izq38_webdef

7/27/2019 izq38_webdef

1/56

Rgimen poltico y discurso Anotaciones acerca de la coyuntura

Reacomodos en el bloque en el poder y facciones en disputa

por la conduccin de la dominacin de clase El diferendo entre

Nicaragua y Colombia Batalla de ideas La comodidad de ser

de derechas Solucin poltica Vctimas y tierras en Colombia

La cuestin agraria: Entre la guerra y la paz Luchas populares

Declaracin poltica de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina

y Popular Campesinado y crisis agraria en Nario Editorial A

propsito de la Alianza Verdes-Progresistas

N 38 octubre / 2013 bogot, colombia issN- 2215-8332


2/56

Jairo Estrada lvarez DirectorJess Gualdrn Sandova lJefe de redaccin

lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo Giraldo,Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa Cifuentes Traslavia,Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Snchez ngel,Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil),Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen

al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin

Espacio Crtico EdicionesPublicacin auspiciada por Espacio Crtico Centro de Estudios

www.espaciocrit ico.com

ISSN-2215-8332N 38, Octubre de 2013. Bogot, Colombia

Todo el contenido deesta publicacin puede

reproducirse libremente,conservando sus crditos.


3/56

Rgimen poltico y discurso

4

Anotaciones acerca de la coyuntura

Jaime CaycedoTurriago

12

Reacomodos en el bloque en el poder y

acciones en disputa por la conduccin de la

dominacin de claseJairo Estrada lvarez

20

El dierendo entre Nicaragua y Colombia

Patriotismo pirataRicardo Snchez ngel

Batalla de ideas

26

La comodidad de ser de derechas:

Una refexin sobre la actualidad de una

distincin polticaSantos Alonso Beltrn Beltrn

Solucin poltica

30

Vctimas y tierras en Colombia

Sergio De Zubira Samper

36La cuestin agraria: Entre la guerra y la pazJos Honorio Martnez

Luchas populares

42Declaracin poltica de la Cumbre Nacional

Agraria, Campesina y Popular

46Campesinado y crisis agraria en Nario

Jairo Armando Jurado Estrada

Editorial

54

A propsito de la Alianza Verdes-

ProgresistasDaniel Libreros Caicedo


4/56

Rgimenpolticoy

discurso

Anotaciones acercade la coyuntura

Jaime Caycedo Turriago

Ph.D. en Filosoa

Antroplogo

Observatorio Sociocultural de la Mundializacin

Nada parece transcurrir igual hoy que en los dos meses an-teriores. En los dos ltimos aos la situacin poltica hadado giros en los segundos semestres: en 2012 ue el anuncio pblicodel Acuerdo General para la paz, el preludio de Oslo y la cita en La

Habana. Ahora, cuando agoniza el trmino del gobierno Santos, es laextraordinaria movilizacin social rural y agraria la que modica el cur-so de las cosas y modela las percepciones con los sntomas de una crisisen maduracin.

Las encuestas han empezado a mostrar ciertos rasgos, ocultos por laideologa meditica que solo registra las verdades ociales. El descon-tento creciente no se relaciona solo con la cronograa de un gobiernoa punto de culminar mandato. Muestra algo ms. Muestra la acumu-lacin de aectaciones negativas, daos, incertidumbres, deterioros enlos ingresos, desmejoramiento de la calidad de vida provocados por laspolticas pblicas en vigencia, especialmente prescritas por el Plan Na-cional de Desarrollo y por las ormas en que se ejecutan. La anunciadaprosperidad se volvi esquiva para la inmensa mayora del pueblo tra-bajador. Y las capas medias sienten los duros apretones de la ms recientereorma tributaria.

El punto ms crtico es el de las polticas relativas al mundo ruraly las reas del pas peririco, hoy en manos de la sobreexplotacin, ladesposesin violenta, la desregulacin ambiental y la precarizacin la-boral, las cuales constituyen una expresin paradisaca para la inversin

_4 Volver a contenido


5/56


extranjera, los modelos impuestos por el BancoMundial y el inters inmediato del gran capital trans-nacional. Las polticas del Estado son absolutamente

contrarias a las necesidades nacionales, entendidascomo las que corresponden a extensas ranjas delas poblaciones ocupantes, trabajadoras itineranteso desplazadas de sus lugares de origen. En parte,tales reas periricas coinciden con los teatros mscrudos de la guerra contrainsurgente y algunas zonas(Catatumbo, Cauca, Arauca) son escenarios de losbombardeos areos y de duros combates en el marcode los planes militares de Consolidacin yEspada de

Honor.

El rgimen intenta recuperar lo perdidoLa movilizacin social popular ha obligado al

Gobierno a negociar y a reconocer a nuevos interlo-cutores, a los que antes tachaba de instrumentos delterrorismo. En esas negociaciones el Gobierno parecehaber agotado sus opciones de subsidios, busca aa-nosamente la venta de ISAGEN y de otros activos,

insiste en ragmentar los dilogos y evade asumircompromisos enviando uncionarios de segundoorden que cumplen rdenes,sintener capacidad dedecisin. Los movimientos del mundo rural hancomprendido que el llamado Pacto Nacional agrariorearma el modelo e intenta legitimar el despojo. Esla escenicacin de una arsa.

La lnea ocial rente a las luchas populares esla misma que se asume en La Habana. El modeloeconmico y social es intocable, los TLC son into-cables, aunque el pas se derrumbe. El rgimen nosolo mostr la ineciencia de sus uncionarios renteal paro agrario, sino que carece cada vez ms de argu-mentos para deender sus orientaciones en crisis. Lacrisis del argumento econmico, por lo visto, no esan suciente para que entienda la uerza y la razndel argumento social que clama por un nuevo pactosocial en el pas.

http://matadorcartoons.blogspot.com/

N 38, Octubre de 2013 Bogot, Colombia Contenido


6/56

Recurre ahora al argumento internacional. San-tos expuso en la ONU la teora de la autonoma deColombia para buscar la paz a su manera y puso el

nasis principalmente en los temas relacionados conla impunidad, los derechos humanos y la llamada

justicia transicional. Le preocupa que sean investiga-dos con el apoyo de la comunidad internacional losmiles de crmenes sistemticos atribuibles al terroris-mo de Estado. Se reere a los casos de Yugoeslavia yde Ruanda para descalicar de modo oblicuo el papely la uncin de una Comisin de la Verdad conableque contribuya a esclarecer las causas reales, princi-

palmente polticas y genocidas, de la guerra internacolombiana.

El argumento internacional es an ms peligroso.Santos rode su publicitada intervencin en Nueva

York de la carta suscrita con Panam y Jamaica quedenuncia un supuesto expansionismo de Nicaraguaen lo relativo al mar territorial. Acude a la matriz deopinin de pas amenazado de cercenamiento marti-mo como respuesta al racaso del pleito ante la Corte

Internacional y el resultado del allo adoptado por esaentidad, en la que los gobiernos depositaron su con-anza, allo que reduce el rea de mar colombiano enel Caribe occidental. El riesgo cierto de un recurso alirracionalismo seudonacionalista en la desesperacinpor mejorar la imagen no es descartable. En estesentido, el Gobierno ha cedido ante las posicionesde la ultraderecha que clama por la conrontacin con Nicaragua y lospropsitos de Washington que aspira a sacar provecho en benecio de suvisin antisandinista.

El chantaje de los tiempos y resultados del dilogoLa decisin de la raccin dominante de la burguesa colombiana

por buscar una salida poltica de la guerra no obedece a un capricho deocasin. Es resultado de largas y rudas luchas del pueblo, de las encru-cijadas del modelo socioeconmico y de la crisis del Estado y su horma,la Constitucin de 1991. Una lgica realista obliga a exigir que quienquiera sea el gobernante elegido en 2014 sostenga el compromiso conel proceso de paz. Este punto no est claro en las posiciones de Vargas



7/56


Lleras ni mucho menos en las de los distin-tos precandidatos del uribismo, crticos delproceso en La Habana.

Como lo han hecho notar distintos

comentaristas, Santos patalea ante el evi-dente desgaste de su gobierno, justo en elmomento de tener que decidir su plan de unsegundo mandato. Entiende que tiene unaoportunidad en los resultados del dilogo.Por eso quiere vincular el xito de las con-versaciones con su reeleccin. O achacar a lainsurgencia la responsabilidad por su levan-tamiento de la mesa. Con un 19 por cientode intencin de apoyo, las posibilidades delproyecto reeleccionista estn seriamentelimitadas. Por eso el gobierno presiona elproceso de paz con las FARC del que quiereobtener resultados inmediatos de rendiciny derrota con el chantaje del tiempo.

Ese chantaje tiene ahora un doble ca-rcter. De un lado la exigencia ya conocidade acelerar los ritmos, que tropieza a su vezcon la doble barrera de los inamovibles, de

una parte, y la metodologa del nada estacordado hasta que todo no est acordado,de otra. A su vez, maquina el establecimien-to unilateral del reerendo, inscrito en el

corazn de los procesos electorales de 2014,como un medio de presin que pone lostiempos.

En ese contexto, el Marco jurdico parala paz deviene en la nica herramientaconcebida por el rgimen para resolver trescuartos de siglo de guerra civil. El an deSantos por explicar este aspecto en la ONUy pedir que se le permita ponerlo en obrasin vigilancia internacional, signica que lapoltica de paz del sistema consiste en un ar-bitrario ejercicio punitivo sesgado en contrade la insurgencia, sealada como el exclusi-vo victimario en el prolongado conicto.

Agrguese a esto algo que no explic Santosen la ONU: la reciente reorma constitucio-nal que ampli el uero militar, aprobada encontra de autorizadas opiniones de vocerosde las Naciones Unidas y de organizaciones




8/56

humanitarias. Castigo solo para los insurgentes eimpunidad para los personeros del Estado guerrero,de los partidos de la derecha, los empresarios, terra-

tenientes y empresas transnacionales comprometidosen la violacin de los derechos humanos, organizado-res y nanciadores del paramilitarismo y cmplicesdel narcoparamilitarismo. Tal es el prospecto de alsa

justicia, carente de verdad, sujeta auna reparacin mezquina y humi-llante en tales condiciones, y singaranta posible de no repeticin.

