ISSN 0123-2894 Circulación nacional

560JUNIO 2016

Edición

55 añosACORE

PATRIA - UNIÓN - PROGRESO

55 añosACORE

EDITORIAL

Conversatorio sobre mecanismos de refrendación frente a los acuerdos pactados con las Farc

“En La Habana se está sustituyendo la Constitución”: Carlos Holmes Trujillo

Por: Redacción periódico ACORE.

La sustitución de la Constitución vía comunicado de prensa desde La Habana es el más reciente desatino de la mesa de diálogos entre el Gobierno y las Farc.

Así lo dio a entender Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial por el Centro Democrático, durante el conversatorio ‘Posibles mecanismos de refrendación frente

a los acuerdos pactados con las Farc’, el cual se realizó recientemente en la sede nacional de ACORE.

Esta polémica tesis fue secundada por el abogado Óscar Ortiz, uno de los gestores de la llamada séptima papeleta que propició la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, quien fue uno de los conferencistas invitados al trigésimo noveno conversato-rio que realiza la Asociación. Pasa página. 9

Contundente respuesta a la Corte Constitucional

¡No! de ACORE a “blindar Acuerdo General con el DIH” Continuamos por el

camino correctoUn ¡no! rotundo a la posibilidad de blindar a la luz de derecho internacional humanitario los acuerdos a que lleguen en La Habana el Gobierno y las Farc, respondió la presidencia nacional de ACORE a una petición formulada por la Corte Constitucional.

En la misiva, también se preguntaba a la Asociación acerca de su posición frente a la competencia de la Corte Constitucional sobre acuerdos de paz, funcio-nes del Congreso de la República respecto a estos mismos acuerdos y los mecanismos de participación ciudadana para su refrendación. Pasa página. 18

Por: Coronel (RA) Manuel José Santos Pico

Uno de los grandes problemas irresueltos, según Francisco de Roux en su columna de El Tiempo del 5 de mayo pasado, es que “las bacrim desbordan la delincuencia organizada y se expresan como paramilitarismo, apoyado en fracturas marginales del Estado, capaz de parar

territorios y matar a defensores de derechos humanos y de la tierra”. Esta afirmación no es más que el planteamiento equivocado de un problema de seguridad nacional, que se repite por algunos colombianos con intereses no muy claros, al sindicar a miembros del Estado como “fracturas marginales”, expresión imprecisa que da para todo, incluso para “matar a defensores de derechos humanos”. Pasa página. 6

ACORE presente en nuevos escenarios internacionales en defen-sa de nuestra legitimidad y dignidad institucional.

Excelente oportunidad para denunciar la guerra política, ju-rídica y mediática de que son víctimas nuestras instituciones militares y policiales.

En nuestra condición de nuevos agentes consultores de la Organización de Estados Americanos (OEA), haremos presen-cia en importantes escenarios de carácter internacional, junto con distintas organizaciones pertenecientes a 35 países de nuestro continente.

Para esta participación, la Asociación ha recibido invitación formal del Consejo Permanente de este organismo, para asistir al Cuadragésimo Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se celebrara en Santo Domingo, República Dominicana, del 12 al 15 de junio del pre-sente año. Pasa página. 3

El futuro del paramilitarismo en Colombia

24 de junio Hotel Crowm TequendamaSalón esmeralda piso 112 m

DIA DEL PADRECELEBRACIÓN ALMUERZO ACORE

2 junio de 2016

Sabía ustedEl undécimo principio de la guerra

El undécimo principio de la guerra es la opinión pública. Cuando estaba en su furor la guerra de Vietnam se entroni-zó en este puesto, destronando el principio que se había funda-mentado en la II Guerra Mundial, es decir el poderío aéreo. Los diez principios iniciales son: masa, maniobra, unidad de mando, secreto, sorpresa, se-guridad, sencillez, economía de fuerzas, objetivo y ofensiva.

Cada principio es un tratado pero vamos dilucidar el moder-

no, la opinión pública, dentro del marco de las negociaciones de La Habana. Indudablemente nuestro presi-dente Juan Manuel Santos tiene la opinión pública en contra a sus diálogos de paz en La Habana.

No se está en contra de la paz, sino que como columnista de opinión estamos analizando esta negociación dentro del marco de los principios de la guerra. Por ejemplo, la ne-gociación de paz en París

para poner fin al conflicto de Vietnam fue desastrosa para los Estados Unidos; ganaron todas las batallas en el campo de com-bate pero perdieron la guerra en la mesa de negociaciones de la capital francesa; Henry Kissinger se ganó el Nobel de la Paz mientras los integran-tes de las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur (70 mil, entre suboficiales, oficiales y solda-dos profesionales) sufrieron una muerte lenta porque los obligaron a punta de bayoneta a construir un canal en una zona cenagosa y todos murieron en

los temibles campos de concen-tración o en la cárcel.

De todas maneras, la negociación se firmó a pesar de la oposición de los militares estadouniden-ses porque tenía el gobierno la opinión pública en contra de la guerra y exigía una firma de paz sin importar que fuera vergon-zosa. La retirada del Águila se denominó a ese abandono de su aliado Vietnam del Sur. En esa guerra y las subsiguien-tes, el principio de la guerra de la superioridad aérea fue

derribado: la fuerza aérea Estadounidense bombardeaba la ruta Ho Chi Min, principal flujo logístico para la guerra en Indo China, y por la noche la reconstruía el Vietcong, conti-nuando el flujo de pertrechos. La contra ofensiva del Tet que inicio con una victoria inicial del Vietcong, que terminó en una derrota aplastante con la repuesta Norteamericana, la volvieron un logro político a través de la propaganda; por ejemplo, cuando recuperaron la segunda ciudad de Vietnam, quedo herido el Comandante de un Batallón de Infantes de Marina y pasó lo que se llamó “el grito que se oyó en toda Norteamérica”, porque lo saca-ron herido y los noticieros di-fundieron la noticia. Por eso el gobierno está hacien-do una propaganda a favor de los diálogos de La Habana, pero el problema principal es la desconfianza; que nos pase como en Vietnam que una mi-noría muy activa y combativa se impuso en el país llevando a campos de concentración mons-truosos a sus ponentes los del Vietnam del Sur y no entregó a todo los pilotos estadouniden-ses prisioneros.

30 de junio al 2 de julio

- Caño cristalitos,- Caño piedra,- Finca tematica Vellouzia

Cano cristalesCano cristalesSegunda fecha: 04 al 07 julio

3Edición 560

NOTA: Los artículos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de ex-clusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados.La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.

Presidente: BG Jaime Ruíz Barrera.Directora: TC Rosa María Llovera Terradas.

Editor General: CO Jose Obdulio Espejo Muñoz.

Consejo de Redacción: CN Ricardo Alberto Rosero Eraso.CO Ricardo Mora González. CO Carlos Acosta Arévalo.Periodista Angela Romero Chinchilla.

Fundado en 1961

Calle 70 No. 4-24 -345 0511 www.acore.org.co

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PERIÓDICO Diseño Gráfico: Sandra Ximena Gallego Torres. Administración y logística: Leydi Liliana Romero.

Fotografía: Depto. Comunicaciones, Seccionales

Impresión: Editorial El Globo S.A.Dirección: Cl 25D Bis # 102 A - 63Teléfono: 42276200 EXT 1172 - 1178

Distribución: Uniexpress LTDADirección: Av Cra 9 No. 103-13Teléfono: 5236720/21

Editorial

Continuamos por el camino correctoACORE presente en nuevos escenarios internacionales en defensa de nuestra legitimidad y dignidad institucional.

Excelente oportunidad para denunciar la guerra política, jurídica y mediática de que son víctimas nuestras instituciones militares y policiales.

En nuestra condición de nuevos agen-tes consultores de la Organización de Estados Americanos (OEA), haremos presencia en importantes escenarios de carácter internacional, junto con dis-tintas organizaciones pertenecientes a 35 países de nuestro continente.

Para esta participación, la Asociación ha recibido invitación formal del Consejo Permanente de este organismo, para asistir al Cuadragésimo Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se celebrara en Santo Domingo, República Dominicana, del 12 al 15 de junio del presente año.

Este importante compromiso será la oportunidad para abrir nuevos espacios de intercambio y cooperación entre dife-rentes organizaciones de la sociedad civil y los estados miembros que conforman este organismo de carácter regional.

Para este propósito, se ha venido prepa-rando una agenda consultada con las 18 asociaciones del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las FF.MM. y la Policía Nacional pertenecientes a la Mesa de Trabajo Permanente, sobre temas de interés institucional y as-

pectos relativos a seguridad y defensa

nacional.

De manera prioritaria y en coordinación con la

Defensoría Militar, entidad que igualmente ostenta su condición

de agente consultor, se pretende en esta asamblea discutir priorita-

riamente temas relacionados con la se-guridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública, con el ánimo de impul-sar eventuales acuerdos de cooperación para la defensa de sus derechos en dis-tintas instancias internacionales.

Sobre este particular, se dará a conocer la guerra política, jurídica y mediáti-ca que están enfrentando nuestras ins-tituciones castrenses y policiales por causa del conflicto armado que registra el país desde hace varias décadas; seña-lando la activa participación de distintas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras (ONG), en una persistente y sistemática campaña de intimidación y desinformación, en la cual se formulan graves imputaciones sin pruebas ni sustentación jurídica al-guna, sobre supuestas violaciones a los derechos humanos.

Dentro de este tema, habrá que explicar lo que se pretende con esta campaña difamatoria, que no es otra cosa que in-tentar demostrar en forma tendenciosa y sin fórmula de juicio ante la comuni-dad internacional, la existencia de “una supuesta doctrina de seguridad nacio-nal de origen norteamericano”, apli-cada particularmente por el estamento militar colombiano, orientada hacia la

persecución sistemática de los distintos movimientos socialistas, progresistas y corrientes neocomunistas que actúan en nuestro país. Habrá que denunciar también la intensa actividad desa-rrollada en este campo por el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC) o PC3, que no es otra cosa que el brazo político “invisible” con que cuen-ta la organización narcoterrorista Farc para conducir este tipo de acciones en forma clandestina, advirtiendo que esta organización, constituye una formidable máquina de guerra política para infiltrar las distintas instituciones del Estado (rama ejecutiva, legislativa y judicial) y organizaciones sociales que sean de su interés político (gremios, sindicatos, uni-versidades, entre otras).

Dentro de esta misma agenda, también se han preparado estos otros posibles temas que pudieran ser motivo de dis-cusión o de interés para los partici-pantes: 1. Alternativas procesales para miem-bros de la Fuerza Pública. a. Fuero y justicia penal militar y policial vigente.b. Justicia transicional y Jurisdicción Especial para la Paz.c. Justicia ordinaria y su aplicación ac-tual.d. Tribunales internacionales en busca de garantías procesales por denegación de justicia.e. Otras alternativas posibles dentro de la legislación interna del país. 2. Proceso de negociaciones en La Habana y sus efectos en la estabilidad democrática del país (dudas y preocupa-ciones). a. Exceso de concesiones: ¿Se negocia dentro de la Constitución o por fuera de sus preceptos?b. Desarme y desmovilización:- ¿Entrega total y verificable de las armas con que cuentan?- ¿Cese real y efectivo de toda actividad criminal?- ¿Entrega de bienes y recursos asocia-dos con hechos delictivos?- ¿Desmovilización o reintegro de sus

organizaciones delictivas como un sim-ple cambio de brazalete o etiqueta?c. Territorios de Paz:- ¿Utilización de Zonas de Reserva Campesina con autonomía especial sin mayor control por parte del Estado?- ¿Plena garantía para el respeto a la propiedad privada?- ¿Coincidencia con zonas de influencia donde han desarrollado minería ilegal y narcotráfico para ejercer un control te-rritorial?d. Refrendación Popular:- ¿Plebiscito, constituyente o acuerdo con características de tratado interna-cional?- ¿Se omitirá esta refrendación por no considerarse de obligatoriedad jurídica y legal? 3. Situación actual del proceso de nego-ciaciones con las Farc y el ELN.- Agendas previstas para estos procesos.- Aspiraciones gubernamentales.- Logros alcanzados, salvedades y otros temas por resolver. 4. Fuerzas Militares y Policía Nacional en el posacuerdo o posconflicto.- ¿Hasta qué punto desaparece o dis-minuye la amenaza?- ¿Qué tipo de transformaciones requiere la Fuerza Pública para cumplir su misión constitucional y enfrentar nuevas ame-nazas en materia de seguridad y defensa nacional?- ¿Qué implicaciones podrían surgir de estas eventuales transformaciones?- ¿La tarea prioritaria de seguridad na-cional que ha prevalecido deberá ser modificada para garantizar una mayor seguridad ciudadana? 5. Foro de Sao Paulo y sus efectos políti-cos en el país y en la región iberoame-ricana.- Conformación de este organismo y participación regional.- Estado actual y plan de acción en el escenario internacional. 6. Víctimas de la Fuerza Pública por cau-sa del conflicto armado.- Reconocimiento de verdad, justicia y reparación integral.- Garantías y plena protección de sus derechos fundamentales. 7. Refrendación de acuerdos pactados con categoría de tratados para buscar un blindaje internacional- Interpretación del artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.- La voluntad popular, los derechos hu-manos, el DIH y su prevalencia sobre cualquier otra norma de carácter supra-nacional.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su aval por parte de la Corte Penal Internacional.- Vigencia de la institucionalidad democrática como valor supremo de nuestro estado de derecho y soberanía nacional. Brigadier General (RA) Jaime Ruiz BarreraPresidente Nacional de ACORE

4 junio de 2016

Proceso de paz

Al inicio el proceso de paz se difundió profusamente el men-saje de que las Farc estaban en La Habana porque habían sido llevadas allí debido al debilita-miento militar por la acción de las Fuerzas Militares y porque habían sido convencidas por Chávez y los Castro de que la lucha armada ya no era válida para llegar al poder, como lo de-mostraba el caso de Venezuela y otros países en que los socialis-tas habían llegado al poder por la vía de las armas.

Lo contrario decían las Farc: no habían ido allí derrotadas o vencidas y menos rendidas. Lo que no sabíamos los colombia-nos es que Santos había acor-dado que los llevaría allí como plenipotenciarios, los pondría en el mismo nivel del Estado y que cumpliría sus peticiones de cualquier índole. ¿Cómo no iban a aceptar y como no iban a decir tal cosa?

Santos repetía a los militares en cuanta ceremonia asistía: “la paz es la victoria, la victoria es la paz”, dando a entender que el

hecho de que las Farc estuvie-ran en La Habana para negociar una salida política para alcanzar la paz –después empezaron a decir que era para alcanzar, sim-plemente, el fin de lo que llaman conflicto armado– era la conse-cuencia de los resultados del cumplimiento de la misión de las Fuerzas Armadas (Fuerzas Militares y Policía Nacional) que habían acorralado en sus guari-das de la retaguardia estratégi-ca a las Farc, limitándolas a las acciones terroristas y habían obligado a sus máximos cabeci-llas a refugiarse en Venezuela al amparo de Chávez.

Recuerdo que el General Mora en reuniones con la Reserva Activa y ante los medios decía que las Farc estaban allí por la acción de las Fuerzas Armadas y que todos los conflictos termi-naban en negociaciones políti-cas; esto último, parcialmente cierto.

Otros, colocados del lado de las Farc, dicen que el Estado no pudo derrotar a las Farc; piden que nos olvidemos de todo y

que aquí no pasó nada y que a esos pobres angelitos los per-donemos y les demos lo que piden, porque se lo merecen. Con los ojos cerrados, no sé si voluntariamente o bajo la pre-sión de algo desconocido, dicen, sin dársele nada: “El Estado debió buscar la aceptación de las Farc a su invitación al recono-cer su incapacidad para derrotar-las mediante la aplicación de la fuerza armada, así esta haya al-canzado capacidades hasta hace pocos años impensadas y con-tinuara en su desarrollo”.

Decir que las Fuerzas Armadas fueron incapaces de derrotar a las Farc es una solemne men-tira para encubrir un proceso de paz, justificar su concepción y arropar lo que allí se acuerde. ¿No disque están allá por la ac-ción de las Fuerzas Armadas y a consecuencia de su debilita-miento? Lo cierto es que falto fue un poco más de tiempo para reducirlos a su más mínima ex-presión que las hubiera obliga-do a someterse. Pero no fue así y ahora tenemos que pagar por la funesta paz que nos imponen y

continuar rechazando lo que de allí se derive y no le convenga al país.

De otra parte, las Farc llegaron a un punto de inflexión en el que su capacidad de control territo-rial y de atacar con éxito a las tropas se hizo mínima; les que-do sólo su capacidad de causar daño a las unidades militares y policiales, de delinquir para realizar terrorismo, asesinar, secuestrar, extorsionar y nar-cotraficar.

Cuando mejor lo hacían las Fuerzas Armadas en la lucha contra los narcoterroristas y a partir de 1998, con eficiencia y eficacia comprobadas, llega Santos al poder y esa lucha queda cuestionada, porque el Estado abre la puerta de una ne-gociación, que hasta ahora veni-mos a saber, prometiéndoles el oro y el moro y entonces los bandidos deciden aceptar. Ellos sabían que a partir de ahí tenían la iniciativa, que han mantenido en la negociación, porque sa-ben que para el Estado cons-tituyen algo más que simples delincuentes, como lo son. Interpretaron que el Estado les otorgo el estatus de enemigo, de actor político y parte en la negociación. Exactamente lo que querían, un grupo armado marxista con objetivos políticos y capacidad militar cuyo ene-migo es el Estado y con el que el Estado se ve obligado a ne-gociar porque no puede acabar militarmente con ellos –según la teoría de algunos pocos mili-tares, carente de toda validez y evidencia, que solapadamente se esconden bajo esa falda– o porque no está seguro de que-rer hacerlo, que fue el camino que escogió Santos.

Cuando estaba por terminar estas reflexiones escritas, llego a mis manos un artículo de Héctor Abad Faciolince, titulado No ganar la guerra, no perder la paz, que me pareció importante para traer sus principales ideas, de por si cuestionables, para complementar mi escrito.

