La Educación Superior en Chile - La Otra USM

La Educación Superior en Chile

JORNADA AUTOEDUCATIVA

“De la Reflexión a la Acción”

JORNADA AUTOEDUCATIVA “De la Reflexión a la Acción”

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Instalación del

Neoliberalismo

en Chile.

Nuevo

proyecto en

educación

FINANCIAMIENTO

CALIDAD

PARTICIPACIÓN

INSTITUCIONALIDAD

Autofinanciamiento Acreditación Restricciones

antidemocráticas Boom de

instituciones

privadas

Gobierno

Actual

Fondo único

concursable

Criterio

único de

distinción

Proyección

de lo

existente

Nueva

Institucionalidad

para todas las

universidades

Respuestas Movilizaciones

2005: contra la ley

de financiamiento

2005: contra la ley

de acreditación 2006: contra la

LOCE

Propuestas - CONFECH

- OPECH

- OTROS

BLOQUE

DOMINANTE

CAMPO

POPULAR


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Transformación de la Educación Superior en Chile

La situación de la Educación Superior en Chile es fiel reflejo de lo que ha ocurrido en las

ultimas 3 décadas. En general, nuestro sistema es “el más privatizado y abierto al mercado,

como se deduce de su estructura institucional y nivel de participación de la matrícula privada,

en combinación con los pesos relativos del financiamiento del Estado y de los hogares. Desde

este punto de vista, el sistema chileno ocupa un lugar excepcional en el mundo, comparable

solamente al de algunos sistemas del Asia Pacifico”1.

Actualmente, sólo el 6.5% de los estudiantes pertenecen a establecimientos universitarios

públicos, los cuales deben competir frente a las otras universidades y buscar un

autofinanciamiento para continuar con su labor, así también un 9.0% pertenece a

universidades reconocidas por el Consejo de Rectores.

Un hito fundamental en la educación superior es la implantación de un modelo económico

neoliberal por parte de la dictadura, comenzando con la destitución de los rectores del CRUCH

y el desmantelamiento y fusión de las universidades estatales.

Cambia la estructura de las universidades tradicionales, cambia el financiamiento

(anteriormente casi un 80% por parte del Estado, previo al 80’) y ahora mediante un AFD

(Aporte Fiscal Directo), entregado en un 95% por criterios históricos; un AFI (Aporte Fiscal

Indirecto), entregado por la captación de los mejores puntajes en las pruebas de selección; un

FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico); un MECESUP (fondo

competitivo para el Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior).

En síntesis, en 1972, ocho de cada diez pesos que recibían las universidades eran aportes

públicos. En el 2005, el aporte se situaba sólo en uno de cada cuatro pesos.

1 Brunner, J.J.; (2005) Guiar el Mercado, Informe sobre la educación superior en Chile.

Clasificación Matrícula

Clasificación

% Matrícula

Clasificación

Sub-clasificación Matrícula

Sub -clasificación

% Matrícula

Sub -clasificación

CRUCH 271629 40.957 U. Estatal 171523 25.863

U. Privada

con aporte del

Estado

100106 15.094

No tradicional 214462 32.337 U. Privada 214462 32.337

Ed. Técnica 177111 26.705 CFT 62429 9.413

IP 114682 17.292

Total 663202 99.999 Total 663202 99.999


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Antes de 1973 1973-1980 1980-1990 1990-2005

Establecimientos 8 Universidades Tradicionales con sedes regionales

8 Universidades Tradicionales Intervenidas

8 Universidades Tradicionales, 12 Universidades Derivadas y 26 Universidades Privadas + Surgimiento masivo de CFT e IP

25 Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (16 estatales), 36 Universidades Privadas, 47 IP y 111 CFT

Financiamiento Establecimientos

Financiadas por Ley de Presupuestos y Leyes Especiales (1973: 79,4% de financiamiento fiscal promedio)

Financiadas por Ley de Presupuestos y Leyes Especiales (1980: 66,2% de financiamiento fiscal promedio)

Ostensible disminución en el financiamiento a los establecimientos por parte del Estado. A partir de 1981, los aportes centrales son el Aporte Fiscal Directo (AFD), el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y el FONDECYT

AFD, AFI, Fondo de Desarrollo Institucional, MECESUP, Programas CONICYT. (2005: 17,4% de Financiamiento fiscal promedio y 25,9% de financiamiento público