Esa impunidad se traslada a los

centenares de miles de vctimasy sobrevivientes de la guerra, noreductibles nicamente a los a-miliares de los soldados y antiguosrehenes, en varios casos usadoscomo parte de la propagandaantiinsurgente. Esas vctimas ysobrevivientes, en sentido extenso,esperan algo distinto de una po-

ltica de paz. En el marco de unaconrontacin prolongada, polari-zada y degradada, la poblacin ci-vil ms directamente implicada hasido objeto de no pocas ormas dediscriminacin, de sealamientos ypersecucin. En el caso de la UninPatritica, del Partido Comunista,del sindicalismo, de los deensoresde los derechos humanos, de quie-nes actan y luchan abiertamentepor una salida pacca de la guerra,se visualiza el espectro de ranjasde la sociedad alineadas por la poltica de guerra delestablecimiento como parte del enemigo a reducir, asometer, a criminalizar, a desangrar.

http://bettoespectador.blogspot.com/



9/56


El punto de la democracia en debateEl Marco jurdico, el uero militar ampliado, la

justicia, la verdad y la reparacin vistos desde el n-

gulo de la sociedad y la vida cotidiana popular sonindisociables del reclamo por reales garantas de li-bertad, derechos sociales y polticos, reconocimientode la especicidad del delito poltico y del derechode rebelin contra las injusticias conquistados porla Modernidad. El punto de quiebre del proceso depaz, que traduce con mayor claridad lo que de ver-dad se discute en La Habana, es el problema de lademocracia, de su contenido social emancipador, de

su capacidad de rescatar la dignidad y la humaniza-cin de millones de compatriotas condenados a lascondiciones del despojo, el maltrato, la represin, ladiscriminacin y otras ormas de desigualdad.

Qu tanta ampliacin de la democracia orece elrgimen en la perspectiva de la paz y la reconciliacin?Hasta donde hemos podido conocer, leer o escuchar,de eso slo habla la guerrilla, pero no el Gobierno.El mito ocial de que Colombia es un paraso de la

prosperidad, de las garantas y de la democracia hasido demolido por la movilizacin real del pueblodesarmado y pacco en lucha por sus derechos ele-mentales. Sin respuestas en lo social y sin respuestasen lo poltico, la pregunta por la paz y la democraciano tiene respuesta en el horizonte del rgimen.

Luego est en gestacin una crisis poltica que seagrega a la crisis social sin solucin. El movimientorural puso a caminar por carreteras y regiones la

Agenda que se discute en La Habana y que se ha idointegrando, muy a pesar del Gobierno, al necesariodebate nacional. La crisis de la reeleccin de Santosplantea de momento la sin salida de un rgimen queno orece opciones dierentes al ms de lo mismo,en circunstancias latinoamericanas que claman porcambios proundos en la sociedad y el Estado.



10/56

Lenta aproximacin: La unidad de abajo hacia arribaExiste en lo inmediato una alternativa articulada desde la izquierda?

Sin duda no. El eecto prolongado provocado por el viraje del Polo al

aislacionismo sectario, la usin de Verdes y Progresistas en perspectiva deuna conusa tercera y los rezagos de vanguardismos en los liderazgos delos movimientos sociopolticos limitan las posibilidades de reales conver-gencias en torno de los importantes actores de la movilizacin popular,pero no copan las opciones que intentan dotar de contenido poltico losprocesos de reagrupamiento a la izquierda. Como un hecho notorio, pesea las distancias, la movilizacin agraria permiti en buena parte unir en

la accin sensibilidades de muy distinto origen.Marcha Patritica, Congreso de los Pueblos y co-

rrientes de las Dignidades se hallaron prximos enimportantes escenarios. Esa unidad de coinciden-cias debe dar paso a mayores acercamientos en losmovimientos populares.

Hoy ningn proyecto de unidad poltica en laizquierda puede concebirse al margen de la movi-lizacin social, ignorndola o subestimndola. Launidad en la expresin del descontento, la protestay la movilizacin organizada caracteriza el momen-

to. Pero debe dar vida a procesos ms ambiciososde cambio poltico democrtico o, por lo menos, auna presencia combativa y coherente de voceros dela izquierda en las instituciones del poder constitui-do. An ms, incluso el tema de una candidaturapresidencial de convergencia y compromiso progra-mtico, que ayude a mover en la direccin correctael proceso unitario, no debe descartarse. La batallasocial y la lucha por la paz as lo requieren.

La semilla del rente amplio por la paz tienecondiciones avorables para germinar, ahora o enel uturo cercano. La Unin Patritica en el nuevodespertar del movimiento popular espera aportarsu grano de arena en la realizacin de su 5. Con-greso Nacional, del 15 al 17 de noviembre prximo.

El movimiento ruralpuso a caminar porcarreteras y regionesla Agenda que sediscute en La Habanay que se ha idointegrando, muy apesar del Gobierno,al necesario debatenacional. La crisisde la reeleccin deSantos plantea demomento la sin salidade un rgimen queno ofrece opciones

diferentes al msde lo mismo, encircunstanciaslatinoamericanas queclaman por cambiosprofundos en lasociedad y el Estado.



11/56

Rgimen poltico y discursoN 38, Octubre de 2013 Bogot, Colombia Contenido


12/56

Rgimenpolticoy

discurso

Reacomodos en el

bloque en el podery acciones en disputa por laconduccin de la dominacin de clase

Jairo Estrada lvarezProesor del Departamento de Ciencia Poltica

Universidad Nacional de Colombia

Ams de tres aos del gobierno de Santos, las lneas decontinuidad del proyecto de acumulacin capitalistaneoliberal de las clases dominantes son evidentes. Al mismo tiempo, lasdierencias en el bloque dominante en el poder, que se haban perlado

a los pocos meses del comienzo del mandato presidencial, se han acen-tuado en orma tal que es posible constatar un resquebrajamiento en elconsenso que se haba logrado estabilizar y consolidar a lo largo de losdos gobiernos de lvaro Uribe Vlez (2002-2010). Si tales dierencias seexpresaron inicialmente en el campo estrictamente poltico y en eno-ques sobre el ejercicio del poder, entre tanto es claro que ellas tambinse maniestan en las concepciones acerca de la orientacin que debedrsele al proyecto poltico-econmico.

A la unidad y al carcter monoltico del bloque en el poder le haseguido una intensa lucha de acciones, que hoy se disputan el liderazgo.De ah que pueda sostenerse que se est asistiendo a una recomposicindel bloque en el poder. La accin que actualmente controla las posicio-nes en el gobierno y se expresa en el proyecto poltico del santismo aspiraa erigirse y aanzarse como la accin predominante; la accin milita-rista y de ultraderecha, organizada como proyecto poltico del uribismoen el ahora llamado Uribe Centro Democrtico, pretende recuperar elliderazgo y el predominio perdidos. Las ronteras entre estas accionestienden en todo caso a ser diusas y exibles, dado que persisten iden-tidades undamentales respecto del proyecto de dominacin de clase;



13/56


asimismo, considerando que la derecha no renunciaa la retrica ni a las prcticas militaristas y de ultra-derecha, y que la ultraderecha militarista arma no

abandonar el discurso democrtico.El escenario para dirimir el lugar de cada una de

estas acciones se encuentra en la contienda electoralde 2014 que validar una vez ms el rgimen de de-mocracia gobernable. La reeleccin de Santos se haconvertido en necesidad para consolidar el proyectopoltico-econmico que l representa y debilitar anms la accin uribista que le disputa el liderazgo.Para Uribe, se est rente a la posibilidad de retornar a

la trayectoria de la seguridad democrtica, desviadaen el actual cuatrienio y, en el peor de los casos, ins-titucionalizar su accin, como una poderosa uerzaopositora que impone la transaccin.

La pregunta que est por resolverse consiste encul de esas acciones representa la mejor opcinpara el proyecto del poder y de dominacin de claseen el momento capitalista actual, en un contexto enel que se vienen evidenciando sus lmites histricos

gracias a la movilizacin y la lucha social y populary a nuevas expresiones de organizacin poltica en elcampo popular, como la Marcha Patritica y el Con-greso de los Pueblos, que se declaran como uerzascon vocacin de poder y no de simple disputa delescenario electoral. Y en el que, adems, el entornode la economa capitalista mundial hasta ahora avo-rable para la poltica macroeconmica interior tiendea deteriorarse producto de la persistencia de la crisisy de las tendencias recientes de la poltica monetariaestadounidense.

La faccin representada por elsantismo y la Unidad Nacional

En la contienda de acciones, el proyecto represen-tado por Santos pretende erigirse como el de mayorconcordancia y sintona con las aspiraciones actualesde las clases dominantes y consolidarse como el me-

jor intrprete del inters capitalista general (interior y




14/56

transnacional). Dentro de los mltiples aspectos quese podran esgrimir para sustentar esta armacin,me detengo solamente en algunos de ellos:

1.- El impulso de un proceso de dilogos y ne-gociacin con la guerrilla de las FARC-EPentendido como respuesta a requerimientosdel momento actual de la acumulacin nan-ciarizada transnacional. Para los sectores delas clases dominantes comprometidos e inte-resados en una insercin ms prounda en lasdinmicas de la acumulacin nanciarizada

del capitalismo mundial, as como para losinversionistas extranjeros y las corporacionestransnacionales, que se han venido asentandoen el pas o miran con inters las perspectivasde nuevas inversiones gracias a la colonizacinde nuevos territorios de la geograa nacional, la solucin poltica al conicto socialy armado se ha convertido en un asunto del mayor signicado. Para la propia tec-nocracia neoliberal, incluida la instalada en los dierentes organismos multilaterales,la solucin poltica generara nuevas condiciones para el crecimiento econmico y

para la prosperidad de los negocios capitalistas. La seguridad jurdica con la queha sido dotada la estrategia de acumulacin requiere, en la lgica capitalista, sercomplementada con la seguridad que resultara de un desistimiento del alzamientoarmado contra el Estado por parte de la guerrilla.En la perspectiva del proyecto de Santos, la concrecin de una solucin poltica

est presa por la idea del sometimiento y la desmovilizacin. Su aspiracin es a unapaz rpida, gratuita desde el punto de vista scal, y sin concesiones conducentes a lamayor democratizacin poltica, econmica y social del pas. Su perspectiva es la deuna paz sin reormas y supeditada a la sostenibilidad scal.

