y la profundización democrática en la
Argentina, no podrá independizarse de rectificaciones significativas en el rumbo de la economía.
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II. EL PLAN DE DIOS
Competencia de Elites o Participación Ciudadana
"... el rumbo del Gobierno, lo marca Dios...”
Dr. C. S. Menem
LA ARGENTINA POSAJUSTE
El año 1993 señala un punto de inflexión estructural en la práctica política global de la
Argentina, cuyo sentido final puede expresarse en esta pregunta: ¿cambio de modalidad de gestión
estatal del posajuste o continuidad del actual formato?
Se ha señalado en Informes anteriores que "el predominio del Poder Ejecutivo, como
resultante de la actual distribución de poderes al interior del aparato estatal, es un rasgo temporal
propio de predominios inestables en el mapa de las facciones dominantes, como tal, no
necesariamente permanente". Por otra parte, también se sugería que "con el ingreso del país al Brady
y la probable institucionalización del predominio acreedor estable que comporta, por primera vez en
décadas están creándose las condiciones de posibilidad para la emergencia de un nuevo formato
estatal con una distribución interna del poder de gestión diferente de la actual, que traslade los
predominios desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo".1
Continuando en esta perspectiva de análisis, es posible interpretar el sentido político de
mediano plazo de las varias novedades presentes en una coyuntura que, como la actual, ofrece como
característica central la convivencia cada vez más nítida de dos formatos de Estado diferentes y sus
correspondientes ofertas de gobernabilidad contrastantes: democracia de competencia de élites o,
por el contrario, democracia de participación
1 Informe de Coyuntura. IDEP-ATE, Mayo 1992.
15
Se trata de ofertas de gobernabilidad divergentes que atraviesan horizontalmente al sistema
político partidario más allá de sus formas ideológicas impactando, incluso, sobre buena parte de la
trama corporativa presente en la sociedad argentina de fines de siglo.
La cuestión que sirve de divisoria de aguas entre estas ofertas de gobernabilidad hegemónicas
no es centralmente una cuestión de contenidos sino, por el contrario, de formas de gobierno y
supone una discusión en profundidad del formato estatal que gestionará políticas públicas en la
Argentina posajuste. Más precisamente aun, la cuestión política central consiste en dirimir si el tipo
de gestión y mediación estatal de fin de siglo responderá a un patrón de distribución del poder
interno del aparato con predominio instalado en el Poder Ejecutivo, mediado por corporaciones o,
por el contrario, se desplazarán los predominios hacia el Legislativo, restaurando las hoy devaluadas
mediaciones Estado-Sociedad a través del Sistema Político-Partidario.
En síntesis, bien entrada la etapa de transformaciones estructurales profundas –y habiendo
gobernado ya los dos partidos mayoritarios que a su tiempo fueron refundados por y en sus
respectivos períodos de gobierno posdictatoriales– comienzan a diseñarse, en algunos casos, nuevos
escenarios posibles para el desarrollo de la futura práctica político-institucional y del Estado en la
Argentina a fin de siglo.
Las características que asumen estos nuevos escenarios son específicas de cada espacio de
realización y constituyen verdaderas ofertas de gobernabilidad a futuro que, en los casos en que son
anteriores a la gestión de Estado, se expresan al interior de los espacios político-institucionales y de
las corporaciones (partidos, sindicatos, Iglesia etc.), bajo la modalidad aun difusa de líneas internas,
agrupaciones, corrientes de opinión, etcétera.
Detengámonos en el análisis de algunas de estas experiencias políticas, en las que se expresan
las dos formas de gobernabilidad actualmente hegemónicas, que diseñarán el futuro político
institucional argentino, al menos en el mediano plazo.
GOBERNABILIDAD Y SISTEMA PARTIDARIO
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Entre los pasados meses de mayo y junio, los partidos mayoritarios realizaron elecciones
internas en territorios considerados clave –Capital y Provincia de Bs. As.– a las que hay que sumar,
en el caso del PJ, las internas abiertas mendocina y cordobesa.
Los resultados encierran novedades de importancia de cara al futuro comportamiento político-
institucional.
Sin embargo, es necesario destacar primero, aunque más no sea muy brevemente, el actual
comportamiento de las formas tradicionales de legitimación de candidatos por parte del sistema
partidario nacional, cuya característica fundamental es la interna cerrada, con creciente predominio
de las corporaciones de militantes profesionalizados por sobre la participación ciudadana.
Obsérvese el caso del PJ y la UCR porteños donde la participación en los comicios internos de
ambos partidos apenas superó el 30% de los respectivos padrones.
Esta concurrencia, según la modalidad de división de votos de cada interna particular, en
algunos casos consagra candidaturas de élite –en el sentido preciso que otorgan a este concepto las
teorías del poder democrático de las élites, sobre las que nos detendremos más adelante.
Existen situaciones donde la crisis de representatividad –tanto del proceso de selección global
como de los candidatos electos– es de tal magnitud que legaliza la discusión abierta ya, con
intensidad creciente, sobre la conveniencia de una profunda reforma política nacional que tienda a
ampliar la participación ciudadana en la determinación de candidaturas partidarias.2
Como prueba de caducidad específica del sistema tradicional de representación interna de los
partidos, se analizará un caso paradigmático de crisis de representación: los respaldos electorales
obtenidos por la lista oficial del PJ Porteño, encabezada por el binomio González-Toma.
2 En este sentido, las intervenciones del ex-ministro Béliz respecto de la necesidad de reformas políticas nacionales y distritales profundas fueron adecuadas. Mas allá de su formalización en proyectos específicos, como los de reducción de edades y reorganización de las secciones electorales porteñas, algunos diseñados en atención a urgencias electorales del oficialismo, más que en perspectiva de promover la participación ciudadana, Gustavo Béliz señaló un problema realmente central para el futuro político-institucional argentino: la crisis de representación.
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Según los datos conocidos, concurrieron a votar 48.919 afiliados peronistas porteños, el 31%
del padrón justicialista que asciende en Capital a 157.320 ciudadanos. La fórmula "ganadora"
acumuló 26.870 sufragios, el 54,93% de los votos emitidos, tan sólo el 17% del padrón justicialista
y apenas el 1,09% del padrón electoral general del distrito, que ascendía en 1992 a 2.460.883
ciudadanos en condiciones de votar; la interna peronista porteña tuvo también un índice bajísimo de
representatividad global del 1,96%.3
Este índice de representatividad del 1,09% que registran los candidatos "triunfantes" del PJ
Porteño, que indica que una base de 2.500.000 ciudadanos reciben la oferta electoral sostenida en
el vértice por apenas 26.000, debe ser rápidamente revisado si es que se desea detener en algún
punto el deterioro de los niveles de representatividad del sistema político partidario que –por citar
tan sólo un caso espectacular– hizo trepar el ausentismo electoral porteño del 15% histórico a casi el
30% en el lapso de sólo dos convocatorias en el período 1989-1992.
Este mecanismo de selección de liderazgos, con un coeficiente de representatividad
extremadamente bajo, a través del proceso de sustitución de la participación ciudadana por
corporaciones de militantes semiprofesionalizados, tiene consecuencias políticas de gran
importancia, en tanto constituye uno de los mecanismos centrales en la Argentina para la formación
de élites democráticas.
Lejos de ser una característica ad hoc de nuestro sistema político institucional, la constitución
de élites, como soportes estructurales de regímenes democráticos, se encuentra ampliamente
difundida y, de hecho, se hace presente en las prácticas institucionales de múltiples países, sean
éstos centrales o periféricos.
Al respecto, existe toda una generación de politólogos, principalmente alemanes, teóricos de
las élites –herederos intelectuales de Mosca y Pareto– que justifican la formación de élites
democráticas, en tanto suponen que en la práctica resulta la única alternativa racional posible frente
a las formas totalitarias de poder.
3 Así como el índice de representatividad de una Lista en particular expresa el porcentaje que representan los votos obtenidos por la misma respecto del correspondiente padrón general de electores, el índice de representatividad global de la interna representa el porcentaje de los electores totales presentes en los comicios internos respecto del padrón generar.
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Tómese como ejemplo de lo dicho la "Teoría del poder democrático de las élites", desarrollada
por el sociólogo Peter Bachrach, según la cual, las condiciones de la democracia se satisfacen
plenamente cuando: "...a) los electores pueden optar por élites competidoras: b) las élites no logran
que su poder se vuelva hereditario ni consiguen impedir a nuevos grupos sociales el acceso a
posiciones de élites: c) las élites se ven obligadas a apoyar coaliciones cambiantes, de manera que
no pueda imponerse una forma de poder excluyente; d) las élites que dominan en los diversos
ámbitos de la sociedad –p. ej. en la economía, la educación y el arte- no pueden forjar una alianza".4
Esta reinterpretación de las teorías clásicas de la democracia –donde la racionalidad del
sistema descansaba en la participación ciudadana– mediante un tipo de racionalidad fundada en la
competencia entre élites, fue duramente criticada por el sociólogo alemán Jürgen Habermas.
Precisamente, así lo hizo en tanto para estas nuevas teorías de las élites "la democracia ya no
se define por el contenido de una forma de vida que hace valer los intereses generalizables de todos
los individuos, ahora no es más que el método de selección de líderes y de los aditamentos del
liderazgo. Por democracia ya no se entienden las condiciones en que todos los intereses legítimos
pueden ser satisfechos mediante la realización del interés fundamental en la autodeterminación y la
participación, ahora no es más que una clave en la distribución de recompensas conformes al
sistema y por tanto un regulador para la satisfacción de intereses privados. La democracia ya no se
asocia con la igualdad política en el sentido de una igual distribución del poder político, es decir de
las oportunidades de ejercer poder, la igualdad política sólo significa ahora el derecho formal de
acceso al poder con iguales posibilidades, es decir 'el derecho igual a ser elegido para posiciones de
poder'. La democracia ya no persigue el fin de racionalizar el poder social mediante la participación
de los ciudadanos en procesos discursivos de formación de la voluntad, más bien tiene que
posibilitar compromisos entre las élites dominantes. Con ello, en definitiva, se abandona también la
sustancia de la teoría clásica de la democracia, ya no todos los procesos de decisión de alcance
político, sino sólo las decisiones del sistema de gobierno definidas como políticas deben someterse a
los mandatos de la formación democrática de la voluntad. Por virtud, entonces, de un pluralismo de
las élites que sustituye la autodeterminación del pueblo, el poder social ejercido como si fuese un
poder privado se descarga de la necesidad de legitimarse..."5
4 Bachrach, Peter en Habermas, Jürgen, "Problemas de legitimación en el capitalismo tardío", pág. 149. Amorrortu, 1975. 5 Habermas, Jürgen, op.cit., pág. 148
19
Pese a lo extenso de la cita, nos permitimos incorporarla al texto, pues en el transcurrir de la
polémica iniciada por el filósofo alemán contra la pretensión de una democracia de élites, tal vez el
lector habrá podido imaginar situaciones hasta encontrar discretas semejanzas con nuestro acontecer
político en general y la actual gestión peronista del ajuste en particular.
Ciertamente, en las páginas de estos Informes, se ha señalado como fundamental en la
caracterización del actual modelo de gestión, el formato estatal con marcado predominio del Poder
Ejecutivo, uno de cuyos síntomas, tal vez el más espectacular, es la inimaginable utilización
sistemática del Decreto de Necesidad y Urgencia por el poder político por sobre los mecanismos
constitucionales que dan intervención precisa a los Poderes Legislativo y Judicial en la elaboración
y sanción de leyes.
Esta característica es típica de las formas de gobernabilidad democrática de competencia de
élites, en tanto el sustento ideológico del Decreto en general, y del DNYU en particular como
modelo sistemático de gestión supone –como lo señalara Habermas– que "no todos los procesos de
decisión de alcance político sino sólo las decisiones de gobierno definidas como políticas" por las
élites gobernantes deben someterse a los mandatos de la formación democrática de la voluntad,
mediante la autodeterminación del pueblo, siempre sujeta a normas constitucionales precisas.
Esta "descarga de la necesidad de legitimarse", que la democracia de competencia de élites
observa para aquellas decisiones que las élites juzgan no "políticas" ––decisiones no sujetas a
discusión por necesidad, urgencia o simplemente por estar en la "naturaleza" de las cosas– es el
sostén ideológico del Decreto del Ejecutivo.
En esta perspectiva, la ausencia de legitimación de las élites del actual gobierno es tan extrema
y extendida que, según lo señala un estudio realizado por Delia F. Rubio y Matteo Goretti del Centro
de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas –CEPPA–, "Carlos Menem emitió más decretos de
necesidad y urgencia que todos los presidentes constitucionales en 136 años".
20
CUADRO Nº 1. Decretos de Necesidad y Urgencia Reconocidos y No Reconocidos Durante la
Gestión Menemista
DNYU 1989 1990 1991 1992 Total
Reconocidos 18 31 59 35 135
No reconoc. 12 31 26 32 101
TOTAL 30 62 85 67 244
* Fuente: Revista "La Maga" 11 /8/93.
Durante el período 1853-1989, los presidentes constitucionales recurrieron sólo en veinticinco
oportunidades al DNYU, en tanto en el período 1989-1993, el Dr. Menem dictó 244 Decretos de
Necesidad y Urgencia, de los cuales sólo se reconocieron como tales 143, evitándose en los 101
restantes la mención del tipo de Decreto.
Interna Peronista
Provincia de Buenos Aires
En rigor, la interna peronista de Provincia de Buenos Aires demostró la incapacidad del
menemismo de implantarse con eficacia en el principal conglomerado electoral argentino, cuyo
manejo resulta clave para todo diseño político futuro.
La lista "Peronismo Peronista" –encabezada por J.C. Rousselot, impulsada política y
económicamente desde Balcarce 50– apenas logró conformarse en 46 de los 126 distritos
provinciales y quedó a más de veinte puntos de la obtención de la minoría en la conducción del PJ
provincial.
En efecto, acumulando el 96% de los 650.000 votos justicialistas bonaerenses, el gobernador
Duhalde consolidó su poder interno concentrando en la lista encabezada por el diputado Pierri
mayoría y minoría, con un más que aceptable índice de representatividad cercano al 10%, en tanto el
índice de representatividad global de la Interna Justicialista Bonaerense fue del 10,4%.6 Una dura
6 Téngase en cuenta que el padrón de electores provincial ascenderá en 1993 aproximadamente a 6.650.000 ciudadanos en condiciones de votar.
21
estocada no sólo al fundamentalismo reeleccionista del menemismo ortodoxo sino, particularmente,
a su capacidad de fijar candidatos para 1995, en caso de que no haya reforma constitucional con
reelección presidencial retroactiva.
En perspectiva, el incuestionable predominio de Duhalde en el Justicialismo de la Provincia de
Buenos Aires diseña, a futuro, un escenario político-institucional para la gestión estatal de la etapa
posajuste, que aún con diferencias coyunturales y compitiendo electoralmente con el modelo
menemista ortodoxo (tal como se observó en estas mismas elecciones provinciales), supone una
continuidad en el formato de Estado y tipo de gobernabilidad democrática de competencias de élites
que oferta el Gobierno Nacional.
En efecto, el gobernador de Buenos Aires y su entorno, al igual que los más fieles menemistas,
consideran como único posible un modelo de gestión estatal con fuertes predominios del Poder
Ejecutivo por sobre los demás poderes del Estado, reconociendo gran eficacia política en la relación
Estado-Sociedad mediada por corporaciones económicas, eclesiásticas, gremiales, militares.
Por otra parte, los demiurgos del gobierno bonaerense son, como lo han demostrado más de
una vez, particularmente afectos a introducir restricciones al funcionamiento del Estado de Derecho
en particular, y al régimen democrático formal, en general.7
En este sentido, el duhaldismo oferta un tipo de gobernabilidad que reproduce y amplía,
reconduciendo las tendencias fundamentales presentes en las prácticas estatales del menemismo,
integrándose así, en situación de fuerza principal a un fenómeno político de probable proyección
nacional, aunque aún culminando su etapa de consolidación: el posmenemismo.
Existen otras experiencias políticas con distinto grado de proyección a nivel nacional que
integran el espacio posmenemista y cuyos referentes principales son: el mencionado gobernador
Duhalde, Ramón Ortega y, con matices aún insospechados, el recien venido Domingo Felipe
Cavallo.
7 Las múltiples denuncias sobre persecución ideológica, desatada inicialmente en el territorio bonaerense, tuvieron su origen indisimulable en el corazón del poder político provincial y resulta una señal significativa de ajuridicidad en las relaciones estado-sociedad, sólo comparable con el indulto presidencial.
22
Capital Federal
Más allá de las disputas entabladas entre las listas opositoras y la junta electoral, la novedad en
el distrito la supuso la aparición inaugural en el segundo conglomerado electoral del país de un
nuevo escenario político de importancia a mediano plazo.8
La proyección nacional de este nuevo espacio político no está dada, obviamente, por sus
referentes distritales ni por los votos acumulados –un mosaico político singularmente pobre en todas
sus líneas, respaldado incluso por las atávicas 62 Organizaciones que hizo una elección de minoría
en medio de una interna despoblada de participación ciudadana– sino por su oferta global de un
nuevo modelo de gestión estatal posajuste.
La mayor referencia pública de esta nueva oferta de gobernabilidad democrática, surgida al
interior del peronismo, es José Octavio Bordón quien, en oposición a las manifiestas continuidades
presentes en el posmenemismo triunfante en Provincia de Buenos Aires, ofrece fuertes contrastes
con el tipo de gobernabilidad menemista.
En efecto, a diferencia del posmenemismo bonaerense, que recupera lo esencial de la gestión
menemista del aparato estatal, en el discurso y práctica desarrollado por el bordonismo, tanto en la
gobernación mendocina cuanto en el Bloque de Senadores Justicialistas, comienza a diseñarse un
modelo de gestión estatal que supone la redistribución de poder al interior del aparato estatal,
resituando el lugar del Parlamento y del Poder Judicial respecto del Ejecutivo.
Por otra parte, y a diferencia de la mayoría de la dirigencia justicialista en general y de sus
actuales pares de bancada en particular, la relativa independencia en la gestión legislativa del ex
gobernador mendocino respecto de los grandes conglomerados del poder económico, militar,
religioso y sindical, constituye una señal poco común en dirección a establecer relaciones entre
Estado y Sociedad no mediadas por corporaciones.
8 Los resultados de la despoblada interna justicialista porteña al cierre de este Informe resultan aún inciertos. Los datos oficiosos, según la Junta Electoral del PJ y para Diputados Nacionales son: Lista Verde (Erman): 54,93%; Lista BordóNaranja (Digón): 28,02%. Según la misma fuente, y para Concejales: Verde: 35,93%: Bordó-Naranja: 24,49% y Azul y Blanca (Ruckauf): 21,46%. La lista Bordó-Naranja, por su parte, asigna para Diputados: Verde: 54,6%-, Bordó-Naranja: 32%; en tanto la misma fuente para Concejales registra: Verde: 34,5%; Bordó-Naranja: 27%, Azul y Blanca: 22,3%. La lista Azul y Blanca, por su parte, asigna para Concejales Metropolitanos estos porcentajes de votos: Verde: 34,1%; Bordó-Naranja: 25.5%-, Azul y Blanca: 23,9%.
23
El bordonismo intenta restaurar al aparato estatal su hoy degradada capacidad de intervención
y regulación de prácticas sociales –incluidas las estructurales–, donde la asimetría de poder de los
actores es la característica predominante en sociedades como la nuestra, con insuficientes niveles de
desarrollo y surcada por acelerados procesos de retirada del Estado de sus funciones de regulación
social, favoreciéndose entonces la acumulación concentrada de riquezas.9
Un buen ejemplo de la restitución al Estado de su función de garante de los equilibrios
comunitarios es la filosofía que inspiró el artículo 40 del Texto de Reforma Previsional, de neto
cuño bordonista.
Dicho artículo dispone obligatoriamente que "el Banco de la Nación Argentina desempeñe, sin
perjuicio de las actividades que le permite su Carta Orgánica, la actividad de Administración de
fondos de jubilaciones y pensiones...", donde "el Estado Nacional garantiza a los afiliados de la
AFJP creada en la segunda parte –bajo jurisdicción del Banco Nación– los aportes depositados".
Por otra parte en el mismo artículo se aclara que esta administradora estatal "deberá destinar el
20% de los aportes que constituyan sus fondos a créditos o inversiones con destino a las economías
regionales..." para sentenciar, finalmente, que "las AFJP administradas por el sector privado podrán
otorgar garantías a su costo y riesgo".
Como el lector recordará, este solo artículo echa para atrás todo el proyecto original, con el
que se daba forma jurídica al comportamiento faccioso de los grupos privados, siendo este artículo
el que también quita el sueño a los funcionarios menemistas.
En esta misma perspectiva cabe apuntar que durante la gobernación mendocina de José O.
Bordón, la privatización de la Bodega Giol no se realizó por licitación sino mediante la unión de
veinticinco cooperativas de viñateros proveedores de la empresa. Se creó así "Fecovita", que se hizo
cargo de Giol en 1990, junto con la firma "Cubas de Roble" como socio minoritario, poseedor del
25% del paquete accionario.
9 Al respecto, Aníbal Ford señala en el diario "Clarín" deI 10/ 8193 que, según el Informe del PNUD (Programa de las Naciones para el Desarrollo), "el 20% de la humanidad acumula el 80% de la riqueza".
24
Por otra parte, los dos bancos provinciales –el de Previsión Social y el de Mendoza– se
reordenaron de acuerdo a un proyecto surgido en el tramo final de la gobernación de José Octavio
Bordón, mediante el cual se otorga mandato para incorporar capital privado al paquete accionario de
las entidades, conservando sin embargo el 51% de las acciones en manos del estado provincial y el
5% en manos de los trabajadores.
Reconociendo las limitaciones y críticas pertinentes que tanto la intervención en la discusión
previsional como el modelo privatizador desarrollado por Bordón pudieran observar, ciertamente
estamos frente a una oferta de gobernabilidad con notables contrastes respecto de la desarrollada por
el actual Gobierno.
En este sentido –y más allá de la provisoriedad de su práctica y su nivel aún incipiente de
desarrollo– en torno de la figura de Bordón se ha comenzado a dar forma, inicialmente electoral, a
una nueva oferta de gobernabilidad democrática de participación ciudadana para la sociedad
argentina de fin de siglo, cuyo ritmo de evolución dependerá, en lo inmediato, tanto del número
como de la modalidad de distribución nacional de los votos peronistas en octubre.
Provincia de Mendoza
Bajo la modalidad de interna abierta –y con la presentación de tres listas: Naranja
(Bordonista), Azul y Blanco (Menemista) y Morado (Independientes y Peronistas disidentes)–, el PJ
mendocino eligió candidatos a Diputados Nacionales.
Arturo La Falla, primer candidato de la lista apoyada por el ex gobernador José Octavio
Bordón, acumuló el 60% de los votos emitidos, contra el 30% de la lista oficial del menemismo
ortodoxo apoyada, en este caso, por Eduardo Bauzá y el 6% de la lista Morado.
Según consignaron la mayoría de los medios periodísticos nacionales, de los 100.000 electores
presentes, aproximadamente 55.000 fueron extrapartidarios, con lo cual la relación de voto
peronista-voto independiente para la interna mendocina fue 1 a 1.
25
Con respecto a la dirección del voto independiente, las evaluaciones resultan difíciles de
realizar, pero si sujetamos el análisis a un simple cálculo de probabilidades de acuerdo a los votos
obtenidos por cada candidato es posible establecer tendencias promedio. Si tenemos en cuenta que el
número de electores históricos que participaban en las internas del PJ mendocino ascendía casi a
45.000, la lista respaldada por Bordón que acumuló casi 60.000 sufragios tuvo un piso teórico de
5.000 sufragios extrapartidarios y un techo de 55.000, promediando 30.000 votos independientes. La
lista menemista, por su parte, tuvo un piso de cero voto independiente y un techo de 30.000, con un
promedio de 15.000 votos independientes.
Finalmente, el sistema de interna abierta mejoró la participación ciudadana sustancialmente,
más que duplicando el número de electores históricos. Esta mejor performance electoral interna del
PJ provincial hizo trepar el índice de representatividad de la lista triunfante al 7,5%, y el de la
interna global al 12,3%.
En efecto, la pirámide de representatividad del PJ mendocino se constituye en 1993 con una
base de 812.000 ciudadanos en condiciones de votar en toda la provincia y 60.000 votos internos
que sostuvieron en el vértice al candidato La Falla sobre 100.000 electores que concurrieron a los
comicios.
Cabe acotar que con anterioridad a 1993, el índice de representatividad global de la interna
peronista mendocina era de apenas un 5.5%.
Provincia de Córdoba
En 1987 logró un singular avance en el terreno político abriendo las internas del PJ a los
extrapartidarios, ofreciendo el lugar de futuro Diputado al democristiano Domingo Felipe Cavallo –
ofrecimiento inicialmente rechazado por el conocido empresario Fulvio Pagani– y quitando la
representación de las minorías en la conducción del peronismo cordobés. En 1993, por los mismos
motivos, perdió parte importante del terreno conquistado.
26
Esta singular parábola política que, como el lector imagina, envuelve al Dr. Juan Manuel de
La Sota, es paradigmática de los profundos cambios ocurridos en las prácticas políticas nacionales
en tan sólo cinco años.
Efectivamente, con una relación de 2 a 1 en favor del voto independiente, casi un cuarto de
millón de ciudadanos participaron de las elecciones internas del PJ cordobés, donde tras un
escrutinio muy discutido y calificado por Juan Manuel De la Sota como fraudulento, la junta
electoral, como era de esperar, otorgó finalmente la victoria a la lista que encabezaba Juan
Schiaretti.
Con una distribución de votos muy pareja que benefició a la lista apoyada por Domingo
Cavallo con un 34% de los votos contra 32% y 30% para De la Sota y Aráoz respectivamente, la
interna cordobesa mostró una dinámica anticipatoria de los tiempos por venir. Se gastaron en ella $
7.000.000 –de los cuales más del 50% fueron utilizados por la lista triunfante–, y sólo en pautas
televisivas se pagaron $ 1.500.000, con un costo aproximado de $ 30 por sufragio.
Ciertamente, entre otras cosas, la elección cordobesa mostró sin ocultamientos, el reemplazo
exitoso de las desacreditadas mediaciones tradicionales entre partido político y comunidad –vía
organizaciones territoriales, militancia intermedia y punteros referentes– por una agresiva estrategia
de medios de comunicación múltiples, sostenida en el poder económico que otorgan las fuertes
articulaciones de los candidatos con grandes grupos empresarios.
La distribución del voto independiente benefició globalmente a Juan Schiaretti, y los análisis
posteriores coinciden en señalar a los adherentes de la UDC –versión provincial de la UCD porteña–
como los principales oferentes de sufragios a la lista consagrada por la junta electoral, en tanto los
simpatizantes del radicalismo sufragaron esta vez en favor del Dr. de la Sota.
El índice de representatividad obtenido por la lista ganadora resultó del 4,5%, en tanto el
índice de representatividad global de la interna peronista provincial fue del 12,7% (de las más altas a
nivel nacional).
27
Desde luego, la implantación política de Cavallo resulta el dato central de esta elección,
síntoma preciso de los realineamientos internos del posmenemismo frente a la imposibilidad cierta
de concretar su singular reforma constitucional ad hoc, con reelección retroactiva.
En lo que respecta a la oferta de gobernabilidad que, en perspectiva, puede surgir del
posmenemismo cordobés, la historia política de su principal referente –así como las modalidades
autoritarias y probablemente fraudulentas de intervención inaugural en la política provincial–, son
claros ejemplos de restricciones a las formas de gobernabilidad democráticas de participación
ciudadana.
Funcionario a su tiempo de gobiernos dictatoriales, principal responsable de la distribución
regresiva de los costos del endeudamiento externo, Cavallo es, además, principalísimo impulsor de
la modalidad de gestión ejecutiva vía Decreto de Necesidad y Urgencia por sobre los mecanismos
constitucionales. Mediante el uso ordinario de facultades ejecutivas extraordinarias, como lo son los
decretos señalados, el ministro Cavallo logró garantizar la puesta en marcha de normativas
estratégicas para el desarrollo del actual modelo de ajuste estructural, en temas centrales como el
impositivo, la deuda pública, la relación Nación-Provincias, nivel de salarios, etcétera.
Tal como se desprende de su práctica nacional, y más recientemente provincial, el modelo de
gobernabilidad que oferta el posmenemismo cordobés está en línea con ofertas de gobernabilidad
democráticas de competencia de élites.
Interna Radical
Provincia de Buenos Aires
Los datos más significativos en el desarrollo de las elecciones incluyen la persistencia política
del alfonsinismo, particularmente en el Gran Buenos Aires, y la aparición exitosa en la extensa
geografía interior de la provincia de un nuevo escenario político, vinculado a la figura de Federico
Storani: el posalfonsinismo.
Ciertamente, las exiguas diferencias con que Storani y Raúl Alfonsín se distanciaron de
Melchor Posse y Juan M. Casella, respectivamente en las candidaturas para Diputados Nacionales y
28
Delegados al Comité Nacional, no logran oscurecer la afirmación de una fuerte tendencia provincial
dirigida a sostener ofertas políticas, cuyos modelos de gestión estatal supongan limitaciones al
predominio del Poder Ejecutivo, centralidad de mediaciones parlamentarias y autonomía judicial.10
Con un bajo índice de representatividad de las listas triunfantes del 2,3% –la interna global
mostró un índice del 4,6%– el gran derrotado fue el intendente Melchor Posse, sobre cuya figura se
encarnan las tendencias más fuertemente ejecutivistas en la oferta de gestión estatal por parte del
radicalismo provincial, críticas de las mediaciones parlamentarias y propicias al desarrollo de
relaciones Estado-Sociedad por fuera del sistema político partidario, vía corporaciones. De esta
forma, la heterodoxa alianza Posse-Alfonsín fue virtualmente desarmada en las urnas, mediante una
singular modalidad de distribución de votos que afirmó, por sobre las alianzas electorales
circunstanciales, los espacios políticos internos del radicalismo bonaerense, afines al desarrollo de
formas de régimen democráticas de participación ciudadana.
Los resultados finales de la interna radical bonaerense indicaron que en la elección para
Diputados Nacionales, Federico Storani derrotó a Melchor Posse por 151.145 votos contra 145.114.
Por el contrario, para Delegados al Comité Nacional, Raúl Alfonsín superó a Juan Manuel Casella
por 150.611 votos contra 145.840, con lo cual el ex-Presidente se quedó con tres de los cuatro
Delegados Provinciales al Comité Nacional que intentará conducir a partir de noviembre.
La interna provincial, entonces, se resolvió en franca oposición al tipo de gobernabilidad
democrática de competencia de élites, desarrollado por la gestión menemista del Estado y,
fundamentalmente, cuestionó a sus sucedáneos radicales, alineados en este caso, tras la figura de
Melchor Posse, directamente asociada a experiencias políticas similares, referenciadas entre otras en
la figura del puntero santafecino Horacio Usandizaga y el gobernador Horacio Massaccesi, que
encuentran hasta el momento, su referencia nacional en Eduardo César Angeloz.
Capital Federal
10 Los resultados finales de la interna radical bonaerense indicaron que en la elección para Diputados Nacionales, Federico Storani derrotó a Melchor Posse por 151.145 votos contra 145.114. Por el contrario, para Delegados al Comité Nacional, Raúl Alfonsín superó a Juan Manuel Casella por 150.611 votos contra 145.840, con lo cual el ex-Presidente se quedó con tres de los cuatro Delegados Provinciales al Comité Nacional que intentará conducir a partir de noviembre.
29
Sobre 130.000 sufragios, lo que supone un índice de representatividad global de la interna del
6%, el radicalismo porteño distribuyó el 63% en favor de la lista oficialista apoyada por Fernando de
la Rúa –índice de representatividad del 3,8%– y el 37% hacia J. Rodríguez, aliado distrital de
Alfonsín, que obtuvo un índice de representatividad del 2,2%.
Si bien resulta manifiesta la persistencia de la hegemonía política del delarruismo en el
distrito, se observa también una contundente pérdida de posiciones respecto de 1991, con la
conquista holgada de la minoría por parte del alfonsinismo crítico porteño.
El retroceso delarruista parece señalar la inconveniencia política distrital de pasar de
posiciones más expuestas a menos expuestas en la confrontación con el Gobierno Nacional. En
efecto, tras la aplastante victoria en su candidatura a senador porteño, el delarruismo cedió espacio
en su crítica a la actual gestión estatal peronista.
Paradojas aparentes de la política nacional, un candidato que como Fernando de la Rúa creció
en el distrito capturando votos tanto de peronistas disconformes como del centro hacia la izquierda
del espectro político distrital, inmediatamente después de su consagración resuelve su estrategia
futura tomando posiciones que transitan desde el centro hacia la derecha política y propician un
mayor nivel de acuerdo con el Gobierno.11
Sucede que De la Rúa ha lanzado su candidatura nacional y –seamos justos– al igual que al
conjunto de la dirigencia nacional de la U.C.R., le resulta evidente que los extensos conglomerados
electorales no metropolitanos que recorren la geografía nacional responden a ofertas políticas
moderadas, cuando no conservadoras.12
11 En efecto, el crecimiento del radicalismo porteño en 1992 es atribuible a la captura del voto peronista disconforme. En el análisis de composición del voto radical de 1992, puede observarse que para obtener el 48,47% del electorado porteño, a los votos obtenidos en 1991 –38,84%–, la UCR logró Incorporar un 3% del electorado (60.000 votos) que en 1991 había capturado la Unidad Socialista: un 2% (40.000 votos) que en 1991 votaron al PJ y, finalmente, un 4,5% del electorado que el año anterior habla optado por alternativas menores como el Fredejuso e Independientes de Izquierda. Sólo un 1% del electorado radical de 1992 (20.000 sufragios) proviene de ex votantes de UCD. Para más datos sobre composición de votos UCR porteña 1992. véase "El nuevo mapa electoral argentino. Las elecciones a senador porteño", Cuadernos de Trabajo del IDEP, ATE/IDEP, Noviembre 1992. 12 Efectivamente, esta estrategia de poder nacional que transita desde el centro hacia la derecha del espectro político, está sostenida no sólo por el Senador Porteño, sino por el conjunto de la dirigencia radical en situación de poder. Recuérdese que tras los resultados obtenidos en las elecciones de 1992. y a posteriori del "affaire" de la Provincia de Corrientes que culminó con la intervención de la Srta. Bello, la Mesa de Conducción Nacional de la UCR propuso como estrategia futura la alianza con los ultraconservadores partidos provinciales como única alternativa de derrota nacional del menemismo en el '95. Más recientemente, frente a las críticas realizadas por el Dr. Álvarez Guerrero respecto de la privatización de YPF, no sólo De la Rúa se mostró contemplativo con las modalidades de privatización de la actual administración peronista. Por caso, el mismísimo Raúl Alfonsín fue mucho más lejos que el abogado cordobés señalando que "no se dará marcha atrás con las privatizaciones", sentencia que motivó una pertinente reflexión de Atilio Cadorín en "La Nación" del 25-7-93: "Raúl Alfonsín, después de todo, parece estar demostrando que, en el fondo, puede comportarse como un buen conservador, y no tiene intención de alterar las reglas de juego".
30
La lógica juzgada inexorable entonces por todos los candidatos radicales en situación de poder
sostiene que una estrategia político-electoral de proyección nacional debe incorporar,
necesariamente como dato indiscutible, la actual heterogeneidad política-cultural de la Argentina.
Como consecuencia política inmediata de esta convicción del conjunto de la dirigencia de la
UCR deben analizarse las críticas estructurales de mediana intensidad al modelo de gestión estatal
menemista, no sólo por parte de los sectores del radicalismo que acuerdan en lo esencial con las
actuales políticas, sino incluso de las corrientes internas en principio más comprometidas con ofertas
de gobernabilidad democrático-participativas.
Es en el altar de esta singular estrategia, donde el pasado mes de mayo el senador De la Rúa
sacrificó la minoría distrital.
Nuevas Ofertas Partidarias
De las alternativas político-electorales recientes dos son, sin duda, las que ofrecen una
perspectiva de perdurabilidad y desarrollo en el mediano plazo, el Frente Grande Porteño y el
MODIN Bonaerense.
Frente Grande Porteño
Mediante un frente electoral que amalgama al Fredejuso, la Alianza Frente Popular, el PC,
Ecologistas e Independientes menores, el Frente Grande porteño intentará la reelección de Chacho
Álvarez como Diputado Nacional por Capital. Con un piso electoral que –según todos los sondeos
previos– supera ampliamente el 7,22% de los sufragios (133.953 votos) obtenidos por el Frente del
Sur en 1992, la reelección estaría holgadamente resuelta.
En efecto, dado el espacio político-electoral propio conquistado por el diputado de "los ocho"
y la probable despolarización electoral del distrito respecto a 1992 –donde entre la UCR y la alianza
31
PJ-UCI) atraparon casi el 80% de los votos– es posible esperar incluso una trepada importante en el
acumulado electoral del Frente Grande respecto del Frente del Sur de 1992.13
Junto a la oferta ideológica y al compromiso ético central que sostiene la candidatura de
Chacho Álvarez, resulta indudable que la expansión electoral del Frente Grande por encima de los
niveles obtenidos en 1992 por el Frente del Sur, es atribuible también a la implantación distrital
creciente de una fuerte cultura política urbana, demandante de ofertas de gobernabilidad
democrática de participación ciudadana.
