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Conficto y solucin poltica Proceso de paz y conficto social

Proceso de paz, poder constituyente y participacin La participacin

poltica en la agenda de La Habana Nuestra Amrica La

explosin social en Brasil Nuevo Constitucionalismo en Nuestra

Amrica Neoliberalismo rampanteLa vulnerabilidad externa

de la economa colombiana Luchas populares Las multitudes

en Turqua y Brasil Radiograa de un carnaval en deensa dela vida Subversiones intelectualesLeandro Daz: Yo ando

por los pueblos oyendo sus quejas EditorialEl Catatumbo o el

incalculable valor de la dignidad campesina

N 35 julio / 2013 Bogot, ColomBia issN- 2215-8332

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Jairo Estrada lvarez DirectorJess Gualdrn Sandova lJefe de redaccin

lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo Giraldo,Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa Cifuentes Traslavia,Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Snchez ngel,Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil),Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen

al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin

Espacio Crtico EdicionesPublicacin auspiciada por Espacio Crtico Centro de Estudios

www.espaciocrit ico.com

ISSN-2215-8332N 35, Julio de 2013. Bogot, Colombia

Todo el contenido deesta publicacin puede

reproducirse libremente,conservando sus crditos.

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Conficto y solucin poltica

4Proceso de paz y conficto socialCarlos A. Lozano Guilln

10

Proceso de paz, poder constituyente y

participacinVctor Manuel Moncayo C.

18

La participacin poltica en la agenda de

La Habana: Tres interpretaciones sobre un

mismo dilemaSantos Alonso Beltrn Beltrn

Nuestra Amrica

24

La explosin social en Brasil: Primeras

anotaciones (para un anlisis posterior)Ricardo Antunes/Ruy Braga

32

Nuevo Constitucionalismo en Nuestra

AmricaCarolina Jimnez M.

Neoliberalismo rampante

38

La vulnerabilidad externa de la economa

colombianaEdwin Andrs Martnez Casas

Luchas populares

44Las multitudes en Turqua y BrasilRicardo Snchez ngel

50

Radiografa de un carnaval en defensa de la

vidaAlejandro Leal Castro

Subversiones intelectuales

56

Leandro Daz: Yo ando por los pueblos

oyendo sus quejasRoberto Romero Ospina

Editorial

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El Catatumbo o el incalculable valor de la

dignidad campesina

Jairo Estrada lvarez

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Confictoysoluci

npoltica

Proceso de paz yconicto social

Carlos A. Lozano Guilln

Periodista

Director de VOZ

Los dilogos de La Habana, en medio de sus propios sobresal-tos, estn en el marco del nudo de las contradicciones entre elgobierno oligrquico y la lucha popular. La bsqueda de la paz y la deci-sin del Gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC-EP de abrir un

escenario de acuerdo en La Habana, Cuba, no establece ninguna treguaen la lucha de clases. El Gobierno del presidente Santos, de conormidadcon los intereses que representa, y los trabajadores y sectores populares seenrentan en el conicto social, porque el primero apuntala el modelo deacumulacin capitalista neoliberal y los segundos adelantan la resisten-cia y enrentan la represin y el autoritarismo del rgimen.

El ambiente de paz, los mecanismos de participacin ciudadana enlos dilogos, en particular los oros agrario y de participacin poltica,as como las mesas regionales y centenares de propuestas de organizacio-nes sociales y gente del comn, han despertado la conciencia de ampliossectores del pas de la necesidad de luchar por sus derechos. Los temassociales y polticos de la agenda sacaron a ote cualquier cantidad deproblemas insatisechos en las regiones y comunidades, ms all de laestrecha y mezquina interpretacin gubernamental de la agenda, conte-nida en el Acuerdo General de La Habana.

Los recientes paros, movilizaciones y protestas en distintas regiones,sobre todo, el paro en la regin del Catatumbo, estn demostrandoque la demagogia del gobierno de Santos no tiene atenuantes, porquepor un lado abre la puerta de los dilogos con la insurgencia y, por el

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otro, contina con las polticas de entrega del pasal inters privado y de las transnacionales. Al mis-mo tiempo establece limitaciones en los alcances de

la agenda de La Habana, en abierta proteccin delmodelo econmico de injusticia social, de la explota-cin por parte de las transnacionales de los recursosnaturales, en especial de los minero-energticos, de lapropiedad terrateniente y latiundista y del gran capi-tal, respaldado en la precariedad de la democracia yen el autoritarismo represivo.

Sin que la lucha social y popular est en la cresta dela ola, es innegable que los sectores populares estn dis-

puestos a la protesta social en deensa de sus interesesy por logros democrticos y de bienestar. El ambientesocial es una olla de presin del conicto social.

Es una lstima que la Central Unitaria de Tra-bajadores (CUT), undada en los postulados de unacentral clasista, est en un letargo que la aleja de lalucha popular. Lamentables los recientes resultadosde las elecciones del Comit Ejecutivo, cuyo escru-tinio se demor ms de la cuenta y deja un tullo

de duda y de sospecha en el respeto a la democracia.Qued la sensacin de raude. La CUT, entre otrosvacos, se niega a apoyar el proceso de paz, se mar-gin de la gigantesca movilizacin del 9 de abril yno participa en la lucha por la deensa de lo pblico,como en Bogot, donde el alcalde Gustavo Petroes perseguido por la intolerancia reaccionaria. Estal margen de los conictos sociales de estos das. Secocina en su propia salsa de las disputas burocrticaspor el pequeo poder. Una tarea de la izquierda esmodicar la correlacin de uerzas en su direccinejecutiva para reconstruir la central sobre las basesclasistas y populares.

* * * * *El acuerdo parcial sobre el primer punto de la

agenda de La Habana, contenida en el Acuerdo Ge-neral para ponerle n al conicto y el logro de unapaz estable duradera, que gua los dilogos de paz,

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N 35, Julio de 2013 Bogot, Colombia Contenido

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desat una enorme expectativa en el pas yen el exterior, porque se crea casi imposibleque las dos partes pudieran llegar a acuer-

dos concretos sobre el tema del Desarrolloagrario integral, una de las causas prima-rias del largo conicto colombiano. Aunquequedaron pendientes algunas lneas rojas,al decir de los delegados gubernamentales, oclusulas Frizer, como las dene la delega-cin de paz de las FARC, que sern retoma-das antes del acuerdo nal, en el marco delprincipio de que nada est acordado hasta

que todo est acordado. Entre estos temaspendientes estn cuestiones undamentalesque aectan al campo, como la concen-tracin de la propiedad sobre la tierra y laextensin y nmero de las Zonas de ReservaCampesina, en la actualidad epicentro delas contradicciones con el rgimen.

Sin embargo, llam la atencin que enmedio del entusiasmo nacional e inter-

nacional, despus de la visita a Colombiadel vicepresidente estadounidense, msterBiden, el presidente Santos hubiera recibidoen la Casa de Nario, con bombos y plati-llos, a Henrique Capriles, ex candidato dela oposicin en Venezuela, derrotado en lasurnas, ahora cabeza visible de un proyectodesestabilizador y golpista contra el gobier-no legtimo y constitucional de la RepblicaBolivariana de Venezuela, pas acompaan-te de los dilogos de paz, y anunciara la in-tencin de integrar a Colombia en el pactomilitar agresivo de la OTAN, actos peligro-sos e inadmisibles, adems de inamistososcon los pases garantes y acompaantes, queen el caso de Amrica Latina promuevenprocesos autnomos, soberanos y propios, aavor de la democracia y la independenciade la rula imperial.

Para fortalecer desdela orilla democrtica y

popular la presin para

que se profundice en eldebate de La Habana se

hace necesaria la creacinde un Frente amplio porla Paz, que promueva la

defensa del dilogo y exijala disposicin de llegar aun acuerdo defnitivo en

benefcio del pas, querequiere de democracia

y justicia social.


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para la guerrilla, convertida esta en uerzapoltica, una vez se alcance el acuerdo depaz estable y duradera. En direccin a larerendacin de los acuerdos, prevista en elpunto seis de la agenda, los voceros arianospropusieron la constitucin de la AsambleaNacional Constituyente.

De nuevo el presidente Juan ManuelSantos, con pocos argumentos, rechaz los10 puntos y la Asamblea Nacional Consti-tuyente, porque segn su criterio estn poruera de la agenda y signican una inacep-table reorma del Estado. Salta de bulto elhabitual pnico que la clase dominante tie-ne por la democracia, sin la cual ser dicilallanar el camino a la paz.

Es la demostracin de cun diciles lograr que la oligarqua colombiana,presionada por Washington y las uerzas

Estas maniestaciones errticas, no im-provisadas ni simples errores del presidenteSantos, hombre calculador a la hora de lasdecisiones, le metieron ruido a la mesa y ma-yor desconanza a la insurgencia, ya preocu-pada con las presiones de los tiempos atalesy las limitaciones a la agenda, concebida,ms all de lo concreto, con undamentospolticos y loscos en el prembulo y elcontexto del Acuerdo General.

En medio de la alteracin santista aldesarrollo de la Mesa, se inici la discusindel segundo tema de la participacin pol-tica, con la ormulacin de 10 propuestasde la delegacin de paz de las FARC-EP,que contienen iniciativas concretas paraortalecer la participacin poltica, reormasal Estado en pro de la democracia y logrargarantas concretas para la oposicin y

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militaristas que se lucran con la guerra,tenga voluntad de cambio, actor que haimpedido a lo largo de seis dcadas la con-

quista de la paz. Nada de lo undamental,para aquella, hace parte de la agenda. Sonlos inamovibles de las lneas rojas de ladelegacin gubernamental.

