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INFORME DEL II ENCUENTRO NACIONAL DE

ASISTENTES DE LA REFORMA PROCESAL PENAL:

FLORENCIO MIXN MASS

Lima, 16 y 17 de marzo de 2012

Instituto de Ciencia

Procesal Penal

Academia de la

Magistratura

2

LISTA DE ABREVIATURAS

art. artculo

Const. Constitucin

CdPP Cdigo de Procedimientos Penales de 1940

CEJA Centro de Estudios de Justicia de las Amricas

CPP Cdigo Procesal Penal de 2004

CPP de 1991 Cdigo Procesal Penal de 1991

Incipp Instituto de Ciencia Procesal Penal

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NDICE

I. Presentacin 6

II. Antecedentes 8

III. Objetivos del Encuentro.. 10

IV. Organizacin ... 10

V. Ponencias, debates y presentaciones 15

1. Viernes 16 de marzo... 15

1.1. Poder Judicial... 15

Tema 1: Tutela de derechos . 15

1) Con relacin a la legitimacin activa en el procedimiento

de tutela de derechos.. 16

2) Con respecto al control de admisibilidad de la solicitud

de tutela de derechos. 18

3) Con respecto al mbito de aplicacin de la tutela de

derechos. 19

Tema 2: Separacin de funciones jurisdiccionales de las

administrativas 20

1) Con relacin a las funciones del asistente jurisdiccional. 21

2) Con relacin a la transcripcin de las resoluciones orales 23

Tema 3: Prisin preventiva. 24

1) Con respecto a la determinacin de los presupuestos

de la prisin preventiva 25

2) Con respecto a la determinacin del plazo de la prisin

preventiva 26

3) Con respecto a la observancia del plazo legal para realizar

la audiencia de prisin preventiva 27

1.2. Ministerio Pblico. 29

Tema 4: La investigacin preparatoria estratgica.. 29

1) Con relacin a la actuacin de los sujetos procesales

en la fase de investigacin preparatoria.. 30

2) Con relacin al trabajo coordinado entre los sujetos

procesales.. 31

3) Con relacin a la falta de recursos para cumplir en tiempo

y forma los objetivos de la fase de investigacin 32

4

Tema 5: Control de plazos.. 32

1) Con relacin al plazo de las diligencias preliminares. 33

2) Con relacin al inicio del cmputo del plazo de

las diligencias preliminares.. 36

Tema 6: Criterios de decisin temprana.. 36

1) Con relacin al principio de oportunidad 37

2) Con relacin a los acuerdos reparatorios 38

3) Con relacin a la terminacin anticipada 39

2. Sbado 17 de marzo. 40

Tema 7: Seguridad ciudadana y reforma procesal penal.. 40

1) Con relacin a la influencia de la reforma procesal

penal en la seguridad ciudadana.. 41

2) Con relacin a la percepcin de la ciudadana sobre

el nuevo modelo procesal penal. 42

Tema 8: Justicia comunal y reforma procesal penal. 43

1) Con relacin al mbito de competencia de la justicia

comunal.. 44

2) Con relacin a la competencia de las rondas campesinas. 47

3) Con relacin al principio de ne bis in idem. 49

Bibliografa... 51

Anexos.. 52

Relacin de monitores. 53

Relacin de participantes

Ministerio Pblico. 54

Poder Judicial 55

Distribucin de los participantes en las mesas de trabajo

Ministerio Pblico. 56

Poder Judicial 58

Relacin de ponencias por temas. 61

Ponencias de los participantes

Tutela de derechos

KELLY TARAZONA MATOS. 67

Tutela de derechos

MELISSA VALLE MOLINA... 70

Prisin preventiva

5

KELLY TARAZONA MATOS. 78

Separacin de las funciones entre los auxiliares y los jueces

KELLY TARAZONA MATOS. 82

6

I. Presentacin

El proceso de reforma del sistema de justicia penal en Latinoamrica, iniciado

hace ms de dos dcadas, es el ms importante y prometedor de la regin. Por

primera vez surge un movimiento regional de caractersticas homogneas y con

un propsito similar: cambiar un sistema procesal de corte inquisitivo y

predominantemente escrito por uno acusatorio, con tendencia adversarial y

predominio de la oralidad, publicidad y celeridad.

Este cambio implica un complejo proceso de transformacin de las prcticas de

trabajo, esto es, de la forma como se estructuran las ritualidades, los trmites y

plazos del proceso penal; de modificaciones legislativas y de asimilacin y

adecuacin de una serie de instituciones que forman parte del sistema de

justicia penal. De all que la implementacin de esta reforma enfrente una serie

de problemas al ser llevada a la prctica. Problemas que deben ser identificados

y analizados a fin de proponer soluciones que permitan fortalecer el nuevo

sistema procesal penal.

En el Per, este movimiento de reforma inicialmente no tuvo xito, en 1991 se

aprob un nuevo Cdigo Procesal Penal, pero solo algunos de sus artculos

entraron en vigencia; en 1995, el Congreso aprob un nuevo proyecto de

Cdigo, pero el Ejecutivo lo observ y fue archivado. Recin en el ao 2003, con

la creacin de la Comisin encargada de proponer las modificaciones y

mecanismos legales para la implementacin de un nuevo Cdigo Procesal

Penal, se da inicio al actual proceso de reforma. As, en materia de

implementacin, se promulg el Cdigo Procesal Penal, en julio de 2004, se

impuls otras reformas legislativas urgentes (modificacin de la Ley Orgnica

del Ministerio Pblico, elaboracin de reglamentos, etc.), se crearon nuevas

instituciones y se adaptaron otras ya existentes.

El nuevo sistema procesal penal comenz a aplicarse recin el ao 2006, en el

Distrito Judicial de Huaura. Posteriormente, se ha venido implementando de

forma progresiva en otros distritos judiciales. Ahora bien, una vez iniciada esta

fase del proceso de implementacin, se haca necesario realizar un seguimiento

a este proceso, a fin de obtener informacin que permita evaluar

peridicamente cmo est funcionando el nuevo sistema y qu problemas

plantea su puesta en prctica.

7

Precisamente, con ese objeto, el Incipp ha asumido el compromiso de promover

eventos acadmicos que permitan identificar los principales problemas que

enfrenta este proceso de reforma en los distritos judiciales donde ya ha entrado

en vigencia el Cdigo Procesal Penal de 2004. Particularmente, en lo que

respecta a la interpretacin y aplicacin de sus normas.

En ese contexto nace la idea de promover encuentros acadmicos entre

asistentes jurisdiccionales y de la funcin fiscal, quienes, por su trabajo, conocen

de primera mano los problemas que se presentan en la prctica y cmo vienen

siendo resueltos; pero, a su vez, conservan un margen de distancia con la

actividad decisoria, lo que les permite compartir las experiencias en sus

Despachos desde la perspectiva de un espectador (privilegiado), y, en su caso,

formular las propuestas de solucin que juzguen ms convenientes para el xito

del proceso de reforma.

El I Encuentro Nacional de Asistentes de la Reforma Procesal Penal tuvo lugar

en Lima, en julio de 2009, cuando el Cdigo Procesal Penal se encontraba

vigente en ocho distritos judiciales. El II Encuentro se realiz en marzo de 2012,

cuando el Cdigo estaba plenamente vigente en 17 distritos judiciales y

parcialmente vigente (solo para los delitos de corrupcin de funcionarios) en los

14 distritos restantes. En este ltimo evento, participaron representantes de casi

todos los distritos judiciales a nivel nacional, lo que contribuy a enriquecer el

debate, a lograr un importante intercambio de experiencias y a identificar

prcticas replicables.

Conviene precisar que los organizadores acordaron que este II Encuentro

Nacional de Asistentes de la Reforma Procesal Penal llevara el nombre del

recordado profesor Florencio Mixn Mass, en homenaje a su destacada

trayectoria acadmica, su rol protagnico en el impulso de la reforma procesal

penal y. especialmente, por ser un permanente ejemplo de vida para las

generaciones presentes y futuras.

8

Este informe1 da cuenta de los temas tratados en el II Encuentro, describiendo

en forma sumaria los problemas abordados, las propuestas de solucin

planteadas y, en su caso, las conclusiones a las que llegaron los participantes.

II. Antecedentes

A tres aos de iniciado el proceso de implementacin de la reforma procesal

penal en el Distrito Judicial de Huaura, a dos de su puesta en marcha en el

distrito judicial de la Libertad y a uno de su implementacin en los distritos

judiciales de Moquegua, Tacna y Arequipa, se haca necesario realizar un

diagnstico que permita identificar los problemas de aplicacin e interpretacin

de las normas del Cdigo Procesal Penal de 2004 en estos distritos judiciales. De

tal manera que se pudiese advertir si estos respondan a errores cometidos en la

prctica judicial o fiscal, o a defectos del propio Cdigo; y, a partir de ello,

iniciar un debate en el que todos los actores involucrados (jueces, fiscales,

asistentes judiciales o de funcin fiscal, abogados, docentes, instituciones

pblicas o privadas, entre otros) discutieran qu medidas tomar para solucionar

esos problemas.

En ese sentido, el Incipp, con el objetivo de contribuir a la difusin y discusin

acadmica de las nuevas instituciones del sistema procesal penal que se viene

implementando en nuestro pas, organiz el I Encuentro Nacional de Asistentes de

la Reforma Procesal Penal. Evento que se celebr en Lima, los das 13 y 14 de junio

de 2009, y fue dirigido por el Presidente del Incipp, Arsenio Or Guardia, con la

colaboracin de los profesores del mismo Instituto, Giuliana Loza Avalos y

Julio Espinoza Goyena.