Pago Estudiantes Universidades Gratuitas. Sólo se deben pagar cuotas para mantención diferenciadas (Cuotas de Solidaridad)

Universidades Gratuitas. Sólo se deben pagar cuotas para mantención diferenciadas (Cuotas de Solidaridad)

Cada cual debe pagar el arancel correspondiente. Creación del Crédito Fiscal Universitario, para los estudiantes de menores recursos, el cual en 1987 comienza a ser administrado por cada Universidad perteneciente al Consejo de Rectores

Cada cual debe pagar el arancel correspondiente. Creación Becas de Arancel, Becas Nuevo Milenio, Fondo Solidario de Crédito Universitario, Créditos CORFO pregrado y posgrado. Extensión becas y ayudas estudiantiles (Nacen las Becas Asistenciales)

Cobertura 139.999 estudiantes 118.978 estudiantes en 1980

249.482 estudiantes en 1990

663.679 estudiantes en 2005

Institucionalidad Consejo de Rectores y MINEDUC

Rectores delegados en cada Universidad (4 de la Armada, 3 del Ejército y 1 perteneciente a la Aviación), Consejo de Rectores, MINEDUC. Muchos cambios, intervención extrema

Consejo de Rectores, Consejo Superior de Educación (CSE), División Educación Superior MINEDUC (1990)

Consejo de Rectores, CSE, División Educación Superior MINEDUC, Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), Comisión Nacional de Acreditación de Posgrado (CONAP)

Marcos Kremerman, El Desalojo de la Universidad Pública, tabla creada a con datos entregados por el MINEDUC, Monckeber M.O.

y Latorre, C.L.


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Financiamiento de la Educación Superior en Chile

El gasto en Educación Superior (ES) en Chile es uno de los más altos en el mundo como porcentaje

del Producto Interno Bruto. Aunque a simple vista esto podría ser un dato favorable, la

composición de este gasto indica algo poco alentador. Considerando que en los países

desarrollados sólo el 23,6% del gasto en ES proviene de fuentes privadas, en Chile el 84%

corresponde a gasto privado y sólo 16% resta al gasto público.

El gasto privado, se compone de los aranceles y matrícula que deben pagar las familias en

Universidades (Ues), Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), los gastos

de mantención (alimentación, materiales, movilización y otros) y las donaciones que efectúan

privados a los distintos establecimientos.

El gasto público en tanto, se compone de un conjunto de ítemes, entre los cuales destaca el

presupuesto que asigna el Ministerio de Educación a través de las partidas Educación Superior,

CONICYT, Consejo Superior de Educación y Consejo de Rectores. Particularmente importante es la

partida de Educación Superior del cual derivan:

1. Aporte Fiscal Directo (AFD): Fondo de ayuda exclusivo para las universidades que integran el

Consejo de Rectores. Consiste en un subsidio de libre disponibilidad asignado en un 95%

conforme a criterios históricos y el 5% restante de acuerdo con indicadores de eficiencia

anuales.

2. Aporte Fiscal Indirecto (AFI): Fondo dirigido a todas las instituciones que pertenecen al

sistema de educación superior (Ues, IP y CFT). Es un aporte concursable cuyo criterio de

distribución es la matrícula de los alumnos de primer año con los mejores 27.500 puntajes en

la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

3. Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) y MECESUP: Fondos concursables para el

financiamiento de proyectos específicos en las Universidades del Consejo de Rectores. El FDI

esta destinado a proyectos de infraestructura académica y/o administrativa, en tanto el

MECESUP, a proyectos de infraestructura académica y mejoramiento de áreas prioritarias de

pre y posgrado

4. Convenio Universidad de Chile: Recursos para ejecutar y desarrollar actividades de interés

nacional


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Contextualización

La Educación Superior (ES) en Chile recibía, hasta antes de la década del 70, un aporte estatal del

80%. En términos generales, la educación terciaria era gratuita. Las políticas de mercado asumidas

a partir de la dictadura replegaron funciones éticas y valóricas de las universidades, que

constituían el real vínculo público con la sociedad. Con ello, el aporte del estado se redujo a un

66%, dejando de lado el financiamiento para la investigación y desarrollo, con argumento en los

bajos precios de las tecnologías extranjeras respecto a las ofrecidas por el medio local.

Este cambio abrupto provocó consecuencias a todo nivel. Por una parte, las familias debieron

asumir un rol protagónico en el aporte de la ES. La Universidad dejó de ser gratuita, lo que se

tradujo en un importante obstáculo en el ingreso, dado por la condición socioeconómica de

quienes aspiraban a ella. Por otra parte, el país estancó su desarrollo, donde el factor

preponderante fue la desvinculación de las universidades y los programas desarrollo

gubernamental.