Son razones para ortalecer desde laorilla democrtica y popular la presin paraque se proundice en el debate de La Haba-na, con la creacin de un Frente amplio porla Paz, que promueva la deensa del dilogo

y exija la disposicin de llegar a un acuerdodenitivo en benecio del pas, que requierede democracia y justicia social. Es evidenteque una Asamblea Nacional Constituyente,con representacin del pas poltico y delpas nacional, puede rerendar los acuerdosa que lleguen las partes y denir los disen-sos porque nada est acordado hasta quetodo est acordado. Es garanta para la paz

estable y duradera.El desao para la izquierda y sectores

democrticos es enorme. Es inaplazable lams amplia unidad, que vaya ms all delproceso electoral en marcha. Son importan-tes los contactos que se estn adelantando,a partir de las propuestas de unidad y de lascartas que se han conocido en esta direccinporque animan el debate y lo sitan en loconcreto, de la misma manera que las ini-ciativas, como las constituyentes regionales,territoriales y temticas de Marcha Patriti-ca, encaminadas a rodear de apoyo la Mesade La Habana, a promover la movilizacinsocial y la ormulacin de propuestas queenriquecen el debate nacional.

Sin que la lucha socialy popular est en la

cresta de la ola, esinnegable que lossectores popularesestn dispuestos ala protesta socialen defensa de susintereses y porlogros democrticos

y de bienestar. Elambiente social esuna olla de presindel conicto social.


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Proceso de paz, poderconstituyente y participacin

Vctor Manuel Moncayo C.

Proesor emrito

Ex Rector de la Universidad Nacional de Colombia

Una distincin necesaria: La uncin constituyentedemoliberal no es el poder constituyente

Se discute la necesidad, conveniencia o pertinencia de unaAsamblea Constituyente que sirva como medio de rerenda-

cin o de denicin de las transormaciones que sera preciso introducircomo resultado de los acuerdos de paz.

Se alude a un proceso constituyente en el sentido de una reorgani-zacin de aspectos centrales de la organizacin poltica denida por laConstitucin por parte de representantes o delegatarios de la sociedadcolombiana elegidos popularmente, previa una decisin legal. Hablar depoder constituyente en tales trminos remite a una uente omnipotenteproductora de normas constitucionales, que nos llevara de lo vigente alestablecimiento de otro orden. Es la ideologa constitucionalista liberal,edicada sobre la distincin entre elpacto societatis (limitado e imper-ecto) y el pacto subjectionis (dominacin del poder constituido), sobrela base de la teora de la representacin que, en trminos contractualis-tas, borra la multiplicidad y conduce a negar en lo sucesivo la potenciade quienes se han expresado sometindola.

Muy distinto es entender el poder constituyente como un enmenopoltico siempre abierto, que no admite la sujecin por ningn poder

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constituido, que se arma como prctica permanentede liberacin, sin clausuras ni sometimientos, queno se diluye en categoras dierentes o renovadas de

integracin/cooptacin.Esta distincin hay que hacerla expresa, para no

caer en las ilusiones democrtico-burguesas, presen-tes en la apelacin al llamado constituyente primario,cuyo soporte es la orma social dominante de la abs-traccin pueblo nacional.

Los procesos subversivos yel poder constituyente

En todas las sociedades hay conicto, pues en ellasrige la explotacin capitalista. Esta realidad suponeuna resistencia que se expresa bajo ormas distintas:La normal, pacca o civilizada, promovida porel Estado para que se obre conorme a las reglas delsistema, o la que rompe la normalidad, negndose alas ormas institucionales de canalizacin, que puedeincluso desconocer el monopolio estatal legtimo dela uerza, asumiendo como legtima la utilizacin de

la violencia.En la historia colombiana esas resistencias han

transitado por la ruptura de la normalidad. Ini-cialmente a partir del problema agrario y luego consentido ms englobante como una va de resistenciapara transormar la sociedad, con la estrategia detoma del poder. Ese proceso de resistencia se ha de-gradado proundamente por la intervencin de otrosactores de violencia derivados del narcotrco y delparamilitarismo, que transormaron el accionar de lasubversin armada, deslegitimndola y avoreciendola respuesta militar del Estado y del propio parami-litarismo.

Las prcticas destituyentes de esa resistencia nohan enrentado el verdadero carcter de la democra-cia representativa; se han limitado a repetir las crti-cas a sus vicios, deormaciones e imperecciones; nohan empleado categoras distintas para intentar salirde las vigentes, ni se han abordado entendimientos

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dierentes rente a las transormaciones contemporneas en el orden de la explotacin y dela dominacin; aceptan como soluciones reales las alcanzables por la va de las reormaslegales o constitucionales. En pocas palabras, salvo la opcin violenta, no se ha ejercido elpoder constituyente en trminos polticos de ruptura y apertura y no demoliberales.

Por qu reaparece el dilogo por la paz?Durante ocho aos imper la poltica de seguridad democrtica, con un tratamiento ex-

clusivamente militar de la insurgencia guerrillera y una negociacin bastante controversialcon las organizaciones paramilitares, sin que sus rasgos centrales hayan sido abandonadosen este ltimo perodo presidencial.

En ese contexto, sin embargo, el drama de la cuestin social sigue siendo inocultable,contrastando con la altsima destinacin de recursos al gasto militar y con no pocas institu-ciones regresivas en materia tributaria. El enmeno paramilitar lejos de haber desaparecidose ha reactivado como bandas criminales muy ligadas al narcotrco, enrentadas entre sy con las agrupaciones guerrilleras.

Las polticas y acciones antisubversivas han tenido un xito relativo, y la insurgenciaguerrillera disminuida y golpeada en su direccin, an puede comprometer el orden pbli-co y escapar a la persecucin. En tales condiciones, la guerra puede prolongarse durante unperodo relativamente amplio, con las consecuencias econmicas y sociales que ello implica.Por ello, el rgimen poltico vuelve a oscilar entre esas dos posiciones: la eliminacin sica,o la integracin/cooptacin para que las resistencias acepten tanto vas institucionales demanejo y tratamiento de la conictividad, como contenidos compatibles con el buen desa-rrollo del orden de dominacin.

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La realidad actual muestra la continuidad del conicto con nuevoselementos derivados de los cambios ocurridos en el narcotrco, de lasubsistencia del paramilitarismo (como bandas criminales-bacrim),

de la renovacin de las estrategias y tcticas de las organizaciones subversi-vas, de las acciones selectivas contra quienes como vctimas reivindican lastierras de las cuales ueron expulsadas, del crecimiento de la delincuenciaurbana, de la ampliacin del espectro de la parapoltica, y del develamientode la participacin de agentes del Estado en prcticas contrarias al derechohumanitario.

Esas circunstancias han determinado que el presidente Santos hayadecidido ensayar la alternativa de una respuesta a la resistencia que, sinrenunciar al exterminio, busque canales de comunicacin para una so-

lucin negociada. Las necesidades del desarrollo capitalista en sectorescomo el minero-energtico, la apropiacin de recursos naturales y debiodiversidad, o la ampliacin de la rontera agrcola con macroproyectosagropecuarios, exigen una pausa en la rigidez de la poltica guerrerista,compatible con el reconocimiento por la guerrilla del decrecimiento desu capacidad militar, de la prdida de su legitimidad sociopoltica, y conla reduccin del surimiento para la poblacin vulnerable.

Sin embargo, la paz negociada ser precaria, pues quienes concurrena lograrla tienen intereses no coincidentes: Para los beneciarios del or-

den existente, la paz lo aanza y proundiza, y para quienes se oponen al supone la cooptacin/integracin, o la posibilidad de otros escenariosy medios para la resistencia. De otra parte, un acuerdo es til para po-nerle n al surimiento y a la dilapidacin de los recursos destinados a laguerra, que podran tener otro uso, compartido entre el exigido para lamarcha del desarrollo capitalista y el requerido por nuevas condicionesde existencia y para reconstituir las ormas de conrontacin.

Los verdaderos supuestos del encuentro por la paz

El Acuerdo bsico, aunque no lo exprese su texto, implica que laspartes (Estado/Farc) aceptan estos supuestos:

Reconocimiento del conictoDurante el perodo uribista se neg la existencia de un conicto

sociopoltico, asumiendo el exterminio con la poltica de seguridaddemocrtica. El gobierno de Santos contina la orientacin guerrerista,pero reconoce la existencia de un conicto armado interno y, por lo tan-to, la aplicacin del Derecho Internacional Humanitario. Renace as laproblemtica de causas socioeconmicas, recogidas por los movimientos


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sociales y sus organizaciones, que exigiranalternativas de organizacin dierentes alas vigentes.

Degradacin del conicto yresponsabilidad estatal

La degradacin del conicto no esatribuible de manera simplista a los actoressubversivos, sino provocada o inducida porel paramilitarismo en connivencia con elEstado. La accin guerrillera imit las mis-mas conductas degradadas con las cualesse le estaba combatiendo e inclusive utilizsimilares herramientas de nanciacin liga-das al narcotrco.

Esa degradacin comprometi a todoslos actores. Las organizaciones subversivasperdieron capacidad propositiva para or-mular alternativas de reorganizacin de la

sociedad. En general el panorama quedpresidido por la tragedia de la muerte,sin discusin alguna de las circunstanciaseconmico-sociales del orden injusto quedebe ser transormado.

De esa especial circunstancia de degra-dacin no estn ausentes agentes y prcticasestatales, comprometiendo la responsabili-dad del Estado, con obvias consecuenciasen el tratamiento y resarcimiento de lasvctimas, como viene ocurriendo desde quela Corte Constitucional declar el Estadode cosas inconstitucional (sentencia T-025de 2004), y ms an con la ley 1448 de2011 sobre atencin, asistencia y reparacinintegral a las vctimas del conicto armadointerno.

Esa degradacin se aprecia tambin enlas violaciones del orden jurdico, tanto por

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actores subversivos como por agentes estatales y cuerpos paramilitares.Varios ejemplos estatales: desconocimiento de la distincin entre delitopoltico y delito comn reconocida por la Constitucin Poltica, con

undamento en decisin de la Corte Constitucional (C-456 de 1997)y en el Estatuto de Roma raticado por Colombia; alsos positivos;ejecuciones extrajudiciales; acciones blicas indiscriminadas que aectanpoblacin civil; desplazamiento orzado de campesinos; crmenes selec-tivos; detenciones arbitrarias e, incluso, campaas de limpieza social.

Causalidad del conictoReconocido el conicto, ya no se pueden eludir sus causas. stas,

enlazadas desde los orgenes con el problema agrario, remozadas con

motivos altruistas de cambio social en los aos sesenta o setenta, subsis-ten agravadas, como lo evidencian las inormaciones empricas sobre ladesigualdad, el empobrecimiento real de la poblacin y la alta concen-tracin de la riqueza.