Esta cultura política confronta centralmente con la actual gestión estatal peronista no en el
nivel de los contenidos, sino legitimando formas estatales sin predominios del poder político y
formas de relación Estado-Sociedad no mediadas por corporaciones, que subordinan a intereses de
facción las demandas comunitarias.
Esta demanda político-cultural formal presente en el distrito, es representada por Carlos
Álvarez en una dimensión incomparablemente más acabada que por el conjunto de los candidatos
distritales, en general, y del espectro de centro izquierda, en particular.
En este sentido, y más allá de los atavismos político-ideológicos que recorren el interior del
Frente Grande –muchos de ellos a contrapelo de la cultura política que representa su primer
candidato–, la presencia distrital consolidada de Carlos Chacho Álvarez constituye también un
nuevo escenario político-electoral.
Más allá de alianzas circunstanciales, en la figura de Álvarez se condensa una oferta de
gobernabilidad democrática de participación ciudadana a futuro, que contrasta fuertemente con el
actual formato de gestión Estatal –y su continuidad bajo otras modalidades político-institucionales.
13 Las encuestas conocidas ubican al Frente Grande Porteño en condiciones de incorporar dos diputados propios en octubre. La excelente performance electoral se fundamenta en la fuerte implantación de su primer candidato y la probable despolarización del distrito, producto tanto del tipo de elección reducida a Diputados Nacionales y Concejales -que amortigua el efecto de 'voto útil" que polariza elecciones de proyección nacional; como de la módica oferta electoral de los partidos tradicionales. Resulta inadecuado aferrarse a pronósticos electorales a tanta distancia del comicio, aun teniendo en cuenta que Capital Federal es un distrito de tendencias estables. Sin embargo, si en 1993 -mediante el aporte de 74.000 ex-votos justicialistas y 60.000 pertenecientes a la tradición de centro izquierda distrital-, el Frente del Sur acumuló el 7,34% del electorado, en 1993 el Frente Grande está en condiciones de arrebatar al radicalismo al menos un 3% de los sufragios de izquierda independiente que habiendo votado a la Unidad Socialista en 1991, en 1992 optaron por De la Rúa. Igualmente, la figura de Carlos Álvarez puede achatar aun más el piso distrital del peronismo porteño que en 1992 aportó a la Alianza Liberal-Peronista el 13.2% de los sufragios e, incluso, captar votos liberales minoritarios que en 1992 aportaron un 17% del electorado a la Alianza del Nuevo País. Un piso electoral no menor al 10% de los votos porteños es una proyección más que probable para el Frente Grande capitalino, de acuerdo no sólo a los pronósticos sino fundamentalmente al nuevo mapa electoral demarcado por las migraciones de votos que se vienen materializando en los dos últimos comicios porteños.
32
La propuesta expresada por Carlos Álvarez se vincula, entonces, formal pero efectivamente con
otras ofertas de gobernabilidad democrático participativas que atraviesan horizontalmente el arco
partidario, por sobre diferencias ideológicas que, aun siendo en muchos casos notables, en esta etapa
político-institucional argentina no constituyen cuestiones centrales.
MODIN Bonaerense
Cuando el 11 de Setiembre de 1991, el MODIN Bonaerense sumaba el 9.24% de los votos, los
encuestólogos electorales hablaron de "sorpresa". Hoy todos "prevén" para esta fuerza una
performance electoral aun mejor que la de 1991. De fuerte implantación en el Conurbano, la
composición conocida del voto al MODIN resulta, mayoritariamente, de origen peronista y
manifiesta profunda presencia en los sectores sociales más postergados de la población provincial.
En 1991 el PJ Bonaerense transfirió al MODIN el 7,4% del padrón de votantes efectivos, esto
supone haber transferido un 17% de los votos históricos del PJ provincial.
Asimismo, en 1991, el MODIN tuvo su más baja performance en distritos de fuerte tradición
política liberal y mejor posicionamiento socioeconómico –San Isidro y Vicente López como casos
típicos. Creció significativamente en los distritos más precarizados del Conurbano, con fuerte
tradición de voto peronista previa donde, en algunos casos, compitió voto a voto por el segundo
lugar con la UCR –por caso, el Distrito Mariano Moreno– o incluso logró superarla –Distrito de
Gral. Sarmiento.
No existen motivos fuertes para suponer que esta tendencia se revierta, siendo entonces
probable esperar una buena performance electoral del MODIN Bonaerense, que continuará
vinculada fundamentalmente a su capacidad para no perder los acumulados y captar nuevos votos
"peronistas disconformes" en los conglomerados electorales de peor posicionamiento
socioeconómico y tradición de voto peronista.
Sin embargo, la particular distribución del electorado que produjo la UCR en sus internas,
propinando una fuerte derrota a Melchor Posse y su amplio espacio de representación político
ideológico –que a la hora de cerrar este Informe no participaría de las listas oficiales–, así como la
candidatura de Federico Zamora por la agonizante UCD provincial, con un perfil liberal-
33
democrático opuesto al liberal-populista que supo imprimir Alberto Albamonte para conquistar el
7,78% del electorado de 1991, abren al MODIN nuevas posibilidades de captación de votos
mediante vías no registradas en 1991. Este conjunto de situaciones favorables otorga fundamento a
las expectativas electorales ascendentes que parecen captar las encuestas de opinión.
En la perspectiva que interesa a este análisis, resulta evidente que la oferta de gobernabilidad
desarrollada por el MODIN constituye una continuación que amplía al límite el formato estatal
ejecutivista mediado por corporaciones, típico del actual modelo de gestión peronista, cuya forma de
régimen es, como se señaló, la democracia de competencias de élites.
Notas sobre las Formas de Representación
En el curso de este trabajo se señalaron aspectos críticos puntuales acerca del actual sistema de
selección de dirigentes partidarios por medio de sus formas tradicionales. La propuesta de abrir las
internas como alternativa inmediata a la crisis de representación política creciente –más allá del
contenido electoral coyuntural que sin duda posee y de los límites que ha manifestado en la
práctica– pareciera constituir un mecanismo que, en ciertas circunstancias, y sometido a normas
muy precisas y controles de participación estrictos, puede dotar de mejores niveles de
representatividad tanto al proceso de selección como a los dirigentes así seleccionados.
Tómese como muestra de la eficacia comparada de ambos mecanismos de selección de
dirigentes, el Cuadro Nº 2 que a continuación se propone, donde se vuelcan los distintos índices de
representación globales y parciales de las internas analizadas en este Informe.
34
CUADRO Nº 2. Formas de Selección e Índices de Representatividad
PARTIDO Internas Abiertas
PARTIDO Internas Cerradas
I.R.L.* I.R.G.** I.R.L. I.R.G.
PJ (Córdoba) 4,5% 12,7% PJ (Capital) 1.09% 1.96%
PJ (Mendoza) 7,5% 12,3% PJ (Bs. As.) 10.40% 10.00%
UCR (Capital) 6.00% 3.80%
UCR (Bs. As.) 4.60% 2.40%
I.R.L.: Índice de Representatividad de la Lista ganadora. I.R.G.: Índice de representatividad Global
de la Interna.
Fuente: Elaboración propia.
GOBERNABILIDAD Y ESTRATEGIAS SINDICALES
La performance reivindicativa de los aparatos sindicales desde la asunción del Gobierno por
parte del Dr. Menem difícilmente podrá ser peor. Como modalidad de representación sectorial, los
sindicatos organizados bajo las formas tradicionales, –productos originales de la gestión de estado
del peronismo de mediados de siglo, vinculados orgánicamente al aparato de Estado en general, y al
Poder Ejecutivo en particular, organizados en torno a identidades políticas excluyentes y con una
estructura interna fuertemente centralizada– se han revelado como la más ineficaz de las
corporaciones para la sola reproducción de sus intereses sectoriales.14
En efecto, las múltiples y exitosas intervenciones del actual estado peronista sobre el nivel de
empleo y salario sectorial, la sustracción de materia jurídica laboral diversa, ya efectivizada o la por
venir mediante la Reforma Laboral e, incluso, la postergada reestructuración del sistema de obras
sociales, cuya formulación preliminar va en detrimento de los intereses del sector, constituyen sólo
algunas muestras de la pérdida de poder creciente de las organizaciones sindicales, muy por encima
14 Desde luego que el marcado retroceso del poder sectorial de los sindicatos obedece también a causas estructurales profundas que determinaron que el mayor impacto social, económico y jurídico del ajuste cayera sobre los sectores subalternos, en general, y espacios mayoritarios de la clase trabajadora, en particular. Sin embargo, esta característica estructural indiscutible no opaca la responsabilidad central que le cabe al modelo de organización y discurso sindical de mediados de siglo y a la dirigencia que tradicionalmente promueve. Verdadera "correa de transmisión" de las políticas estatales sobre los sujetos sindicalizados, esta dirigencia sindical tradicional resulta responsable principalísima frente a la indefensión de todo orden que hoy envuelve a amplios sectores obreros.
35
del deterioro sufrido por otras corporaciones tradicionales de la historia político-institucional
argentina.
Observe el lector, como una de las múltiples manifestaciones del deterioro del poder sindical,
su retroceso político a través de la evolución de la representación parlamentaria de los sindicatos. En
el Cuadro que se muestra, se observa el sostenido descenso en el número de diputados de extracción
sindical, desde 1983 hasta la probable proyección de 1993.
CUADRO Nº 3. Deterioro de la Representación Parlamentaria de los Sindicatos, 1983-93
35
32
29
23
19
10
1983 1985 1987 1989 1991 1993
* Puente: Diario "Clarín", 8-8-93.
Frente a esta realidad de deterioro indisimulable, las dirigencias sindicales han madurado
estrategias tendientes a restablecer espacios de poder perdidos.
De las cuatro estrategias fundamentales, tres se desarrollan al interior de la CGT tradicional.
36
CUADRO Nº 4. Estructura de la FATL y F Anterior al Holding
– 41 sindicatos adheridos en todo el país
– 75.000 trabajadores afiliados
– 130.000 beneficiarios de Obra Social
– 130,8 millones de dólares de patrimonio
– 12 millones de dólares de ingresos mensuales
– 42 inmuebles con 177.000 metros cuadrados de superficie
– 9 hoteles turísticos
– Una Colonia infantil en González Catán (31 hectáreas) y una villa turística
–"La Merced"– en Córdoba (45,5 hectáreas)
– Un Fondo Compensador de Jubilaciones que moviliza 2 millones de dólares mensuales
* Fuente: Elaboración propia, en base a datos del diario "Clarín", 8-8-93.
CUADRO Nº 5. Patrimonio Agregado a la Estructura de la FATL y F Posterior al Holding ya
Efectivizado o aún en Proyecto (+)
– Nueve Centrales Térmicas del N.O.A.: Encabeza con el 40% el Consorcio Comprador del 90%.
– Cuatro Centrales Térmicas de la Patagonia: tiene el 33% del Grupo que adquirió el 51% de
las Acciones al Estado.
– Central Térmica de Sorrento: Tras perder la licitación, cambia al consorcio ganador, acreencias por
acciones, apropiándose así del 18% del paquete accionario.
– Una Entidad Bancaria: Compró el liquidado Banco Birco, al que devolverá a la actividad financiera
con nuevo nombre (Antorcha) y varias sucursales en el país donde están asentados sindicatos de
Luz y Fuerza.
– Administradora de Fondos de Pensión Propia: Según estimaciones del gremio, de las 75.000 cuentas
de capitalización que en teoría podrán armarse con el 11 % de la masa salarial de todos sus afiliados,
la AFJP sindical tendrá una captación mensual cercana a los 3,5 millones de dólares.
• Red de Farmacias.
• Droguería Proveedora.
• Compañías Provinciales de Distribución Eléctrica.
* Fuente: Elaboración propia, en base a datos del diario "Clarín", 8-8-93.
37
La primera, desarrollada dentro de la CGT por los denominados gremios independientes,
supone restaurar los espacios de poder sindical transformando al sindicato en unidad económica.15
En la lógica de las dirigencias que propician este modelo sindical, el poder sectorial surgiría
como colateral de su capacidad de intervención empresaria eficaz, manteniendo la centralidad
organizativa interna (donde el directorio de empresa pase a ocupar el lugar central de la conducción
nacional), el vínculo estatal y la identidad política no excluyente.
Un caso típico de este modelo sindical empresario, es el que está desarrollando la Federación
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.
Analicemos esta modalidad de organización y discurso sindical detenidamente.
Frente al despliegue de estos datos, el lector desprevenido puede suponer que el rediseño del
perfil institucional del sindicato de acuerdo al modelo de organización empresaria, resulta una
alternativa específica eficaz para el desarrollo de una estrategia global de reconstrucción de poder
sectorial.
Sin embargo, esta modalidad de organización sindical reconoce límites estructurales serios. El
más importante de ellos es, sin duda, la obvia dificultad funcional del diseño Sindicato-Empresa por
la superposición de roles, disfunción típica de estructuras organizativas que reproducen demandas
sectoriales cuya satisfacción afecta a otros intereses de parte, que también se reproducen al interior
de la misma organización. Evitaremos someter esta dificultad organizativa a los embates de la sola
crítica ideológica –desde luego muy respetable– que supone hallar una contradicción insalvable en
la representación empresaria del interés obrero.
La cuestión resulta compleja y es correcto intentar plantearla en alguna de sus múltiples
dimensiones.
15 Los principales gremios involucrados en esta estrategia son: FATSA (Sanidad), SMATA (Mecánicos), FEC (Comercio), FATL y F (Luz y Fuerza) y el Sindicato del Seguro.
38
Toda estructura de organización corporativa –y el sindicato lo es– tiene como efecto de su
práctica institucional la representación de intereses sectoriales mediante la reproducción y
ampliación de estos últimos.
En teoría esto supone que, sometido a la práctica institucional de una corporación cualquiera,
el interés sectorial A debe, para ser representado, transformarse en A +,K donde A: es la ampliación
del interés A que, en tanto ampliado, también se reproduce.
Tomemos ahora el caso del Sindicato-Empresa; supongamos que se cumple sin dificultades la
condición de funcionamiento inicial del modelo, y es posible la reproducción dual de intereses
obrero-empresarios, que el titular de la FATL y F, Carlos Alderete, describió con gran imaginación
al matutino "Clarín" del 8-8-93: "Decidimos pasar de la cogestión de los años '70 a la copropiedad
actual de empresas para garantizar con la actividad productiva la asistencia social que brindamos a
los trabajadores". Alderete supone, y concedemos en esto, que la cuestión de la reproducción está
rápidamente saldada vía el pase cogestión-copropiedad. Sin embargo, como vimos, la función de
toda organización corporativa debe no sólo reproducir sino ampliar en su práctica el interés de parte
que supone representar.
Ahora bien, situados en el terreno de la ampliación del interés reproducido y en el caso del
Sindicato-Empresa, de interés dual, la hipótesis de Alderete debe ser la misma que utilizó para
imaginar la representación salomónica de intereses divergentes: ¿existirá entonces una ampliación
simétrica del interés obrero y empresario concurrentes al interior del holding?
En este punto la teoría de representación dual eficaz muestra sus límites estructurales, en tanto
la actividad productiva del holding se realiza, desde el inicio, en sectores de la economía altamente
concentrados. Siendo así, la FATL y F realizará su práctica "empresaria" en condiciones de fuerte
subordinación a la lógica impresa en los sectores de actuación por los grandes consorcios.
Esta subordinación asume dos características: implantación en mercados secundarios en
términos de importancia económica, y participación absolutamente marginal en mercados que
pueden considerarse más relevantes.
39
En el primero de los casos, se alude a la inserción de la Federación en rubros tales como
prestación de servicios de hotelería y turismo, o en los vinculados al comercio de medicamentos y
prestación de servicios médicos. Estos mercados no son relevantes desde el punto de vista de la
dinámica económica global, por ende, no le otorgan al sindicato capacidad de negociación con el
poder económico concentrado a nivel de la estructura económica en su conjunto. En el mejor de los
casos, y con una administración que deberá ser muy superior a la actual, puede servir para la
atención de problemáticas individuales de los cotizantes.
Es bueno destacar que ni siquiera puede decirse que estos servicios tiendan a concentrarse en
los afiliados del sector al que el sindicato representa. Por ejemplo, porque los bajos niveles salariales
complican la capacidad de utilizar la hotelería distribuida en todo el país dado el encarecimiento
relativo de los transportes, y porque la capacidad ociosa de esa infraestructura debe incorporarse,
entonces, a una lógica absolutamente comercial para poder sostenerse. Consecuencia, más allá de
programas específicos (Ej: atención de jubilados considerados especialmente como mercado cautivo
de votantes), la infraestructura no es usada necesariamente por los trabajadores del sector.
Lo mismo ocurriría de materializarse la desregulación del sistema de obras sociales. La
incorporación de cotizantes de otras organizaciones desvincula al gremio de los niveles de salario y
empleo del sector que representa. Se transforma, de hecho, de una obra social en un prepago
médico. Cabe agregar que dicha desregulación le otorgaría mayor mercado a estructuras como Luz y
Fuerza, sólo si se practica impidiendo la participación simultánea de los prepagos médicos privados
(idea que impulsa el Ministerio de Economía). Si así no ocurriese, los resultados podrían no serle tan
favorables.
Sintetizando este primer caso, puede afirmarse que una primera forma de inserción económica
de esta propuesta sindical, remite a mercados de escasa significación donde, además, el desarrollo
empresarial obliga al sindicato a desvincularse de la suerte de los trabajadores que "supuestamente"
debe representar.
El segundo caso nos remite al análisis de la participación de la "Unidad Económica-Sindicato"
en mercados de significación más relevante. La inserción de FATL y F en áreas como energía
eléctrica, o en el mercado de Fondos de Pensión, obliga a estas consideraciones.
40
En el caso de la energía eléctrica, luego del desguace del sector, la FATL y F adquirió nueve
centrales térmicas en el NOA y cuatro en la Patagonia. En el primero de los casos se trata de
centrales de muy baja potencia y marginal participación en el Sistema Interconectado Nacional.
Además se asoció con empresas desarmadoras cuya tendencia es reducir a "chatarra" las centrales
para luego venderlas. En realidad, hasta el momento, la situación deficitaria de estas centrales no
permite explicar (desde la racionalidad económica) el sentido de la adquisición.
Muy probablemente, el hecho de que el hombre principal del holding, Carlos Alderete, sea
oriundo de la región explique más sobre esta actitud de la FATL y F que un análisis sólo centrado en
el terreno del "beneficio empresario".
En el caso de las Patagónicas, la situación resulta distinta y puede avizorarse una mayor
performance económica dada la desvinculación de la región del Sistema Interconectado Nacional.
No obstante, debe señalarse que en éstas la participación del sindicato es minoritaria. Más allá de
estas consideraciones, la lógica del sector energético luego de las privatizaciones ha quedado
asociada al predominio del capital extranjero y ciertos grupos locales (Astra, Pérez Companc,
Techint). Ni la capacidad económica de la Federación, ni las centrales adquiridas le permiten
discutir en el terreno económico. Deberán, por lo tanto, subordinarse a una lógica tarifaria que
privilegia los grandes consumos y el aprovechamiento de un mercado cautivo. Lo mismo ocurre en
el mercado de Fondos de Pensión frente a las experiencias de Pérez Companc, el City, etc. Su
participación en el mercado se concentrará en cuentas de capitalización numerosas y por lo tanto
atomizadas, asociadas a los menores niveles de ingreso. Otra modalidad por lo tanto, de
participación secundaria.
De esta forma, producto de su implantación subordinada, el holding reproducirá ampliando –si
es que pretende perdurar–, el tipo de práctica facciosa que impongan en el sector los grandes
consorcios.
El modelo Sindicato-Empresa en economías muy concentradas confronta necesariamente no
sólo con el interés particular de sus representados ––en tanto la lógica de acumulación de los
grandes grupos requiere, como lo estamos viendo, de un nuevo tipo de relación laboral
jurídicamente no tutelada y de un marcado deterioro salarial vía disminución de costos– sino que
41
aun más, este modelo sindical, para mantenerse activo, deberá inexorablemente reproducir y ampliar
el tipo de vínculo Estado-Corporación y Corporación-Sociedad que diseñen los Grandes Consorcios
dominantes del sector, con las consecuencias sociales y políticas que supone subordinar la práctica
sindical a la lógica de acumulación de los Grandes Consorcios del sector económico de actuación,
en este caso, de la FATL y F.
La segunda estrategia de restauración de poder desarrollada por sindicatos presentes al interior
de la CGT es de muy dudosa viabilidad y está encarnada en el denominado grupo de las 62
Organizaciones Peronistas, subordinadas a la UOM y, obviamente, al deterioro creciente de la
industria metalmecánica nacional.
El núcleo fundamental de esta estrategia consiste en mantener la identidad política excluyente,
la férrea centralidad organizativa y críticas muy moderadas a la actual gestión estatal en busca de
restaurar el vínculo orgánico en mejores condiciones de interlocución que las presentes en la actual
coyuntura política.16
Una tercera estrategia de restauración de poder desarrollada al interior de la CGT es la
encabezada por los denominados gremios amigos del Gobierno, que supone profundizar en sus
prácticas el actual tipo de vínculo orgánico Estado/sindicato.17
Se trata de implantar un modelo sindical reproductor de las demandas del aparato estatal en su
ámbito de acción específico, con una identidad política excluyente y capaz de profundizar al límite
la centralidad organizativa interna, como condición necesaria para el fortalecimiento del vínculo
orgánico con el aparato de Estado, en general, y con el político de Estado, en particular.18
16 El actual estado de desarrollo de esta experiencia de organización y discurso sindical de mediados de siglo, lo expresó mejor que nadie su hombre
fuerte, el secretario general de la UOM. Lorenzo Mariano Miguel, cuando el pasado 13 de Agosto, en rueda de prensa, tras una "muy cordial"
entrevista con el presidente Menem sostuvo el siguiente diálogo:
"-Lorenzo Miguel: ... A este gobierno lo sentimos propio, ¿me comprende..?
"-Periodista: ... Entonces está de acuerdo con el plan económico...
"-L. M.: Yo no dije eso, no hay que mezclar lo político con lo económico.
"-P: Pero Ud., ¿está de acuerdo con el plan de Cavallo?
"-M.M.: Ud. es un "pillo", yo estoy diciendo que yo pienso peronísticamente." 17 Los gremios más representativos de esta estrategia son UPCN (Personal Civil), UOCRA (Construcción). Unión Ferroviaria y el Sindicato Obreros del Caucho. 18 La caracterización de estos gremios "amigos" como demandantes de identidad política excluyente, no es imaginación de quien esto escribe. En el diario "Página/12" del 29-7-93 se lee: "A qué partido político pertenece y qué actividades políticas desarrolla son dos de las preguntas que la Unión del Personal Civil de la Nación formula a sus afiliados que quieren postularse para delegados. Daniel Jorge López, empleado del Hospital Garrahan, intentó hacerlo pero –según aduce– por su pertenencia radical fue imposibilitado. La razón de ser del formulario cursado por el gremio de los estatales hipermenemistas se ventilará ahora en la Justicia, ya que López ha presentado un amparo sumarísimo ante lo que considera un nuevo caso de
42
Por último, es necesario señalar la existencia de una estrategia de poder sindical realizándose
por fuera de la CGT, nucleada en el denominado Congreso de los Trabajadores Argentinos –CTA.19
Esta cuarta estrategia, lanzada a reconstruir poder sectorial a fin de resituar el lugar de los
trabajadores en la empobrecida trama institucional argentina, intenta nuclear y desarrollar
experiencias sindicales cuya modalidad de organización y discurso se aparten del paradigma
tradicional por medio de la independencia del aparato estatal; la independencia del sistema político
partidario y la democratización organizativa interna.
Ciertamente, la actual etapa político social argentina muestra sin pudor la caducidad de una
clase dirigente que ha transformado el sindicato en un despacho más del aparato estatal, destinado a
satisfacer privilegios personales. Sin embargo, más allá de las llagas cupulares, en lo profundo de la
crisis que sacude al espacio gremial, se muestra sin dobleces el definitivo colapso del modelo
sindical de mediados de siglo para la satisfacción de demandas sectoriales en la Argentina
contemporánea.
En este sentido, la aparición en la escena pública del C.T.A., su legitimidad político-social –
indiscutible para buena parte de la dirigencia política e incluso gremial tradicional– y con
independencia de su futuro inmediato, es un síntoma insoslayable de que el desarrollo de una nueva
experiencia sindical en la Argentina posajuste es posible.
No se trata esta vez de corregir solamente desviaciones "burocráticas". sino de representar con
eficacia las demandas del sector, sin desconocer las profundas transformaciones acaecidas en la
sociedad argentina.
En esta perspectiva resulta necesario:
a) Cambiar un paradigma de medio siglo de organización y discurso sindical.
persecución ideológica como los instigados desde el Ministerio del Interior. La acción fue presentada ante el Juzgado en lo Civil 67 y también ante el Ministerio de Trabajo". 19 EL CTA está integrado actualmente por doce gremios nacionales, junto a otras cincuenta organizaciones sindicales entre seccionales de gremios nacionales y gremios provinciales.
43
b) Transformar una modalidad de organización y discurso sectorial, comenzando a diseñar el
aún indecidible perfil institucional de un sindicalismo democrático y socialmente activo
para el tercer milenio.
c) Consolidar un nuevo modelo sindical solidario con ofertas de gobernabilidad democráticas
de participación ciudadana opuestas ya irreversiblemente al modelo corporativo tradicional
de mediados de siglo, promotor de sindicatos vinculados al Estado, fuertemente
centralizados y con identidad política excluyente, típicos de las actuales democracias de
competencia de élites, tanto en sociedades centrales como periféricas.
GOBERNABILIDAD Y CORPORACION MILITAR
A diferencia de lo ocurrido con el teniente general Martín Balza –por decisión personal del Dr.
Menem se lo mantuvo en la jefatura del arma como tributo a su lealtad al poder político puesta de
manifiesto el 3 de Diciembre de 1991– fueron colocados en situación de retiro el brigadier José Juliá
y el Almirante Jorge Ferrer.
En los respectivos actos de asunción del mando, tanto los salientes como los nuevos titulares
de la Armada y Fuerza Aérea pronunciaron discursos fuertemente corporativos y de alto voltaje
crítico a la política presupuestaria y su colateral salarial mantenida sin grandes concesiones por la
administración Cavallo desde el inicio de la Convertibilidad.20
Frente a la inalterable intransigencia de la decisiones económicas, y la consecuente penuria de
legitimidad institucional que al interior de la corporación militar promueve la escasez material, el
poder político ha profundizado una módica estrategia de evitación de crisis de legitimidad: la
sobreoferta de valores de fuerte contenido simbólico para las Fuerzas. En otras palabras: legitimidad
20 Según informa Horacio Verbitsky ("Página/12", 25-7-93), y como consecuencia inexorable de la lógica del actual ajuste acreedor, el actual presupuesto militar es, en términos nominales, igual al del año anterior, con lo cual, descontada la inflación del período, resulta en términos reales un 14% menor al de 1992. Las perspectivas en esta materia no son buenas. Al parecer, se impone una profunda reestructuración –aún pendiente en nuestro país– de las FF.AA. del continente. Una significativa reducción del número de sus miembros así como una reorientación global de las actividades específicas de las Fuerzas. La lógica del ajuste acreedor sólo asigna sentido a las funciones vinculadas al combate contra el narcotráfico. Al respecto, el ex consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., William Perry, expresaba a ese mismo diario el pasado 22 de Agosto: "El de las drogas es un problema multilateral que debe ser resuelto de manera internacional y es uno de los pocos en que los militares tarde o temprano pueden encontrar su papel profesional"; para agregar, la lucha contra las drogas será la única parte del presupuesto militar que va a aumentar".
44
jurídica y reivindicación política de la Corporación para amortiguar el impacto que produce la
inevitable restricción presupuestaria como estrategia de repolitización de la cuestión militar.
Como se recordará, el primer y más espectacular efecto material de esta estrategia del Poder
Ejecutivo hacia la corporación asumió inicialmente formas jurídicas: Indulto Presidencial. Sin
embargo, en tanto las restricciones materiales continuaron inexorablemente, la repolitización de la
cuestión presupuestaria avanzó sin prisa ni pausa.
No debe extrañar, entonces, que en la reciente asunción de Juan Paulik y Enrique Molina Pico
a las Jefaturas de la Fuerza Aérea y de la Armada, pudieran verse en sus respectivos actos a los
indultados ex brigadier Basilio Lami Dozo –condenado a doce años de prisión por negligencia e
impericia en la conducción militar de la Guerra de Malvinas– y al ex almirante Emilio Eduardo
Massera –condenado a prisión perpetua por homicidios y tormentos.
Sucede que, desarticulada finalmente por disfuncional al actual modelo de gestión estatal del
ajuste, la estrategia de repolitización "carapintada" de la cuestión militar –alentada ayer
políticamente al interior de las Fuerzas por el menemismo en situación de oposición y hoy
condenada a la marginalidad política dentro del Ejército en particular y la corporación militar en
general–, la repolitización de la cuestión militar por parte del menemismo en situación de gobierno
logró finalmente diseñar un perfil nítido: a la legitimidad jurídica que ofreció el indulto, sigue la
reivindicación política de "todo lo actuado" por las Fuerzas.
El Dr. Oscar Camilión, flamante –pero no casual– ministro de Defensa para la etapa de
repolitización posindulto, ha señalado con transparencia inusitada la nueva estrategia del poder
político en relación a la corporación militar.
Frente a la requisitoria periodística sobre la inoportuna presencia en actos oficiales de un ex
almirante acusado por la Justicia Nacional de haber participado en un plan criminal, el actual
Ministro, respondió con tono firme: "Eso de plan criminal corre por su cuenta...."21
21 Declaraciones de Oscar Camilión al periodista de Radio América Horacio Embón, tras el acto de asunción del nuevo jefe de la Armada.
45
Un notable cambio de etapa en la estrategia de repolitización del poder político: de la
legitimación jurídica, vía indulto, a la reivindicación política de las Fuerzas Armadas, mediante la
recuperación global y sin cuestionamientos de su historia reciente.
Finalmente, y más allá de experiencias marginales como el CEMIDA, el conjunto de la
corporación y sus máximos representantes fueron y son refractarios absolutos a ofertas de
gobernabilidad democráticas de participación ciudadana.
Fieles a su historia, las FF.AA. demandaron sistemáticamente, cuando no ofertaron a la
sociedad civil, formatos de Estado con marcados predominios del Ejecutivo por sobre los demás
poderes. En igual sentido, el conjunto de las Fuerzas, tanto por propio origen como por formación y
práctica, asumen a las corporaciones como vías legítimas de mediación estado-sociedad por fuera
del sistema político partidario, típicas de formas de regímenes democráticos de competencia de
élites.
GOBERNABILIDAD E IGLESIA
Si existe una marca central que distingue la actual coyuntura política al interior de la Iglesia
Católica, es la ruptura del límite que a nivel jerárquico distinguía el discurso público del privado.
El año 1993 –particularmente los meses de mayo, junio, julio y agosto– encuentran a la
jerarquía católica dirimiendo a través de los medios masivos diferencias políticas profundas que,
existiendo desde siempre bajo modalidades diversas, se mantenían mayoritariamente dentro del
ámbito privado.
Para algunos núcleos del Episcopado, este inusual estado deliberativo global encuentra su
fundamento en la profundidad de la crisis que sacude a amplísimos sectores sociales excluidos de la
oferta civilizatoria peronista de fin de siglo.
En otras facciones jerárquicas, sin embargo, el motor de la disputa resulta la evidencia ya
indisimulable de los compromisos políticos que, con la actual gestión de gobierno, muestran el
46
Primado de la Argentina y presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Antonio Quarracino y
sus seguidores.
Esta situación de mímesis con el poder político, que asumió sin rubor la facción piloteada por
la más alta autoridad de la Iglesia, compromete peligrosamente los espacios de autonomía política
de la corporación en su conjunto y, para múltiples sectores de la jerarquía, legaliza una urgente toma
de posición pública e igualmente contundente en su crítica respecto del poder político, capaz de
restaurar los equilibrios comprometidos por la gestión de Quarracino y alguno de sus subordinados.
Este distanciamiento del poder político, que por motivos diversos promueven con firmeza
importantes sectores del Episcopado, sirve de contexto incluso para analizar el complejo de
situaciones que envuelven el alejamiento de Gustavo Béliz del Ministerio del Interior.22
Hubieron múltiples declaraciones originadas por este singular debate que envuelve a la
jerarquía de la Iglesia Católica, pero cuatro sirven de paradigma a fin de mostrar la extensión del
campo ideológico de la polémica y su posicionamiento, respecto de las dos ofertas de
gobernabilidad hegemónicas y contrastantes de cara al futuro político institucional argentino de
fines de siglo.
La Iglesia Oficial
Además del arzobispo de Buenos Aires, Antonio, Quarracino; el obispo de Mercedes, Emilio
Ogñenovich; el de Avellaneda, Di Monte; de San Luis, Mons. Laisse; el obispo de Santa Fe, Storni y
el de San Juan, Italo Di Stéfano, conforman las referencias públicas mas notorias del sector del
Episcopado solidario con el actual modelo de gestión estatal del ajuste.
Este sector, que por motivos obvios denominamos Iglesia Oficial, ha construido su discurso en
torno de una idea que constituye el núcleo de sentido de sus mensajes y que, por otra parte, se
encuentra muy fuertemente instalada en la sociedad: la corrupción de los funcionarios.
22 Recuérdese que, a pesar del "mandato vencido" de monseñor Aramburu y los deseos manifiestos del Papa Juan Pablo II, la asunción de Quarracino como Primado de la Argentina tuvo que postergarse dos años ante la negativa de Raúl Alfonsín a su nombramiento. Recién con la llegada al gobierno del Dr. Menem, monseñor Antonio Quarracino pudo asumir sus funciones al frente de la Iglesia.
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Mediante un diseño discursivo nada rudimentario, aquellas que no son otra cosa que
consecuencias estructurales de un formato y un modelo de gestión estatal específico del ajuste
estructural son consideradas producto de la "corrupción de los actores" que, obviamente existe y a
niveles pasmosos.
El discurso emblemático de esta posición no fue desarrollado por Antonio Quarracino, sino
por su reemplazante en el Tedeum del pasado 25 de Mayo, vicario de Buenos Aires, monseñor Jorge
Miras. En este mensaje, la condena casi espectacular a la corrupción pública, inicialmente sustituye
el vacío dejado por la ausencia de críticas estructurales a la actual modalidad de funcionamiento
estatal y, finalmente, la desplaza.
Así por caso, la crítica estructural al predominio del Ejecutivo por sobre los demás poderes del
Estado que subordina a las demandas del poder político las prácticas jurídicas, caso típico del actual
formato estatal peronista, deja su lugar en la Homilía de Miras a la "violencia del poderoso que
corrompe la justicia".23
En esta misma dirección de sustitución-desplazamiento funcionan otros pasajes de su mensaje,
al sugerirse que "el desborde personal y la corrupción hacen imposible el bien común",24 obturando
nuevamente la referencia a un modelo de gestión estatal que direcciona sin desborde alguno y –
según la mayoría de los consultores conocidos– hasta con gran precisión técnica, el mayor impacto
económico, jurídico y social del ajuste estructural sobre los sectores comunitarios más débiles. Una
modalidad estructural del ajuste sujeta al cálculo y de la cual, eventualmente, el "desborde personal
y la corrupción" pueden ser colaterales propias del tipo de dirigencia requerida para su ejecución,
pero nunca causa del deterioro de los bienes comunitarios que tanto preocupa a Monseñor y sus
seguidores.
En la perspectiva que interesa a nuestro análisis, esta posición de la Iglesia Oficial resulta a fin
a un tipo de gobernabilidad desarrollada por formatos de gestión estatales de gran concentración de
poder en el Ejecutivo, conectadas con el conjunto comunitario de manera dominante por
corporaciones. Desplazada así la centralidad parlamentaria en la función legislativa y la trama
23 Diario 'Clarín", 26-5-93. 24 Diario "Clarín", 26-5-93.
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político partidaria como espacios institucionales aptos para la mediación estado-sociedad, el tipo de
gobernabilidad democrática que hoy legitiman las posiciones de la Iglesia Oficial es de competencia
de élites.
La Iglesia Constitucionalista
Esta segunda posición al interior del debate abierto en la jerarquía no está sustentada en
particular por ninguno de sus miembros, y fue hecha pública con mucha resonancia en los medios a
través de la prestigiosa revista de la Iglesia Católica, "Criterio".
La publicación dirigida por el padre Rafael Braun, cuyo Consejo de Redacción integran, entre
otros, Natalio Botana, Marcelo Monserrat, Carlos Floria y Juan José Llach –hoy en uso de licencia–,
que representa además las posiciones ideológicas de un sector importante del Episcopado, entre los
que se encuentran el secretario de la Conferencia Episcopal y Coadjutor de Mendoza, monseñor José
María Arancibia y el obispo de Córdoba Raúl Primatesta, elaboró un polémico editorial bajo el titulo
de "La crisis de ejemplaridad".25
Como es sabido, los pasajes más importantes se resuelven mediante una severa crítica al
fundamentalismo reeleccionista del menemismo ortodoxo, mediante la sugerente pregunta: "¿Cuáles
son las motivaciones profundas del enfermizo deseo de asegurar la reelección?", para agregar, se
vive un clima ilustrado por el "después de mí, el diluvio' y 'el Estado soy Yo–, atmósfera de la cual
responsabilizan fundamentalmente a dos hombres clave en el entorno presidencial, Eduardo Bauzá y
Gustavo Beliz.26
Finalmente, el grupo "Criterio" también realiza una severa crítica al sistema político partidario
preguntándose "si es sensato entregarles a esas 'aglomeraciones' de individuos carentes de ideales
aglutinadores el monopolio de las candidaturas a cargos representativos".27
En este punto, comienza a demarcarse la extensión de la crítica del grupo, situándose
claramente en el terreno del liberalismo constitucionalista de centro-derecha, ortodoxo en la defensa 25 Revista 'Criterio", N" 2115. 8-7-93. 26 No casualmente a partir de este editorial de "Criterio", el exministro del Interior Gustavo Béliz, tomó distancia efectiva de la fiebre reeleccionista que recurrentemente convulsiona al menemismo, bocetando inicialmente el discurso de "Renunciamiento histórico" de Carlos Menem a sus ambiciones reelectivas para luego terminar renunciando él a su ministerio, declarando al matutino "Clarín" del 22 de agosto pasado que “no es posible la Reforma constitucional a cualquier precio". 27 Revista 'Criterio", NI> 2115, 8-7-93.