Tendencias

- En la actualidad, el financiamiento público (todos los Ministerios involucrados) alcanza

sólo un 26%, en tanto, el aporte fiscal alcanza sólo un 17,4% (aporte directo del

MINEDUC).

- En cuanto al AFI, en 1990 las Universidades del Consejo de Rectores captaban el 84,1% del

AFI, las privadas el 8,7% y los CFT e IP el resto. Hoy las Universidades Privadas captan el

15,5% del AFI

- El 26% de inversión estatal en las universidades es insuficiente para asegurar sus gastos,

por lo que estas se ven empujadas a las políticas de autofinanciamiento, las que

corresponden porcentualmente a la mayor parte de ingresos de la Universidad. Estas

incluyen la venta de bienes y servicios, rentas y la recaudación de los aranceles de

matrícula.

- El 80% de los estudiantes que ingresan a las instituciones de Educación Superior, percibe

según ingreso per cápita, una suma inferior a los aranceles de las universidades chilenas,

lo que se traduce en el endeudamiento del estudiante y sus familias mediante sistemas de

crédito financiero.


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Calidad en la Educación Superior Chilena

La LOCE, originada en los 90, tiene como núcleo un organismo autónomo del Estado denominado

Consejo Superior de Educación (CSE), cuyas funciones son:

1. Interactuar con el (MINEDUC) en la aprobación de los Objetivos Mínimos de Enseñanza.

2. Pronunciarse sobre materias a petición del ente estatal.

3. Acompañar y supervisar a las nuevas instituciones de educación superior hasta su

autonomía.

El gobierno no designa a sus integrantes y sus miembros proceden de universidades estatales,

institutos profesionales autónomos, academias del Instituto de Chile, Corte Suprema de Justicia,

Fuerzas Armadas, Ministro(a) de Educación y el Jefe(a) de la División de Educación Superior.

Cuando el CSE rechaza la autonomía de las instituciones pide al MINEDUC la cancelación de su

personalidad jurídica, y éste acoge o no sus recomendaciones. En caso de aceptar el proyecto de

una institución -pues muchos se rechazan en esta etapa- la autonomía se concede, y el CSE carece

de facultades para fiscalizar, limitar, amonestar, premiar o censurar.

El CSE funcionó como el único control de calidad obligatorio para las nuevas instituciones hasta el

año 99 cuando se crea la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y la Comisión de

Acreditación de posgrados. Fueron sus miembros los que propusieron un sistema global que

acreditara la gestión institucional, docencia, investigación, posgrado, vinculación con el medio,

etc., y que derivó en una ley de aseguramiento de la calidad.

La nueva Ley de Aseguramiento de la Calidad introduce acciones a seguir tras la autonomía de las

instituciones. Crea una Comisión Nacional de Acreditación (CNA) cuyas funciones son:

1. Dar acreditación a las instituciones autónomas de educación superior.

2. Dar acreditación a carreras o programas de posgrados ofrecidos por las instituciones

autónomas de educación superior.

3. Dar autorización a agencias de acreditación privadas que participan como etapa

independiente de la CNA en el proceso de acreditación.

La nueva ley define dos procesos garantizadores de calidad:

- Uno obligatorio, realizado por el CSE o el MINEDUC, denominado licenciamiento en

conformidad a lo dispuesto en la LOCE.

- Otro, voluntario (a excepción de la docencia de pregrado y los procesos de gestión)

realizado por la CNA, llamado acreditación, que incluye la autoevaluación institucional, la

evaluación de pares evaluadores, de agencias de acreditación privadas y de la misma CNA.


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Propuestas del actual gobierno para la Educación Superior

Ministro de Educación: Joaquín Lavín

Subsecretario de Educación: Fernando Rojas

Jefe de Educación Superior: Juan José Ugarte

1. Nueva institucionalidad.

Crear dos nuevas entidades. Una, que agrupe a las 177 instituciones que imparten educación

terciaria. Es decir, institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades. Y otra,

que reúna a las 60 universidades existentes en el país, 25 tradicionales y 35 privadas.

Una política que va en la línea de lo propuesto por la OCDE (Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico), que plantea crear una institución única que agrupe a todas las

universidades.