En este I Encuentro participaron delegaciones de los cinco distritos judiciales

citados al inicio, conformadas por asistentes jurisdiccionales y de la funcin

fiscal; tambin participaron los magistrados Giammpol Taboada Pilco, Carlos

valos Rodrguez, Juan Hurtado Poma, Gladys Ramos Urquizo y Ramiro

Bermejo Ros. Se invit adems al constitucionalista Samuel Abad Yupanqui y a

la investigadora del CEJA Nataly Ponce Chauca.

1 Este informe fue preparado por Liz Chipa Avila, miembro del Incipp, con la colaboracin de

Gerson Camarena Aliaga (temas: 4, 6 y 7), tambin miembro del Incipp; a solicitud de los

organizadores del II Encuentro.

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En cuanto a las actividades realizadas durante la celebracin de este evento, el

primer da, se invit a un representante de cada delegacin a exponer los

principales problemas presentados en su distrito judicial, en torno a tres temas:

prisin preventiva, aplicacin del principio de oralidad y terminacin

anticipada. De lo expuesto, se pudo advertir que estos versaban sobre lo

siguiente: a) la posibilidad de convertir una audiencia de prisin preventiva en

una de terminacin anticipada; b) la posibilidad de solicitar la prrroga de la

duracin de la prisin preventiva en la etapa intermedia o la de juzgamiento; c)

la solicitud del rgano de juzgamiento para que se le remita todo el expediente

fiscal, y la negativa a acceder a ese pedido, atendiendo que este solo necesita

conocer los medios de prueba admitidos en la audiencia de control de la

acusacin; d) la posibilidad de solicitar ms de una vez la terminacin

anticipada; y e) la presencia del recurrente en la audiencia de apelacin de

autos.

Por la tarde, presentaron sus ponencias los magistrados y profesores invitados:

Giammpol Taboada, Propuestas de mejoramiento del nuevo Cdigo Procesal

Penal para La Libertad; Carlos valos Rodrguez, Decisionismo judicial vs.

garanta de legalidad en la implementacin del Cdigo Procesal Penal de 2004;

y Samuel Abad Yupanqui, El proceso penal y la Constitucin.

El segundo da, los participantes se organizaron en cinco mesas de trabajo para

plantear y discutir las propuestas de reforma del Cdigo Procesal Penal de

2004. Algunas de las propuestas que plantearon los participantes fueron las

siguientes: a) la posibilidad de aplicar medidas limitativas de derechos

fundamentales en la fase de diligencias preliminares, a fin de realizar actos

urgentes e inaplazables; b) la oportunidad para constituirse en actor civil, en los

casos de acusacin directa, en el plazo de diez das que concede la norma para

contestar la acusacin, y c) la inaplicabilidad de la norma que permite a la Sala

de Apelaciones condenar al absuelto en primera instancia, por ser contraria a

las garantas y derechos del imputado reconocidos en la Constitucin y en

Tratados internacionales.

Debemos destacar finalmente, que este I Encuentro permiti un valioso

intercambio de experiencias entre los representantes de las distintas

delegaciones, puso en evidencia la necesidad de introducir algunas reformas al

Cdigo de 2004 y contribuy a abrir un debate acadmico en torno a

10

determinados problemas en la aplicacin de este Cdigo. Algunos de ellos,

incluso, han sido abordados con posterioridad por el Pleno Jurisdiccional de las

Salas Penales de la Corte Suprema, a saber: Acuerdo Plenario n. 05-2009,

Proceso de terminacin anticipada; Acuerdo Plenario 05-2011, Constitucin del

actor civil; y Acuerdo Plenario n. 06-2011, Motivacin escrita de las

resoluciones judiciales y principio de oralidad.

III. Objetivos del Encuentro

Los objetivos del II Encuentro fueron los siguientes:

1) Conocer los avances en el proceso de reforma procesal penal, en los distritos

judiciales donde se viene aplicando total o parcialmente el Cdigo Procesal

Penal de 2004.

2) Identificar los problemas que se han presentado en la implementacin y

aplicacin del Cdigo Procesal Penal de 2004.

3) Intercambiar experiencias entre los asistentes al II Encuentro acerca de la

forma como se viene implementando y aplicando el Cdigo en sus distritos

judiciales.

4) Compartir buenas prcticas de iniciativas para mejorar el sistema de justicia

penal.

5) Plantear sugerencias o soluciones para resolver los problemas que se han

identificado en la implementacin y aplicacin del Cdigo Procesal Penal de

2004.

6) Difundir las conclusiones a las que llegaron los participantes despus de los

debates en las mesas de trabajo.

7) Establecer compromisos con los representantes de cada uno de los distritos

judiciales para formar una red a nivel nacional continua y activa que permita

intercambiar informacin y experiencias para el avance de la reforma procesal

penal.

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IV. Organizacin

La reforma del proceso penal en nuestro pas, iniciada hace casi una dcada,

supuso la introduccin de cambios significativos en la organizacin y

funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia penal. Ello se ha

podido constatar desde la entrada en vigencia del Cdigo Procesal Penal de

2004, que, como se sabe, ha seguido el modelo de implementacin de

orientacin progresiva.

Ahora bien, como en todo proceso de reforma, durante la implementacin de

estos cambios han surgido problemas o dificultades en la prctica cotidiana

tanto en la aplicacin del Cdigo como en la organizacin y funcionamiento de

las instituciones de este nuevo sistema, que han tenido que ser resueltos en el

camino por los propios actores de la reforma. As, en algunos casos, se ha

llegado a acuerdos respecto a la forma de proceder frente a situaciones

especficas no reguladas por la ley; en otros, ha sido necesario aclarar o explicar

los alcances de ciertas normas, mediante acuerdos institucionales, plenos

jurisdiccionales, sentencias de casacin e, incluso aunque en menor medida,

sentencias del Tribunal Constitucional.

En ese sentido, atendiendo que el Cdigo Procesal Penal se encontraba a la

fecha totalmente vigente en 17 distritos judiciales2 y, desde el ao 2011,

parcialmente vigente, para los delitos de corrupcin de funcionarios, en los 14

distritos restantes3; se consider necesario organizar el II Encuentro Nacional de

Asistentes de la Reforma Procesal Penal. Este espacio servira para conocer las

dificultades y los problemas que se vienen presentando en la aplicacin del

Cdigo, pero, sobre todo, para intercambiar experiencias entre los asistentes

respecto a la forma como se vienen solucionando estos problemas y las

prcticas y criterios que se vienen desarrollando en cada uno de los distritos

judiciales. Todo ello con el fin de promover una adecuada aplicacin del

Cdigo de 2004. 2 Es menester precisar que actualmente (agosto de 2013), el Cdigo Procesal Penal de 2004, se encuentra totalmente vigente en 23 de los 31 distritos judiciales a nivel nacional. Los distritos judiciales donde el Cdigo an no ha entrado en vigencia son los siguientes: Apurmac, Ayacucho, Callao, Huancavelica, Junn, Lima, Lima Norte y Lima Sur. 3 Conforme lo establecido en la Ley n. 29648, el Cdigo Procesal Penal de 2004 entr en

vigencia para los delitos de corrupcin: en el distrito judicial de Lima, el 15 de enero de 2011;

en los distritos judiciales de Lima Norte, Lima Sur y Callao, el 1 de abril de 2011; y, en los

distritos judiciales de Santa, Pasco, Junn, Huancavelica, Ancash, Apurmac, Ayacucho,

Hunuco, Loreto, Ucayali, el 1 de junio del mismo ao.

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Conviene destacar que la organizacin de este evento demand que se

realizaran un conjunto de tareas, antes, durante y despus de su celebracin.

As, antes de la celebracin de este evento se realizaron las siguientes tareas:

La conformacin de un Comit Organizador: este Comit estuvo

conformado por el Director Ejecutivo del Incipp, Arsenio Or Guardia, y

miembros del Consejo Consultivo del Instituto. Para facilitar las labores de

coordinacin interinstitucional, se design a la abogada Giuliana Loza

Avalos, miembro del Consejo Consultivo, responsable de la coordinacin

del II Encuentro.

Establecer contacto con las Cortes Superiores y sedes del Ministerio

Pblico de los distritos judiciales a nivel nacional: esta tarea requiri

entablar comunicacin con jueces y fiscales de diferentes distritos

judiciales, a fin de que nos apoyen en el proceso de seleccin de los

representantes de sus respectivas jurisdicciones.

Contar con el apoyo de una institucin pblica comprometida con el

proceso de reforma como la Academia de la Magistratura, que colabore

con su experiencia y equipo de profesionales en la definicin de la

metodologa de trabajo en grupo y la elaboracin del programa del evento.

Contar con una sede del evento, que result ser el local de la Academia de

la Magistratura. En efecto, esta institucin cedi dos ambientes de sus

instalaciones para que se celebren las reuniones de trabajo de los asistentes

al II Encuentro.

Emitir constancias de participacin: las dos instituciones organizadoras (el

Incipp y la AMAG) se comprometieron a otorgar una constancia de

participacin a todos los asistentes a este II Encuentro.

Definir los criterios de particin de los representantes de las instituciones

convocadas: para el II Encuentro se previeron dos espacios de

participacin, uno para representantes del Ministerio Pblico y otra para

los representantes del Poder Judicial.

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En cuanto al nmero de representantes por institucin, se procur contar

con la presencia de al menos un representante del Ministerio Pblico y

uno del Poder Judicial por cada distrito judicial. Este objetivo se logr,

gracias al apoyo del Director del Incipp para financiar el traslado y

alojamiento de todos los participantes provenientes del interior del pas.

Definir los perfiles de los participantes: tener el cargo de asistentes

jurisdiccionales o, en su caso, de asistentes de la funcin fiscal al momento

de la convocatoria; tener un destacado desempeo profesional en sus

respectivos despachos; participar en actividades de capacitacin sobre la

reforma procesal penal; y conocer los problemas que se presentan en la

aplicacin del Cdigo y las prcticas que se vienen desarrollando en su

distrito judicial, pues era necesario que nos remitan una breve ponencia

donde compartieran estos aspectos de su experiencia en el proceso de

reforma con respecto a cada uno de los temas planteados.