49
de la letra constitucional, pero sumamente pragmático a la hora de pensar los mecanismos de
mediación estado-sociedad, los cuales, según se desprende del texto de los editorialistas católicos no
estarán necesariamente fundamentados en el sistema político partidario.
Como es de suponer en esta etapa institucional, "Criterio" calla a la hora de ofrecer
alternativas de representación a las instituciones político-partidarias que juzga "aglomeraciones de
individuos". pero su historia editorial señala la aceptación coyuntural de formas corporativas de
representación comunitaria, incluso las vinculadas con las pasadas ofertas de gobernabilidad
dictatoriales. En este sentido, la ubicación de los sectores de la Iglesia representados por "Criterio",
respecto a las ofertas de gobernabilidad que en este trabajo se juzgan hegemónicas en el mediano
plazo, se alinean con las formas de régimen democrático de competencia de élites.
Si bien es manifiesta su adhesión a la letra constitucional, tanto la distribución de poderes al
interior del aparato estatal como el tipo de relación estado-sociedad no reconocen un paradigma
sólido demandante de autonomía de poderes del Estado y mediaciones no corporativas hacía la
sociedad, las cuales, por el contrario, son reivindicadas esporádica pero firmemente en la historia
editorial de la publicación.
La Iglesia Social-Democrática
Este espacio de reflexión ideológica dentro de la jerarquía católica se desarrolla centralmente
alrededor de las posiciones del obispo de Morón y miembro de la Pastoral Social del Episcopado,
Justo Laguna y, aunque más colateralmente, de los obispos de San Isidro, Jorge Casaretto; de
Neuquén, Agustín Radrizani; de Orán y San Nicolás, Monseñor Sueldo y Castaña respectivamente,
y Dante Sandrelli obispo de Formosa.
El núcleo temático de este espacio resulta la crítica al actual formato estatal y la modalidad de
distribución de poder a su interior, con fuertes tendencias de subordinación a las demandas del
Ejecutivo, particularmente del Poder Judicial.
Propicio por formación a la crítica contundente del escenario político institucional y el Estado
en sus aspectos formales, monseñor Laguna realizó los señalamientos más severos al actual
50
funcionamiento estatal, paradigmáticos de esta línea del pensamiento católico, durante el mes de
junio pasado al semanario "La Maga".
En este reportaje, Laguna sugiere que "la situación de la Justicia es el tema más grave del país.
Es más grave aún que la corrupción administrativa, porque la Justicia que nunca será perfecta –
porque no hay nada perfecto en este mundo–, por lo menos tiene que ser independiente". Mas
adelante, agrega, "el peligro es el poder hegemónico... salvadas las libertades públicas, el gran
peligro es el tema éticojurídico y su relación con el poder", precisando que "el Gobierno no ha
quitado libertades, pero Menem nos ha quitado la Justicia".28
A diferencia de las posiciones de la Iglesia Oficial –que como vimos prioriza la corrupción de
los funcionarios como causa del deterioro comunitario–, las posiciones sostenidas por la Iglesia
Social-Democrática, otorgan al formato estatal de predominios del Poder Ejecutivo y subordinación
jurídica a sus demandas, el fundamento del actual estado de corrupción generalizada. En esta
perspectiva Justo Laguna señaló, en oposición al pensamiento de la Iglesia Oficial, más que la
corrupción me preocupa la impunidad.29
Como es simple comprobar, la prioridad que el pensamiento de este sector asigna a la
autonomía del Poder Judicial y los peligros que observa en prácticas políticas estatales de carácter
hegemónicas, siempre vinculadas a desbordes del poder político, sitúan sus señalamientos
fuertemente articulados con ofertas de gobernabilidad democráticas de participación ciudadana,
duramente críticas del actual formato de gestión estatal y la forma de régimen democrático de
competencia de élites que implanta.
La Iglesia Popular-Democrática
Referida en las figuras del obispo de Viedma, Miguel Hesayne, Jorge Novak de Quilmes,
Joaquín Piña, de Iguazú y Jaime de Nevares –sin desconocer los matices que pudieran
diferenciarlos– encuentra actualmente su mayor referencia pública, una corriente tradicional de
28 Revista “La Maga", 16-6-93. 29 Diario "La Nueva Provincia", 19-6-93.
51
práctica y discurso católico, donde se manifiestan fuertes cruces entre mensaje evangélico y
determinaciones popular-democráticas.
Con diferencias profundas que asumen ya formas contradictorias respecto a las posiciones de
la Iglesia Oficial,30 los sectores católicos representados en este sector del Episcopado, reconocen
también fuertes contrastes con el pensamiento constitucionalista católico de centro derecha
vinculados a la revista "Criterio", donde el pasado fuertemente antidictatorial de la Iglesia Popular-
Democrática es, sin duda, el punto principal de divergencia con ambos espacios.
Sin embargo, no son diferencias menores las referidas a cuestiones tales como la noción de
democracia representativa, que constituye un núcleo temático central en las posiciones
constitucionalistas, y la idea de democracia popular, típica de los discursos populistas, resuelta por
las posiciones ideológicas de la Iglesia Popular-Democrática no por oposición como resulta claro en
el discurso del grupo vinculado a "Criterio", sino por la integración complementaria de ambas
determinaciones para la satisfacción de las condiciones democráticas por parte de una forma de
régimen político-institucional determinada.31
Las diferencias de la Iglesia Popular-Democrática respecto de las posiciones sostenidas por los
sectores católicos vinculados a posiciones social-democráticas, son menores y consisten,
fundamentalmente, en la centralidad que se otorga a las cuestiones referidas a la formalización del
régimen democrático.
Si para los católicos social-democráticos, el formato estatal con autonomía de poderes e
independencia jurídica resulta el criterio fundamental para que se satisfagan las condiciones
necesarias a la forma de régimen democrático, para las posiciones de la Iglesia Popular-
30 Con respecto a las contradicciones crecientes entre Iglesia Oficial e Iglesia Popular-Democrática, motivados por las declaraciones de monseñor Hesayne, transcriptas en este Informe, Emilio Ogñenovich dijo que el obispo de Viedma "tendrá que tener muchas pruebas para probar sus graves acusaciones", en tanto exclamó que "una golondrina no hace verano", para rematar su arenga oficialista exclamando "Juan Pueblo (SIC) no es tonto y cuando tenga que votar va a votar a conciencia por lo que él crea que es mejor para la sociedad, para la Argentina y su propia familia". ("Página/12", 29-7-93). 31 Una de las diferencias importantes entre la Iglesia Popular Democrática y el grupo "Criterio" fue señalada por el director de ese medio, Rafael Braun, en un reportaje televisivo en el programa "Hora Clave" del 15-7-93, criticando al oficialismo en un punto donde ambos grupos convergen: la reelección de Menem. Sin definir posiciones sobre una eventual Reforma Constitucional, pero fustigando duramente a las tendencias reformistas con reelección presidencial retroactiva, Rafael Braun resolvió, por oposición, las determinaciones populares y representativas de la cuestión democrática, cuando al ser requerida su opinión sobre un eventual plebiscito a favor de la Reforma Constitucional con reelección, contestó: "Esta es una democracia representativa, no popular".
52
Democrática, las cuestiones estructurales, vinculadas a la justicia distributiva integran centralmente
las condiciones formales que debe satisfacer un régimen democrático.
En declaraciones a la revista "La Maga", Miguel Esteban Hesayne, quizás el mayor referente
actual de esta corriente de pensamiento y práctica católica, logró condensar transparentemente el
tipo de discurso que caracteriza a esta posición dentro de la Iglesia y la integración en sus mensajes
de las determinaciones y metas estructurales que deben ser satisfechas para la caracterización formal
de un régimen como democrático.
Al respecto, expresaba el obispo neuquino: "Una democracia sin libertad y sin justicia social
no es democracia", por lo cual "con este Gobierno, la democracia es nominal"; esto significa que no
es democracia, por lo cual es lógico suponer que al frente del Ejecutivo se encuentre una
personalidad como el Dr. Menem que, al decir del Prelado 'tiene una mentalidad autoritaria que
engendra parámetros violentos en las relaciones de una sociedad..."32
Finalmente, en lo referido a la posición que observa la Iglesia Popular-Democrática respecto
de las dos formas de gobernabilidad hegemónicas en el mediano plazo, su proximidad a formas de
régimen democrático de participación ciudadana resulta evidente. Sin embargo, este alineamiento de
los católicos popular-democráticos encuentra más fundamento en el tipo de crítica que realizan a las
restricciones democráticas que plantea el modelo de competencias de élites, típico de la gestión
menemista del ajuste, que en la aceptación de las ofertas de gobernabilidad democrático-
participativas alternativas al oficialismo actualmente en desarrollo, en sus manifestaciones más
consolidadas, no integran formalmente como condición central a ser satisfecha por el régimen
democrático a la justicia distributiva.
GOBERNABILIDAD Y REFORMA CONSTITUCIONAL
La actual estrategia oficialista formal cuyo objetivo es obtener la Reforma Constitucional para
la reelección de Menem, involucra fundamentalmente tres niveles escalonados de cuestiones que se
disparan uno tras el agotamiento del otro, siguiendo una secuencia programada por el trío Corach-
Bauzá-E. Menem. 32 Revista "La Maga", 28-7-93.
53
Como es ya conocido los niveles resultan, por orden de secuencia:
• Caudal electoral de Octubre.
• Plebiscito popular.
• Polémica de los 2/3.
En rigor, el primer nivel es ya visualizado como un imposible por buena parte de la dirigencia
oficialista, en tanto ninguna de las proyecciones electorales nacionales conocidas otorgan al
peronismo el caudal de votos que debiera acumular para obtener el manejo de los 2/3 del total de la
Cámara Baja.33
Respecto del caudal de votos superior al 40% requerido por el PJ para intentar al menos
legitimar sus pretensiones reelectivas, Horacio Verbitsky señaló en "Página/12" del 25-7-93: "La
mejor elección a Diputados Nacionales del peronismo se produjo en 1987, donde al mismo tiempo
se eligieron gobernadores. En esa ocasión llegó al 42,9%. En 1991 ni siquiera el arrastre de la
elección de Gobernadores le permitió pasar del 40%. Sólo una brutal polarización, al estilo de las de
una elección presidencial, podría permitir al Gobierno traspasar estas fronteras, que no están
trazadas en la imaginación de un analista, sino en los datos de la historia".
Asimismo, la aparición de fisuras en el propio Bloque de Senadores oficialista, y la
complejidad de las alianzas con los representantes de Partidos Provinciales, complican la obtención
del número de senadores requeridos para dar el puntapié inicial al proceso de reforma por vías
constitucionales.34
33 Respecto del caudal de votos superior al 40% requerido por el PJ para intentar al menos legitimar sus pretensiones reelectivas, Horacio Verbitsky señaló en "Página/12" del 25-7-93: "La mejor elección a Diputados Nacionales del peronismo se produjo en 1987, donde al mismo tiempo se eligieron gobernadores. En esa ocasión llegó al 42,9%. En 1991 ni siquiera el arrastre de la elección de Gobernadores le permitió pasar del 40%. Sólo una brutal polarización, al estilo de las de una elección presidencial, podría permitir al Gobierno traspasar estas fronteras, que no están trazadas en la imaginación de un analista, sino en los datos de la historia". 34 Ciertamente, la obtención en la Cámara de Senadores de los 2/3 constitucionalmente requeridos para dar inicio al proceso Reforma para la reelección de Menem es una operación sumamente compleja, que incorpora también, al decir del ex ministro Béliz, operadores dispuestos a "comprar votos". Sin embargo, la tarea por obvia no es sencilla. Recuerde el lector que de los actuales 46 miembros del Senado. el PJ tiene confirmados 28 votos a favor de la reelección -los propios, 16 en contra –11 de la UCR, 1 del PJ, 4 de Partidos Provinciales– y 2 indecisos –de partidos provinciales. Actualmente, la Cámara Alta posee dos bancas sin ocupar. La perteneciente a la Provincia de Formosa -que será ocupada por un justicialista y sumará un voto a favor de la reelección- y la de Neuquén que corresponde ocuparla al representante del Movimiento Popular Neuquino, hasta ahora
54
El segundo nivel tampoco parece adecuado, pues resulta poco probable legitimar a través de
una práctica electoral no tradicional –inevitablemente acotada en su número de electores y
claramente extraconstitucional– como lo es un simple plebiscito no vinculante, las pretensiones
reelectivas que no fueron convalidadas mediante otra práctica electoral tradicional, con mayor
número de electores involucrados y capaz de poner en marcha los mecanismos constitucionales de
Reforma, como lo serán las elecciones nacionales de octubre.
Es impensable que los resultados de un acotado plebiscito, que requiere tan solo la mitad más
uno de los votos emitidos para legitimar la posición triunfante, pueda suplir a la proporción
sustancialmente mayor de sufragios nacionales requeridos para alcanzar los dos tercios del total de
miembros del Poder Legislativo.
Finalmente, agotados como parecen estar los dos anteriores, la estrategia oficialista ha
escalado a su último nivel conocido, sin duda el más débil de su estrategia formal. Se trata del
reemplazo liso y llano de los dos tercios del total de miembros del Poder Legislativo, exigidos
claramente por el artículo 30 de la Carta Magna para aprobar la necesidad de Reforma, por los
simples dos tercios de legisladores presentes en la sesión.
Imaginemos el calibre de la jugada menemista tomando como ejemplo la actual composición
de la Cámara Alta. Se sabe que con sus actuales 46 miembros, los 2/3 exigidos por la Constitución
para habilitar la necesidad de la Reforma se alcanzan con 31 miembros. Si, por el contrario,
dejáramos de lado los requerimientos constitucionales y aplicáramos la variante oficialista, los 2/3
se obtendrían con un piso de sólo 17 senadores, pues con su actual composición de 46 miembros, el
Senado da quórum con 24 legisladores.
La maniobra peronista resulta más espectacular aun si se toma en cuenta que en la Cámara
Alta el Justicialismo posee 28 votos propios a favor de la reelección y con esa misma cifra de
legisladores garantiza el quórum necesario para funcionar. Así las cosas, los 213 de los presentes en
favorable a la reelección. Sin embargo, con los actuales 46 miembros, los dos tercios de la Cámara requeridos por la Constitución para el proceso de Reforma, se alcanzan con 31 Senadores, y cuando se complete con 48, el peronismo habrá de necesitar 32 votos. Como se puede observar, con la actual composición de la Cámara, el Justicialismo debiera intentar sumar a las filas de la reelección a tres senadores más. La estrategia oficial es sumar a los dos indecisos -Solana de Neuquén y el fueguino Oyarzún–, más otro senador provincial de los cuatro hoy opuestos a la Reelección –Aguirre Lanari y Romero Feris junto a Alfredo Avelín y Leopoldo Bravo, ambos de San Juan. Cuando la Cámara se complete en cambio, el PJ deberá sumar a dos legisladores para alcanzar los dos tercios.
55
una eventual sesión por la Reforma estarían sobradamente satisfechos, con la sola convocatoria
oficialista al recinto.
Esta posición insólita del oficialismo obviamente no puede ser considerada más que como
intento final de revertir un acelerado proceso no sólo formal, que estrecha, indisimulablemente, los
caminos de la reelección presidencial.35
En efecto, más allá del deterioro de todos y cada uno de los niveles formales de la estrategia
oficialista, existen causas estructurales cuyos efectos políticos inmediatos también obturan las
pretensiones reeleccionistas del poder político.
Al respecto, en anteriores Informes se advertía que "...con el ingreso del país al Plan Brady y
la probable institucionalización del predominio acreedor estable que comporta, por primera vez en
décadas están creándose las condiciones de posibilidad para la emergencia de un nuevo formato
estatal con una distribución interna del poder de gestión diferente de la actual, que traslade los
predominios desde el Poder Ejecutivo hacia el aparato parlamentario. Es razonable, entonces, que a
las puertas del ingreso argentino al Brady, parezca afirmarse con más fuerza en los sectores de poder
vinculados a las facciones acreedoras –y la Embajada norteamericana no es la excepción– el
cuestionamiento más o menos abierto a la continuidad del modelo de gestión ejecutivista del ajuste,
del cual la Reforma Constitucional para la reelección presidencial es un efecto tan espectacular
como necesario".36
No debería extrañar, entonces, que una de las primeras declaraciones públicas del nuevo
embajador norteamericano James Cheek, hicieran hincapié en la necesidad de mayor seguridad
jurídica en la Argentina.
Es Eduardo van der Kooy quien logró extraer las conclusiones específicas más sólidas de este
pedido general de juridicidad por parte de la Embajada cuando afirma que, efectivamente, "no
35 Tal como lo señala el matutino "Clarín" del 19-8-93, el artículo 30 dice textualmente: 'La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras partes, al menos, de sus miembros", sin hacer referencia alguna a 'miembros presentes", como sí lo hace en el caso de otros procedimientos. Así, en el artículo 45, referido al Juicio Político, se establece expresamente que la formación de una causa se adoptará “por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes". Por otra parte, el citado matutino también comenta que con igual criterio que el artículo 45 –y a diferencia de lo determinado por el artículo 30 de Reforma–, el artículo 51 fija que ningún acusado será declarado culpable "sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes". 36 Informe de Coyuntura. ATE/IDEP, Mayo 1992.
56
ayudarán a descolocar el pedido del embajador de los Estados Unidos las argucias del oficialismo
para consagrar como sea la reforma con reelección".37
No es casual tampoco que Cheek haya recurrido al discurso de la seguridad jurídica, tan caro a
la estrategia opositora del radicalismo, para señalar las debilidades del actual modelo de gestión
peronista del ajuste. La recuperación del discurso opositor de la segunda minoría, además de ampliar
la base de legitimidad política de las críticas ofrece, en una segunda lectura, algunas claves para
observar el tipo de consenso político funcional a la estrategia acreedora que requiere, a diferencia de
la actual estrategia menemista de expulsión, de la integración de la oposición a la gestión estatal del
ajuste, como mecanismo de ampliación de su exigua base consensual.
Como se sabe, la forma técnica de ampliar los niveles de consenso político de la gestión
estatal supone el desplazamiento del predominio del Poder Ejecutivo, donde se encuentra
representado sólo el partido de Gobierno, o una facción de él, hacia el Poder Legislativo donde se
expresan una diversidad de fuerzas políticas con representación parlamentaria.
En efecto, tal como se señalara en Informes anteriores "...la estrategia acreedora siempre
supuso para nuestro país, como hipótesis político-institucional deseable, la constitución de un
sistema de gestión del ajuste con predominio parlamentarista que ampliara al máximo posible la
extensión del consenso político del ajuste acreedor. Si el Brady transformara los predominios
facciosos acreedores (...) de inestables a estables, no se observarían ya motivos fuertes por los cuales
la estrategia parlamentarista acreedora deba relegarse en favor del hegemonismo presidencialista
que descoloca a las segundas minorías de la gestión del ajuste. La concentración del poder en el
Ejecutivo, que las prácticas presidencialistas hegemónicas trae aparejada necesariamente, abre el
camino a oposiciones altamente críticas (...) el predominio ejecutivista recorta los compromisos
políticos, acrecentando aún más la penuria de legitimidad estructural típica de los modelos de ajuste
acreedor periféricos de fuerte exclusión social".38
En este sentido, Willian Perry, ex consejero de Seguridad Nacional durante la última
administración Republicana del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sostuvo en
37 Diario 'Clarín". 15-8-93. 38 Informe de Coyuntura. ATE/IDEP, Mayo 1992.
57
declaraciones recientes que tenemos una democracia formal en América Latina, tenemos políticas
económicas sensatas y lo que veremos en la próxima etapa es un creciente interés en los temas
sociales, políticos y en la reforma de los sistemas judiciales para convertirlos en democracias más
participativas. El tema de la corrupción va a adquirir un papel central porque afecta la competencia.
EE.UU. tiene una legislación muy restrictiva a la que están sometidas nuestras empresas. Cuando se
registran problemas graves de corrupción en algún país, no sólo resulta desagradable e inaceptable
sino que produce desventajas en la competitividad ya que las empresas de algunos otros países que
preferiría no nombrar no están sujetas a principios tan estrictos como los norteamericanos".39
Como sabemos, la corrupción en la gestión estatal que preocupa al consejero norteamericano
es, en nuestro país en particular, un efecto central del predominio del Poder Ejecutivo sobre los
demás poderes del aparato de Estado, con su frecuente correlato de ausencia de legislación e
impunidad.
39 Estas declaraciones vertidas por William Perry al matutino "Página/12" del pasado 22 de Agosto son un ejemplo emblemático del tipo de formato estatal latinoamericano deseable por la Administración Norteamericana, donde una vez garantizadas las "políticas económicas sensatas", como son los ajustes con predominio acreedor se enlazan en "perfecta armonía" la independencia de poderes con el interés de las trasnacionales norteamericanas. Ciertamente, la situación competitiva de las trasnacionales respecto de los grupos económicos locales es muchas veces desfavorable por el cúmulo de exigencias de tipo de oferta y control de calidad" requeridos a las empresas en los países de origen que se trasladan sin cambios a subsidiarias locales. Observe el lector lo acontecido en un sector paradigmático donde se manifestaron estas "desventajas competitivas" de las trasnacionales norteamericanas respecto de los grupos locales: la industria farmacéutica. Con una facturación anual que en línea ética -basada en la prescripción médica- ya supera los $ 2.500.000.000, el mercado de medicamentos es controlado en un 60% por laboratorios 'nacionales", sean grupos económicos o empresas locales independientes -Roemmers y Bagó como grupos líderes. Este liderazgo "nacional" fue construido a lo largo de los últimos quince años en base fundamentalmente a dos estrategias empresarias combinadas: extensión de líneas y copia de drogas originales. En efecto, los lanzamientos indiscriminados de productos supuestamente nuevos que sólo modificaban insustancialmente su forma galénica o algún componente secundario de la especialidad anterior, según un reciente informe de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica en el período 197611983, sumaron más de 2.000 certificados -donde un 90% correspondía a laboratorios nacionales. Esta cifra insólita de 'nuevos productos" fue aprobada rápido por el Ministerio de Salud mediante maniobras de "looby" –que no descartaron los incentivos explícitos- sobre los funcionarios del área por parte fundamentalmente de los laboratorios "nacionales". Esta constituyó una de las patas de la estrategia empresaria mediante la cual cimentaron su liderazgo de sector los grupos económicos locales. Esta estrategia de extensión line indiscriminada de los grupos locales resultó impracticable para las trasnacionales del sector -en la cantidad y rapidez requerida para aproximarse al ritmo vertiginoso Impreso por las estrategias locales--- fundamentalmente debido a las restricciones impuestas a sus subsidiarias por las centrales farmacéuticas que, sujetas al marco regulatorio de sus países de origen, no permitían modificar discrecionalmente fórmulas o galénicas a sus productos delinca. La segunda clave en el liderazgo local del sector se marca muy precisamente en el Informe de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica: 'La producción de drogas de reciente lanzamiento --que en los paises centrales se encuentran bajo los efectos de las patentes y que por ende son de elevado precio- a partir de la importación de los pasos previos de la síntesis química" a bajo precio en países donde no existía la protección de la ley de patentes de productos farmacéuticos. Así es que muchas veces se llegaba a situaciones paradojales donde la copia 'nacional" comercializada por un grupo local aparecía en el mercado con anterioridad a la droga original comercializada por una trasnacional, a un precio comúnmente superior -el precio promedio más alto del mercado lo posee actualmente el Laboratorio Sidus con $ 11. seguido por Beta y Roemmers. todos "Laboratorios Nacionales"– y sin el control de calidad requerido por las normas internacionales. La consecuencia inmediata de esta modalidad de gestión empresaria local en el sector, sostenida por la corrupción generalizada de todas las partes involucradas en la producción y aprobación de especialidades medicinales, es un ejemplo claro de las consecuencias directas que sobre los intereses norteamericanos trae aparejado el manejo discrecional y subordinante de los demás poderes del Estado por parte del Ejecutivo, donde la capacidad de "Iooby" de los grupos locales demostró ser tan eficaz que construyó liderazgos en sectores que fueron desprovistos de hecho vía corrupción de partes, de todo marco regulatorio. La ausencia de marco jurídico transformó en desigual la competencia de aquellas empresas que, como las filiales locales de las trasnacionales farmacéuticas, deben sujetar su tipo de oferta y control de calidad de los productos a los duros requerimientos de sus casas matrices, construidos de acuerdo al marco jurídico del país de origen. En esta perspectiva, no es difícil suponer que las normas de control de productos farmacéuticos aplicadas por la F.D.A. norteamericana sean más rígidas y eficaces que las imaginadas por el inefable doctor Alberto Mazza, cuyo Ministerio de Salud se debatía al cerrar este Informe entre las patotas del C. de 0. y las aguas de Tlacote.
58
Entonces, muy a pesar de los deseos de los menemistas ortodoxos, la reelección presidencial,
y la reforma de predominios ejecutivistas que comporta, encuentra serias dificultades por la propia
lógica del ajuste con predominio acreedor.
En esta perspectiva deben analizarse los pronunciamientos críticos de la Embajada
Norteamericana, sin duda; pero también la viabilidad cierta de la creciente oposición de las
principales fuerzas opositoras, importantes sectores de la jerarquía católica, dirigentes "top" del
establishment empresario local e, incluso, la hasta ayer impensable división en las filas justicialistas,
cuyas señales más expuestas incluyen las posiciones asumidas en el Bloque de Senadores por
Antonio Cafiero, José Octavio Bordón y el puntano Rodríguez Saá; y las menos visibles: la discreta
toma de distancia del cada día mas díscolo Eduardo Luis Duhalde.
En rigor, la situación del menemismo ortodoxo resulta doblemente compleja, pues las
tendencias reformistas, funcionales al ajuste acreedor posBrady, están en franca oposición a las
tendencias claramente presidencialistas de la actual Constitución y que la hipótesis de reforma para
la reelección, de legitimarse, potenciaría ilimitadamente. Una estrategia de reforma adecuada al
ajuste con predominio acreedor en la Argentina supone, al contrario de aquello que imaginan los
menemistas ortodoxos, modificar la trama dogmática del Texto a fin de reforzar los mecanismos
constitucionales tendientes a redistribuir el poder de gestión estatal limitando el predominio del
Poder Ejecutivo. Como resulta obvio, la consecuencia principal de esta estrategia reformista es el
necesario debilitamiento de la figura presidencial y su resultado colateral, el probable final de la
viabilidad política de hipótesis de reforma ejecutivista, con reelección retroactiva.
Finalmente, es posible ubicar de cara a las ofertas de gobernabilidad hoy hegemónicas las
diferentes hipótesis de reforma constitucional.
En este sentido, considerada como un vehículo institucional más, entre otros ya analizados, la
Reforma Constitucional para la reelección, de fuerte contenido ejecutivista, diseñada por el
menemismo ortodoxo, se ubica sin dificultades como modelo característico de las formas de
régimen democrático de competencia de élites. Por el contrario, y analizándolas en tanto tendencias,
las hipótesis de reforma de la trama dogmática del texto constitucional –partícipes de debilitar la
figura presidencial y redistribuir los poderes al interior del aparato de Estado consolidando el
59
predominio legislativo–, están en línea con ofertas de gobernabilidad democráticas de participación
ciudadana
A MODO DE CONCLUSION
Esta Sección finaliza con dos cuadros que, de manera sencilla, condensan lo desarrollado hasta
aquí.
CUADRO Nº 6. Gobernabilidad Democrática de Participación Ciudadana
Gobernabilidad Democrática de Participación Ciudadana Vehículo Institucional
Características Centrales Partidos Sindicatos Iglesia FF.AA.
PJ C Bordonismo
Iglesia 1 - Redistribución del poder UCR C.T.A. Social- interno del aparato de Estado, Democrática E trasladando los predominios Posalfonsinismo desde el Poder Ejecutivo hacia Alfonsinismo Crítico el Legislativo Alfonsinismo Delarruismo M CENTRO DERECHA 2 - Relación Estado/Sociedad UCD Provincia I dominante: vía Sistema Bs. As. Político Partidario
CENTRO IZQUIERDA Sindicatos
Iglesia
no Popular- D Frente Grande Alineados Democrática Unidad Socialista de Frente Democracia C.G.T. A Avanzada
Fuente: Elaboración propia.
60
CUADRO Nº 7. Gobernabilidad Democrática de Competencia de Elites
Gobernabilidad Democrática de Participación Ciudadana Vehículo Institucional
Características Centrales Partidos Sindicatos Iglesia FF.AA.
PJ
1 - Redistribución del poder Menemismo Iglesia Mandos
interno del aparato de Estado,
con predominio del Poder
Posmenemismo Independientes Oficial Actuales
Ejecutivo UCR
Angelocismo
Massaccesi
Usandizaga
62
CENTRO DERECHA Organizaciones
UCD Capital
2 - Relación Estado/Sociedad MODIN
dominante: vía Corporaciones Partidos Prov.
Disidencia
Amigos del Amigos del Iglesia vía Carapin-
CENTRO
IZQUIERDA
Gobierno Constitucionalista tadas
Izquierda Marxista
tradicional
Fuente: Elaboración propia.
Con la provisoriedad que supone esquematizar comportamientos institucionales, los cuadros
mencionados agrupan diferentes prácticas y los tipos de gobernabilidad con que se vinculan, de
acuerdo a las dos ofertas consideradas hegemónicas a lo largo de esta Sección.
61
III. AJUSTE, GRUPOS EMPRESARIOS
Y DESINDUSTRIALIZACION
ECONOMIA REAL
El P.B.I. en la "Década Perdida" y a Principios de los '90
En base a las cifras oficiales suministradas por el B.C.R.A. –nueva metodología de cálculo en
pesos a precios de 1986–, se evalúa el comportamiento del Producto Bruto Interno en el lapso 80-92.
Una primera aproximación revela dos tendencias definidas en la suma de todos los valores
agregados producidos por los argentinos en el período citado. En principio, un estancamiento del
P.B.I. global, con leve recuperación a partir de 1991 –véase Cuadro Nº 8–, determinándose a su vez
una caída del 2 1% en el P. B. L "per cápita", como consecuencia de dicho estancamiento. En
segundo orden, se advierte un incremento en la participación relativa de la producción de servicios
respecto de la de mercancías, pasando del 52,8% al 54,4% en 1992 –véase Cuadro Nº 9.
En suma, el P.B.I. revela un cuadro de estancamiento global con crecimiento relativo del
sector terciario.
En el plano de la producción de mercancías, el P.B.I. Industrial descendió del 28,0% en 1980
al 27.0%, en 1992, en tanto construcciones cayó del 8, 1% al 5,6% en igual lapso. Contrastando con
este efecto, el P.B.I. Agropecuario creció del 6,9% en el '80, al 7,8% en el '92, evidenciando la
orientación productiva primaria de la economía argentina.
CUADRO Nº 8. Producto Bruto Interno a Precios de Mercado(*) (Nueva metodología)
62
en miles de $ de 1986
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
PBI a precios
de mercado 10.283 9.736 9.516 9.828 9.960 9.310 9.984 10.207 10.022 9.419 9.478 10.268 11.052
Productores
de mercancías
4.828
4.403
4.305
4.503
4.514
4.135
4.511
4.646
4.545
4.137
4.224
4.637
4.984
PBI agric. caza,
silvic. y pesca 714 740 780 790 791 778 779 756 830 753 839 872 872
PBI explot. de
minas y
canteras
231 228 222 227 225 217 202 216 231 239 252 238 25
PBI Industrias
manufactureras 2.890 2.544 2.476 2.658 2.729 2.458 2.738 2.786 2.650 2.461 2.512 2.811 3.017
PBI
construcciones
841 738 667 657 584 498 597 683 663 502 423 513 624
PBI elec. gas y
agua
151 153 160 171 185 184 195 205 191 182 198 203 214
Productores
de servicios 5.455 5.333 5.211 5.325 5.446 5.175 5.473 5.561 5.457 5.282 5.254 5.631 6.068
PBI com.
mayor,
menor, rest.
y hoteles 1.843 1.666 1.541 1.612 1.688 1.536 1.626 1.637 1.599 1.438 1.464 1.705 1.863
PBI transp.
alm.
y com. 415 394 403 416 443 437 468 485 483 497 476 497 553
PBI est. finan.
seg. y bienes
inmuebles 1.470 1.562 1.510 1.500 1.485 1.425 1.522 1.535 1.494 1.444 1.410 1.552 1.757
PBI serv. com.,
soc. y pers. 1.727 1.711 1.757 1.797 1.830 1.777 1.857 1.904 1.881 1.903 1.904 1.877 1.895
Derechos de
Importación (1) 48 0 -84 -46 2 -10 0 35 28 6 -48 4 108
(*) Cifras provisorias.
(1) Menos servicios financieros imputados - Incluye un ajuste para unificación del tipo de cambio de
exportación e importación.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del B.C.RA.
63
CUADRO Nº 9. Producto Bruto Interno a Precios de Mercado. Estructura Porcentual
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
PBI a precios
de mercado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Productores
de mercancías 47% 45% 45% 46% 45% 44% 45% 46% 46% 44% 45% 45% 45%
PBI agric.
caza,
silvic. y pesca 7% 8% 896 8% 8% 8% 8% 7% 8% 896 996 8% 8%
PBI explot. de
minas y
canteras
2% 296 296 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 2%
PBI industrias
Manufactureras 28% 26% 26% 27% 27% 26% 27% 27% 26% 25% 27% 27% 27%
PBI
construcciones
8% 8% 7% 7% 6% 5% 6% 7% 7% 5% 4% 5% 6%
PBI elec. gas y
agua
1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Productores
de servicios 53% 55% 55% 54% 55% 56% 55% 54% 54% 56% 55% 55% 55%
PBI com.
mayor,
menor, rest.
y hoteles 18% 17% 16% 16% 17% 16% 16% 16% 16% 15% 15% 17% 17%
PBI transp.
alm.
y com. 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
PBI est. finan.
seg.
y bienes
inmuebles
14% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16%
PBI serv. com.,
soc.
y pers. 17% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 20% 20% 18% 17%
Derechos de
importación (1) 0% 0% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1% 0% 1%
Fuente: Elaboración propia.
La evaluación de la estructura porcentual del P.B.I. a valores corrientes de cada año –véase
Cuadro Nº 10–, ratifica con escasa dispersión, durante la década del '80, los movimientos descriptos.
64
A su vez, a partir de 1990, se presenta una fuerte acentuación del crecimiento del sector terciario en
detrimento de la industria, construcciones e inclusive el agro. En efecto, Establecimientos
Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles aumenta del 12,9% al 16,8% en 1992; Servicios
Comunales, Sociales y Personales lo hace del 14,8% al 26%, inversamente la Industria
Manufacturera desciende del 30,9% en 1989 al 21,9% en 1992; las Construcciones pasan del 6,2%
al 5,3% y el Agro del 9,6% al 6,0%. Es indudable que en estas mutaciones, el principal factor de
incidencia es el nivel del tipo de cambio que, al encontrarse fijo en un nivel descendente respecto de
1989, con apertura arancelaria, tiende a favorecer el crecimiento en dólares de los precios de
aquellos sectores no transables internacionalmente –servicios por excelencia– y, por ende, no
afectados por los límites impuestos por los precios de los bienes importados.
P.B.I. Industrial y P.B.I. Agropecuario
La evolución del P.B.I. industrial se grafica seguidamente.
La desagregación del P.B.I. Industrias Manufactureras –véase Cuadro Nº 11– ratifica, en los
movimientos ascendentes y descendentes más pronunciados seguidos por las distintas ramas
industriales, el contexto de reprimarización sufrido por la actividad económica.
La industria de alimentos, bebidas y tabaco pasó del 19% del P.B.I. Industrial en el '80 al 24%
en el 91: a la inversa, la producción de maquinarias y equipos descendió del 3 1% al 23% del P. B.
Industrial, en igual lapso. También con oscilaciones de menor envergadura, se observan
crecimientos en textiles, cuero y papel y estancamiento en industrias metalúrgicas básicas.