2.- La promocin de nuevas ormas de representacin de los intereses geopolticos yeconmicos del imperialismo estadounidense, en medio de una Nuestra Amrica endisputa. Adems de la aceptacin sin recato del intervencionismo histrico, incluidoel intervencionismo militar, el gobierno de Santos es uno de los ms eles represen-tantes de la poltica actual del imperialismo en la Regin, aunque se esuerza pormostrarse con una agenda propia y de carcter multilateral. Tal agenda se caracteriza,entre otros, por mantener y proyectar el estmulo al libre comercio y la integracinneoliberal a travs de nuevas iniciativas como se aprecia en la participacin activaen la Alianza para el Pacco, la cual representa el resurgir por otras vas del

http://bacteriaopina.blogspot.

com/



15/56


racasado proyecto del rea de Libre de las Amricas y es comprendida igualmentecomo parte de una estrategia de contencin (poltica y econmica) de otras ormasde integracin que se adelantan en la Regin. No se trata simplemente de la conor-

macin de un bloque neoliberal, sino de incidir con ste sobre el direccionamientode los dems procesos.

3.- El omento de un nuevo ciclo de desarrollo capitalista rural y agrario encuadradoen el derecho y basado en los agronegocios yla especulacin nanciera con la tierra. Santosse proyecta como portador de una perspectivarelativamente modernizante del capitalismocolombiano, especialmente en el abordaje

de la cuestin rural y agraria, tal y comosta es vista desde la perspectiva de poderescorporativos nancieros transnacionales y degrandes grupos econmicos locales. En eecto,al tiempo que mantiene las garantas y pro-tecciones al capital extranjero con intereses enla explotacin minero-energtica e impulsa elnegocio nanciero en sus dierentes modali-dades, el proyecto de Santos dice propiciar un

modelo capitalista ms eciente y productivode la agricultura, promoviendo el acceso a lapropiedad rural por parte de grupos empre-sariales nacionales y extranjeros mediantela ampliacin de la rontera agrcola a travsde la liberacin de tierras baldas del Estadopara esos propsitos. Todo ello, acompaadodel anuncio de prricas concesiones a la pro-duccin campesina, concebidas como partede una estrategia de estmulo a alianzas pro-ductivas de subordinacin de los productorescampesinos a los grupos empresariales queahora incursionan en los agronegocios.Sin enrentar la escandalosa concentracin de la propiedad sobre la tierra, as comoel latiundio improductivo y ganadero, la salida santista para el agro consiste engenerar un nuevo ciclo de acaparamiento de tierras para los agronegocios y la espe-culacin nanciera, organizado a travs de las ormas legales del despojo que provee(o pueden ser provistas) por el ordenamiento jurdico. Se trata del trnsito de un mo-delo de acumulacin basado en el despojo a travs del ejercicio de la violencia sica

http://bacteriaopina.blogspot.com/



16/56

y el extermino hacia otro que tiene como undamentoel despojo encuadrado en la violencia del derecho. Esaaspiracin se expresa en el reciente lanzamiento, el 12

de septiembre, de un gran Pacto nacional para el sectoragropecuario y el desarrollo rural. Dicho pacto ha sidocaracterizado con razn como una versin actualizadadel Pacto de Chicoral.

4.- La renovacin de lealtades sociales rente al proyectode dominacin de clase a travs de prcticas que con-

jugan el clientelismo de las maquinarias polticas y lacontinuidad del asistencialismo social. Las posibilida-

des de dotar y renovar la dominacin de clase con unabase social provienen de las clientelas electorales de lospartidos que conorman la llamada Unidad Nacional,as como de los diversos programas de asistencia social,incluido el programa de vivienda gratuita. Sin duda,los rendimientos polticos que produce la poltica so-cial tienen mayor opcin de ser apropiados por quienesostentan posiciones de gobierno. De igual orma, ladisposicin sobre buena parte de la maquinaria de las

agrupaciones polticas que agencian los intereses de lasclases dominantes, as como del presupuesto y la contra-tacin pblica, constituyen actores nada despreciablesen la concrecin de ese propsito.

No es propsito de este texto considerar los lmi-tes del momento actual del proyecto de Santos, quese encuentran marcados por las realidades de la Mesade dilogos de La Habana, el estado verdadero de laguerra, la propia dinmica de la contradiccin socialy de clase y la tendencia de la lucha y la movilizacinsocial, as como por los conictos en el bloque de podery la imposibilidad de producir una superacin deniti-va y eectiva de las estructuras corruptas, criminales ymaosas que se han entronizado estructuralmente en laormacin econmica y social. En ese aspecto, el pro-yecto del santismo apenas traza distancia y promuevems bien una recomposicin en el bloque de poder quelogre neutralizar y debilitar los sectores militaristas y deultraderecha, privilegiando la transaccin con ellos, sin

A la unidad y alcarcter monoltico

del bloque en el

poder les ha seguidouna intensa luchade facciones, que

hoy se disputanel liderazgo. De

ah que puedasostenerse que se

est asistiendo a unarecomposicin del

bloque en el poder.La faccin que

actualmente controlalas posiciones

en el gobierno yse expresa en el

proyecto poltico delsantismo aspira aerigirse y afanzarse

como la faccinpredominante; lafaccin militarista

y de ultraderecha,organizada como

proyecto polticodel uribismo en el

ahora llamado UribeCentro Democrtico,pretende recuperar

el liderazgo yel predominio

perdidos.



17/56


renunciar a la trayectoria autoritaria que seha consolidado en los ltimos lustros. Dehecho, conormaron una alianza monolti-ca en el pasado cercano. La dinmica de la

guerra y el deseo de inringir una derrotamilitar a la guerrilla, que no lleg, ha con-ducido a la conormacin de una de lasuerzas militares ms grandes del mundo (sisu tamao se examina como proporcin deltotal de la poblacin). La retrica moderni-zante y reormista va acompaada de unauerza militar con una inmensa capacidadrepresiva y de disuasin de la protesta y lamovilizacin social.

La faccin representada por elUribe Centro Democrtico

La accin representada por el uribismose niega a la prdida del liderazgo del blo-que en el poder y hace ingentes esuerzospor recuperarlo. En desarrollo de ese pro-psito, viene intentando su reagrupacinen la uerza poltica del Uribe Centro

Democrtico, poseedora de una ideologaultraconservadora, clerical, neoalangista ycon tintes ascistoides.

En la persona del ex presidente lvaro

Uribe Vlez, considerado por algunos de susseguidores como un ser superior, se buscalograr la cohesin de un proyecto poltico,en el que la lealtad (maosa) y el seguimien-to antico al lder se constituyen en pila-res undamentales. Su principal sustentomaterial proviene del poder latiundista yganadero, de los sectores ms reacciona-rios de los agronegocios, especialmente delos llamados industriales de la palma, depoderes nacionales, regionales y locales,corruptos, criminales y maosos, ancladosen el conjunto de la sociedad y del Estado,relativamente debilitados, as como en unauerza paramilitar que hoy posee nuevasdenominaciones abricadas mediticamentecomo las bandas criminales, llamadas as demanera euemstica para ocultar su verda-dera esencia.




18/56

Aunque probablemente ya no cuentacon el respaldo irrestricto de los grandesgrupos econmicos, del capital nancierotransnacional y del imperialismo estadouni-

dense, que tambin le sirvieron de soporteen los tiempos en los que ue gobierno, debearmarse que para estos poderes de clase elproyecto uribista representa una opcin nocompletamente descartable, a la que se pue-de, en todo caso, recurrir a n de enrentareventuales amenazas a la dominacin declase. No hay duda acerca del indiscutiblepapel desempeado por el uribismo enla construccin de un consenso de clasebasado en el ejercicio estructural de la vio-lencia y el despojo para aanzar el proyectohegemnico y la estrategia de acumulacindurante la dcada anterior.

La estrategia principal de la accinuribista descansa en la idea del restableci-miento del orden y la seguridad, a su juiciomaltrecha por las debilidades de la accinrepresentada por el santismo. Asimismo, en


el combate a la amenaza en curso del lla-mado castro-chavismo. Por ello, la banderaque se enarbola se concentra en los ataquesal proceso de dilogos y negociacin y en

la apuesta por el racaso de la solucinpoltica. En movilizar a amplios sectoresde la sociedad por el camino exclusivo dela guerra; esa misma que le ha producidoen el pasado al ex presidente y a su squitode inmediatos seguidores importantes divi-dendos polticos y econmicos.

En la concrecin de ese propsito, lamagnicacin de la llamada amenaza te-rrorista, la abricacin del miedo, as comouna arisea reivindicacin de la justicia y lalucha contra la impunidad constituyen im-prontas de un discurso basado en la mentiraorganizada, el articio y la simulacin; mu-chas veces orquestado por medios masivosde comunicacin.

La accin uribista aspira a despertar yanimar rasgos de la cultura poltica ascis-toide que logr imponer durante sus ocho



19/56


aos de gobierno en sectores medios arribistas urba-nos, para juntarlos con la base social empobrecida deFamilias en accin conormada en sus mandatos

que aspira a recuperar, y con las clientelas capturadaspor el rgimen de terror impuestos en muchas de laszonas rurales del pas.

Sin desconocer las posibilidades del proyecto de laaccin militarista y de ultraderecha en la Colombiaactual, su capacidad no parece ser suciente paradisputar la posicin de liderazgo en el bloque en elpoder, teniendo en cuenta, incluso, la evidente sobre-valoracin de que es objeto. Adems de la prdida

de respaldos de poderes econmicos y polticos, de ladicultad para cohesionar en orma mayoritaria losintereses del bloque en el poder, de la relativa disun-cionalidad para el momento actual de la acumulacincapitalista, tambin juega el hecho de que ese proyectoposee dicultades crecientes para mostrarse ajeno alcrimen, la maa y el paramiltarismo. Lo que antes sepoda ocultar desde posiciones de gobierno, ahora setorna imposible. De igual orma, la enermiza oposi-

cin a una salida poltica al conicto social y armadono responde a las expectativas de una sociedad quese muestra deseosa de recorrer los caminos del plenoejercicio de la poltica. Lo que probablemente tendrel pas ser una uerza militarista y de ultraderechaorganizada civilmente. Son preeribles los votos a lamotosierra o a una combinacin de ellos.