Afirma el importante articulis-ta: “La premisa mayor es que al final de los ocho años de Uribe, en agosto del 2010, la guerra es-taba a punto de ganarse.” Pero llego Santos y tal como lo expre-sa Héctor Abad, les propuso ta-blas, empate, para se sentaran a negociar, que de entrada repre-senta entrar ganando y para el Estado ceder lo ganado, que no lo hace sino alguien para quien los narcoterroristas están por encima de los colombianos y sus instituciones, que merecen su apoyo. Pero el problema no es que se sentaran a negociar, está en que fuera para favorecer a las Farc, sin límites a la nego-ciación y que se negociara como si fueran unos vencedores, colo-cando de entrada el Estado en el mismo nivel y como incapaz de derrotarlos. Las tablas, el em-

Primera entrega

De héroes a villanosPor: Mayor General (RA) Carlos Orlando Quiroga Ferreira.

pate, en una partida de ajedrez, se dan cuando no puede haber ni vencedores ni vencidos. Y ese no era el caso. Otra cosa es que alguien declare un empate para favorecer a unos de los con-trincantes que está perdiendo y con amplias posibilidades de ser derrotado rápidamente. Es como amarrarle las manos al boxeador que va ganando.

Añade Abad Faciolince: “Es ver-dad que Santos, en una posición ventajosa, renuncia a ganar la guerra. Lo que hay que analizar es si esto es cobarde, entreguis-ta, blandengue, como afirman el expresidente y sus aliados, o era en cambio lo razonable, lo que debía hacerse, que es la tesis del actual Gobierno..,” Hay que reconocer, como afirma Abad Faciolince, que hay me-nos muertos, menos dolor. Pero también es cierto que el sufri-miento también es producto de los secuestros, la extorsión, la intimidación armada, la pre-sión para narcotraficar, la coac-ción a la libertad, que no han cesado, aunadas a la perdida dignidad y menosprecio a las víctimas, que ven como sus vic-timarios ahora son los consen-tidos del Gobierno, camino a la impunidad y como los militares y policías son mostrados como los culpables de 50 años de agresión a la sociedad.

Renunciar a ganar la guerra es ya un principio de paz, enten-dida esta como menos muertos y menos sufrimiento, añade Abad Faciolince. Yo agrego: renunciar a la persecución de los agresores con tal de que los narcoterristas reciban su castigo ejemplar y se sometan al Estado, sería la contrapre-stación adecuada, pero no será así. Al contrario serán premia-dos, mientras los que legitima y legalmente, así algunos hayan caído en la comisión de delitos, impidieron que el Estado cayera en manos de estos bandidos y protegieron a los colombianos –militares y policías, al igual que los civiles que se la jugaron por perseguirlos–, serán envia-dos al mismo tribunal inven-tado para institucionalizar la impunidad, en inferioridad de condiciones, pues serán trata-dos como delincuentes y crimi-nales organizados, mientras los guerrilleros como delincuentes políticos, sujetos de amnistías e indultos, que necesariamente conduce a perder la paz que se pregona, pero que el mismo gobierno y sus aliados, definen como fin del conflicto.

De manera que Santos re-nuncio a ganar la guerra, de-claro empate y además les concedió, a los que estaban a punto de ser derrotados, militar y políticamente, lo que pedían. Está por verse lo que nos traerá, que rogamos no sea tan funesto. Queremos la paz, pero a la medida de los colombianos.

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33 AÑOS

5Edición 560

Proceso de pazLa nueva cantaleta de la beligerancia

Por: Mayor General (RA) Juan Salcedo Lora

La fecha coincide con el día de la victoria, en la Segunda Guerra Mundial, en ese entonces afor-tunado el mundo cambió de la guerra a la paz. Hoy estamos en las mismas, guardadas las debi-das proporciones. En reciente artículo me pronuncié sobre la cantaleta de las Farc alrededor del uso sistemático del temor a la amenaza usualmente ficticia de supuestos grupos paramili-tares amenazantes de la inte-gridad de sus miembros en la guerra o en la paz. Iniciaron esa cantaleta en los primeros tiem-pos del Caguán, la silla vacía, la ausencia de ‘Tirofijo’ y el desen-canto del presidente Pastrana. Era ridícula y aún lo sigue sien-do, en ese día de la silla vacía las Farc en sus alrededores, tenían entre dos mil y tres mil com-batientes, muy bien uniforma-dos y armados hasta los dien-tes. Nadie les creyó el cuento y ahora tampoco se les cree.

Está presente otra cantaleta. Pero esta viene adornada, ma-quillada, disimulada, casi im-perceptible, se sugiere una cosa, pero se busca otra, bien diferente pero reiterativa en el tiempo. Se cambia el elenco, ya no es Jacobo Arenas u otro ideólogo o amigo simpatizante de las Farc, ahora es un actor del principal reparto nacional.

El ex fiscal general Eduardo Montealegre pide que los acuer-dos de paz de La Habana sean elevados al rango de tratados. En el despacho del magistrado Jorge Iván Palacios quedó la de-manda presentada en su último día como Fiscal, pidiéndole "a la Corte Constitucional una sen-tencia interpretativa para que la Corte diga que los acuerdos que

se van a firmar en La Habana son equivalentes a un tratado de paz. Que además se pueden clasificar específicamente como acuerdos especiales, es decir, acuerdos a los cuales acuden las partes en conflicto con la finali-dad de darle más protección a la población civil". Humberto de la Calle, en Cuba, se estremeció, de estupor o de preocupación, anotó que “Es prematuro que la Corte Constitucional se pronun-cie sobre un acuerdo” y que “la mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución. Sabemos que van a ser necesarias reformas constitucionales y el compromi-so del Gobierno es promoverlas y convocar a los órganos compe-tentes para lograrlo, pero para que esté claro, en La Habana no se hará una Constitución en la sombra”.

Sobrarían más palabras, pero si como todo parece indicar la clta Corte es receptiva de la postura de Montenegro, al admitir la re-visión de la demanda y además convocaron a audiencia pública para ventilar el tema. Mayor estupor produjo el hecho que la Corte Constitucional pidiera a las Farc un concepto jurídico para aportar sus luces jurídicas a la honorable corte. ¡Válgame Dios, si entra a operar la juris-prudencia fariana! Nobleza ob-li-ga, Iván Márquez agradeció al magistrado Jorge Iván Palacio, el gesto y aseguró este nuevo “togado” que “elevar al rango de acuerdos especiales los acuer-dos de La Habana constituye la vía más expedita para garanti-zar su seguridad jurídica”. Otro miembro de la alta corte de las Farc, Pastor Alape, sentenció que "la paz para que sea estable

y duradera se construye con todas la voces, la bilateralidad juega, coherente decisión de la Corte Constitucional".

Pretende el ex Fiscal que la pa-labra acuerdo sea interpretada por la Corte como un tratado internacional o tratado de paz que no solo tenga fuerza vincu-lante para todas las institucio-nes sino que haga que lo que se acuerde en La Habana no pueda ser modificado ni siquiera por una iniciativa popular –como un plebiscito o un referendo. Jaime Arrubla, exmagistrado de Corte Suprema, tildó de "inco-herente" el pedido, que era un despropósito elevar los acuer-dos a la categoría de un tratado internacional, cuando las Farc ni siquiera tienen personería jurídica.

Un tratado, según el diccionario de la lengua española, es un acu-erdo que se establece entre dos o más estados; es un documento donde consta el acuerdo que se establece entre dos o más nacio-nes. O también tratado es todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos del derecho inter-nacional; hablamos del sujeto y no de Estados con el fin de in-cluir a las organizaciones inter-nacionales. La Convención so-bre el Derecho de los Tratados de Viena, define a los tratados nternacionales en su artículo 2º párrafo 1, así: “Se entiende por un tratado un acuerdo inter-nacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya que consiste en un instrumento úni-co o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.

Los acuerdos celebrados entre un Estado y un particular, sea persona física o jurídica, como por ejemplo las Farc, no son tratados sino simples acuerdos que con frecuencia concluyen en nuestros días.

Si el ex Fiscal, como bien lo sabemos, que harto sabe de derecho constitucional, y lo bien que conoce las líneas el-ementales de los párrafos an-teriores, pretende con su po-nencia volver los acuerdos de La Habana un tratado entre Estados, debe saber también, que por esa vía tortuosamente jurídica puede convertir a las Farc en un Estado, con todas las connotaciones y por ende usar la calidad de beligerantes a la que tanto y por tanto tiempo han aspirado.

Quedan dos caminos, en ánimo a evitar tan desastrosas situa-ciones hipotéticas: que la Corte Constitucional se declare in-hibida de pronunciarse sobre

el acuerdo entre el Gobierno y grupos alzados en armas. Ello será cuando haya acuerdo, mal podría pronunciarse errada-mente de fondo si no existe ese acuerdo, bajo la firme premisa cuando se iniciaban los diálo-gos de Cuba que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Pero si hubiera fallo favorable a la pretensión de Montealegre, y que ni siquiera la voluntad popular pudiera modificar las nuevas normas de rango con-stitucional, porque según la po-nencia, el pueblo no tiene com-petencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana, la solución final, como cuando se opta por la del suicidio, sería que no se firmaran los acuerdos de La Habana, lastimosamente. Muchos abogan por ello, aunque el fin del fin de los diálogos está muy cerca.

La cantaleta real

¿Adónde conduce todo este enredo, el de cada semana, el de siempre, el que nos tienen acostumbrados desde que se iniciaran los diálogos en Cuba? Al reconocimiento de la belig-erancia de las Farc. Años atrás, me referí al tema y manifesté que “Las Farc, algunos periodis-tas, uno que otro miembro del clero y uno que otro politólogo y hasta un presidente vecino, han insinuado que es necesario el reconocimiento del estado de beligerancia para las Farc y cada uno aduce una razón para su respectiva insinuación”. El tristemente célebre cabecilla Briceño o ‘Mono Jojoy dijo que no acatarían el derecho interna-cional humanitario hasta tanto no se les reconociese el estado de beligerancia.

Reitero lo escrito en 1999, pues hoy cobra palpitante realidad, “para la guerrilla que se en-frenta al Estado, la beligerancia es un peldaño importante que la acerca a las metas idealizadas de control de una porción impor-tante de territorio y la posibili-dad igualmente de formar tolda aparte como un Estado indepen-diente… si la fuerza insurgente se encuentra empeñada en un proceso de diálogo con miras a concertar el cese de hostilidades y la paz, como lo hacen hoy día las Farc, algo está en contravía de unos planteamientos serios. Así como se busca la paz por medio de los diálogos y las ne-gociaciones, por la beligerancia se busca la continuación de las hostilidades en un plano más el-evado… el estado de beligeran-cia es del resorte exclusivo del derecho internacional público y no del derecho internacional humanitario”.

Hoy, como ese ayer cercano, debe quedar claro que cum-pliendo los postulados del DIH se estaría haciendo acopio de los requisitos que exige la beli-gerancia y no lo contrario. No se puede pretender llegar a la aceptación de las normas del DIH por la vía de la beligeran-cia, como lo pretendía el ‘Mono Jojoy’. Bajo la suposición o la aceptación de que la fuerza in-surgente cumple los requisitos y pide el estado de beligeran-cia, el Gobierno tiene la facultad para aceptar y reconocer o para negar simplemente tal recono-cimiento. Nada le obliga.

El reconocimiento puede hac-erlo un tercer Estado, caso en el cual sólo genera efectos para el Estado “reconocedor” y no para el Estado primario contra el cual lucha la fuerza insurgente. Pero ojo juristas de la Corte Constitucional o miembros del Conreso, se precisa que la beli-gerancia es un paso previo a la secesión y que la fuerza beliger-ante como tal reconocida encar-na un proyecto de Estado que necesariamente está poniendo en entredicho la soberanía inte-gral del otro Estado. Si a pesar de los conceptos anteriores, al-guien insiste en abogar por la beligerancia estaremos dando pasos muy firmes para la balca-nización colombiana.

En los tiempos del Caguán, el gobierno advirtió que la auto-ridad residía en los alcaldes de cada municipio y ello motivó un interrogante: ¿A los alcaldes quién los ronda? Once frentes de la guerrilla más el Secretariado, mil quinientos guerrilleros al empezarse el despeje y nada impedía que fueran más. ¿Quién manda y quién obedece? No es fácil la situación. Para algunos el asunto se tradujo en entrega de soberanía cuando la beligeran-cia se asomaba, supuse que ello era hilar demasiado delgadito.

Pero la beligerancia es cosa se-ria. En ello no se puede ceder ni dar pie a que en las circun-stancias de la aproximación a la paz, se aprovechen de la in-genuidad de los colombianos. Si en marzo de 1999 el presi-dente de Colombia reaccionó acertadamente cuando su veci-no Hugo Rafael Chávez lanzó al aire la inaceptable sentencia que “Venezuela es neutral en el conflicto interno entre el go-bierno colombiano y la guer-rilla", porque la neutralidad de un país es aceptable ante el enfrentamiento de dos estados, hoy es viable alzar la voz para impedir que lo pretendido por el ex Fiscal prospere, porque conduce a los mismos terrenos farragosos de una soberanía cuestionada.

6 junio de 2016

El futuro del paramilitarismo en ColombiaPor: Coronel (RA) Manuel José Santos Pico

Actualidad

Uno de los grandes problemas irresueltos, según Francisco de Roux en su columna de El Tiempo del 5 de mayo pasado, es que “las bacrim desbordan la delincuencia organizada y se expresan como paramilita-rismo, apoyado en fracturas marginales del Estado, capaz de parar territorios y matar a de-fensores de derechos humanos y de la tierra”. Esta afirmación no es más que el planteamiento equivocado de un problema de seguridad nacional, que se re-pite por algunos colombianos con intereses no muy claros, al sindicar a miembros del Estado como “fracturas marginales”, ex-presión imprecisa que da para todo, incluso para “matar a de-fensores de derechos humanos”.

En el fondo, el problema se identifica con uno de los puntos exigidos por las Farc en la mesa de La Habana, la erradicación del paramilitarismo, incluido en el Acuerdo General, numeral 7 del punto 3, “Fin del conflicto”, cuando escriben: “En el marco de lo establecido en el punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenó-meno del paramilitarismo”. La palabra utilizada “esclarecerá” ha sido cambiada por “erradi-cación”.

¿Cuál es el problema del para-militarismo? ¿Cómo nació? ¿Dónde? ¿Realmente existe? Estas serían las preguntas bási-cas para proponer algún camino hacia el futuro en Colombia.

El Diccionario Enciclopédico de la lengua española dice: “para-militar, adj. Dícese de ciertas or-ganizaciones civiles cuya estruc-tura y disciplina son similares a las del ejército.”. En el Protocolo I, Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Sección II, Estatuto de Combatiente, Artículo 43°, nu-meral 3, dice: “Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un orga-nismo paramilitar o un servi-cio armado encargado de velar por el orden público, deberá notificarlo a las otras Partes en conflicto”. En este numeral se acepta que un Estado puede, le-galmente activar un organismo paramilitar legal. En Colombia se utilizó el termino por prime-ra vez, durante el gobierno del general Rojas Pinilla, quien re-organizó la Policía Nacional, cuerpo de naturaleza civil, y le otorgó grados militares. A par-tir de entonces en las Fuerzas Militares se calificaba a la Policía Nacional como un organismo paramilitar, en concordancia con la definición, por cuanto tenía

una estructura y disciplina simi-lares a las del ejército.

En la década del año 30, el Partido Comunista creó las lla-madas “ligas campesinas”, or-ganizaciones independientes que pretendían colonizar tie-rras baldías, y asentarse como propietarios, enfrentando a los grandes terratenientes califica-dos de latifundistas, situación que cambió cuando las lucha por el poder entre liberales y con-servadores empezó a generar violencia política en esta misma década, la cual en la década del 40, estas ligas se transformaron en “autodefensas campesinas”, para defenderse de ataques ar-mados producidos por grupos políticos que aprovecharon el momento para disputarles las tierras que los colonos habían explorado y ya eran tierra pro-ductivas. Las autodefensas campesinas se mantuvieron durante el período más crítico de la violencia política (1948-1953) y algunos grupos de au-todefensa se transformaron en guerrillas liberales y comuni-stas para enfrentar la violen-cia oficial representado en la policía municipal, manipulada por políticos locales extremis-tas contra liberales, agrandando el clima de violencia que se gen-eró después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán.

Para 1964, dada la situación de la presencia de grupos armados en el territorio nacional donde expresaban la intensión de to-marse el poder por medio de las armas y de una inconformidad manifiesta en las áreas urba-nas que promovía la acción de masas mediante huelgas y dis-turbios civiles, se materializó el concepto de “amenazas a la se-guridad nacional” y el gobierno del Presidente Guillermo León Valencia publicó el Decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965, con el cual se organizaba la Defensa Nacional, documen-to que pretendía actualizar la política en este sentido, frente a la doctrina universal que los países democráticos tenían. Para el 21 de mayo de 1965 se había declarado turbado el or-den público y en estado de sitio el territorio nacional, tal como lo expresa uno de los conside-randos del Decreto 3398: “Que la acción subversiva que pro-pugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un esfuerzo coordi-nado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la nación”. Este de-creto fue el primero elaborado en Colombia para organizar la Defensa Nacional; no fue, como

lo afirma el sacerdote Javier Giraldo, en un panfleto titulado Desde los márgenes, el origen del paramilitarismo, al incluir en una de sus apartes la auto-rización legal para “El uso de civiles en actividades de resta-blecimiento de la normalidad (artículo 25), y la posibilidad de entregar a civiles armas de uso privativo de las FF.AA (artículo 33, parágrafo 3)”.