Definir la participacin de los monitores: se invit a miembros del Incipp

con probado inters y compromiso en el xito del proceso de reforma. Su

rol era generar el debate, moderar y guiar la discusin que se suscitara en

las mesas de trabajo a partir de las ponencias presentadas por los

participantes seleccionados. Asimismo, se les solicit que orienten a los

participantes y verifiquen el cumplimiento del trabajo en mesas, que

consista en: analizar los problemas planteados, hacer una sntesis de lo

debatido y exponer las conclusiones a las que arribaran.

Definir la participacin de los responsables de la plenaria: se invit a

profesores y magistrados reconocidos por su trabajo vinculado a la

reforma procesal penal. Su rol era dirigir las sesiones plenarias en las que

se discutiran los temas propuestos.

Designar a la persona responsable de la elaboracin del Informe del II

Encuentro: esta responsabilidad recay en mi persona, Liz Chipa Avila,

miembro del Incipp, quien deba dar cuenta en el Informe de lo discutida

durante los dos das. Con tal objetivo se organiz a un grupo de

practicantes del Incipp, para que tomen nota de lo debatido en cada mesa

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y transcriban los videos de los plenarios en los que participaban tambin

los profesores invitados.

Durante la celebracin de este evento se realizaron las siguientes tareas:

Se expusieron los objetivos del II Encuentro y la dinmica del trabajo

durante los dos das.

Se combinaron exposiciones y trabajos en grupo. Las ponencias que

expusieron los asistentes versaron sobre los temas propuestos por la

organizacin, referidos a los problemas en la aplicacin del Cdigo

Procesal Penal en sus distritos judiciales.

Se organizaron dos grupos de trabajo: uno conformado por los

representantes del Ministerio Pblico y otro, por los del Poder Judicial.

Al interior de cada uno de estos dos grandes grupos, se organizaron, a su

vez, mesas de trabajo. As, los representantes del Ministerio Pblico se

agruparon en 4 mesas de trabajo; mientras que los representantes del

Poder Judicial, en 5 mesas de trabajo4.

El primer da, los dos grupos trabajaron separados, en distintos ambientes

de la AMAG. Ello era necesario, pues se buscaba que cada grupo analizara

y discutiera los problemas que haban conocido en la prctica cotidiana de

las instituciones que representaban.

El segundo da se juntaron ambos grupos, pero se mantuvo la

organizacin en mesas de trabajo. En este caso, atendiendo a que ambos

grupos discutiran los mismos temas: seguridad ciudadana y justicia

comunal, se estim conveniente reunirlos a todos en un mismo espacio,

para que compartieran sus experiencias y reflexiones sobre los problemas

vinculados a los dos temas propuestos.

El trabajo en mesas se iniciaba despus de la presentacin de las ponencias

y de la identificacin de los problemas por cada uno de los temas

expuestos. Se utiliz la metodologa del debate en mesas de trabajo, para

4 Vase la conformacin de las mesas de trabajo en los anexos de este Informe.

15

que los participantes puedan analizar esos problemas, identificar las

similitudes y diferencias con la prctica en sus distritos judiciales, y

plantear las soluciones o sugerencias que estimaren necesarias para una

mejora del nuevo sistema de justicia penal.

Antes de pasar a la etapa de discusin en mesa, los monitores tenan que

entregar un formulario de registro de informacin a uno de los

participantes, quien hara las veces de secretario y se encargara de

redactar una sntesis de los problemas debatidos, las soluciones

planteadas y las conclusiones a las que llegaron los miembros de su mesa.

Otro de los participantes hara las veces de relator y se encargara de

exponer las conclusiones al final, durante el plenario de cada tema.

Finalmente, el evento concluy con la participacin de dos de los

profesores invitados, quienes se encargaron de presentar una sntesis de lo

discutido durante los dos das de trabajo y las principales conclusiones y/o

sugerencias que se plantearon. Asimismo, con la intervencin de los

organizadores del II Encuentro, quienes manifestaron su agradecimiento a

todos los participantes y su inters en continuar impulsando el proceso de

reforma a nivel nacional.

Despus de la celebracin de este evento se realizaron las siguientes tareas:

Se reunieron todos los documentos que recogieran informacin

concerniente a lo discutido durante el desarrollo del evento (formularios,

videograbaciones y anotaciones de los monitores y dems colaboradores),

a fin de elaborar un informe del II Encuentro Nacional de Asistentes de la

Reforma Procesal Penal.

V. Ponencias, debates y presentaciones

En este punto se incluye un resumen del trabajo realizado por los participantes

en los dos das que dur el II Encuentro. As, se hace una breve resea de las

ponencias presentadas, de los debates en mesa y de las conclusiones que

expusieron en el plenario por cada uno de los temas propuestos. Adems de un

breve repaso de las intervenciones de los responsables de cada plenaria.

1. Viernes 16 de marzo

16

El evento se inici con palabras de bienvenida del Director Ejecutivo del Incipp,

Arsenio Or Guardia, y del Director General de la Academia de la Magistratura,

Pedro Grndez Castro. Seguidamente, la responsable de la coordinacin,

Giulliana Loza Avalos, expuso los objetivos de este evento y las pautas de

trabajo que se seguiran durante los dos das de jornada acadmica.

1.1 Poder Judicial

Tema 1: Tutela de derechos

La primera plenaria del viernes en la maana vers sobre el tema: tutela de

derechos. Esta plenaria estuvo a cargo del profesor Julio Espinoza Goyena,

quien, despus de presentar el tema, invit a los participantes Melissa Valle

Molina (distrito judicial de Lima), Marco Antonio Meja Jamanca (distrito

judicial de Ancash) y Rossana Mori Zuta (distrito judicial de La Libertad) a

exponer sus respectivas ponencias. En ellas los expositores plantearon

algunos problemas advertidos en la aplicacin del Cdigo Procesal Penal,

en su experiencia como asistentes jurisdiccionales.

Concluida la etapa de presentacin de ponencias e identificados los

problemas a debatir, se inici el trabajo en mesas. All se analiz y discuti

lo concerniente a la legitimacin activa en el procedimiento de tutela de

derechos, el control de admisibilidad de la solicitud de tutela y el mbito de

aplicacin de este mecanismo de tutela.

1) Con relacin a la legitimacin activa en el procedimiento de tutela de derechos

La legitimacin activa es la capacidad procesal que le reconoce el

ordenamiento legal a una persona para iniciar o solicitar la incoacin de un

determinado procedimiento. Con respecto a la tutela de derechos, el Cdigo

dispone que se encuentra legitimado para iniciar este procedimiento: el

imputado, cuando considere que sus derechos constitucionales o legales

son o han sido vulnerados durante la fase de diligencias preliminares o de

investigacin preparatoria (art. 71 CPP). As lo ha destacado tambin la

Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 04-2010.

No obstante la expresa regulacin legal, que parece limitar el acceso de los

dems sujetos procesales a este mecanismo de tutela; no se debe perder de

17

vista que las disposiciones de este Cdigo deben ser interpretadas en

armona con los principios y derechos reconocidos en el Ttulo Preliminar

del Cdigo Procesal Penal y en la Constitucin. De all que en la prctica se

observe que otros sujetos procesales, como el agraviado y el testigo,

reclamen tener legitimidad para acceder a este mecanismo de tutela,

invocando como sustento de su posicin entre otros principios y derechos

el derecho a la igualdad entre las partes en el proceso (arts. I.3 TP CPP) y la

garanta del ejercicio de los derechos de informacin y de participacin del

agraviado en el proceso penal (IX.3 del TP CPP).

As pues, un primer problema que se someti a discusin fue el de la

legitimidad del agraviado para acceder a este mecanismo de tutela judicial,

atendiendo que sus derechos tambin pueden verse vulnerados durante la

fase de investigacin, dirigida por el fiscal, con apoyo de la Polica

Nacional.

Sobre el particular, en el debate interno de la mesa 08, el representante del

distrito judicial de Tacna advirti que si bien el Cdigo garantiza la

igualdad entre las partes, no debe perderse de vista que el agraviado que no

se ha constituido aun en actor civil no es parte; por consiguiente, no podra

acceder a este mecanismo de tutela. En la misma lnea, el representante del

distrito judicial de Piura manifest que el agraviado no tiene legitimidad

para incoar el procedimiento de tutela de derechos.

De distinto parecer fueron los dems miembros de esa mesa, quienes

coincidieron con los participantes de las mesas 05, 06, 07 y 09 en que el

agraviado s tiene legitimidad para recurrir a este mecanismo de tutela, en

vista que con ello se garantiza el respeto al principio de igualdad entre las

partes. Conviene precisar, que algunos participantes hicieron algunas

salvedades, a saber: que la solicitud de tutela del agraviado solo deba

admitirse en casos excepcionales, atendiendo que este mecanismo de tutela

es ms rpido que el proceso de amparo; asimismo, que aquel solo poda

solicitar tutela respecto de los derechos que le asisten en su condicin de

agraviado, por ejemplo, cuando se le niegue informacin sobre la

investigacin en curso.

18

Un segundo problema que se discuti fue el de la legitimacin del abogado

defensor para solicitar tutela de derechos a favor del imputado, sin contar

con la expresa autorizacin de aquel. Al respecto, los participantes de las

mesas 05, 06 y 09 coincidieron en sealar que la solicitud de tutela de

derechos puede ser presentada por el abogado defensor sin autorizacin

expresa del imputado, cuando con ello se busque garantizar el ejercicio

efectivo de los derechos de este ltimo.