Las tareas del organismo serían discutir políticas de educación superior, por ejemplo, sobre

calidad, y avanzar hacia un sistema único de ingreso a la Universidad (PSU). Por el momento, el

gobierno define los términos de referencia para llamar a licitación de una auditoría internacional a

la PSU. La idea es tener los resultados en 2011 y, en función de éstos, mejorar el sistema.

2. Financiamiento a través de fondos concursables.

Otra de las propuestas de la OCDE hacia Chile: hoy el 19% de los recursos que entrega el Estado a

las universidades proviene de fondos concursables y el 32% de aportes directos. Estos últimos -

que en 2008 llegaron a $ 122 mil millones- se asignan sólo a los planteles del CRUCH (Consejo de

Rectores de las Universidades Chilenas). La idea del gobierno es no seguir aumentando estos

recursos (entre 2008 y 2009 se incrementaron en 10%) y transparentar la forma en que se

entregan.

Hoy sólo el 5% se asigna según el desempeño en investigación. El 95% restante se reparte por un

criterio histórico: basado en los recursos que obtuvieron en 1981, algo que no tiene ninguna

objetividad, según la OCDE. El cambio necesitará de un proyecto de ley.

La intención del gobierno es que los recursos que se otorgan vía fondos concursables adquieran

mayor proporción dentro del presupuesto universitario, y que participen todas las instituciones,

tal como sucede hoy.


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3. Sistema único de créditos y becas.

En el país existen 11 becas para los alumnos, según su condición, carrera y tipo de institución

donde estudian. Por ejemplo, la beca Bicentenario es sólo para alumnos de escasos recursos de

planteles del CRUCH. Es la más numerosa en recursos (en 2009 llegaron a $ 60 mil millones) y una

de las que más arancel cubre: hasta $ 1,8 millón. La Juan Gómez Millas, también para alumnos

vulnerables, pero que estudian en cualquier universidad acreditada, financia sólo hasta $ 1,1

millón.

Asimismo, existen dos tipos de créditos para financiar la educación superior: el fondo solidario,

para estudiantes del CRUCH, con tasa de interés de 2%; y el crédito con aval del Estado, para el

resto, con tasas de interés de entre 5% y 6%.

La idea es avanzar hacia una reingeniería y lograr un sistema único de créditos y becas, donde los

beneficios los reciban los alumnos, sin importar el lugar donde estudien. En otras palabras, un

subsidio portable.

4. Becas Chile para estudiar en el país.

Una de las grandes críticas a Becas Chile, que entrega recursos a los estudiantes para magísteres y

doctorados, es que funciona sólo con universidades extranjeras. Algo que el gobierno plantea

corregir, incorporando a los programas nacionales de excelencia que tengan pasantías

internacionales.

En la práctica, podría subir el número de becas, ya que los programas locales son más baratos que

los internacionales. Pero como el cambio sería a partir del próximo año, aún no hay claridad sobre

los montos. Lo que sí está claro es que se quiere elevar la calidad de los programas participantes y

de los becados.

5. Más información sobre la acreditación de las universidades.

"Hoy la acreditación es un instrumento de marketing, donde se publicita si el plantel la recibió o

no, más que los años de la certificación". En la práctica, un alumno de un plantel acreditado por

dos años podría -por ejemplo- quedarse en la incertidumbre en la mitad de su carrera, respecto de

si podrá seguir accediendo a crédito con aval del Estado, en caso que el plantel no renueve la

certificación.

"Hay que avanzar en el sistema respecto de la calidad de la información que llega al postulante y

sus familias"(J. Ugarte).


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Movilizaciones Estudiantiles (1990 - 2010)

Años 1990 – 2004

A finales de los años 80, se produce una rearticulación del movimiento estudiantil secundario al

reaparecer la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES) la cual había sido

aplastada por la dictadura. En el año 1990 se logra cierta democratización de los Centros de

Alumnos, así como también el derecho a la tarifa rebajada. Sin embargo, las juventudes políticas

ligadas la Concertación moderaron al movimiento, logrando finalmente la apatía política de los

estudiantes. En sus últimos años, la FESES agrupaba únicamente a unos 8 a 10 colegios, y al calor

de las movilizaciones en favor del "pase escolar" que estallaron en el año 2001 conocidas como “El

Mochilazo” se organizaron movimientos como el Parlamento Juvenil conducido por el Partido

Socialista, y un movimiento que demostró ser mucho más representativo que agrupaba a distintos

colectivos de la izquierda y crítico de la Concertación. Por entonces se realizó el último congreso

de la FESES, donde ésta decidió disolverse y crear la Asamblea Coordinadora de Estudiantes

Secundarios (ACES, posicionándose como el movimiento que conduciría las movilizaciones del

Mochilazo logrando consolidarse. Además, en el año 1997 se realizaron movilizaciones por parte

de los estudiantes universitarios en contra de la Ley Marco para la educación superior, en donde

se criticaba la profundización de la privatización de la educación, y que serían parte de la base

crítica para las movilizaciones que se desarrollarían el año 2005.