Exclusin de eectos del conicto sobre sectores vulnerablesEl Acuerdo para el dilogo permite volver los ojos a los sectores vul-

nerables y empobrecidos (comunidades indgenas, arodescendientes,campesinos, desplazados) que adicionalmente son vctimas de la degra-

dacin del conicto. La solucin poltica no puede olvidar esos sectoresvulnerables: requieren condiciones de existencia dignas.

Urgencia de economizar el surimientoEstos dilogos exigen encontrar con urgencia un acuerdo que con-

tribuya a economizar el surimiento, y que aporte positivamente a laconstruccin de ciertas bases para una paz con justicia social.

El poder constituyente ms all delas soluciones demoliberales

Signifcacin del acuerdo para el dilogoLas dos partes reconocen recprocamente y asumen la decisin mu-

tua de poner n al conicto como condicin esencial para la construc-cin de la paz estable y duradera; admiten que la paz es un asunto dela sociedad en su conjunto que requiere de la participacin de todos, sindistincin; que el respeto de los derechos humanos en todos los con-nes del territorio nacional es un n del Estado que debe promoverse, y


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que el desarrollo econmico con justicia social y enarmona con el medio ambiente, es garanta de paz yprogreso.

Esas expresiones orman parte del Acuerdo bsico.Son el reerente para denir contenido y alcance delos temas de la agenda. Por ello la cuestin agrariano puede tratarse restringidamente, sino de maneraintegral (programas de desarrollo con enoqueterritorial, inraestructura y desarrollo social,impulso a la economa solidaria y cooperativa yseguridad alimentaria). No slo es un asunto cam-pesino sino un problema del conjunto de la sociedad.

Solo de esa manera ser posible concretar los res-tantes puntos y, en especial, garantizar condicionesde vida dignas para todos los sectores vulnerables yempobrecidos, que han visto agravada su situacinpor la no solucin del conicto social que es causaindudable de la expresin subversiva.

La participacin y elcondicionamiento del Acuerdo

En primer lugar, porque si bien el Gobierno re-presenta al Estado no lo compromete plenamente.Algunas materias podrn ser de su competencia, perootras, las ms, dependen de cambios legislativos oconstitucionales, que exigen una etapa de transicincompleja que permita cristalizar el Acuerdo. Por ellouna rerendacin subordina el contenido de lo acor-dado a intervenciones que desbordan las capacidadesdel Gobierno. Slo mediante la intervencin de otrasinstancias, legislativas o constitucionales, el acuerdopodra pereccionarse y concluir en una terminacindel conicto. Esa intervencin rerendadora, cual-quiera que ella sea, puede terminar en la negacinparcial o total de lo acordado, cualquiera que sea elinstrumento que se utilice (reorma legal, reormaconstitucional, reerendo o asamblea constituyente).

En ese contexto, para las FARC-EP no existeun escenario que garantice lo acordado y, al mismotiempo, represente una apertura hacia una dinmica

Durante el perodouribista se neg la

existencia de un

conicto sociopoltico,asumiendo el exterminio

con la poltica deseguridad democrtica.

El gobierno de Santoscontina la orientacin

guerrerista, peroreconoce la existencia

de un conicto armadointerno y, por lo tanto,

la aplicacin delDerecho InternacionalHumanitario. Renace

as la problemticade causas

socioeconmicas,recogidas por losmovimientos sociales y

sus organizaciones, queexigiran alternativas deorganizacin diferentes

a las vigentes.


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constituyente ms all de la aceptacin de las reglas democrtico-representativas, que sonlas que orecen al hablar de cambiar las balas por los votos. Para mantener una posicinde resistencia al orden establecido, son precisos espacios que no cierren esa dinmica, queno impliquen cooptacin, integracin, o claudicacin, as se admita la terminacin de la

estrategia armada.En esa dimensin son claves los trminos bajo los cuales puede considerarse la partici-

pacin poltica. Es preciso enrentar el esquema democrtico-representativo, como una delas ormas sociales de dominacin y de sujecin al poder estatal. Obviamente, no se trata deuna ruptura absoluta, que requerira otras circunstancias histricas, pero s de considerar,en medio de las imperecciones del sistema democrtico-representativo, la adquisicin dealgunas condiciones que permitan mantener viva la dinmica del poder constituyente enun sentido dierente al de la ideologa demoliberal. Entre ellas, podra pensarse en un Fon-do nico para nes publicitarios y de organizacin logstica que distribuya igualitariamenterecursos entre los partidos, movimientos y, en general, aspirantes al sistema representativo;el acceso en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicacin pblicos y priva-dos; el establecimiento de controles ecaces para impedir de manera absoluta la utilizacinde los recursos pblicos en las campaas polticas, y el compromiso de impedir todas lasprcticas de exterminio por parte de actores militares o paramilitares. En pocas palabras,una participacin poltica que no encadene el poder constituyente.

http://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/2846-asambleas-

constituyentes-por-la-paz-llegan-hoy-al-norte-colombiano


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La participacin poltica en

la agenda de La Habana:Tres interpretaciones sobre unmismo dilema

Santos Alonso Beltrn Beltrn

Politlogo. Administrador Pblico. Ingeniero IndustrialMagster en Estudios Polticos. Candidato a Doctor

en Estudios Polticos y Relaciones Internacionales

El segundo punto de las conversaciones entre la guerrilla de lasFARC-EP y el Gobierno del presidente Santos se concentraren una temtica esquiva y ambigua: la participacin poltica. Una temti-ca que trae aparejada por lo menos tres dierentes interpretaciones: para el

Gobierno nacional signica la discusin sobre las ormas de participacinde la guerrilla una vez desmovilizada; para algn sector de la sociedadcivil y la opinin nacional, la orma en la que se rerendarn los acuerdosque se alcancen en el marco de la mesa de negociaciones, y, nalmente,algunos sectores del movimiento popular han interpretado que la discu-sin en este punto debe concentrarse en la reorma del rgimen polticoy del sistema electoral para que permitan una participacin ms ampliade las minoras polticas, y para que se pueda desarrollar una democraciams garantista, amplia e incluyente. Las FARC-EP parecen haber cons-truido un temario amplio que incluye las dos ltimas interpretacionespero que menciona solo vagamente la discusin del primer punto.

La propuesta de la guerrilla es amplia y ambiciosa; plantea una re-orma prounda del rgimen poltico. La razn para esta apuesta de lasFARC-EP es apenas lgica: la existencia de la propia oposicin armadapuede explicarse por las caractersticas sectarias, excluyentes y violentasdel sistema poltico colombiano. Un sistema poltico que ha avorecidoa minoras oligrquicas que han entronizado la persecucin y la elimi-nacin sica cuando no la cooptacin de la terceras polticas rente alas opciones tradicionales del bipartidismo; que han perpetuado durante

Confictoysoluci

npoltica


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dcadas los mismos vicios clientelares y las mismasprcticas corruptas para acceder al poder; que hanconvertido el ejercicio de la poltica en propiedad

privada de pocas amilias y castas; que se han enquis-tado en la estructura de Estado a travs de la creacinde una institucionalidad que les avorece, y que apartir de ello han diseado unas uerzas militaresproclives a la deensa de los privilegios de clase; quehan desarrollado un orden territorial del Estado quemargina importantes sectores sociales, habitantes delugares apartados de la geograa nacional; en n, lapropuesta de la guerrilla ataca de ondo la raz del

problema de la participacin, pero por ello mismola iniciativa de la insurgencia ha sido calicada deexorbitante e ilusa cuando no de exagerada rente alos alcances de la agenda pactada.

Los lmites de la agendapropuesta por Santos

El Gobierno nacional y sus voceros en La Habana,y en Colombia, han reiterado en mltiples ocasiones

que con la guerrilla no se discute el modelo de Esta-do ni la propiedad privada ni el modelo econmico;que los dilogos con la insurgencia deben conducirnicamente a cambiar balas por votos, es decir, adecidir las ormas en las que la insurgencia armadaparticipar en el juego electoral abandonando lasarmas, renunciado a su poder regional y respondien-do por los crmenes que el Gobierno y parte de laopinin nacional e internacional les imputan. Para elGobierno de Santos, la agenda de conversaciones eslimitada y orientada a la desactivacin del conicto,sin la transormacin del rgimen poltico. Para lainsurgencia, la paz est ms all de la desactivacindel conicto militar, que es solo su maniestacinulterior, y se extiende a la transormacin de mlti-ples escenarios de la vida poltica nacional. En estetira y aoja, el primer punto de las conversaciones,el punto sobre desarrollo agrario y propiedad de latierra, qued como un acuerdo en el que, al parecer, http://www.aporrealos.com/


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las temticas gruesas permanecen pendientes: limitacin del latiundio,modelo de desarrollo agrario, redistribucin real de la propiedad ruralimproductiva, autonoma de las zonas de reservas campesina, etc. A

dierencia del punto de tierras, la discusin sobre participacin polticaconlleva un horizonte ms amplio de condiciones, que con seguridaddeben tocar la estructura misma del Estado. El Gobierno nacional talvez no est dispuesto a discutir temas gruesos, como la estructura delCongreso o la eleccin popular de algunos uncionarios o, ms aun,el cariz de las uerzas militares. Ampliar la agenda se impone entoncescomo nica salida a la tensin que con seguridad suscitar este punto.

La participacin poltica en Colombia:

exclusin y violencia contra las minorasEn el Foro de Participacin Poltica citado por la Mesa de conversa-

ciones, y realizado hace algunos das, los delegados de las organizacionesconvocadas eran reiterativos en sealar la ausencia de mecanismos realesde participacin ms all de lo electoral, y las limitaciones del consti-tuyente primario para expresarse. Los asistentes calicaban el sistemaelectoral como un arreglo corrupto donde el clientelismo, el nepotismo,y la cleptocracia se imponan rente a las minoras. Adems, sealabanla limitacin de la democracia participativa mediante el recorte de me-

canismos de participacin popular o su trnsito desdibujado a travs devericuetos jurdicos. Al nal, todas ellas coincidan en la identicacinde una dinmica violenta agenciada por minoras dominantes que hatomado el sistema poltico colombiano, eliminando a sangre y uego laoposicin poltica y convirtiendo en herramientas de lucha electoral elmacartismo, la amenaza y el asesinato de lderes y organizaciones pol-ticas. Sin embargo, ante este diagnstico, las propuestas y exigencias delos asistentes eran vagas: ms democracia, ms participacin, ms con-trol a los mandatarios, nanciacin pblica de las campaas electorales;menos trabas para desarrollar la oposicin poltica, menos requisitospara la presencia de las minoras, menos clientelismo y corrupcin. Laspropuestas concretas sobre rediseo institucional lamentablemente bri-llaron por su ausencia, de la misma manera que lo hicieron los represen-tantes de los partidos tradicionales, verdaderos artces de la decadenciadel sistema poltico colombiano.