2) Con respecto al control de admisibilidad de la solicitud de tutela de derechos

Los requerimientos o solicitudes dirigidas por las partes al rgano

jurisdiccional a fin de obtener una determinada resolucin judicial

presuponen comnmente un control de admisibilidad de ese mismo

rgano. Este control constituye un filtro o tamiz que impide que actos

irregulares ingresen al procedimiento o surtan algn efecto.

En ese sentido, la solicitud de tutela de derechos estara sujeta al control de

admisibilidad del Juez de Investigacin Preparatoria, que es el rgano

competente para conocer este procedimiento. En efecto, a l le

correspondera determinar si se cumplen los presupuestos exigidos por ley

para admitir a trmite este pedido. De manera que, si es evidente la

inconcurrencia de algunos de esos presupuestos, el Juez estara facultado

para declarar inadmisible dicha solicitud. As lo ha sealado tambin la

Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario n. 04-20105.

No obstante ello, atendiendo que la norma procesal establece que la

solicitud de tutela se resolver inmediatamente, previa constatacin de los

hechos y realizacin de una audiencia con intervencin de las partes (art.

71.4 CPP), y dada la urgente necesidad de que el Juez intervenga en

resguardo de los derechos del peticionante, pareciera que, en estos casos, el

legislador obligara al Juez a admitir a trmite todas las solicitudes de tutela

presentadas, sin posibilidad de rechazar liminarmente aquellas que resulten

manifiestamente inadmisibles.

5 Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema,

Acuerdo Plenario n. 4-2010/CJ-116 (prr. 15), del 16 de noviembre de 2010.

19

As pues, el problema que se someti a discusin con respecto a este punto

fue el de la posibilidad de rechazar liminarmente la solicitud de tutela

derechos presentada ante el Juez de Investigacin Preparatoria.

Sobre el particular, los participantes de las mesas 05 y 06 coincidieron en

sealar que era necesario realizar un control de admisibilidad de la

solicitud de tutela antes de convocar a la audiencia respectiva, en

consecuencia, estimaban posible que el Juez resolviera rechazar

liminarmente dicha solicitud, de no concurrir los presupuestos exigidos por

la ley. As por ejemplo, cuando se plantea tutela por un supuesto no

comprendido dentro de su objeto (vulneracin del plazo razonable de las

diligencias preliminares, no corresponde solicitar tutela de derechos, sino

audiencia de control de plazos). Agregaron adems que con ello se buscaba

evitar la realizacin de audiencias innecesarias, cuando se saba de

antemano que no poda ampararse el pedido de tutela.

De distinto parecer fueron la mayora de participantes de la mesa 09, para

quienes toda solicitud de tutela de derechos debe ser resuelta en audiencia,

pues solo as se satisfacen las exigencias de los principios de oralidad,

inmediacin y publicidad, reconocidos en el Ttulo Preliminar del Cdigo

Procesal Penal.

3) Con respecto al mbito de aplicacin de la tutela de derechos

La tutela de derechos es un mecanismo procesal que permite brindar una

mayor proteccin a los derechos constitucionales y legales de los justiciables

durante el desarrollo de la fase de investigacin. Conviene precisar que, el

mbito de aplicacin de este mecanismo de tutela es limitado, pues el

legislador ha previsto tambin otros mecanismos especficos de proteccin

de derechos como, por ejemplo, la audiencia de control de plazos de las

diligencias preliminares (art. 334.1 CPP), la audiencia de reexamen de la

intervencin de las comunicaciones (arts. 231.3 y 231. 4 CPP)), entre otros.

En ese sentido, como lo ha destacado tambin la Corte Suprema en el

Acuerdo Plenario n. 04-2010, la tutela de derechos tiene un carcter

residual6.

6 Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema,

Acuerdo Plenario n. 4-2010/CJ-116 (prrs. 13 y 14), del 16 de noviembre de 2010.

20

Precisamente, dado su carcter residual, uno de los principales problemas

que plantea esta institucin es la de definir en qu casos puede ser aplicada.

As, se pueden citar dos supuestos planteados por los participantes de este

II Encuentro: i) la audiencia de tutela contra la disposicin fiscal de

formalizacin de la investigacin preparatoria y ii) la audiencia de tutela

contra la disposicin fiscal que rechaza la solicitud de copias gratuitas.

En el primer caso, dos de los tres participantes invitados a exponer sus

ponencias se mostraron a favor de que se admita la tutela de derechos

contra la disposicin fiscal de formalizacin de la investigacin

preparatoria, cuando no se cumpla con formular la imputacin en forma

clara, precisa y circunstanciada7.

En el segundo caso, la mayora de participantes coincidieron en sealar que

s deba admitirse la solicitud de tutela del derecho a obtener copias

gratuitas de los documentos escritos que obran en la carpeta fiscal, pero de

manera excepcional, de verificarse la insolvencia econmica del

peticionante.

Tema 2: Separacin de funciones jurisdiccionales de las administrativas

La segunda plenaria del viernes en la maana vers sobre el tema:

separacin de funciones jurisdiccionales de las administrativas. Esta

plenaria estuvo tambin a cargo del profesor Julio Espinoza Goyena, quien,

despus de presentar el tema, invit a las participantes Lorena Carrin

Rojas (distrito judicial de Cajamarca) y Kelly Tarazona Matos (distrito

jurisdiccional de Lima) a exponer sus respectivas ponencias. En ellas las

expositoras plantearon algunos problemas advertidos en la aplicacin del

Cdigo Procesal Penal, en su experiencia como asistentes jurisdiccionales.

7 Conviene precisar que, con posterioridad a la celebracin del II Encuentro, se public el

Acuerdo Plenario n. 2-2012/CJ-116 (prrs. 10 y 11), del Pleno Jurisdiccional Extraordinario de

las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema, donde se estableci que cabe

acudir a la tutela de derechos ante el incumplimiento notorio u ostensible por el Fiscal de

precisar los hechos que integran los cargos penales, a fin de que el Juez ordene la subsanacin

del vicio o defecto que presenta la disposicin fiscal de formalizacin y continuacin de la

investigacin preparatoria.

21

Concluida la etapa de presentacin de ponencias e identificados los

problemas a debatir, se inici el trabajo en mesas. All se analiz y discuti

lo concerniente a la organizacin y funcionamiento del nuevo modelo de

gestin despacho judicial, que se sustenta en los principios de separacin de

funciones jurisdiccionales y administrativas, en el establecimiento de un

sistema administrativo y jurisdiccional que brinde un servicio ms eficiente

a los usuarios, y en el trabajo en equipo8.

1) Con relacin a las funciones del asistente jurisdiccional

Con la reforma del proceso penal surgi la necesidad de disear e

implementar un nuevo modelo de gestin del despacho judicial, que

responda a las exigencias del nuevo Cdigo Procesal Penal y, en general,

del nuevo sistema de justicia penal.

En este nuevo modelo de gestin, se distinguen claramente las funciones

jurisdiccionales de las administrativas: las primeras se dejan

exclusivamente en manos del juez, las segundas, en manos del

administrador y el personal del despacho. En esa lnea, el Reglamento de

Administracin del Nuevo Despacho y de las Causas para Juzgados y Salas

Penales9, seala expresamente en su art. 4: De conformidad con el

principio de especializacin de funciones, los despachos debern separar las

actividades conforme a su naturaleza en jurisdiccionales y de apoyo

jurisdiccional.

As pues, conforme a la nueva organizacin del despacho judicial, los jueces

solo se ocupan de las labores jurisdiccionales, garantizando que el proceso

se lleve a cabo en la forma debida; mientras que los asistentes

jurisdiccionales brindan apoyo en las labores administrativas y

jurisdiccionales del despacho, segn la unidad a la que pertenezcan.

Conviene precisar, que, a diferencia del modelo anterior, los asistentes no

son asignados a un determinado juez, sino que trabajan de manera

8 Vase ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA, Modelo de gestin penal, http://enj.org/

portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=76&dir=ASC&order=name&Itemid

=109&limit=10&limitstart=20; y Reglamento de Administracin del Nuevo Despacho y de las

Causas para Juzgados y Salas Penales (arts. 4 y 5). 9 Reglamento aprobado mediante la Resolucin Administrativa N 096-2006-CE-PJ, del 28 de

junio de 2006.

22

corporativa: en equipos o unidades de trabajo, realizando las funciones

especficas que establece el Reglamento de Administracin del Nuevo

Despacho (Reglamento de Administracin) y el Manual Tipo de

Organizacin y Funciones de los rganos Jurisdiccionales Penales de las

Cortes Superiores de Justicia (Manual Tipo)10.

No obstante los esfuerzos realizados en la implementacin del nuevo

modelo de gestin del despacho fiscal, durante el desarrollo del debate en

mesas y en la plenaria de este tema, un grupo de participantes de diversos

distritos judiciales coincidieron en sealar que uno de los problemas que se

presenta en la prctica es el de la extensin del apoyo que deben brindar los

asistentes jurisdiccionales, pues algunos jueces mantienen viejas prcticas y,

desconociendo las disposiciones del ya citado Reglamento, exigen que los

asistentes elaboren proyectos de resoluciones o que realicen otras funciones

que no les corresponden, obviando que quien se encarga ahora de la

distribucin de tareas entre el personal del despacho es el administrador, no

el juez.

Otro problema que se someti a debate, con respecto a las funciones del

asistente jurisdiccional, fue el de la determinacin de a quin corresponde

programar la realizacin de las audiencias. Por un lado, el Reglamento de

Administracin establece en su art. 25.4 que esa funcin corresponde al

Administrador del Mdulo, mientras que el Manual Tipo precisa que esa

funcin especfica corresponde al asistente jurisdiccional, en coordinacin

con el especialista judicial. Pareciera, pues, que esta funcin, si bien recae en

la administracin, se asigna concretamente a los asistentes jurisdiccionales,

atendiendo que son ellos quienes apoyan directamente a los jueces y

conocen las actuaciones judiciales que son requeridas; adems porque son

ellos quienes conocen la agenda del juez, los plazos y la urgencia de

convocar audiencia, el horario y la disponibilidad de las salas de audiencia.