65
CUADRO Nº 10. Valor Agregado por Sector Actividad. Estructura Porcentual en Base a Valores
Corrientes Concepto y Sector
Actividad 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
PBI a precios de mercado 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 6.4 6.5 9.6 8.7 8.3 7.6 7.8 8.1 9.0 9.6 8.1 6.7 6.0 Minas y canteras 1.2 1.5 1.3 2.1 1.9 2.0 2.0 1.8 2.3 3.2 2.9 2.1 1.8 Industria Manufacturera 29.5 28.8 31.4 30.7 29.7 29.6 27.4 27.5 28.0 30.9 26.8 24.4 21.9 Electricidad, gas y agua 1.8 2.2 1.3 1.6 1.7 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 1.6 1.7 Construcción 8.6 7.8 7.1 7.2 6.4 5.7 6.0 6.4 6.3 6.2 4.4 4.7 5.3 Com. por mayor, menor, restaur. y hoteles 16.5 16.2 16.7 16.6 16.8 16.5 16.3 15.4 15.5 16.9 15.6 15.9 15.4 Transportes, almacenamiento y comunic. 4.5 4.8 4.0 3.9 4.3 4.9 4.7 4.5 5.0 4.2 5.2 5.2 5.2 Estab. financ., seguros y bienes Inmuebles 13.9 15.1 14.3 14.6 13.4 14.7 15.2 15.7 15.0 12.9 14.9 15.3 16.8 Serv. comunales, sociales y personales 17.8 17.9 14.6 15.4 17.1 17.6 18.6 18.3 16.8 14.8 21.3 24.8 26.0 Más impuestos s/importación (1) menos servicios financ. Imputados (0.3) (0.8) (0.4) (0.7) 0.3 (0.7) 0.0 0.2 0.2 (0.8) (1. 1) (0.6) (0.1)
(*) Estimado.
(1) Incluye el ajuste para unificación del tipo de cambio de exportaciones e importaciones.
Fuente: B.C.R.A.
66
CUADRO Nº 11. Producto Bruto Interno Industria Manufacturera. Estructura Porcentual.
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Total Ind.
manufacturera
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Alim. beb. y
tabaco
19% 21% 22% 21% 21% 23% 22% 22% 22% 24% 25% 24%
Textiles, p. de
vestir y cuero
13% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 13% 14% 14%
15%
16%
Madera y
muebles
3% 3% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 396 3% 2% 3%
Papel, Imprenta
y editoriales
5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 6%
Químicos, ref.,
caucho
y plástico 17% 18% 19% 19% 18% 17% 18% 19% 19% 19% 21% 19%
Min. no
metálicos
6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4%
Ind. metálicas
básicas
4% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 5%
Maquinarias y
equipos
31% 29% 27% 27% 28% 28% 26% 27% 26% 22% 20% 23%
Otras industrias
manufactureras 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Fuente: Elaboración propia.
En un marco de crecimiento general, el sector agropecuario evidencia fuertes cambios en su
composición –véase Cuadro Nº 12.
En el período 80/91 el Producto Agrícola acrecienta su participación relativa en el P.B.I.
Agropecuario del 44% al 54%, en detrimento del Producto Pecuario, reduce su incidencia del 45%
al 38%.
La mayor expansión agrícola se verifica en las oleaginosas –particularmente la soja que crece
del 3,6% al 13, 1%–– y las hortalizas y legumbres, presentando un desenvolvimiento menos
dinámico los cereales y, decididamente errático, los cultivos industriales. Del mismo modo en el
67
sector pecuario, el ganado vacuno permanece estancado a lo largo de la década del '80,
recuperándose a partir de 1989; hay decididos retrocesos en el ganado ovino y porcino, y la única
que presenta un repunte sostenido es la actividad lechera.
CUADRO Nº 12. Producto Bruto Interno Agropecuario. Estructura porcentual
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Total
agropecuario 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Agrícola 44% 46% 48% 48% 50% 49% 47% 46% 51% 47% 52% 54%
Cereales
22%
31%
32%
32%
29%
28%
26%
22%
21%
19%
19%
20%
Maíz 6% 12% 8% 7% 7% 9% 10% 7% 6% 3% 3% 5%
Sorgo 3% 6% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1%
Trigo 11% 10% 15% 16% 14% 12% 11% 9% 11% 11% 10% 10%
Resto 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 4% 5%
Oleaginosas 15% 12% 14% 14% 18% 19% 23% 19% 26% 23% 31% 31%
Girasol 4% 2% 3% 4% 3% 5% 6% 4% 4% 5% 5% 5%
Lino 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1%
Soja 8% 7% 8% 8% 13% 12% 14% 13% 20% 16% 25% 24%
Resto 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%
Cultivos
industriales
23%
19%
20%
18%
17%
16%
16%
19%
18%
19%
16%
16%
Frutas 18% 16% 14% 14% 14% 15% 12% 16% 14% 16% 14% 14%
Hortalizas y
legumbres
20%
21%
20%
20%
21%
21%
22%
22%
20%
22%
19%
18%
Flores 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%
Pecuario 45% 44% 42% 41% 39% 41% 42% 43% 39% 44% 39% 38%
Ganado vacuno 60% 60% 59% 59% 59% 58% 60% 58% 58% 59% 61% 59%
Ganado ovino 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 4% 4% 4%
Ganado porcino 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
Leche 14% 14% 15% 15% 15% 16% 15% 17% 17% 18% 17% 18%
Fuente: Elaboración propia.
68
Estrategias Empresarias y Sectores Productivos
Cambio de Etapa Poshiperinflación
La somera reseña de la evolución del Producto Bruto Interno permite enmarcar el análisis del
nivel de actividad en la etapa actual y el sesgo productivo del país.
El ajuste estructural que siguió a la hiperinflación, sobre todo el esquema macroeconómico de
la Convertibilidad, determinó alteraciones en las tendencias de la producción industrial que se
esbozaban en los últimos años de la década del '80. En efecto, hacia esos años parecía afirmarse un
núcleo exportador de manufacturas relevante, compatible con uno de los objetivos estratégicos de la
reestructuración delineada por la última dictadura militar.
La drástica alteración del rol del Estado, orientado a transferir recursos por distintos
mecanismos (promoción industrial, sobreprecios en las compras, estatización de la deuda externa,
sistema tributario regresivo y endeudamiento interno a altas tasas reales) hacia un conjunto de
grupos empresarios, tuvo corno objetivo la conformación de un nuevo bloque dominante, que
superara las antiguas contradicciones presentes en el modelo de sustitución de importaciones; como
la nacionalidad del capital y las disputas sectoriales ––capital nacional/ capital extranjero,
agro/industria– impulsando la homogeneización a partir de la trasnacionalización de la economía y
la centralización del capital, vía integración vertical en un mismo sector y diversificación hacia
otros. Surge, así, la figura del grupo económico integrado y/o diversificado como beneficiario de la
reestructuración.
En consecuencia, la trasnacionalización de la economía y la diversificación de los consorcios
empresariales –producida al calor del subsidio estatal, presente en la remoción del modelo de
sustitución de importaciones–, determinaron por un lado, y en respuesta al primer factor, medición y
captación de ganancias empresarias en moneda dura y, por el otro, impulso productivo alternativo a
los bienes que más rápido pudieron ajustar sus precios por la evolución del tipo de cambio. Por
definición, aquellos susceptibles de ser exportados.
69
Si bien, en ese lapso, el endeudamiento interno del Estado, a tasas de interés reales positivas
respecto del tipo de cambio, permitió la valorización financiera de los excedentes locales cualquiera
fuera su origen, restándole dinamismo a los bienes exportables, los sucesivos saltos cambiarios, la
selectividad arancelaria y las restricciones a la demanda interna favorecieron la conformación de un
esquema productivo asentado en bienes intermedios con destino al mercado externo.
En la segunda mitad de la década del '80, el rumbo productivo resultante del programa de
estabilización macroeconómica aplicado por el gobierno radical –el plan Austral y sus derivados–
era la consolidación de un modelo exportador de bienes intermedios, sustentado en fuerte apoyo
fiscal. El agotamiento del Estado surgido de la dictadura, cuyo funcionamiento el gobierno radical
no modificó, signado por la imposibilidad de sostener simultáneamente las transferencias a los
grupos económicos y los acreedores externos,40 determinó el inicio de un nuevo proceso de
reconversión poshiperinflacionario.
La continuidad del modelo exportador, delineado por el radicalismo, se expresó en el primer
tramo del gobierno de Menem en el Plan B.B., si bien éste asumía características sustancialmente
distintas en el diseño macroeconómico, pues pretendía reemplazar el subsidio fiscal por el desguace
del Estado articulado con la salida exportadora, un tipo de cambio muy elevado y la dilación en el
pago de la deuda externa. La segunda crisis hiperinflacionaria de fines del '89 abrió el camino para
el ajuste conducido por los acreedores externos, cuyo saldo productivo es el que se pretende evaluar
en este trabajo.
En suma, la reconversión que acometen los grupos empresarios, surgidos de la
reestructuración delineada por la dictadura militar, se produce en el marco de dicho ajuste
regularizador de los pagos externos, en el que el desguace del Estado cumple el rol de viabilizar el
ingreso al Plan Brady en el plano de la cuentas públicas y restituir, por otra vía, el subsidio fiscal
recortado por el ajuste.
El Cuadro Nº 13 refrenda las afirmaciones precedentes, mostrando la sostenida evolución
favorable de los índices de producción de los bienes intermedios respecto de la producción global y
en relación a los bienes de consumo durable, no durable y de capital en el período 87/90 y su clara
40 Para profundizar este tema, véase Documento de Trabajo del IDEP "La Etapa Menem", R. Feletti y C. Lozano.
70
correlación con el significativo aumento de las exportaciones de manufacturas de origen industrial –
véase Gráfico Nº 1.
La reversión de esta tendencia a partir de 1991 se vincula, indudablemente, con el ajuste
estructural, desarrollado luego de la hiperinflación, con una economía abierta pero con tipo de
cambio fijo y bajo, compromisos externos rígidos –ingreso al Plan Brady– y por lo tanto dureza
fiscal. Consecuentemente, la ruptura señalada introduce fuertes interrogantes sobre el rumbo
productivo del país, sobre todo el industrial, complejizando el análisis de las proyecciones futuras.
CUADRO Nº 13
Índices de Producción
desestacionalizados (Base promedio 80184= 100)
Exportaciones de manufacturas de origen industrial
–cifiras en mill. de u$s– Prod. Bs. de Cons. Bs. cons. Bs. Uso Bienes de global no dur. durable Interm. Capital
1987 105.9 100.5 102.4 119.6 96.7 1.695
1988 96.3 91.2 85.6 120.8 95.2 2.633
1989 86 84.3 71.9 120.4 61.3 3.186
1990 81 90.4 56.6 118.6 50.6 3.364
1991 94.1 113.9 77.9 116.2 53.1 2.984
1992 121.9 131.0 141.2 114.1 84.5 2.743
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UADE y el INDEC.
GRAFICO Nº 1. Grupos Económicos Seleccionados
71
El principal elemento a considerar son los cambios en las estrategias de los principales grupos
económicos a raíz de las características del ajuste en curso. Estas estrategias esencialmente se
articulan con el proceso privatizador; de hecho, el posicionamiento frente a las privatizaciones
resulta el determinante de la reestructuración empresaria, del mismo modo que el acceso al
endeudamiento externo y a las transferencias fiscales lo fue una década y media atrás.
El criterio madre para precisar las estrategias empresariales se sitúa en torno de la
identificación de aquellos sectores de actividad que permitan la optimización de la tasa de ganancia
en dólares. Sin embargo este criterio –si bien válido– no resulta suficiente para explicar el conjunto
de los heterogéneos procesos de reconversión acometidos por los grupos económicos más
concentrados de la Argentina, al calor de los noventa, y es insuficiente, precisamente, por el impacto
de las citadas reestructuraciones en la inversión, el empleo y las definiciones sobre expansión o
contracción del nivel de actividad.
Tasa de Ganancia en Dólares en la Actual Etapa
La apertura importadora generalizada, con un tipo de cambio fijo, constituye un impedimento
para el aumento de precios de los bienes comercializables internacionalmente, pero tiene efectos
mucho más limitados en los productos con ventajas comparativas en el país y en los servicios. La
imposibilidad de competencia externa en fletes, alquileres y servicios públicos, y las limitaciones en
alimentos, colocan a esos sectores frente a la posibilidad de imponer sus precios en la economía,
sólo acotados por una demanda interna de características inelásticas.
Es evidente, en consecuencia, que el sector alimentario y los servicios brindados por las
empresas estatales privatizadas constituyen, por definición, las áreas con mayor potencial para
generar excedentes elevados en dólares (confrontar con Gráfico Nº 2).
72
GRAFICO Nº 2. Margen de Utilidad Neta por Sector (%)
Otro indicador en el mismo sentido surge al evaluar la evolución de los precios de alimentos
básicos y servicios en general. Estos revelan un crecimiento superior a la media, expresada en el
nivel general, En el caso de los alimentos, el margen entre precios internos e internacionales tiende a
ensancharse producto de los movimientos inversos de ambos, suba de los primeros y caída de los
segundos.
Estos sectores que surgen naturalmente favorecidos por el esquema de equilibrio
macroeconómico implantado por la Convertibilidad –antes que por políticas sectoriales activas–, no
son excluyentes de otros que puedan asumir un dinamismo relevante, en virtud de las políticas de
reconversión de los conglomerados.
Si bien la tendencia general enmarca la actividad en sectores cuyas características se
aproximan a las descriptas –bienes no transables y de ventajas comparativas en el país–, la
existencia de un proceso de integración regional como el Mercosur, la disponibilidad creciente de
crédito externo y las políticas orientadas a disminuir el costo productivo en moneda dura –
desregulación, flexibilización laboral, etc.–, amplían en parte, el abanico de alternativas de
reconversión, dentro de los estrechos márgenes que impone la actual etapa. La heterogeneidad
resultante, en líneas generales, se inscribe en un proceso de involución industrial.
73
Reconversión de los Grupos Económicos
El análisis del comportamiento de alguno de los grupos de mayor dimensión es el que
permitirá identificar los sectores de actividad que, probablemente, asumirán un dinamismo relevante
en el futuro. La ausencia de políticas sectoriales activas clásicas –industriales, crediticias, etc.–
obliga a relevar los planes empresarios para escudriñar el destino productivo del país.
Como ya se señaló, las privatizaciones, el diseño monetario y fiscal de la Convertibilidad, la
apertura y la desregulación de la economía, a los que se agrega –como dato nuevo de esta etapa– la
disponibilidad creciente de recursos financieros del exterior, conforman un conjunto de factores
determinantes de la reconversión productiva.
El esquema del plan de Convertibilidad inauguró, dentro del gobierno de Menem, un diseño de
estabilización macroeconómica que se desvinculaba de toda orientación productiva explícita. La
política fiscal y monetaria se articuló con el pago de la deuda en el marco del plan Brady, en tanto
que en los hechos las políticas sectoriales, excepto la arancelaria, se materializan en las
privatizaciones, dadas las bruscas alteraciones –con su secuela de concentración económica que la
retirada del Estado provoca en transportes, energía, comunicaciones, siderurgia, petroquímica,
etcétera.
A diferencia de la reestructuración ocurrida a fines de la década del '70, que los catapultó
como bloque dominante, en la que las tendencias de reconversión se sesgaban hacia la integración
vertical dentro de un mismo sector y la diversificación a otros sectores emergían como mayoritarias
en el comportamiento empresarial, en el presente cielo de reestructura poshiperinflacionaria la
heterogeneidad de las políticas de reconversión, parecen ser la respuesta.
Se pueden precisar, entonces, dos horizontes de reconversión definidos, entre los cuales
transita el actual proceso: el primero, de diversificación hacia los sectores más favorecidos por la
política de ajuste –servicios y productos primarios– y el segundo, de especialización productiva
ligada al núcleo exportador surgido en la segunda mitad de la década del '80 y orientada a la
inserción regional en el Mercosur.
74
Como se verá en el análisis pormenorizado de los rumbos adoptados por los grupos
económicos, las tendencias a la primarización se sitúan en torno del sector energético, esencialmente
el petróleo, abandonado por el Estado. De hecho, la extracción de petróleo cumple un rol de
generador de renta inmediata –vital para dinamizar el actual modelo–, similar al de las tierras fértiles
de la pampa húmeda a fines del siglo pasado.
La reestructura, enmarcada en los horizontes trazados, contiene características
desindustrializadoras y con destino a un mercado interno acotado por la pauta distributiva del
ingreso y a un mercado externo restringido por el perfil de los productos exportables.
El patrón de acumulación de capital, que surge del desmantelamiento del Estado, si bien está
dotado de cierto grado de heterogeneidad productiva, la estrechez de los mercados en los que se
inserta plantea un modelo de funcionamiento económico signado por la desintegración regional –
dado que no en todas las áreas de las que el Estado se retiró son ocupadas por los propietarios
privados– y por la exclusión social –la desocupación y la distribución regresiva del ingreso son
datos estructurales de esta nueva realidad.
El vínculo de los distintos sectores de la economía con la presencia de los grupos más
concentrados permiten evaluar el rumbo productivo de la Argentina en el marco del plan de
Convertibilidad. Los apartados que siguen intentan relacionar dichas estrategias empresarias con la
situación de esos sectores. Se han seleccionado un conjunto de grupos económicos que, por su
dimensión y su vínculo con los principales sectores de la economía, se consideran apropiados a los
efectos de la evaluación.
Estrategias de Expansión: Sectores Primario y Terciario
La profundización de una estrategia de diversificación de su actividad con un sesgo
desindustrializador se advierte en Pérez Companc. El elevado protagonismo en la compra de activos
públicos, Cuadro Nº 14, expresa la política empresaria descripta.
El posicionamiento de Pérez Companc en energía y comunicaciones revela nítidamente la
tendencia a la integración vertical en esos sectores, producción y refinación de petróleo, transporte y
75
distribución de gas, generación y distribución de electricidad y articulación de las empresas del
grupo en informática y comunicaciones (Pecom Nec, Microsistemas, Telesys y Nortel) con la
participación en las telefónicas. El otro intento de reconversión ligado a la expansión en petróleo y
gas se verifica en el sector petroquímico, en el que aspira a integrar los yacimientos y el transporte
de gas del sur hasta Bahía Blanca con la producción de etileno –insumo básico de la industria
petroquímica–, adquiriendo la estatal Petroquímica Bahía Blanca, aún no privatizada (véase
Apartado "Estrategias de Consolidación").
Completa este desarrollo su presencia en el comercio a través del centro de compras Alto
Palermo y la consolidación del Banco Río como líder de las entidades privadas con 170 sucursales y
u$s 1.262 millones de depósitos (el Nº 3 en el ranking al 31/12/92).
Como contracara de este desarrollo, el consorcio se está desprendiendo de las empresas
articuladas en torno del subgrupo SADE, de neta presencia industrial en construcciones,
metalmecánica, alimentos, etcétera.
En suma, uno de los grupos económicos más importantes del país se expande hacia la
producción de energía y los servicios, sectores –primario y terciario– en los que se extrae el mayor
excedente en dólares, conforme al actual diseño de política económica. Es en definitiva, la apuesta
empresarial más consonante con el esquema del plan de Convertibilidad.
La expansión de ASTRA en petróleo, gas y electricidad resulta impactante en relación a la
envergadura del grupo.
Su presencia en energía consolida la especialización del grupo en el sector, sobre todo en
petróleo donde integra las etapas de producción y comercialización.
76
CUADRO Nº 14. Grupos Económicos Seleccionados
Fuente: Revista "Mercado" y Subsecretaría de Privatizaciones.
CUADRO Nº 15: Participación en las privatizaciones
CUADRO Nº 16: Participación en las privatizaciones
77
Otro caso de integración en energía y diversificación hacia servicios (distribución de agua,
teléfonos y ferrocarriles) es el de Soldati. Expansión que también se realiza con decisiva
intervención en el proceso privatizador. (Obsérvese el Cuadro Nº 17).
CUADRO Nº 17: Participación en las privatizaciones
El desembarco del grupo en las cuencas gasíferas del NOA (Palmar Largo y Aguaragüe) y en
la zona norte de transporte y distribución de gas, revela la integración alcanzada por el consorcio
en el sector. A su vez, la adquisición de áreas centrales y secundarias de YPF apunta a
ensamblar la producción de petróleo con la comercialización a través de la Compañía General de
Combustibles, una de las principales empresas del grupo, consolidando, al igual que Astra, la inte
gración en el sector energético.
Además, se diversifica resueltamente en servicios. En ferrocarriles, con el objeto de captar
renta agropecuaria adquiriendo parte de la línea de transporte de cereales más importante, el
Ferroexpreso Pampeano, que reúne el corredor Rosario-Bahía Blanca, el ramal del Litoral norte del
Gran Buenos Aires (Delta-Borges) estrechamente vinculado con la reactivación inmobiliaria de la
zona, que puede derivar en pingües ganancias para Gesiemes, empresa del grupo especializada en
construcciones suntuarias. Lidera el grupo adjudicatario de Obras Sanitarias y ha efectuado un
78
brillante negocio comprando el 5,2% de Telefónica en u$s 18 millones y revendiéndolo a Telefónica
de España en u$s 85 millones.
Los tres casos analizados presentan las siguientes similitudes: fuerte expansión asociada al
desguace estatal y diversificación hacia servicios y producción petrolera y gasífera con tendencia a
la integración.
Estos consorcios han avanzado sobre los sectores que permiten obtener los mayores
excedentes en dólares, en el marco de la política económica dispuesta por el plan de Convertibilidad
revelando, además, el escaso contenido industrial de estas políticas empresarias. Una aproximación
al sector energético actual ratifica esta afirmación.
La estructura del sector energético, resultante de la retirada del Estado, define, en buena
medida, la actividad futura de los grupos económicos relevados. En principio, cabe señalar que se
trata de un sector de producción creciente en los últimos años (tal como se refleja en el Cuadro Nº
18).
CUADROS Nº 18: Producción del Sector Energético
Con esta dimensión productiva, el sector se reparte del modo que se detalla –cifras a fines de
1992.
79
Petróleo y gas41
Pérez Companc participa del 16,9% de la producción de petróleo crudo y ASTRA del 5,3%.
Ambos grupos han adquirido la refinería de Campo Durán, a fin de disputar –valiéndose del remate
de YPF a ESSO y SHELL –que reúnen el 29,3% del mercado– la etapa de refinación. Esta disputa
aún no se ha trasladado a la comercialización interna, segmento en el que YPF, SHELL y ESSO
mantienen alrededor del 90% del mismo. Pérez Companc completa su inserción en combustibles
con el transporte (zona sur) y la distribución de gas, etapa que comparte con ASTRA, brindando el
servicio a 1.609.000 usuarios residenciales y 98.000 industrias. Pérez Companc intenta completar el
desarrollo en combustibles integrando también la producción del petróleo y gas de los yacimientos
del sur del país –controla también el transporte del gas del sur– con la producción de etileno, insumo
básico de la industria petroquímica, para lo cual se presenta como uno de los principales interesados
en la estatal Petroquímica Bahía Blanca que produce el 90% del etileno del país.
Electricidad
Pérez Companc se inserta en la generación y distribución de electricidad en Capital y Gran
Buenos Aires. En la primera, con la participación en la central térmica más importante –Costanera
con 1260 mw– y en el servicio directo a consumidores con el 40,5% de Edesur, en cuyo radio se
encuentran 2 millones de usuarios.
• ASTRA posee el 40% de Edenor, que tiene a su cargo la distribución de electricidad a 1.
800. 000 usuarios en el norte de la Capital y del Conurbano bonaerense.
• Soldati se ha integrado a la generación de electricidad con la central Güemes de 305 mw.
En síntesis, Pérez Companc, ASTRA y Soldati utilizaron las privatizaciones para posicionarse
en la extracción de petróleo y distribución de gas y luz en vastos mercados cautivos –Capital y Gran
Buenos Aires– de rentabilidad garantida.
41 Para profundizar en información sobre el desguace del sector energético, véase Informe de Coyuntura Nº 4 "La Era Posbrady" –febrero '93.
80
Sin embargo, aún en este marco no aparece la inversión directa, dado que se ha recurrido
fuertemente al crédito externo para reconvertir las ex empresas estatales. En este sentido, al
31/12/92, Edesur había emitido títulos externos por u$s 180 millones y las telefónicas por u$s 200
millones cada una.
Estrategias de Diversificación: Sectores Primario y Terciario y Especialización Industrial
Otro de los líderes empresarios del país, Techint, utiliza las privatizaciones en el marco de una
política que combina la diversificación hacia sectores de máxima rentabilidad garantida por el Plan
de Convertibilidad con la consolidación de su liderazgo en siderurgia –actividad central en el grupo.
Su participación en el reparto del Estado se describe en el Cuadro Nº 19.
CUADRO Nº 17: Participación en las privatizaciones
81
CUADRO Nº 20. Evolución de la Industria Siderúrgica
1975 1991 Variac.
Cant. de empresas en el sector (CIS-CLIMA)
59
40
-32%
Volumen de producción
(miles de ton. ac. crudo) 2.198 2.972 +35%
Consumo aparente (miles de ton. ac. crudo) 4.723 2.099 -55%
Consumo aparente (por hab.-kg. ac. crudo) 183 65 -65%
Volumen de exportaciones
(miles de ton. laminadas) 57 1.215 +2.031%
Cap. de producción de acero (miles de ton.) 4.580 5.100 +11%
Capacidad de laminación de
las empresas integr. 42% 84% +100%
Cant. de personal ocupado 47.100 20.000 -57%
Productividad m. de obra
(H.H./ton. ac. terminado) 27,8 9,6 +190%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CIS y del CLIMA.
CUADRO Nº 2 1. Producción de Acero Crudo
Miles de ton –1991– Empresa Cantidad %
SOMISA
1.391
46,9
SIDERCA 781 26,2
ACINDAR 685 23,1
ACEROS BRAGADO 66 2,2
ALTOS HORNOS ZAPLA 49 1,6
2.972 100,0
Fuente: CIS.
La compra de SOMISA significa que Techint, a partir de su propia integración, define el
perfil de futuro del sector siderúrgico del país. Como paso previo a evaluar la reconversión que
82
sufrirá resulta imprescindible caracterizar la evolución del mismo, el marco del cambio estructural
ocurrido desde mediados de los 70.42
El Cuadro Nº 20 expresa las siguientes tendencias:
• Elevación del volumen de producción con destino al mercado externo. La producción de acero
creció un 35%, exportándose el 41% de la misma en 199 1. Como contrapartida, el consumo por
habitante descendió un 65%.
• Fuerte caída del personal ocupado y sensible incremento de la productividad. La reducción de
27q. 100 puestos de trabajo se acompañó de un aumento del 215% en la relación producción
total/personal ocupado y del 190% en la relación horas hombre/ton. acero terminado.
• Fuerte concentración del sector. Las empresas se redujeron de 59 a 40.
• La crisis del modelo de sustitución de importaciones determinó la ruptura del esquema de
complementariedad entre los sectores público y privado de la industria siderúrgica, en la que el
primero asumía el rol de proveedor del segundo.
La caída del mercado interno y el sesgo exportador impusieron la integración vertical de la
siderurgia (fundición, aceración y laminación), favoreciendo la concentración y la disolución del
vínculo de complementariedad entre la producción pública y privada, para dar paso paulatinamente,
desde mediados de los '80, a la competencia entre SOMISA y las siderúrgicas sobrevivientes de la
reestructuración, esencialmente dos: Acíndar y el complejo Techint, asentado en Propulsora
Siderúrgica y Siderca. En 1991, la producción de acero crudo se repartía en la forma que se indica
en el Cuadro Nº 21.
42 Para profundizar en información sobre estos temas, véase Documentos de Trabajo del IDEP "La privatización de SOMISA y "El conflicto de Villa Constitución".
83
CUADRO Nº 22. Producción Siderúrgica (en miles de toneladas)
Año Hierro Primario
Acero Crudo
Laminados Terminados Indice de Producción Economía* En Frío En Caliente
1987 2.850 3.603 2.910 105,9
1988 2.727 3.624 2.998 96,3
1989 3.319 3.883 3.063 86,0
1990 2.901 3.636 708 2.982 81,0
1991 2.322 2.973 665 2.562 94,1
1992 1.989 2.669 704 2.312 121,9
(*) Base Promedio 80/84 = 100
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Tendencias Económicas y UADE.
CUADRO Nº 23. Exportaciones Siderúrgicas (cifras en millones de dólares)
Empresa 1989 1990 1991 1992 Somisa 334 330 164 85
Siderca 278 261 392 330
Propulsora Siderúrgica 71 60 23 5
Acíndar 144 130 29 23
Fuente: Elaboración propia en base a "Prensa Económica"
En el Cuadro Nº 22 se aprecia cómo la producción siderúrgica es contracíclica de la
producción global de la economía, revelando el nexo del sector con el mercado externo. La
siderurgia presenta un comportamiento expansivo en el lapso 87/90, contexto de tipo de cambio
84
elevado y recesión. A la inversa, el nivel de tipo de cambio y la reactivación con apertura arancelaria
impuesta por la Convertibilidad impactan negativamente en el sector que tiende a contraerse.
El reparto y la evolución de las exportaciones siderúrgicas de las principales empresas muestra
las tendencias de reconversión del sector en los '90 (Cuadro Nº 23).
Dicha reconversión está delineada por la desaparición de Somisa del mercado externo, la
consolidación de Siderca a partir de un producto monopólico, los caños sin costura y la caída
exportadora de los productos semielaborados con competencia internacional. A este panorama del
mercado externo se le agrega el desplazamiento de la producción local por la oferta importada.
(Véase crecimiento de las exportaciones siderúrgicas en el Cuadro Nº 24).
En este contexto, la eliminación de la competencia estatal es el primer paso en la reconversión
del sector siderúrgico: el Cuadro Nº 25 revela el reparto de la siderurgia pública.
CUADRO Nº 24. Importaciones Siderúrgicas
(Miles de toneladas)
1990 535
1991 1115
1992 2005
Fuente: CIS.
Producida la incorporación de la ex-Somisa, actual Aceros Paraná, al grupo Techint, se
planteó la división del mercado entre el nombrado y Acíndar por ramas de producción. Techint
aspira a monopolizar la producción de aceros planos –chapa– e integrar definitivamente la
elaboración de caños sin costura, en tanto que Acíndar apunta a liderar la producción de aceros no
planos –hierro redondo, alambre, barras, etc. En este sentido, el grupo Techint, ha avanzado en la
fusión de Propulsora Siderúrgica con la ex-Somisa y en la supresión de la línea de productos no
planos de esta última.
85
El eje del reparto pareciera orientar la actividad de Acíndar hacia el mercado interno
(construcción, automotriz, etc.) y de Techint hacia la especialización exportadora de caños sin
costura y la producción de chapa para la industria automotriz y la línea blanca de artefactos del
hogar.
El tercer componente de la reconversión es el acuerdo con las siderúrgicas de Brasil y Chile
(Usiminas, Vale do Rio Doce y Corporación de Acero del Pacífico) como medio de atemperar los
efectos de la apertura importadora.
CUADRO Nº 25. El Reparto del Estado. Liquidación de la Siderurgia Estatal
Sector Grupo
Ex Empresa Pública Adquirente
Nueva Empresa
Siderurgia Altos Hornos Zapla Somisa
Aceros Zapla Aceros Paraná
Locales
Techint 100%
Pensa 28,33%
Penfin 5,00%
Extranjeros
Estados Unidos
Citicorp 33,33%
Francia
Aubert Duval 14,00%
De Metallurgie Avancée 19,34%
Por último, el ingrediente presente en todo el proceso de reestructuración, el despido de
personal. En una década, Siderca redujo su planta en 1.300 operarios, Acíndar en 7.700 y Somisa en
6. 000, previéndose en las tres firmas la pérdida de 2. 000 puestos de trabajo más hacia fines de
1993.
86
En síntesis, la compra de Somisa y su posterior fusión con Propulsora Siderúrgica le permite a
Techint hegemonizar la industria siderúrgica del país, monopolizando la producción de aceros
planos y consolidando la elaboración de caños sin costura. Esta hegemonía se enmarca en un sector
en decidida involución, producto del angostamiento de sus horizontes productivos internos y
externos.
En el lapso 90/92, producida la crisis de la inserción exportadora de fines de los '80, los
consorcios siderúrgicos concretaron una reconversión a expensas de la liquidación de la siderurgia
estatal y la racionalización de personal.
El desenvolvimiento del "holding" Techint continuó, gracias al desguace del Estado, en áreas
desconocidas para el grupo, como el petróleo y los ferrocarriles, reflejando la política de diversificar
en sectores de renta segura en el marco de la Convertibilidad.
La adquisición del 42,75% del área central de El Tordillo, participar en la cuenca gasífera del
NOA y en diez áreas secundarias. La petrolera del grupo, Tecpetrol, administra 450 pozos,
alcanzando el 6% de la producción total y facturó durante 1992 u$s 100 millones. La expectativa de
extracción en El Tordillo es alcanzar los 4.000 m3 diarios, respecto de los 1.700 m3 originales y los
2.500 m3 de producción actual.
En electricidad, Techint controla la distribución de luz en La Plata y zonas de influencia,
abasteciendo con la empresa Edelap a 700.000 usuarios.
Otra inserción orientada a captar, en este caso en forma indirecta, renta primaria, es la tenencia
del 58% de Ferroexpreso Pampeano, empresa concesionaria del corredor cerealero Rosario-Bahía
Blanca, con 5.287 km de extensión, equivalente al 15% de los 34.327 km de vías en operación.
Línea dedicada al transporte de carga de productos agropecuarios por excelencia –transporta un 25%
de las cargas ferroviarias–, por la que abonó un canon de u$s 41 millones por treinta años de
concesión y recibe un subsidio mensual de u$s 700.000 por el transporte de pasajeros.
El grupo Macri parece desarrollarse en tres horizontes: el primero, ligado a la industria
automotriz, respecto de la cual ha abordado un profundo esquema de reconversión; el segundo,
87
articulado con su antiguo rol de contratista del Estado que le permitió adjudicarse la concesión de
rutas nacionales para su mantenimiento y, el tercero, de diversificación hacia energía, esencialmente
gas, siguiendo la tendencia generalizada.
Si bien la presencia de Macri en las privatizaciones no reviste la magnitud de los cuatro
consorcios analizados, no por ello el "holding" tiene menor capacidad de influir en las esferas
gubernamentales, tal como lo demuestra la apertura selectiva del mercado automotor. Véase la
participación de este grupo en el Cuadro Nº 26.
CUADRO Nº 26: Participación en las Privatizaciones
La evolución de la industria automotriz en el lapso 87/92 –véase Cuadro Nº 27– revela un
comportamiento inverso al de la siderurgia, es decir cíclico, con los movimientos de recesión y
reactivación internos.
88
CUADRO Nº 27. Evolución de la Industria Automotriz (en unidades)
Autos Utilitarios Total Indice de Producción Global
1987 166.153 27.163 193.316 105,9
1988 141.847 22.315 164.162 96,3
1989 112.109 15.715 127.824 86,0
1990 86.937 12.702 99.639 81,0
1991 120.755 18.203 138.958 94,1
1992 220.492 41.447 261.939 121,9
(*)Base promedio 80/84: 100
Fuente: Elaboración propia en base a Tendencias Económicas y U.A.D.E.
El sector automotor es un ejemplo de las mutaciones sufridas por la producción industrial en la
Argentina. En principio, la relación inversa con el desenvolvimiento de la siderurgia revela los
procesos de reconversión distintos seguidos por ambas industrias, a partir de la crisis del modelo de
sustitución de importaciones.
La siderurgia se orientó hacia una fuerte inserción exportadora, asentada en tipo de cambio
elevado y subsidio estatal en los insumos, sufriendo los embates del cambio de política económica
en los que limitó la expansión a la especialización productiva en el mercado externo y a un mercado
interno acotado por la apertura y la distribución del ingreso.
La producción automotriz por su parte, industria tradicionalmente ligada al consumo interno,
fue alterando la composición productiva de los automotores, de modo que la modernización
tecnológica implicaba un aumento en la participación relativa de los insumos importados respecto de
los nacionales en el producto final –del 5% en 1973 al 60% en la actualidad. En consecuencia, la
industria automotriz pudo capturar los beneficios de la reactivación iniciada en 1991, asentándose en
una apertura selectiva en el sector, convirtiéndose paulatinamente en una industria de ensamble.
Esto explica la desconexión entre sectores cuyos comportamientos debieran correlacionarse.
89
La evolución de la industria automotriz se enmarca en los acuerdos intra-firma concretados
con Brasil, en el marco del tipo de integración regional que propone el Mercosur. El esquema
arancelario del sector –único mercado industrial protegido– apunta a viabilizar esos acuerdos.
El decreto 2.677 del 20/12/91 definió las pautas del sector para el trienio 92/94:
• El arancel para importar vehículos fabricados en el país es del 22%.
• El arancel para vehículos no fabricados en el país también es del 22%, pero con cupos respecto
de la producción total. El 8% para 1992, el 9% para 1993 y el 10% para 1994.
• Las importaciones de autopartes gravadas con el 2% deben compensarse con exportaciones en
tres años.
• Las terminales que exporten por encima de sus importaciones podrán destinar el saldo a importar
vehículos terminados al 2%.
• Congelamiento de precios internos, renovado por acuerdo del 31/5/93 hasta marzo de 1994.
Este complejo dispositivo define una reconversión centrada en la preservación del equilibrio
externo del sector, compensando esencialmente el flujo de divisas con el Brasil, antes que una
política para pautar el desenvolvimiento industrial del mismo. Se podría mencionar como "apertura
compensada".
El objetivo es neutralizar la tendencia a la industria de ensamble a partir de las importaciones
de autopartes, fundamentalmente por el desbalance que implica con el Brasil. En efecto, con la
reactivación iniciada en 1991, las terminales argentinas acrecentaron las importaciones del Brasil
llegando a gestar un déficit de u$s 753 millones en 1992, incumpliendo la cuota de exportaciones
prevista en los protocolos del acuerdo Mercosur que, para el período 1991-92, era de 15.000
unidades. Estos incumplimientos derivan de la explotación al máximo de los beneficios de la
reactivación interna de la Argentina, potenciados por la política arancelaria pautada para el sector y
90
los precios en dólares mucho más elevados respecto del Brasil (el promedio en autos medianos es de
un 40% superior en la Argentina).