Año 2005

Hacia el año 2005, bajo un CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) mejor cohesionado y

una mayor participación, las movilizaciones giraron en torno a la legislación sobre el

financiamiento estudiantil, específicamente respecto al crédito con aval del estado. El movimiento

terminó con un acuerdo entre la CONFECH y el Ministerio de Educación en donde se ganaron

nuevas becas y ayudas estudiantiles, pero que no logró derribar la nueva ley, sino que al contrario

terminó legitimándola. Además, ese mismo año, los estudiantes secundarios de Santiago

agrupados en la ACES elaboraron una propuesta de trabajo que se presentó al MINEDUC.

Año 2006

Los secundarios recogieron el trabajo del 2005 y partiendo desde el pase escolar, terminaron

cuestionando el sistema educativo a un nivel estructural y con una articulación que sorprendió a la

opinión pública, y que conformó, en reemplazo de la ACES, a la Asamblea Nacional de Estudiantes

Secundarios (ANES). Así, se planteaba la necesidad de reestructurar la LOCE para eliminar el lucro

en la educación, fin de la municipalización, revisión de la JEC, eliminación de la selección de

estudiantes y tarifa escolar gratuita. Lamentablemente, aunque los estudiantes universitarios


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compartieron las demandas, no fueron parte relevante del movimiento por las desconfianzas de

los secundarios y, por otro lado, por el carácter asistencial con el que los universitarios se sumaron

a este trabajo.

Si bien se lograron becas y la creación de la TNE, las demandas estructurales hacia nuestro sistema

educativo no fueron consideradas. Respecto a la LOCE sólo se logró la creación de un Consejo

Asesor Presidencial (CAP) debido a la intromisión de los partidos políticos en el movimiento

estudiantil. Además se conformó un “Bloque Social” en el CAP, constituido por universitarios,

secundarios, co docentes, profesores, padres y apoderados.

Años 2007 – 2009

El “Bloque Social” conformado logró levantar propuestas, sin embargo vislumbró que éstas no

eran nítidas en el informe final, por lo que el terminó abandonando el CAP. Este hecho sienta las

bases para lo que serán las movilizaciones del año 2007, caracterizadas por la escasa articulación y

debilitamiento de las formas de organización que habían dado forma a lo sucedido en el 2006,

teniendo más importancia las disputas internas que la superación de las diferencias. Las incesantes

disputas acerca de cual debiera ser el bloque aglutinador (Colegio de Profesores, ACEUS y otras

asambleas) tuvieron como consecuencia una escasa convergencia de los actores sociales, además

de la nueva derrota que significó la implementación en 2008 de la LGE a través de un acuerdo

entre la Concertación y la Alianza por Chile que no recoge en absoluto las propuestas elaboradas

por el mundo social y que reafirma los fundamentos de la LOCE y el lucro en la educación. Luego

de las derrotas sufridas por el movimiento estudiantil, el año 2009 los secundarios desarrollaron

nuevos intentos por poner en la agenda las demandas del 2006 y el rechazo a la LGE, sin lograr

mayores triunfos por la aún liviana cohesión del movimiento y por una mayor represión (desalojo

de tomas, ley de responsabilidad penal juvenil, etc.).

Año 2010

A diferencia del año 2006, esta vez el movimiento secundario pretende exigir sus demandas sin

incluir en la disputa a los partidos políticos, con nuevas formas de actuar (voceros sin militancia

política, tomas fantasmas, cortes de calles, etc.), intentando representar el descontento

ciudadano con las alzas en el Transantiago y rechazando nuevamente el lucro, la LGE y las demás

demandas históricas. Esto, sumado a las movilizaciones que han surgido también desde el

CONFECH con una mayor participación que en años anteriores, manifestándose en contra de la

agenda privatizadora de las universidades por parte del gobierno, pero con críticas cada vez más

notorias hacia la CONFECH desde sectores secundarios, federaciones de universidades privadas u

otros grupos estudiantiles cuestionando su real representatividad de los estudiantes.