Sobre el particular, la mayora de participantes de la mesa 05 coincidieron

en sealar que la funcin de programar las audiencias recaa en el

coordinador o asistente jurisdiccional, quien deba fijarlas dentro del

horario de trabajo y teniendo en cuenta la agenda de los jueces. Solo

10 Manual aprobado mediante la Resolucin Administrativa N 103-2007-CE-PJ, del 16 de mayo

de 2007.

23

algunos de los participantes sealaron que en sus distritos judiciales los

jueces tratan de intervenir en la programacin de las audiencias, pero el

administrador no lo permite.

Los participantes de las mesas 06 y 07, por su parte, coincidieron en sealar

que la programacin de la audiencia es una de las funciones del asistente

jurisdiccional. Solo algunos participantes de la mesa 06 manifestaron que

los jueces insisten en participar en la determinacin de la fecha y hora de la

audiencia, pese a saber que esa labor no les corresponde.

En cuanto a la mesa 09, la mayora de participantes coincidieron en sealar

que la programacin de las audiencias corresponde al administrador y al

coordinador del mdulo. Solo algunos participantes comentaron que en sus

distritos judiciales, actualmente, son los jueces los que deciden la

programacin de las audiencias.

2) Con relacin a la transcripcin de las resoluciones orales

Uno de los rasgos caractersticos del Cdigo Procesal Penal de 2004 es el

predominio de la oralidad sobre la escritura como medio utilizado para la

expresin de la actividad procesal. De all que se adopte el sistema de

audiencias para resolver las peticiones de las partes durante las fases

previas al juicio oral.

Ahora bien, toda la actividad que se va cumpliendo desde el comienzo

hasta el final de la audiencia, incluyendo las resoluciones judiciales que se

emiten en forma oral, se tiene que documentar de alguna manera.

Normalmente se utilizan las actas para dejar constancia de toda esa

actividad (art. 120 CPP), aunque el Cdigo admite la posibilidad de recurrir

adicionalmente a otros medios de registro, como la grabacin por medio de

audio o video (art. 120.3).

Precisamente, uno de los problemas que se ha presentado con respecto a la

documentacin de las resoluciones orales es el de la determinacin del

contenido del acta. As, por un lado, atendiendo que todas las actuaciones

que se desarrollan en la audiencia son registradas en audio o video, y que

las partes pueden acceder a una copia de esa grabacin, parecera

innecesario transcribir todo el contenido de la resolucin en el acta;

24

teniendo en cuenta adems el gasto de tiempo y recursos que demandara

su cumplimiento. Sin embargo, dada la necesidad de garantizar que el acta

sea el reflejo fiel y autntico de la decisin judicial tomada, y de que esta

pueda ser objeto de una revisin posterior, parecera, por el contrario,

ineludible la obligacin de transcribir ntegramente la resolucin oral.

Esta ltima ha sido la posicin asumida por la Corte Suprema, en el

acuerdo plenario n. 6-2011, aunque hace la salvedad que, de no ser

recurrida la resolucin, bastar solo con la transcripcin de determinadas

partes de ella11.

Sobre el particular, los participantes de la mesa 05 coincidieron en sealar

que la transcripcin del debate y/o la resolucin dictada en audiencia

demandaba mucho tiempo y retrasa la suscripcin del acta. No obstante

ello, en varios distritos judiciales, los magistrados exigen la transcripcin

completa de las resoluciones. Salvo en Huaura, donde segn lo

manifestado por el representante de ese distrito judicial solo se transcribe

el fallo, pues el ntegro de la resolucin se puede revisar escuchando el

registro en audio.

Al final, los miembros de esta mesa concluyeron que el acta solo deba

recoger un resumen de lo discutido en la audiencia y el ntegro de la

resolucin oral, tal como lo exige la Corte Suprema.

Los participantes de la mesa 06, por su parte, coincidieron tambin en

sealar que la transcripcin del debate y la resolucin dictada en audiencia

demandaba mucho tiempo y sobrecargaba de trabajo a los asistentes

jurisdiccionales; adems de impedir la efectiva observancia del principio de

oralidad, que, precisamente, busca reducir el uso de papeles. Algunos

participantes agregaron que se exige la transcripcin del integro de la

resolucin, basndose en el precepto constitucional que garantiza el

derecho a la motivacin escrita de la resolucin.

En suma, los miembros de esta mesa concluyeron que el acta solo debera

contener lo siguiente: las principales incidencias de la audiencia y la parte

11 Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema,

Acuerdo Plenario n. 6-2011/CJ-116 (prrs. 10 y 13), del 06 de diciembre de 2011.

25

resolutiva de la decisin oral. A la misma conclusin llegaron los miembros

de la mesa 08.

Finalmente, con respecto a este punto, algunos participantes manifestaron

su preocupacin por una prctica que siguen algunos magistrados, que

consiste en agregar prrafos al texto transcrito de las resoluciones ledas,

incorporando otros fundamentos o doctrina sobre la materia analizada.

Incluso, en algunos casos, se modifica la resolucin para mejorar su

redaccin. Esta prctica obedecera al temor de que las resoluciones orales

emitidas no satisfagan las exigencias de los rganos de revisin (Sala de

Apelaciones, Corte Suprema e, incluso, los rganos de control de la

magistratura).

Tema 3: Prisin preventiva

La tercera plenaria del da viernes vers sobre el tema: prisin preventiva.

Esta plenaria estuvo a cargo del profesor Vladimir Padilla Alegre, quien,

despus de presentar el tema, invit a los participantes Rina Cornejo

Mamani (distrito judicial de Arequipa) y Carlos Augusto Vera Ros (distrito

jurisdiccional de Piura) a exponer sus respectivas ponencias. En ellas los

expositores plantearon algunos problemas advertidos en la aplicacin del

Cdigo Procesal Penal, en su experiencia como asistentes jurisdiccionales.

Concluida la etapa de presentacin de ponencias e identificados los

problemas a debatir, se inici el trabajo en mesas. All se analiz y discuti

lo concerniente a la determinacin de los presupuestos de la prisin

preventiva y a la observancia del plazo legal para realizar la audiencia de

prisin preventiva.

1) Con respecto a la determinacin de los presupuestos de la prisin preventiva

La prisin preventiva, en tanto medida coercitiva cautelar que implica la

privacin de la libertad del imputado, en el curso del proceso y antes de la

sentencia, exige rgidos presupuestos para su aplicacin, a saber: i) la

existencia de fundados y graves elementos de conviccin que permitan

razonablemente vincular al imputado con la comisin de un hecho

delictivo, ii) la pena que se espera imponer debe ser superior a los cuatro

26

aos y iii) la concurrencia de peligro procesal (peligro de fuga y/o peligro

de obstaculizacin de la investigacin); los mismos que estn previstos en

los arts. 268 a 270 CPP. A ello se ha de agregar, cuando corresponda: la

pertenencia del imputado a una organizacin delictiva y el uso de los

medios que ella le brinda para fugar u obstaculizar la investigacin.

De all que el Ministerio Pblico deba sustentar, en su requerimiento escrito

de prisin preventiva, cada uno de esos tres presupuestos, sealando en

cada caso los elementos de conviccin que permitan acreditarlos. Con ello

se garantiza que en la audiencia se pueda debatir la concurrencia o no de

tales presupuestos.

Al Juez, por su parte, le corresponde dictar mandato de prisin preventiva,

de verificarse una vez concluido el debate en audiencia la concurrencia

de esos tres presupuestos. De lo contrario, de no acreditarse alguno de ellos,

el Cdigo faculta al Juez a dictar una medida menos gravosa: la

comparecencia, ya sea simple o restringida (arts. 271.4 y 286.2).

Precisamente, uno de los problemas advertidos con respecto al control

judicial del cumplimiento de los presupuestos para dictar prisin

preventiva, es el de si se debe continuar con el examen de los otros

presupuestos, de verificarse la inconcurrencia del primero o del segundo de

ellos. Al respecto, por ejemplo, la Corte Suprema, en la Circular sobre

Prisin Preventiva12, ha sealado expresamente que si no se cumple con los

dos primeros presupuestos arriba citados, el Juez debe ordenar otra medida

(comparecencia).

No obstante la posicin asumida por la Corte Suprema, un importante

nmero de participantes sostuvo que se deben discutir todos los

presupuestos de la prisin preventiva en la audiencia, y, al final, el Juez

debe pronunciarse respecto a la concurrencia o no de cada uno de los

presupuestos. Con ello se busca garantizar que, en segunda instancia, la

Sala de Apelaciones pueda hacer un reexamen del cumplimiento o no de los

presupuestos exigidos para adoptar esa medida coercitiva, y, por

12 Corte Suprema de la Repblica, Circular sobre Prisin Preventiva, emitida mediante

Resolucin Administrativa n 325-2011-P-PJ, del 14 de septiembre de 2011.

27

consiguiente, determinar si se justifica o no la decisin del Juez de rechazar

dicha medida.

De distinto parecer fueron los miembros de la mesa 09, quienes concluyeron

que se debe seguir lo dispuesto por la Corte Suprema en la circular sobre la

materia.

2) Con respecto a la determinacin del plazo de la prisin preventiva

La extensin temporal de la prisin preventiva est regulada en el Cdigo

Procesal Penal, en los arts. 272 y 274.1. All se establecen los lmites

mximos de duracin de esta medida coercitiva: 09 meses, si el caso no

reviste complejidad, 18 meses, si es una causa compleja; y, en situaciones de

especial dificultad, una prrroga por un plazo no mayor de 18 meses.

Ahora bien, atendiendo que lo que el Cdigo establece son lmites mximos

y que la duracin temporal de la prisin preventiva no puede exceder el

lmite de lo razonable, se debe esclarecer en cada caso cul es la medida

razonable de aquel. No se debe perder de vista que la razonabilidad del

plazo no necesariamente se ajusta a la medida establecida por el legislador.