Estos artículos que menciona el padre Giraldo fueron introduci-dos no para crear las bases del paramilitarismo sino para crear las Juntas de Autodefensas según los conceptos expre-sados posteriormente en el Reglamento de Contraguerrillas. EJC-3-10, elaborado por el Comando del Ejército y apro-bado por Resolución No 005 de 1969 por el Comando General de las Fuerzas Militares. En ese entonces, en la doctrina mili-tar se concebía la utilización de fuerzas paramilitares como se le denominaba a la Policía Nacional y la Defensa Civil, dos términos que tenían significa-dos diferentes: autodefensa y paramilitares. En ese año se concretó una idea que dio origen a las Autodefensas Ganaderas, según relato de Carlos Castaño al pe-riodista Aranguren Molina: “….a finales de 1982, se dio la primera reunión de ganaderos, agricultores y comerciantes de la región. Cerca de doscientos cincuenta empresarios se or-ganizaron para defenderse de los atropellos de la guerrilla. Con base en las disposiciones legales de 1965 y 1968, que permitía a los ciudadanos por-tar armas con salvoconducto. El espíritu de la ley pretendía que los ciudadanos se organizaran y cuidaran sus predios, con co-laboración de las fuerzas arma-das. Como era algo legal, surgió la primera asociación de au-todefensa colectiva, Acdegam, ‘Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio’. La reunión se efectuó en Medellín, porque el setenta por ciento de ellos no podían regresar a las fincas”.

Estas Autodefensas tenían una base legal para su creación como fue expuesto en una valla publica, que todo el país recono-ció, instalada a la entrada del unicipio de Puerto Boyacá, años después, donde se podía leer: “Bienvenido a Puerto Boyacá, tierra de paz y progreso capital antisubversiva de Colombia”.

Al margen de esta autodefen-sa se creó un grupo ilegal ese

mismo año conocido como el MAS (Muerte a secuestrado-res), que fue organizado por el cartel de Medellín para vengar el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de Fabio Ochoa, un famoso narcotrafi-cante de la región. Esta orga-nización tuvo un periodo muy corto de actuación, ya que al ser liberada la secuestrada, la organización desapareció, pero el nombre quedó en el imagi-nario de la opinión pública. A estas dos organizaciones de autodefensa le siguieron otras que se fueron extendiendo por todo el país en la década de los ochenta, con una clara orien-tación antiguerrillera que lle-garon a crear un ambiente de muerte y destrucción, bajo las siglas de AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y ACCU (Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá).

La vinculación del narcotráfico a los primeros grupos de auto-defensa que tenían una clara orientación de lucha contra la guerrilla en defensa de intereses particulares, vulneró su base le-gal en defensa propia, frente a la incapacidad del Estado de pro-tección ciudadana y terminaron enfrentados a la fuerza pública al comprometer a sus miembros en la comisión de delitos graves contra la vida y la propiedad, en las regiones donde se desa-rrollaron. Los nombres de los hermanos Ochoa y Castaño Gil, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha alias ‘El Mexicano’, fueron los más famosos en la década de los ochenta y el noventa, llegando a conformar una fuerza de au-todefensas ilegales que retomo el nombre de paramilitares, adoptando el uniforme camu-flado del Ejército Nacional, con el apoyo inicial clandestino de ganaderos, esmeralderos y co-merciantes, y más tarde con el apoyo de políticos, industriales y algunos miembros de la fuer-za pública. Su control territo-

rial pasó del Magdalena Medio, donde nacieron, a Córdoba y Urabá, el Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Se crea-ron escuelas de entrenamiento donde el israelita Yahir Klein demostró sus habilidades en técnicas y tácticas antiguerri-lleras. Su principal financiación llegó del narcotráfico con apoyos de empresarios mineros y esmeralderos.

Al suspenderse por ley el uso de autodefensas legales, el Ejército Nacional activó el sistema del servicio militar para campesi-nos con Decreto número 1382 del 13 de mayo de 1983, siste-ma que puso en funcionamiento ese mismo año, concentrando su utilización en zonas donde se creía necesario consolidar terri-torios que estaban siendo con-trolados por la fuerza pública y el Estado. Este sistema tuvo mucho éxito operacional pero más de tipo sicológico y social sobre la población campesina, ya que requería de un pie de fuerza adicional de soldados regulares para proporcionar su-ficiente seguridad propia lo que obligó a reforzar la seguridad local de las veredas, sistema que fue utilizado en la década de los ochenta y los noventa, cuando fue reglamentado el servicio militar obligatorio por medio del Decreto 2048 de 1993.

Rotas las conversaciones con las Farc durante el gobierno an-terior, es elegido presidente de la República Ernesto Samper (1994-1998), gobierno donde las prácticas terroristas de las Farc se intensifican y la activi-dad política se centran en la de-fensa de la figura presidencial, acusados de recibir dinero del narcotráfico. El narcotráfico y las autodefensas se habían extendido en el país, logrando implantar un régimen de terror y dominio, teniendo como ob-jetivo político la lucha contra la

Futuro / Sigue página 7

7Edición 560

Actualidad

subversión. De las autodefensa ganaderas creadas en 1982 en Puerto Boyacá y el Magdalena Medio, con unos efectivos aproximados de 420 hombres, se pasó a las de Córdoba y Urabá de los hermanos Castaño, las de los arroceros de San Martín en los Llanos, las Autodefensas de Santander apoyadas por com-erciantes y ganaderos, las del Águila en Cundinamarca, las de los hermanos Rodríguez en el Valle del Cauca y los Traquetos de Putumayo y Caquetá. De una serie dispersa de gru-pos de autodefensa, se pasó en 1997 a una organización de tipo nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), idea que se gestó en 1995 por Carlos Castaño. “Las AUC son obra mía, y nadie creyó en ellas al comien-zo”, cuenta Castaño. “Una fuerza civil armada antiguerrillera, en la cual no participa el Estado, ni los dueños del país.” Aranguren Molina afirma: “Se conjugó el grupo más disímil del mundo: militares retirados, ex guerrille-ros, ganaderos, empresarios, co-merciantes, arroceros, cacaote-ros, cafeteros, palmareros, los cultivadores del país y sectores de los transportadores. En fin la clase media. Las víctimas de la guerrilla se ensamblaron para orientarse en un solo rumbo, y aclamaron como su comandan-te a Carlos Castaño. Carecían de líder y lo encontraron, lo cual permitió la creación de las AUC.

Aquí está representado un gru-po de personas desprotegidas por el Estado”. Se inicia un proceso de forta-lecimiento del movimiento de autodefensa −organización de extrema derecha− al integrarse los grupos existentes bajo un solo movimiento nacional de autodefensas, con la aceptación de una plataforma política bajo el liderazgo de Carlos Castaño y con un pie de fuerza de 3.400 hombres armados. En esta fase, la expresión autodefensas fue fortalecida al volverse popular que estas eran integradas por paramilitares, civiles que tenían una organización de tipo militar, portaban armas largas y vestían uniformes de campaña, mien-tras en el argot de la izquierda, los paramilitares eran militares y policías que apoyaban desde las filas del gobierno las accio-nes de las autodefensas, lo que les daba un estatus de poder en las regiones.

Alrededor de esta alianza se cre-aron mitos y mentiras que per-judicaron la imagen del Ejército y la Policía. Entre ellos, no fue cierto que para ser ascendido en el Ejército se requería el respaldo político y económico de algún jefe paramilitar; es posible que se diera en la clase política o en la carrera judicial como lo afirma Duncan Gustavo, pero de allí a que un ascenso militar dependiera de un jefe paramilitar es una gran mentira

que solo tiene como finalidad sustentar la tesis de que el para-militarismo se creó y continua impulsado por miembros de las Fuerzas Militares como una doctrina de la institución.

La desmovilización de los grupos de autodefensa

Este proceso se inicia en diciem-bre de 2002, cuando se toma la decisión de negociar con las au-todefensas y se puede consoli-dar el 15 de julio de 2003 cuan-do se logra la firma del llamado Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el cual las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se comprometen a ”desmovilizar a la totalidad de sus miembros, de manera gradual que comen-zará con las primeras desmovi-lizaciones antes de terminar el 2003 y que deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005”.

Los debates en el Congreso du-rante el 2003 no tienen éxito y el proceso avanza poco cuestio-nado por las posiciones políti-cas frente a la existencia de esta modalidad que fue sindicada de nexos con el Estado. Tras la muerte de Carlos Castaño, asumió el liderazgo Salvatore Mancuso, quien logró firmar un

segundo acuerdo en Santa Fe de Ralito el 13 de mayo de 2004.

El proyecto de verdad, justicia y reparación, liderado por los senadores Rafael Pardo y Gina Parody que contemplaba pe-nas entre 5 y 10 años, la confe-sión pública de los delitos y la pérdida de beneficios en caso de omisión, la participación de las víctimas y una reparación integral y simbólica de estas se hundió durante un periodo de crisis y empantanamiento de los diálogos. Después un nuevo proyecto aparece, presentado por el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, que contó inicialmente con el visto bueno de la comunidad internacional, pero tuvo sus tropiezos cuando se cuestionó las relaciones de los paramilita-res con el narcotráfico. Los cam-bios adoptados por el gobierno pretendían construir un proyec-to que se adecuara a los intere-ses de las autodefensas como a las condiciones de los Estados Unidos. Finalmente, a mediados del 2005, el Congreso aprueba un proyecto de Ley de Justicia y Paz sancionado por el presi-dente que produce nuevas des-movilizaciones, pero también no desaparecen críticas como la aparecida en el New York Times.

De todas maneras se calculan en 30.000 los desmovilizados de las AUC, conociéndose con certeza que no todos los integrantes de esta organización adoptaron este camino, sino que algunos continuaron formando bandas criminales o Bacrim vinculados especialmente al narcotráfico, entre las que más sobresalen están Las Águilas Negras, Los Urabeños, los Paisas, la Oficina de Envigado y el Erpac.

Creemos que mientras existan las guerrillas en Colombia habrán autodefensas o para-militares ilegales, según las definiciones contempladas al principio de este artículo. El Estado no tiene intención de organizar grupos de autode-fensa o paramilitares legales, dada la experiencia negativa de su utilización, Es preferible fortalecer el Ejército y la Policía Nacional, empleando soldados campesinos o profesionales. El fenómeno del paramilitarismo es claro para cualquier ciudada-no en los términos ya descritos, pero nunca lo será para las Farc en los términos del Acuerdo General firmado el La Habana el 26 de agosto de 2012; será siempre un motivo de disculpa y chantaje contra el gobierno y las Fuerzas Militares.

Crecimiento de los efectivos de las AUC, aproximados. Datos de inteligencia.1982 1986 1990 1994 1998 2000 2001 2002420 hombres 1.020 2.100 2.450 3.650 8.150 10.520 12.175

Gráfica 1

Elecciones presidenciales 2018Por: Daniel Castellanos / Subgerente de Cifras y Conceptos.

Muy temprano para hablar de candidaturas presidenciales. ¿O no? ¿Quiénes tienen posi-bilidades de ser presidente de Colombia en 2018? Según las cuentas de César Caballero, hoy en Colombia hay por lo menos 35 precandidatos presidencia-les. La pregunta es quién va a ser candidato presidencial de verdad.

Comencemos por la derecha. ¿Repetirá Óscar Iván, después de la cantidad de votos que obtuvo en las elecciones pasa-das? Hoy, exiliado en Miami, no parece probable. ¿Buscará el Centro Democrático una fig-ura interna nueva, como Iván Duque? No estaría mal. ¿O dará Álvaro Uribe su bendición al procurador Ordóñez? No sería raro. Por ahora, suena lo más probable que Ordóñez sea el candidato de Uribe, del Centro Democrático y de una parte del Partido Conservador.

¿El Partido Conservador? La pregunta es si se unirá al Centro Democrático o si tendrá candi-dato propio. Marta Lucía tiene

muchas ganas, y seguramente volverá a intentar. Si el par-tido no tiene candidato propio, perderá mucho como fuerza política. Pero hoy luce más probable que el conservatismo adhiera al uribismo que vicev-ersa.

¿Cambio Radical? Tiene un can-didato cantado: Germán Vargas Lleras. Es el candidato del esta-blecimiento (más político que económico). Es un fuerte con-tendiente. A su favor su experi-encia pública y su récord como ejecutor en temas de vivienda e infraestructura. En contra su salud y su mala imagen. Y es una incógnita su postura fr-ente al proceso de paz. Ahora que es vicepresidente, no lo ha atacado, pero tampoco lo ha apoyado. Algunos dicen que una alianza entre Cambio Radical y el Centro Democrático no sería probable, debido a la distancia personal entre Uribe y Vargas. Yo no pienso lo mismo: ahí no hay química personal, pero hay química ideológica. Aquí puede haber una de las volteretas inte-resantes de la política.

¿Los independientes y verdes? Aquí está Sergio Fajardo. Tiene un gran espacio, porque no tiene la opinión en su contra. Puede hacer una gran campaña en contra del establecimiento político. Va a sacar muchos vo-tos. La pregunta es si le van a al-canzar para ganar. La coyuntura está dada para que un candida-to de sus características pueda hacer una gran campaña.

¿La U y el Partido Liberal? Ganas tienen muchos. Vuelo, muy pocos, prácticamente nin-guno. Esto es particularmente cierto para la U. El único rum-bo sensato es una coalición U-liberalismo, pero Santos no se movió en esa dirección con el último gabinete ministerial. Se especula que el candidato del Partido Liberal será Humberto de la Calle, con el apoyo de César Gaviria. Para que vuele, hay que apoyarlo bastante. No tiene los votos, pero tiene la talla presi-dencial. Es un hombre medido y ponderado. Hay que evaluar qué tanto el escándalo de los “Panama Papers” puede afec-tarlo. Si llega a ser el candidato del liberalismo y del gobierno, puede ser un candidato fuerte.

¿La izquierda? Petro y Robledo. La pregunta es si pueden presentar una candi-datura unida. Parece difícil. Petro va a tener muchos vo-tos (10 o 15%). No va a ganar, pero algunos candidatos no podrán distanciarse mucho de él, porque sus votos serán importantes. Quizás la coyun-tura internacional, en la cual la izquierda latinoamericana está implosionando, víctima de sus propios errores, afecte a nuestros zurdos locales.

Hoy luce que los dos candida-tos para segunda vuelta serán Vargas Lleras y Fajardo. A mi juicio, el que puede dañar ese caminado es de la Calle. Para Vargas, la pregunta es: ¿Santos, o Uribe? Para Santos, la pregun-ta es: ¿Vargas, o de la Calle? Ni Vargas ni Santos responderán pronto. Pero yo creo que Vargas se acercará a Uribe y Santos es-taría mejor yéndose con de la Calle, aunque esta última fór-mula tiene el problema de ser una coalición de débiles. Para de la Calle es fundamental que la opinión ciudadana sobre el proceso de paz mejore: una tar-ea de titanes.

Aunque Vargas Lleras no pa-rece tan fuerte como en el pas-ado, hoy luce que la campaña presidencial puede terminar en un “toconvar”: todos contra Vargas. Aquí la gran pregunta es si las fuerzas u-liberales y las independientes-verdes pu-eden juntarse efectivamente contra Vargas. Es poco probable que aquí haya una coalición ex-plícita, pero quienes no “gustan de” Vargas Lleras (la mitad de la población) y que tampoco son de izquierda, vistas las cosas hoy, tendrán que escoger entre Fajardo y de la Calle.

Hay elecciones que son de gi-gantes. Hay otras elecciones que son de enanos. Hay otras que son de enanos y gigantes. La de 2018 parece ser de este último tipo. En este caso, la pregunta es: ¿podrán los enanos tumbar a los gigantes, o podrán los gigan-tes poner orden entre los ena-nos? Por ahora se puede decir que las elecciones presiden-ciales de 2018 lucen ideológi-camente muy diversas y que el juego de las coaliciones va a ser muy importante. Ojalá el país no se incline por un juego de fa-natismos de extrema derecha e izquierda, sino de medios.

Como se dice en TV, ¡espere el próximo capítulo de esta saga emocionante! ¡Esto apenas co-mienza!

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8 junio de 2016

Resumen concepto del comité de verificación de salud integral de ACORE sobre aplicación y cumplimiento de la ley estatutaria de salud

Objeto social

En el servicio de Sanidad Militar defini-tivamente no existe unidad de gestión ni se cumplen los principios fundamentales sobre los cuales se estructura y funciona un sistema de salud tal como lo estable-ce la ley vigente sobre el particular.

La Dirección General de Sanidad Militar no acepta responsabilidad alguna en el ordenamiento, administración y control de la prestación del servicio. Un servició de salud carente de directivos y funcio-narios con el perfil adecuado para su manejo, sin sistemas adecuados de infor-mación y de protocolos ágiles y eficaces de referencia y contra referencia para integrarse con los servicios de la red ex-terna, se hace ingobernable.

Algunos procedimientos, protocolos y costumbres existentes en el Subsistema de Salud de las FF.MM., están en contra-posición con lo dispuesto en la Ley esta-tutaria que regula el derecho fundamen-tal a la salud y que afectan de manera importante la prestación del servicio in-tegral a los usuarios del subsistema mili-tar, en especial al grupo más vulnerable, de la tercera edad y a los discapacitados que requieren acceder fácil y oportuna-mente al servicio.

La ley estatutaria, prolongación de la Constitución Nacional

La aprobación, modificación o dero-gación de las leyes estatuarías exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de la Republica y deberá efec-tuarse dentro de una misma legislatura. En consecuencia, se encuentra jerárqui-ca y jurídicamente por encima de la Ley orgánica. En este orden de ideas, todos los organismos del Estado están en la obligación de cumplir estrictamente esta ley de la República.

La declaración de la salud como derecho fundamental es un paso importantísimo para considerar que Colombia a pesar de sus desgracias, desordenes, corrup-ción, violencia y crisis de diferente ín-dole, se constituye como estado social de derecho, donde se garantiza la dignidad y se reconocen los derechos inalienables de la persona humana por el simple hecho de serlo.

La Ley 1751 del 16 de Febrero del 2015 regula el derecho fundamental de la salud que debe aplicarse en todo el te-rritorio nacional. En los artículos prime-ro y segundo expresa la obligación que tiene el Estado de garantizar y proteger el derecho fundamental de la salud. El artículo segundo establece claramente que el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo indi-vidual y colectivo. Es así como los servi-cios de salud deben tener un acceso de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y aplicación efectiva de este servicio.