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Propuestas del Mundo Social

En lo que respecta a la Educación Básica y Media, las propuestas tanto del Congreso Nacional de

Estudiantes Secundarios, como también de los profesores y la OPECH (Observatorio Chileno de

Políticas Educativas) son muy similares. Se dividen en distintos tópicos, como: Reforma

Constitucional, Financiamiento, Administración de la Educación Pública, Desarrollo Profesional

Docente y Participación.

1. Reforma Constitucional

En Chile la educación no tiene garantía constitucional. Esto hace considerar la necesidad de una

reforma a la constitución chilena, como ley máxima en el país.

Los artículos que se piden modificar son:

Art. 19 número 10 (Derecho a la educación), el estado debe ser garante de una educación

de calidad, integral y gratuita para todos los niños, jóvenes y personas a lo largo de su

vida.

Art. 19 número 11 (Libertad de enseñanza), debe estar condicionada por la no

discriminación y la abstención del lucro.

Art. 20 (Garantía constitucional de derechos), se hace imprescindible incluir el derecho a

la educación dentro de las garantías de recurso de protección que establece el art. 20.

Además de establecer una prevalencia de los derechos sociales y colectivos por sobre los

individuales.

Incluir dentro de la Constitución, el derecho a participación y la inclusión y respeto de los

derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios.

2. Administración de la Educación Pública

En el ámbito de la administración de la Educación Pública, se quiere una modificación de la Ley

Orgánica de Municipalidades y del Sistema de Sostenedores, lo que podemos resumir en los

siguientes puntos:

Creación de servicios públicos locales descentralizados integrados en un sistema

nacional de administración de la educación pública que reemplace el rol actual de los

municipios, los que deben incluir la participación de los actores locales de la comunidad, la

formación de equipos multidisciplinarios de apoyo socioeducativos y recursos financieros

eficientes y preferenciales de parte del estado.

Reorganización y fortalecimiento del Ministerio de Educación.

Creación de una superintendencia, para la supervisión de la Educación Pública y Privada.

3. Financiamiento


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Opción preferencial para el financiamiento de las escuelas públicas, fin al modelo de

subvención por alumno en las escuelas públicas.

Reforma tributaria que permita una mejor redistribución del ingreso y destine a la

educación el 10% de las ventas del cobre, actualmente destinado a FF.AA

Reglamentación de otras fuentes de financiamiento

La condición de que sólo un sostenedor que cumpla con criterios de utilidad pública

educativa pueda recibir subvención por parte del estado.

4. Desarrollo Profesional Docente

Se requiere generar condiciones para que los docentes construyan un propósito moral colectivo

sobre su trabajo. Lo que involucra:

Restitución de la función de funcionarios públicos. Se exige Estatuto Docente para todos

los docentes.

Máximo de 50% de horas lectivas, modificar la carga horaria tomando en cuenta el

tiempo efectivo para planificación, evaluación, investigación pedagógica y elaboración de

investigaciones, trabajo en equipo y vinculación con la comunidad.

Disminuir el número de alumnos por curso a un máximo de 30.

Remuneraciones adecuadas a la labor profesional.

Creación de una carrera profesional docente y una evaluación con respecto a ella.

El estado debe hacerse cargo de la formación docente inicial y continúa.

Régimen previsional especial, que permita la recuperación del daño previsional y

jubilación acorde a las características de la profesión. (Jubilación por años de servicio)

5. Participación

Reconocimiento de todos los actores educativos: profesores, alumnos, padres, directivos,

co-docentes, comunidades locales, etc.

Amplia y efectiva participación de la comunidad en fiscalización de recursos, construcción

de proyectos educativos, gestión educativa de los centros, reglamentos internos,

currículum, considerando tiempos, espacios y la institucionalidad necesaria para su

desarrollo.

Participación efectiva de los actores educativos, en todas las instancias de decisión del

sistema público nacional de educación.

Consejos escolares resolutivos en todos los establecimientos escolares, para una

verdadera calidad educativa y rendición de cuentas. Incorporación de los trabajadores no

docentes en los Consejos Escolares.


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Propuestas del Mundo Social para la Educación Superior

Son principalmente dos actores los que tienen propuestas concretas sobre los cambios que se

deberían hacer a la Educación Superior.