En el marco de esos acuerdos, se inscribe la vigorosa expansión de las exportaciones
automotrices durante 1992, contradiciendo las tendencias de las exportaciones de origen industrial
(ver Cuadro Nº 28).
CUADRO Nº 28. Exportaciones Automotrices (cifras en millones de dólares)
Empresas 1992 1991 1990
Sevel -Peugeot/Fiat- 170 68 39
Autolatina -Ford/Volkwagen- 170 59 30
Ciadea Renault 76 71 45
Fuente: Elaboración propia en base a datos de "Prensa Económica".
A futuro, la brecha comercial tenderá a cerrarse mediante nuevos acuerdos entre las terminales
de ambos países, que se orientarán al aprovechamiento de economías de escala para la fabricación
de los distintos modelos. El sector automotor, en consecuencia, avanza hacia una especialización
regional por producto –distintos modelos de autos–, en la que los volúmenes de producción y las
decisiones de inversión dependerán de estos acuerdos empresarios. A título de ejemplo, desde 1994
Sevel fabricará todos los Fiat Duna del Mercosur, y Autolatina hará lo propio con el VWGol. En
suma, la producción automotriz integrada regionalmente de esta forma fractura su inserción como
industria ligada a un espacio nacional en cuanto a los efectos multiplicadores en la generación del
empleo, consumo de materias primas locales y sujeto de decisiones de inversión.
El "boom" productivo sigue la tendencia general de optimizar la tasa de ganancia en dólares
capturando un mercado cautivo, cedido por el Estado a través de una estructura arancelaria no
vinculada a una política de desarrollo industrial, dado que mantiene un carácter aperturista en los
insumos y se orienta a evitar en mediano plazo los desequilibrios externos del sector.
91
En este contexto, Sevel, la automotriz del grupo Macri, lidera el mercado, según el Gráfico Nº
3.
GRAFICO Nº 3. Exportaciones Automotrices (cifras en millones de dólares)
25%
42%
8%
25% CIADEA (Renault)
SEVEL (Fiat-Peugeot)
IMPORTADOR
AUTOLATINA (Ford-VW)
Por último, Macri ha adquirido participación en la refinería de Campo Durán, en la cuenca
gasífera Palmar Largo del NOA y el 75% de las distribuidoras de gas de Centro y de Cuyo que
abastecen a un total de 389.000 usuarios residenciales y 18.000 industriales. También, a través de la
petrolera Pluspetrol, el grupo controla tres áreas secundarias de extracción de petróleo.
Estrategias de Consolidación: Procesos de Diversificación y Especialización Productiva
En este Apartado se intenta un seguimiento de las estrategias trazadas por los consorcios de
escasa o nula participación en las privatizaciones. Al respecto se pueden identificar dos tendencias,
la de consolidar un esquema diversificado con presencia de larga data, es decir, no una nueva
expansión, y aquellos que abandonan la diversificación de la década del '80 para especializarse, y
por último los de especialización tradicional que proyectan la misma hacia la integración regional.
En torno de la actividad productiva, es necesario plantear la diferencia entre los rubros de ventajas
comparativas históricas en el país, como los alimentos, y los afectados negativamente por la política
económica iniciada en 1990.
La actividad de Bunge y Born en los rubros alimentos, textil y química expresa la estrategia de
consolidar las posiciones alcanzadas, frente a las transformaciones que plantea el ajuste de los '90.
92
La estructura del grupo descansa sobre la industria de agroalimentos que factura el 65% de las
ventas consolidadas del consorcio, siguiéndole en importancia la química con el 16%, la
comercialización de cereales con el 10% y la industria textil, 9%.
El grupo lidera la producción de aceites –controla el 60% del mercado– y de harinas ––detenta
el 50% del mercado–, a través de Molinos Río de la Plata, la tercera empresa privada del país con
una facturación de u$s 456 millones y u$s 165 millones de exportación en 1992. En este sentido, la
presencia del grupo en la privatización de los silos pertenecientes a la Junta Nacional de Granos
constituye, junto con la adquisición de Petroquímica Río Tercero y Atanor, la inserción más
relevante en el proceso de remate de activos estatales –excluyéndose la efímera presencia en la
distribución de gas. Bunge y Born detenta las participaciones mayoritarias de los consorcios
adquirentes de los elevadores de granos del puerto de Quequén y de Ingeniero White.
CUADRO Nº 29. Producción de Aceites Comestibles y Harinas (en miles de tn.)
Aceites Harinas
1987
2.026
2.986
1988 2.366 2.751
1989 2.326 2.856
1990 3.639 2.920
1991 2.634 3.251
1992 2.957 2.769
Fuente: Tendencias Económicas.
93
CUADRO Nº 30. Evolución de las Principales Exportadoras de Alimentos (cifras en mill. de u$s)
Empresa Monto Exportado
1990 1991 1992
Aceitera General Dehesa 123 121 18 Oleaginosa Moreno Hnos. 75 107 175 Molinos Río de la Plata 135 96 165 Indo 165 145 151 Oleaginosa Oeste 114 112 145 Swift Armour 135 135 117 Aceitera Chabas 98 103 110 Cía. Elab. de Prod. Animales - 80 105 Frigorífico Rioplatense 43 104 80 Fab. de Aceite Santa Clara 76 94 68 Oleocor - 32 35 Arcor s/d 23 33 Quickfood - 28 30 San Miguel - 18 27 Frigorífico Ramallo - 23 25 TOTAL 964 1.221 1.446
Fuente: Elaboración propia en base a datos de "Prensa Económica".
La industria molinera se encuentra beneficiada tanto por la inelasticidad de la demanda como
por los límites que las ventajas comparativas en la producción de trigo le suponen a la apertura
importadora, convirtiéndose en rubro clave para maximizar la rentabilidad en moneda dura. La
evolución del precio interno de la harina, con un aumento del 54,7% durante 1992 respecto del
17,6% del índice de precios al consumidor, ratifica la afirmación precedente.
La industria aceitera, al igual que numerosos bienes intermedios, experimentó durante la
década del '80, un fuerte crecimiento productivo articulado con la dinámica exportadora de ese
período. La elaboración de aceites comestibles se sustenta en la fuerte expansión del cultivo de la
soja –su incidencia en el PBI Agrícola creció del 3,6% en 1980 al 13,1% 199 1– y, en menor
medida, el girasol.
94
La industria de alimentos, en mayor medida la de origen agrícola que la de origen pecuario –
frigoríficos y lácteos–, es la de más fácil adaptación al diseño de equilibrio macroeconómico de la
Convertibilidad. En el mercado interno, por las características reseñadas en los párrafos precedentes,
y en el mercado externo, por la reconversión con sesgo exportador que se desarrolló en el sector
durante la década del ‘80,43 en base a industrias consolidadas tradicionalmente en el país.
El desenvolvimiento de las principales empresas exportadoras de alimentos, extractadas de las
cincuenta principales empresas exportadoras del país durante 1992, revela un comportamiento
expansivo, sobre todo en la industria aceitera, inverso al seguido por los bienes intermedios.
Las empresas de Bunge y Born –Molinos Río de la Plata y Fab. de Aceite Santa Clara– han
descendido su participación entre las principales exportadoras (del 21,9% del total exportado por
dichas firmas en 1990, al 16,1% en 1992).
La industria textil presenta un panorama complejo derivado del fuerte impacto de la apertura
importadora sobre la misma. La abrupta caída en 1992 de la producción de fibras artificiales,
sintéticas y de algodón, en plena reactivación económica, en consonancia con el vertiginoso
aumento de las importaciones, revela el desplazamiento que la oferta importada provoca sobre la
producción local, agregándose además la retracción de las ventas externas.
Los sectores más perjudicados incluyen a los productos manufacturados de consumo masivo,
elaborados con fibras sintéticas y artificiales con mezcla de algodón (camisería, mantelería, sábanas
y toallas), rubro en el que las importaciones de Brasil y Extremo Oriente se duplicaron en cuatro
años. El otro mercado sujeto a fuerte disputa es el del jean; precisamente la producción de origen
brasileño y estadounidense ha capturado la cuarta parte del mismo. La importación de confecciones
crece tanto en términos absolutos como relativos, absorbiendo el grueso de las compras externas.
Como contrapartida, las exportaciones descendieron de u$s 582 millones en 1990 a u$s 328
millones en 1992.
43 Para profundizar este tema, véase Documento de Trabajo de la CEPAL Nº 32. "Proceso de industrialización y dinámica exportadora: las experiencias de las industrias aceitera y siderúrgica en la Argentina".
95
CUADRO Nº 31. Producción de Fibras (en miles de tn.)
Artificiales Sintéticas Algodón
1990
2.6
48.4
270
1991 3.2 56.7 230
1992 2.3 40.1 125
Fuente: "Tendencias Económicas".
CUADRO Nº 32. Importaciones Textiles
–en mill. de u$s– –en porcentajes–
Total Lana Algodón Sin. y Art. Confec.
1990 101 2 16 38 44
1991 396 2 14 23 61
1992 785 2 11 19 68
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.
En este marco, las firmas que concentran la producción local, Grafa del grupo Bunge y Born y
Alpargatas, han comenzado a desarrollar estrategias de complementación entre ambas empresas con
una tendencia a la producción selectiva por calidad y marcas.
El grupo ha mostrado escaso interés en las privatizaciones, participando en forma minoritaria
en las líneas férreas Nuevo Central Argentino –17,5%– y Ferrosur –5%– y se ha desprendido de la
porción accionaria del Banco Francés, abandonando su presencia en el sector bancario. Mantiene la
pesquera Alpesca que en 1992 exportó por u$s 20 millones.
En la producción textil, Alpargatas ha facturado en 1992 u$s 372 millones, de los cuales el
59% corresponde a calzado deportivo e informal –Topper, Nike y Flecha–, donde el grupo detenta el
40% del mercado, y el resto a telas, entre las que se destaca el denim –materia prima del jean–
mercado en el que Alpargatas absorbe el 60%, y telas livianas de mezcla para ropa y líneas de hogar.
96
La empresa ha visto decrecer sus exportaciones, de u$s 61 millones en 1990, a u$s 24 millones en
1991 y u$s 22 millones en 1992.
Grafa, por su parte, aparece con una línea de producción mucho más comprometida con el
mercado interno masivo –ropa de trabajo y línea hogar– y escasa inserción exportadora, con una
facturación que ronda los u$s 97 millones.
Ambas firmas han iniciado un proceso de reconversión para alcanzar espacios de
complementariedad en las líneas de producción superpuestas y competitivas entre sí, en el que
invertirían un total de u$s 42,4 millones –u$s 30 millones Grafa y u$s 12,5 Alpargatas–, según
versiones periodísticas.44
No obstante, la reestructuración textil transita por carrilles similares al de otras industrias:
• Desplazamiento de insumos locales por importados: Asumen un carácter de organización de la
producción próximo a la "maquila" o ensamble. La incorporación de fibras importadas en el
proceso de elaboración ha aumentado hasta alcanzar un tercio de la canasta de insumos.
• Reducción de personal: Grafa ha reducido su planta en un 30%; Alpargatas, en un 18%.
• Especialización productiva en el marco del Mercosur: Del mismo modo que se buscan acuerdos
de complementariedad en el mercado laboral, se rastrean mercados en que la producción textil
argentina resulte competitiva en Brasil. En general, productos de calidad para consumo de altos
ingresos o licenciatarios de marcas internacionales.
La industria textil, en consecuencia, sigue las tendencias generales de reconversión, ensamble
de componentes importados, reducción de personal y un mercado externo de "nichos" de
especialización productiva, particularmente en Brasil.
La industria petroquímica constituyó uno de los "boom" productivos destinados a articularse
con el modelo exportador de la segunda mitad de la década del '80. (El Cuadro Nº 33 que continúa
muestra el fuerte crecimiento de la producción de etileno, insumo básico de la industria.)
44 "Diario "Clarín", 17-5-93.
97
CUADRO Nº 33. Producción de Etileno
–miles de tns.–
'80/'84(*) 162.000
'85/'89(*) 271.000
1990 281.850
1991 256.344
1992 291.472
(*) Promedios anuales.
Fuente: Tendencias Económicas.
El desarrollo petroquímico asume las características de complementariedad entre lo público y
lo privado similares al de la siderurgia. La producción de etileno es prácticamente monopolizada por
la empresa estatal Petroquímica Bahía Blanca que distribuye a las denominadas "plantas satélites"
del polo petroquímico bahiense –véase Cuadro Nº 34.
CUADRO Nº 34. Participación en la Producción de Etileno
–en %–
Petroquímica Bahía Blanca 80.6%
PASA -Pérez Companc- 7.6%
Duperial -I.C.I.- 6.9%
Ipako -Garovaglio & Zorraquín- 4.9%
Fuente: C.I.Q. y P.
La petroquímica estatal suministra el etileno a las plantas del polo petroquímico que
pertenecen a dos grupos económicos locales, Garovaglio & Zorraquín (G&Z) e Indupa, para su
procesamiento como policloruro de vinilo (P.V.C.), vinil cloro monómero (V.C.M.), polietileno y
soda cáustica –véase Cuadro Nº 35.
98
Los otros polos petroquímicos relevantes incluyen al de Ensenada, que articula a la estatal
Petroquímica General Mosconi con Ipako (G&Z); el de Río Tercero, que agrupa a Petroquímica Río
III con Atanor (Bunge y Born) y el de San Lorenzo, integrado por Pasa Petroquímica (Pérez
Companc).
CUADRO Nº 35. Polo Petroquímico Bahía Blanca
Empresa Propiedad Producto
Petroquímica B.
Blanca
Estatal Etileno
Polisur G&Z Polietileno
Petropol Indupa Polietileno
Monómeros Vinílicos Indupa VCM
Induclor Soda Cáustica
Indupa Indupa PVC
Electroclor Indupa PVC
Fuente: C.I.Q. y P.
CUADRO Nº 36. Evolución del Balance del Comercio Exterior Petroquímico
–en miles de tn.– Exportaciones Importaciones
1990 575 410
1991 485 525
1992 415 690
Fuente: C.I.Q. y P
99
CUADRO Nº 37. Evolución de las Principales Empresas Exportadoras
en mill. de u$s–
1990 1991 1992
Petroq. Gral. Mosconi
71
68
65
Pasa (Pérez Companc) 64 40 61
lpako (G & Z) 50 37 38
Indupa 82 46 29
|Fuente: Elaboración propia en base a "Prensa Económica".
El crecimiento del sector con los insumos subsidiados por el Estado y sustentado en las ventas
externas, alcanzó sus límites al confluir un conjunto de restricciones centradas en la caída de los
precios internacionales (entre el 20 y el 40%), la apertura importadora y el anclaje del tipo de
cambio, exigencias estas últimas del equilibrio macroeconómico de la Convertibilidad. El
desbalance externo y la evolución de las principales empresas exportadoras grafican la crisis del
sector.
La evolución de las principales exportadoras refleja las tendencias de reestructuración que
puede seguir el sector. La primera de ellas es la conclusión del esquema de complementariedad con
el sector público, transformado en competitivo, y por ende su liquidación y reparto. En octubre del
'90 la puesta en venta del 30% del paquete accionario de las sociedades de economía mixta, les
permitió a los consorcios privados avanzar en el control del sector de acuerdo al Cuadro Nº 38.
CUADRO Nº 38. El Reparto del Estado
Sector Petroquímica
Grupo Ex Empresa Pública
Adquirente Nueva Empresa
Polisur Petropol Induclor Induclor Vinílicos
Petroq. Río III
Ipako Indupa Indupa Viniclor Egerton
Indupa
100%
100%
100%
Zorraquín 100%
Bunge y Born. 100%
100
Los grupos G&Z e Indupa se aseguraron el control de las procesadoras del etileno en el polo
bahiense, y Bunge y Born, integró el complejo químico con Atanor en base a la producción de soda
cáustica de Petroquímica Río III.
La disputa más trascendente, sin embargo, se centra en la venta de Petroquímica Bahía Blanca,
principal productora de etileno, por la que pujan G&Z, que ya posee el 21% de P.B.B., Indupa, que
participa con el 5%, y Pasa de Pérez Companc. Esta última, si bien no cuenta con plantas en el polo
bahiense, aspira a integrar la producción de etileno con los yacimientos de petróleo y gas que posee
en el sur y donde también controla el transporte de gas hasta Bahía Blanca. Esta posesión de
insumos vitales para la industria le ha permitido a Pasa –que produce el 8% del total de etileno del
país– el repunte exportador del '92. El caso inverso es Indupa que virtualmente se encuentra en
concurso de acreedores. La resolución de la privatización de Petroquímica Bahía Blanca definirá en
buena medida el reparto final del sector.
El otro componente, además de la consabida reducción de personal –27% de los estamentos
jerárquicos y medios y 18% de los operarios–, es la posibilidad de acuerdo con Brasil, cuya
producción supera cinco veces a la de la Argentina a costos de insumos sensiblemente menores.
La reestructuración, en un contexto de extrema complejidad, dependerá de la liquidación de la
petroquímica estatal y de los resquicios exportadores disponibles en el Mercosur.
La perspectiva para el grupo Garovaglio & Zorraquín apunta a consolidar su especialización
petroquímica: su participación en las privatizaciones se restringe a dicho sector –tuvo un efímero
paso con inserción minoritaria en la Distribuidora de Gas del Litoral– y en 1991 inauguró en
sociedad con Shell (G&Z tiene el 51%) la planta productora de polipropileno Petroken.
Inversión y Sector Externo
La reseña de las estrategias empresarias en torno de los principales sectores productivos
permite caracterizar el impacto que en ellos ha provocado el ajuste del lapso 90/92. La ruptura del
101
modelo exportador de la segunda mitad de los '80 determinó procesos de reconversión empresarial
signados por los siguientes ítems:
• Expansión hacia el sector energético, esencialmente el petróleo, a expensas del remate del
Estado.
• Especialización industrial, con tendencia creciente al ensamble de insumos importados y
desvinculación de las distintas etapas del proceso productivo en el espacio nacional.
• Inserción internacional y regional limitada al mercado de "commodities", excepto en petróleo y
alimentos.
• Racionalización de personal y desempleo estructural.
La incidencia de estas características en la inversión y en el sector externo, delineadas a su vez
por el plan de Convertibilidad, resultan esenciales para concluir la evaluación sobre el rumbo
productivo del país.
Inversión
Tendencias Generales
Durante la década del '80, la inversión experimentó una profunda caída, descendiendo del
22,8% del PBI en 1980 al 7,5% en 1990, tendencia que comenzó a revertirse muy lentamente en
1991.
La formación de capital durante los '80 se sustentó en los recursos que el Estado, a través de la
promoción industrial y la capitalización de la deuda externa, suministró al conjunto de grupos
empresarios que emergieron como bloque dominante de la economía a principios de los '80.
102
CUADRO Nº 39. Evolución de la Inversión
Bruta Interna
fija (en % del PBI)
Bruta Interna neta
(en % del PBI)
1980 22,8 17.7
1985 11,6 3.9
1987 13,2 5.1
1988 11,4 2.8
1989 8,7 -1.1
1990 7,5 -1.9
1991 9,5 -0.5
1992 2,8 2.8
Fuente: B.C.R.A.
La tendencia del proceso de inversión, en ese período, es la alteración de la importancia
relativa de los consorcios en los sectores industriales de bienes intermedios en los que se
encontraban insertos.
La estrategia, en definitiva, consistió en usufructuar los subsidios estatales para consolidar su
posición oligopólica en la producción siderúrgica, textil, petroquímica, etc. y, en menor medida,
crear nuevas plantas de integración vertical de la cadena de producción y de diversificación de
actividades industriales.
La utilización de los incentivos fiscales de la promoción industrial en la formación de capital
durante los '80, define que la inversión productiva privada, en un contexto de aguda caída de
inversión, sea ínfima, cuestionando también las estadísticas que señalan que la disminución de la
inversión pública es proporcionalmente superior a la privada, reduciendo su participación relativa
del 37,4% de la inversión total en 1980 al 21,8% en 1990. La realidad es que el Estado subsidió la
formación de capital privado y además redujo su propio nivel de Inversión para reorientar el gasto al
transferir ingresos al bloque dominante, vía compras, contratos, préstamos no recuperados, etcétera.
103
Inversión en los '90
A partir de 1991, la inversión ha comenzado a crecer desde los niveles muy bajos de 1990,
alcanzando al 9,5% del PBI en ese año y el 12,8% en 1992. Si bien es imprecisa aún la información
disponible sobre los rubros receptores del aumento de la inversión, pareciera tratarse de dos: el de
las privatizaciones y el de la reconversión de las plantas con las características reseñadas. En este
sentido, los montos de inversión del trienio 90/92 pueden cuantificarse del siguiente modo, si bien es
necesario aclarar que las cifras que surgen del Cuadro Nº 40 no son acumulativas entre sí, sino que
intentan expresar los volúmenes invertidos a partir de distintas fuentes.
CUADRO Nº 40. Montos de Inversión
Cifras en millones de u$s
1990 1991 1992
PRIVATIZACIONES 2.613 1.897 2.675
Fuente: Subsecretaría de Privatizaciones
IMPORTACION DE BIENES DE
CAPITAL
636 1.435 3.084
Fuente: INDEC
INVERSION INDUSTRIAL 2.103 2.767 2.840
Fuente: CEPAL.
Las características de la reconversión que plantea la Convertibilidad, con un mercado interno
angostado por la pauta distributiva y la apertura importadora y las exportaciones afectadas por el
tipo de cambio, no parecen impulsar un fuerte crecimiento de la inversión.
De hecho, las privatizaciones obran como un freno a la inversión, al constituir un traspaso de
activos existentes que absorbe los montos disponibles para la creación de nuevos por parte del sector
104
privado: en tanto que el sector público no utiliza esos recursos para reciclarlos como inversión en
otros sectores, sino que los aplica a atender los compromisos externos.
El trabajo de la CEPAL se sustenta en una encuesta realizada entre 698 firmas que representan
el 75% del PBI industrial, revelando tres tendencias clave del comportamiento de la inversión:
• Sobre el total importado por estas firmas, sólo el 6,9% correspondió a bienes de capital, en tanto
que el 66,4% lo constituyeron importaciones de materias primas, insumos y piezas y el 26,7%
restante, productos terminados para su comercialización directa.
• Se verifica en 1992 una desaceleración de los montos invertidos, después de la recuperación en
1991.
• El 40,9% de la inversión de las empresas encuestadas en 1992 es en refinerías de petróleo y el
9,7% en la industria química. En tanto que la industria automotriz y la siderurgia se ubican en el
6,8% y el 3%, respectivamente.
La recuperación de la inversión a partir de 1991, desde el "piso" de 1990, pareciera haber
alcanzado los niveles en los que rondará, conforme al perfil productivo del país.
Es necesario destacar que, durante 1992, la importación de bienes de capital y piezas y
accesorios para bienes de capital alcanzó a u$s 5.670 millones, de los cuales una parte importante de
los mismos correspondió a equipamientos de los servicios públicos recientemente privatizados: las
telefónicas, Edesur y Aerolíneas Argentinas surgen entre los principales importadores de 1992. Si
bien no hay cifras precisas al respecto, se puede inferir que el explosivo aumento de las
importaciones de bienes de capital durante el '92. se vincula a inversiones en servicios antes que a
financiamiento de la inversión.
Financiamiento
105
El financiamiento de la inversión en los '90 proviene de flujos externos de capital. En el
Cuadro Nº 41 de balanza de pagos del trienio 90-92 se advierte el impactante ingreso neto de
capitales durante 1992, de u$s 12.844 millones.
CUADRO Nº 41. Balanza de Pagos de la Argentina
(en millones de dólares)
Concepto 1990 1991 1992
1. BALANZA COMERCIAL
8.275
3.698
-2.872
Exportaciones 12.354 11.972 11.965
Importaciones 4.079 8.274 14.837
2. SERVICIOS -6.557 -6.559 -5.643
Reales -354 -925 -1.054
Financieros -6.203 -5.634 -4.589
3. TRANSFERENCIAS 71 29 -32
4. CUENTA CORRIENTE 1.789 -2.832 -8.547
5. CUENTA CAPITAL -1.329 -624 12.844
Privatizaciones 1.703 1.974 1.841
Inversión directa 333 465 2.852
Financ. Export. 1.411 76 -1.904
Financ. Import. -960 1.688 5.333
Préstamos Org. Internacionales 489 312 -207
Títulos y préstamos gobierno -1.089 335 -1.060
Préstamos a empresas privadas 92 345 611
Préstamos a empresas públicas -4 105 -212
Uso Trade Credit -31 1 0
Otros -3.264 -5.925 5.590
6. ERRORES Y OMISIONES 219 -125 -57
7. VAR. DE RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 679 -3.581 4.240
S. FINANCIAMIENTO DEL BALANCE DE PAGOS n.d. 3.581 -4.240
Fuente: B.C.R.A.
106
El ingreso de capitales durante 1992 se destinó a privatizaciones: u$s 1. 841 millones
(11,3%), inversión directa u$s 2.852 millones (17,6%), financiación de importaciones u$s 5.333
(32,9%), préstamos a empresas privadas u$s 611 millones (3,8%) y otros sin identificar u$s 5.590
millones (34,4%).
La condición de ingreso de divisas corresponde a un nuevo proceso de endeudamiento
externo, gestado esencialmente por el sector privado. Las cifras de ingreso de capitales por inversión
directa resultan exiguas (17,6%) frente al financiamiento comercial (32,9%), los préstamos directos
a empresas privadas (3,8%) y los ingresos sin Identificar (34,4%). Estos últimos guardan, sin duda
alguna, relación con el vertiginoso crecimiento de los títulos de deuda dolarizada colocados en el
mercado local e internacional, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 42 a).
CUADRO Nº 42 a). Deuda Emitida por Empresas (en millones de pesos)
Emisor Grupo Económico Importe Total por G.E. PASA Petroq. Pérez Companc 25.0 625.0 Pérez Companc Pérez Companc 100,0 Pérez Companc Pérez Companc 500,0 Astra Astra 100,0 200,0 Astra Astra 100,0 Alpargatas Alpargatas 60,0 164,8 Alpargatas Alpargatas 10,0 Alpargatas I Alpargatas 2,8 Alpargatas II Alpargatas 22,0 Alpargatas III Alpargatas 70,0 Alba Bunge y Born 50,0 160,5 Alba Bunge y Born 10,0 Molinos Bunge y Born 15,0 Molinos Bunge y Born 50,0 Molinos I (A) Bunge y Born 5,0 Molinos I (B) Bunge y Born 21,0 Nutryte Comega Bunge y Born 9,5 Cadipsa Techint 3,0 149,2 Cadipsa I Techint 25,0 Cadipsa II Techint 21,2 Siderca Techint 50,0 Siderca Techint 50,0 Acíndar Acíndar 100,0 130,0 Acíndar I Acíndar 30,0 Alta Paraná Citicorp 35,0 75,0 Alta Paraná Citicorp 40,0 Pluspetrol I Macri 25,0 71,0 Pluspetrol II Macri 46,0 Della Penna Massuh 3,0 51,2 Denti Massuh 2,0 Massuh Massuh 16,2 Massuh I Massuh 5,0 Massuh II Massuh 25,0 Bridas Bridas 50,0 50,0 Petr. San Jorge 50,0 IBM 50,0 Com. del Plata Soldati 20,0 45,0 Com. del Plata Soldati 25,0 Cerro Castillo Garovaglio y Zorraquín 5,0 30,0 lpako Garovaglio y Zorraquín 15,0 Saiar Garovaglio y Zorraquín 10,0 Indupa I Indupa 21,0 30,0
107
Indupa II Indupa 9,0 Continuación
Telecom Empresa privatizada 200,0 485,0 Edesur Empresa privatizada 180,0 Telefónica Argentina Empresa privatizada 100,0 Ferroexpreso Pampeano Empresa privatizada 5,0 Scania Argentina 20,0 Panam S.A. 15,0 R. M. Uboldi 12,0 Const. Aragón 10,0 Nestlé 9,0 Angel Estrada 7,5 Rigolleau 6,0 Roman Transp. 6,0 Zanella 5,0 Santa Ursula 4,0 Massey Ferguson 1,5 TOTAL 2.457,2 2.266,7
Fuente: "Prensa Económica".
En suma, el crecimiento de la inversión se asienta en una política de financiamiento externo,
en el marco de disponibilidad de recursos financieros internacionales a bajo costo y dólar fijo por el
esquema de convertibilidad en el plano interno. Los principales tomadores de este tipo de préstamos
son los mismos grupos empresarios que en el lapso 78/81 gestaron la deuda externa transferida al
Estado en el período 81/83.
En el documento emitido por el Ministerio de Economía "Argentina en crecimiento", se
proyecta en el escenario base un stock de deuda bruta privada de u$s 10.116 millones en 1993 hasta
alcanzar u$s 22.435 millones en el 2000. Es evidente que el flujo de capitales externo, bajo la forma
de préstamos financieros, constituye la base de sustentación del sector externo del plan de
Convertibilidad; flujo de fondos que se viabilizan con el nivel de reservas del B.C.R.A. y los
recursos en el exterior de los grupos empresarios locales, beneficiarios de los créditos externos. El
citado documento oficial lo refleja explícitamente al volcar un estock de deuda privada neta en el
2000 de sólo u$s 1. 382 millones. Sin embargo la realidad del endeudamiento privado de fines de los
'80 demostró que las reservas del Central sólo sirvieron para financiar la fuga de capitales de ese
lapso y que la deuda externa se cobra con recursos del Estado y no con los activos privados en el
exterior.
108
CUADRO Nº 42 b)
Millones de u$s Deuda Emitida por Empresas 2.462,7 Deuda Emitida por Bancos 1.699,9 Total Deuda Privada 4.162,6
Fuente: "Prensa Económica".
Comercio Exterior
Intercambio Comercial: Exportaciones e Importaciones
Las exportaciones evolucionan acompañando las tendencias de las políticas de estabilización.
El último tramo del gobierno radical, y con más énfasis el Plan B. B. en los comienzos del gobierno
de Menem, implementaron programas macroeconómicos compatibles con un modelo exportador de
bienes intermedios, hecho que se refleja con nitidez en las exportaciones de manufacturas de origen
industrial del lapso 87/90.
El ajuste recesivo con tipo de cambio flotante en un nivel más elevado que el actual, y apertura
selectiva, incrementó las exportaciones con valor agregado. Como contrapartida, la reactivación
interna con apertura generalizada y tipo de cambio anclado y bajo, determinó la ruptura del
movimiento ascendente de las ventas externas y una composición más primaria que la de los años
previos al lapso iniciado en 199 1. El Cuadro Nº 43 refleja los comportamientos descriptos.
CUADROS Nº 43 y 44. Exportaciones e Imortaciones Argentinas, por Grandes Rubros (en
millones de dólares)
109
(1) Primer Cuatrimestre. Fuente: INDEC.
Las exportaciones crecieron del piso de la década en 1987 de u$s 6.360 millones a u$s 12.353
millones en 1990, para estancarse en torno a los u$s 12.000 millones en el bienio 91192. Las
exportaciones de manufacturas de origen industrial presentan un comportamiento ascendente en el
período 87/90, de u$s 1.695 millones en 1987 a u$s 3.364 millones en 1990, alcanzando a
representar un tercio de lo exportado en el '89. A partir de 199 1, se produce una desaceleración de
las ventas externas industriales, descendiendo u$s 621 millones en 1992 respecto de 1990,
acentuándose el perfil primario de las ventas externas.
La política económica de Erman González-González Fraga fue el último intento de
compatibilizar el nivel de tipo de cambio con el ajuste fiscal, articulando la salida exportadora con el
pago de la deuda externa y operando, en los hechos, como una alternativa entre el Plan B.B. y la
Convertibilidad.
110
Las políticas macroeconómicas también impactaron en las compras externas, determinando
fuertes cambios tanto en su volumen como en su composición.
Las importaciones mantuvieron una tendencia declinante en el lapso 87/90, reflejando el
contexto recesivo y los límites que imponía la política arancelaria y el nivel de tipo de cambio. El
espectacular crecimiento a partir de 1991, pasando de un volumen de u$s 4.077 millones en 1990 a
u$s 14.838 millones en 1992 –véase Cuadro Nº 44–, revela el viraje de política económica centrado
en reactivación con apertura generalizada y tipo de cambio fijo y bajo.
Este diseño también incide en la composición de las importaciones: los bienes de consumo y
de capital se decuplicaron respecto de 1987, alcanzando en 1992 a representar el 21,6% y el 43,5%
del total importado respectivamente, a su vez las materias primas y los bienes intermedios, si bien
crecieron en valores absolutos, descendieron su participación relativa del 68,3% de las
importaciones en 1987 al 31,9% en 1992.
Estas alteraciones revelan –al igual que en las exportaciones– el sesgo desindustrializador y de
reprimarización que plantea la Convertibilidad. La captación del proceso de reactivación interna por
productos importados, el desplazamiento generalizado de la producción local de bienes de capital
por la oferta externa y la importación de dichos bienes con destino al equipamiento en servicios
antes que en industria -véase Apartado "La inversión en los '90"- y, finalmente, la desaceleración de
la importación de insumos, delinean un perfil productivo –reflejado en las compras externas–, de
escaso valor agregado.
Saldo Comercial
Como resultado de los movimientos de las exportaciones y las importaciones, el balance
comercial argentino pasó de ser fuertemente superavitario a deficitario en 1992, tal como lo refleja
el Cuadro Nº 45.
111
CUADRO Nº 45. Saldo Comercial
cifras en mill. de u$s Superávit Déficit
1987 541 -
1988 3.811 -
1989 5.378 -
1990 8.276 -
1991 3.703 -
1992 - 2.873
Fuente: INDEC.
La existencia de un déficit comercial de u$s 2.873 millones en 1992, previéndose para este
año un saldo negativo de u$s 2.500 millones revela el delicado equilibrio externo del Plan de
Convertibilidad que, como se señaló en "Financiamiento de la inversión", se sustenta en el ingreso
de capitales, que mayoritariamente asumen la forma de endeudamiento comercial y financiero.
En este marco, el déficit comercial sólo puede ser revertido por una fuerte expansión de las ex
portaciones, que tendrá características acentuadamente agropecuarias y petroleras, o por la
contracción del nivel de actividad interna que impacte en las importaciones. Es de esperar que
ambos movimientos –expansión de las exportaciones y contracción importadora– actúen
simultáneamente, sobre todo por el carácter contracíclico de las ventas externas.
La posibilidad de rectificación de la estructura arancelaria –véase Cuadro Nº 46– emerge
como limitada. Por un lado, inciden las exigencias de la política de precios, en la que la apertura
importadora obra como una restricción en el precio interno de los bienes comerciables externamente
–excepto los de ventajas comparativas locales– y por la arista de la inserción internacional, la
apertura generalizada es un requisito de las relaciones con los EE.UU., cuya política comercial
aspira a capturar los saldos superavitarios de los países latinoamericanos en los '90, resultantes de
los ajustes de los '80.
112
CUADRO Nº 46. Estructura Arancelaria
Bienes de capital no producidos en el país y combustibles 0% Materias primas vegetales, animales y minerales 2,5% Cadena de la industria entre de la alimentación 2,5 y 10% Cadena de las industrias entre Básicas 5 y 12,5% Bienes de capital producidos en el país, partes y piezas, manufacturas finales de papel, plástico, siderurgia y otros metales y tejidos de la cadena textil 15% Bienes de consumo final 20% El arancel depende del grado de elaboración y de la incidencia de los impuestos indirectos.
Fuente: SICE.
Por último, la ruptura de la Convertibilidad, producto de una crisis externa que interrumpa el
flujo de capitales, también derivaría en un drástico ajuste de la balanza comercial.
Inserción Internacional
Dirección del Comercio Exterior Argentino
La dirección del comercio exterior argentino revela una mayor dispersión en las exportaciones
frente a importaciones más concentradas por país. Resalta el intercambio con EE.UU. y Brasil. Estos
países reciben el 25% de las exportaciones argentinas y suministran el 44% de las compras del país
en el exterior, representando los saldos negativos más relevantes, u$s 1. 746 millones con Brasil y
u$s 1.816 millones con EE.UU.
En los Cuadros Nº 47 y 48 se describen la orientación del comercio exterior argentino y la
evolución del intercambio con EE.UU. y Brasil, respectivamente.
113
CUADRO Nº 47. Intercambio Comercial Argentino por Países, (cifras en mill. de u$s de 1992)
Exportación % Importación % Saldo
Brasil
1.590
13,3
3.336
22,4
-1.746
Chile 544 4,5 646 4,4 -102
México 224 1,9 201 1,4 23
Resto América Latina 1.396 11,7 784 5,4 612
EE.UU 1.395 11,7 3.211 21,6 -1.816
Alemania 724 6,0 1.081 7,3 -357
Italia 516 4,3 769 5,2 -253
España 473 3,9 405 2,7 68
Francia 266 2,2 572 3,8 -306
Reino Unido 167 1,4 197 1,3 -30
Resto C.E.E 1.545 12,9 607 4,1 938
Canadá 54 0,5 69 0,5 -15
China 125 1,1 170 1,1 -45
Japón 374 3,1 699 4,7 -325
CEI y demás Rep. 102 0,9 30 0,2 72
Resto del Mundo 2.470 20,6 2.061 13,9 409
11.965 100,0 14.838 100,0 2.873
Fuente: INDEC.