El papel de la Mesa en este sentido es tanto incluir de manera realestas observaciones y demandas de la sociedad civil como precisarlas, demanera tal que se puedan proponer verdaderas reormas al rgimen po-ltico que eliminen los vicios que la derecha y las clases dominantes han


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construido en el desarrollo polticos del paspara satisacer sus intereses particulares. Aslas cosas, reestructurar el Estado, como loplantea la guerrilla, antes que descabelladoes necesario e insoslayable.

La inclusin de la guerrillaen la va democrtica

La participacin tambin ha sido conce-bida como la orma en la que se garantizarque la guerrilla, y los movimientos polticosque surjan de los acuerdos, puedan desarro-llar su trabajo poltico en el mundo electo-ral. La insurgencia no puede tratarse comoun actor derrotado y, por ello, el gobiernono puede reducir el problema de la parti-cipacin a la posibilidad de que los alzadosen armas compitan en un sistema polticoviciado por las prcticas de corrupcin yclientelismo institucionalizadas en el ordenpoltico nacional. El movimiento armadocontina ejerciendo el poder real en laszonas en las que el abandono estatal ha sidohistrico; all los insurgentes son casi unEstado dentro del Estado: desconocer este

poder y pensar que la contienda electoral re-trata de manera adecuada la correlacin deuerzas es la salida simplista del estableci-miento para sacar ventaja de la negociacin.

La salida debe ser modicar tanto elorden territorial como la representacin

poltica asociada a l y reconocer la exis-tencia de poderes regionales mas all de ladinmica electoral, que ha compuesto unpoder nacional que no consulta de manerareal a los habitantes de territorios y regio-nes alejadas del centro del poder polticocolombiano. En este sentido, un orden delterritorio dierente al actual, que avanceen los provincial o regional y reconozcala participacin poltica en los rganoscolegiados del poder nacional, puede tantoayudar la participacin de movimientosregionales, que no tienen ni voz ni votoen el orden nacional, como contribuir ala integracin poltica de la insurgenciamediante el reconocimiento de su poderen los territorios donde lo han ejercido demanera sostenida y han construido ormasorganizativas propias.

http://www.noticias24.com/otos/noticia/3568/en-otos-siguen-los-debates-del-proceso-constituyente-en-caracas/#more-3568


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El problema de la dejacin de las armas no debeconvertirse en la talanquera para avanzar en losacuerdos, menos an la discusin del problema de la

participacin poltica. La insurgencia ha maniestadoen mltiples ocasiones que reconoce la necesidad deun monopolio estatal de las armas, y que stas serninnecesarias en el marco de un acuerdo de paz quemodique de manera real las condiciones que condu-jeron al conicto. As las cosas, el argumento expues-to por el gobierno de aclarar de manera anticipada ladesmovilizacin y entrega de armas del movimientoinsurgente lo que hace es enrarecer el ambiente y boi-

cotear la senda de los acuerdos. Ni la guerrilla llegoderrotada a la Mesa de conversaciones ni el Estado seha impuesto en todo el territorio. El acuerdo puedellevar a integrar positivamente al desarrollo econ-mico y la vida poltica nacional a amplios sectoresmarginados en la geograa nacional.

La rerendacin de los acuerdosy la terminacin del conficto

La Mesa de conversaciones debe llegar a acuerdossobre los temas undamentales que han originado laconrontacin armada. Estos acuerdos no son soloel producto de la discusin entre las dos partes sinoque parten de los aportes que varios sectores de lasociedad civil han realizado desde diversos espaciosde participacin en la Mesa: los oros, las asam-bleas, las iniciativas de participacin propiciadaspor el Congreso nacional, la visita de expertos a LaHabana, etc. Sin embargo, estos canales han sidolimitados, y la orma de garantizar an ms el res-paldo popular y modular las iniciativas de reormasdemanda un proceso de participacin popular quevaya ms all de un mecanismo de consulta neutrocomo un reerendo o una consulta popular: la mismanaturaleza de los acuerdos alcanzados, que puedenllegar a aectar el orden constitucional, implica unmecanismo de mayor calado poltico. Pero, adems,la terminacin del conicto y la garanta de su no

La asamblea nacionalconstituyente debeser el mecanismo

que asegure que losacuerdos alcanzadospuedan tener lalegitimidad socialpara adoptarseen el rgimenconstitucional, paraque muchos sectoresde la sociedad civilpuedan aportar ensu conceptualizacin,para que laestabilidad delos cambios y elmantenimiento de las

medidas adoptadaspara reintegrar alos combatientesno sea asunto delos nimos polticosde los gobiernossobrevinientes y,fnalmente, para que

la vida poltica delpas se enrumbe porel camino de la pazestable y duradera.


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repeticin no pueden hacerse mediante mecanismosde rerendacin que permitan la revocatoria de losmismos al libre arbitrio de los gobiernos siguientes.

Por estas razones, la asamblea nacional constituyentedebe ser el mecanismo que asegure que los acuerdosalcanzados puedan tener la legitimidad social paraadoptarse en el rgimen constitucional, para que mu-chos sectores de la sociedad civil puedan aportar ensu conceptualizacin, para que la estabilidad de loscambios y el mantenimiento de las medidas adopta-das para reintegrar a los combatientes no sea asuntode los nimos polticos de los gobiernos sobrevinien-

tes y, nalmente, para que la vida poltica del pas seenrumbe por el camino de la paz estable y duradera.

Reormar o reundar el EstadoMs all de este also dilema que ha sido cons-

truido por los manipuladores de la opinin nacionalcon el n de alertar sobre un posible atentado a lainstitucionalidad vigente, pero tambin ms all de lapretensin de algunos sectores polticos que suponen

que las conversaciones actuales deben dejar intocadala estructura del Estado, lo que se impone es mante-ner los avances que la constitucin de 1991 garantizpara amplios sectores de la sociedad nacional, perotambin enriquecer la carta constitucional con losacuerdos que emerjan de La Habana. La lucha socialy popular debe estar comprometida al mximo tantoen la deensa de los acuerdos y en la exigencia delmecanismo de asamblea constituyente, como en sureglamentacin para que se asegure la participacinms beneciosa e incluyente de los sectores margi-nados, y del propio movimiento insurgente; y, porsupuesto, la lucha debe continuar con la participa-cin masiva en la eleccin de los miembros de estainstancia mxima de decisin poltica. La asambleaser la oportunidad de jar los cimientos de la pazestable y duradera.

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La explosin social en Brasil:Primeras anotaciones (para unanlisis posterior)

Ricardo Antunes

Proesor de Sociologa de la UNICAMP*

Ruy Braga

Proesor de Sociologa de la USP**

I

Junio de 2013 entrar en la historia de las rebeliones sociales enBrasil como una echa emblemtica. Comenz el 6 de junio enSao Paulo con una marcha de protesta de aprox. 2.000 personas contrael aumento de las tarias del transporte pblico. Los jvenes delMovi-mento do Passe Livre (MPL)1 no podan imaginarse que iban a sacudir aBrasil con una explosin slo comparable al menos en lo que respecta asu amplitud, aunque utilizando ormas muy distintas con la campaapor la destitucin de Collor en 1992 o con aquella por elecciones direc-tas en 1985, bajo la dictadura militar.

Desde entonces hasta el momento en que terminamos de escribirestas notas, el 28 de junio de 2013, hubo maniestaciones los das 7, 11y 13, llegando a un punto espectacular el 17 de junio con ms de 70 mil

* Autor, entre otros libros, de Los Sentidos del Trabajoy Adios al Trabajo? (ambos en

Herramienta Editorial).

** Autor, entre otros libros, de A Poltica do Precariado(Boitempo) y A Nostalgia do For-

dismo(Ed. Xam).

1 Movimiento Pase Libre

Traduccin al espaol: Jess Gualdrn


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participantes en Sao Paulo, decenas de miles en Rode Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, en n, enprcticamente todas las capitales del pas, tanto en las

grandes como en las pequeas ciudades, en el centrocomo en la perieria, en una explosin popular queconmovi los pilares del orden. El 20 de junio, casi400 ciudades, incluidas 22 capitales, salieron a mani-estarse y a marchar, aglutinando ms de un millnde personas, segn las inormaciones y clculos deprensa, como si uera posible hacer una suma precisade un verdadero ocano popular presente en las ma-niestaciones. El pas de la cordialidad mostraba,

una vez ms, que tambin se sabe rebelar. La explo-sin lleg prcticamente a todos los rincones del pas.

Comprender esta verdadera rebelin popular esimposible en este momento. Lo que aqu pretendemos,entonces, es tan solo indicar algunospuntos de parti-da que permitan intentar comprender los porqus deesta explosin, recoger algo de su diseo emprico yalgunos de los trazos que han aorado durante estospoco ms de 20 das de levantamiento social, que,

por cierto, experimenta mutaciones cotidianas. Paraun anlisis ms proundo sera necesario ms tiempo.Pero no tenemos condiciones para ello. Alguien dijoalguna vez que es mejor vivir una experiencia queescribir sobre ella, una glosa completamente libre,que aqu vale como metora.