El artículo quinto establece las obligacio-nes del Estado como responsable de res-petar, proteger y garantizar el goce efec-

tivo del derecho fundamental a la salud. Para ello deberá:

• Abstenerse de afectar directa o indi-rectamente en el disfrute al derecho fundamental a la salud.

• Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población.

• Formular y adoptar políticas que pro-pendan para una correcta promoción de la salud.

• Establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la salud y determinar su régimen san-cionatorio.

• Ejercer adecuada inspección, vigilan-cia y control mediante entidades es-pecializadas.

• Velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional.

• Realizar el seguimiento continuo de la evolución de las condiciones de salud a lo largo del ciclo de vida de las personas.

El artículo sexto establece que los dife-rentes agentes del sistema deberán ser respetuosos de la ética médica y de las diversas culturas de las personas, res-petando las particularidades sociocul-turales. El artículo 12 establece clara-mente que el sistema debe responder adecuadamente a las necesidades de salud relacionadas con el género y el ci-clo de vida.

El artículo décimo establece los derechos y deberes de las personas, en cuanto a la prestación del servicio de salud y en par-ticular, en los siguientes aspectos:

• Acceder a los servicios y tecnología de salud que garanticen una atención integral, oportuna y de alta calidad.

• Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición amerite, sin que sea exigible documento o pago previo al-guno.

• Mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto a los procedimientos que se vayan a practicar y riesgos de los mismos.

• La historia clínica debe ser tratada de manera confidencial y reservada. Únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del pa-ciente o en los casos previstos por la ley y “poder ser consultada en su totalidad en forma gratuita y obte-ner copia de la misma”. Así mismo se menciona que al paciente se le debe prestar durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia de calidad por trabajadores de la salud debida-mente capacitados para ejercer.

• No se deben trasladar a los pacientes las cargas administrativas y buro-cráticas que les corresponden asumir a los encargados o intervinientes en

la prestación del servicio y agotar to-das las posibilidades de tratamiento para la superación de la enfermedad.

La ley estatuaria es contundente respec-to de la obstrucción en la prestación de los servicios de salud a los que deben re-cibirlos por mandato legal. “El hecho de colocar nuevas condiciones para acceder a los exámenes de laboratorio y proce-dimientos de baja complejidad, puede ser considerado como una talanquera y un obstáculo para el acceso a los servi-cios de salud que son obligatorios en cuan-to a su prestación”.

Es importante mencionar que ciertas disposiciones del servicio de salud de las Fuerzas Militares pueden encontrarse en contravía con la disposición legal supe-rior. En el artículo 11 se señalan aquellos sujetos de especial protección: atención a niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados vícti-mas de violencia y de conflicto armado, población adulta mayor (como es el caso de la mayoría del personal de retirados), personas que sufren de enfermedades huérfanas y en condición de discapaci-dad indicando que, gozaran de especial protección por parte del Estado. La aten-ción de los sujetos antes mencionados, no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. También incluye atención domiciliaria para enfermos terminales.

El artículo 15 establece claramente que los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar servicios y tecnologías, determinando los siguientes criterios:

• No propósitos cosméticos o sun-tuarios.

• No existencia de evidencia científica sobre su seguridad, eficacia y efec-tividad clínica, que se encuentren en fase de experimentación o que ten-gan que ser prestados en el exterior.

El resto de los exámenes por consiguien-te solamente requerirían de la orden del médico tratante como parte de la au-tonomía profesional.

También se establece claramente que está prohibido todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio pro-fesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional y que proceda contra la se-guridad del paciente. Esta vulneración será sancionada por los tribunales y por los organismos de inspección, vigilancia y control en el ámbito de sus competencias.

La costumbre viciosa de trasladar las carga administrativas a los pacientes en aras de demorar el servicio, evitar la prestación y con ello ahorrar dinero para aumentar temporalmente sus ganancias y presentar balances cosméticos, es una actividad nociva a expensas de la salud de los usuarios.

Así mismo es conveniente establecer que en el artículo décimo de ley estatutaria quedaron establecidos claramente los derechos y deberes de las personas rela-cionados con la prestación del servicio y se analiza claramente el maltrato al per-sonal de la salud por parte de personas o pacientes agresivos, groseros y abusivos con quienes atienden una enfermedad.

La Ley 1751 del 16 de Febrero del 2015 o Ley Estatutaria de Salud comprende 26 artículos y el ámbito de su aplicación está determinado como ya se dijo en el artículo tercero, en el cual se establece que la Ley se aplica a todos los agen-tes, usuarios y demás que intervengan de manera directa en la garantía del derecho fundamental a la salud. En el artículo quinto se determina claramente que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y realizar evaluaciones sobre los resultados efecti-vos del derecho fundamental a la salud.

También se establece que los servicios y tecnología de salud deben ser accesibles, que incluye la no discriminación la accesibilidad física, la asequibilidad económica, y el acceso a la información.

Por otra parte se señala en este artículo que los establecimientos, servicios y tec-nologías de salud, deberán estar centra-das en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas.

Se debe mencionar también que el derecho fundamental a la salud estable-ce, además de la universalidad, la equi-dad y la oportunidad, la continuidad, es decir, que las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un ser-vicio ha sido establecida, este no podrá ser interrumpido por razones admi-nistrativas o económicas como sucede actualmente en el servicio de salud de las Fuerzas Militares, donde se cambia permanentemente los médicos basados en este tipo de consideraciones. Por otra parte, no se garantiza el servicio per-manente de medicamentos por cuanto obligan al médico a una formulación no mayor de dos meses y exigen una nue-va cita médica para la reformulación, lo cual es una talanquera innecesaria y una clara inducción a la demanda que perju-dica el sistema y la oportunidad de citas.

Finalmente es importante resaltar que en el artículo 12 se establece claramente que el sistema estará organizado en redes integrales de servicio de salud las cua-les podrá ser públicas, privadas y mixtas y en consecuencia, el subsistema de las Fuerzas Militares puede perfectamente apelar a la red privada sin que haya inob-servancia de la Ley en referencia.

Atentamente,

Comité de Verificación de Salud Integral de ACORE 

9Edición 560

Mesa de trabajoConversatorio sobre mecanismos de refrendación frente a los acuerdos pactados con las Farc

“Plebiscito no, referendo revocatorio sí”Por: Redacción periódico ACORE.

“El plebiscito no es el mecanismo de refren-dación adecuado para legitimar los acuer-dos de La Habana entre el Gobierno y las Farc”.

Esta fue la gran conclusión a la que llegaron los tres invitados al conversatorio ‘Posibles mecanismos de refrendación frente a los acuerdos pactados con las Farc’, evento reali-

zado en días pasados por ACORE y la Mesa de Trabajo Permanente.

En este conversatorio –el trigésimo noveno que se rea-liza desde que la Asociación y su junta directiva decidie-ron llevar a cabo escenarios para fortalecer el análisis y el diálogo– tomaron parte Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial por el Centro Democrático, y el abogado Óscar Ortiz, uno de los gestores de la séptima papeleta.

El periodista Ricardo Galán moderó la discusión.

“El Congreso será un simple notario de los acuerdos”: Holmes Trujillo

Durante su intervención, Carlos Holmes Trujillo, además de lamentar la ausencia de Álvaro Leyva en el conversatorio (por motivos de su agenda), rechazó el artícu-lo que recientemente incluyó el gobierno en el llamado acto legislativo por la paz y que según el ejecutivo busca blindar los acuerdos a que se llegue en La Habana.

Holmes Trujillo hizo una crítica aguda a la última columna de opinión de Álvaro Leyva (Ballet constitucional) en la que el abogado de las Farc defiende este articu-lado, cuyo polémico contenido conoció la opinión pública a través del comunicado 69 de la mesa de diálogos.

Para el precandidato presidencial, las negociaciones de La Habana están ll-evando a un fenómeno de sustitución de la Constitución; prueba de ello es el acu-erdo del pasado 12 de mayo.

Dijo, además, que el Congreso de la Republica actuará como un simple no-tario de estos acuerdos, pues le están atando las manos para que únicamente cumpla con lo que se indica desde La Habana.

Holmes Trujillo señaló con claridad que los acuerdos entre el Gobierno y las Farc no tienen el carácter de acuerdos espe-ciales a la luz del artículo tercero común a los Convenios de Ginebra y que cual-quier interpretación en este sentido es perversa.

Sobre el particular, dijo que se trata, pues, de una materia reglada, que no contempla acuerdos entre un Gobierno y una organización armada al margen de la ley. “El DIH no es un instrumento para conseguir la paz, sin perjuicio de

que aplicarlo puede facilitar los procesos destinados a alcanzarla. La figura hu-manitaria de los acuerdos especiales es completamente distinta a la idea de los acuerdos políticos con características o fines humanitarios”.

Durante el desarrollo de este argumento les preguntó a los asistentes sobre qué tienen que ver algunos de los acuerdos parciales alcanzados en Cuba –agrario, drogas ilícitas o la misma jurisdicción es-pecial para la paz– con el artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra.

Así mismo, aseguró que los acuerdos entre el Gobierno y las Farc no pueden incorporarse al bloque de constituciona-lidad. “Este está compuesto por los tra-tados y convenios internacionales sus-critos por el Estado colombiano, con el cumplimiento de todas las formalidades, que reconocen los derechos humanos. De otro lado, cumple la función de guía en la interpretación de los deberes y derechos consagrados en la Carta fundamental. Lo acordado entre el Gobierno y las Farc no es un tratado ni un convenio, y se refiere a materias que van mucho más allá de la esfera de los Derechos Humanos”, dijo.

Con respecto al depósito de los acuerdos en Ginebra, afirmó que es un acto ino-cuo. “En Ginebra se depositan los instru-mentos de ratificación de los tratados o convenios suscritos por los Estados en materia humanitaria. Lo que suscriban en La Habana no es ni lo uno ni lo otro. En Ginebra no es posible depositar cual-quier papel, porque allí sólo se llevan aquellos instrumentos de ratificación de los tratados suscritos entre los estados y los estados con organizaciones con per-sonería jurídica internacional”.

“La declaración unilateral no produce efectos jurídicos inmediatos”. Este fue otro argumento esgrimido por Holmes, ya que la Comisión de Derecho Internacional prescribió que puede sur-tir el efecto de crear obligaciones jurídi-cas, pero, igualmente, que para determi-narlas es necesario tener en cuenta “su contenido, las circunstancias de hecho en que se produjeron y las reacciones que suscitaron”, además de que será nulo todo aquello que “esté en oposición con

“No nos vamos a dejar robar la Constitución”: Oscar Ortiz

una norma imperativa de derecho inter-nacional general”.

Concluyó recordándoles a los asis-tentes que el poder soberano que re-side en el pueblo es el único que pue-de aprobar o improbar lo pactado en La Habana. “Un acuerdo que mantenga una paz estable y duradera debe ba-sarse en la legitimidad popular, la sos-tenibilidad de lo que se acuerde y la estabilidad institucional”.

El gestor de la séptima papeleta y ex zar anticorrupción hizo un recuento de cómo fue el proceso para que en 1991 se llevara a cabo la Asamblea Nacional Constituyente y dejó claro que este proceso tuvo un respaldo social mayo-ritario. Explicó que la corrupción en todas las esferas del Estado había rebo-sado sus límites y la terrible inseguri-dad del momento cohesionó a esta gran mayoría para promover lo que hoy es la Constitución de 1991.

Ortiz se refirió al porqué las Farc no acudieron a la Constituyente como se les propuso en el plan de gobierno del presidente Gaviria. “El 9 de diciembre de 1990 se les reitero que era en serio que estaban invitados a la Constituyente, pero claramente no acudieron.

“Ellos (las Farc) han querido ser consti-tuyentes pero sin representación”, dijo Ortiz. “Si se dice que no hay impuesto sin representación, ¿puede haber constitu-yentes sin representación? ¿A quién re-presentan acaso las Farc? En Colombia no estamos viviendo como en otros conflic-tos, por ejemplo, plan de católicos contra protestantes, esto no es una África de negros contra blancos, incluso, no es una Colombia de liberales contra conserva-dores, aquí sí se necesita que tengamos una Constitución legitima y la que tene-mos no nos la vamos a dejar raponear”.

En relación con el plebiscito, subrayó que este no es el mecanismo adecuado y que por eso se están presentado argu-mentos ante la Corte Constitucional, ale-

gatos para evitar que no se dé la aparien-cia de respeto al pueblo. “Este no es leal porque se usa la expresión de ratificar los esfuerzos para darle forma de norma jurídica, porque no es leal invocar va-lores como la paz, sobre la cual sería ino-cuo preguntar a la gente si hay voluntad o no de construir la paz, cuando en rea-lidad no se está preguntando por la paz, sino que se pretende poner en vigencia los acuerdos de La Habana”.

Sobre la posición de Álvaro Leyva, Ortiz dijo que los colombianos no estamos asistiendo a un ballet constitucional sino a un “reggaetón constitucional”.

Al hacer referencia a nuestra actual Constitución, Ortiz dijo a los asistentes que “no nos la regalaron, ni nos la im-pusieron, sino más bien la conquista-mos, a pesar de los violentos, a pesar de los corruptos, a pesar de los supuestos blindajes”.

Al final de su intervención, este abogado propuso la necesidad de adelantar un re-ferendo derogatorio, del acto legislativo para la paz. ¿Por qué ese mecanismo? “La Constituyente de 1991 identificó algunas de las vértebras principales del proceso constituyente, como lo son; la carta de derechos, el poder ciudadano o mecanis-mos de participación ciudadana y el nue-vo régimen en el Congreso y cuando se ex-pide reformas constitucionales que tratan sobre esos temas, hay un mecanismo de convocatoria expedito, de menores exi-gencias en recolección de firmas para que sea así el pueblo quien determine si esa reforma sigue vigente o no”.

10 junio de 2016

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Opinión

Quienes criticamos el proceso en La Habana no somos ciegos ni irreflexivos

Por: Coronel (RA) Álvaro Bonilla López

En la vida, todas nuestras ob-ras, actividades, expresiones o actitudes, no están exentas de críticas, ni deben estarlo, porque no somos seres perfec-tos; el único es Dios; el resto tenemos defectos, cometemos errores y si somos realistas, debemos estar dispuestos a es-cuchar .y, si es necesario, corre-gir el rumbo.

El proceso de paz es una idea excelente, porque ¿qué colom-biano –viendo lo que ha ocur-rido no sólo en los últimos 50 años, sino recorriendo la historia durante los últimos 197 años, desde la Batalla de Boyacá que selló nuestra liber-tad– no desea la paz? Creo que todos los que hemos tenido el privilegio de nacer en este bello y amado país, amamos la paz, porque es la que nos per-mite el progreso, culminar con

éxito los anhelos de nuestras familias y hacer realidad el sueño de un país desarrollado y exitoso, que ojalá fuera ejem-plo para Latinoamérica.

No es el primer gobierno que entabla conversaciones con el grupo terrorista de las Farc, porque si hacemos historia el primer proceso lo inició el presidente Belisario Betancourt en 1982, seguido en 1986 con Virgilio Barco, en 1990 con Cesar Gaviria , en 1998 con Andrés Pastrana y, final-mente en 2010 con Juan Manuel Santos. Luego, el problema no han sido los deseos de los gobiernos consientes del des-gaste y la afectación del país, sino del grupo narcoterrorista de las Farc.

Todos somos conscientes del daño que hace la violencia al

país, por cuanto ésta ha impe-dido o limitado el desarrollo de Colombia. Por esto somos un pueblo anhelante de paz, anhelo por el cual los gobier-nos de los últimos 30 años la han buscado, de acuerdo con las circunstancias y su modo de apreciar cada situación, como uno de sus principales objetivos. En razón a lo an-terior, creo que el presidente Juan Manuel Santo invitó a este grupo terrorista a dia-logar, para conseguir la anhe-lada paz.

Pero, ¿qué ha ocurrido en Colombia? Lo que afirmaré no es pegado sólo a las pá-ginas de la historia, sino acudiendo a la memoria que, a estas alturas, puede tener algunas falencias. Durante mi paso por las filas de la ins-titución me han marcado no

las palabras o las letras, sino los hechos que he vivido des-de 1957 cuando egresé de la Escuela Militar como subte-niente del Ejército y de inme-diato fui trasladado al Batallón Palacé; a los pocos días de llegar allí, armado con una pistola Colt 45 y la compañía de 18 soldados mal armados con fusiles Punto 30, tuve que salir a Ceilán, en el Valle del Cauca, a enfrentar una grave situación que se había presentado, pues habían asesi-nado a 25 personas, las cuales fueron degolladas con el fa-moso “corte de franela”.

Inicialmente mi labor consis-tió en conseguir unas mulas y costales, posteriormente enjal-marlas y cargar los cuerpos a lado y lado de la alforja con su respectiva cabeza en un costal. ¿No es dantesco,

horripilante, doloroso y cruel este hecho? ¿Cuál es su ori-gen? Nada más ni nada menos que la lucha partidista entre liberales y conservadores, que sin respetar la dignidad hu-mana, con la polarización que han organizado y mantenido nuestros políticos a través de los años, generó este hecho, el cual, creo –por lo menos no lo he conocido– no fue castigado, no generó acción de la justi-cia y esos seres descuartizados pasaron a la eternidad y sus asesinos no recibieron ningún castigo. Esto, ¿qué generó? Más violencia y más odios entre las gentes, los cuales aún siguen, pero sus acciones ya no son de liberales contra conservadores o viceversa, sino de comunis-tas contra los colombianos que deseamos la democracia y no el totalitarismo de extrema iz-quierda.