Frente a los reacomodos y las reconguracionesen el bloque en el poder, as como respecto de lasdisputas entre las acciones que se disputan su lide-razgo, est por verse cmo desde el campo popularse constituye un bloque de poder contrahegemnico.La lucha por el poder no es slo entre acciones de lasclases dominantes; es esencialmente contra ellas.




20/56

Rgimenpolticoy

discurso

El dierendo entreNicaragua y ColombiaPatriotismo pirata

Ricardo Snchez ngelDoctor en Historia

Proesor Universidad Nacional de Colombia

Son desaortunados los anuncios del presidente de ColombiaJuan Manuel Santos sobre las sentencias proeridas por laCorte Internacional de Justicia en el dierendo territorial y martimo

entre Nicaragua y Colombia: la del 13 de diciembre del 20071 y la del19 de noviembre de 20122. Dicha Corte es el principal rgano judicialde las Naciones Unidas.

Los anuncios del Presidente tienen como propsito exaltar el nacio-nalismo colombiano. Una alocucin para la galera con subliminalesreerencias a la guerra para deender los intereses patriticos supuesta-mente desconocidos.

1 Traduccin del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el Dierendo Territorialy Martimo (Nicaragua c. Colombia). Excepciones preliminares. 13 de diciembrede 2007. Ricardo Abello Galvis (Traductor). Texto de la sentencia. En: http://www.anuariocdi.org/anuario-capitulos-pd/10_Abello.pd.

2 El dierendo territorial y martimo entre Nicaragua y Colombia. Traduccin delFallo de la Corte Internacional de Justicia en el Dierendo Territorial y Martimo(Nicaragua c. Colombia). Decisin sobre el ondo.19 de noviembre de 2012. RicardoAbello Galvis, Walter Arvalo Ramrez, Andrs Sarmiento y Mara CarolinaCaro Ferneynes (Traductores). Texto de la sentencia. En: Anuario Colombiano deDerecho Internacional. Bogot: Asociacin Cavelier del Derecho/Universidad delRosario, 2012. Vol. 5. pp. 219-396. Vase tambin el texto en Ingls, que contienela cartograa completa de la sentencia. En: http://www.icj-cij.org/docket/les/124/17164.pd

http://www.anuariocdi.org/anuario-capitulos-pdf/10_Abello.pdfhttp://www.anuariocdi.org/anuario-capitulos-pdf/10_Abello.pdfhttp://www.icj-cij.org/docket/files/124/17164.pdfhttp://www.icj-cij.org/docket/files/124/17164.pdfhttp://www.icj-cij.org/docket/files/124/17164.pdfhttp://www.icj-cij.org/docket/files/124/17164.pdfhttp://www.anuariocdi.org/anuario-capitulos-pdf/10_Abello.pdfhttp://www.anuariocdi.org/anuario-capitulos-pdf/10_Abello.pdf


21/56


Como teln de ondo de la espectacular decisindel seor Presidente se desarroll en El Caribe la ope-racin naval multinacional UNITAS 54-2013. Este

encuentro se organiza anualmente por el ComandoSur de los Estados Unidos: Para Colombia, el ejer-cicio es clave, ya que la armada nacional se ortalececon el intercambio de experiencias en combate naval,as como en la estrategia denominada Cerrando Es-pacios, en la lucha rontal contra el trco de narcti-cos, insumos, armas, divisas y migracin ilegal, paraque sigamos presentando resultados permanentesy contundentes contra el crimen transnacional que

aecta la tranquilidad y la paz de los colombianos3.Las decisiones de la Corte Internacional son

de obligatorio cumplimiento para las dos partes:Nicaragua y Colombia. Ambas acogieron dicha

jurisdiccin, sometindose a la justicia del derechointernacional. El gobierno colombiano debe acatarsin ambigedades el art. 60 del Estatuto de la Corte:El allo ser denitivo e inapelable. El recurso queorece el reglamento es el de interpretacin (art. 98)4,

y el que orece el Estatuto es el de revisin (art. 61)5,recursos de rigurosa tcnica jurdica en su aplicacin.

La convencin de Viena sobre el Derecho de losTratados del 23 de mayo de 19696 establece en susprincipios rectores: Advirtiendo que los principiosdel libre consentimiento y de la buena e y la normapacta sunt servanda estn universalmente reconoci-dos. Al igual, en la parte III, Observancia, aplicacine interpretacin de los tratados, en la seccin primera,No. 26, dice: Pacta sunt servanda. Todo tratado en

3 Las Fuerzas. Peridico del Comando General de las FuerzasMilitares de Colombia. No. 2, Septiembre-Octubre de 2013,p. 4.

4 Vase: Corte Internacional de Justicia. Reglamento de lacorte. Adoptado el 14 de abril de 1978. En: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.php

5 Vase: Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En:

http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php

6 En: http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html


http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.phphttp://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.phphttp://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.phphttp://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.htmlhttp://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.htmlhttp://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.phphttp://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.phphttp://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.php


22/56

vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena e. Y elNo. 27 sobre El derecho interno y la observancia de los tratados: Unaparte no podr invocar las disposiciones de su derecho interno como

justicacin del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entendersin perjuicio de lo dispuesto en el art. 16, dicho artculo se reere a can-

je o depsito de los instrumentos de raticacin, aceptacin o adhesin,y no aplica por estar en regla todos los trmites por parte de Colombiapara el Pacto de Bogot, la Corte Internacional de Justicia y la propiaConvencin de Viena, de la cual Colombia es signataria destacada.

Como el gobierno colombiano ha buscado valerse de subterugiosjurdicos e interpretaciones equvocas y conusas, es pertinente traer areerencia el contenido del art. 31 de la Convencin de Viena, que con

meridiana claridad establece que un tratado deber interpretarse de bue-na e conorme al sentido corriente que haya de atribuirse a los trminosdel tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y n.

La decisin de la Corte Internacional de Justiciafavorece primordialmente los intereses de Colombia

En la sentencia preliminar, la Corte dej en rme, aplicando el Pactode Bogot, el Tratado Esguerra Brcenas de 1928 y su Acta de Canjede 1930 rente a la pretensin legtima de Nicaragua de invalidar dicho

tratado por ser producto del Derecho Colonial, ya que Nicaragua estabaocupada militarmente por los Estados Unidos. La Corte le dio legitimi-dad y ante la eventualidad: Incluso si la Corte llegara a concluir que elTratado de 1928 ha sido terminado, como lo pretende Nicaragua, estono aectara la soberana de Colombia sobre las islas de San Andrs,Providencia y Santa Catalina. La Corte recuerda que es un principio deDerecho Internacional que un rgimen territorial establecido medianteun tratado adquiere una permanencia que el propio tratado no necesa-riamente posee y la existencia continuada de ese rgimen no dependede la existencia continua del tratado bajo el cual se acord dicho rgimen(Territorial Dispute (Lybian Arab Jamahiriyal/Chad), Judgment, I.C.J.Reports 1994, p. 37, paras. 72-73)7.

Con relacin al alcance del Acta de Canje de 1930 se establecien el numeral 115: La Corte decidi que, contrario a lo que sostieneColombia, los trminos del Acta, en sus sentidos natural y ordinario,

7 Traduccin del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el Dierendo Territorialy Martimo (Nicaragua c. Colombia). Excepciones preliminares. 13 de diciembre de

2007. Ricardo Abello Galvis (Traductor). Texto de la sentencia. Numeral 89, pp. 238-239.



23/56


WGS 84

Mercator Projection (12 30' N)

NICARAGUA

CaysIsland

AlburquerqueGreat Corn

Miskitos

NICAR

AGUA

JAMAICA

HONDURA

S

HONDURAS

Sketch-map No. 1:Geographical context

Colombia / Jamaica

JOINT Bajo Nuevo

(not in force)Bilateral treaty of 1980AREA

Bilateral treaty of 1977

dated 8 October 2007


Judgment of the ICJ


This sketch-map has been prepared for illustrative purposes.The symbols showing maritime features indicate only their location,

and not their physical characteristics or geographical and legal status.

JAMAICA

PANAM

A

COLOMBIA

COLOMBIAPANAMA

VENEZUELA

San Andrs

Cays

Santa Catalina

Providencia/

Serranilla REGIME

Roncador

Serrana

East-Southeast Cays

Quitasueo

Little Corn

Island

COLOMBIA

CARIBBEAN SEA

DOMINICAN

HAITIREPUBLIC

COLOMBIACOSTA RICA

PANAMA

CO

STARIC

A

RICA

COSTA

-16

-

Mercator Projection (12 30' N)

WGS 84

Colombia's relevant coast

Nicaragua's relevant coastBajo Nuevo

NICARAGU

AHON

DURA

S

Serrana

Colombia / Jamaica

Serranilla

PANAMA

The relevant coasts and

JAMAICACOLOMBIA

Santa Catalina

JOINT

REGIME

AREA

HONDURAS

CaysMiskitos

Cays

COLOMBIA

PANAM

A

COSTA

Providencia/

East-Southeast Cays

COLOMBIA

COLOMBIARICA

CARIBBEAN SEA

Great CornIsland

Alburquerque are not to the same scale.

Quitasueo

Roncador

for illustrative purposes only.This sketch-map has been prepared

according to Colombia

the relevant area

Sketch-map No. 5:

The enlargements of the islands,shown in the boxed areas,

NICARAGUASan Andrs

COSTA RICA

COSTARIC

A

IslandLittle Corn

PANAMA

-74

-



24/56

no pueden ser interpretados en el sentido deque eectuaron una delimitacin de la ron-tera martima entre Colombia y Nicaragua.Ese lenguaje es ms consistente con la po-

sicin de que la clusula del Acta buscabajar el lmite occidental del Archipilago deSan Andrs en el meridiano 828.

En la conclusin de la sentencia de on-do se decidi: Tras considerar todos losargumentos y evidencias presentadas porlas Partes, la Corte concluye que Colombia,y no Nicaragua, ostenta soberana sobre lasislas de Alburquerque, Bajo Nuevo, cayosde Este-Sudeste, Quitasueo, Roncador,Serrana y Serranilla9.