CUADRO Nº 48. Evolución del Intercambio con EE. UU. y Brasil (cifras en millones de dólares)
Exportaciones Importaciones Saldo
BRASIL %* EE.UU. %* BRASIL %* EE.UU %* BRASIL EE.UU
1987 539 8,5 898 14,1 819 14,1 939 16,1 -280 -42
1988 608 6,6 1.185 12,9 971 18,2 908 17,1 -363 277
1989 1.124 11,7 1.152 12,0 721 17,2 880 20,9 403 271
1990 1.423 11,5 1.165 9,4 718 17,6 862 21,1 705 304
1991 1.488 12,4 1.210 10,1 1.527 18,4 1.845 22,3 -39 -635
1992 1.590 13,3 1.395 11,7 3.336 22,4 3.211 21,6 -1.746 -1.816
(*) Porcentaje sobre el total de exportaciones e importaciones de cada año.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.
114
El comportamiento del intercambio comercial en el lapso '87/'92 permite extraer las siguientes
conclusiones:
• La apertura importadora benefició a EE.UU. y Brasil; las compras externas en esos países
aumentaron su participación relativa en las importaciones desde 30,2% en 1987 hasta 44% en
1992.
• Las exportaciones evidencian un flujo diferente en relación a ambos países. En el caso de Brasil,
presentan una tendencia levemente creciente pero sostenida, al margen de la evolución general
de las exportaciones y vinculada a los acuerdos empresarios del Mercosur -esencialmente
automotrices. Las ventas hacia los EE.UU. revelan una evolución estancada e inclusive
declinante frente a la expansión exportadora del lapso '88 /'90, ligado a la competitividad de los
productos primarios agrícolas. De hecho, la recuperación de 1992 se funda en exportaciones de
combustibles, cueros y química.
A partir de la segunda mitad de la década del '80, los ajustes estructurales –desmonte del
modelo de sustitución de importaciones y desguace estatal- articulados con el pago de la deuda
externa, generaron en América Latina saldos comerciales superavitarios. Esta situación favoreció a
principios de los '90 el planteo de la "Iniciativa Bush para las Américas", cuyo objetivo es, a partir
de esquemas aperturistas, capturar el superávit comercial latinoamericano, a fin de compensar el
déficit del comercio exterior estadounidense. En este marco es que debe interpretarse la principal
cuenta deficitaria de la Argentina; el desequilibrio con los EE.UU. aparece, en consecuencia, como
una nueva fase del ajuste.
El déficit con Brasil se explica por las características del proceso de integración regional,
denominado Mercosur.
El Mercosur
El Mercosur debe ser interpretado en dos planos, el de la coordinación de políticas
macroeconómicas y el de los acuerdos empresariales. El primero de ellos, que debiera comenzar a
115
materializarse en la formulación del arancel externo común, es virtualmente inexistente. Las
discusiones en torno de los instrumentos arancelarios durante el primer semestre del '93 se
encuentran estancadas; para los productos con gravámenes entre el 0% y el 20% existen
expectativas de destrabar la negociación durante este año, pero para aquellos con tasas de protección
superior, como el caso de los bienes de capital en el Brasil –el arancel es del 35% frente al tramo del
0% al 15% en la Argentina–, emergen diferencias insalvables.
El otro aspecto, más lejano aun, es la articulación de las políticas cambiarias, directamente
relacionadas con el ajuste fiscal. En el caso de Brasil, la mayor laxitud de las condiciones de ingreso
al Plan Brady respecto de las requeridas a la Argentina,45 determinan un programa de estabilización
mucho más autónomo en su administración y menos rígido en las políticas monetarias, fiscales y
arancelarias que el Plan de Convertibilidad.
El segundo factor son los acuerdos empresariales, que distan de insertarse en un esquema de
economía de escala en la región para competir hacia fuera de ella, constituyéndose, en realidad, en
iniciativas que aprovechan esencialmente las condiciones aperturistas y cambiarias de la Argentina y
las políticas sectoriales de subsidio y la devaluación monetaria de Brasil.
En este contexto, los acuerdos comprenden a los siguientes sectores:
Los acuerdos productivos, esencialmente celebrados por empresas multinacionales, en su
mayoría automotrices, involucran un flujo de fondos compensado. En el resto de los casos, los
acuerdos implican la utilización de las redes de comercialización argentina para manufacturas
brasileñas.
Las asociaciones entre bancos y seguros surgieron ligadas a este tipo de comercio.
En síntesis, las asimetrías de políticas económicas usufructuadas por acuerdos empresariales
constituyen la expresión más acabada de la integración regional y determinan el segundo déficit
comercial, en orden de magnitud, de la Argentina, u$s 1.746 millones de saldo negativo con el
Brasil.
45 Para profundizar este tema, véase Informe de Coyuntura IDEP-ATE Nº 4, "La era Posbrady", pags. 38/39.
116
CUADRO Nº 49. Iniciativas Conjuntas
Sector Número de Casos Automotor 14 Bancos 13 Autopartes 11 Alimentos y Bebidas 9 Maquinaria Agrícola 8 Plásticos 6 Electrodomésticos 4 Seguros 3 Construcción 3 Publicaciones 2 Maquinaria y Equipo 2 Gas y Petróleo 2 Textiles 2 Electrónica 2 Transportes 1 Siderurgia 1 Supermercados 1 Servicios Empresariales 1 Servicios Generales 1 Material de la Construcción 1 Informática 1 Energía 1 Metales no ferrosos 1 Petroquímica 1 Muebles 1 Metalurgia 1
Fuente: Secretaría de Programación Económica (1992).
EL AJUSTE FISCAL
Metas Comprometidas con el FMI y Evolución de la Tesorería
Durante el primer semestre de 1993, el Gobierno exhibe, a diferencia de lo ocurrido en 1992,
notables incumplimientos en las metas comprometidas con el FMI, (el Cuadro Nº 50 revela esta
situación).
117
CUADRO Nº 50. Cumplimiento de Metas con el FMI (cifras en millones de dólares, 1993)
Año 1992 Resultado Primario Privatizaciones Superávit Total
Alcanzado 3.373 1.866 5.239
FMI 3.007 1.878 4.885
diferencia 366 -12 354
ler. TRIMESTRE '93
Alcanzado 781 6 787
FMI 956 326 1.282
Diferencia -175 -320 -495
2do. TRIMESTRE '93
Alcanzado 907 225 1.132
FMI 1.238 24 1.262
Diferencia -331 201 -130
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda.
El resultado del Sector Público no Financiero no sólo es menor en términos absolutos y
respecto de las metas con el F.M.I. –en relación a 1992– sino también se presentan cambios en la
composición del financiamiento de dicho resultado.
En ambos factores, la incidencia deriva en las tendencias seguidas por los mismos, la
constituye la disminución del producido de la venta de activos públicos. El paulatino agotamiento de
las privatizaciones provoca no sólo una disminución global del resultado positivo del sector público,
sino que limita la utilización del financiamiento a las empresas públicas como mecanismo de abultar
el resultado de "caja" de dichos entes, artilugio utilizado por la Secretaría de Hacienda para mejorar
la presentación de las cuentas. La desaparición de las empresas públicas obliga a explicitar el uso del
crédito y limita la recurrencia al Banco Nación como tesoro auxiliar encubierto.
El desarrollo del ajuste circunscribe, cada vez con mayor nitidez, la obtención de superávit en
las cuentas públicas a flujo real de ingresos y gastos corrientes.
118
En la evolución de la Tesorería es donde se refleja con claridad el deterioro del resultado
positivo del Sector Público no financiero, pues a la caída del producido de las privatizaciones se le
agrega el signo negativo del resultado operativo (ingresos corrientes-gastos operativos), que se
mantiene por tres trimestres consecutivos desde el último de 1992.
Los factores que impactan en el resultado operativo son una confluencia del estancamiento de
los ingresos corrientes, sobre todo los tributarios, y una elevación del gasto operativo.
Por el costado de los ingresos, la reducción de los ingresos por privatizaciones y el
amesetamiento de la recaudación tributaria determinan que el actual nivel de ingresos de la
Tesorería se sostenga en base al incumplimiento del pacto fiscal Nación-Provincias de septiembre
pasado. Durante el primer semestre del '93, la retención del 15% de la recaudación de tributos
coparticipados con destino al ANSES alcanzó a $ 1.417 millones, sin embargo en ese lapso la
Tesorería no giró absolutamente ninguna partida a la seguridad social.
Otro componente que contribuyó a elevar los ingresos en forma extraordinaria son las
utilidades de YPF y el recupero de deudas por avales caídos por $ 259 millones, imputadas como
ingresos no tributarios en el mes de junio.
El primer trimestre del '93 presenta el nivel más bajo de los ingresos de Tesorería del período
92/93 –$ 3.205 millones–, experimentando una recuperación de $ 785 millones en el segundo
trimestre –$ 3.990 millones– centrada en ingresos no tributarios con $ 363 millones de aumento
respecto del primer trimestre, e ingresos de capital con $ 221 millones de suba, a su vez los ingresos
tributarios sólo aportan al incremento $ 136 millones.
En suma, la tendencia indica que la elevación de los ingresos de Tesorería depende de recursos
extraordinarios antes que de la recaudación corriente.
En relación al gasto, el mismo tiende a ubicarse durante 1993 en un promedio trimestral de
alrededor de $ 3. 100 millones, superior al de 1992 próximo a los $ 2.900 millones. Tras una baja en
el primer trimestre '93, el segundo trimestre evidencia un notable crecimiento en Bienes y Servicios
por $ 234 millones, correspondiendo a partidas destinadas al Ministerio del Interior, al de
Relaciones Exteriores y a Presidencia (SIDE).
La serie '92 y lo que va del '93 revela que el gasto evoluciona en forma estable, dentro del
comportamiento descripto, con oscilaciones estacionales en las distintas partidas. Las tendencias de
alza más sostenidas se observan en las transferencias a los Organismos Descentralizados y las
Cuentas Especiales.
119
CUADRO Nº 51. Tesorería General de la Nación (en millones de pesos de Junio '93)
Fuente: Secretaría de Hacienda.
(*)Provisorio. (**)Estimado. Ing. Ctes.-Gtos. Operativos
120
CUADRO Nº 52. Evolución de los Recursos; Tributarios (en millones de pesos de junio '93)
(1) Neto del 15% p/Seg. Soc. y suma fija para provincias. Fuente: D.G.I. y Dirección General de Aduana.
121
Recaudación Tributaria
Evolución de los Recursos Tributarios
La recaudación tributaria total durante 1993 se desenvuelve con un promedio trimestral
próximo a $ 6.700 millones, inferior a los $ 6.900 millones registrados durante 1992. Considerando
el comportamiento del primer trimestre del '93 como influido por la estacionalidad del lapso, que
impulsa a la baja el promedio de la serie del '93, es posible afirmar que con el actual nivel de
actividad, la recaudación impositiva se estanque en torno de los $ 7.000 millones (véase Cuadro Nº
52).
La desaceleración de la recaudación tributaria, sin significativas alteraciones en su
composición, altamente regresiva, constituye el rasgo más relevante de la situación tributaria del '93.
Las medidas de Gobierno, por ende, se orientan a combatir la evasión como único medio de
aumentar la recaudación en el marco de la regresividad del sistema actual. Por el contrario, los
anuncios sobre política tributaria como la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar la eliminación
del impuesto a los activos -de hecho ya ha suspendido el pago de los anticipos a partir del 1.5 para el
sector agropecuario-, sólo expresan la intención de acentuar la inequidad en el reparto de las cargas
fiscales.
Las decisiones de integrar el control impositivo y previsional y acelerar la fiscalización de
contribuyentes en tiempo real, son ejemplos elocuentes de los mecanismos por los que el Gobierno
intenta elevar la recaudación.
Incidencia de la Presión Tributaria
El Gráfico Nº 4 revela la enorme inequidad de la presión tributaria, en la que se sustenta el
Plan de Convertibilidad.
122
Gráfico Nº 4. Incidentes de la Presión Tributaria. Lapso Abril ’91 – Junio ’93
9.90%
72.40%
3.80%6% 7.90%
RentasConsumo y Transacciones
PatrimonioOtros
Comercio Exterior
Frente a la actual política impositiva, cabe mencionar que el impuesto sobre la renta alcanza al
44,6% de la estructura tributaria del Gobierno Central en el Reino Unido, al 37,7% en Italia, al
18,7% en Francia y al 17,5% en Alemania. A su vez, los impuestos al consumo y las transacciones
representan el 34% de la recaudación nacional total en el Reino Unido, el 30,5% en Francia, el 30%
en Italia y el 25,4% en Alemania.
El Empleo Público
Las políticas de ajuste ejecutadas durante el gobierno de Menem produjeron un movimiento de
características inversas en el empleo público nacional, respecto de la ocupación en el sector público
provincial, signado por la reducción de puestos de trabajo en el primero y el aumento del segundo,
tal como se aprecia en el Cuadro Nº 53.
CUADRO Nº 53. Personal Ocupado
31/12/89 31/12/92 Variación %
Sector Público Nacional 874.182 419.776 -454.406 -51,9
Sector Público Provincial 1.001.725 1.188.915 187.190 18,7
Ajuste Total 1.875.907 1.608.692 -267.216 -14,2
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Hacienda.
123
En el lapso 90/92 la reducción de empleados nacionales alcanzó a 454.406 agentes,
centrándose la racionalización en las empresas públicas, vía privatización y desguace, y en la
educación, mediante la provincialización de la enseñanza.
La racionalización del personal de las empresas públicas se aproxima a las 249.000 personas -
cifra que se está completando durante 1993 con los traspasos al sector privado-, de las cuales las
causas de la baja se distribuyen de acuerdo con el Cuadro Nº 54.
CUADRO Nº 54. Causas de las Bajas en las Empresas Públicas
Causas Cantidad %
Privatización 84.861 34.1
Retiro voluntario y/o despido 103.002 41.2
Bajas vegetativas 34.514 13.8
Concesión y/o provincialización 26.653 10.9
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Hacienda.
El costo de las indemnización por despido y retiros voluntarios de las empresas públicas en el
lapso 90/92 fue de u$s 1.217 millones, financiados u$s 742,9 millones con recursos propios, u$s
244,3 millones por el Banco Mundial, u$s 207,8 por el Banco Nación y u$s 22,1 millones por el
Tesoro.
A su vez, la transferencia de personal educativo, docente y no docente, de la administración
nacional a las jurisdicciones provinciales –aún en el lapso 90/92 la reducción de empleados
nacionales alcanzó a 454.406 agentes, centrándose la racionalización en las empresas públicas, no
concluida- oscila en 122.000 cargos, de los cuales 33.000 (27%) corresponden a la Provincia de
Buenos Aires.
El explosivo aumento del empleo provincial –asciende a 187.000 agentes en el período 90-92–
responde a la provincialización de las prestaciones sociales a cargo de la Nación, algunos servicios
públicos no privatizados por la escasa rentabilidad que ofrecían al sector privado (líneas férreas,
124
distribución de agua y energía, etc.) y el histórico uso del empleo público como paleativo de la
desocupación regional.
La racionalización de los empleados públicos nacionales implicó:
• En la Administración Nacional, el despilfarro de los recursos humanos del Estado, retirando
personal masivamente, sin ningún criterio de preservación de las funciones que cumplía,
capacitación e idoneidad. El pavoroso avasallamiento de los derechos de los trabajadores que
significaron los decretos 435 y 1757 de 1990,46 crearon condiciones laborales signadas por el
desgaste físico y psíquico cotidiano del trabajador, de modo de impulsarlo a trocar su empleo por
la indemnización del denominado "retiro voluntario" que, en los hechos, constituye una cesantía
encubierta.
• En las empresas privatizadas, el proceso de deterioro laboral fue similar, pero con el agravante
de que el Estado afrontó el costo de la reducción de planta –estimado en u$s 1.217 millones–,
previamente al traspaso al comprador privado.
• Las transferencias a las provincias del personal afectado a las prestaciones sociales directas
expresa el abandono de las mismas por el Estado nacional y el abultamiento de los presupuestos
provinciales sin proyecciones futuras de financiamiento en el mediano plazo.
Por último, el Estado nacional ha iniciado un paulatino proceso, en el marco del ajuste
descripto, de recambio del perfil de la dotación de personal. La reestructura posterior a la
racionalización plantea la cobertura de cargos superiores con ingresos externos -aboliendo la carrera
administrativa-, incremento de planta transitoria, direccionamiento de la demanda de empleo a
determinados sectores sociales -suprimiendo el concurso abierto-, etc. En suma, la futura
administración pública nacional tenderá a perpetuar el proyecto dominante en curso.
46 Véase Documento del Trabajo del IDE: "Del Estado Liberal al Estado Social de Derecho, un viaje de ida y vuelta", de Beatriz Fontana.
125
Privatizaciones
Distribución de Agua Corriente –ex O.S.N.–
En abril '93 se firmó la concesión por treinta años de la distribución de agua corriente,
servicios cloacales y tratamiento de efluentes de la Capital Federal, Avellaneda, Lanús, Lomas de
Zamora, Almirante Brown, Echeverría, Morón, La Matanza, Tres de Febrero, San Martín, Vicente
López, San Isidro, Tigre y San Fernando, al consorcio Aguas Argentinas, cuya composición se
aprecia en el Cuadro Nº 55.
CUADRO Nº 55. El Reparto del Estado
Sector Distribuidor Agua Corriente
Grupo Nueva Empresa
Ex-Empresa Pública Adquirente
O.S.N.
Aguas Argentinas
LOCALES
Soldati 20,7%
Meller 10,8%
Banco de Galicia 8,1%
EXTRANJEROS
España
Aguas de Barcelona 12,6%
Francia
Compagnie Gènérale des Eaux 8,1%
Lijonnaisse des Eaux Dumez 25,2%
Gran Bretaña
Anglian Water 4,5%
126
La entrega de Obras Sanitarias de la Nación no significó ingreso alguno para la Tesorería,
dado que la concesión se adjudicó al grupo que ofreció la mayor rebaja en las tarifas, en este caso
Aguas Argentinas con un 26,9% de reducción a partir del 1/ 1/93, en los consumos residenciales.
De este modo, se está concediendo la explotación de un mercado cautivo de 8,6 millones de
habitantes, de los cuales el 70% cuenta con agua potable y el 58% con servicios cloacales, que le
deparaba a la ex-O.S.N. una recaudación anual de u$s 300 millones y un superávit de u$s 30
Millones.
En este marco, Aguas Argentinas espera en el primer lustro de la concesión elevar la
facturación en u$s 120 millones anuales, que descontada la rebaja tarifaria produciría un incremento
neto de u$s 40 millones.
Los mecanismos a aplicar se sustentan en el control de la evasión actual por medio de dos
formas: la actualización del padrón de usuarios residenciales para precisar las superficies reales de
las propiedades, base de cálculo de la tarifa, y la implantación de medidores en los usuarios
industriales y comerciales para tarifar el consumo real.
Al aumento de ingresos se le agregará el recorte de 1.900 personas de la dotación --cuyas
indemnizaciones financiará el Estado.
Consecuentemente, el superávit proyectado en el primer lustro rondará los u$s 80 millones
anuales, frente a un compromiso de inversión decreciente en el tiempo, durante el periodo de la
concesión de u$s 1.083 millones. Sin computar los diferenciales por costo de oportunidad y carga
financiera, el retorno de la inversión se producirá en doce años, respecto de los treinta años que rige
la concesión.
Privatización del Capital Accionario de Y.P.F.
A fines de junio se vendió el 46% de las acciones de YPF en $ 3.040 millones, a razón de $ 19
cada una, lo que determina una valuación total de la empresa en u$s 6.610 millones. No obstante
127
YPF, paulatinamente vaciada, a partir de la venta por separado de sus áreas de explotación petrolera
centrales y secundarlas y de sus refinerías,47 fue tasada en u$s 9.700 millones.
Sobre el producido de la venta, $ 1.824 millones corresponden a la Nación que los aplicará
íntegramente a cancelar la deuda con los Jubilados y los $ 1.216 millones restantes a las provincias.
En consecuencia, el Estado nacional se desprendió del 27,5% de su participación accionaria,
reteniendo el 23,5% de la empresa, y las provincias el 15,6%, manteniendo el 23,4% de la misma.
El Ajuste Provincial
Con la firma del nuevo pacto fiscal Nación/Provincias, el 12 de agosto último, se ha
materializado la cuarta fase del proceso de ajuste sobre los estados provinciales,48 consistente en
recortar el poder tributario de éstos. Estas fases de ajustes se iniciaron en 1990, a partir de inducir la
crisis financiera de los bancos oficiales de provincia en situación de iliquidez e insolvencia,
recortando los redescuentos del B. C. R. A. El segundo paso fue el traspaso de los servicios de salud,
asistencia social, educación y cultura a los presupuestos provinciales, y el tercer eslabón fue el pacto
fiscal de setiembre del '92, en el que se acotó el flujo de recursos coparticipados a un piso mínimo
de $ 725 millones. Consecuentemente, al estrangulamiento financiero, le siguió el abultamiento del
gasto presupuestario y el límite a los recursos nacionales. Ahora es el turno de los recursos propios
provinciales.
El nuevo pacto Nación-Provincias fue suscripto por dieciséis jurisdicciones, negándose a
firmar Catamarca, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Los ejes
del acuerdo incluyen los siguientes puntos:
• Derogación del impuesto a los sellos a toda operatoria financiera o de seguros destinada a los
sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción. El resto de los sectores tendrá
exención gradual hasta el 30/6/95.
47 Para profundizar este tema, véase Informe de Coyuntura del IDEP Nº 4, "La Era Posbrady", capítulo sobre privatización del sector energético, febrero 1993. 48 Para profundizar este tema, véase Documento de Trabajo del IDEP, "Las crisis provinciales", de Roberto Feletti y Claudio Lozano y el Informe de Coyuntura Nº 4, (apartado referido al ajuste en las provincias).
128
• Derogación progresiva del impuesto a los ingresos brutos para la producción primaria, la
actividad financiera y la industria, con exención total antes del 30/6/95. El impuesto a los
ingresos brutos debe ser sustituido en el lapso 93/95 por un impuesto general a la venta
minorista.
• Se elimina el impuesto a los activos del sector agropecuario e industrial.
• Derogación gradual hasta el 30/6/95 de los impuestos sobre los intereses de los depósitos a plazo
fijo, los débitos bancarios y la nómina salarial.
• La alícuota del impuesto inmobiliario se limita al 1,2% en el caso de la propiedad rural y al 1,5%
en las propiedades urbanas. A su vez se acota la base imponible -tasación fiscal- al 80% del valor
de mercado.
• Se limitan las alícuotas de las tasas municipales de vialidad y mantenimiento de caminos al
0,4%.
• Se unifican a partir de 1994 las valuaciones y alícuotas del impuesto a la radicación de vehículos
(patentes).
Como contrapartida de este acuerdo, la Nación aceptó elevar el piso garantizado de la
coparticipación federal a $ 740 millones mensuales a partir del 1/1/94, condonando además la deuda
acumulada por las provincias por el pago del piso mínimo garantizado por encima de la recaudación
real de los impuestos coparticipados nacionales.
El pacto regirá para las provincias firmantes, en tanto que a las renuentes a suscribirlo, el
Gobierno Central le exigirá el pago de la deuda por el exceso de la garantía respecto de la
recaudación real de la coparticipación y además ejercerá los beneficios de la desgravación de los
activos productivos en las jurisdicciones adheridas al pacto, como forma de presión a través del
sector empresarial no exento del impuesto a los activos en las provincias "rebeldes" al pacto.
129
Las consecuencias visibles del acuerdo, cuyos efectos se sentirán con fuerza a partir de 1994,
se pueden sintetizar en dos, unas de efectos cualitativos y otras cuantitativos:
• Adecuación del sistema tributario provincial a la regresividad de la estructura impositiva
nacional. Las limitaciones en la base imponible y las alícuotas de los tributos a las
exteriorizaciones objetivas de patrimonio (inmuebles y autos), la derogación de gravámenes a las
transacciones comerciales (sellos y débitos bancarios) y el paulatino reemplazo del impuesto a
los ingresos brutos por uno que recae exclusivamente en el consumo minorista, son testimonios
elocuentes del objetivo del Gobierno Central de reservarse para sí la facultad de gravar la renta y
los patrimonios. En lo inmediato, la reforma agudiza, esta vez en los tributos provinciales, la
regresividad de la presión impositiva global.
• El pacto recorta recursos fiscales de las provincias, a cambio de la suma fija de impuestos
coparticipados, garantizados por la Nación. La caída de recursos provinciales crece a medida que
avanza la gradualidad de las reforma, hacia 1995 se estima que Buenos Aires habrá resignado el
20% de su recaudación propia, Santa Fe el 11% y Córdoba, de ingresar al pacto, el 10%. La
consultora M&S estimó la caída de ingresos provinciales, resultante del acuerdo, en $ 24
millones mensuales en lo inmediato y $ 19 millones mensuales durante 1994, sin ponderar cuál
es el real grado de sustitución de la recaudación del impuesto a los ingresos brutos por el
impuesto al consumo minorista, en el mediano plazo.
El Gobierno Central ha dado un nuevo paso en la inducción del ajuste provincial, expropiando
esta vez, el poder tributario de las jurisdicciones del interior, delineando además el perfil de dicho
ajuste, en base a rasgos tan regresivos como el nacional.
Administración Nacional de la Seguridad Social
El Cuadro que Nº 56 presenta la evolución del sistema de seguridad social, resaltando que el
sistema previsional tiende a autofinanciarse, a pesar de que la Tesorería no remite la totalidad del
30% del producido de las privatizaciones, ni del 15% de la recaudación mensual de impuestos
coparticipados retenido a las provincias con destino a la seguridad previsional. La deuda de la
Tesorería con el ANsES, alcanza a $ 2.546 millones, compuestos por 612 millones correspondientes
a privatizaciones y 1.934 a lo sustraído de la mesa de recursos coparticipables.
130
CUADRO Nº 56. Administración Nacional de la Seguridad Social (en millones de pesos de Junio 93)
Fuente: Información suministrada por el A.N.Se.S.
131
MONEDA Y CREDITO
Tendencias de la Política Monetaria y Financiera49
A partir de 1990, la política monetaria se orientó resueltamente a convalidar el proceso de
"dolarización" de la economía. El Plan Bonex (enero '90), la Convertibilidad (abrl'91) y la
Bimonetización del sistema financiero (diciembre '92) constituyeron pasos progresivos para colocar
la creación primaria y secundaria de dinero en función de los flujos externos de divisas.
El ajuste fiscal y la conversión a Bonex '89 (Plan Bonex) de la deuda financiera Interna del
Estado sentaron las bases para la convertibilidad del peso al dólar a una paridad fija de 1 a 1,
suprimiendo la emisión de dinero –creación primaria– al margen del nivel de reservas
internacionales.
El segundo paso, aún pendiente, es la reestructuración del sector bancario para administrar la
capacidad de préstamo -creación secundaria. Es evidente que quienes controlan la oferta monetaria,
los ingresantes de capitales del exterior, también aspiran a dirigir la expansión crediticia derivada de
dicha oferta.
En el recurrente intento de impulsar el descenso de la tasa de interés convergen dos objetivos
de la política monetaria, uno de corto plazo vinculado al sostenimiento del actual nivel de actividad
y el restante, de carácter estructural, que es el redimensionamiento del sistema bancario a fin de
colocar la administración del crédito en poder de quienes controlan la oferta de divisas, bancos
extranjeros y gran banca privada local.
Precisados ambos objetivos, es necesario caracterizar al sistema financiero presente, a fin de
evaluar las medidas adoptadas por la autoridad monetaria.
49 Para profundizar este tema, véase Informe de Coyuntura Nº 4, "La Etapa Posbrady", capítulo "Moneda y Crédito", febrero 1993.
132
Caracterización del Sistema Financiero
El sistema financiero argentino se caracteriza, en principio, por una fuerte dolarización de sus
fuentes de financiamiento, aun las provenientes del ahorro interno. El Cuadro Nº 57 refleja este
rasgo.
CUADRO Nº 57. Financiamiento del Sector Financiero. Diciembre 1992 (cifras en millones)
Depósitos Líneas Financieras del
Exterior a Bancos
Locales Moneda Local Moneda Extranjera
14.241 12.319 1.915
Fuente: Elaboración propia en base a datos del. B.C.R.A. y" Prensa Económica".
A fines de 1992, el total de recursos financieros en moneda extranjera alcanzó a u$s 14.234
millones, igualando a los $ 14.241 millones de depósitos en moneda local. La distribución de
recursos financieros por origen de moneda varía significativamente según el tipo de banco.
En el Cuadro Nº 58, se advierte cómo los bancos oficiales y los cooperativos se encuentran
fondeados por recursos mayoritariamente en pesos, reuniendo el 62,5% de los fondos en moneda
local. A la inversa, los privados locales y los extranjeros se sustentan en fuentes de financiamiento
en divisas, su participación en los recursos en moneda extranjera alcanza al 64,4% de los mismos.
133
CUADRO Nº 58. Distribución de Fondos por Origen de Moneda, Según Tipo de Banco,
(cifras en millones a dic. '92)
Tipo de Banco Recursos
Moneda Local Moneda Extranjera
Oficiales Nacionales 2.812 1.733
Oficiales Provinciales 4.284 1.810
Oficiales Municipales 505 367
Extranjeros 1.810 3.158
Privados Locales 3.518 6.006
Cooperativos 1.312 1.160
Total 14.241 14.234
Fuente: Elaboración propia en base a datos del B.C.R.A. y "Prensa Económica".
Esta característica es el sustento de la bimonetarización, que permitió la mezcla de los dos
segmentos de intermediación de fondos, habilitando a los bancos a captar en divisas y prestar en
pesos. En consecuencia, en la bimonetarización se conjugan los dos objetivos de la política
monetaria: el descenso de la tasa de interés por afluencia de recursos del exterior más baratos
respecto de la tasa interna y el mejoramiento de la rentabilidad de los bancos con acceso al mercado
externo, dado que tomar fondos en circuito internacional y prestarlos localmente, ensancha sus
márgenes de intermediación. Sobre todo cuando uno de los principales tomadores de fondos en el
mercado interno es el Estado, lo que elimina el riesgo de incobrabilidad, siendo ésta -la captación de
fondos internos por el Estado la principal restricción para el descenso de la tasa de interés local.
Las medidas adoptadas seguidamente de la bimonetarización, se orientan aún más a incidir en
la rentabilidad de los bancos como medio de forzar la reestructuración. En este sentido es necesario
precisar los dos ejes por los que transita la reconversión:
• El impacto de la política del B.C.R.A. en beneficio de la rentabilidad de la banca mayorista y en
detrimento de los bancos minoristas.
• El desguace de la banca pública.
134
Rentabilidad Bancaria
El margen bruto de intermediación bancario -"spread"- producto de la diferencia entre las tasas
de Interés de captación y colocación, debe ser suficiente para afrontar los costos operativos de cada
entidad financiera. Ahora bien, tanto las tasas de interés como los costos operativos difieren según el
mercado en el que se desenvuelva la entidad, sea éste mayorista –pocas operaciones de elevado
monto– o minorista –muchas operaciones de bajo monto.
En el mercado mayorista, las tasas de interés -activas y pasivas- y los costos operativos en
relación al monto de recursos intermediados son inferiores a los del mercado minorista. En
consecuencia, una política monetaria que se centre exclusivamente en el descenso de la tasa de
interés, sin tener en cuenta las diferencias de rentabilidad, provocará la quiebra de los bancos
minoristas, porque el margen de intermediación acotado por la reducción de tasas y calculado sobre
los montos transados, le impedirá absorber los costos operativos que fluctúan en función del número
de operaciones cursadas.
Al respecto es útil observar, en el Cuadro Nº 59, el grado de atomización o concentración de
las cuentas pasivas por tipo de banco, relacionando la participación porcentual en los depósitos y en
número de cuentas.
CUADRO Nº 59. Concentración de las Cuentas Pasivas –Oct '9–. Participación Porcentual.
Tipo de Banco Monto Cantidad de Cuentas
Públicos (*) 44% 42%
Privados Locales 29% 33%
Extranjeros 18% 12%
Cooperativos 9% 3%
(*) Incluye nacionales, provinciales y municipales.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del B.C.R.A. y el CEFIM.
En un extremo se ubican los bancos extranjeros que concentran el 18% de los depósitos en el
12% de las cuentas y, en el otro, los bancos cooperativos con el 9% de los depósitos en el 13% de
135
las cuentas. En el caso de los bancos públicos y privados locales, es necesario ponderar los efectos
distorsionantes propios de considerar grupos no homogéneos. En el caso de los bancos públicos, el
grado de concentración de depósitos en relación al número de cuentas descendería si se netearan los
depósitos de los distintos entes recaudadores del sector público: en las entidades privadas locales se
incluyen numerosos bancos minoristas juntos con grandes bancos líderes que, de eliminarse dicho
efecto, los grados de concentración diferirían significativamente en torno al promedio del grupo
(descendería en los primeros y aumentaría en los segundos).
En este marco, el B.C.R.A. lanzó su paquete financiero, febrero '93, consistente en:
• Eliminación de los depósitos a plazo fijo a menos de treinta días, en pesos y en moneda
extranjera.
• Autorización a la apertura de cajas de ahorro para las empresas sin límites de extracciones.
• Eliminación de los encajes para los depósitos a plazo fijo.
• Unificación de las tasas de efectivo mínimo sobre depósitos en cuenta corriente y en caja de
ahorro en el 40%. El encaje deberá ser depositado totalmente en el B.C.R.A.
• Autorización para emitir obligaciones negociables a 30 días de plazo mínimo.
• Autorización para operar en pases y cauciones bursátiles contra títulos públicos, acciones y
obligaciones negociables, liquidables en pesos.
Del mismo modo que la bimonetarización hizo converger el objetivo de reducir la tasa de
interés con el redimensionamiento bancario, beneficiando a aquellas entidades con acceso al
mercado financiero internacional, el "paquete" de febrero conjuga la baja de tasas con el
mejoramiento de la rentabilidad de aquellos bancos con acceso al mercado bursátil y extrabursátil.
En definitiva, la bimonetarización, fusionó la intermediación de recursos en pesos y en dólares, y las
medidas del verano apuntan a unificar al mercado financiero con el de capitales.
136
La fijación en treinta días de lapso mínimo para los depósitos a plazo fijo y la eliminación de
los encajes sobre estas imposiciones, juntamente con la autorización de emitir obligaciones
negociables y realizar pases y cauciones bursátiles a treinta días, implica igualar costos intrínsecos y
plazos de la intermediación financiera y bursátil. Sin embargo, los costos operativos bancarios
superan a los de operar en la Bolsa y el Mercado Abierto, lo que provoca un desplazamiento de los
grandes tomadores de crédito del mercado financiero al de capitales y posiciona en esta tendencia a
los bancos con capacidad para intervenir en este último.
En suma, el descenso de la tasa de interés para el tomador de préstamos, y la adecuación de la
rentabilidad para las instituciones bancarias, se produce entre quienes pueden intermediar en el
mercado financiero internacional y en el mercado de capitales local. Es decir, un sistema mayorista -
pocas operaciones de mucho monto- y trasnacionalizado de intermediación de recursos monetarios.
Otras aristas de las medidas embisten contra las redes de sucursales y con carteras atomizadas,
pues la tasa de encaje, muy elevada, recae sobre las operaciones pasivas de flujo cotidiano,
depósitos en caja de ahorro y en cuenta corriente, que requieren de un encaje técnico del 12% -
dinero que es necesario mantener en caja para afrontar eventuales retiros- que se agrega al encaje
legal del 40%, que no puede utilizarse como técnico fuera del microcentro, pues debe depositarse
íntegramente en el B.C.R.A.
De esta forma, los bancos que centren su actividad de intermediación en la "city" tendrán,
en los hechos, un encaje menor que aquellos que dispersen su operatoria lejos del B.C.R.A. o
de los diferentes Tesoros Regionales. La proximidad física habilita a utilizar al encaje legal como
técnico, pues se pueden pagar los retiros de fondos en escaso lapso, en tanto que las sucursales
requieren reservas de efectivo por encima de lo depositado en el B.C.R.A. Otro perjuicio para la
rentabilidad minorista. La realidad demuestra que la tasa de interés desciende a partir de estas
medidas (tal como lo verifica el Cuadro Nº 60).
137
CUADRO Nº 60. Tasas de Interés Nominales Mensuales (en porcentaje)
Activa Pasiva
Diciembre 1992 4,5 1,4
1993
Enero 3,9 1,1
Febrero 3,0 1,2
Marzo 2,9 0,9
Abril 2,7 0,9
Mayo 2,4 0,8
Junio 2,2 0,7
Fuente: B.C.R.A.
No obstante, el descenso no se traduce en crédito productivo para las PyME, tal como lo
declama el Gobierno, sino en el financiamiento barato a los consorcios empresarios y
reestructuración bancaria en beneficio de las entidades extranjeras y la gran banca privada local.
Esta política impacta, esencialmente, en el sector financiero privado –cooperativos, locales y
extranjeros–, los bancos públicos están sometidos a un proceso de desmantelamiento explícito, que
se complementa con la política descripta. La caída de la tasa de interés no habilitará crédito
accesible para las PyME, pues desaparecerán las entidades que atienden a ese sector empresario.
138
IV. PANORAMA LABORAL
O.I.T.: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
El 2 de junio de 1993, reunida la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, resultó
electo por unanimidad, como presidente de la misma, el ministro de Trabajo y Formación
Profesional de Egipto, Asem Abdel-Hak.