Si criticamos la forma cómo se lleva a cabo el proceso de paz, es porque amamos nuestra patria y porque pre-cisamente por haber portado el uni-forme de soldados y las insignias de los grados que logramos a lo largo de nuestro servicio, nos duele aún más cualquier acción del gobierno que pueda afectar a Colombia. Al re-specto y para que se entienda que no es porque deseo la guerra sino la paz, me permito formular las siguien-tes reflexiones:

1. No me incomoda ver a los asesi-nos sentados con unos miembros del gobierno , sean o no sean plenipoten-ciarios o con el nombre que quieran ponerse, porque nunca dejarán de ser los terroristas de las Farc, pues ese fue el camino que decidieron to-mar y por más que quisiéramos su denominación siempre será la mis-ma. De manera especial, si continúan con la prepotencia con que actúan

Algunos afirman que los que no estamos de acuerdo con la forma cómo se lleva a cabo el dialogo con los terroristas, deseamos la guerra, estamos ciegos y somos irreflexivos, lo cual carece de verdad, porque si bien los objetivos que se buscan son altruistas y nobles, carecen de realismo en su de-sarrollo, veamos :

en La Habana. Además, están reunidos para dialogar y uno puede dialogar con cualquier persona.

2. Muchos comentan que los negocia-dores y los delincuentes en la mesa están al mismo nivel y que nos inco-moda esta situación. En primer lugar, debo aclarar que si están al mismo nivel y, es obvio, porque las sillas de todos los que están en la mesa tienen la misma altura y la misma estructura y los asientos son iguales, pero no las personas que están dialogando, pues su trayectoria de vida es totalmente diferente: los unos son criminales y terroristas y los otros son delegados del Gobierno que cumplen una impor-tante tarea. No por estar sentados en la misma mesa han dejado de ser crimi-nales, pero obviamente tienen todo el derecho porque el gobierno lo ha querido, de estar frente a frente, pero eso es de distribución, más no de digni-dad. Nunca un asesino será igual a una

persona que no ha infringido la ley. Eso puede incomodar, pero es correcto, pues se está negociando y deseamos la paz, luego no lo discutimos y podemos llegar a acuerdos, pero con dignidad y obviamente sin llegar a extremos de prepotencia.

3. Están los negociadores discutiendo sus puntos de vista, cada quien expre-sando con entera libertad lo que con-sidera de importancia para su grupo o para el Gobierno. Eso es normal, porque en otra forma no estarían sentados en la misma mesa buscando alternativas para dar solución al conflicto armado de tantos años; pero, sin lugar a dudas, debemos tener en cuenta –no con áni-mo belicoso ni irreflexivo– que la parte que pone las condiciones es el gobier-no que representa a Colombia que ha sido la afectada y no los delincuentes; pero en este caso, lo que se aprecia es que los asesinos exigen y tratan de imponer sus condiciones, actitud que

nos incomoda a los que amamos a Colombia, porque de victimas pasamos a ser victimarios de las Farc.

Sin lugar a dudas, el apasionamiento político que vivimos incide en la po-larización de las gentes; no obstante, es obligación del gobierno escuchar y analizar las recomendaciones y suge-rencias y no actuar con obsesiones o ambiciones personales, como es al pa-recer lo que está ocurriendo, porque se desea o se busca la paz de palabra, pero a ojos del más incauto esto no es verdad, es tremenda mentira. Lo que se está buscando es la entrega de un grupo armado y la terminación de un conflicto de más de 50 años, mas no por ello el logro de la paz, menos en este momento en que exis-ten varios grupos violentos. Lo cierto del problema de la paz es que mien-tras exista el narcotráfico sin control y creciendo la producción, como en efecto actualmente, esta no se logrará.

1. Alcanzar el fin del conflicto. De acuerdo, es lo ideal , porque es un anhelo de todos los colombianos y si se logra sería un paso muy importante para el logro de la paz.

2. Lograr que el grupo renuncie a sus objetivos políticos. Eso sí es estar ciego y desconocer que el objetivo de los marxistas o de los comunistas es la toma del poder, para lo cual “el fin jus-

tifica los medios”; de manera que no soñemos con que ellos políticamente van a renunciar a esto. Su política ya la conocemos, luego no podemos soñar despiertos.

3. Que este grupo se reincorpore a la sociedad y sea una organización política sería lo ideal, pero para ello se necesita que haya justicia. Se re-quiere que los que no están de acuer-

do con sus crímenes, han sido sus víctimas y han sentido en carne propia sus infamias, vean que se les aplicó la justicia y que no sea “borrón y cuenta nueva”, porque se generaría más violencia, como bien lo afirme al comienzo de mi es-crito. Aunque me uno a soñar un poco, dudo mucho que abandonen sus estrategias para lograr el poder político.

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OpiniónContinuando en nuestro análisis so-bre los diferentes aspectos que lle-varon al gobierno a dialogar con los terroristas de las Farc. Debemos, además, tener en cuenta:

1. Se les invita al dialogo no porque sea imposible derrotarlos. De hecho estaban virtualmente derrotados con el anterior gobierno, que de verdad si los combatió; también debemos ser justos, como quiera que el presidente Pastrana reforzó y dotó al Ejército con tecnología de punta, pues en los go-biernos anteriores carecía de me-dios. En una visita que acompañé al General Pedro Nel Molano a Florencia (Caquetá), cuando su comandante era el General Rafael Peña Ríos, fui testigo que los soldados en la época de Belisario Betancourt no tenían bo-tas sino cotizas, sus camuflados es-taban rotos y raídos y los fusiles no tenían portafusiles para cargarlos sino

cabuyas. Era la miseria total, pero así con dignidad y pundonor, los comba-tíamos gracias al valor y el heroísmo de nuestros soldados. Doy nombres para cualquier verificación. Nunca hemos pensado, ni en los peores momentos, que nuestras Fuerzas Militares fueran incapaces de derrotarlos. Así tengamos hasta la justicia en contra nuestra, como ocurre en el momento actual; siempre luchamos hasta conseguir la victoria.

2. Sin lugar a dudas, la legislación vi-gente en nuestro país es contraria a los intereses de Colombia, para conse-guir la derrota de los narcoterroristas de las Farc o de cualquier grupo de delincuentes. Es demasiado laxa y, para completar, los jueces, en la mayoría de los casos, no son imparciales, pues ac-túan de acuerdo a sus intereses y sus simpatías ideológicas. Esta impunidad y esa benevolencia con los criminales ha afectado la tranquilidad del país y,

sin lugar a dudas, tarde o temprano, como ya lo estamos viendo, afectará en la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos.

3. Somos conscientes que los narco-terroristas no tiene en este momento la capacidad para lograr la toma del poder, pero con todas las prebendas y con la debilidad que está demostrando el gobierno en las negociaciones, no sería extraño que lograran sus objetivos políticos, afectando sensiblemente a los ciudadanos de bien que hemos senti-do la violencia de su accionar, máxime si tenemos en cuenta la corrupción política que en las justas electorales logra colocar en los puestos o cargos de elección a los que más dinero aportan, por la manipulación y la propaganda engañosa y populista que emplean. Las Farc con el dinero que tienen prove-niente del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal, entre otros

delitos, tienen un importante poder económico, lo cual les permitirá lograr resultados importantes en el campo electoral.

4. No soy enemigo del dialogo, porque no me cabe duda que es la forma civi-lizada de romper las diferencias, pero cuando se dialoga debe ser sin intran-sigencia y mucho menos tratando de imponer las razones del delincuente. Los colombianos no somos los vic-timarios, somos las víctimas de este absurdo terrorismo y de la sangre de tantos inocentes que han caído bajo el fuego de sus armas y de las minas que han sembrado en todos los te-rritorios de su accionar. Dialoguemos y busquemos arreglos para acabar el conflicto, pero con dignidad y sin perder la razón, pues el que impone las condiciones y exige el cumplimien-to de la constitución y las leyes es el gobierno y no los terroristas.

Tenemos disposición para el perdón, pero no porque sea nuestra obliga-ción; perdonamos de corazón cuando apreciamos o sentimos que hay arre-pentimiento, pero cuando surge la intransigencia y, aún, se hace gala de sus acciones como unas víctimas, de inmediato surge el antagonismo y el rechazo al perdón. Recordemos el sa-cramento de la confesión, que cuando cometemos un pecado, debemos tener propósito de la enmienda y arrepen-timiento; además, el sacerdote nos im-pondrá una penitencia por los pecados cometidos; entonces, ¿por qué quieren y exigen ser perdonados? ¿Qué han hecho para ganar el perdón? ¿Qué han hecho para resarcir los crímenes? Si las respuestas llenan nuestras inquietudes, vamos con el perdón.

¿Por qué subsiste la violencia en Colombia? Pueden ser muchas las causas: diferencias sociales, raciales, económicas, etcétera, pero entre estas las más resaltantes son la falta de ac-ción de la justicia o la corrupción en esta importante rama del poder, al igual que la impunidad: no se ve ninguna sanción o son muy laxas las penas a quienes han delinquido. Un criminal, así este en una mesa de negociaciones, debe pagar una condena, así sea mínima, pero pagar por lo que hizo y no seguir al igual que cualquier persona que no ha delinquido.

Soy consciente que para sancionar a estos delincuentes se deben buscar fórmulas o alternativas, pero en ningún caso estos deben quedar impunes, porque esto genera inconformismo en los afectados y sed de venganza, lo cual obviamente hace nacer nuevas etapas de violencia para hacerse justicia por su propia mano, ante la indiferencia del Estado para hacerlo.

Creo que cuando hemos pertenecido a una institución tan bella y tan llena de glorias y honores como el Ejército, si algo deseamos es que la grandeza y la dignidad que nos infundieron en la Escuela Militar nunca vaya a ser profanada por hechos que la pongan en igualdad de condiciones a un grupo delincuencial . Por esto, cuando juzgan militares, estos no pueden ser medidos con el mismo racero con el que se mide a los terroristas que han cometido crímenes atroces, salvo casos excepcio-nales, en los cuales el miembro de la institución se haya igualado en su ac-tuar, realizando hechos similares a los cometidos por estos.

Sin lugar a dudas, debemos ser cui-dadosos con los acuerdos que se logren en La Habana, analizando punto por punto, para descubrir los “ micos” que los negociadores de las Farc tratarán de meter con su habilidad, en procura de no afectar las normas constitucionales que

nos rigen. A este respecto, las ideas endiabladas y leguleyas del ex fiscal Montealegre son un riesgo para el destino de Colombia y tienen que mi-rarse desde todos los ángulos posibles. Ya sabemos cuáles son sus objetivos, cuáles sus intereses y sobretodo cuál es su ideología y a quiénes desea bene-ficiar, obviamente haciendo abstracción a la mayoría del pueblo colombiano.

Colombia requiere de la unión, la cual pienso puede lograrse si la clase política abandona la corrupción y hace surgir ideas que den respuesta a las necesidades reales del país, hacien-do a un lado el populismo barato, las promesas que despiertan anhelos y la manipulación de los medios de comu-nicación, que no dan a conocer las no-ticias reales del país, sino de acuerdo a la conveniencia del gobierno, que gasta ingentes cantidades de recursos en mostrar una imagen que no es la real, buscando favorecer sus intereses, pero olvidándose de las necesidades reales de Colombia. Todo esto origina in-conformismo y hace surgir la violencia. Creo que el gobierno debe hablar con la verdad para que recobre credibilidad y no como ocurre en este momento, como lo dicen las encuestas, que tiene el 15 o 20 % de credibilidad.

Finalmente, considero que los concep-tos de personajes de diferentes países

del mundo sobre el proceso de paz tienen eco en los medios de comuni-cación, pero siendo realistas nos damos cuenta que se suman a la manipulación de la paz, porque estos personajes ob-viamente consideran que es muy im-portante lograr sentar en una mesa de negociaciones a los terroristas de las Farc y a los delegados del Gobierno, pero desconocen el fondo del problema y los objetivos que estos delincuentes buscan en este nuevo proceso de paz.

¿Qué pasará si no se logra firmar la paz? Obviamente el problema será más grave de lo que era antes de ini-ciar los diálogos, porque al inicio del gobierno del presidente Santos las Farc no estaban derrotadas, pero si muy de-bilitadas y, ahora, se ha permitido que el grupo terrorista tome un nuevo aire, se reorganice, adquiera importan-cia internacional y así reinicie su accio-nar terrorista para lograr la toma del poder, con graves consecuencias para el futuro de todos los colombianos. Por eso, nuestras Fuerzas Militares y de Policía deben estar más preparadas y alerta del resultado de los diálogos, que no son para la paz sino para acabar el conflicto con un grupo de narco-terroristas. Si esto se logra, tendremos más fuerza y seguiremos la lucha para conseguir la paz, esa sí de verdad. Lo demás son palabras y palomitas que se quedan en el aire.

Posesión junta directiva de ACORE Antioquia

En días pasados se llevó a cabo la posesión de la nueva junta directiva de la sec-cional de ACORE en Antioquia.

5:00 p.m.

SEDE NACIONAL ACORE Calle 70 no. 4 - 24/ Bogotá

Informes: 3450511 ext 105

miércoles 13 de JULIO

12 junio de 2016

OpiniónMaduro y la carta democrática

Por: Coronel Dario Ruiz Tinoco

El silencio que ha mantenido hasta ahora la comunidad Latinoamericana frente a la tragedia que está viviendo Venezuela en los últimos años y más concretamente la gran ma-yoría de los 34 gobiernos que integran la Organización de los Estados Americanos, raya en la abulia, cobardía o complicidad frente a las acciones de un ré-gimen político profundamente despreciable y anti democrático en cabeza del tirano demente, Nicolás Maduro, heredero de una revolución tan perversa como la figura ridícula que él mismo representa, que hace mucho tiempo perdió el rumbo, por varias razones, entre ellas seguir un modelo político y económico de la tiranía del ré-gimen de Cuba, que lejos de re-solver los problemas que aque-jan a la población se encargó de ahondarlos con el ingrediente dominante de la corrupción que superó dramáticamente la “jus-ta proporción” en que se podía mantener como lo planteaba el difunto Ex Presidente Turbay Ayala en frase que lo lanzó a la inmortalidad dentro de las más célebres y a la vez mas estúpi-das que haya pronunciado un

Presidente de Colombia : “La corrupción hay que mantenerla en sus justas proporciones””

Por fin un Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha tenido el coraje de responder a la dramática crisis venezolana con la invocación del articulo 20 de la Carta Democrática, pero considero que sin mayores efec-tos dada la complejidad que re-viste obtener el respaldo de los miembros de la Organización para excluir a Venezuela del sistema interamericano, mas cuando gobiernos de izquierda como los de Bolivia o Nicaragua y su selecto club del ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas, engendro político internacional que solo tenía ca-bida en el delirio del ex tirano Hugo Rafael Chávez Frías jamás respaldarían tal invocación. Maduro ha demostrado ser mas torpe y vulgar que el criminal nazi Herman Goering, cuando le responde al Secretario General de la OEA “por donde se debe meter la Carta Democrática”. No hay que olvidar que para el criminal nazi los Tratados Internacionales eran simple-mente papel higiénico.

No hacer nada frente a lo que está sucediendo en Venezuela, es permitir que el vecindario se incendie, dejar que los vene-zolanos traten de resolver sus insuperables problemas, sig-nifica condenar a la hermana República ha tener que sufrir, o un baño de sangre como el que pretende Maduro en su obsti-nación de querer mantenerse en el poder, o seguir conde-nando a Venezuela a una mayor miseria de la que viene sufrien-do. Ya es mas que suficiente con la condición de pobreza y desabastecimiento en la que la Revolución Bolivariana ha deja-do a la hermana república, para que ahora tenga que sufrir la irracional violencia promovida desde el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro contra la oposición.

El gobierno de Colombia tiene necesaria e inexcusablemente la obligación de respaldar las jus-tas demandas de la oposición venezolana, si es que preten-demos ser consecuentes con nuestra tradición democrática y constitucionalmente con el respeto por el espíritu de la Constitución bolivariana que

contempla el referendo revoca-torio del mandato otorgado a Nicolás Maduro por incapaz, en busca de la salida democrática. Pero eso no va a ocurrir, esa es un utopía por el temor de nuestro Presidente a las reac-ciones de Maduro que jamás han sido respondidas y por el compromiso adquirido con peor facilitador se ha podido escoger el Gobierno para los “acuerdos de paz” con las Farc, Maduro cómplice del complot terrorista que se gestó desde Caracas contra la democracia colombiana por conducto de la siniestra Revolución Bolivariana y su contubernio con la Farc. ¡Ya es hora de definir posiciones Señor Presidente! y dejar a un lado el temor por los insultos y reacciones que pueda tener el desquiciado tirano, sí es que el Gobierno Nacional pretende asumir una posición racional, digna, justa democrática y hu-mana ante lo que ocurre con su vecino y hermano. No hay que olvidar que la caída de Maduro planteará una nueva relación con un posible nuevo gobierno en Venezuela encabezado por la oposición y la oposición en el poder de Venezuela es la mayor

garantía para la recuperación de la estabilidad en la región y una sana relación con Colombia.

Muy bien por Lilian Tintori, mujer valiente y decente, muy distinta y diferente a la dama de Turbante, Piedad Córdoba quien posaba orgullosa en fotos para la historia con criminales de la talla de Raúl Reyes o el Mono JoJoy o el loco de Maduro. Lilian por el contrario, merece todo nuestro respaldo, admiración y respeto porque logró lo que nadie ha logrado en Colombia, reunir a cuatro ex presidentes de Colombia en causa común a favor de Venezuela, el quinto ex presidente, Ernesto Samper Pizano obviamente no podía ser convocado, ni hubiese teni-do el valor de subir a la tarima por ser el Secretario General de UNASUR y tristemente re-cordado por el “proceso ocho mil”, quien le rinde cuentas a su patrón Nicolás Maduro y le hace el juego a todas sus payasadas.

La oposición en Venezuela es una de las corrientes políticas más decentes de América Latina no me cabe la menor duda, porque quienes la lideran, como Leopoldo desde la mazmorra a la que lo condenó Maduro y la valiente Lilian Tintori, mujer de quien no dudo sería un ideario político a futuro para perfilarse como una segura y honesta alter-nativa de poder en Venezuela, o Capriles Ledesma y tantos otros como María Colina Machado.