As las cosas, el centro de la disputajurdica se concret a la FRONTERA

8 Op. Cit. Numeral 115, p. 245.

9 El dierendo territorial y martimo entreNicaragua y Colombia. Traduccin del Fallo de laCorte Internacional de Justicia en el DierendoTerritorial y Martimo (Nicaragua c. Colombia).Decisin sobre el ondo.19 de noviembre de

MARTIMA entre los dos pases, sobrelo cual la Corte se pronunci en extenso,aplicando el Derecho Consuetudinarioaceptado por las Partes y que en aspectos

sustanciales orma parte de la Convencindel Mar (Montego Bay, Jamaica. Marzode 1982). Entonces, la sentencia traza larontera martima nica que delimita laplataorma continental y las zonas econ-micas exclusivas de ambas repblicas en lageograa del Caribe y el Atlntico.

El gobierno del presidente Juan ManuelSantos desconoce el derecho internacionalal desacatar el cumplimiento de la sentenciacon el pretexto de que es inaplicable y quese requiere un nuevo tratado entre las partessobre la base del respeto a los derechos delos colombianos.

2012. Ricardo Abello Galvis, Walter ArvaloRamrez, Andrs Sarmiento y Mara CarolinaCaro Ferneynes (Traductores). Texto de lasentencia. Numeral 103, p. 268.




25/56


La sentencia de la Corte es de obligatoriocumplimiento; puede discutirse todo lo quese quiera, pero debe cumplirse. Son las reglas

de oro del Derecho y la civilizacin poltica.El conicto histrico de Colombia

con Nicaragua en el Caribe evidencia elanacronismo de los lmites martimos yterritoriales de la regin Caribe y de Centro

Amrica. Una de las ms raccionadas delmundo, con un conjunto de republiquetasenrentadas.

El ideal de la unidad ederal de Centro

Amrica, con que se logr la independen-cia de estos admirables pueblos, vuelve aaparecer con la necesaria exigencia de las

reas Comunes, Derecho Comunitario eIntegracin.

Colombia debe, adems, adelantar susdiscusiones y decisiones en orma demo-crtica para rmar su participacin plena en la Convencin del Mar,superando el congelamiento sobre esta decisin.

El gobierno del presidente Santos escuda su postura en la ConstitucinPoltica vigente, buscando enrentar con ello al derecho internacional,a pesar de lo dispuesto en la Convencin de Viena sobre el Derecho delos Tratados. Y desconociendo lo que la propia Carta Poltica le ordenaen el art. 9: Las relaciones exteriores del Estado se undamentan en lasoberana nacional, en el respeto a la autodeterminacin de los pueblosyen el reconocimiento de los principios del derecho internacional acepta-

dos por Colombia. De igual manera, la poltica exterior de Colombia se

orientar hacia la integracin latinoamericana y del Caribe(cursivasuera del texto).

El patriotismo del presidente Santos navega en las aguas turbulentasde la piratera jurdica, a contrava del derecho internacional sobre el quedescansa la coexistencia pacca entre los Estados de Nuestra Amrica.Como alternativa, hay que levantar el programa de la unidad de nues-tros pueblos hacia una conederacin latinoamericana. El querer de loscolombianos es la hermandad con los nicaragenses, centroamericanosy caribeos, al igual que con todo el vecindario continental.

El patriotismo delpresidente Santos navega

en las aguas turbulentasde la piratera jurdica,a contrava del derechointernacional sobre el quedescansa la coexistenciapacfca entre los Estadosde Nuestra Amrica.Como alternativa, hay que

levantar el programa de launidad de nuestros puebloshacia una confederacinlatinoamericana.



26/56

Batalladeideas

La comodidad de ser

de derechas:Una refexin sobre la actualidad deuna distincin poltica

Santos Alonso Beltrn BeltrnPolitlogo

Proesor Universidad Nacional de Colombia

El capitalismo, ese sistema econmico que ha sobrevivido du-rante varios siglos, aunque est cirado en la desigualdad, laexplotacin y la amenaza a la sostenibilidad ambiental, ha creado una

suerte de conormismo y acomodamiento social que permite que ciertosindividuos puedan dar por sentado que su apologa de la explotacin noes ms que la verdad ltima de una sociedad organizada y pujante paraesconder, que antes que avanzar hacia un uturo cierto, nos aproximamosa la catstroe econmica, poltica, social y, de contera, al despeaderoantiecolgico.

En este contexto ser de derechas es una posicin cmoda, que per-mite al sujeto poltico que la abraza ser solamente un espectador pasivode la desgracia; que le permite limitarse a ser slo una rmora de esesistema econmico excluyente y explotador, del cual espera pescar algnmendrugo en el estn de los poderosos; que le obliga a convertirse en elcomit de aplausos de los abusos de los poseedores sobre los desposedos;a ser una pieza ms en el complejo engranaje de la despolitizacin delas mayoras y en la neutralizacin del sentido de justicia y rebelda delos sometidos a la explotacin econmica, a la exclusin poltica, a lasegregacin y al abuso.

Ser de derechas en una sociedad que cre los privilegios socialesmediante la violencia y la desposesin, y que luego los cristaliz con laconstruccin de la institucionalidad estatal para hacerlos ver como dones



27/56

Batalla de ideas

naturales, aumentados por el esuerzo, la templanza yel sacricio de sus poseedores, es ms que una actitudcndida, es una accin interesada y mezquina para

mostrar que la desigualdad, esa que permite a unaminora gozar de los bienes y privilegios a costa delesuerzo y privaciones de las mayoras, es una matrizprovechosa para el desarrollo humano.

Ser derechas en una sociedad que celebra el in-dividualismo descarnado, la competencia salvaje, laapropiacin privada de los bienes y riquezas productodel trabajo colectivo, la cosicacin de las personas yla personicacin de las cosas, es una demostracin

del talante rooso de los que desde el principio os-tentan una posicin social ventajosa, que por injusta,ven amenazada constantemente. El inters individualllevado a su mxima expresin desconoce que los se-res humanos, antes que competidores y maximizado-res natos, somos seres sociales que hemos logrado lasubsistencia gracias a la posibilidad de interactuar enel marco de acciones de ayuda mutua, de solidaridad,de desprendimiento y simpata por los semejantes.

El individuo no es anterior a la sociedad, como unaespecie de tomo social primigenio, sino que, comoresultado de la interaccin con sus congneres, es pro-ducto de la convivencia con los otros, de la utilizacindel trabajo colectivo para garantizar la subsistencia dela especie. En la sociedad actual, el ensalzamiento dela competencia que realiza la derecha, obviando lasdierencias derivadas de las articiales inequidadessociales, es apenas un darwinismo social cercano alascismo.

Ser de derechas en una sociedad que ha hecho dela poltica la mampara de la exclusin y la violenciaocial que ha convertido la participacin electoralen una arsa montada para mantener las estructurasde poder, que ha reducido el ejercicio de la ciudada-na a la impotencia del consumidor de programas degobierno, que ha auspiciado la repeticin inveteradade los mismos dirigentes, miembros de las mismasamilias que han dominado el ejercicio del poder

http://leosatira.blogspot.com/



28/56

durante toda la vida republicana del pas, es unaposicin cmplice con el nepotismo, el clientelismoy la eliminacin sica de los contendores polticos.

La poltica de derechas es violenta en grado sumo,es inescrupulosa cuando se trata de rearmar susprivilegios, es tendenciosa y asesina, es manzanilleray corrupta en el poder.

Ser de derechas en una sociedad que sacraliza lapropiedad privada, que azuza la acumulacin irra-cional de bienes, que incita a la destruccin de labiosera para satisacer el an codicioso de los ricosde siempre, es desconocer que la sostenibilidad am-

biental es un problema de todos y que el an de lucroy la garanta de la propiedad privada de los bienesno puede ir contra el bienestar general ni contra laperdurabilidad de la vida en el planeta.

Ser de derechas en una sociedad que construye lamoralidad desde una ptica pacata y esquizornica,que aplica un rasero hipcrita para los vicios perso-nales rente a los errores ajenos, que pontica sobrela decencia y el decoro para luego solazarse en las

bacanales del despilarro y la destruccin de la dig-nidad humana, es la actitud del timorato, del beatnque piensa que la elicidad individual se construye aexpensas del bienestar del otro, que se es eliz con conla inelicidad del otro.

Ser de derechas en una sociedad donde la cultura se vive como unejercicio de ostentacin de las minoras privilegiadas, donde el cine yla literatura, donde la msica y la pintura, donde el arte en general, sesecuestra en las galeras encopetadas de los ricos de turno, y celebrarese arte excluyente y sectario, alabar esa cultura que se vive como unejercicio de distincin aristocrtica, cantar loas a la sensibilidad y albuen gusto de los constructores de esa misma cultura, es endogamiaartstica, es desprecio por la riqueza de la produccin social de reerentessimblicos mas all del buen gusto burgus.

Ser de derechas en la academia es construir una imagen de neutrali-dad y correccin poltica que invita a la narcolepsia de los estudiantes, a laridiculizacin de los disidentes y al desprecio de las teoras y autores quepueden aportar una visin ms amplia de la realidad social. La neutrali-dad tendenciosa de la derecha se envuelve en un halo de respetabilidad

El inters individualllevado a su

mxima expresindesconoceque los sereshumanos, antesque competidoresy maximizadoresnatos, somosseres sociales que

hemos logrado lasubsistencia graciasa la posibilidad deinteractuar en elmarco de accionesde ayuda mutua,de solidaridad, dedesprendimientoy simpata porlos semejantes.



29/56

Batalla de ideas

terica, se edulcora con las mieles de la sensibilidad intelectual y se sirvecon la sobriedad de la tranquilidad poltica, pero lo que se dispone parael consumo es una pcima de vindicta, de stira gratuita y mediocre

contra el disidente, una bazoa ermentada en el odio y la pretensin delinmovilismo social.