Tal vez sea posible sugerir que su explosin sedebe a unproceso interno de superacin de un largoperiodo de letargo, articulado a unproceso externo ca-racterizado por una poca de sublevaciones en escalaglobal que se ampliaron enormemente a partir de lacrisis estructural de 2008. Estas maniestaciones, contodas sus particularidades y singularidades, tienenalgo en comn: las masas populares se apropian delespacio pblico, de las calles, las plazas, implemen-tando prcticas ms plebiscitarias, ms horizontales,adems de plasmar un descontento en relacin tantocon las ormas de representacin e institucionaliza-cin que caracterizan las democracias vigentes en

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internacional.elpais

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los pases capitalistas, como con aquellas con claro carcter dictatorial,como ocurre en varios pases del Medio Oriente.

En el caso brasileo recurriendo a una gura geomtrica es como

si existieran muchas curvas multiormes que acabaron por encontrar supunto de convergencia en junio de 2013. Exactamente en un periodo enque las clases dominantes queran celebrar con espectacularidad, comosi uera una esta popular, la realizacin de la Copa Conederaciones,proundamente imperial e imperialista, comandada por la FIFA y porlos grandes emprendimientos capitalistas. Un plan racasado. Lo queparecaslido, se deshizo en el aire. Por qu?

II

Brasil estuvo al rente de las luchas polticas y sociales en la dca-da de 1980, consiguiendo retardar la implantacin del neoliberalismoy logrando que la llamada dcada perdida como normalmente sedenomina aquel periodo en relacin con los capitales signicase paralos movimientos sociales y polticos populares exactamente lo contrario.En aquella poca oreci un uerte sindicalismo de oposicin, de lo cualue un ejemplo la creacin, en 1983, de la CUT (Central nica de losTrabajadores). Las huelgas enlaban en sentido inverso a las tendenciasregresivas presentes en el mundo occidental, y Brasil alcanz una de

las ms altas tasas huelgusticas de Occidente. Nacieron incontablesmovimientos sociales, como el Movimiento de los Trabajadores SinTierra (MST), en 1984. Se ampli la oposicin a la dictadura militar,se convoc a una Asamblea Nacional Constituyente en 1986 y experi-mentamos, en 1989, un proceso electoral que dividi a Brasil en dosproyectos distintos.

La dcada de 1990, sin embargo, ue avasalladora: neoliberalismo,reestructuracin productiva, nanciarizacin, desregulacin, privatiza-ciones y desmonte. Fue lo que denominamos laera de la desertizacinneoliberal de Brasil.

As, cuando tuvo lugar la victoria poltica de 2002 con la eleccinde Lula, el escenario era proundamente distinto al de los aos 1980. Ycomo la historia est colmada de sorpresas, encuentros y desencuentros,la eleccin de 2002 acab por convertirse en lavictoria de la derrota.

Oscilando entre un enorme continuismo con respecto al gobierno deFernando Henrique Cardoso y poco cambio sin ninguna sustancia, elprimer mandato de Lula termin de modo desolador, lo que lo obliga orzar el cambio de ruta, siempre con gran moderacin y evitandocualquier conrontacin. Bolsa Familia y altsimas ganancias bancarias


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y nancieras; aumento del salario mnimo si se com-para con los dos gobiernos de FHC, pero tambincreciente enriquecimiento de innumerables sectores

de la gran burguesa; ausencia de reorma agraria ymuchos incentivos a los agronegocios, que durante losdos gobiernos de Lula slo tuvieron ventajas.

Entre el primer y el segundo gobierno de Lulase ue gestando un modelo de desarrollo soportado,por un lado, en el aumento de los gastos sociales y,por otro, en la reproduccin de la ortodoxiarentista,traducida en independencia operacional del BancoCentral, en las altas tasas de intereses y en una uc-

tuacin cambiaria. Adems, con el n de administrarlas crecientes cargas impuestas por la deuda pblicay buscando recuperar el apoyo que haba perdido enimportantes sectores de la clase trabajadora brasilea,el gobierno ederal estimul la ormalizacin del mer-cado de trabajo. Este proceso hizo que los trabajadoresascendiesen a un nivel superior de proteccin social.La aceleracin del ritmo de crecimiento de la econo-ma en la ltima dcada, en gran medida impulsada

por el aumento de los precios de los commoditiesbrasileos, coron la combinacin entre el aumentode los gastos sociales y la ampliacin de la coberturade proteccin de los trabajadores.

Con esa poltica, Lula, o nuestro hombre dupli-cado, renaci de las cenizas en su segundo mandato.Termin su gobierno al alza: al mismo tiempo quecreaba a su sucesor, desorganiz casi la totalidad delmovimiento opositor. Era dicil oponerse al ex ldermetalrgico, cuya solidez uera solidariamente cons-truida en los aos 70 y 80.

Quien rememora su situacin en 2005, atascadoen el Mensalo2, y recuerda el n de su mandatoen 2010, sabe que se hallaba rente a una clase depoltico de los ms calicados, capaz de mltiples

2 La palabra signifca mensualidad. El autor se refere al es-

cndalo de corrupcin poltica, en el que Lula da Silva es

acusado de estar implicado en la compra de votos en el

Congreso brasileo (2005). NdT.

http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Brasil_de_2013

http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Brasil_de_2013


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metamorosis para preservar su uerza yapoyo. Si Dilma, su criatura poltica unaespecie de administradora de hierro, lo-

graba vencer en las elecciones de 2010, yasabamos que algo mayor le iba a altar: ladensidad social que le sobraba a Lula.

Con paciencia, espritu crtico y muchapersistencia, los movimientos populareshabran de superar ese dicil ciclo. Al nde cuentas, ms all de los avances de la or-malizacin, del mercado de trabajo activadoy de los avances reales del salario mnimo,

el actual modelo de desarrollo tambin sesustent en el aumento del nmero de ac-cidentes de trabajo, en el incremento de larotacin del trabajo, en la elevacin de las ta-sas de tercerizacin y de exibilizacin de lauerza de trabajo, amn de la decadencia dela atencin del transporte pblico, de la saludy la educacin, que han estado en la lnea delrente de las actuales maniestaciones.

Esa otra ase del actual desarrollo quese mantena un poco al margen, pero queera real aliment un estado ms o menospermanente de insatisaccin entre los tra-bajadores, en especial entre los sectores msjvenes, no cualicados, semicalicadosy subremunerados. No debemos olvidarque en los ltimos diez aos el 94% de losempleos generados en el sector ormal detrabajo pagaba hasta 1,5 salarios mnimos(ste asciende, segn la cotizacin de juniode 2013, a aprox. US$ 320 mensuales).

Si tomamos en consideracin que deltotal de esos empleos poco ms del 60%ue ocupado por jvenes entre 18 y 28 aosde edad, nos daremos cuenta de que la in-quietud social promovida por la percepcinde los lmites del actual modelo tiende aconcentrarse en los sectores ormados por

jvenes trabajadores precarizados que ga-nan un poco ms de 1,5 salarios mnimos.

Es ese contingente el que tuvo un impor-tante papel en el estallido del levantamientopopular de junio de 2013 en Brasil.

III

Segn la investigacin realizada por laconsultora Plus Marketing, en la marchadel 20 de junio en Ro de Janeiro la mayorade los maniestantes (70,4%) se encontrabanen el mercado de trabajo, y ganando hastaun salario mnimo 34,3%. Si sumamos es-tos a los que perciben entre 2 y 3 salarios m-nimos (30,3%), tenemos que ms del 64%


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del milln de personas que concurrieron alas calles de Ro de Janeiro hace parte de eseproletariado precarizado urbano. Si en uninicio se daba un predominio de la juventudestudiantil, ella, desde luego, se mezcl conlos asalariados medios urbanos, y desde hacealgunos das se extendi proundamente alas perierias con un escenario de manies-taciones y movilizaciones que tocan directa-mente a las clases populares.

No por accidente los maniestantesy sus movimientos sociales, populares yestudiantiles entienden que, ms all delcrecimiento econmico, del mito alaz dela nueva clase media, existe una realidad

proundamente crtica en todas las eserasde la vida cotidiana de los asalariados: lasalud pblica vilipendiada, la educacin

pblica depauperada, la vida absurda de lasciudades abarrotadas de automviles porlos incentivos ecolgicos del gobierno delPT; la violencia que no para de crecer, y eltransporte pblico relativamente ms caro(y precario) del mundo.

No pocos analistas y polticos se decla-ran sorprendidos por el actual ciclo de mo-vilizacin popular. Sin embargo, despus de

las recientes huelgas en Jirau, Belo Monte,Santo Antnio, Suape y Comperj, ademsdel violento desalojo de Pinheirinho, slolos desprevenidos no haban percibidoque una tempestad se aproximaba rpida-mente en las grandes metrpolis.

Segn datos del Departamento Inter-sindical de Estadstica y Estudios Socioeco-nmicos (DIEESE), el nmero de horas

no laboradas por huelga en 2012 ue 75%superior al de 2011, alcanzando un picohistrico inerior apenas a los aos 1989 y1990. La combinacin de la desaceleracindel crecimiento econmico con un mercadode trabajo todava activado nos puede ayu-dar a explicar ese importante enmeno. Seestaba rompiendo, por tanto, el cuadro deletargo inaugurado en 2002, cuando Lulagan las elecciones presidenciales.

Adems de ello, los dos gobiernos deLula da Silva no crearon nuevos derechossociales. Sin perjuicio de la reciente equi-paracin de los derechos laborales de lasempleadas domsticas, Dilma Roussefsigui por el mismo camino. Si los suce-sivos gobiernos petistas incrementaronlargamente los gastos sociales, no se puededecir lo mismo a propsito de la inversin

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en salud y educacin. Aunque crecieron en trminosabsolutos debido al buen desempeo de la economa,estos gastos declinaron en trminos relativos.

La cuestin de la implementacin y ampliacin delos derechos sociales es clave para entender las basessociales de la mayor revuelta popular de la historiabrasilea. Finalmente, desde los aos de 1950, se mo-viliza el proletariado precarizado por la implementa-cin y la ampliacin de los derechos sociales.

La masa de los trabajadores jvenes y precariza-dos que gan las calles en el mes de junio sabe quepara alcanzar sus objetivos no puede contar ni con

el PSDB ni con el PT. En ltimas, hace dcadas queestos partidos son parte dierenciada de unamismalgica que en cada eleccin negocia millones de rea-les de nanciamiento por innumerables acuerdos deajuste con grandes constructores, empresas de mni-buses, etc.