60 años de buen viento y buena marContingente 21 de la Armada Nacional está de aniversario

Hace 64 años, en noviembre de 1952 para ser más exactos, llegaron a la Escuela Naval de Cadetes –situada en ese tiem-po en el barrio de Bocagrande de Cartagena– cerca de100 jóvenes aspirantes a ser ofi-ciales navales, previa culmi-nación de sus estudios como cadetes.

El número de aspirantes, alto para la época, hacía parte del plan de crecimiento futuro de la institución. Prácticamente, el número de aspirantes que ingresaron para formar parte del Contingente 21 eran la mitad de alumnos de la es-cuela.

Los cadetes reclutas pasaron a formar parte del llamado curso preparatorio, como se designaba al primer año de estudios. Fueron recibi-dos por el entonces director, Capitán de Corbeta Jorge Taua; el subdirector, Capitán de Corbeta Guillermo Flores, y el comandante del cuerpo de cadetes, Teniente de Navío Alfonso Díaz Osorio, distin-

guidos oficiales que dejaron grandes enseñanzas en la for-mación de sus hombres.

Así mismo, fueron asimilados algunos cadetes de contingentes anteriores que, dada su experi-encia, fueron una gran ayuda en el mando y entrenamiento.

Debido a que los guardiamari-nas y cadetes antiguos se en-contraban en crucero de ins-trucción por Chile, los briga-dieres asignados a los nuevos reclutas fueron los cadetes del primer curso mercante, actuan-do como brigadier mayor el ca-dete Filiberto Bolívar.

Los tres meses de reclutada de aquella época eran infalibles y bien sufridos, incluyendo la lla-mada “salada”, evento tradicio-nal en esa época. Dado que la in-corporación fue en noviembre y era época de vacaciones, se de-cidió embarcar a todo el curso. A menos de dos meses de llega-dos, incluyendo la Navidad, fue el primer embarque a bordo del ‘ARC La Atrevida’, motovelero de dotación de la escuela, y los

petroleros ‘ARC Blas De Lezo’ y ‘ARC Sancho Jimeno’.

Las instalaciones de la Escuela eran limitadas y por ello las prácticas de polígono se hacían en las desiertas playas del actual Laguito, ya que Hotel Caribe era el final de la ciudad; los entre-namiento de natación se reali-zaban en el Club Naval y en las playas de Bocagrande, que para la época tenían una malla de protección contra los tiburones.

A partir del segundo año, el cur-so, que en ese momento ya sólo era de 64 cadetes, fue repartido en dos, 32 para especialidad del cuerpo general y 32 para el cuerpo de administración, iniciándose un programa de aceleración para reducir el tiempo de escuela a cambio no tener periodos de vacaciones, exceptuando el periodo com-prendido entre el 23 de diciem-bre y el 2 de enero; no era per-mitido perder ninguna materia,

pues no había posibilidad de habilitación.

Al final, el 7 de abril de 1956, en ceremonia nocturna –pri-mera vez que se sucedía– se graduó la promoción XXI, in-tegrada por 7 Tenientes de Corbeta del cuerpo general y 32 del cuerpo de adminis-tración, llegando en su gran mayoría a ser oficiales supe-riores y cuatro de ellos a ser oficiales de insignia.

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Modelo comparativo entre los procesos de paz centroamericanos y el caso actual del proceso de paz colombiano

Por: Coronel (RA) Wilson Díaz Ortiz.

ActualidadPrimera entrega

Este ensayo es producto del diplomado ‘La paz en el terri-torio: Una oportunidad de in-clusión social’ de la Universidad Libre. Metodológicamente se realizó una revisión bibliográ-fica, cuyo objetivo de estudio es el análisis comparado de cri-terios, variables y modelos de negociación de los procesos de paz en Centroamérica y el ac-tual proceso de paz, haciendo un recorrido por la historia, frente a las confidencias históricas de los años 80 y la actual agenda mundial, concluyendo con lo que puede pasar con la firma del acuerdo de paz entre el go-bierno colombiano y las Farc y la posterior implementación.

Criterios de comparación

Cercanía espacial. El conflicto se da en el área latinoamericana. En Colombia tuvieron lugar los primeros procesos de paz exitosos en América Latina con grupos guerrilleros surgidos tras la revolución cubana con el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1990 y, un año más tar-de, con el Movimiento Armado Quintín Lame (Maql), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Es más, destacados dirigentes del Fmln como Joaquín Villalobos y Schafik Hándal han afirma-do que el proceso de paz en Colombia incidió hondamente en las negociaciones exitosas en El Salvador en el año 2002. Es decir, fuimos los pioneros de la salida negociada a los conflictos armados en la región pero, al mismo tiempo, somos los úni-cos inmersos todavía en la vio-lencia política.

Cercanía temporal. Han pasado aproximadamente 20 años des-de la firma de los acuerdo de paz de El Salvador y Guatemala y siguen vigentes para el caso Colombiano, sus lecciones por aprender y sus experiencias en desarme, desmovilización, reintegración, construcción de paz, reconciliación y seguri-dad de estos procesos de paz de Centroamérica; se aprenden buenas y malas prácticas que permiten anticipar desafíos y en especial como mejorar la imple-mentación de dichos acuerdos.

Similitud del conflicto. El con-flicto Colombiano no es de carácter étnico, independen-

tista, ni de autodeterminación territorial; es un conflicto de “insurgencia y gobierno”; go-biernos liderados por las Fuerzas Armadas como en los casos cen-troamericanos; cada conflicto es diferente, pero más allá de eso hay patrones de consideración común o similares como la par-ticipación activa y temprana de las comunidades y de las autori-dades locales donde el conflicto ha golpeado más.

Variables de comparación

1. Escenario geopolítico mun-dial.

Entorno y contexto histórico del conflicto armado interno en Centroamérica. En el cuadro uno se encuentra una breve explicación de las causas y consecuencias del conflicto ar-mado interno centroamericano y la pérdida de interés de los Estados Unidos de América y el desplazamiento de la agen-da mundial que responde a las preguntas ¿Cómo era la agen-da mundial y la de los Estados Unidos de América ante el mun-do en los años 80? y ¿dónde estábamos en Centroamérica?, a estas preguntas se responde con ejemplos que afectan, po-tencialmente y con las diferen-cias en cada caso en concreto en las ocho variables, a saber. (Ver cuadro 1)

2. Causas del conflicto armado interno en Centroamérica

Escenario de la crisis. Desde el ámbito internacional, la Guerra Fría es el marco donde se desa-rrolló el conflicto y el factor esencial para su comprensión, puesto que es el escenario donde dos potencias mundia-les se disputaban la hege-monía política y económica de Centroamérica; nacen, enton-ces, los movimientos populares espontáneos y carentes de un liderazgo y se articularon di-versos intereses sociales que se expresaron por medio de la participación en forma de pro-testa; una respuesta violenta a la violencia y los movimientos populares de los años 70, pa-san de estudiantiles a todas las actividades de la sociedad, se involucran especialmente en los partidos políticos de iz-quierda donde fracasan para organizar y dirigir las luchas populares, pero su expresión

más visible fue en los años 80, particularmente en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, y cuyos efectos fueron similares en los tres países: regímenes que ejer-cieron la represión y después de 1975, el terror generalizado, un evidente vacío en el poder he-gemónico interno y la desvalori-zación de los órganos del Estado que dejaron de ser democráticos.

3. Consecuencias del con-flicto armado interno en Centroamérica

La polarización ideológica y la lucha política interna du-rante estos años, se eviden-cian por una influencia del an-ticomunismo fundamentalista abanderada por los estadoun-idenses en América Latina. Así, Centroamérica comenzó a ser invadida por la campaña anti-comunista, ideología empleada para enfrentar a los gobiernos y a sus políticas; fue una excusa para alterar el orden público. A esta campaña se unió la Iglesia radical con la teología de la li-beración. A partir de 1951, se comenzó a fraguar el derroca-miento de los gobiernos, por medio de la desinformación, la violencia psicológica e incluso, la violencia física; todo ello compilado en el plan PBSuccess de la CIA. Dicho plan fue apoya-do por los presidentes Antonio Somoza de Nicaragua, Marcos Pérez Jiménez de Venezuela y Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana, cuya plataforma política fue el Plan Tegucigalpa.

No DESCRIPCIÓN CENTROAMERICA 1980 – 1996 COLOMBIA 2000- 2016

1 Imagen generacional Caída del Muro de Berlín Ataque a las Torres Gemelas, Corea del Norte e ISIS

2 Política Internacional Guerra fría Primeros tiempos de la posguerra fría.

3 Globalización Guerras independentistas, en Bosnia, Yugoeslavia, Eslovenia, Croacia y Afganistán.

Primavera Árabe, crisis de los países Árabes, Crisis de Ucrania, la guerra civil en Siria y la crisis de refugiados.

4 Crisis Económica Hundimiento de los modelos económicos, crisis petrolera (Pacto de San José)

Crisis petrolera, medio ambiental y energética y minera.

5 Acuerdos Político, económicos de USA.

Nuevas relaciones con China, el EURO como moneda única 1991.

Nuevas relaciones con Cuba, Irán, (Acuerdo Nuclear 2015)

6 Estancamiento dolorosoEl Salvador: Una guerrilla fuerte y gobierno débil.Guatemala: Un gobierno fuerte una guerrilla débil.(de amenaza a molestia en el corto plazo)

Política de Seguridad Democrática.Un gobierno y una FFAA fuertes y una guerrilla debilitada.

7 Unificación de las Guerrillas para negociar.

El Salvador FMLN y Guatemala URNG.(En Guatemala solo fue de forma por conveniencia política y nunca de fondo, antes, durante y después)

FARC y ELN

8 Intervencionismo

1. Fracaso EEUU 2. Imposibilidad URSS y Cuba. (En el salvador hubo una clara intervención, en Guatemala divorcio formal, más en el fondo siempre existió la injerencia y algún apoyo solapado en agencias encubiertas)

Éxito militar de Colombia a través del Plan Colombia y cooperación internacional en especial de los Estados Unidos de América.

Cuadro 1. Escenario geopolítico mundial.

Modelo de negociación, con-tenido y sus características comparadas

A continuación algunos aspec-tos importantes de los modelos de negociación, sus conteni-dos y características que se re-sumen en el cuadro 2 y 3, donde se explican los modelos de ne-gociación; para responder a las preguntas ¿cómo negociaron en Centroamérica? y ¿cómo se está negociando en Colombia? El ¿qué? y el ¿para qué?, al buscar las respuestas de forma com-parada y al interpretarlo a la luz de la teoría de William Tartman sobre el “empate mutuamente doloroso” encontramos que hay unos cambios en el interior del grupo armado de las Farc así: cambios en el del Estado Mayor y en su orientación política, papel social “cansancio de la guerra” y la movilización social, cambios en el contexto interna-cional y el ámbito regional.

En El Salvador identificamos una guerrilla fuerte e intacta en su capacidad militar, pero, la experiencia en Guatemala es una guerrilla débil y sin ma-yores potencialidades militares por una razón fundamental: la persistencia del conflicto, inde-pendientemente de su nivel e intensidad, se había hecho dolo-rosa para la guerrilla -que había perdido ya su potencialidad es-tratégica para acceder por la vía militar al poder político-, pero, igualmente, dolorosa para las élites políticas. Estas, bajo un clima de violencia interna, no

podían llevar a cabo una inser-ción positiva al sistema inter-nacional, lo cual afectaba las posibilidades de la inversión privada, tanto interna como ex-terna, y por tanto, las tasas de crecimiento económico.

En Colombia para los años 1994 y 1998 nos acercamos a un escenario parecido al del El Salvador. Es decir, la guerrilla creó los gérmenes de un “equi-librio estratégico”. Pero, tras su derrota a partir de 1998, con el fracaso de la toma de la ciudad de Mitú capital del departamen-to del Guaviare; el escenario es muy parecido al de Guatemala, o sea, a una situación en la cual a pesar de la derrota estratégica de la guerrilla, su persisten-cia en el tiempo está afectando duramente tanto las poten-cialidades económicas del país, como la vigencia de las institu-ciones democráticas y la solidez del tejido social. (ver cuadro 2 y 3)

En el cuadro 4 se exponen las fases y las sub-fases del pro-ceso de paz en Colombia, en el numeral 3, cuenta con la fase de implementación; en este punto se describen algunas dificul-tades pero Colombia cuenta con experiencia en procesos de paz: es el caso del acuerdo político de 1957 donde se creó la figura del plebiscito sin estar contem-plada en la ley; durante el go-bierno del General Gustavo Rojas Pinilla, otro ejemplo es el de-creto 1926 /90 donde se dio la necesidad de fortalecer las ins-tituciones y con ello superar la crisis de violencia desde 1984; esto demuestra que se puede hacer un acuerdo político para el actual proceso de paz acor-dando el mecanismo más idó-neo. El Plebiscito puede llegar a ser un campo minado, votar por el No o por Si, para terminar de todas maneras reformando la Constitución, podría suce-der algo parecido a Guatemala donde la población voto por NO.

Modelo / Sigue página 14

14 junio de 2016

ActualidadDESCRIPCIÓN CENTROAMERICA 1980 – 1996 COLOMBIA 2012- 2016

Características Itinerante Un solo país

Las conversaciones se llevarán a cabo en:

El Salvador Guatemala Por fuera de Colombia.

Suiza Noruega Cuba.

Venezuela España Las conversaciones NO son limitadas.

México México

Cuadro 2. Modelo de negociación

DESCRIPCIÓN CENTROAMERICA-CA 1980 – 1996 COLOMBIA 2012- 2016

Agenda Compromiso del Proceso entre el Gobierno y el FMLN 7 puntos.

Reglas de juego del Gobierno y la URNG 6 puntos.

Reglas de funcionamiento de la mesa de 10 puntos.

Sesiones de trabajo

Reservadas y directas. Reservadas y directas. Reservadas y directas.

Refrendación Asamblea Nacional Constituyente.

Consulta popular Plebiscito

Método Mixto: Negociación y Mediación.ONU: Salvador ONUSAL, Guatemala MINUGUA desde el inicio.

Directo: NegociaciónONU: Mediación para el DDr.

Países amigos Grupo de Contadora.(Colombia, México, Panamá y Venezuela).Otros: Estados Unidos, España, Noruega.

Países garantes: Cuba, Noruega.Paises acompañantes: República Bolivariana de Venezuela y Chile.

Fases I. Iniciativas regionales. Esquipulas I y II.II. Proceso Oslo y México.III. Mediación ONU.

I. ExploratoriaII. Desarrollo de las ConversacionesIII. Construcción de paz y transición.

Cese al Fuego, Zonas de Concentración- ZC, o Zonas de Ubicación Temporal- ZUT.

En El salvador Acuerdo de paz, firmado en Chapultepec. Cese del Enfrentamiento Armado Capitulo VII.

En Guatemala, Acuerdo sobre cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Literal H. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego.

Sin despeje y sin Cese de Operaciones Militares.

El Salvador : Anexo D: 15 lugares,: 1.Área de la Reina, Chalatenango. 2. Área de Dulce Nombre de María, 3. San Antonio los Ranchos,4. El Paisnal, San Salvador, 5. Cerro de Guazapa, Cuscatlán, 6. El Zapote de Tejutepeque, Cabañas, 7. Santa Marta, Cabañas, 8. Santa Clara, 9. San Vicente, Tecoluca, San Vicente, 10.Cantón El Carmen, La Paz, 11. San Agustín – San Fransisco Javier, Usulután, 12. La Peña, Las Marias y Jocote Dulce, Usulután, 13. Perquin y Jocoaitique, Morazán, 14. Isletas y los Castillos, 15. Sesori y Nueva Granada, San Miguel.

Guatemala: Anexo A: Zonas de Asamblea , 8 puntos : Finca Claudia, ubicada en el departamento sureño de Escuintla, concentraron 300 integrantes del Frente Unitario de la URNG; finca Lo de Blanco, ubicada en el departamento suroriental de Santa Rosa, 300 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR); finca Sacol, ubicada en el departamento norteño de Petén, 500 hombres de las FAR; fincas Mayalán, Tzalbal, Tululché I y Tululché II, ubicadas en el departamento noroccidental del Quichéagruparon, cada una, 300 insurgentes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP); finca Las Abejas, ubicada en el departamento occidental de Quetzaltenango, con 250 integrantes de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA)

DESCRIPCIÓN CENTROAMERICA1980- 1996

COLOMBIA2012-2016

Negociadores

En octubre de 1987, se nombró una Comisión Nacional de Reconciliación –CNR- presidida por el cardenal Rodolfo Quezada Toruño, que posteriormente cambió a Comisión para la Paz – COPAZ-, la cual estuvo vigente hasta la firma de los acuerdos, que cambio durante los mandato de cada presidente. En total Cuatro (4). 1. Vinicio Cerezo Arévalo, quien gobernó de 1986 a 1991, 2. Jorge Serrano Elías, de 1991 a 1993,3. Ramiro de León Carpio, de 1993 a 1996, y 4. Álvaro Arzú Irigoyen, de 1996 a 2000, en todo el proceso funcionó una comisión de apoyo al proceso de paz para retroalimentar a la mesa principal.

El 26 de agosto de 2012, se firma el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Esta comisión esta integrada por 6 plenipotenciarios y una Subcomisión técnica para el fin del conflicto integrada por 6 Generales activos y con una agenda organizada y con 10 reglas de funcionamiento.

Agenda

Para el caso de Guatemala, la agenda de negociaciones que fue visualizada en 1990 en una reunión en OSLO entre la CNR y la URNG, incluía una parte sustantiva -compromisos políticos- y una parte operativa -compromisos jurídicos-, fue aprobada y puesta en marcha en el acuerdo de la reanudación de las negociaciones en 1994.

1. Política de desarrollo agrario integral.2.Participación Política.3. Fin del Conflicto.4. Solución al problema de las drogas ilícitas.5. Víctimas.6. Implementación, Verificación y Refrendación.

Propósito La Paz Estable y Duradera Paz desde los territorios.