CONFECH

1. Nueva Institucionalidad: Se abra una discusión para la implementación de un Nuevo Sistema

Nacional de Educación Superior, con la participación de todos los actores de la educación y

considerando consultas ciudadanas, apostando a una reforma de fondo a todo el sistema

2. Acceso: Se hace necesaria una modificación de la PSU en cuanto a su carácter de prueba

estandarizada. Además de plantear un nuevo sistema de selección que incluya mecanismos

complementarios como bachillerato o propedéutico, enfocados a darle una mayor valorización al

ranking del colegio, las notas de enseñanza media y las realidades regionales, en el espíritu de

valorizar el esfuerzo personal de los estudiantes y su entorno social inmediato.

3. Aportes del Estado para las Universidades: Se propone,

- Aumentar en un punto el PIB destinado para Educación Superior, de acuerdo a las

recomendaciones de la OCDE, para asegurar un buen desempeño de la educación superior

en su conjunto, favoreciendo el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación, entre

otros.

- Considerar un aporte preferencial y diferenciado para las Universidades Estatales, además

de permitir los reajustes salariales de funcionarios y académicos en concordancia con el

sector Público sin traspasar los costos a las familias de los estudiantes. Para las

Universidades del CRUCH se necesita aumentar los aportes del Estado de manera de

limitar el autofinanciamiento; reducir el valor de los aranceles, etc.

4. Financiamiento Estudiantil: Se debe aumentar las ayudas basadas en Becas, otorgando la

mayor relevancia a la situación socioeconómica, aumentando su cobertura, y limitando el

endeudamiento de los estudiantes en base a sistemas crediticios como el Aval del Estado, entre

otros.

5. Carreras Docentes: Se debe incentivar el estudio de carreras docente y fortalecer pedagogías

para reivindicar el rol docente en la sociedad. Asimismo se debe dar el apoyo y otorgar el

financiamiento adecuado para que las instituciones públicas desarrollen la formación docente

como un pilar fundamental de sus compromisos sociales.

6. Formación Técnica y Profesional: Crear y potenciar la existencia de Institutos Profesionales y

Centros de Formación Técnica de carácter estatal, integrando efectivamente este tipo de

formación al Sistema de Educación Superior.


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7. Gestión de Universidades Estatales: Eliminar las trabas burocráticas de las universidades

estatales que impiden su buen funcionamiento y vulneran su autonomía.

8. Democratización de las Instituciones: Que se impulse la Democratización de las instituciones de

Educación Superior, reconociendo de manera vinculante el valor de la participación, el debate y la

formación cívica y democrática al interior de las instituciones. Además se fomente la modificación

general de los Estatutos Universitarios, respetando los procesos internos de estas instituciones

CRUCH

Aquí encontramos dos visiones. Una que viene del Consorcio de Universidades Estatales y otra que

viene de Red Universitaria Cruz del Sur, aquí encontramos las universidades privadas tradicionales.

Consorcio de Universidades Estatales propone el Nuevo Trato donde las universidades del Estado

se comprometen a entregar calidad con equidad, constituyéndose en un modelo de institución

pública que apoye al Estado, y que por tanto cree y mantenga espacios públicos manifestando

transparencia. A cambio de una sociedad que se comprometa a crear y mantener un instrumento

de financiamiento basal necesario para estos objetivos y que por tanto exige modificar la política

del autofinanciamiento. Las propuestas son:

- Que la sociedad destine al menos el 50% del presupuesto actual de cada Universidad

como ahora un presupuesto de la Nación

- La creación de un Consejo Nacional de Educación Superior Estatal, que fiscalice los

compromisos adquiridos por las Universidades

- La creación de un nuevo tipo de pactos sociales o convenios Estado-Universidad, con

carácter específico para cada universidad, lo cual posibilitaría que dichos convenios

puedan ser suscritos con los gobiernos regionales, cuando corresponda.

- La creación de un Fondo de Desarrollo Institucional, orientado a actualizar la

infraestructura y cubrir deudas de arrastre.

- Legislar para dotar a las Universidades Estatales de un marco legal adecuado para su

desarrollo en un contexto de altas exigencias y creciente competencia en un medio

globalizado.

- Participar activamente en la implementación del Nuevo Trato, a través de las

diferentes entidades representativas del Gobierno -tanto a nivel nacional como

regional

La Red Universitaria Cruz del Sur consideran que ellas también aportan a la investigación, y con

esto a la sociedad por lo que, aunque no dependan del estado, si son merecedoras de un aporte

preferencial por parte del Estado. Tomando una posición muy parecida a las Universidades

Privadas.