Esto ayuda a comprender la ormacin de esesentimiento antipartidista, alimentado por uno decarcter igualitarista, que se resiste al desigual juego

poltico parlamentario. Se trata de un sentimientoque merece ser elaborado, reexionado y asimiladopor las uerzas colectivas (partidistas o no) que hananimado las actuales protestas.

Pero el sentimiento popular expresa tambiny decisivamente la clara repulsa a la Copa Con-ederaciones blanqueada, sin negros ni pobres enlos estadios; a la colosal brecha existente entre lasrepresentaciones polticas tradicionales y el clamor delas calles; a la brutalidad de la violencia de la PolicaMilitar de Alckmin (gobernador del PSDB del Esta-do de So Paulo) con el apoyo de Haddad (alcalde delPT de la ciudad de So Paulo).

Esto contribuye a comprender por qu el actualciclo de movilizacin popular encuentra tanta acogi-da entre la poblacin. Entretanto, cualesquiera seanlos desdoblamientos de esos movimientos, el pas yano ser el mismo. Estamos apenas comenzando.

La inquietud socialpromovida por la

percepcin de los lmitesdel actual modelo tiendea concentrarse en los

sectores formados porjvenes trabajadores

precarizados queganan un poco ms de

1,5 salarios mnimos.

Es ese contingente elque tuvo un importante

papel en el estallidodel levantamiento

popular de junio de2013 en Brasil.


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Nuevo Constitucionalismoen Nuestra Amrica

Carolina Jimnez M.

Politlogo. Administrador Pblico. Ingeniero Industrial

Magster en Estudios Polticos. Candidato a Doctoren Estudios Polticos y Relaciones Internacionales

Las negociaciones del conicto interno armado que se adelantanentre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC-EPen La Habana, Cuba, han suscitado mltiples controversias. Desde uninicio los ms destacados enemigos de la paz articulados en su mayoraen un bloque que bien podramos caracterizar como blico-clientelista

han buscado torpedear el proceso arguyendo que las FARC son narco-tracantes y terroristas y sealando que en ltimas este proceso de pazconducira a un escenario de impunidad, inseguridad y de elegibilidaden escenarios de participacin poltica de unos actores criminales.

Para los representantes de este bloque, encabezado por el ex presi-dente lvaro Uribe y por el presidente de FEDEGAN, Jos Laaurie,temas tan sensibles como el del desarrollo agrario y la propiedad ruralde la tierra no se constituyen en actores undamentales para avanzarhacia una paz estable y duradera. Por el contrario, para ellos, la paz pasapor una eectiva estrategia de seguridad que garantice la eliminacinsica del adversario, estimule la inversin econmica de los grandes em-presarios rurales y promueva una poltica social ocalizada, soportadaen programas clientelares de transerencias condicionadas, como el deFamilias en Accin.

Este tipo de posiciones busca negar y desestimar que tanto el hist-rico conicto armado, como la otra serie de conictos territoriales quehoy denen la dinmica de la conictividad social en el pas, encuentranun soporte material en los elevados niveles de concentracin del ingre-so y particularmente de la concentracin de la tierra que caracteriza la

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estructura de la propiedad rural en Colombia. Sinembargo, este nuevo momento de la lucha socialpopular en Colombia ha puesto de presente que en

tanto no se superen los rasgos excluyentes, antidemo-crticos, rentsticos y terratenientes que acompaanel actual modelo rural es imposible avanzar de mane-ra decidida en la consecucin de la paz. De ah queguras como las de las Zonas de Reserva Campesinacobren un lugar protagnico en los horizontes delucha del movimiento social.

El reconocimiento de la existencia de este bloqueblico-clientelista como principal enemigo de la

paz, no desconoce que existan otros sectores de lasclases dominantes que, aunque se han maniestado aavor de las negociaciones, buscan permanentementeacotar los alcances de la misma y ponerle renos aeventuales acuerdos que pongan en cuestin las ba-ses estructurales sobre las que se soporta el modelode desarrollo econmico y del rgimen poltico enColombia.

As las cosas, el desao que aronta el movimiento

social popular para avanzar en el camino de la cons-truccin de una paz estable, duradera y con justiciasocial es bastante complejo. Por ello, la discusin queha venido cobrando uerza en las ltimas semanasen el pas sobre los mecanismos de rerendacindel acuerdo, y en particular sobre la posibilidad deconvocar a una Asamblea Nacional Constituyente,no debe agotarse en la negativa maniestada por elgobierno de Juan Manuel Santos y expresada por eljee de negociaciones Humberto de la Calle en un ar-ticulo publicado en la RevistaSemana en su edicindel 24 de Junio, en la cual seal que

El proceso de la Habana se basa en una

agenda muy concreta para la terminacin del

conficto. Su diseo no incluye una especie

de reundacin de la patria, esto es, no es el

nacimiento de una nueva repblica. () En

conclusin, el camino no es la Constituyente.

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Hay mecanismos ms fuidos, ms

acordes a la realidad actual, ms in-

novadores para las posibilidades po-

lticas de la guerrillas y ms construc-

tivos en la bsqueda de la solucindel conficto armado en Colombia1.

Por el contrario, consideramos que elmomento poltico que vive el pas, especial-mente el que denota una coyuntura polticaimportante de la movilizacin social y de lacorrelacin de uerzas existente, exige que ledemos vigor a la discusin sobre cul es eseordenamiento constitucional, esa arquitec-tura jurdica que permitir sentar las baseslegales para avanzar en la construccin dela paz. Esta pregunta ya se la ha ormuladoel movimiento social, y as lo ha puesto demaniesto por amplia mayora en el Foro deParticipacin Poltica realizado en Bogot

1 La constituyente no es el camino. Revista sema-

na edicin No 1624 del 17 al 24 de Junio de 2013.

los das 28, 29 y 30 de abril, el cual contcon la asistencia de 1600 personas.

En eecto, ueron reiteradas las propuestasde las organizaciones sociales populares sobre

la importancia de convocar a una AsambleaNacional Constituyente, en tanto sta seasume como el mecanismo privilegiado departicipacin democrtica que hara posibleun amplio movimiento territorial para laconstruccin de la paz. As las cosas, la ANCno tendra como nico objetivo rerendarunos posibles acuerdos de La Habana, sinoque abrira la puerta a la participacin realdel constituyente primario para sentar lasbases de la transormacin social que requie-re el pas para alcanzar la tan anhelada paz.Ese nacimiento de una nueva repblica quecon tanto ahnco rechaza el jee del equiponegociador del Estado.

En este entendido, es necesario deslindaresta iniciativa de un simple oportunismo po-ltico de las FARC-EP, como ha venido sien-do presentado por el gobierno y los medios

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de comunicacin anes al establecimiento,y reconocer el carcter social popular queacompaa la emergencia de dicha propuesta.

Experiencias constituyentesen Nuestra Amrica

Teniendo como teln de ondo la discu-sin reseada y en aras de aportar algunasmiradas que sobre el tema constitucional yconstituyente ha acompaado el desarrollopoltico reciente de Nuestra Amrica, acontinuacin presentamos de manera muy

suscita lo que ha sido la experiencia de lasconstituyentes populares en la regin.

El primer proceso constituyente anti-neoliberal y de carcter popular que se vivien Nuestra Amrica ue el venezolano de1999. Este recoge la lucha del movimientopopular venezolano de las ltimas dcadasen oposicin al tradicional bipartidismo delCOPEI y la Accin Democrtica AD. La

llegada de Hugo Chvez a la presidencia endiciembre de 1998 canaliz el sentir popu-lar de justicia social, igualdad y cambio y atravs de la convocatoria a la ANC abri elescenario para la constitucin de una NuevaRepblica.

As las cosas, el propsito central de estellamamiento al constituyente primario noera otro que sentar las bases jurdicas y cons-titucionales que permitieran la reundacinde la repblica bolivariana, razn por la cualel prembulo de la Carta Poltica de 1999seala que con el n supremo de reundarla Repblica para establecer una sociedaddemocrtica, participativa y protagnica,multitnica y pluricultural en un Estado dejusticia, ederal y descentralizado, que con-solide los valores de la libertad, la indepen-dencia, la paz, la solidaridad, el bien comn,

la integridad territorial, la convivencia y elimperio de la ley para esta y las uturas gene-raciones se declara ese nuevo pacto poltico.

El proceso constituyente ecuatoriano, al

igual que el venezolano es una expresin dela dinmica de la movilizacin social que seviva en ese momento en el pas. En eecto,la crisis de hegemona poltica por la queatravesaba Ecuador y que haba conducidoal derrocamiento de tres presidentes: AbdalBucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) yLucio Gutirrez (2005), y que se manies-taba abiertamente, como lo seala AlbertoAcosta, en las luchas de los pueblos delcampo y de la ciudad, de los indgenas, delos estudiantes, de los ecologistas, de losobreros, empresarios responsables y pa-triotas, jubilados maltratados, de todos losactores que queran un cambio2, gener las

2 Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea

Constituyente de Ecuador: "El reto de Correa es

construir poder ms horizontalmente (2009).

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-

bolivia-protesta-posible-cambio-de-constitucion


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El momento polticoque vive el pas,especialmente el que

denota una coyunturapoltica importantede la movilizacinsocial y de lacorrelacin de fuerzasexistente, exige quele demos vigor a ladiscusin sobre cules ese ordenamientoconstitucional, esaarquitectura jurdicaque permitir sentarlas bases legalespara avanzar enla construccin

de la paz.

condiciones polticas para el triuno electoral en 2006del proyecto de la Revolucin Ciudadana lideradopor Raael Correa.

La llegada de Correa a la presidencia de la Repblicaabri un escenario de posibilidad para impulsar cam-bios en las bases estructurales del Estado ecuatoriano.La convocatoria a una Asamblea Nacional Constitu-yente se perl como el mecanismo privilegiado paragarantizar la materializacin de dicho proyecto.