Participación De la sociedad civil en mesas de trabajo sindicatos, gremios, universidades y foro nacional de mujeres entre otros.

Mecanismos de participación: 1. Página web.2. Consultas directas.3. Foros.4. Mesas regionales.5. Cumbre nacional de mujeres.

Medidas de Confianza

El Salvador Guatemala Colombia

1. Deslegitimación de las Fuerzas Armadas.2. Buen papel de la Naciones Unidas y de los países de la región. 3. Acuerdo sobre Derechos Humanos en medio del conflicto. 4. Papel de la Comisión Nacional de Reconciliación.

1. Participación de la sociedad civil.2. Presión regional.3. Papel de la Comisión de Reconciliación Nacional.4. Buenos oficios de Paul Wee.5. Consultas de la guerrilla con la sociedad civil.6. Reuniones secretas con comandantes generales y de campo de la insurgencia con comandantes de Zonas militares del Ejército.

Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), Municiones Sin Explotar (MUSE) o Restos Explosivos de la Guerra (REG) en General.

Cuadro 3. Contenido y sus características

Comparación del mecanismo de re-frendación del acuerdo de paz

Existen dos tipos de refrendación: la re-frendación directa (sí o no) y la refren-dación indirecta (Asamblea Nacional Constituyente o Asamblea Legislativa). La forma más prudente es aplicar la de-mocracia directa, la cual agiliza la apro-bación y la refrendación del acuerdo de paz, pero el presidente Juan Manuel Santos decidió hacer la consulta al pueblo colombiano para ganar la legitimidad.

Caso Guatemala. Se tomó la decisión de aplicar el referendo directo: sí o no. Para la cual la respuesta del pueblo guate-malteco fue el abstencionismo con un alto porcentaje del 80% y el 20% res-tante votó así: 55% por el no, mientras el 44% votó por el sí. Lo que obligó al gobierno a emprender la “táctica del enfriamiento” que consistió en olvidar el tema de paz de la agenda nacional y ponerse de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) para buscar la mejor forma de cumplir con lo acordado, lo cual se evi-dencia una gran dificultad para lograrlo, como efectivamente paso.

Caso El Salvador. La decisión fue por una Asamblea Nacional Constituyente, lo que le garantizó una mayor presencia públi-ca y reserva de escaños en las cámaras para ejercer la política.

Comparación del proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)

Caso el Salvador. Las dificultadas de cumplimiento en el Salvador en cuanto al desarme y desmovilización se produ-jo de la siguiente manera: los guerrille-ros se concentraron en campamentos en “zonas de desmovilización”, la seguridad estuvo a cargo por las Naciones Unidas como en zona de despeje. El Proceso de disolución de unidades del ejército se llevó a cabo por cuotas al igual que la desmovilización del Fmln la cual se dio

en forma simultánea para un total cin-co desmovilizaciones de 20% cada una; esto causo traumatismos, retrasos en los plazos pactados y desconfianza.

En cuanto a la reinserción a los excom-batientes del Fmln se les privilegio con: ingresar voluntariamente a la Policía Nacional Civil, tierras para cultivar, ca-pacitación en oficios y formación pro-fesional; más no trabajo. En el Salvador ocurrió un fenómeno debido al in-cumplimiento de lo pactado en el cual se vieron afectados tanto los exmilita-res como los excombatientes, los cuales se unieron para protestar en contra del gobierno y otros tomaron la decisión de ingresar a la delincuencia común y orga-nizada. Lo cual incrementó la violencia, proliferación de pandillas juveniles y el aumento de las tasas de homicidio con-siderado uno de los países más violentos de Latinoamérica, sustituyéndose la vio-lencia política por una violencia delin-cuencial y organizada.

Caso Guatemala. En cuanto a la desmovi-lización de las partes y áreas de concen-tración de la Urng, se realizó en las áreas acordadas, pero la confrontación ide-ológica y de revancha contra el Ejército continuó y en el marco de tres gobiernos redujeron a las fuerzas armadas, violan-do el compromiso asumido en los acuer-dos de paz, error motivado por decisio-nes apasionadas y personales. En cuanto al acuerdo sobre el cese al fuego defini-tivo fue firmado en Oslo (Noruega), el 4 de diciembre de 1996 y anunciado unos meses antes desde México el 19 de marzo de 199617. Determina el fin de la guerra y deja pendientes algunos detalles para la firma de la paz. Este acuerdo se había establecido verbalmente, de manera que lo formalizaron y denominaron el “Definitivo Cese al Fuego”. En cuanto a la reinserción los desmovilizados de la Urng se unieron por iniciativa propia a un programa del gobierno denominado Programa de desarrollo para desplaza-dos, refugiados y retornados (Prodere), un programa regional financiado por la cooperación italiana, el cual tenía un en-foque territorial.

1. Fase exploratoria

Dos sub-fases: (a) Acuerdo preliminar: reconocimiento de la voluntad mutua. Acuerdo para acordar(b) Determinación de un mapa de ruta: la agenda y lugar de la negociación, reglas de funcionamiento.

2. Fase de negociación Acuerdo general sobre los temas previamente acordados

3. Fase de implementación(a) Mecanismo de refrendación de los acuerdos(b) DDr, Tránsito de las armas a la política (Reintegración)(c) Implementación de los acuerdos sustanciales

Cuadro 4. Fases de proceso de paz en Colombia.

Desde ACORE AtlánticoSeñores oficiales:

Sólo palabras de agradecimiento por su valioso apoyo en este proceso elec-toral. No tuvimos la fortuna y la suerte de ganar con la plancha número dos. Obtuvimos 42 votos frente a 47 del ga-nador. Ocho votos nulos por diferentes motivos, para un total de 97 asociados q sufragamos.

Según mis cálculos, de los 29 oficiales de la Armada que votaron, 22 lo hicie-ron por la plancha nuestra, de la cual hacían parte los señores Almirante Rengifo, Capitán Mauricio Bejarano

y Teniente Jairo Arteta. Considero un gran capital de votación, muy impor-tante para decisiones futuras y que la junta directiva debe analizar.

ACORE requiere un cambio y necesita-mos obtener un lugar de reconocimien-to y prestigio ante la sociedad.

Reitero mi gratitud y una abrazo para sus distinguidas familias.

Respetuosamente,

Coronel (RA) Juan Manuel Reyes Méndez

Modelo /Viene página 13

15Edición 560

XXI ACORE

EJE CAFETEROHOTEL DECAMERON HELICONIAS4 al 8 de agosto de 2016

Informes: Teresa Romero: 3450511 ext 118Celular 3104800897

16 junio de 2016

Actualidad

Lista única - Seccional AntioquiaPresidente Teniente Coronel Laureano Eduardo Revelo PepinosaVicepresidente Teniente Coronel Álvaro Quijano QuijanoVocal Ejército Coronel Augusto Betancourt LlanosVocal Ejército Teniente Coronel Ramiro Saldaña AmezquitaVocal Ejército Coronel Jorge Londoño RamírezVocal Ejército Coronel Darío Esteban Ortiz GarcíaVocal Armada Nacional Capitán de fragata Ramiro Salazar MolinaVocal Fuerza Aérea Coronel Nelson Cardona H-Vocal damas asociadas Señora Amparo Barrera GómezVocal damas asociadas Señora Gloria Sánchez de BernalSecretario Mayor Harvin Solarte PadillaTesorero Capitán de Fragata Gonzalo Ordoñez SerranoFiscal Teniente Coronel Julián Adolfo Arango Gómez

Lista 1 ganadora - Seccional AtlánticoPresidente Teniente Coronel Adalberto de la Ossa CorderoVicepresidente Capitán de Corbeta Rafael del Castillo RoblesVocal Ejército Coronel César Mikan ForeroVocal Ejército Mayor Jorge Fernández VillavicencioVocal Ejército Capitán Jorge Aranda OsorioVocal Ejército Capitán Heriberto Zanguña SanabriaVocal Ejército Mayor Ángel Cortavarria MercadoVocal Armada Nacional Teniente Coronel Jaime Gómez HerreraVocal Armada Nacional Capitán de Corbeta Martha Garrido CorredorVocal Fuerza Aérea Coronel Fritz Van Heyl GranadosVocal Fuerza Aérea Teniente Diego Ávila PinillaDamas asociadas Señora Helena de Castro de JaramilloFiscal Teniente Coronel Hugo Molano SalgadoSecretario Teniente Hugo Bernal Barros

Juntas directivas seccionales 2016-2018

Lista 2 ganadora - Seccional BoyacáPresidente Teniente Coronel Álvaro Macías MontoyaTesorero Teniente Coronel Alirio Aponte MonroySecretario Coronel Juan Carlos CardozoFiscal Mayor Edilberto Pezca Pezca

Lista única - Seccional caldasPresidente Teniente Diego Arias CastroVocal Mayor General Hernán Cadavid BarcoVocal Teniente Coronel Silvio Cardona ÁlvarezVocal Subteniente Jairo Ángel MejíaFiscal Subteniente Filiberto Castro GarcíaSecretario Mayor César Jaramillo ArangoTesorero Subteniente Pablo Hoyos Mejía

Lista única - Seccional HuilaPresidente Capitán Rafael Meléndez LópezVicepresidente Mayor Edilberto Charry MedinaVocal Capitán Camilo Neira Wiesner

Lista única - Seccional MagdalenaPresidente Coronel Augusto Vejarano BernalJunta directiva Mayor Carlos Hernández

Mayor Guillermo pulido g.Teniente de Corbeta Fernando Ponce A.

Secretario Mayor Alberto Pérez PlataTesorero Teniente Coronel Jairo Cerón CastroFiscal Teniente Coronel Guillermo Fajardo R.Suplente fiscal Mayor Aldemar Libreros

Lista 1 ganadora - Seccional QuindíoPresidente Brigadier General Hugo Tovar SánchezVicepresidente Mayor General Fabio Bedoya CorreaPrimer vicepresidente Coronel Óscar RodríguezSegundo vicepresidente Teniente Coronel Fabio VergaraVocal Ejército Teniente Coronel José Ancizar LópezVocal Ejército Mayor Germán Larrota PintoVocal Ejército Mayor Fredy Navas CobosVocal Fuerza Aérea Teniente Alfonso Martínez RizoVocal Fuerza Aérea Teniente Coronel Gabriel Arturo TriviñoVocal Armada Nacional Teniente Álvaro Cárdenas RincónVocal Señoras viudas Señora Fabiola Jaramillo de MurilloVocal Señoras viudas Señora Luz Alba Rincón de NavarreteTesorero Capitán Luis Enrique GarcíaSecretario Coronel Carlos Castro GarcíaFiscal Teniente Coronel Juan Pablo Barrera

Lista única - Seccional RisaraldaPresidente Mayor Gabriel Clavijo MedinaVicepresidente Teniente Coronel Carlos Aguilar RodríguezTesorero Capitán Jairo Triana GutiérrezSecretario Teniente Antonio Jiménez Quiceno

Lista 1 ganadora - Seccional SantanderPresidente Mayor Jaime Hernández GranadosVicepresidente Mayor Hernando Benítez ContrerasVocal Teniente Coronel César Augusto Barrera PáezVocal Capitán Édgar Humberto Fandiño ArizaVocal Señora Rosario Vásquez vda. de SalazarRevisor fiscal Capitán Raúl Celis Ávila

Lista única - Seccional TolimaPresidente Teniente Coronel William Santiago MolinaJunta directiva Teniente Coronel Paolo Esteban Rosero Ferreira

Teniente Coronel Carlos Eduardo Dávila RomeroMayor Jesús Yezid Salazar Moreno

Fiscal Mayor Carlos Alberto Polanco Dimas

Lista única - Seccional vallePresidente Coronel Luis Hernando Medina ÁlvarezVicepresidente Coronel José Enrique Pinzón VásquezVocal Ejército Mayor Jorge Enrique Sierra TapiasVocal Ejército Mayor Germán Rodríguez RicciVocal Ejército Coronel Carlos Gustavo Méndez FarfánVocal Ejército Mayor William Delgado CardonaVocal Armada Nacional Capitán de Navío Jairo Suzunaga LeónVocal Armada Nacional Capitán de Corbeta Santiago Hinestroza MoralesVocal Fuerza Aérea Mayor José Duberney Gil VacaVocal Fuerza Aérea Mayor Antonio José Botero IsazaVocales damas asociadas Señora Adriana Urbina de GonzálezVocales damas asociadas Señora ligia Alzate de RamírezFiscal Mayor Diego Conde BetancurTesorero Capitán Fabián Rodas BlancoSecretario Teniente de Navío Daniel de Castro Guerrero

17Edición 560

Actualidad

EDGAR A. VILLAMILA B O G A D O S A S O C I A D O S

Derecho Civil y de FamiliaDerecho Comercial y de SegurosDerecho LaboralDerecho AdministrativoResponsabilidad del EstadoResponsabilidad Civil

Teléfono: 2838917 - 4660111 - 3118500865villajota@yahoo.com

Calle 19 No. 6 - 68 Edificio Ángel Oficina 601 - Bogotá

Casos de Derecho Administrativo Laboral de la Fuerza Pública: Reliquidación IPC, Prima de Actividad, Nivelación Salarial y Pensional, etc.

Día de la madre en ACORE Huila

Actualización académica en ACORE Quindío

En el marco del programa de actua-lización académica proyectada por Acore, se dictó en días pasados la conferencia ‘Apuntes de geopolítica y seguridad en el litigio Colombo-Nicaragüense’, tema a cargo de los coro-neles (RA) John Marulanda y Augusto Betancourt Llanos, miembros de ACORE Antioquia.

La conferencia tuvo lugar en Armenia, en la sede social de ACORE Quindío, con la asistencia de 25 miembros y sus esposas. La charla, que generó comentarios muy positivos, se ofrecerá próximamente en otras seccionales de ACORE para motivar el interés de los asociados en un tema vital para Colombia y de la esencia de la vida militar, como es la territorialidad del país.

Con la celebración de una eucaristía y la posterior realización de un almuerzo de compañeros, la seccional de ACORE en el Huila celebró por todo lo alto el tradicional día de la madre. Las sonrisas, servidas con una pizca de alegría y otra de entusiasmo, hicieron parte de la carta puesta a disposición de los co-mensales.

Desde ACORE Boyacá

Mi General:

Desde Houston me permito hacer lle-gar un saludo especial de agradeci-miento por el apoyo permanente y siempre oportuno de que fui objeto durante mi gestión como presidente de la seccional de Boyacá. Como lo expre-

sé en la pasada Asamblea Seccional, estaré presto a colaborar desintere-sadamente en bien del crecimiento continuado de ACORE.

Muchas gracias.

Con sentimientos de consideración y respeto,

Capitán de Fragata (RA) Roberto Mora Gaitán

MAYO 2016

Se invita a los afiliados que no hayan reclamado el certificado, acercarse a la gerencia del Avode para firmar este documento. Aquellos afiliados a quienes por incapacidad de pago Cremil no les está haciendo el descuento correspondiente al Avode, deben cancelar por ventanilla en ACORE.

Nuevos asociadosLos siguientes oficiales y beneficiarias ingresaron en abril como asociados de ACORE:

GDO FZA NOMBRES Y APELLIDOS SECCIONAL MG EJC Eduardo Herrera Berbel Bogotá

MG EJC Luis Fabio García Chávez Bogotá

CT EJC Edgar Edmundo Castañeda Carvajalino Antioquia

BG EJC Fernando Millán Pérez Bogotá

Fallecidos

Presentamos un saludo de solidaridad a las familias de nuestros amigos y compañeros que partieron hacia la eternidad

GDO FZA NOMBRES Y APELLIDOS SECCIONALSRA Leticia Arango de Mosquera Bogotá

CN ARC Humberto Cubillos Ortiz Bolívar

MY EJC Jorge E. Vásquez Molina Bogotá

BG EJC José Hildebrando Roa Leguizamón Bogotá

CA ARC Jorge Arturo González Echeverry Bolívar

Aporte Voluntario por Defunción, Avode

Auxilios pagados

FALLECIDOS BENEFICIARIOS VALOR PAGADO

Sra. Zohe Pabón Vda. De Mafiol

Beatriz Eugenia Mafiol de Arango $ 6.108.302

Humberto Mafiol Tobón $ 6.108.302

Martha Lucia Mafiol Tobón $ 6.108.302

Zohe Mafiol Tobón $ 6.108.302

Sra. Arango Vda. De Mosquera Leticia

Jorge Hernando Mosquera Arango $ 2.714.907

Jesús Alberto Mosquera Arango $ 2.714.907

Gilberto Mosquera Arango $ 2.714.907

Rafael Mosquera Arango $ 2.714.907

Gina María Mosquera Arango $ 2.641.136

Carlos Enrique Mosquera Arango $ 2.641.136

Manuel Fernando Mosquera Arango $ 2.641.136

BG. Jose Hildebrando Roa Leguizamón Dora Judith Buitrago de Roa $24.518.494

BG. Esteban Villamizar Villamizar

María Mercedes Barrera de Villamizar $24.427.956

TOTAL $ 97.816.503

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18 junio de 2016

ActualidadBlindar el “Acuerdo General” a la luz del DIH

Respuesta de ACORE a la Corte ConstitucionalLa presidencia nacional de ACORE respondió en días pasados una petición de la Corte Constitucional relacionada con la naturaleza jurídica de los acuerdos a que se llegue en La Habana en relación con el DIH, la competen-cia del Tribunal o Corte Constitucional sobre acuerdos de paz, funciones del Congreso de la República respecto a estos mismos acuerdos y los mecanismos de participación ciudadana para su refrendación.