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La Democratización de la Educación Superior

La Reforma Universitaria tuvo su primera aparición en escena al inicio de los años 20, como parte

del movimiento de los estudiantes de la Universidad de Córdoba (Argentina) en 1918. Esa lucha se

extendió por América Latina como reguera de pólvora y repercutió en toda la Argentina, en

Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México, Cuba y otros países.

Dicha reforma exigió principalmente la democratización de la Universidad. Lo primero que se

derrumba al levantarse la bandera de la Reforma es el concepto de Universidad como una “torre

de marfil”, privilegio de privilegios, aislado del mundo real y dedicada sólo a una elite que tiene la

suerte, los medios económicos e influencias para acceder a ella. Es acá donde nace la demanda de

la Triestamentalidad en Chile.

En el marco de la enseñanza universitaria y el mundo académico, entenderemos

Triestamentalidad como un sistema de gobierno basado en un cogobierno democrático en el que

coexisten los tres estamentos establecidos dentro de la estructura universitaria es decir:

funcionarios, académicos y estudiantes.

Estos tres estamentos que son los agentes más importantes que intervienen en el proceso

educativo son en definitiva quienes asegurarían que la toma de decisiones sea más eficiente y más

legítima en el tema de las políticas y el desarrollo de la Universidad.

Reproducimos algunas citas sobre la Reforma Universitaria en Chile en la década de los 60:

Proclamamos inicialmente, que rechazamos por injusto el falso concepto del principio de

autoridad basado en el texto frío de la ley. Sólo acatamos la autoridad fundamentada en la

razón y en la justicia. La que ve en nuestras peticiones ansias de renovación y no actos de

entorpecimiento. Lamentamos que esa autoridad sólo nos escuche cuando escogemos la

senda franca de la rebeldía. Constituimos la razón de ser de la Universidad. Reclamamos

por ellos nuestro derecho a participar plena y activamente en la dirección de los destinos

universitarios. Frente a la idea de permanecer estáticamente gobernados, planteamos

nuestra actitud de ser activos gobernantes. La experiencia del movimiento estudiantil de

Chile y Latinoamérica, demuestra fehacientemente, que los universitarios somos capaces

de participar en el gobierno de la universidad. Como centro de la vida universitaria

experimentamos en carne propia sus bondades y defectos. Tenemos derecho a participar

en la elección de nuestros maestros y autoridades. (Federación de Estudiantes de la

Universidad Técnica del Estado, 1961)


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El problema universitario es un problema político. Lo hemos dicho en varias oportunidades:

la Democratización de la universidad sólo será posible en forma cabal, cuando se

democratice la educación nacional en su conjunto, lo que supone a la vez cambios

auténticamente revolucionarios en las estructuras básica -econ6micas, sociales y políticas-.

Mientras tanto, únicamente es dable hacer limitadas reformas en la estructura de nuestros

servicios docentes, científicos y culturales, modernizar planes y programas y métodos de

enseñanza, establecer sobre fundamentos más amplios las jerarquías académicas del

saber y las jerarquías de gobierno y administración, preparar, en fin, a la universidad para

que pueda cumplir plenamente sus funciones cuando las fuerzas progresistas de Chile

configuren un nuevo Estado al servicio de una nueva sociedad. (Eugenio González, Rector

de la Universidad de Chile en 1966)

Siempre dijimos y con mas fuerza aun después de la gran victoria del 4 de septiembre con

Allende que: "la lucha de los universitarios por la democratizaci6n y el desarrollo de la

Universidad es sólo un aspecto de una lucha más general que libra el conjunto de las

fuerzas progresistas y que se orienta en el sentido de abrirle paso a un proceso de

profunda democratizaci6n nacional, que incorpore más y más sectores del pueblo a la

tarea de buscar un rumbo nuevo para Chile". También tenemos claro que cambiar la

Universidad no es hacer la Revolución, como no basta, compañeros, trasladar el poder

universitario de unas manos a otras, sino que es necesario hacerlo de una clase social a

otra, todo ello ligado a los cambios en las relaciones de producción, de allí la importancia

de la presencia activa de los trabajadores en los claustros universitarios. (Galo Gómez,

Vicerrector de la Universidad de Concepción en 1972)

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La Educación Superior en Chile - La Otra USM