Ser derechas en una sociedad que ha construida una imagen de laamilia desde la caverna del moralismo ultramontano y que, con ello, hainstaurado una condicin ahistrica y cavernaria de las relaciones entrelos sexos, pero que, adems, ha ligado todo ello a la reproduccin de ladierencia y la jerarqua entre los gneros y la deensa de la propiedadprivada desde la herencia, es la orma mas expedita de cristalizar un mo-delo de sociedad excluyente e intolerante con las mltiples posibilidades

de asociacin amorosa en la vida de pareja.Ser de derechas en una sociedad que ha condenado de antemano la

protesta ciudadana y que ha conminado la participacin poltica a ladinmica electorera, en la que los gamonales y politiqueros de siemprehan construido sus eudos de poder para la reproduccin de su clientelapoltica en todos los niveles, es desconocer que la movilizacin ciudada-

na reivindicativa se desarrolla principalmente por loscanales de la protesta y la accin poltica de hecho: enla calle, en la plaza pblica, sin las cortapisas y ni los

corss de la tramoya partidista.Ser de derechas en una sociedad que condena la

violencia de los oprimidos, calicndola de terroris-mo, pero que permite, avala y celebra la violencia delos poderosos, a la cual considera como legtima ynecesaria para la conservacin del orden, es la ormaen la que se pretende esconder la esencia violenta delactual rgimen de reproduccin capitalista que hundesus garras en la estructura de poder estatal y paraes-tatal para asegurar la reproduccin de la ganancia yacallar los reclamos airados de los oprimidos.

Ser de derechas en este momento es ser el ulicode la injusticia, de la inequidad, de la desposesinviolenta, es ortalecer la estigmatizacin de las mi-noras; ser de derechas es pretender que todo cambiepara que todo siga igual, es alabar la inmovilidad deuna sociedad que tiempo ha demanda una transor-macin. Ser de derechas es no ser de izquierda.

El individuo noes anterior a la

sociedad, como unaespecie de tomosocial primigenio,

sino que, comoresultado de lainteraccin con

sus congneres,es producto dela convivencia

con los otros, dela utilizacin deltrabajo colectivopara garantizar

la subsistencia

de la especie.



30/56

Solucinpoltica

Vctimas y tierrasen Colombia

Sergio De Zubira Samper

Proesor Asociado

Departamento de Filosoa

Universidad de los Andes

Los anlisis sobre la reciente protesta agraria han subrayado suscausas econmicas y sociales, pero existe un mbito que pocodestacan los diagnsticos: la victimizacin de la poblacin campesina

en las ltimas dcadas. Adems de su reconocimiento como sujetos po-lticos, el campesinado y los trabajadores agrcolas estn expresando lashuellas proundas de su surimiento como vctimas. El patrn de aban-dono, despojo de tierras y desplazamiento orzado durante los ltimostreinta aos es determinante para comprender la actual lucha social enel campo colombiano. La condicin de vctimas centrales del conictoy de las polticas institucionales es condicin ineludible para abordar laproblemtica campesina en nuestro pas. La magnitud del dao moraly material tendr que ser reconocida por el Estado colombiano paraconstruir las bases seguras para la paz.

Algunas recientes investigaciones acadmicas y sentencias judiciales seorientan en la direccin de esta accin de reconocimiento de las vctimasy destacan la gravedad de la problemtica. La histrica sentencia T-025de la Corte Constitucional declar el Estado de Cosas Inconstitucionalen relacin con los derechos de las vctimas del desplazamiento orzado.Documentos de ONU, MOVICE, CODHES, CPDH, Comisin Co-lombiana de Juristas, Centro Internacional para la Justicia Transicional,Comisin Intereclesial de Justicia y Paz e investigaciones acadmicas(Garay, Barberi, Vargas, Bolvar, Snchez, Uprimny, Antequera, Forer,



31/56

Solucin poltica

Salinas, Safn) han llamado la atencin sobre lamagnitud y proundidad de los eectos en las vcti-mas de la poblacin campesina.

Determinaciones conceptualesEn el proceso de victimizacin es conveniente

establecer ciertas distinciones entre abandono, des-pojo y usuructo de tierras. El abandono es el actomediante el cual el propietario, poseedor o tenedortiene que desplazarse del lugar y dejarlo por la accinde una violencia sistemtica. El despojo es cuandolos agentes legales o ilegales aprovechan el entorno de

intimidacin para orzar a los campesinos a vendersus tierras o a transerir la propiedad a victimarioso testaerros. El usuructo es el tipo de relacin yutilizacin que hacen de las tierras los victimarioso terceros. Estas distinciones para subrayar que almomento del desplazamiento no necesariamentese ha producido el despojo de tierras y que siemprehay que indagar lo sucedido luego de la accin dedesplazamiento. Y que el usuructo se hace a veces de

manera legal, por ejemplo, macropoyectos producti-vos de carcter privado, y en otros casos a travs de laalsicacin y la ilegalidad.

Las investigaciones deben mostrar qu tanto des-pojo se materializ, qu tanto abandono se mantuvocomo tal, qu tanto usuructo de tierras abandonadasha habido a cargo de victimarios o terceros de buenao mala e? (Garay) en el trascurso del proceso de des-plazamiento. El patrn del desplazamiento orzadoen Colombia muestra la estructura de la propiedad yla violencia: concentracin, latiundio improductivo,inormalidad en relacin con la propiedad de la tierrae incremento del despojo entre 1998-2008. Escasa-mente el 22% de los campesinos que han sido despo-

jados de sus tierras cuentan con una escritura de supropiedad registrada y ms del 70% son meramenteposeedores o tenedores.

http://palosa.blogspot.com/



32/56

Caractersticas del abandono y despojoAproximadamente el 11% de la poblacin co-

lombiana es considerada como vctima, y de ese

porcentaje el 63% es poblacin joven, menor de 25aos. Lo que indica que las generaciones uturas lle-van la marca indeleble de la memoria de las vctimas.El proceso de victimizacin masiva en el mundorural contiene magnitudes alarmantes. Segn lospropios datos ociales se estima que entre 1980 y2010 se han abandonado y despojado cerca de 6,6millones de hectreas, lo que representa el 15,4%de la supercie agropecuaria del pas. El nmero de

hogares aectados es del orden de 434.000, los cualessuperan ms de dos millones de personas sometidasal despojo orzado de tierras. Un 40% es menor de15 aos y 45% tienen exclusiva direccin emenina.Segn CODHES e IDMC, ms de cinco millones decolombianos viven lejos de sus hogares por desplaza-miento orzoso.

El abandono y despojo de tierras se ha producido a travs del uso de la uerza. El prin-cipal actor desplazador son los grupos paramilitares con cerca del 40% de acciones entre

1980 y 2004. El 40% de los desplazamientos ha sido masivo (ms de 10 hogares simult-neamente) y el 28% grupal (entre 2 y 10 hogares). Un 82,9% de los hogares maniesta queabandonaron sus bienes rurales en el momento del desplazamiento y un 9% expresa quetuvo que entregarlos o venderlos de orma presionada. Ms del 30% aduce no tener ningnconocimiento sobre el destino actual de sus tierras despojadas.

Dos caractersticas son de ndole dramtica. La primera, las tierras despojadas eran debuena o aceptable calidad, con agua, cultivables y en tierras planas. La segunda, no todoel campesinado era pobre antes del desplazamiento, ya que el 51% se consideraba pobre ytan slo el 31% en niveles de indigencia; luego del desplazamiento los hogares padecen unnivel de pobreza del 97% y de indigencia del 78%.

La Comisin de Seguimiento ha intentado evaluar los daos materiales e inmaterialesen los 30 aos y ha tasado los daos econmicos en $80 billones y los daos morales en$164 billones. Una cira de $244 billones que se acerca al 35% del PIB colombiano. Lamagnitud y proundidad de la victimizacin rural exige unas polticas pblicas de largoaliento para arraigar la paz en Colombia.



33/56

Solucin poltica

Hacia una poltica pblicaLa magnitud, persistencia y proundidad del

proceso de despojo de tierras en Colombia imponen

grandes desaos a las polticas pblicas para enrentarla victimizacin masiva. El Estado y la sociedad tienenque tomar la decisin sobre qu proporcin del dao,cmo y en qu periodo de tiempo se va a reparar a lasvctimas de los territorios agrarios. Tenemos que avan-zar hacia una economa poltica de la memoria y lareparacin. El destino de la reconciliacin colombianapasa por polticas razonables de justicia restaurativacon las vctimas campesinas, indgenas y arodes-

cendientes. La mayora de los hogares despojados odesplazados son de la anterior procedencia.

Los retos para instaurar una poltica pblica ren-te a estos millones de compatriotas son complejos yexigentes. La primera condicin es el reconocimientode responsabilidad por parte del Estado, comprendida

como la consecuencia derivada del incumplimiento deuna obligacin preexistente, ya que tiene la obligacin imperativa de garantizar los de-rechos humanos. Adems, porque el reconocimiento de responsabilidad estatal es, en s

mismo, una parte undamental de la reparacin integral. Los tribunales internacionalesy domsticos que interpretan los instrumentos internacionales contentivos del derecho ala reparacin lo undamentan en el reconocimiento o la declaracin de responsabilidad(Lozano, C.). Por lo menos en tres mbitos es necesario sustentar esta poltica de restaura-cin y reparacin de las vctimas: la memoria desde las vctimas, la dimensin poltica y elmbito jurdico.

Memoria y vctimasEl deber de la memoria exige crear una cultura de la memoria desde las vctimas.

No cualquier memoria, ni historias ociales, sino aquella que otorga la autoridad delas vctimas. Para Reyes Mate, cuatro son los motivos que les otorgan esa autoridad. Elprimero, asumir que el pasado de las vctimas orma parte ahora de nuestro presentecolectivo. El segundo, aceptar que de la historia hay dos lecturas dierentes. Lo que paraunos es progreso, para otros es catstroe. No coincide la historia de los vencedores conla de los oprimidos. Tercero, el valor incuestionable de los testigos y el testimonio directo.Cuarto, una invitacin a repensar la extensin de la responsabilidad, porque no slo somosresponsables de lo que hacemos como individuos, sino tambin del dao causado al hom-bre por el otro hombre. Esta ampliacin de responsabilidades se explica por la naturalezamisma de la memoria moral. En su reciente discurso ante la ONU, Jos Mujica, presidente




34/56

de Uruguay, lo plantea de orma magistral: los indi-gentes no son de rica o Amrica Latina, son de lahumanidad toda.