De all que el plazo pueda ser irrazonable as no exceda el lmite legal.

Precisamente, uno de los problemas que se plante con respecto a la

medida del plazo de la prisin preventiva es si el fiscal debe sustentar en su

requerimiento escrito el plazo por el que solicita dicha medida, y si ese

extremo tambin debe ser sometido a debate en la audiencia, para que el

Juez determine lo que corresponda.

Sobre el particular, la mayora de participantes de las mesas 05, 07 y 09

coincidieron en sealar que el Fiscal debe sustentar por qu solicita un

determinado plazo de detencin, a fin de que se debata en audiencia su

razonabilidad y el juez establezca, en su resolucin, la duracin mxima de

la medida en el caso concreto, segn las particularidades advertidas.

Al respecto, por ejemplo, los miembros de la mesa 07 sealaron que de

declararse fundada la medida de prisin preventiva, el Juez deber

establecer el plazo concreto de duracin de esta medida. Dicha decisin

28

deber ser fundamentada y guardar relacin con las diligencias pendientes

de actuacin en la investigacin preparatoria.

En ese sentido, los miembros de la mesa 09 sealaron que el Fiscal debe

fundamentar el plazo de detencin solicitado, atendiendo a los actos de

investigacin que tenga pendiente realizar. Conviene precisar, que algunos

miembros de esta mesa indicaron que en sus distritos judiciales no se

debate este extremo de la medida coercitiva, simplemente se aplica el plazo

legal.

3) Con respecto a la observancia del plazo legal para realizar la audiencia de prisin

preventiva

Los cdigos que privilegian la oralidad a la escrituralidad establecen

normalmente que las cuestiones que se sometan a examen judicial se

realicen en audiencia, con respeto a los principios de inmediacin,

concentracin y contradiccin. En esa lnea, el Cdigo Procesal Penal de

2004 prev la realizacin de una audiencia de prisin preventiva en la cual

el juez se pone en relacin con las partes y con los elementos de conviccin

que estas aporten. De all que la norma exija que esta audiencia se realice

con la participacin obligatoria del fiscal, el imputado y su abogado

defensor (art. 271.1 CPP). Aunque si el imputado se niega a asistir, esta

igual se llevar a cabo con la representacin de su abogado de confianza o

el de oficio que se asigne (art. 271.2 CPP).

Con respecto al plazo para celebrar la audiencia de prisin preventiva, el

Cdigo establece que el juez deber realizarla dentro de las 48 horas

siguientes a la presentacin del requerimiento fiscal (art. 271.1 CPP). La

brevedad de este plazo parece guardar relacin con lo dispuesto en el art.

264.3 CPP, referido al periodo de tiempo adicional que puede permanecer

privado de su libertad el imputado entre el vencimiento del plazo de la

detencin (policial o preliminar) y la convocatoria a audiencia de prisin

preventiva, que se fija tambin en 48 horas.

Se plantea, sin embargo, la interrogante de si este plazo tan corto para

convocar y realizar la audiencia de prisin preventiva se debe observar

tambin en los casos en que el imputado se encuentra en libertad. Esto

29

ltimo, atendiendo a que, dadas las particularidades de la realidad

geogrfica del pas y al acceso a las vas de comunicacin existentes en el

territorio nacional, la demora en la notificacin y en el desplazamiento a la

sede judicial impedira al imputado asistir a la audiencia en la fecha y hora

fijada o comunicar su negativa a asistir. Sin contar, adems, con la posible

afectacin a su derecho de defensa, por la falta de tiempo para preparar

adecuadamente su defensa.

Sobre el particular, los miembros de la mesa 05 sealaron que, en sus

distritos judiciales, los jueces programan y realizan la audiencia dentro de

las 48 horas posteriores a la presentacin del requerimiento de prisin

preventiva, est o no detenido el imputado. Para cumplir con notificar esta

actuacin en el menor plazo, en algunos distritos judiciales se recurre a

particulares medios. As, por ejemplo, en Apurmac, algunos asistentes

jurisdiccionales utilizan una red de contactos, comunicndose con la polica

judicial y estos, a su vez, con las comisaras de los pueblos alejados. Si no

hay comisara cercana, se recurre al teniente gobernador o a alguna

autoridad local. De esta forma, se busca cumplir con notificar al imputado

de la citacin para que concurra al juzgado en la fecha y hora sealada.

En esa lnea tambin, los representantes de los distritos judiciales de La

Libertad y Arequipa comentaron que en sus despachos se trabaja con las

emisoras de radio locales de mayor sintona, a fin de que el imputado tome

conocimiento en el menor tiempo de la convocatoria a audiencia.

Al final, la mayora de participantes de las mesas 05, 06 y 09 coincidieron en

sealar que el plazo de 48 horas para realizar la audiencia de prisin

preventiva solo se debera observar en los casos en que el imputado se

encuentra detenido; mientras que, si este se haya en libertad, se debera fijar

un plazo distinto, atendiendo a criterios tales como: la carga procesal del

juez o la distancia del domicilio del imputado y el acceso a las vas de

comunicacin13.

13 Con respecto a este punto, vale la pena preguntarse si sera de aplicacin el art. 148 CPP, que

regula el trmino de la distancia. De tal manera que, si la respuesta es afirmativa, el plazo de 48

horas para realizar la audiencia tendra que variar, ya que a ese plazo habra que adicionarle el

lapso de tiempo necesario para cubrir la distancia en cada caso.

30

1.2 Ministerio Pblico

Tema 4: La investigacin preparatoria estratgica

La primera plenaria del da viernes vers sobre el tema: la investigacin

preparatoria estratgica. Esta plenaria estuvo a cargo del profesor Luis

Francia Snchez, quien, despus de presentar el tema, invit a los

participantes Luigi Ginocchio Zapata (distrito judicial de Piura), Rosmery

Mendoza Palomino (distrito judicial de Arequipa) y Rolly Farromeque

Fernndez (distrito judicial de Ancash) a exponer sus respectivas ponencias.

En ellas los expositores plantearon algunos problemas advertidos en la

aplicacin del Cdigo procesal penal, en su experiencia como asistentes de

la funcin fiscal.

Concluida la etapa de presentacin de ponencias e identificados los

problemas a debatir, se inici el trabajo en mesas. All se analiz y discuti

lo concerniente a la actuacin de los sujetos procesales en la fase de

investigacin preparatoria, al trabajo coordinado entre los sujetos

procesales y a la falta de recursos para cumplir en tiempo y forma los

objetivos de la fase de investigacin.

1) Con relacin a la actuacin de los sujetos procesales en la fase de investigacin

preparatoria

De conformidad con el nuevo sistema procesal penal, la direccin de la fase

de investigacin preparatoria recae ahora en el fiscal. Desde luego, ello no

significa que el xito de esta fase dependa exclusivamente de su labor,

puesto que en ella tambin intervienen otros sujetos procesales: la Polica

Nacional, el Juez de Investigacin Preparatoria, el perito y otros, de cuya

actuacin individual y, particularmente, de su trabajo coordinado depende

alcanzar ese objetivo.

As las cosas, un primer problema advertido fue el de la falta de inters que

muestran los fiscales para elaborar un plan o diseo estratgico de

investigacin que les permita, en funcin al caso en concreto, determinar

qu diligencias son las ms importantes y cul es el momento oportuno

para solicitarlas.

31

Sobre el particular, los miembros de las mesas 01 y 02 coincidieron en

sealar que la ausencia de un plan de investigacin impide al fiscal realizar

una eficiente labor de recojo de informacin y material probatorio, as como

tambin, cumplir con los plazos legales. Ello trae como consecuencia el

archivo de la causa, al vencerse los plazos sin haber completado la

investigacin.

Conviene precisar, que la ausencia de un plan de investigacin no siempre

est asociada al desinters del fiscal, en muchos casos la excesiva carga

laboral de los despachos fiscales impide disear este plan en cada caso.

Precisamente, con respecto a este problema, los miembros de la mesa 04

manifestaron que entre los factores que favorecen el incremento de la carga

laboral se encuentra el reducido nmero despachos fiscales. A ttulo de

ejemplo se puede citar el caso descrito por uno de los miembros de la mesa

01, quien manifest que en el distrito judicial de Ica solo existen dos

despachos fiscales para atender un promedio de 2500 denuncias al ao,

situacin que influye negativamente en la labor de los fiscales.

Otro de los problema abordados fue el referido a qu rgano se encuentra a

cargo de la cadena de custodia. Conviene precisar, como lo hace el

Reglamento sobre la materia14, que con este nombre se conoce al

procedimiento que busca garantizar la integridad, conservacin e

inalterabilidad de elementos materiales de prueba, a fin de que puedan ser

actuados al llegar a las sesiones del juicio oral.

Ahora bien, dado que el Cdigo Procesal Penal de 2004 no seala

expresamente qu rgano es el encargado de la cadena de custodia; se

plantea la cuestin de quin debe asumir esa responsabilidad. As, por un

lado, se sostiene que el art. IV del Ttulo Preliminar, en concordancia con el

Reglamento de la Cadena de Custodia, impone al Ministerio Pblico el

deber de la carga de la prueba, en consecuencia, a este rgano le

correspondera la tarea de cuidar la cadena de custodia. Por otro, en

cambio, se sostiene que estamos frente a un vaco que debe ser corregido

por el legislador. En consonancia con esta ltima posicin, los miembros de

14 Reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administracin de

bienes. Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 729-2006-MP-FN, 15 de junio de 2006.

32

la mesa 03 recomendaron la asignacin de esta responsabilidad a rganos

especiales.