Este proceso constituyente, en el que participaronlos diversos actores sociales y polticos del Ecuador,en especial aquellos que tradicionalmente haban sido

excluidos de los espacios de participacin ciudadana,como los indgenas y los negros, dio lugar a la emer-gencia de un nuevo pacto poltico que reconoci entrelos elementos constitutivos del Estado ecuatoriano,

Una nueva orma de convivencia ciudadana,

en diversidad y armona con la naturaleza,

para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;

una sociedad que respeta, en todas sus

dimensiones, la dignidad de las personasy las colectividades; un pas democrtico,

comprometido con la integracin latinoame-

ricana sueo de Bolvar y Alaro, la paz y la

solidaridad con todos los pueblos de la tierra

(Prembulo de la Constitucin del Ecuador).

La Constitucin de 2008 deni al Estado ecuato-riano como plurinacional e intercultural e incorpora nivel constitucional el concepto de Sumak Kawsay,o Buen Vivir. El reconocimiento de los derechos delbuen vivir plantea una ruptura radical con la idea deldesarrollo impulsada por el ideario neoliberal y poneen el horizonte de sentido la necesidad de romper conlas contradicciones propias entre hombre y naturalezaimpuestas por la modernidad occidental.

Y, nalmente, encontramos el proceso consti-tuyente boliviano de 2006, el cual culmina con lapromulgacin de la Constitucin plurinacional del


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Nuestra Amrica

ao 2009. Este proceso es resultado de la importantemovilizacin social popular liderada por pueblosindgenas originarios, campesinos, productores

cocaleros, mineros, maestros y estudiantes que recla-maban rupturas con el orden colonial y apuntaban ala reundacin plurinacional del territorio boliviano.

En respuesta al horizonte de sentido y al espritupopular con que ue convocada la ANC, la Consti-tucin Poltica declara el Estado boliviano como unEstado Unitario Social de Derecho Plurinacional Co-munitario, basado en el respeto e igualdad entre todos,el cual persigue la bsqueda del vivir bien y rompe con

el pasado colonial, republicano y neoliberal.El sentido undacional e incluyente que adquieren

estos procesos constituyentes permite entender que enBolivia y Ecuador reexiones milenarias propias de lascomunidades indgenas, como son aquellas vinculadascon el Buen Vivir, ocupen un soporte undamental enla nueva estructura institucional del Estado.

As las cosas consideramos que estas tres experien-cias constitucionales vividas en Nuestra Amrica, ex-

presan el sentir de las apuestas polticas y los horizontesde sentido de los movimiento populares, campesinos,indgenas, barriales, estudiantiles, de clase media ydems sectores, que no se sentan representadas en loscimientos de los pactos polticos existentes y que portal razn avanzaron en la construccin de unos nuevosordenamientos jurdicos que sentaran las bases para laemergencia de un orden social, poltico, econmico,cultural y ambiental realmente democrtico.

En este sentido, es preciso sealar que estas nue-vas cartas constitucionales se constituyen en unaexpresin de la correlacin de uerzas existentes en elmomento histrico de la regin y, en consecuencia,detonan la uerza del sujeto social popular que secongur en Nuestra Amrica a la luz del proceso deresistencia al neoliberalismo. Como dira BoaventuraDos Santos, un nuevo tipo de constitucionalismo queimplica un proyecto poltico de pas dierente y, portanto, de reundacin de los estados latinoamericanos.

Ahora bien, el recorrido porestas experiencias constituyentesno pretende plantear ejercicios de

emulacin de realidades histricasconcretas, tan solo busca mostrarcaminos transitados por procesossociales populares, los cualesponen en evidencia la vigenciaque ha cobrado en la regin elmovimiento por un nuevo tipo deconstitucionalismo, uno realmen-te democrtico. En este sentido,

consideramos que el escenario delproceso de paz y las propuestasque en torno a ste han surgidodesde el mundo de lo popular,exigen no abandonar tan ligera-mente la discusin sobre la convo-catoria a una ANC y nos planteapreguntas sobre si realmente laCarta Poltica existente contiene

las bases materiales para avanzaren la construccin de la paz.


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Ne

oliberalismoRa

mpante

La vulnerabilidad externade la economa colombiana

Edwin Andrs Martnez Casas

Economista

Proesor Universidad La Gran Colombia

En un artculo anterior, he destacado los rasgos principalesque caracterizan al actual patrn de acumulacin vigente enColombia: reprimarizacin, nanciarizacin y terciarizacin espuria.Los anteriores elementos conguran una combinacin explosiva que

muestra la nueva cara del capitalismo dependiente.Sumado a los anteriores, vale la pena destacar lavulnerabilidad ex-

terna como rasgo inherente de una economa volcada hacia los mercadosexternos y dependiente de la inversin extranjera. Esto es especialmentecierto para el caso de los pases latinoamericanos que ms han proun-dizado este patrn; en especial, la vulnerabilidad externa se hace ms vi-sible en los periodos de crisis, pues resultan siendo los actores externos,ligados a la evolucin de las economas del centro capitalista mundial yel comportamiento del precio de los productos bsicos de exportacin,los que ms inuyen en la dinmica recesiva.

En el trabajo de Goncalves et.al. (2009), se dene la vulnerabilidadexterna a partir de la comparacin entre el desempeo externo de unpas rente al de otros pases. En especial, compara, entre varios pases,el dierencial relativo de indicadores de insercin econmica internacio-

nal en una perspectiva de largo plazo(2009, p. 120). A partir de all,los autores construyen un ndice de Vulnerabilidad Externa (en adelanteIVE) para el periodo 1980-2006. A su vez, este periodo de tiempo sesubdivide en siete subperiodos que buscan caracterizar las dierentes eta-pas por las que ha transitado el IVE en los dierentes pases de la regin.


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Neoliberalismo Rampante

Dentro de los resultados ms sobresalientes, seencuentra que en el periodo estudiado el IVE tantode la regin como mundial viene en aumento, lo cual

coincide con lo planteado hasta ahora en el sentidode que el desarrollo del modelo neoliberal ha impli-cado uno mayor nivel de vulnerabilidad, gracias alincremento de la conexin de los mercados de bienesy nancieros, entre otros actores (Goncalves, DiasCarcanholo, Filgueiras & Costa, 2009, p. 123). Deigual orma, el estudio concluye que entre 1986 y2006 se reduce la dispersin del IVE como conse-cuencia de la convergencia derivada del proceso de

globalizacin de la economa mundial. Para los auto-res es claro que el IVE se increment en los periodosde crisis y ajuste que vivieron los pases de la regin.Por ello, es undamentalmente a partir de mediadosde los aos noventa cuando el IVE de Amrica Latinaempieza a tener una tasa de crecimiento mayor queel IVE mundial, reejando la consolidacin de lasreormas neoliberales iniciadas en los aos ochenta.

Teniendo como reerencia estos hallazgos, en el

presente artculo se utiliza la metodologa propuestapor Goncalves et.al. (2009) para mostrar el desempe-o de la economa colombiana entre 1990 y 2010 y,de este modo, analizar su vulnerabilidad externa bajoel patrn exportador de especializacin productiva.

De acuerdo con la metodologa propuesta por eltexto que sirve de reerencia, el IVE est compuesto porcuatro indicadores que tienen la misma ponderacin:

Exportacin de bienes y servicios / PIB Stock de IED / PIB Deuda externa total / Exportacin de bienes

y servicios Importacin de bienes y servicios / Reservas

internacionales

http://

wvw.n

acion

.com

http:/

/wvw.n

acion

.com


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Siguiendo la metodologa mencionada, el IVE se calcul para cada variable, as:

ndice = [(x Xmnimo) / (Xmximo Xmnimo)] x 100

Para realizar una mejor interpretacin del IVE en el periodo 1990-2010, se divide esteperodo en cinco subperiodos: i) 1990-1994; ii) 1995-1998; iii) 1999-2002; iv) 2003-2007, yv) 2008-2010. Esta subdivisin responde a distintas etapas por las que atraves la economacolombiana en los ltimos aos: un primer periodo en el que se desarrollaron las primerasreormas estructurales para implantar el modelo neoliberal, con un auge relativamenteimportante de la inversin extranjera directa y algunos resultados positivos en materia delcrecimiento del PIB. El segundo de claro declive de las principales variables macroecon-micas de Colombia. El tercero que corresponde a la prounda crisis econmica y nanciera

y la proundizacin de las reormas neoliberales a partir del acuerdo Stand By con el FMI.El cuarto delimita el signicativo auge de las economas emergentes, con tasas elevadas decrecimiento del PIB, auge de la inversin extranjera directa ligado al sector de minera ehidrocarburos y consolidacin de las reormas neoliberales. Finalmente, el periodo 2008-2010, que corresponde al de la crisis de las economas ms desarrolladas y su impacto sobrelos pases de Amrica Latina.

La Tabla 1 sintetiza los valores del IVE calculados en Amrica Latina y el Caribe,Colombia y cuatro pases ms con los que se realiza la comparacin:

Tabla 1. IVE Amrica Latina y el Caribe, 1990-2010

Periodo\PasAmrica Latina

y el CaribeArgentina Brasil Chile Colombia Mxico Venezuela

1990-1994 n.d 30,48 46,13 47,30 45,31 n.d 45,41

1995-1998 49,77 45,40 47,30 48,03 51,90 n.d 48,73

1999-2002 33,95 42,93 47,88 51,00 47,72 39,16 42,40

2003-2007 52,97 n.d 42,97 42,32 37,58 53,78 42,44

2008-2010 51,14 43,55 48,50 50,02 47,80 43,35 51,44

Fuente: Elaboracin propia con base en datos de www.bancomundial.org

Como puede observarse, el IVE ha presentado un comportamiento variable en los cincosubperiodos estudiados. En especial, llama la atencin que para el conjunto de los pases dela regin ha sido mayor entre 2003 y 2010 que en la dcada anterior, lo cual conrma el re-sultado que encontr Goncalves et.al (2009) hasta 2006. En todos los pases que muestra laTabla 1 excepto Mxico, se observa que el IVE aument en el periodo 2008-2010 renteal periodo anterior como consecuencia principalmente de la crisis internacional y sus eec-tos comerciales sobre las economas emergentes, lo cual conrma el papel preponderante


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de los actores externos sobre el comportamiento de la economa latinoamericana. Uno delos casos ms destacados de incremento en este periodo es el de Colombia, cuyo IVE pasde 37.58 entre 2003-2007 a 47.80 entre 2008-2010.