La memoria recobrada en relacin con violacionesde los derechos humanos tiene eectos reparadores entrminos de verdad, justicia y no repeticin. La posibi-lidad de la verdad individual y colectiva es condicinineludible de toda orma de justicia transicional. Lasvctimas tienen derecho a esa verdad como reelabora-cin colectiva sobre ese pasado traumtico. La justiciadeja de ser un asunto exclusivamente penal y se expe-rimentan ormas de justicia correctiva y restaurativa.

El compromiso de no repeticin abre el horizonte dela esperanza y la paz, porque lo reparador conllevatambin lo transormador.

La poltica de reparacin tiene que atender todaslas acciones que logren el orecer de las memorias delas vctimas: apoyar una cultura de la memoria, comi-siones de la verdad, tribunales, lugares de la memoria,

juegos para la memoria, testimonios, imgenes, inter-venciones arquitectnicas, medios de comunicacin,

discursos, investigaciones para la memoria, etc. Es elcaso de iniciativas llevadas a cabo por las propias vcti-mas, tales como el Tribunal de la Memoria, el Catrasto

Alternativo de Despojo de Tierras, los Centros Localesde Memoria Histrica, actividades perormativas derecordacin, pedagogas locales de la memoria, elabo-racin y promocin de propuestas de la Comisin dela verdad sobre la persecucin sindical, conservacinde archivos con propsitos de evitar la impunidad eimplementacin de Comisiones de EsclarecimientoHistrico (Vargas, F.).

Reparacin poltica y judicialEn Colombia la memoria de los sobrevivientes

tiene necesaria relacin con las transormaciones po-lticas por las cuales ueron victimizados. Sus luchasy las promesas quebrantadas tienen un claro con-tenido poltico, porque ueron por transormar lasinjusticias econmicas, sociales, polticas y culturales

En Colombia lamemoria de los

sobrevivientestiene necesariarelacin con las

transformacionespolticas por las

cuales fueronvictimizados.Sus luchas y

las promesasquebrantadas

tienen un clarocontenido poltico,

porque fueronpor transformar

las injusticiaseconmicas,

sociales, polticasy culturales de

la sociedadcolombiana. Fueron

victimizados poroponerse a algnaspecto del statu

quo. La superacindel olvido es laprimera condicin

para volver arecuperar el

contenido de sushorizontes polticos.



35/56

Solucin poltica

de la sociedad colombiana. Fueron victimizados por oponerse a algn aspectodel statu quo. La superacin del olvido es la primera condicin para volver arecuperar el contenido de sus horizontes polticos. Un caso emblemtico es el

genocidio de la U.P., porque no slo ueron masacrados sus militantes, sinotambin su proyecto poltico. Fue este tal vez el movimiento que ms relev, enla dcada del ochenta del siglo XX, la necesidad de una Asamblea Constituyen-te para transormar de raz la moribunda Constitucin de 1886.

La reparacin de las vctimasde las tierras ser el reconocimien-to como sujetos polticos y de lasidentidades de los campesinos,indgenas y arodescendientes de

nuestro pas. En su concienciasocial emerge la necesidad detransormar el modelo impuestode desarrollo rural y la esperanzade reconstruir la vida en el camporespetando la vida, la diversidad yla naturaleza.

Los desaos jurdicos paraconsolidar una poltica pblica

tambin son enormes. Empiezancon la concepcin jurdica de lavctima, que en ciertas ormu-laciones actualmente existentes(Ley de Justicia y Paz) excluyen laspersonas que han sido victimizadaspor el Estado y consideran vctimasa los miembros de las uerzas armadas, continuando con la delimitacin de losderechos sustantivos y procesales de las vctimas. Tambin tendremos que postu-lar judicialmente la progresividad del registro de vctimas, el papel de los juecesagrarios, hacer eectiva la inversin de la carga de la prueba, decretar medidascautelares, la aplicacin de la buena e exenta de culpa, el carcter transicional delprocedimiento, entre muchos otros aspectos. El debate apenas se inicia, pero lamemoria de las vctimas exige todo el cuidado de la sociedad.




36/56

Solucinpoltica

La cuestin agraria:Entre la guerra y la paz

Jos Honorio MartnezProesor Departamento de Ciencia Poltica

Universidad Nacional de Colombia

En Colombia viene teniendo lugar el desenvolvimiento unaintensa disputa entre diversos sectores sociales y polticos yel gobierno de Juan Manuel Santos en torno a la poltica agraria y elmodelo de desarrollo econmico. Tal antagonismo se ha hecho patente

en los dilogos de La Habana, en los recintos parlamentarios y en lasplazas, parques, vas, calles y carreteras del pas. En el transcurso delltimo ao los paros y movilizaciones agrarias se han multiplicado ypreludian un curso convergente para el inmediato uturo. Actualmente,el debate sobre la problemtica agraria es la discusin ms importante enel escenario poltico y de sus salidas depende en gran medida el procesode paz y el uturo del pas.

La poltica agraria del gobierno Santos ha sido uertemente cues-tionada por la insurgencia en el marco de los dilogos de La Habana,por el movimiento campesino recientemente expresado en el paro na-cional agrario y popular promovido por organizaciones como la MesaNacional Agropecuaria y Popular de Interlocucin y Acuerdo (MIA),el Consejo Nacional Agrario (CNA) y las dignidades agrarias y por lamayor parte de los gremios agroindustriales damnicados con la entradaen vigor de los tratados de libre comercio (TLC), lecheros, cebolleros,caeteros, cacaoteros, arroceros, papicultores, paneleros, entre otros.

Adicionalmente, anuncios ociales como la actualizacin catastral y elreajuste de los impuestos prediales rurales han generado un duro recha-zo por parte de los terratenientes agrupados en Federacin Colombiana



37/56

Solucin poltica

de Ganaderos (Fedegan). No todas las crticas a lalabor del gobierno en materia agraria discurren en elmismo sentido; algunas, como las del ex presidente

Uribe, se proyectan a la deensa de la estructura lati-undaria de la tierra y el oportunismo electoral.

En el debate agrario conuyen viejos problemas,como la concentracin y subutilizacin de la tierra,con problemas ms recientes, como el desmantela-miento institucional del sector, el copamiento delmercado interno por parte de las transnacionales, laerosin de la economa campesina, el elevado costode los insumos agrcolas, la prdida de la soberana

alimentaria y el despojo territorial propiciado por elmodelo extractivista. Las soluciones a estos diversosproblemas reclaman la modicacin de las estructu-ras sociales y econmicas vigentes en el campo. Sinembargo, lo que se viene produciendo por parte delGobierno, es el ortalecimiento de las lneas maestrasde la poltica agraria neoliberal.

La rearmacin de dicha poltica se ha visto ex-plicitada recientemente a travs de varias acciones

gubernamentales como la aprobacin de un sustantivorecorte presupuestal para la cartera de agricultura enel ao 2014, la negativa al reconocimiento de la zonade reserva campesina del Catatumbo, la represin ejer-cida sobre la protesta agraria y popular, la caprichosadeensa de los TLC, la celebracin de un pacto agrarioexcluyente, el nombramiento del gerente de Indupal-ma, Rubn Daro Lizarralde, como nuevo ministro deagricultura, la persistencia gubernamental en tramitarla legalizacin del despojo de tierras, la renuncia dealtos uncionarios del Incoder comprometidos conel proceso de restitucin de tierras y el empuje de lalocomotora minera sobre los territorios. Es decir, elGobierno ha respondido al movimiento de protestaacentuando el desenvolvimiento de su poltica. Enlas lneas siguientes se comentarn tres aspectos queresultan cruciales en la discusin agraria: son ellos, losTLC, el presupuesto para el sector agrario y la polticade tierras.




38/56

La necesidad de frenar los TLCUno de los temas centrales del pulso

agrario en curso es la revisin y renegociacin

de los TLC. La pauperizacin que enrentancampesinos y pequeos y medianos produc-tores agrarios es el resultado de una prolon-gada poltica de apertura comercial, la cualse intensicar con la avance de los mismos.

La consecuencia inmediata de los TLC,y en particular del suscrito con EstadosUnidos, no puede ser otra que la destruc-cin de la magra produccin campesina y

agroindustrial. El PIB estadounidense es122 veces ms grande que el colombiano,el PIB agropecuario es 15 veces mayor, lasupercie cultivada es mayor 26 veces, lacapacidad exportadora es 20 veces mayor,y algo similar acontece en materia tecno-lgica. A esto hay que agregar la colosaldimensin de los subsidios y apoyos querecibe la agroindustria norteamericana.

Las abismales dierencias entre una eco-noma y otra hacen prever que la precariaeconoma colombiana ser engullida por lastransnacionales gringas. En estos trminos,la suscripcin del TLC es una declaracinde guerra contra el campesinado, e inclusocontra la agroindustria local1.

El avance de la globalizacin neoliberal ha acentuado la disolucin del campesinadoreduciendo sustancialmente sus posibilidades de existencia y convirtindolo en proleta-riado precarizado o ejrcito de reserva. Una poltica orientada a la deensa de su existenciaimplica necesariamente la denuncia de los Tratados de Libre Comercio. En el marco de laliberalizacin comercial las posibilidades productivas para el campesinado y los pequeosy medianos productores agrarios son extremadamente limitadas. Dicho contexto proveelas condiciones para que las luchas agrarias se conviertan en el pan de cada da, con laparticularidad de que la dispersin sectorial y regional tender necesariamente a unicarsecon el propsito de poner n a todo aquello que es contrario a sus intereses.

1 Para ampliar sobre las graves consecuencias que sobrevendran para la agricultura colombiana con la rmadel tratado se puede consultar el texto: Impactos del TLC con Estados Unidos sobre la economa campesinacolombiana, elaborado por Luis Garay y otros autores, ILSA Bogot 2009.

Lo que sugiere elmantenimiento del diseo

presupuestal vigentea lo largo de muchasdcadas es una profundainconsistencia entre losdichos y los hechos:se habla de paz, peroslo hay recursos parala guerra. La paz no se

construye con retricani puede convertirse enuna bandera electoral,la paz es un reclamogeneralizado de lasociedad que requiereuna concrecin efectivamediante la disposicinde los recursos quedemanda la solucin delos numerosos problemassociales del pas.