Según un informe de prensa de la O.I.T., en su discurso de asunción, el funcionario expresó
que corresponde a esa organización un papel importante en la construcción de un nuevo orden de
justicia social, en el cual "la única garantía para el progreso es la soberanía de la democracia y de los
derechos humanos". Sostuvo, asimismo, que la Conferencia se estaba realizando en "momentos
críticos y peligrosos", y que la comunidad internacional representada en la Organización debe
responder a cuatro retos fundamentales:
1) Lograr que cambie un mundo desgarrado por la guerra, por bloques regionales y por puntos de
vista intransigentes a fin de que, como objetivo común de la humanidad, se pueda superar la
crisis económica y conseguir el bienestar de todos. Hay que fortalecer la democracia para poder
combatir el desempleo y la pobreza. A través del diálogo debe imponerse un nuevo orden
mundial, en el que la prosperidad esté estrechamente vinculada al progreso.
2) Enfrentar las demandas de cambio con una actitud abierta y valerosa. Debe hallarse la manera de
liberalizar el comercio internacional, de adaptar las relaciones laborales y de reorganizar la
sociedad, de modo tal que haya empleo para todos.
3) Adaptar los programas de ajuste estructural para que sirvan a la causa del crecimiento y de la
justicia social: las reformas sociales deben ir de la mano de las reformas económicas.
4) Lograr el equilibrio sobre el papel del Estado y del mercado. La experiencia demuestra que se
debe encontrar una nueva fórmula para alcanzar ese objetivo, pero independientemente de cuál
sea esa fórmula, "la única garantía para el progreso es la soberanía de la democracia y de los
derechos humanos".
139
Frente a estas manifestaciones –que configuran un verdadero programa de acción en el campo
de las relaciones laborales–, la situación a que se ha arribado en la Argentina no puede más que
poner de manifiesto la enorme distancia que nos separa de los países centrales.
Por otra parte, si se compara el contenido de los desafíos marcados por la O.I.T. con el rumbo
que pretende imprimir el Anteproyecto de Ley de Contrato de Trabajo, emanado del Poder
Ejecutivo, las contradicciones son aun mucho más evidentes.
MODIFICACIONES NORMATIVAS A PARTIR DE 1989
El modelo económico implantado por el menemismo significó, en materia de relaciones
laborales, la elaboración de un esquema normativo que, aunque carente de sistematicidad, fue
sucediéndose en normas que evidenciaban un acompañamiento del derecho laboral a aquel modelo.
Seguidamente se efectuará un breve repaso de las modificaciones ocurridas y los efectos que
perduran en el tiempo.
Leyes 23.696 y 23.697
Estas leyes llamadas de "emergencia económica" y de "reforma del Estado" constituyeron el
fundamento para la aplicación de un despiadado ajuste en el sector público.
Si bien ambas normas introdujeron otros elementos que auguraban procesos democratizadores
a través de conceptos novedosos, -como la participación de la representación sindical en el proceso
privatizador (art 41, ley 23.696); la participación de empleados, obreros y/o usuarios en el
seguimiento de entidades del sector público a través de mecanismos de información y consulta, o en
la gestión, ganancias y representación en los directorios y, también, la participación en la propiedad
a través de cooperativas y programas de propiedad participada (art 43, ley 23.697); la creación de
instancias de negociación colectiva para la revisión de regímenes de empleo que atenten contra la
eficiencia y productividad en la administración pública (art 44, ley 23.697)- en la práctica ninguno
140
de estos mecanismos funcionó, convirtiendo en letra muerta los objetivos de participación
promovidos por la legislación.
También, la ley 23.697 (art. 48) -y nadie sabe cómo- modificó el art. 245 de la LCT, dejando
sin efecto el tope de las indemnizaciones por despido incausado que había impuesto la reforma de la
dictadura a dicha ley. No obstante, su vigencia fue efímera: la ley de empleo (24.013) se encargó de
volver las cosas al estado anterior, aunque modificando la composición del tope aludido (de ser tres
salarios mínimos vitales y móviles pasó a ser tres veces el importe mensual de la suma que resulta
del promedio de todas las remuneraciones previstas en el C.C.T. aplicable al trabajador al momento
del despido, confirmando la tendencia a la desaparición por SMVM).
Ley 24.013
Pomposamente denominada "Ley Nacional de Empleo" y con el objetivo declarado de hacer
operativo el derecho constitucional a trabajar (art. 1º), se articula en tres grandes líneas: la
regularización del empleo no registrado, la creación de nuevas modalidades de contratación de
carácter temporal y el establecimiento de un sistema de protección al trabajador desempleado.
A dieciocho meses de su vigencia, podríamos sostener el fracaso de los objetivos propuestos:
el blanqueo de los trabajadores "en negro" alcanzó a 130.000 personas, apenas el 5,2% de los que el
propio Ministerio de Trabajo cuantificó con anterioridad (2.500.000); la contratación a través de las
modalidades promovidas significó sólo el 5,8% de los nuevos puestos de trabajo creados; y el
seguro de desempleo lo perciben apenas 80.000 trabajadores.
Ley 24.028
A poco de la última modificación de la ley de accidentes de trabajo operada durante el
gobierno radical (ley 23.643), un tremendo lobby de las compañías de seguro impone la "necesidad"
de reformarla. Los cambios no resultan de menor importancia:
• Se introduce una diferenciación incompatible con los postulados protectorios propios de la
responsabilidad objetiva del régimen de accidentes de trabajo, al cargar sobre la víctima del
141
infortunio parte de las consecuencias del mismo, discriminando entre "factores causales
atribuibles al trabajador" y "factores causales atribuibles al trabajo", cuya concurrencia había
sido considerada, a partir de una larga elaboración jurisprudencial, como "indiferente".
Por la redacción del artículo 29, aquellas incapacidades que fueran -aunque parcialmente-
resultado de circunstancias propias de la víctima no se indemnizarán en su totalidad. Cabe
aclarar que, de no haber sido por la acción del trabajo, la lesión incapacitante no se hubiese
producido.
• Reduce las indemnizaciones disminuyendo el coeficiente por edad (corrector en función de la
mayor o menor edad de la víctima) y de la aplicación porcentual del tope de u$s 55.000 a las
incapacidades parciales.
• Determina la prescripción de la acción indemnizatoria luego de los dos años de extinguida la
relación laboral. Esto constituye un absurdo parámetro que desconoce por completo el largo
proceso patológico de varias enfermedades profesionales, manifestado muchos años después del
cese de la exposición al riesgo, que con la nueva ley no podrán ser indemnizables.
• Permite "negociar" las indemnizaciones en sede administrativa o judicial a través de la
conciliación o transacción sin posibilidad de revisar lo actuado. Esto significará el
aprovechamiento del estado de necesidad del trabajador accidentado, lo que no ocurría en el
régimen anterior, al permitírsele a la víctima reclamar las diferencias que pudiesen existir entre
lo percibido y la real incapacidad.
Leyes 23.929 y 24.185
No todo fue regresión: estas dos normas, largamente reclamadas, habilitaron la negociación
colectiva de los trabajadores docentes y del sector público. No obstante, es preciso recordar que la
negociación colectiva sin exclusiones es un derecho reconocido constitucionalmente y que, luego de
la sanción de las leyes 23.544 (que ratificó el convenio 154 de la OIT) y 23.545 (modif. de la ley
14.250, de negociación colectiva), ambas de 1988, era imposible demorar aun más su
funcionamiento.
142
Sin embargo, es dable aceptar que -pese al reconocimiento definitivo del derecho a la
negociación colectiva- los resultados no son hasta la fecha satisfactorios, sin que siquiera se hayan
constituido las comisiones negociadoras, lo que significa una resistencia de hecho de parte del
Estado.
Decretos 435/90. 612/90 y 1.757/90
Estos decretos resultan artífices del ajuste del sector público a través de una salvaje reducción
de planteles, declarando la prescindibilidad indiscriminadamente y la jubilación anticipada de
numerosos trabajadores.
Decreto 2.184190
Fiel al esquema regresivo instalado, y previendo una conflictividad que en definitiva no se
constató, el modelo requería contener las protestas de los trabajadores y, para ello, "reglamentó" el
derecho de huelga en los servicios esenciales, dotando de amplísimas facultades al Ministerio de
Trabajo para su aplicación extensiva con lo que los servicios esenciales incluyeron hasta los
cumplidos por los trabajadores bancarios.
Restricciones a la Negociación Colectiva
(decretos 1.757/90, 1.334/91, 817/92)
En materia de negociación colectiva, la intervención estatal fue in crescendo. En primer lugar,
por el decreto 1.757/90. se denunciaron los convenios colectivos de trabajo de empresas del Estado,
suspendiéndose las cláusulas de los mismos que atentaran contra la eficiencia y productividad de
dichas empresas, hasta tanto se renegociaran de conformidad con las pautas que a tal fin daba la
norma.
Luego, el decreto 1.334/91 encorsetó la negociación salarial sujetando la homologación de los
acuerdos a que se demostrase que los aumentos salariales se correspondían con efectivos o
esperados incrementos en la productividad de las empresas y con el requisito de que el sector
empleador asumiera el compromiso de no trasladarlos a los precios. Por último, el decreto 817/ 92
143
derogó todos los conventos colectivos de trabajo del sector marítimo portuario, con el afán de
reducir los costos operativos del mismo.
Tamaños despropósitos no registran antecedentes. No obstante, hasta la fecha, la Corte
Suprema de Justicia no se ha expedido declarando la inconstitucionalidad de las normas. Sí lo ha
hecho la Cámara del Trabajo de la Capital en fecha reciente respecto del decreto 817.
Flexibilidad, en la Negociación Colectiva
(decreto 470/93)
El decreto 470/93 derogó el ya mencionado decreto 1.334/91 de aumentos salariales por
productividad, aunque no cesó con él el propósito de Intervenir en la autonomía colectiva. La
Intención ahora es la de desagregar la negociación y bajarla a niveles inferiores, fundamentalmente
lograr el convenio colectivo por empresa, con la consabida atomización del poder sindical que ello
representa.
También, como antecedente del proyecto de reforma de la LCT, se pretende que las partes
negocien de la forma más flexible posible, permitiendo que se establezcan condiciones de trabajo y
salarlos en forma variable que se podrán modificar, aumentar, suprimir o pactar por única vez según
el ritmo de la actividad económica, establecimiento, empresa o grupo de empresas donde se haya
pactado.
Derogación del Carácter Remuneratorio de Determinados Beneficios
(decretos 1.477, 1.478/89 y 333/93)
Pese a la publicidad oficial llamando al cumplimiento de las normas previsionales y a la lucha
contra la evasión, las normas antes señaladas han asestado un duro golpe a las finanzas de las Cajas.
Los decretos 1. 477 y 1. 478 crearon la "canasta alimentaria" y "vales de alimentación",
posibilitando que el empleador abonara hasta el 20% de la remuneración con esos "beneficios", sin
144
considerarse dicho monto como remuneratorio y, por lo tanto, exento del pago de cargas sociales.
Los mismos, comercialmente identificados como "luncheon ticket" o "ticket canasta", consisten en
un vale que el trabajador canjea en los supermercados que los aceptan. Cabe recordar que las
exigencias que el Ministerio de Trabajo estableció para habilitar a las empresas proveedoras de los
vales parecieran haberse hecho "a la medida" de las que, en definitiva, fueron las únicas tres
autorizadas.
Los decretos en cuestión tuvieron la aventurada idea de pretender modificar la L.C.T.
incorporando un artículo 105 bis, lo cual no fue ratificado por el Congreso en el período de sesiones
correspondiente; de allí que se creyera desaparecida la posibilidad del pago de parte del salario .en
negro". Pero como una demostración de que el Gobierno no cejará en su voluntad de imponer los
designios del Ejecutivo, con fecha 3/3/93 se dicta el decreto 333, el cual en una larga enumeración
incluye a los mencionados vales alimentarios con expresa mención de los decretos invalidados, y a
otros tantos beneficios como servicios de comedor, reintegro de gastos de medicamentos, provisión
de automóvil, otorgamiento de vivienda, etc., excluyendo a todos ellos de la obligatoriedad del pago
de aportes y contribuciones de la Seguridad Social.
Emergencia Ocupacional
Pese a los augurios de crecimiento y desarrollo pregonados, como una constatación de las
gravísimas dificultades del empleo en el país, el Poder Ejecutivo ha declarado la emergencia
ocupacional en las provincias que se detallan en el Cuadro Nº 61. Habiendo vencido el plazo,
generalmente de un año, de la declaración de emergencia ocupacional, el Ministerio de Trabajo la
prorrogó en las provincias que se detallan en el Cuadro Nº 62.
La consecuencia inmediata de la emergencia ocupacional es la habilitación de las modalidades
de contratación precarias, por fuera de la contratación colectiva.
145
CUADRO Nº 61
Provincia Resolución Fecha
NEUQUEN MTSS 58 3112/92
JUJUY MTSS 180 1/4/92
TIERRA DEL FUEGO, SANTA
CRUZ Y CHUBUT MTSS 485 29/5/92
CORRIENTES MTSS 488 '92
CHACO MTSS 610 12/6/92
RIO NEGRO MTSS 672 12/6/92
SAN JUAN MTSS 768 29/7/92
BUENOS AIRES MTSS 818 20/8/92
TUCUMAN MTSS 999 20110192
MENDOZA MTSS 1194 24/11/92
ENTRE RIOS MTSS 54 4/2/93
SANTA FE MTSS 62 812193
LA PAMPA MTSS 119 25/2/93
CAPITAL FEDERAL MTSS 179 11/3/93
MISIONES MTSS 228 214193
CORDOBA (Algunos Municipios) MTSS 237 714/93
CUADRO Nº 62
Provincia Resolución Fecha
NEUQUEN MTSS 58 512193
JUJUY MTSS 229 214/93
CORRIENTES MTSS 477 416/93
SANTA CRUZ MTSS 478 416/93
CHUBUT MTSS 479 416/93
CHACO MTSS 480 416/93
TIERRA DEL FUEGO MTSS 481 4/6/93
146
ANALISIS DEL ANTEPROYECTO DE DE CONTRATO DE TRABAJO
Orden Público Laboral vs. Orden Público Económico
Intentar transmitir conceptualmente los lineamientos del Anteproyecto de Ley de Contrato de
Trabajo (ALCT) presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, se toma complicado y dificultoso. Y
es que, a pesar de que se alude a la Ley de Contrato de Trabajo, en realidad el Anteproyecto no
reglamenta el Derecho del Trabajo. Por lo menos, no el que consagra el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, ni el que promueven las normas internacionales en la materia.
El Derecho del Trabajo, consagrado legislativa y doctrinariamente en nuestro país y en el
mundo, parte de una premisa básica: el trabajo no es una mercancía. 0 sea, no está ni debe estar
sujeto a las leyes del mercado, por su relación directa con el "sujeto-ser humano-trabajador".
Esa premisa básica se encuentra receptada en forma expresa en el articulo 4º, segundo párrafo
de la LCT: "El contrato de trabajo tiene como principal objetivo la actividad productiva y creadora
del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de
intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley".
La recepción positiva de una postura filosófica semejante es sumamente importante a la hora
de la aplicación concreta de las normas contenidas en ése y cualquier otro cuerpo legal de la materia,
ya que las mismas deberán ser interpretadas de manera tal que aseguren la efectiva vigencia del
principio del artículo 49 LCT.
El reconocimiento de que el trabajo no es una mercancía ha derivado, además, en la
conformación de los llamados 'Principios del Derecho del Trabajo", tendientes justamente a afianzar
la dignidad y el respeto de la persona del trabajador y de sus derechos.
De esos principios, se destaca sobre todo el llamado "Principio Protectorio", al que se le
reconoce carácter fundacional del Derecho del Trabajo ("El trabajo en sus diversas formas gozará de
la protección de las leyes...", art. 14 bis, C.N.), con sus tres reglas de aplicación: a) Ante la duda, a
favor del trabajador; b) Principio de la norma más favorable; c) Principio de la condición más
beneficiosa.
147
Con igual nivel de importancia, cabe mencionar el "Principio de irrenunciabilidad,
directamente vinculado al Orden Público Laboral.
Al igual que los principios jurídicos fundamentales de validez universal y absoluta, los
principios del derecho laboral integran el Derecho Natural. Pero en tanto se hable de ellos no en un
plano puramente filosófico, sino de vigencia jurídica concreta, es importante que tales principios se
encuentren incorporados en la legislación positiva.
Efectuando una recorrida por el articulado de la Ley de Contrato de Trabajo vigente, es fácil
detectar la recepción normativa de los principios generales de la materia, además de la premisa
básica consagrada en el artículo 4º ya citado.
a) Ante la duda, a favor del trabajador. "Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley,
los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador" (art.
9, segundo párrafo, LCT).
b) Principio de la norma más favorable: "En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o
convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto
de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo" (art. 9, primer párrafo,
LCT).
c) Principio de la condición más beneficiosa: "Las partes, en ningún caso, pueden pactar
condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales,
convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las
mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el art. 44 de esta ley" (art. 7, LCT).
"Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales que contengan normas más
favorables a los trabajadores, serán válidas y de aplicación..." (art. 8, LCT). d) Principio de
irrenunciabilidad: "Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los
derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al
tiempo de su celebración, o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su
extinción" (art. 12, LCT).
148
Estos y otros principios, además, se enmarcan dentro del llamado Orden Público Laboral,
sistema por el cual se establecen derechos indisponibles en cabeza del trabajador, y se sanciona la
violación o derogación de los mismos con la nulidad de las cláusulas respectivas, y su sustitución
automática por las normas vigentes. De esa forma se limita la autonomía de la voluntad de las
partes, y se hace efectivo el principio de la conservación del contrato de trabajo (art 10, LCT).
El Orden Público Laboral también ha recibido recepción normativa en los artículos 7, 12, 13.
14 y 21 de la LCT, sin perjuicio de la consagración de su vigencia y de sus efectos en todo el resto
del articulado de ese cuerpo legal.
Ahora bien, esta construcción doctrinarla y legislativa, que hace a la esencia misma del
Derecho del Trabajo, resulta seriamente cuestionada por el Anteproyecto en estudio.
En primer lugar, por cuanto deroga la norma del artículo 4 LCT, y conceptualiza el contrato de
trabajo sólo en los términos de intercambio economicista (art. S. 1: "Existe contrato de trabajo
siempre que una persona física, llamada 'trabajador', voluntariamente realice o se obligue a realizar
actos, obras o servicios en favor y bajo dependencia de otra, ramada 'empleador', a cambio de una
remuneración").
Esta modificación, lejos de ser casual o involuntaria, concuerda en un todo con el objetivo de
plasmar el "Nuevo Modelo Laboral de Mercado", reconocido en la presentación del Anteproyecto.
En otras palabras, para los autores del Anteproyecto, el trabajo es una mercancía y, como tal, se
debe regir por las leyes del mercado.
Esa concepción materialista y economicista se ratifica a lo largo de todo el articulado del
ALCT. Pero es especialmente clara y contundente en la modificación sustancial que produce en
tomo de los cimientos del Derecho Laboral: Los Principios Generales.
El artículo 3.2 del ALCT reproduce, en apariencia, el texto del artículo 11 LCT, en cuanto
establece que, cuando una cuestión no pueda resolverse por las normas que rigen el contrato de
trabajo, se decidirá conforme a los principios de justicia social y a los principios generales del
149
derecho del trabajo. Pero la remisión a los principios ha sido vaciada de contenido, al derogar la
recepción normativa de los mismos.
Así, la regla "Ante la duda, a favor del trabajador", no ha merecido acogida normativa en el
Anteproyecto, de modo tal que quienes deban interpretar y aplicar las leyes no se encontrarían ya
sujetos a ese límite.
En cuanto al principio de la norma más favorable, podría pensarse en una lectura rápida y
superficial, que ha quedado plasmado en el artículo 3.1 del ALCT. Sin embargo, las diferencias
entre esa norma y el artículo 9 LCT son irreconciliables, no sólo por los diferentes criterios de
comparación a los que en cada caso se remite, sino incluso por el contexto normativo en que cada
uno quedaría inserto.
En el sistema de la LCT, actualmente vigente, la determinación de la norma más favorable al
trabajador se realiza aplicando el llamado "conglobamiento por instituciones", es decir, la
comparación de la o las normas que regulan una determinada institución del derecho laboral (EJ.:
vacaciones, remuneraciones, enfermedades, etc.).
El ALCT propone modificar ese procedimiento y determinar en cada caso la norma más
favorable, comparando globalmente todos los cuerpos normativos en cuestión. En otras palabras, si
la duda recae sobre un aspecto vinculado con la tutela del trabajador durante la enfermedad
inculpable, regulado de forma distinta en el convenio colectivo que en la ley vigente, debería
compararse la totalidad del articulado del convenio con la totalidad del articulado de la ley, y decidir
en conjunto cuál es el sistema más favorable.
No parece necesario ser versado en leyes para darse cuenta de la enorme dificultad que ello
acarrea, y de las situaciones injustas que acabaría generando. En el ejemplo mencionado, podría
entenderse que el convenio es más favorable en su conjunto, y aplicarlo en el caso de la enfermedad,
aun cuando para este supuesto fuera la ley la que otorgaba mejores condiciones para el trabajador.
Por otra parte, ante la casi imposibilidad de determinar con certeza cuál es el cuerpo normativo
más beneficioso, el empleador aplicará de hecho el que más convenga a sus intereses, obligando al
150
trabajador a aceptarlo perdiendo sus verdaderos derechos, o bien a iniciar una acción judicial para
dirimir el conflicto. Con lo cual, no se resuelven problemas ni se moderniza el sistema, por el
contrario, se judicializa el conflicto.
El artículo 3.1 ALCT agrega, además, que para determinar cuál es norma más favorable la
consideración se hará "en conjunto y en cómputo anual". Pretender entender acabadamente el
significado de esta norma sería imposible sin conocer la fuente de donde ha sido mal copiada; en
efecto, ¿a quién podría ocurrírsele comparar "en cómputo anual" los derechos y deberes de las
partes, las modalidades de contratación, las causas de extinción de la relación laboral, etcétera?
Lo que ocurre es que el artículo 3.1 del ALCT –como tantos otros casos de éste y otros
proyectos del PEN en materia laboral– ha sido mal copiado del Estatuto de los Trabajadores de
España (art. 3.3).50
Al respecto, en la norma original la redacción es clara no sólo en lo que hace al procedimiento
de comparación --el cómputo anual corresponde a los conceptos cuantificables-, sino también
cuando establece que, sea cuales fueren las normas laborales de que se trate, deben respetar los
mínimos de derecho necesario o, en nuestra terminología, el Orden Público Laboral.
Esto nos remite a la otra diferencia a la que aludíamos, cual es la referente al contexto
normativo que acompaña a cada norma (art, 9, LCT, y art. 3. 1, ALCT).
Como ya se ha visto, en la estructura legal vigente, el principio de la norma más favorable
juega dentro de un marco jurídico limitado por normas "imperativas", que no pueden ser dejadas de
lado por las partes contratantes. En caso de que esas normas fueran violadas o desconocidas por las
partes, las cláusulas respectivas se consideran nulas y se reemplazan automáticamente por las
normas vigentes (conf. arts. 7, 8, 12 y 13 LCT). En el mismo sentido, el art- 21 LCT, al definir el
contrato de trabajo, determina que "sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la
prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público...".
50 3.3-Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales. tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto y en cómputo anual respecto de los conceptos cuantificables."
151
Muy por el contrario, el artículo 2.1 del ALCT señala que "los convenios colectivos de trabajo
no podrán establecer condiciones de trabajo menos favorables a los trabajadores que las definidas
por Ley, salvo en los casos en que la propia ley establezca el carácter disponible de tales
condiciones...". Y resulta que el ALCT declara el carácter disponible de:
• El objeto del contrato en lo que hace a la relación entre la calificación del trabajador y la
categoría o función en la que se habrá de desempeñar (art. 12.2, ALCT).
• El concepto de contrato de trabajo, que ya no estará sujeto al orden público laboral. (art. 5. 1,
ALCT).
• Las condiciones esenciales de la prestación laboral, como ser jornada, salario, régimen de
remuneraciones, etc. (Título VI, arts. 90/92, ALCT).
• La estabilidad en el empleo. Período de prueba y modalidades de contratación precaria (arts.
32/33. ALCT).
• La estructura salarial (art. 53, ALCT).
• La duración y distribución del tiempo de trabajo (art. 75, ALCT).
• La movilidad geográfica y funcional (arts. 89/92, ALCT).
• El descanso semanal (arts. 81/82, ALCT).
• El descanso anual (arts. 84/85, ALCT).
• Las normas de los estatutos especiales (art. 157, ALCT).
A todo esto, debe sumarse que, a estar por lo previsto por el artículo 2.2 ALCT, los convenios
colectivos podrán dejar sin efecto condiciones más beneficiosas acordadas en un convenio anterior,
e idéntica "facultad" se consagra en cabeza de empleador y trabajador, para la derogación de
152
condiciones más beneficiosas contenidas en acuerdos individuales previos. Esto sin control ni
requisito alguno de validez, más que la "voluntad" de las partes.
En otras palabras: no hay recepción normativa del principio "Ante la duda, a favor del
trabajador"; la regla de la norma más favorable queda totalmente diluida y vacía de contenido al ser
sometida a un procedimiento de comparación ineficaz y conflictivo; no hay normas imperativas que
no puedan ser dejadas de lado por las partes, y que resguarden las condiciones esenciales de la
contratación; el principio de irrenunciabilidad se pierde en la trama de las negociaciones a la baja a
que pueden arribar tanto los convenios colectivos de trabajo como los acuerdos individuales. Y todo
ello, en un encuadre filosófico que parte de admitir que el trabajo es una mercancía sujeta a las leyes
del mercado (Modelo Laboral de Mercado).
Esta es la estructura normativa básica sobre la que se pretende construir un nuevo sistema de
relaciones laborales argentino. En este contexto deben analizarse, entonces, las demás
modificaciones propuestas por el PEN, tarea que se efectúa a continuación.
Poder de Dirección y Modalidades Esenciales del Contrato
Teniendo en cuenta que la relación laboral es continuada en el tiempo, y que la forma en que
se lleva a cabo se va recreando día a día en forma dinámica, el sistema actualmente vigente faculta
al empleador para introducir todos los cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación
del trabajo necesarias para una adecuada organización del mismo en la empresa.
Pero, al mismo tiempo, haciendo efectiva la filosofía del artículo 4 LCT, pone límites a esa
facultad del empleador, a saber:51
• La facultad de introducir modificaciones no puede ser ejercida en forma irrazonable.
51 Todo ello conforme al artículo 66 y 68 LCT.
153
• No se pueden alterar modalidades esenciales del contrato, como jornada, categoría,
remuneración, etcétera.
• Las modificaciones no deben causar perjuicio material ni moral al trabajador.
Por el contrario, el ALCT dispone que, en virtud del Poder de Dirección, el empleador puede
modificar la forma, el contenido y las condiciones de la actividad del trabajador, notificándole los
cambios por escrito. En caso de que las modificaciones afecten la duración y distribución de la
jornada, los salarios y/o el régimen de remuneraciones, deberá "invocar" (no dice que deba probar)
la existencia de razones organizativas, tecnológicas o económicas, y notificar también al sindicato.
En todos los casos señalados, al trabajador se le concede el recurso a una acción judicial que,
en caso de modificaciones esenciales, suspende la ejecución de las mismas.
Si se trata de empresas de más de 15 (quince) trabajadores y las medidas afectan a más del
10% de los mismos, el sindicato interviene a través del procedimiento de regulación de empleo,
similar al ya conocido procedimiento preventivo de crisis de la Ley de Empleo, pero con plazos más
reducidos. Lo importante es que, sea cual fuere el procedimiento que la ley ponga a disposición de
los trabajadores afectados, si la sentencia judicial establece que las modificaciones no son
adecuadas, y ordena restituir y mantener las anteriores condiciones de trabajo, esa sentencia habilita
"a cualquiera de las partes" a rescindir el contrato.
Ahora bien, está claro que no es el trabajador el que va a rescindir, que es quien obtuvo una
declaración que lo favorece. Por lo que esa posibilidad la norma la prevé casi como una
reafirmación de la facultad que siempre tiene en nuestro derecho el empleador, y que ni siquiera se
limita o castiga más severamente cuando opera como castigo a la decisión del trabajador de hacer
valer su derecho. Es decir que todo este andamiaje, tanto administrativo como judicial, se desploma
y se torna ineficaz, al autorizar al empleador a rescindir el contrato si el juez no falla a su gusto.
Si la alternativa final será en todo caso el despido, lo que se fomenta es que el distracto se
produzca sin negociación alguna. En otras palabras, queda claro que no interesa fomentar ni la
democratización ni la participación en la gestión de las relaciones laborales, sino consolidar la
gestión unilateral por parte del empleador y reforzarla todo lo posible.
154
No sólo no se reproducen los límites del sistema actual, sino que se flexibiliza absolutamente
la determinación del objeto del contrato. En este sentido, el artículo 12.2 del ALCT introduce un
concepto de polivalencia funcional sin relación alguna con las nuevas tecnologías -único esquema
dentro del cual se justifica la sustitución de la categoría por la polivalencia-, por el contrario, sólo
tiende a incrementar el margen de disponibilidad con que cuenta el empleador respecto de la
determinación del objeto de la relación laboral.
Sólo así puede entenderse que se defina a la polivalencia como: "agrupamiento de tareas
correspondientes a distintas categorías profesionales o a distintos puestos de trabajo". Dicho
concepto demuestra a las claras los objetivos perseguidos: lograr la mayor disponibilidad posible de
la mano de obra por parte del empleador -léase explotación, dejando las modificaciones de tareas
fuera de los recursos o acciones que se acaban de analizar.
Hasta la ubicación en el texto da cuenta de ello: mientras la polivalencia se subsume en el
artículo 12.2, relativo al objeto del contrato, las modificaciones derivadas del poder de dirección se
ubican en el Título VI, artículo 89 y siguientes.
Remuneraciones
Este es uno de los puntos en que se debe lamentar que no se haya mantenido la "técnica
copiativa" respecto del Estatuto de los Trabajadores, de España.
El artículo 27 del E.T. reglamenta el salario mínimo interprofesional, equivalente de nuestro
Salario Mínimo, Vital, Móvil, y dice lo siguiente:
"Artículo 27.-
1.- El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en
cuenta:
155
a) El índice de precios de consumo.
b) La productividad media nacional alcanzada.
c) El incremento de la participación del trabajador en la renta nacional.
d) La coyuntura económica general.
Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las
previsiones sobre el índice de precios citado.
La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía
de los salarios profesionales. cuando éstos, en su conjunto y cómputo anual, fueran
superiores a aquél.
2.- El salario mínimo interprofesional, en su cuantía es inembargable."
De acuerdo con la norma transcripta, puede deducirse que el Salario Mínimo Interprofesional
es un mínimo, pero que éste está en relación directa con el índice de precios de consumo, receptando
los aumentos que el mismo acuse. Que también se vincula con la participación del trabajador en el
Producto Bruto Interno, siendo un factor para incrementar dicha participación si ello fuera
equitativo. Que si bien se fija anualmente, será pasible de revisión cada seis meses, en caso de que
quedara rezagado respecto del índice de precios. Y que el incremento del Salario Mínimo
Interprofesional afectará a los salarios de convenio cuando éstos queden por debajo de aquél.
Se establecen pues, pautas claras y concretas que garantizan que el Salario Mínimo
Interprofesional operará como promotor de la participación del salario en el reparto de la renta
nacional. Muy distinto de lo que ocurre con el actual artículo 116 LCT, reproducido en el ALCT,
que constituye una declamación carente de todo contacto con la realidad, y que sólo contribuye a
desdibujar una vez más una garantía constitucional. Y muy distinto, también, de los vagos conceptos
del artículo 139 LNE que determina que el Salario Mínimo Vital Móvil será determinado
"...teniendo en cuenta los datos de la situación socio-económica, los objetivos del instituto y la
razonabilidad de la adecuación entre ambos".
En realidad, en el tema remuneraciones, el ALCT sólo introduce como novedad una
"recopilación" de conceptos salariales a los que define y considera integrando una llamada
"estructura salarial" que no es tal; y la referencia a un adicional especial móvil", que significa la
156
derogación del orden público laboral en materia salarial. Se trata de la posibilidad de acordar en el
convenio colectivo el pago de un adicional, que no pasará a integrar la remuneración permanente,
sino que tendrá una duración limitada en el tiempo y caducará automáticamente salvo pacto en
contrario.
Si se vincula esta posibilidad con la facultad conferida al empleador en el artículo 8.2,
segundo párrafo, de "discriminar positivamente" a un trabajador siempre que existan causas
objetivas que lo justifiquen, queda claro el riesgo que se corre de avalar con estas normas las
discriminaciones que servirán en el futuro para disciplinar la mano de obra en el nuevo modelo
laboral de mercado.
Por último, el artículo 53.1 del ALCT establece una derogación legal del principio de la norma
más favorable, incluso en la versión inofensiva que de ella mantiene la reforma. En efecto, dicha
norma dispone que, en caso de discrepancia entre la estructura salarial reglada en el convenio
colectivo y la del acuerdo individual, "regirá la definida en el convenio colectivo aplicable".
Tiempo de Trabajo
El tiempo de trabajo está tratado en el Título V del ALCT, y alude a la duración del trabajo, a
la distribución del tiempo de trabajo, a las horas extraordinarias, y al trabajo nocturno e insalubre, al
descanso diario y semanal y a la licencia anual ordinaria.
Probablemente a raíz de las críticas que suscitó el intento de reformar de manera abrupta la
jornada laboral, el anteproyecto apela en este caso a un artilugio bastante conocido: se mantiene la
vigencia de la Ley 11. 544, pero se autoriza a los convenios colectivos para modificar el sistema,
sustituyéndolo por las normas contenidas en el ALCT. Lo que no se aclara ni se autoriza es que los
convenios puedan modificar la vigente Ley 11.544. pero con contenidos distintos de los incluidos en
el Anteproyecto. Parece ser, entonces, que la libertad de negociación se limita a mantener el sistema
actual o decidir aplicar lo normado en el Anteproyecto. Nada más.
Al respecto, el ALCT contempla el cálculo anual de la jornada laboral, fijando un tope
máximo anual de 1.950 horas, lo que implicaría un "promedio" semanal de casi 37 horas. Pero la
157
condición es el otorgamiento de una mayor flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo,
facultad que quedaría en cabeza exclusivamente del empleador. Este último podría así disponer que
en determinados períodos en que se iincremente la actividad, la jornada diaria pueda llegar hasta 10
horas, sin que esto implique pagar horas extraordinarias si en el cálculo anual no supera las 1.950
horas de máxima.
Desde el punto de vista de la salud laboral y del tiempo de ocio que hace a la calidad de vida
del trabajador, esta norma podría merecer críticas abundantes, sin dejar de mencionar, incluso, que
resulta contraria a normas internacionales ratificadas oportunamente por nuestro país. Pero la crítica
más seria que cabe efectuarle es que el sistema elegido por el Anteproyecto no resulta en absoluto
adecuado para una política que pretenda combatir el desempleo. Muy por el contrario, la posibilidad
otorgada al empleador de disponer de manera unilateral la distribución del tiempo de trabajo que
más le convenga, implicará la mayor explotación de los trabajadores pertenecientes a la empresa,
con una rebaja de costos derivada de la menor incidencia de las horas extraordinarias.
Tal como lo han analizado los investigadores del Instituto Sindical Europeo, que depende de la
Confederación Europea de Sindicatos, el tiempo de trabajo sólo puede convertirse en herramienta de
lucha contra el desempleo si se apela a la reducción de la jornada, y no a la flexibilidad en la
distribución de la jornada.
Reducción de la jornada (en nuestro caso, de 8 hs. diarias pasar a 6 hs., o de 48 hs. semanales
pasar a 36 hs., por ejemplo), sumado a un notable encarecimiento del valor de las horas
extraordinarias, puede inducir al empleador a contratar más personal, para poder cumplir con los
objetivos de producción: siempre y cuando no se produzca en un contexto en que la introducción de
tecnología permita incrementar la productividad hora/hombre, haciendo innecesaria la mayor
contratación.
Asimismo, de parte del trabajador, debe tenerse en cuenta que con el salario que percibe por la
jornada legal, sin horas extras, pueda atender a sus necesidades, cosa que habitualmente no sucede
en nuestro medio.
Con las salvedades apuntadas, podríamos discutir el manejo del tiempo de trabajo como una
medida que, en un contexto socioeconómico adecuado, coadyuvará para combatir el desempleo.
158
Pero lo que se propone en el Anteproyecto no es reducción de la jornada, sino flexibilidad en la
distribución del tiempo de trabajo.
Por último, la regulación del descanso anual ratifica el móvil economicista del Anteproyecto al
que venimos haciendo referencia. En efecto, además de las modificaciones relativas al plazo de las
vacaciones y a la posibilidad de fraccionamiento de las mismas, se introducen cambios en la forma
de calcular el salario adeudado por el período de descanso anual. Partiendo de un salario de $ 500, y
para un período de vacaciones de 20 días, en el sistema actualmente vigente se debería obtener el
salario diario dividiendo por 25 y multiplicando el resultado por 20, obteniéndose un salario de $
400 para 20 días de licencia anual. Por el contrario, con la reforma, se dividiría el salario por 30 y se
multiplicaría por 20, y al total se le adicionaría un 10% de salario, dando por resultado $ 383, 33
para los mismos 20 días de vacaciones.