2) Con relacin al trabajo coordinado entre los sujetos procesales

Corresponde al fiscal, como director de la fase de investigacin

preparatoria, disponer la realizacin de los actos de investigacin en forma

estratgica y para ello requiere el auxilio de otros rganos, como la Polica

Nacional, o, en su caso, la aprobacin de su ejecucin por el juez. De all que

tenga que realizar un trabajo coordinado con los dems sujetos procesales

que intervienen en esta fase, a fin de reunir suficientes elementos de

conviccin que le permitan tomar una decisin sobre el destino del proceso,

esto es, si sobresee o acusa.

En la prctica, sin embargo, se vienen presentando problemas de

comunicacin entre el fiscal y los dems los sujetos procesales, lo que

dificulta el desarrollo de un trabajo coordinado entre ellos.

Sobre el particular, los miembros de la mesa 02 sealaron que este problema

se presenta por la falta de comprensin de las funciones que cumple cada

sujeto procesal en el nuevo sistema procesal penal. As, con respecto a la

relacin entre la polica y la fiscala, sealaron que es necesario que el

primero comunique inmediatamente al segundo el hecho delictivo del que

ha tomado conocimiento, a fin de que este determine la estrategia de

investigacin.

Los miembros de la mesa 01, por su parte, destacaron la necesidad de

realizar capacitaciones en conjunto, donde participen fiscales y policas. De

tal manera que todos comprendan sus nuevos roles y puedan realizar un

trabajo coordinado, como lo exige el Cdigo de 2004.

3) Con relacin a la falta de recursos para cumplir en tiempo y forma los objetivos de

la fase de investigacin

Para realizar investigaciones efectivas, dentro de un plazo determinado, es

necesario contar con dinero, equipos modernos y personal especializado. El

problema se presenta cuando faltan esos recursos: econmicos, materiales y

33

humanos, pues el proceso investigativo se debilita y las posibilidades de

enjuiciar y condenar a los responsables de la comisin de hechos delictivos

disminuyen.

Sobre el particular, los miembros de las mesas 02 y 04 indicaron que hace

falta equipar las reas de logstica, criminalstica, balstica, entre otras. Los

miembros de la mesa 04 agregaron adems que se requiere contar con ms

personal especializado tanto para los despachos fiscales como para las otras

instituciones que colaboran con la administracin de justicia.

Tema 5: Control de plazos

La primera plenaria del viernes en la tarde vers sobre el tema: control de

plazos. Esta plenaria estuvo a cargo del profesor Mario Rodrguez

Hurtado, quien, despus de presentar el tema, invit a los participantes

Edmundo Trujillo Blas (distrito judicial de Ancash) y Leonardo Rosales

Zavala (distrito judicial de Lima) a exponer sus respectivas ponencias. En

ellas los expositores plantearon algunos problemas advertidos en la

aplicacin del Cdigo Procesal Penal, en su experiencia como asistentes de

la funcin fiscal.

Concluida la etapa de presentacin de ponencias e identificados los

problemas a debatir, se inici el trabajo en mesas. All se analiz y discuti

lo concerniente al control del plazo de las diligencias preliminares y a la

determinacin del inicio del cmputo de este plazo.

1) Con relacin al plazo de las diligencias preliminares

El Cdigo Procesal Penal establece que las diligencias preliminares (cuando

no hay persona detenida) deben practicarse en el plazo de 20 das. Sin

embargo, reconoce que en determinadas situaciones, atendiendo a las

caractersticas, complejidad y circunstancias de los hechos, esta fase de la

investigacin se puede prolongar por ms tiempo. En este ltimo caso, el

legislador otorga al fiscal la facultad de fijar el plazo de duracin de las

diligencias preliminares, pero incorpora la posibilidad de que el Juez de la

Investigacin Preparatoria, a solicitud de parte, ejerza un control sobre el

cumplimiento y la razonabilidad de ese plazo (art. 334.2 CPP).

34

Como se observa, con respecto a la extensin temporal de esta fase, en un

caso el legislador establece un lmite mximo: el plazo legal de 20 das;

mientras que en el otro caso, no fija ningn lmite. De all que en la prctica

se presenten problemas en la interpretacin y aplicacin del art. 334.2 CPP,

pese a que la Corte Suprema, en la sentencia de casacin n. 02-2008,

estableci que la duracin de la fase de diligencias preliminares no podra,

en la hiptesis ms extrema, ser mayor que el plazo mximo de la

Investigacin Preparatoria regulado en el art. 342 CPP15.

As, un primer problema que se someti a discusin fue el de la inexistencia

de un lmite temporal para las diligencias preliminares y el de la pertinencia

o no de fijar un lmite legal. Ello, atendiendo que el reconocimiento

normativo y jurisprudencial del derecho a ser juzgado en un plazo

razonable impide la prolongacin ilimitada de cada una de las fases del

procedimiento penal; y, adems, a que el plazo razonable no

necesariamente coincide con el plazo legal, pues en determinados casos,

este lmite puede ser superado.

Sobre el particular, el representante de Ancash, integrante la mesa 01, opin

que no se debera establecer un lmite legal a la duracin de las diligencias

preliminares y que el plazo de 20 das que fija la norma procesal resulta

insuficiente en las investigaciones de naturaleza compleja. De all que la

propia norma faculte al fiscal a fijar un plazo mayor en estos casos. Critic

adems la posicin asumida por la Corte Suprema en la casacin n. 02-

2008, con respecto al plazo de las diligencias preliminares, pues, en su

opinin, ese plazo resulta insuficiente para investigar delitos complejos.

Concluy su intervencin sealando que el lmite del plazo de investigacin

se encuentra en su razonabilidad, y, en salvaguarda de esta garanta, la

propia norma ha configurado el mecanismo procesal de control de plazos.

De distinto parecer fueron los dems participantes de las mesas 01, 02, 03 y

04, quienes coincidieron en sealar que la duracin de las diligencias

preliminares s debera tener un lmite impuesto por la norma.

15 Sentencia de casacin n. 02-2008, La Libertad (cons. 12), de 03 de junio de 2008.

35

Otro tema que se someti a debate es el de la extensin del plazo de las

diligencias preliminares, aqu se discuti bsicamente dos puntos: qu

criterios debe tener en cuenta el fiscal para determinar el plazo de esta fase

de la investigacin y cul es el plazo mximo de duracin de la misma.

Con respecto al primer punto, se discuti si el fiscal poda fijar un plazo

superior a los 20 das fundndose en la complejidad de la investigacin,

cuando estimara la concurrencia de algunos de los supuestos del art. 342.3

CPP.

Al final, la mayora de participantes de las mesas 01, 02, 03 y 04

coincidieron en que la complejidad del caso se puede configurar desde la

fase de diligencias preliminares. Aunque, el representante de la mesa 01

precis que, para su grupo, la declaracin de complejidad en esta fase del

proceso debera ser excepcional; mientras que el representante de la mesa

04 seal que no era necesario etiquetar la investigacin como compleja

para fundamentar la prolongacin del plazo, pues bastara con

fundamentar la razonabilidad del plazo en funcin a la naturaleza de los

hechos objeto de investigacin.

Con respecto al segundo punto, la discusin gir en torno al plazo mximo

de las diligencias preliminares establecido por la Corte Suprema en la

Casacin n. 2-2008. Como bien se sabe, en dicha sentencia, la Corte intent

poner un lmite a la facultad concedida por el legislador al fiscal para

determinar la extensin temporal de dicha fase; por lo que en uno de sus

considerandos finales seal expresamente la fase de diligencias

preliminares no podra, en la hiptesis ms extrema, ser mayor que el plazo

mximo de la Investigacin Preparatoria regulado en el artculo trescientos

cuarenta y dos de la ley procesal penal.

Sin embargo, el problema solo se resolvi parcialmente, pues el art. 342 CPP

prev diferentes plazos: un primer plazo ordinario de 120 das; un segundo

plazo de 60 das ms, que acta a modo de prrroga, luego de vencido el

primero, y solo por causas justificadas (art. 342.1 CPP); un tercer plazo

especial de 8 meses, que resulta aplicable en los casos de investigaciones

complejas (los criterios para determinar la complejidad se encuentran

recogidos en el art. 342.3 CPP); y un cuarto plazo de 8 meses ms, que acta

36

tambin a modo de prrroga, pero respecto del anterior (art. 342.2). Este

ltimo plazo debe concederlo el Juez de Investigacin Preparatoria.

As pues, el problema que se presenta ahora es el de determinar cul de

estos plazos constituye el lmite mximo. Sobre el particular, en el debate

interno de la mesa 01, el representante del distrito judicial de Ayacucho

mencion que en la prctica jurisprudencial se observa que el plazo

mximo que fijan los fiscales para la realizacin de las diligencias

preliminares es el plazo ordinario de 120 das. Solo excepcionalmente, en

dos casos que l conoci, se recurri al plazo especial de 240 das16. En

esta mesa no se lleg a ninguna conclusin respecto al plazo mximo.

Con respecto a la posicin de los dems participantes, los representantes de

las mesas 02, 03 y 04 coincidieron en sealar que el plazo de las diligencias

preliminares se poda prolongar hasta un mximo de 240 das, siempre

que esta decisin se sustente en criterios de razonabilidad y

proporcionalidad, y est debidamente motivada. Solo el representante de la

mesa 04 seal que, independientemente del plazo mximo que se fije, esta

fase del proceso puede concluir antes del vencimiento de dicho plazo, si

logra alcanzar su finalidad.

2) Con relacin al inicio del cmputo del plazo de las diligencias preliminares

Como ya se ha visto, en algunas situaciones (segn las caractersticas,

gravedad o complejidad del hecho objeto de investigacin), la extensin

temporal de las diligencias preliminares puede prolongarse ms de lo

inicialmente previsto. De all que el fiscal tenga que disponer la prrroga de

la investigacin por cierto plazo. El problema que surge entonces es el de la

determinacin del momento a partir del cual comienza a correr el plazo

aadido.