39/56

Solucin poltica

El presupuesto para el sectoragrario y la bsqueda de la paz

El recorte del presupuesto para el sectoragrario en cerca de un 40% y su magnitud

de menos de un billn de pesos para el ao2014 contrasta atdicamente con la des-tinacin de 44 billones para el pago de losservicios de la deuda pblica y cerca de 30billones para el sector deensa; contradicetambin el discurso sobre el amparo de losderechos de los desplazados, las vctimas yla bsqueda de la paz. Ser posible la pazen el campo, cuando el presupuesto para laguerra es 30 veces mayor que el destinadoa la agricultura? A menos que se piense enuna paz de los sepulcros, la respuesta es no.

La distribucin presupuestal del gastopblico ilustra ehacientemente cules sonlas pretensiones y propsitos undamenta-les del Gobierno. Siendo congruente conla idea de sentar las bases para una pazestable y duradera, ste tendra que situarel gasto social como prioridad undamental

de su gestin. Lo que sugiere el manteni-miento del diseo presupuestal vigente a lolargo de muchas dcadas es una proundainconsistencia entre los dichos y los hechos:

se habla de paz, pero slo hay recursos parala guerra. La paz no se construye con re-trica ni puede convertirse en una banderaelectoral, la paz es un reclamo generalizadode la sociedad que requiere una concrecineectiva mediante la disposicin de losrecursos que demanda la solucin de losnumerosos problemas sociales del pas.

Sin recursos para nanciar los gastosdel sector agrario es imposible consolidarsus instituciones, nanciar las obras queel campo requiere, garantizar crditos a laproduccin, brindar asistencia tcnica e in-vertir en investigacin; en n, sin recursosacordes a la dimensin de los problemasrurales es imposible desarrollar una polticaagraria coherente con el deseo abrir el cami-no hacia la paz.




40/56

La tierra pal que la trabajaLa decisin gubernamental de deender los intere-

ses de los despojadores y acaparadores de baldos en

la Orinoqua es muy signicativa sobre la concepcinprevaleciente en materia de tierras. En momentos queel campesinado reclama el acceso a tierras, aquellasque legalmente les pertenecen son tituladas a em-presas que ocian, la mayor parte de las veces, comorentistas y especuladores de la tierra. Mientras ellatiundismo dicte su ley y sus intereses sean tan celo-samente cuidados es inconcebible que el pas transitehacia la paz. Todas las investigaciones y estudios so-

bre la estructura de tenencia de la tierra en Colombiacoinciden en conrmar que la tierra est concentraday se encuentra subutilizada; sin embargo, la accingubernamental se muestra pusilnime a la hora decorregir las injustas condiciones prevalecientes enesta materia.

Las recientes denuncias de parlamentarios delPolo Democrtico Alternativo (PDA) sobre el acapa-ramiento de baldos dan cuenta de que las aristcra-

tas amilias terratenientes prosiguen imponiendo susintereses, contando para ello con notable presencia enel gabinete gubernamental. Qu modicacin de laestructura latiundaria puede esperarse cuando el ga-binete ministerial est compuesto por terratenientesy rentistas de la tierra?

La exigencia de tierra para quien la trabaja sigueestando vigente, aunque acompaada de ormas deempoderamiento poltico que les permitan al cam-pesinado y a los trabajadores del campo resistir lasagresiones de los grandes poderes monoplicos y delrancio latiundismo local.

El camino de la movilizacinLas grandes movilizaciones populares producidas

en agosto y septiembre lograron sentar al ejecutivo endiversas mesas de dilogo y negociacin con alcancesectorial, regional y nacional. Queda por verse hastadnde y qu est dispuesto a conceder el Gobierno.

El recorte delpresupuesto para

el sector agrario encerca de un 40%y su magnitud demenos de un billn

de pesos para elao 2014 contrastafatdicamente con la

destinacin de 44

billones para el pagode los servicios dela deuda pblica y

cerca de 30 billonespara el sector

defensa; contradicetambin el discursosobre el amparo de

los derechos de losdesplazados, las

vctimas y la bsquedade la paz. Ser

posible la paz en elcampo, cuando elpresupuesto para

la guerra es 30veces mayor queel destinado a la

agricultura? A menosque se piense en unapaz de los sepulcros,

la respuesta es no.



41/56

Solucin poltica

El paro agrario demostr que el campe-sinado sigue siendo un actor social con unaconsiderable capacidad de movilizacin e in-

cidencia poltica, al punto de constituirse enel pivote articulador de la protesta popular enColombia. La ortaleza que alcanz la movi-lizacin ue el resultado de varios actores: eldescreimiento acumulado por el campesina-do ante el incumplimiento de acuerdos pre-tritos, la solidaridad concitada por la brutalviolencia ejercida por los aparatos represivos,la indignacin generalizada ante la abstrusa

episteme presidencial negadora del conictoy, sobre todo, de las legtimas aspiracionesdel campesinado por llevar una vida dignaen condiciones de justicia social.

Uno de los logros ms importantes delmovimiento ue el de desnudar la poltica yla estrategia gubernamental, de modo queun gobierno que inici su mandato mani-estando que su prioridad era resarcir a las

vctimas del conicto armado se apresta analizarlo teniendo como nico soporte lauerza de las armas. Esto ue lo que qued raticado con la orden dada por el presidente

Santos de militarizar las calles y carreteras el30 de agosto, y es lo que se proyecta con laaprobacin de nuevos decretos dirigidos a le-galizar el uso arbitrario de la uerza contra laprotesta social. Un Estado dedicado a hacerla guerra durante dcadas, no dispone msque de la uerza bruta para imponerla a quie-nes reclaman el cumplimiento de derechos oexpresan su inconormismo.

En las determinaciones polticas delGobierno sobre la problemtica agraria seest dirimiendo en gran medida la disyun-tiva entre la guerra y la paz: los movimien-tos campesinos, agrarios y populares yaexpresaron su opcin por la paz, ahora letoca al Gobierno.






42/56

Luc

haspopulares

Declaracin poltica de la

Cumbre Nacional Agraria,Campesina y Popular

Con el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y Popular,

en el que nos movilizamos millones de personas a lo largoy ancho del pas, hoy nos reunimos para lanzar la Cumbre NacionalAgraria, Campesina y Popular. Nos encontramos miles de hombres ymujeres, lderes de diversos sectores populares, para compartir reexio-nes sobre los logros de la reciente movilizacin y para contribuir a ladenicin de las rutas de encuentro para avanzar en la unidad del movi-miento popular colombiano.

El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para el mo-vimiento social colombiano, en especial para los sectores campesinos,

indgenas y aros. El Paro representa la movilizacin ms importante ycontundente de los ltimos aos en el pas. Podemos decir con orgulloque por primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los campesinoslogramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de convoca-toria para deender nuestra dignidad y nuestros derechos.

Durante 24 das nos hemos movilizado en veintids (22) departa-mentos del territorio nacional, para expresar nuestra inconormidad porlas polticas de despojo y desigualdad que se han lanzado contra los mshumildes. A la vez, hemos puesto en discusin democrtica una serie deexigencias, propuestas y soluciones, recogidas en diversos pliegos querecogen nuestros planteamientos.

Como el pas y el mundo bien lo saben, la respuesta del Gobiernoa nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el excesivouso de la uerza contra civiles desarmados. Frente a nuestros pliegos y

justas demandas, el Gobierno respondi con la detencin de nuestroslderes, con la militarizacin de los campos y las calles, y dndole un tra-tamiento de guerra a la justa protesta social. La represin gubernamentaldeja un saldo desolador, que incluye la prdida de 12 vidas humanas, 4personas desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos



43/56

Luchas populares

individuales y colectivos en todo el pas, 262 detenciones arbitrarias,485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de uego, 52 casosde hostigamientos y amenazas contra los maniestantes y lderes sociales

y 51 casos de ataques indiscriminados a la poblacin civil en dierentesdepartamentos del pas.

El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la crisis delcampo y del pas en general generada por polticas que han empobrecidoen especial a la poblacin rural. Los gobiernos de turno han impulsadoun modelo econmico diseado para avorecer a terratenientes, ganade-ros y empresas transnacionales, desconociendo a las grandes mayorascampesinas, indgenas y aro. Se han impulsado acuerdos de libre co-mercio que han acilitado la importacin de productos subsidiados que

han quebrado a los pequeos productores colombianos. Se ha puestoen marcha una poltica de impulso a la gran minera transnacional queha despojado a comunidades, que ha golpeado a los pequeos mineros,que ha acaparado el agua en las regiones y ha contaminado nuestrosterritorios.

Como si uera poco, el Gobierno persigue a los cultivadores que guar-dan sus propias semillas para su produccin, amenazando gravementela soberana y autonoma alimentaria nacional, y avoreciendo a losgrandes monopolios globales que controlan las semillas y los insumos.

Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avan-zar hacia una poltica de reorma agraria integral que reconozca los te-rritorios colectivos indgenas y aro, que dote de la tierra y territorialidadnecesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latiundios quehan concentrado la mayor parte de la tierra cultivable. Tambin plan-teamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo, quehan legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiacinindebida de baldos y los ttulos de tierras alsos auspiciados por notariosespurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria, insisti-mos en la necesidad urgente de implementar medidas y acciones rente ala crisis de la produccin agropecuaria, que incluyan el desmonte de laspolticas de libre comercio, la anulacin de los Tratados internacionalesque aecten a los productores nacionales y el avance hacia una integra-cin justa y solidaria entre los pueblos de Amrica Latina y el mundo.

En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que recogennuestras propuestas para el campo colombiano. Exigimos tierras para lospueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenenciade la tierra, reconocimiento del territorio y la territorialidad campesinos.Lo anterior slo se lograra con la adjudicacin y dotacin de tierras a



44/56

los campesinos, indgenas y arocolombianos. Lacompra directa de tierras en cantidad suciente y debuena calidad y la titulacin inmediata de las tierras

baldas que ocupan los campesinos que cumplen losrequisitos para ser adjudicatarios. Tambin exigimosque se declaren nulas las compras masivas de tierrasque han hecho empresas nacionales y extranjerasviolando la ley 160 de 1994. Detener la poltica deextranjerizacin de tierras y detener la reormulacindel tamao de la Unidad Agrcola Familiar (UAF) y,en todo caso, no disminuir la extensin que actual-mente est denida.

Exigimos que el Estado je precios de sustentacinpara la produccin campesina, que se garantice unaremuneracin eectiva a los

Documents

izq38_webdef