El texto de la respuesta a la alta corporación es el siguiente:

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2016 Honorable MagistradoJORGE IVAN PALACIO PALACIOCorte ConstitucionalCiudad REFERENCIA: Mediante auto de la Corte Constitucional, calendado el 21 de abril de 2016, notificado a esta Asociación el 19 de mayo de 2016, se admite la demanda presenta-da por el ciudadano EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT sobre el “Acuerdo General para la ter-minación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito por el gobier-no nacional y el grupo armado ilegal auto de-nominado FARC, con el propósito de definir la constitucionalidad de la expresión “ACUERDO” al tenor de los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en cuanto a su consideración como verdaderos tratados integrantes del bloque de constitucio-nalidad, según el derecho público colombiano. Este mismo auto (expediente D-11329) determina en su parte resolutiva, invitar junto con otras organizaciones, a nues-tra Asociación de Oficiales Retirados de las FF.MM. (ACORE), para que dé a conocer su opin-ión sobre el asunto, en cuanto a la natura-leza jurídica de los acuerdos en relación con el DIH, la competencia del Tribunal o Corte Constitucional sobre acuerdos de paz, funcio-nes del Congreso de la República respecto a estos mismos acuerdos y los mecanismos de participación ciudadana para su refrendación. En respuesta a esta petición, y en nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las FF.MM. (ACORE), en mi condición de Presidente Nacional y representante legal de la misma, con Personería Jurídica No. 97 del 12 de enero de 1961 situada en la Calle 70 # 4-24 de Bogotá, D.C., me permito manifestar:

1. Naturaleza Jurídica de los acuerdos en rela-ción con el DIH, mecanismos de participación ciudadana para su refrendación y anteceden-tes sobre el particular: La refrendación popular de los acuerdos que sean pactados para la finalización del con-flicto armado con las FARC, desde hace bas-tante tiempo, viene siendo objeto de múltiples cuestionamientos por distintos sectores de la sociedad colombiana, en virtud de la preocu-pación existente sobre la posibilidad de que sean aplicados mecanismos no constituciona-les y distintos a los ofrecidos por el gobierno nacional, desde el momento mismo en que se hizo pública la agenda de negociaciones con esta organización terrorista. Es decir, cuando se firmó el acuerdo general que aprobó la iniciación del proceso. En el marco de esta negociación, siempre se ha entendido que este tipo de refrendación se hace indispensable para legitimar e implementar todo lo que sea acordado como producto de las conversaciones que se realizan en La Habana. El primer tropiezo surgido respecto al com-promiso de refrendación pactado, fue pro-

tagonizado precisamente por el demandante, señor Eduardo Montealegre Lynett, quien sorpresivamente anuncio públicamente, que estos acuerdos jurídicamente podrían omitir esta clase de mecanismos, ya que la ley y la Constitución Nacional no lo establecía, y que antes por el contrario, otorgaba suficientes facultades al Jefe de Estado para legitimarlos una vez fueran debidamente firmados por las partes negociadoras. Sobre este particular, nuestra asociación, junto con distintos sectores políticos y académicos, controvirtieron de inmediato tales anuncios, argumentando que tal procedimiento jurídica y técnicamente, podría ser cierto, pero la con-sulta popular se constituía en factor determi-nante para lograr la credibilidad, firmeza y sostenibilidad requerida por tan cuestionado proceso. El segundo tropiezo de carácter significa-tivo, nuevamente fue protagonizado por el mismo ciudadano, señor Montealegre Lynett, al interponer una demanda ante la Corte Constitucional pocos días después de dejar su cargo como Fiscal General de la Nación, a fin de obtener de esta alta corporación, el aval requerido para desconocer la figura del plebis-cito que ya había sido anunciado y modificado como mecanismo popular de refrendación, optando en esta ocasión, por la figura del “ACUERDO ESPECIAL”, bajo la protección del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el supuesto de que los protocolos adicionales de los Convenios de Ginebra, establecen que las partes de un conflicto pueden hacer uso de este tipo de recursos, y por tanto otorgarle el carácter de “TRATADO INTERNACIONAL”, con los efectos jurídicos de obligatoriedad que esto implica y el blindaje internacional que propor-ciona, teniendo en cuenta además, que tales acuerdos entrarían a formar parte del bloque constitucional colombiano. En estas condiciones, las afirmaciones hechas por el demandante, fueron de inmediato mo-tivo de nueva crítica y objeción por distintos sectores de la reserva activa de las FF.MM., políticos, periodistas y columnistas indepen-dientes, constitucionalistas y ciudadanos del común, por tratarse de un mecanismo inacep-table e improcedente, por cuanto los tratados internacionales solo se celebran entre Estados u Organismos Internacionales, y dentro del rigor de la normatividad establecida por el Derecho Internacional. Además, para este caso, requieren surtir el trámite interno de aprobación legislativa para su debida aplicación. Se consideró también que entablar esta de-manda, constituía un evidente acto prematu-ro, por cuanto el proceso de negociaciones aún se encuentra en curso y por tanto, era inad-misible incorporar a la Constitución Nacional, acuerdos aun no pactados como son los que a la fecha, corresponden a la finalización del conflicto, en cuanto a desarme, desmovili-zación y consulta o refrendación popular. En esta forma, se pretende aplicar una curio-sa interpretación a los protocolos adicionales de los Acuerdos de Ginebra, para favorecer los intereses de esta organización terroris-ta (FARC), la cual de inmediato y en forma pública, como era de suponer, ya se mani-festó favorablemente, aceptando tal proced-imiento como recurso valido de refrendación o garantía.

Tiempo atrás, aproximadamente en el año 2012, las FARC ya habían planteado infruc-tuosamente ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está cuestionada inter-pretación. Sus actuales abogados también insisten en tal sentido, para darle carácter su-praconstitucional a esta medida.

Tal interpretación, según algunos prestigiosos internacionalistas, la cual también comparti-mos como asociación de las reservas activas de las FF.MM. (ACORE), no solamente es incon-veniente para todo lo concerniente con la vi-gencia de la institucionalidad democrática del país, sino que podría ser violatoria de precep-tos constitucionales fundamentales contem-plados en la carta magna de la nación. Creemos que bajo ninguna circunstancia, pue-de otorgársele a estos acuerdos la condición de “Tratado Internacional Humanitario”, por cuanto corresponden a compromisos adquiri-dos, no todos de carácter humanitario, cele-brados entre un actor estatal y otro que no lo es. En otros términos, no tiene la condición de su-jeto del derecho internacional. Por esta misma condición, no es procedente que el acuerdo especial se incorpore automáti-camente al ordenamiento jurídico colombia-no, vía bloque de constitucionalidad. También es importante destacar, que el con-cepto de la refrendación o consulta popular, no es otra cosa que la voluntad del constituyente primario, y por tanto debe tener prevalencia total sobre cualquier otra norma de carácter interno que así se determine, o mecanismo que pretenda utilizarse para una eventual refren-dación de los acuerdos que sean pactados en la mesa de conversación de La Habana. En las circunstancias actuales, el único me-canismo valido con carácter vinculante para blindar los acuerdos que sean pactados, no es otro que una constituyente o un referendo, que permita consultar a la opinión nacional, me-diante temas o preguntas concretas, su posición frente a lo que se haya negociado. La fórmula propuesta por el gobierno, res-pecto a un plebiscito, no es vinculante, y ya ha sido demandada por inconstitucionalidad. Tampoco ha sido aceptada por las FARC. Finalmente, de no darse una refrendación adecuada, cualquiera que sea el mecanis-mo constitucional que se utilice, la opinión pública se sentiría burlada y totalmente desconocida. El país difícilmente se sometería a las imposi-ciones de una cuestionada minoría. Cualquier acuerdo logrado en tal sentido, no sería más que una simple tregua. Por otra parte, aun no hay claridad sobre 27 salvedades pendientes por resolver surgidas de los preacuerdos ya pactados en materia agraria, política y drogas ilícitas. Tampoco en algunos asuntos relacionados con la conformación de la Comisión de la Verdad y del Tribunal Especial de Paz en cuanto a Justicia Transicional. De igual manera, públicamente se ha anuncia-do, que este acuerdo podría darse en cuestión de pocas semanas y no de meses, sin concre-tarse hasta el momento, ni informarse a la opinión pública, lo relativo a desmovilización y desarme, entrega formal de sus recursos y cuantiosa fortuna, participación activa y presencial en el Congreso de la República sin requisito alguno de elegibilidad, y sobre todo, la eventual conformación de un cuerpo de seguridad para su propia protección, confor-mada por miembros de su organización, que fungirían al interior de la Unidad Nacional de Protección, como funcionarios del Estado. De ser así, se corre el riesgo de que se pueda ejercer fácilmente el control territorial a que las FARC aspiran en las zonas de reserva campesina o territorios de paz, sobre los cua-

les vienen exigiendo públicamente una gran autonomía. 2.Competencia del Tribunal o Corte Constitucional sobre acuerdos de paz: La Corte como cabeza de la jurisdicción consti-tucional del país, tiene como tarea prioritaria la guarda de la integridad y supremacía de la carta política que rige nuestra institucionali-dad democrática. En estas circunstancias, y en concordancia con las funciones que le competen, descritas en el artículo 241 de la Constitución Nacional, es ampliamente competente para avocar y de-cidir la demanda de constitucionalidad sobre acuerdos de paz, interpuesta ante ese tribu-nal por el accionante Eduardo Montealegre Lynett. 3. Funciones del Congreso de la República re-specto a estos mismos acuerdos: El Congreso de la República dentro de su fun-ción legislativa, le corresponde elaborar, inter-pretar, reformar y derogar las leyes en todas las ramas de la administración y mediante actos legislativos, reformar la Constitución Política de la Nación. En estas circunstancias, se constituye en el único organismo del poder público, facultado para tramitar constitucionalmente, todo lo concerniente con los acuerdos de paz que sean pactados formalmente con las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana. Dentro de este compromiso, le corresponde continuar con el trámite que se adelanta ac-tualmente respecto al proyecto de acto legis-lativo para la paz, en el que también se con-templa el otorgamiento de facultades extraor-dinarias al Presidente de la República para la implementación de los acuerdos a que se ha hecho referencia. Por todo lo anterior, es conveniente advertir, que el Congreso de la República, bajo ninguna circunstancia puede delegar o restringir esta responsabilidad que de manera exclusiva le compete, o hacer caso omiso al cumplimiento estricto de las normas que le impone esta fun-ción legislativa, para evitar vicios de constitu-cionalidad, que ya son motivo de reclamo por parte de algunos sectores de la opinión pública nacional. Estos serían los más importantes: - Inclusión de un nuevo artículo transitorio en el séptimo de los ocho debates del Acto Legislativo para la Paz, creando un evidente vicio de trámite, al violarse el principio de deliberación democrática, que se impone con los ocho debates establecidos y con la par-ticipación del Senado de la República. (Solo participa la Cámara de Representantes en dos debates). - Incorporación en la Constitución Nacional de acuerdos que en la mesa de negociaciones aún no se han terminado de construir para el cierre definitivo del proceso. Al desconocerse al Congreso de la República en el trámite que esto implica, se obvia la participación democrática. - Inclusión de los acuerdos pactados en La Habana en el bloque de constitucionalidad, ne-gociados por un sector minoritario y por una mesa carente de potestades para tal efecto. En los términos anteriores doy respuesta a lo dispuesto por ese despacho, teniendo en cuenta los criterios y posiciones asumidas por la Asociación que represento sobre los temas a que se ha hecho referencia. Atentamente,Brigadier General (RA) JAIME RUIZ BARRERAPresidente Nacional de ACORE

19Edición 560

ActualidadUn hasta luego y muchas graciasPermítanme presentarles como es mi costumbre el más sincero saludo de compañero y amigo, manifestándoles el mayor deseo porque en sus hogares re-ine la comprensión y cariño para que la paz de nuestro entorno familiar sea el inicio y ejemplo maravilloso, que tanto anhelamos los colombianos.

Al hacer entrega de la Presidencia de ACORE Seccional Valle del Cauca, en primer término quiero darle gracias a Dios, por haberme permitido trabajar durante 6 años con un grupo maravil-loso conformado por la Junta Directiva, quienes con entrega y dedicación lo-gramos cumplir un propósito para aunar los lazos de amistad y compañerismo, de quienes hacemos parte de nuestra Asociación.

Quiero agradecer de manera especial a las autoridades militares y de policía de la ciudad, quienes nos brindaron el más sincero y oportuno apoyo para cumplir nuestro cometido y así poder realizar con mucha satisfacción el Día del Acorado en el Cantón Militar Pichincha, la visita anual a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, al Comando Aéreo de Combate No. 7, a la Fuerza Naval del

Pacífico, que nos permitieron conocer las bellas instalaciones de la Base Naval Bahía Málaga, y mantener el contacto permanente y de esta forma cuando fue necesario defender nuestras institu-ciones militares y al personal activo de nuestras Fuerzas Armadas.

De igual manera, a la presidencia de ACORE nacional en manos del señor Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, a su secretario ejecutivo señor Brigadier General Guillermo León Bastidas Ordoñez y en general al equipo admin-istrativo y que gracias a su apoyo, pudi-mos llevar a cabo una digna labor, llena de entusiasmo y satisfacción del deber cumplido.

Y a ustedes señores y señoras, asocia-dos y asociadas, va mi especial recono-cimiento por su inagotable apoyo en la realización de las actividades cumplidas, donde siempre demostraron su compro-miso, pues sin ello sería imposible alcan-zar lo ejecutado.A las señoras esposas de los señores ofi-ciales, señoras socias adherentes, pen-sionadas del Ministerio de Defensa y de sustitución pensional, muchas gracias por su afecto e incondicional colabo-

ración, pero especialmente quiero re-saltar la infatigable labor de la señora Isabel Cristina Muñoz de Parrado, presi-denta del comité femenino, quien con su manera de ser, alegre, descomplicada, pero muy organizada, sacó adelante todas las actividades con las señoras. Muchas gracias.

A Elizabeth, nuestra insigne secretaria, magistral señora, llena de bondades, cariño que siempre nos irradió, muchas gracias, sin ella sería imposible cumplir con el objetivo propuesto, a los soldados, quienes realizando una labor callada y de pronto no muy reconocida para ellos también va mi gratitud.

Entregó la presidencia, muy orgulloso por lo realizado y me llevó el mayor de los tesoros que una persona puede tener en la vida: La sincera amistad de grandes amigos, de los cuales aprendí mucho de lo que me brindaron. Dios les pague.

Dios nos bendiga.

Coronel (RA) Luis Fernando Galvis GómezPresidente ACORE, Seccional Valle del Cauca

ARTÍCULOS PERIÓDICO ACORE

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24 de junio

Hotel Crowm TequendamaSalón esmeralda piso 1

12 m

DIA DEL PADRECELEBRACIÓN ALMUERZO ACORE

20 junio de 2016

En imágenes

Almuerzo de compañeros del curso Luciano D’Elhúyar

El curso militar Luciano D’Elhúyar llevó a cabo un almuerzo de inte-gración en el Club Militar con la asis-tencia de un selecto grupo de com-pañeros y señoras y la participación distinguida del general Manuel Jaime Guerrero Paz, ex ministro de Defensa

Nacional, uno de sus más eximios re-presentantes.

El curso militar Luciano D’Elhúyar egresó de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova hace 64 año, en diciembre de 1952 para ser más precisos.

Me niego a arrodillarmeMemorias de un soldado jamás derrotado en batallaEl libro se agotó en su primera edición, pese a que la Justicia le negó al autor la posibilidad de lanzarlo en la reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Un desgarrador testimonio en primera persona de quien fuera considerado el mejor soldado de Colombia en las últimas décadas, es la esencia del libro Me niego a arro-dillarme del Coronel Publio Hernán Mejía, condenado por la justicia a 19 años de cárcel acusado de ejecuciones extrajudiciales y nexos con grupos de autodefensa.

Con el sello editorial de Oveja Negra y prólogo de Plinio Apuleyo Mendoza, Mejía narra en 320 hojas los porme-nores de lo que él considera la más grande injusticia jamás cometida con-tra militar alguno.

“No he sido capaz de explicarles a mis hombres por qué, sin haber sido venci-do jamás en los campos de batalla, sin

haber fallado como líder en los más cruentos combates contra los terroristas por el bien de un país, sin haber tenido un solo segundo de con-ducta ilícita; he sido aniquilado por el Estado que defendí (SIC)”, dice Mejía en el capítulo 11 de su libro.

En la obra, que tiene la forma de una carta testimonial, este viejo soldado le dice a su padre –quien también fue militar–que nunca deshonró al Ejército y que fue víctima de una cons-piración fraguada por el hoy presi-dente Juan Manuel Santos y su mano derecha en el Ministerio de Defensa, Sergio Jaramillo, hoy alto Comisionado de Paz.

¡Feliz día!, madres de ACORE

Para rendir un sentido homenaje a aquellos seres dadores de vida, ACORE llevó a cabo un almuerzo de Día de la Madre en el salón Esmeralda del Hotel Crowne Plaza

Tequendama el pasado 27 de mayo.Detalles de esta importante efemérides, que responde al objeto social de la Asociación, se recrean en el siguiente reportaje gráfico:

Liliana Chinchilla de Laino, esposa del Coronel Gustavo Laino Moreno, recibe de manos del Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, presidente nacional de ACORE, uno de los regalos que la Asociación entregó ese día.

El Brigadier General Jaime Ruiz Barrera entrega los escudos a los nuevos asociados. De izquierda a derecha aparecen: Brigadier General Rafael Peña Ríos, señora Rosalba Barrera, Mayor General Luis Fabio García Chávez, señora Doris Rincón Zamoran, Teniente Coronel Juan David Cardona Díaz y Mayor Jorge Leal Avendaño, en nombre de su hijo, el Teniente Jorge Humberto Leal Castaño.

Blanca de Wells, esposa del Mayor Juan Félix Wells Guzmán, se hizo acreedora al premio que donó la filial de Nissan en Colombia.

La esposa del Cabo Primero Fredy Alexander Tocarruncho, señora Carolina Parra Ochoa, recibió una pequeña suma de dinero que los asistentes al almuerzo de Día de la Madre recogieron en solidaridad con su cónyuge, quien se encuentra privado de la libertad por causa del conflicto armado.

Citas MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGIAEn la Sede Nacional tienen la posibilidad de solicitar citas para Medicina General y Odontología, servicio que presta la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional

PBX 3450511 - Calle 70 # 4-24