En otras palabras, el tratamiento dado al tiempo de trabajo en el ALCT no servirá como
herramienta para combatir el desempleo, ni tampoco para producir el llamado "reparto del empleo".
Será así, absolutamente funcional a un modelo que pretende reforzar la gestión unilateral del
contrato por parte del empleador y propiciar la mayor rebaja posible de costos.
Modalidades de Contratación: Estabilidad, Preaviso, Indemnizaciones
El ALCT insiste con las medidas que tienden a la precarización de la contratación, tal como la
ley de empleo. Además de los contratos flexibles que, con algunas modificaciones se mantienen, se
incorpora el período de prueba, que acaba convirtiéndose en un nuevo contrato temporal.
Por un lado, se mantienen las contrataciones ya conocidas de la LNE, pero se las exime de los
requisitos que, aunque sea formalmente, exigía aquel cuerpo legal. Por otro, se amplían las ventajas
de las contrataciones precarias, porque las rebajas de las contribuciones patronales a la Seguridad
Social se amplían al 100% en todos los casos en que se contraten jóvenes.
En el caso del período de prueba, decimos que se genera un nuevo contrato temporal, porque
en realidad no hay otro motivo que justifique un período de prueba de 90 días. De hecho, el Estatuto
de los Trabajadores de España lo fija en 14 días, y es un plazo realmente suficiente.
159
Ese período de prueba genera una nueva pérdida de derechos ya que, hasta ahora, si un
trabajador es despedido antes de cumplir tres meses de antigüedad, no le corresponde indemnización
por despido, pero sí un preaviso de 30 días. El Anteproyecto propone reducir el preaviso a sólo 10
días. Esto se aplicaría también a los contratos de trabajo eventuales y a los de lanzamiento de nueva
actividad. Por último, a todo ello debe sumarse la rebaja de las indemnizaciones por despido que
inciden en los siguientes casos:
• Se computa un mes de sueldo por cada año de antigüedad, pero para los períodos inferiores a un
año se calcula la parte proporcional. Es decir, los períodos superiores a tres meses, que
actualmente se computan como un año más y se indemnizan con un mes completo, deberían
indemnizarse con la parte proporcional de dicho sueldo.
• Cuando un jubilado reingrese a trabajar a las órdenes del mismo empleador, se lo puede despedir
indemnizándole sólo el tiempo de trabajo del nuevo período a partir del reingreso. Actualmente
la doctrina está dividida al respecto, pero la norma del Anteproyecto vendría a zanjar
definitivamente la discusión inclinando la balanza hacia la interpretación más favorable al
empleador.
• Si el despido se debe a fuerza mayor, o razones económicas, organizativas o tecnológicas, y la
empresa tiene menos de quince trabajadores, la indemnización pasa a ser del 25% en lugar del
50% ya habitual en estos casos.
• Si, en el caso del subpunto anterior, la empresa tuviera entre quince y cincuenta trabajadores, el
PEN puede disponer que el Fondo Nacional de Empleo le reintegre al empleador el 20% de la
indemnización abonada, con lo cual el empleador sólo estaría abonando un 30% de
indemnización real.
Esas ventajas serán seguramente un incentivo para producir despidos de trabajadores
permanentes, y sustituirlos gradualmente por los contratados mediante la modalidad transitoria por
tiempo determinado, figura que ha venido a reemplazar en el Anteproyecto al ya conocido contrato
para fomento del empleo incorporado por la LNE.
160
Estatutos Especiales
El ALCT determina que el Ministerio de Trabajo debe convocar a las Comisiones Paritarias, a
fin de que las mismas "reglamenten, modifiquen o deroguen" los estatutos especiales. Las normas
que resulten derogadas no podrán ser invocadas como derechos adquiridos ni producirán efectos en
las relaciones individuales de trabajo.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, esta disposición es una aberración, ya que en
modo alguno podría un convenio colectivo dejar sin efecto leyes de orden público como son los
estatutos especiales. En rigor de verdad, el propio Ministerio de Trabajo, en ejercicio del control de
legalidad que debe ejercitar respecto de los convenios, no debería homologar convenios que traigan
aparejada la derogación de normas de orden público.
El objetivo perseguido en este caso parece ser aprovechar la correlación de fuerzas negativa
que padece el movimiento sindical argentino, y propiciar la derogación de normas que los
empresarios consideran "de privilegio", con la participación de los sindicatos que, en este caso,
serían convocados una vez más para convertirse en gestores del ajuste.
Proyecto de Reforma Laboral (Ingresado al Parlamento el 19-8-93)
Luego de haber manejado un primer anteproyecto de más de 300 artículos –y un segundo
trabajo de 158 artículos, comentado en los párrafos que anteceden–, el Ministerio de Trabajo ha
ingresado al Parlamento un proyecto reducido –consta sólo de 19 artículos incluido el de forma–,
que condensan los puntos claves de la iniciativa oficial.
A continuación se analizan brevemente los puntos que implican modificaciones respecto del
Anteproyecto anterior.
161
Subcontratación y Delegación. Solidaridad (art. 30 LCT)
Receptando una teoría sospechosamente utilizada por la Corte Suprema de Justicia apenas
unos días antes de conocerse el anteproyecto, se resuelve modificar el artículo 30 de la L.C.T., que
prevé la responsabilidad solidaria frente al trabajador de los contratantes y contratistas o
subcontratistas, como una forma de evitar el fraude, y se excepciona de tal responsabilidad solidaria
a aquellos casos en que "...exista una relación entre empresas que suponga una segmentación del
proceso de producción o comercialización, ni cuando se cedan, contraten o subcontraten actividades
accesorias o complementarias, siempre que no exista la posibilidad de que en una de las empresas se
ejerzan las facultades de organización y dirección sobre los trabajadores de la otra".
En el fallo de la Corte Suprema antes aludido, la beneficiaria de tal doctrina –hasta el
momento contraria a la legislación vigente–, sirvió para beneficiar a Pepsi Cola, eximiéndola de
responsabilidad laboral por los reclamos que un trabajador efectuara respecto de la distribuidora de
esa bebida.
De promulgarse la reforma, está claro que, con el sistema productivo que se va delineando en
el país, los grupos empresarios y las grandes empresas quedarían de esa forma a resguardo de
cualquier reclamo laboral que un trabajador pudiera efectuar respecto de una contratista o
subcontratista.
Período de Prueba
Se mantienen las características antes enunciadas, con la diferencia de que se autoriza a que,
por vía de la negociación colectiva, se pueda elevar el plazo del período de prueba hasta seis meses
como máximo.
162
Jornada. Horas Extraordinarias. Descanso Semanal
Se autoriza a la negociación colectiva a fijar la duración de la jornada ordinaria de trabajo por
períodos superiores a una semana y no mayores de un año, respetando las siguientes reglas:
• Promedio diario no superior a 8 horas. Como se trata de promedio, quiere decir que habrá días
en que se podrá superar las ocho horas, sin que se lo considere hora extraordinaria.
• Entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente debe mediar un plazo mínimo de 12
horas. Interpretando esta norma en armonía con la anterior, el máximo de una jornada diaria
puede llegar a 12 horas, siempre que en el "promedio semanal" no se superen las 8 horas diarias.
Además, se deja librado a la negociación colectiva la regulación del salario que se deberá
abonar por las horas extraordinarias, sin fijar pauta alguna al respecto. Por último, se establece que
se podrá convenir en la negociación colectiva o acuerdos de empresa la oportunidad y forma del
goce del descanso semanal "...que no deberá ser postergado por un plazo mayor de treinta días".
Vacaciones. Otras Licencias
Se incorpora un nuevo artículo, el 150 bis de la LCT, que dispone que por medio de la
negociación colectiva se podrá "...modificar en cualquier sentido la extensión, las formalidades,
requisitos, aviso y oportunidades de goce y el tiempo y forma de pago de la remuneración de la
licencia anual ordinaria".
La única norma inderogable que se mantiene en este caso es que el período no puede ser
inferior a 14 días corridos, cuando el trabajador haya prestado servicios durante la mitad como
mínimo de los días hábiles del año.
Idénticas facultades de modificar en cualquier sentido se otorga a la negociación colectiva
respecto de las licencias acordadas en el artículo 158 LCT.
163
Suspensiones Colectivas
Se autoriza a la negociación colectiva a ampliar los plazos y modificar los requisitos previstos
para las suspensiones por fuerza mayor, económicas o por falta o disminución de trabajo no
imputable al empleador.
Cabe destacar que esta facultad otorgada a la negociación colectiva no viene acompañada por
obligación alguna de que el empleador acredite los extremos invocados para proceder a la
suspensión de su personal.
Modalidad Transitoria de Fomento del Empleo
Se deroga incluso la obligación de no haber producido despidos de personal permanente
durante seis meses antes de la contratación y seis meses después de ella.
Preaviso e Indemnizaciones por Despido
El preaviso se torna operativo a partir del día siguiente al de la notificación, por lo que tanto
en el despido sin causa como en el despido indirecto, se pierde el derecho a la integración del mes
de despido.
La indemnización por antigüedad del artículo 245 LCT se mantiene en su versión actual,
modificada por la LNE, pero en lugar de computar como un año cualquier período superior a tres
meses, los períodos inferiores a un año se indemnizarían prorrateando la base de cálculo por el
tiempo efectivo de que se trate.
Negociación Colectiva
La negociación colectiva se ve afectada de diversas formas, a saber:
164
• Se le autoriza expresamente la derogación "in pejus" de derechos que hasta ahora eran
inderogables, como los plazos de las vacaciones, el descanso semanal, las horas extraordinarias,
el límite de la jornada laboral, el plazo del período de prueba, los plazos de las suspensiones
colectivas.
• Se le autoriza expresamente a derogar condiciones más beneficiosas contenidas en un convenio
anterior, sin que exista obligación alguna de que dicha derogación responda a una contrapartida
de beneficios para los trabajadores afectados.
• Se afecta la libertad de negociación al disponer que, salvo que las partes hayan previsto lo
contrario, las cláusulas de un convenio caducan con el vencimiento del mismo, y el Ministerio de
Trabajo podrá disponer la prórroga sólo por un año. No sólo hace depender la prórroga de la
vigencia del convenio de la voluntad de un órgano del Poder Ejecutivo, sino que además limita
dicha prórroga en el tiempo, como forma de asegurarse que: o las partes negocian y acuerdan un
nuevo convenio o las cláusulas del mismo serán reemplazadas automáticamente por la
legislación vigente, con la consiguiente pérdida de derechos de los trabajadores afectados.
Conclusiones
Según lo manifestado por los autores del ALCT, la reforma se propone alcanzar tres objetivos:
• Contribuir a mejorar la competitividad de la economía argentina y de sus organizaciones
productivas.
• Apoyar la creación de nuevos empleos.
• Promover la mejora de las condiciones de trabajo.
Dichos objetivos deberían obtenerse con el nuevo modelo laboral de mercado", cuyas normas
acabamos de analizar. De esos objetivos, el único creíble es relativo a la mejora de la competitividad
de las empresas, que aparentemente sólo puede ser conseguida en nuestro país merced a la pérdida
de derechos y de calidad de vida de los trabajadores.
165
Por el contrario, el anteproyecto no parece promover en absoluto la creación de nuevos
empleos y mucho menos la mejora de las condiciones de trabajo. En un alarde digno de mejor causa,
los autores manifiestan que "la técnica legislativa y el lenguaje normativo elegido por el
anteproyecto constituyen una innovación en modo alguno desdeñable". En realidad, la técnica
legislativa no es más que una mala copia del sistema adoptado por el Estatuto de los Trabajadores de
España. Y decimos "mala copia" porque se ha receptado el sistema del articulado del Estatuto de los
Trabajadores, pero se ha bastardeado su contenido, tal como hemos tenido ocasión de ejemplificar
en el análisis previo.
La mediocridad de los autores del Anteproyecto llega hasta el punto de copiar incluso los
argumentos que se utilizaron en España para demostrar la necesidad de superar la legislación laboral
heredada del franquismo, como ocurre cuando aluden a las normas vigentes y les achacan "... una
clara preferencia por la judicialización de los conflictos del trabajo ...". Si se compara esa
apreciación con ítems analizados en los puntos anteriores, la contradicción nos deja perplejos. Si lo
manifestado en la presentación fuera cierto, no se entiende por qué el rechazo de una sanción
disciplinaria sólo puede hacerse iniciando una acción legal dentro de los treinta días de notificada,
bajo apercibimiento de caducidad.
Otra falacia resulta la afirmación de que se "ha tenido en cuenta, asimismo, la situación en
materia de relaciones del trabajo existente en el mundo desarrollado...". En realidad, los autores se
han limitado a reformular el articulado de la Ley de Contrato de Trabajo, simplificándolo en su
redacción, y adoptando la forma de numerar los artículos que contiene el Estatuto de los
Trabajadores de España. Pero el contenido sólo fue modificado para derogar tutelas y derechos
(principios generales, orden público laboral, normas imperativas, orden de prelación de las normas,
etc.). No se observan, en cambio, receptados en el ALCT contenidos normativos propios de países
como Alemania, Japón, Suecia, etc. El "mundo desarrollado" parece seguir siendo sólo España y, si
es así, no vamos bien encaminados.
No cabe ninguna duda de que la legislación laboral argentina debería ser reformulada y
modernizada. Pero tal como ha ocurrido en otras áreas, el asunto está en saber a qué nuevo modelo
166
de relaciones laborales se pretende llegar. Y esa definición, obviamente, no puede estar
desconectada del modelo de país productivo que se pretende delinear.
Si realmente estuviéramos inmersos en un proceso de cambio para obtener la
reindustrialización y la modernización productiva, las propuestas de reforma de la legislación
laboral irían surgiendo de la misma práctica de la negociación colectiva, ámbito en el que se
receptan de inmediato los cambios operados en el sistema de producción, en tanto afectan la
categoría, la calificación y las remuneraciones de los trabajadores.
Pero no sólo no se ve la necesidad de apelar a esos cambios en la negociación colectiva, en la
cual sólo se asiste al desmantelamiento de industrias o a la reconversión de industrias productoras a
industrias ensambladoras o distribuidoras de bienes importados, sino que las modificaciones de la
legislación laboral que propone el PEN no apuntan a preparar las relaciones laborales para una etapa
de producción moderna basada en la tecnología, sino más bien a derogar todos los derechos que
tutelan al trabajador, en tanto se encuentra en estado de necesidad permanente frente al empleador.
En efecto, el orden público laboral no es otra cosa que el reconocimiento de que la voluntad
del trabajador está en riesgo permanente de estar viciada por la necesidad de conservar su puesto de
trabajo, de modo tal que se presume que cualquier renuncia de derechos en su perjuicio es nula. Y
ese vicio de la voluntad no depende de que el trabajador esté inmerso en un sistema productivo
taylorista-fordista o que se desempeñe en una empresa que cuenta con toda la tecnología de punta:
su peligro de perder el trabajo es exactamente el mismo.
Por lo tanto, se podría aceptar discutir cualquier proyecto de reforma laboral que pretenda
modernizar realmente las relaciones laborales. Pero lo que no se puede ni siquiera empezar a discutir
es un proyecto que pretende destruir las bases mismas del derecho del trabajo, derogando
precisamente los principios y el orden público laaboral, para reemplazarlo no ya por el derecho
común sino, peor aún, por el orden público económico.
167
ENCUADRE SOCIAL DE LA LEGISLACIÓN LABORAL
Los graves efectos sociales de la legislación laboral vigente y de las reformas antes analizadas,
y que seguramente tendrán en el futuro, sólo pueden ponderarse en su real dimensión si se tiene en
cuenta, aunque sea someramente, el encuadre social en el que dichas normas estarían operando. Si
bien es cierto que "siempre ha habido pobres entre nosotros", las políticas económicas llevadas a
cabo desde 1976 han agravado significativamente esa situación. Según estudios realizados en 1970,
5 de cada 100 hogares urbanos, y 19 de cada 100 hogares rurales eran pobres. En 1989, cuatro de
cada diez hogares del Conurbano se ubicaban por debajo de la línea de pobreza.52
Esto que se ha traducido en un deterioro constante de las condiciones de vida de esos grupos,
implica por un lado, una modificación cuantitativa de la población pobre pero, por otro lado,
también un significativo cambio cualitativo: la pobreza de algunos grupos se hizo más profunda.
Las estadísticas oficiales Indican que, a diciembre de 1992, el 24,4% de la población (19,8%
de hogares) del Gran Buenos Aires era pobre, es decir, que 3 millones de personas no alcanzaban a
cubrir sus necesidades mínimas en materia de alimentación y otros bienes y servicios.53
La dimensión de las disparidades sociales se refleja claramente en las diferencias en la
participación en el ingreso.
La profundización de la pobreza también se ha expresado en la aparición y difusión de
enfermedades relacionadas directamente con la falta de servicios sanitarios y deficiencias en la
alimentación. Es así como el cólera y la tuberculosis encuentran un medio propicio para hacer su
aparición y/o difundirse.
Al respecto, el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, en sus boletines del año 1992,
consigna las cifras que se detallan más abajo, que corresponden sólo a casos registrados en el sector
público, en el cual existe un subregistro no ponderado que puede ser bastante importante.
52 "El país de los excluidos". CIPPA. 53 El análisis de la pobreza por el método del Ingreso o Línea de Pobreza presenta Importantes dificultades metodológicas, una de ellas se refiere a que las estimaciones de niveles de pobreza pueden sufrir importantes variaciones, según el índice de precios utilizado para actualizar la Línea de Pobreza, debido fundamentalmente a las fuertes variaciones de precios relativos características de las economía argentina de los años 1980 ("Evolución reciente de la pobreza en el Aglomerado del Gran Buenos Aires. 1988-1992". Documento de Trabajo Nº 2. CEPAL-INDEC. Diciembre 1992).
168
CUADRO Nº 63. Pobreza y Distribución del Ingreso
Categoría socioeconómica Hogares en %
Población en %
Ingresos Totales en %
Ingresos per cápita (en índice)
Ingreso Medio de los
ocupados (en índice)
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Pobre 26.7 32.8 13.8 41.4 62.3
Sólo por NBI 15.3 15.3 9.6 57.4 47.8
Sólo por LP 5.4 7.9 2.0 20.5 49.8
Por ambos métodos 6.0 9.6 2.2 19.3 72.8
No pobre 73.3 67.2 86.2 121.4 111.8
Bajo 22.3 25.9 14.0 44.0 67.9
Medio 37.0 31.9 37.3 96.5 101.4
Alto 14.0 9.4 34.9 310.4 214.9
Fuente: "La pobreza urbana en Argentina. El caso del Gran Buenos Aires". Montoya y Mitnik. Revista Estudio Nº 65
(Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. IEERAL).
En cuanto a las deficiencias en la alimentación, las mismas no se traducen en elevadas tasas de
desnutrición grave o aguda, pero sí, en cambio, en la desnutrición crónica de preescolares, escolares
y adolescentes con baja talla para la edad. La diferencia de estatura llega a los 7 cm. entre los
conscriptos de Buenos Aires y los de provincias menos privilegiadas. En el caso de los preescolares
del Gran Buenos Aires. entre el 1,8 y el 6,4% presentan déficit de longitud corporal para la edad,
cifra que se eleva al 13,3% en Misiones, al 16,4% en el Chaco, y al 18,4% en la periferia de
Rosario.54
La profundización de la pobreza se ha hecho visible de distintas formas. En las áreas menos
urbanizadas, por ejemplo, con las emigraciones masivas de población. El fenómeno se ilustra con las
preocupadas declaraciones del intendente de Tres Isletas (Chaco), llamando la atención sobre el
éxodo continuado de los jóvenes del pueblo, trasladados por vía oficial a Santa Fe para la cosecha de
la frutilla, y luego abandonados a su suerte. También con el estudio realizado por el Banco
Municipal de Rosario se determinó que el 80% de los habitantes de villas miseria es población
proveniente de otras provincias. Familias enteras arriban para establecerse en esa Ciudad, 54 Pedro Armelini, profesor de Clínica Pediátrica de la Universidad Católica de Córdoba.
169
aparentemente esperanzados en apoyarse en las cadenas solidarias de ayuda comunitaria y en la red
de servicios sociales.
CUADRO Nº 64
Enfermedades 1991 1992 1993
Tuberculosis 4.999 8.504
Cólera 553 982*
(*) Información al mes de mayo de 1993. P.N. Vigilancia Epidemiológica. Dirección de epidemiología.
Ministerio de Salud y Acción Social. "Cólera en la Argentina", Análisis Epidemiológico 1º y 29 brote,
Feb. '92/Mayo '93.
También en las áreas densamente pobladas se hizo cotidianamente perceptible la agudización
de la pobreza. Así lo demuestran los estudios que constatan que 95.000 personas habitan en villas de
emergencia en Rosario, y 100.000 viven en situación de pobreza;55 las denuncias sobre menores y
familias enteras sometidas a situaciones de esclavitud; denuncias periodísticas sobre familias que
ocupan casas deshabitadas, viviendas con un solo baño para 6 o 7 familias: los que viven en la calle,
debajo de puentes o en las plazas: y los que no soportan más, y se suicidan, como ha ocurrido
incluso, con muchos jubilados.
Este agravamiento de la pobreza, expresándose de tantas formas ante la sociedad, generó el
reclamo de diversos sectores. Así durante el transcurso de 1992, y muy particularmente hacia finales
de año, se alzaron voces acusando al Gobierno de insensibilidad social.
En el transcurso de la Jornada Mundial de la Paz, el Papa Juan Pablo II afirmó que debía ser
revisada la prioridad otorgada al problema de la deuda externa, y buscarse soluciones que permitan
afrontar los graves problemas sociales generados por las políticas de ajuste. Esas expresiones
tuvieron eco en algunos obispos argentinos, que plantearon su preocupación por la situación en
nuestro país. Sin embargo, a pesar de los dichos del Papa, de las preocupaciones de algunos obispos,
y de los contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia, la reunión anual del Episcopado, que tuvo
55 Fundación del Banco Municipal de la Ciudad de Rosario, Rosario, Santa Fe.
170
lugar en diciembre de 1992, no aprobó ningún documento que sintetizara las conclusiones del
cónclave, probablemente para no generar una polémica con el Gobierno. En todo caso, las
posiciones personales de algunos obispos y las declaraciones recientes de los sacerdotes desde la
Opción por los Pobres, son las que se han hecho cargo del dramatismo de la situación.
El aumento de la pobreza, la desocupación, la migración forzada en busca de trabajo, el
desamparo de los jubilados y de los enfermos son el centro de las declaraciones de obispos como
Monseñor Distéfano (San Juan), Mons. Raúl Casado (Jujuy), Mons. Justo Laguna (Morón), Edgardo
Storni (Arzobispo de Santa Fe), Mons. Jorge Novak (Quilmes), Mons. Casaretto (San Isidro),
etcétera.
Monseñor Storni (Santa Fe) se ha manifestado incluso recientemente en contra de los cortes de
luz que sancionan a los habitantes de los barrios pobres de su provincia. Según las versiones
periodísticas, Storni afirmó que no puede llamarse robo a la enajenación de un bien en caso de
extrema necesidad, y reclamó que la energía llegue a todos. 56Estas declaraciones hacen centro en un
tema que se ha erigido en un debate social, cual es el respeto de la propiedad privada y sus límites.
El estado de necesidad de quienes son expulsados del circuito de trabajadores-locatarios-
habitantes de pensión, y se enfrentan a la carencia absoluta de un techo para ellos y sus familias, ha
provocado, y sigue provocando, el fenómeno de las casas tomadas; situación que, obviamente, se ve
facilitada por la existencia de una importante cantidad de inmuebles desocupados que existen en la
Capital Federal.
Ante la reacción gubernamental sobradamente difundida por los medios, que dejó perplejos a
propios y extraños por la tamaña transgresión del orden constitucional que implicaba el
cumplimiento de la orden impartida a la Policía Federal, monseñor Osvaldo Musto, titular de la
Pastoral del Trabajo del Arzobispado de Buenos Aires, recordó que: "A nadie es lícito reservarse en
uso exclusivo lo que supera a su propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario".57
56 Diario 'Página/ 12", 27-7-93, pág. 12. 57 Diario "Página/12", 31-7-93, pág. 5.
171
Esa frase, que demuestra los límites del derecho de propiedad privada tanto como lo hace la
apelación al estado de necesidad mencionado por Storni, parece una síntesis de la problemática
argentina actual. Ese pensamiento resultó, por otra parte, una especie de conclusión de las
declaraciones de los curas católicos nucleados en el Encuentro Nacional de Sacerdotes desde la
Opción por los Pobres, que mantuvieron su séptima reunión en San Antonio de Arredondo,
Córdoba.
Dicha entidad, que no tiene carácter oficial y agrupa a quienes trabajan como curas en barrios
populares, villas miseria y zonas marginadas de todo el país, ha manifestado que el sistema
económico vigente en nuestro país excluye a las dos terceras partes de la población, ya que quedan
al margen los jubilados y pensionados, miles de niños condenados a la desnutrición y al
analfabetismo, y tantos jóvenes que no encuentran sentido a su vida.
Según la transcripción periodística, un párrafo central del documento señala: "La
desocupación laboral creció y trajo como consecuencia la desintegración familiar, los niños de la
calle, la delincuencia, el cirujeo. Los bolsones de pobreza siguen aumentando, la educación es cada
vez más cara y por lo tanto selectiva, y la salud se transforma en un privilegio".58
Estas manifestaciones, lejos de resultar nostálgicas, atrasadas o carentes de realismo, resultan
por el contrario absolutamente adecuadas a los cuatro retos fundamentales señalados por la O.I.T.
como las problemáticas a las que se debe responder. Sin embargo, las reacciones y respuestas del
Gobierno distan años luz de los objetivos planteados por esa Organización.
En efecto, en el marco de un modelo económico que prioriza el pago de la deuda y los
intereses de ciertos sectores poderosos antes que las medidas sociales requeridas para paliar las
situaciones de extrema pobreza, el Gobierno insiste en desarrollar y profundizar las líneas de acción
que lo han caracterizado desde 1989 en adelante:
• Prioriza el decreto en lugar de la ley, y subordina permanentemente a la Justicia, poniendo así en
grave entredicho la vigencia del estado de derecho.
58 Diario "Página/12", 27-7-93, pág. 12.
172
• Mantiene y profundiza una pauta distributiva absolutamente regresiva, que genera una cada vez
mayor inequidad social, poniendo en peligro de subsistencia a la democracia.
• Apela a la represión por todos los medios a su alcance de cualquier manifestación contraria a sus
objetivos de gobierno (regulación inconstitucional del derecho de huelga; intento de destrucción
del poder sindical; manipulación de los medios y de la información para desacreditar a las
instituciones democráticas como partidos políticos, Parlamento, Justicia, sindicatos, etcétera.
• Promulga leyes y decretos –en muchos casos inconstitucionales–, que han provocado la pérdida
sistemática de derechos laborales y de tutela legal para los trabajadores y para sus sindicatos.
A todo ello, se le debe agregar la consideración de los ocupantes de casas abandonadas como
lisos y llanos delincuentes, y la incitación a la violencia en su contra, como asimismo la instigación
a la xenofobia mediante el recurso de culpar a los trabajadores de países vecinos de la situación
planteada.
En ningún momento se ha vislumbrado un intento de autocrítica que permita preguntarse si el
programa económico en marcha, y las normas laborales que el mismo ha producido, tanto como las
reformas en estudio, no serán acaso la causa, el origen, de la situación social de desocupación, de
hambre y de falta de vivienda digna que conducen al fenómeno de las casas tomadas.
Si fuera así, la solución no parece que pudiera encontrarse en la represión de los ocupantes,
sino tal vez en la modificación del sistema, a fin de permitir que exista empleo para todos, que las
reformas económicas vayan de la mano de las reformas sociales, y que se encuentre un adecuado
equilibrio entre el rol del Estado y el del mercado.
Tal vez sería necesario recordar que la propiedad privada está garantizada por la Constitución
Nacional, pero que el artículo 14 bis también garantiza a los trabajadores, entre otras cosas,
remuneración justa, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y
colaboración en la dirección, salario mínimo vital móvil, y el acceso a una vivienda digna.
173
Si el salario industrial promedio oscila entre los $ 500/$ 600, mientras la canasta familiar de
emergencia asciende a aproximadamente $ 1.200, está claro que las garantías del artículo 14 bis no
se cumplen en la Argentina actual.
La decisión de elevar el Salario Mínimo Vital Móvil a la suma de $ 200 tampoco implica dar
cumplimiento a la garantía constitucional, ya que se sabe que dicha cifra no incidirá en modo alguno
en los magros salarios reales percibidos por el grueso de los trabajadores.
Si, además, se insiste en avanzar con reformas como las analizadas anteriormente, es dable
suponer que la propiedad privada pueda verse cada vez más afectada y amenazada en nuestro país.
Tal vez por eso no deban sorprender las acciones de espionaje ideológico y las amenazas y
agresiones físicas a periodistas ocurridas en estos últimos tiempos. Un Estado autoritario sólo puede
ampararse en una represión cada vez mayor de todo aquel o aquello que pretenda oponérsele.
La sociedad argentina tendrá que asumir la respuesta.
COSTOS LABORALES Y FLEXIBILIZACION
El argumento principal del Gobierno para legitimar la ofensiva "flexibilizadora" sobre el
mercado de trabajo se funda en la necesidad de reducir costos laborales. Dicha estrategia ayudaría
(según el discurso oficial) a mejorar los niveles de empleo en la economía argentina, al tiempo que
garantizaría una mejora sustantiva en la competitividad. El glosario de fantasías culmina afirmando
que el consecuente incremento en la inversión y en la productividad de la economía permitiría un
sostenido aumento de salarios.
Una evaluación de la historia reciente de nuestro país serviría para descartar ciertos
"automatismos argumentales"; por ejemplo, el que liga el incremento de la productividad con la
mejora salarial. Asimismo, una acabada consideración de la evolución de los costos laborales,
(según la propia información oficial producida por el Ministerio de Trabajo) demostraría que la
opción por la flexibilización resultó fundamentalmente una opción política, antes que una
concienzuda evaluación de las causas que impactan en el comportamiento de estos costos.
174
Más allá de las criticas que la orientación oficial merece por fundarse en experiencias ya
fracasadas en otros lugares del mundo (EJ.: España) con efectos serios en términos de desempleo y
descalificación laboral, los puntos que enumeramos demuestran la transparente decisión
gubernamental de hacer recaer en los trabajadores el peso de las distorsiones que impone el presente
plan de ajuste. Colocar el debate en sus justos términos exige señalar:
Es absolutamente constatable en el pasado argentino la desigual evolución de la
productividad y los salarios reales en lasfirmas industriales más importantes.
El aumento de un 123% en el margen bruto de beneficios se tradujo en: regresividad
distributiva; caída de la inversión; fuga de capitales (por lo menos hasta 1990).
Como puede observarse (Cuadro Nº 65), la economía argentina no expresa el "círculo
virtuoso" caracterizado por aumento de la productividad, incremento en la inversión y aumento de
los salarios. Se confirma en realidad el "círculo defectuoso del estancamiento".
CUADRO Nº 65
Tomando como base 1970 = 100
Productividad
Industrial
Salario
Real
Industrial
Margen
Bruto
de Beneficio
1970 100 100,0 100
1991 153 68,5 223
Los últimos estudios serios sobre costos laborales en las grandes firmas industriales revelan
que los mismos representaban en 1988 un 50% menos que a mediados de la década del '70. Es
decir, que la historia de reducir costos laborales es la historia de los últimos quince años de la
economía argentina (sin resultados demasiado alentadores).
175
Para ese año, y en base a la consideración de las 1. 500 firmas industriales más importantes, el
costo laboral ascendía a un 15%. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Trabajo, desde 1988
el costo laboral se habría incrementado en un 76% (véase Cuadro Nº 63). Esto implica que hoy
(respetando los números oficiales) el costo laboral habría alcanzado un 26%. Si se cumpliera con la
reforma que proyecta el Gobierno, y se redujera el costo laboral en un 20% (según los cálculos del
propio ministro), esto supondría una reducción del 5%.
El exiguo porcentaje de reducción que se alcanzaría con la estrategia prevista obliga a
considerar que por detrás de la idea de reducir costos laborales, se incluye también la expectativa de
bajarlos salarios en dólares. Objetivo éste para el cual resulta absolutamente funcional el incremento
reciente de la desocupación.
No obstante lo afirmado, corresponde evaluar la razón por la que se incrementan los costos
laborales en los últimos dos años. Trabajando siempre con la información del Ministerio de
Trabajo, puede observarse que:
La consideración de los números presentados en el Cuadro Nº 66 permite señalar que durante
los años de vigencia de la Convertibilidad, la productividad por asalariado en la industria
manufacturera creció casi un 25%. Además, pese al apotegma oficial que pretende vincular los
incrementos salariales con el aumento de la productividad, esto no se registra. Por el contrario se ha
repetido la "historia" ya comentada: la productividad sube y el salario industrial cae. También, el
salario cae un 2,4%.
CUADRO Nº 66
Año Salario
Real
Salario
costo
Contribución de Cargas Sociales +
Otros Costos Regul.
Productividad
1990 100,0 100 100,0 (59,4%) 100,0
1992 97,6 147 99,4 (59, 1 %) 124,6
Las contribuciones patronales asociadas a cargas sociales también se reducen como porcentaje
y, en tanto se calculan sobre un salario que cae, son también menores. Sin embargo, el salario
176
considerado no contra aquello que se gasta (precios al consumidor) sino contra la evolución de los
precios de la industria crece un 47% (salario-costo). Esto resulta como consecuencia de que los
precios industriales se encuentran "controlados" por dos vías: la apertura a la producción importada
y el retraso en el valor del dólar. En este último caso, éste se redujo un 9% en términos reales:
CUADRO Nº 67. Tipo de Cambio Real
Año Tipo de Cambio
Real
1990 100
1992 91
Por ende, si el salario cayó las cargas sociales exhiben un leve descenso porcentual, y el costo
laboral sube por efecto del impacto del dólar, de la apertura y la desigual evolución de los precios
(los del consumidor crecen más que los mayoristas) concluir que la solución es flexibilizar resulta,
por lo menos, apresurado.
Elegir la variante "flexibilizadora" (es decir, reducción de cargas) implica responsabilizar al
salario y a las cargas sociales de la distorsión de precios que impone el programa en curso. Se trata
de una opción política y no de la consecuencia objetiva e inexorable que plantea la realidad. Esto es
así ya que el oficialismo elige trabajar sobre las dos variables que ya han caído (salario y cargas) y
no pone el acento en aquellas cuya evolución define el problema, es decir en la productividad; la
diferente evolución de los precios que consume el asalariado y de los que produce la industria (los
primeros crecen más que los segundos); el deterioro del dólar.
Una alternativa distinta, producto de otra visión política sería la siguiente: para mantener el
actual nivel del dólar, se requiere más inversión. Al mismo tiempo, es central regular la evolución de
los precios vinculados al consumo asalariado, a los efectos de que no se distancien de los precios
industriales. Optar por esta otra variante pondría en el centro del dispositivo de política económica
la "regulación pública de los grupos económicos dominantes".
177
Por otra parte, si se pretende más productividad, esto no sólo implica equipamiento sino que
obliga a redefinir las relaciones laborales en las firmas, orientándolas a una mayor participación de
los trabajadores en la gestión y a un mayor compromiso de éstos con el proceso de trabajo.
Difícilmente una cultura industrial pueda forjarse en un contexto de retraso salarial permanente y
aumento de la canasta de consumo.
En consecuencia, la estrategia oficial que apuesta a reducir costos laborales no hace más que
alimentar el comportamiento especulativo y de retraso tecnológico que ha caracterizado el accionar
de los grupos más concentrados de la economía argentina. Se trata también de una estrategia de
corto plazo, que nos especializa de manera precaria en el mundo de hoy y que renuncia a una de las
claves del desarrollo contemporáneo: el compromiso del "colectivo laboral" con la "calidad del
producto". La experiencia internacional es elocuente respecto a que la mayor productividad no surge
por retraso salarial sino por mayor inversión e incorporación tecnológica.
178
CUADRO Nº 68. Costo Laboral, en la Industria: Datos Básicos
Fuente: Ministerio de Trabajo.
Definiciones y Fuentes del Panorama Laboral
Salario real: Salario medio mensual en la industria manufacturera deflacionado por el IPC
(INDEC).
Precios relativos internos: Índice de la relación entre el IPC y el índice de precios mayoristas,
nacional no agropecuario, base 1992 = 100 (INDEC).
179
Salario costo: Salario medio mensual en la industria manufacturera deflacionado por el índice
de precios mayoristas, nacional no agropecuario (INDEC).
Contribuciones de cargas sociales: Alícuota sobre el salario de las contribuciones patronales
por las diferentes cargas sociales (normas legales).
Otros costos regulatorios: Costos asociados a otras regulaciones (aguinaldo, despido,
accidentes, vacaciones y feriados) como porcentaje del salario (Proyecto ARG/92/009).
Costo laboral nominal: Costo laboral directo e indirecto medio mensual en la industria
manufacturera por tiempo efectivamente trabajado.
Productividad: Valor agregado medio mensual por asalariado en la industria manufacturera
(BCRA e INDEC).
Costo laboral unitario: Incidencia del costo laboral nominal en el valor agregado de la
industria manufacturera.
Tipo de cambio real: Tipo de cambio nominal promedio deflacionado por el índice de precios
mayoristas no agropecuarios e inflacionado por el IPC de EE.UU. (UIA).
Costo laboral real: Costo laboral directo e indirecto por "unidad" producida en la industria
manufacturera.