Adems, cabe destacar que de los pases que se presentan en la Tabla, varios de elloshan revertido parte de las polticas neoliberales que ueron implantadas a nales de ladcada del ochenta y comienzos de la dcada del noventa (Argentina, Brasil, Venezuela).De stos, solo Venezuela presenta un IVE mayor al promedio en el periodo 2008-2010,correspondiente al de la crisis de los pases desarrollados. Esto se puede explicar por la ele-vada dependencia respecto al comportamiento del precio del petrleo que an caracterizaa la economa venezolana. Precisamente el precio del crudo suri una cada relativamenteimportante en los primeros meses de estallido de la crisis en Estados Unidos y la UninEuropea y esto aect tanto el valor de las exportaciones venezolanas como el volumen de

reservas internacionales.La Grca 1 permite hacer una comparacin entre la evolucin del IVE del conjunto

de Amrica Latina y el Caribe con el de Colombia. Se observa que en dos periodos elIVE de la economa colombiana es mayor al promedio de la regin, entre 1995-1998 yen 1999-2002, periodos en los cuales la mayor parte de las variables macroeconmicas ynancieras presentaron un claro retroceso. Como muestra Martnez (2012, pg. 42), desde1994 la cuenta corriente se encontraba en dcit, la entrada de capitales al pas ces y lainestabilidad del sistema nanciero se hizo ms aguda. Todo esto tuvo un impacto negativosobre las reservas internacionales, congurando una crisis de balanza de pagos que termin

con el abandono del sistema de banda cambiaria en septiembre de 1999 (Ossa, 2000).a


Grfca 1. IVE Amrica Latina y Colombia, 1990-2010


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Por otro lado, se destaca que en el periodo 2003-2007 el IVE de laeconoma colombiana ue mucho menor al del promedio de la regin,lo cual reeja el auge de la IED hacia el pas omentada por las reor-

mas desarrolladas bajo el gobierno de Uribe, que contemplaron grandesexenciones tributarias al gran capital, la generalizacin de zonas rancas,la ley de estabilidad jurdica, entre otras. Kalin (2009), seala que laIED en Colombia pas de representar 7.3% en 1990 a 32.7% en 2007.Lo anterior acompaado de un cambio en la composicin del destino dela inversin ornea concentrada en el sector minero-energtico. Comose haba sealado anteriormente, en el periodo 2008-2010, el IVE de laeconoma colombiana creci signicativamente mostrando el importan-te impacto de los actores externos sobre la economa colombiana.

En la Grca 2 se muestra la evolucin del IVE de Argentina, Chiley Colombia. Se observa que en todos los periodos el de Argentina hasido inerior al de Chile y Colombia, incluso en el periodo 1999-2002,cuando Argentina vivi una crisis econmica sin precedentes comoconsecuencia del colapso del sistema de convertibilidad, lo cual implicun incremento inusitado de su deuda externa y serios problemas paraadquirir reservas internacionales. En cambio, el desempeo del IVEpara Chile en general ha sido ms desavorable que para Colombia.


Grfca 2. IVE Argentina, Chile y Colombia, 1990-2010


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Por su parte, cuando se compara el desempeo del IVE de Colombiay Brasil, se muestra que ha tenido un comportamiento muy similar. Noobstante, en el periodo 1995-1998 el IVE de Colombia ue muy supe-

rior, mostrando la magnitud del deterioro de la situacin econmica delpas andino; este resultado llama la atencin, pues Brasil vivi en 1995una prounda crisis nanciera y de balanza de pagos pero su IVE apenasaument un punto respecto al periodo 1990-1994.

Como ha logrado observarse en este anlisis, aunque el grado devulnerabilidad es un rasgo inherente a la mundializacin que vive elsistema capitalista en su conjunto, son las economas dependientes lasque presentan ndices superiores. Para el caso de la economa colombia-na, es claro que la vulnerabilidad externa se eleva precisamente en losperiodos de crisis internacional, lo cual muestra el grado de dependenciaal que se encuentra sometida la economa nacional; esto est ligado ala proundizacin del patrn de acumulacin luego de la grave crisiseconmica padecida nalizando la dcada del noventa.

Grfca 3. IVE Colombia y Brasil, 1990-2010



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Luc

haspopulares

Las multitudes enTurqua y Brasil

Ricardo Snchez ngel

Doctor en Historia

Proesor Universidad Nacional de Colombia

Las movilizaciones en curso en Brasil y en Turqua discurrenen escenarios un tanto dierentes. En el pas que ue sede delImperio Romano por decisin del Concilio de Nicea en el 325, y obra

del gran Constantino, se adelanta una protesta desde el 27 de mayo,que conronta el autoritarismo del reaccionario primer ministro ReceTaya Erogan, en un contexto de limitaciones de todo orden al ejerciciode los derechos democrticos. En Brasil, la protesta que comenz el 6 dejunio se ejerce en relativa democracia, con un gobierno reormista, peroque no evit la dura represin policial el 20 y el 26 de junio, todo estomientras se celebra la Copa Conederaciones de Ftbol.

Como se sabe, ambos pases, Turqua y Brasil, son reconocidos comoeconomas emergentes. Es as que Brasil hace parte de los llamadosBRICS, junto a Rusia, India, China y Sudrica.

TurquaEn la antigua Bizancio, Constantinopla, Estambul, las multitudes

se congregaron para deender la tradicional plaza Tasin, que amenazaser destruida por el gobernante para impulsar complejos inmobiliarios:centro comercial, subterrneos, avenidas, ocinas y otras construccionessuntuarias, incluida la pretensin de un monumentalismo islmico. Elpropsito es expropiar el espacio pblico, el bien comn histrico, cuyarea abarca el barrio tradicional Viola, de vida libre, en costumbres y


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Luchas populares

actividades artsticas e intelectuales. Expulsar el sitioemblemtico de la protesta urbana, la plaza Taksin,y connarla a los extramuros de la ciudad, donde se

proyecta construir plazas ms parecidas a lugares dedestierro.

Las movilizaciones turcas han comprometido a lajuventud, las mujeres, intelectuales y deensores delo laico y los derechos humanos, a los ambientalistasurbanos e incluye en las ltimas jornadas la activaparticipacin de sindicatos y de trabajadores detoda condicin. La cpula gubernamental acudi aldilogo acompaado de ms dura y contundente re-

presin, convirtiendo la plaza Tasin en un campo deconrontacin. Al igual, el rgimen anunci detenerlos proyectos y propuso realizar consultas y un ree-rendo. El primer ministro convoc concentracionespblicas de sus partidarios, buscando la contraoen-siva poltica beligerante contra las multitudes que de-enden la ciudad histrica, sus smbolos ciudadanos,la plaza democrtica; al igual que acelera su anatis-mo religioso y el ataque a las mujeres y a la diversidad

en las personas. Tiene razn el Colectivo FeministaSocialista de Turqua cuando arma: Las mujeresse rebelan! Y no nos detendris con gases, tanquesy porras! Las mujeres resisten con los dems gruposoprimidos desde hace dos das. Trabajadores, kurdos,LGBT, alauitas, musulmanes, no musulmanes, ateosy todos los oprimidos/as, explotados/as, insultados/asy condenados/as como traidores estn rebelndoseen Turqua. La resistencia que ha comenzado en elparque Gezi de la Plaza Tasin en Estambul est des-bordndose y extendindose a numerosas ciudades1.

As las cosas, el gigante de Turqua est entrandoa su propia crisis poltica de dominacin, como cap-tulo de la onda revolucionaria inaugurada en Tnez

1 Las mujeres tambin resisten! Colectivo Feminista So-

cialista. Estambul, 01/06/2013. Tomado de: http://www.

socialismo-o-barbarie.org/medio%20oriente/130602_turquia_

llego_la_rebelion.htmh

ttp://

internacional.elpais

.com/internacional


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y Egipto en 2011. En estos dos pases la movilizacines permanente.

El plan de urbanismo en marcha en Estambul

sigue las pautas de territorializacin del capitalismoen todas las ciudades del planeta. Guy Debord conprecisos trminos deni estas tendencias: el urba-nismo es la conquista del entorno natural y humanopor parte de un capitalismo que, al desarrollarsesegn la lgica de la dominacin absoluta, puede ydebe ahora reconstruir la totalidad del espacio comosu propio decorado2.

La batalla urbana despliega sus energas contra

la atomizacin, por mantener los lazos que la ciudadtradicional estableci: barrios, calles, plazas, arqui-tectura urbana como obra de arte. Pero todo es mscomplejo en Estambul, porque sus ruinas y destruc-cin urbanas abarcan el esplendor de la Antigedad,la del Imperio Otomano que conquist Constantino-pla en 1453, ciudad de la melancola y la amargura,como la recrea Orhan Pamuk en la obra que da clavespara leer desde tan lejos, como Colombia, de manera

cercana a esta ciudad3.En Estambul se superponen varias historias cuyas

temporalidades aparecen dominadas por el neocapi-talismo nanciero e inmobiliario, revestido de unavuelta al islamismo undamentalista, pero que tieneunas tradiciones de esplendor como ciudad y civiliza-cin, al igual que las herencias laicas y democrticasque vienen desde las reormas de Atatrk, quien ueraundador y primer presidente de la moderna Repbli-ca de Turqua en 1923, luego de liderar la Guerra deIndependencia contra las potencias aliadas, que ter-min en el establecimiento de la Repblica moderna,democrtica y laica.

2 DEBORD, Guy. La sociedad del espectculo. Espaa: Pre-

Textos, 2005. 2 ed., pp. 104-105.

3 PAMUK, Orhan. Estambul. Ciudad y recuerdos. Bogot: Mon-

dadori, 2006.

Crece la audienciay crecer an

ms, porque laconciencia devieneen programa yen organizacin.Ideas con accin yviceversa, es lo queest madurandohacia lo necesario,

deseable yojala inevitable:la revolucininternacional,de pas a pas,de continente acontinente, consus reformas ytransiciones, conun horizonteemancipador entodos los rdenes.


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Luchas populares

BrasilEn Brasil, en estos das de junio, un

vigoroso movimiento de conrontacin al

alza en el transporte pblico en Sao Pauloy otras ciudades se calcula que

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