16 Conviene precisar como lo destaca tambin la Corte Suprema, en la sentencia de casacin n.

66-2010, Puno (FD. 5), que las reglas para el cmputo del plazo se encuentran previstas en el

art. 183 del Cdigo Civil, cuyo inciso 1 establece el plazo sealado por das se computa por

das naturales, mientras que el inciso 2 establece expresamente que el plazo sealado por

meses se cumple en el mes del vencimiento y en el da de ste correspondiente a la fecha del

mes inicial. De all que se deba evitar convertir los plazos fijados por meses en uno de das,

pues la norma fija reglas distintas para cada uno de ellos.

37

Sobre el particular, los participantes de la mesa 03 llegaron a la conclusin

que, declarada la complejidad del caso, el plazo adicional comienza a

computarse desde el momento de la transformacin del caso, de simple a

complejo. Mientras que los integrantes de la mesa 04, alcanzaron a sealar

que en la mayora de distritos judiciales, en esos casos, cuando la

investigacin se hace compleja, el nuevo plazo comienza a contarse desde el

inicio de las diligencias preliminares.

Finalmente, en la plenaria, despus de la participacin de los representantes

de las cuatro mesas, el profesor Mario Rodrguez agreg que, adems de los

plazos previstos en el art. 342 CPP, el Cdigo prev un plazo distinto para

las denominadas investigaciones especiales, realizadas en el marco de

actividades propias de la delincuencia organizada y donde se requiere la

intervencin de agentes encubiertos. As, se fija un plazo inicial de seis

meses, pero prorrogable por periodos de igual duracin, si se mantienen las

condiciones que motivaron su actuacin.

Tema 6: Criterios de decisin temprana

La segunda plenaria del viernes en la tarde vers sobre el tema: criterios de

decisin temprana. Esta plenaria estuvo a cargo del profesor Mario

Rodrguez Hurtado, quien, despus de presentar el tema, invit a los

participantes Miguel ngel Guerrero Astoray (distrito judicial de

Ayacucho), Pedro Ordoez Alcal (distrito judicial de Caete) y Fiorela

Gutirrez Rodrguez (distrito judicial de La Libertad) a exponer sus

respectivas ponencias. En ellas los expositores plantearon algunos

problemas advertidos en la aplicacin del Cdigo Procesal Penal, en su

experiencia como asistentes de la funcin fiscal.

Concluida la etapa de presentacin de ponencias e identificados los

problemas a debatir, se inici el trabajo en mesas. All se analiz y discuti

lo concerniente a la interpretacin y aplicacin de los criterios de decisin

temprana que regula el Cdigo: el principio de oportunidad, los acuerdos

reparatorios y la terminacin anticipada. Mecanismos de descongestin

procesal llamados a cumplir un papel trascendental en el nuevo sistema

procesal penal, que no est diseado para someter al proceso comn todas

las causas que ingresan al sistema.

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1) Con relacin al principio de oportunidad

El principio de oportunidad es un instituto procesal que permite al fiscal, en

forma excepcional, abstenerse de incoar o desistirse de continuar la

persecucin penal contra una determinada persona, aun cuando exista un

alto grado de probabilidad de que haya cometido un hecho delictivo, si

concurren los requisitos o condiciones que establece el art. 2 del CPP. De

manera que, si el fiscal estima que una causa rene los requisitos para que

opere este instituto procesal, citar al imputado y al agraviado a fin de que

el primero manifieste su voluntad de acogerse a este instituto y llegue a un

acuerdo con el agraviado sobre el monto y forma de pago de la reparacin

civil. La norma establece adems que, a falta de acuerdo sobre el plazo para

el pago, el fiscal lo fijar, sin que este pueda exceder los nueve meses.

En torno a la regulacin este instituto, los miembros de la mesa 01 se

mostraron en desacuerdo con el plazo mximo fijado en la norma para

realizar el pago de la reparacin civil, pues consideran que en determinados

casos este puede resultar demasiado corto.

En cuanto a la aplicacin prctica del principio de oportunidad, los

miembros de la mesa 04 sealaron que la norma no obliga al fiscal a aplicar

este instituto procesal, aun cuando, objetivamente, se cumplan las

condiciones establecidas en la ley. Agregaron adems que el fiscal debe

observar el principio de proporcionalidad de decidir aplicarlo en un caso

concreto.

Los miembros de la mesa 01, por su parte, indicaron que la cultura litigiosa

que an mantiene algunos abogados dificulta que imputado y agraviado

puedan llegar a un acuerdo para poner fin al proceso, previo pago de la

reparacin civil. Los miembros de la mesa 02, por su parte, cuestionaron la

tendencia de algunos fiscales de forzar la aplicacin del principio de

oportunidad, olvidando que este instituto tiene como principio rector al

consentimiento del imputado.

Por otra parte, los miembros de la mesa 02 cuestionaron la prctica seguida

en los delitos de omisin a la asistencia familiar, pues en el caso de personas

39

denunciadas ms de una vez por incumplir su obligacin de prestar

alimentos, este instituto se viene aplicando reiteradamente, cada vez que

son denunciadas por ese delito. Esta prctica genera en la vctima y en

terceros la sensacin de impunidad, de burla por parte del autor no

sancionado penalmente. De all que los miembros de esta mesa planteen

como recomendacin, que el fiscal formule acusacin directa, en lugar de

seguir promoviendo de modo reiterativo la aplicacin del principio de

oportunidad.

2) Con relacin a los acuerdos reparatorios

Los acuerdos reparatorios son mecanismos de composicin entre el

inculpado y la vctima, en donde el primero repara de algn modo que

resulte satisfactorio para la segunda las consecuencias daosas del hecho

que se le imputan17. De no existir acuerdo previo, el fiscal lo puede

proponer. En cualquier caso, de aprobar el acuerdo, este deber abstenerse

o renunciar a continuar con la persecucin penal, en los supuestos

establecidos en el art. 2.6 CPP.

En torno a la aplicacin prctica de los acuerdos reparatorios, los miembros

de la mesa 01 sealaron que su aplicacin es muy reducida, la razn de ello

sera el desconocimiento por parte de los fiscales y la defensa de cmo

funciona este instituto.

Los miembros de la mesa 02, por su parte, destacaron que este instituto

generalmente se aplica en los casos de delitos culposos. Asimismo,

cuestionaron la prctica seguida por algunos fiscales, de forzar a las partes a

aceptar estos acuerdos; y la de los abogados privados, de impedir que se

arribe a alguno, movidos por sus intereses lucrativos.

Otro de los problemas abordados fue el de la determinacin de la medida

que se debe tomar frente al incumplimiento del acuerdo reparatorio por

parte del inculpado. Al respecto, los miembros de la mesa 03 opinaron que

en tales casos corresponde al fiscal acudir al Juez de la Investigacin

Preparatoria en va de ejecucin; los miembros de la mesa 04, por el

17 HORVITZ LENNON, en Derecho procesal penal chileno, t. I, pp. 568-569.

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contrario, opinaron que corresponde recurrir al proceso de ejecucin en la

va civil.

3) Con relacin a la terminacin anticipada

La terminacin anticipada es un proceso penal especial que encuentra su

fundamento en el principio del consenso. Este consenso supone, por un

lado, la aceptacin de responsabilidad por parte del imputado, respecto de

los hechos materia de investigacin, y, por el otro, la negociacin acerca de

las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparacin civil y las

consecuencias accesorias18.

Conviene precisar, que este proceso es autnomo e independiente del

proceso comn; y, a diferencia del principio de oportunidad, presenta un

marco de aplicacin que se extiende a todo tipo de delitos, adems, de

encontrarse sometido a un control jurisdiccional.

En cuanto a la regulacin normativa del proceso de terminacin anticipada,

los miembros de la mesa 02 mostraron su disconformidad con el actual

marco normativo, pues no establece los criterios para determinar la pena en

concreta; tampoco seala quin ser el encargado de ejecutar la reparacin

civil. Sobre este ltimo punto, uno de los miembros de esta mesa coment

que, en Huaura, el rgano encargado de la ejecucin de dicha medida era el

juzgado de liquidacin.

Por otro lado, los miembros de la mesa 01 advirtieron que uno de los

problemas que se presenta con respecto a este instituto es si este comprende

a los delitos sancionados con pena de cadena perpetua, y, de ser afirmativa

la respuesta, cmo operara el beneficio de reduccin de la pena de una

sexta parte en el caso de los condenados a dicha pena?

En lo que respecta a la aplicacin prctica de este instituto procesal, los

miembros de la mesa 02 cuestionaron la prctica seguida por algunos

fiscales, que consiste en presionar o amenazar a los inculpados,

advirtindoles de una posible orden de detencin (prisin preventiva) u

18 Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte

Suprema, Acuerdo plenario n. 05-2008/CJ-116 (prr. 6 y 7), 18 de julio de 2008.

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ofrecindoles a cambio la imposicin de una pena suspendida.

Cuestionaron, adems, la actuacin de algunos jueces de investigacin

preparatoria, quienes omiten realizar el control de legalidad del acuerdo,

pese a que el Cdigo lo exige.

En lo concerniente al desarrollo de las audiencias de terminacin

anticipada, los miembros de las mesas 03 y 04 destacaron que constituye

una prctica frecuente que el fiscal solicite la conversin de una audiencia

de prisin preventiva en una de terminacin anticipada.

Por otro lado, llam la atencin cmo fue resuelto un caso que se present

en el distrito judicial de Huaura, segn lo narrado por uno de los miembros

de la mesa 02: en una audiencia de terminacin anticipada, se aprob un

acuerdo por el que se absolva al imputado por ser de edad avanzada.

2. Sbado 17 de marzo

Tema 7: Seguridad ciudadana y reforma procesal penal

La primera plenaria del da sbado vers sobre el tema: seguridad

ciudad