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La raíz torcida de las AFP

Artículo publicado en el semanario “Hildebrandt en sus Trece” N° 276, el viernes 20 de noviembre del 2015.

Reproducido con autorización del autor.

Francisco Durand

El ambiente político se ésta agitando con temas no previstos. Por ejemplo, el de las quejas

sobre las hasta ahora todopoderosas AFP. La opinión pública las ha colocado en el banquillo de los

acusados por primera vez desde que se crearan como sistema privado de nuestras pensiones hace 20

años. Los comentarios sobre sus abusos e intereses han llenado los espacios editoriales, radiales y

televisivos. Mal que bien (con excepción de la CONFIEP de Martin Pérez, ligado al Grupo BCP y la AFP

Prima) predominan las voces que están recogiendo, aunque sea tarde, las demandas de los pensionistas.

Pero esta discusión no basta, hay que ir al fondo del asunto.

LA RAIZ

El desconocimiento de derechos, el abuso, por ejemplo de comisiones altas, el lucro excesivo

de las AFP y los supersueldos de sus privilegiados ejecutivos, que tienen aseguradas sus vejeces, es el

resultado de este enorme poder. Entonces el tema central es el poder de las AFP porque ello da lugar al

consiguiente desconocimiento de derechos económicos fundamentales de justicia y libertad (que todo

liberal, no solo la izquierda, debería defender abiertamente). Este cuestionamiento está entrando a la

campaña electoral justo cuando la derecha económica y sus múltiples candidatos creía que la tenían

fácil discutiendo la inseguridad ciudadana, la erupción de la corrupción, y el cómo “reactivar la

economía” y el reparto del canon. El pueblo ha cambiado la agenda.

Sin embargo, admitamos que la gran mayoría de los pensionistas no conoce bien que el origen

de tanto problema es el poder económico concentrado que ostentan las AFP y no por ellas mismas, de

por sí grandes, sino por ser empresas que forman parte de conglomerados de bancos, aseguradoras,

financieras. Este cartel financiero que se ha formado es el que mueve los hilos del poder desde que

Fujimori privatizó casi todo y se permitió todo tipo y magnitud de fusiones.

Este árbol nació torcido. Desde que el malhadado ministro de Economía y Finanzas Carlos

Boloña decidiera privatizar las pensiones, copiando el modelo chileno (del cual heredamos la infame

tabla de mortalidad que la SBS ha querido sustituir hace poco, otro tema de escándalo y renuncias), se

nos impuso una situación donde las corporaciones comenzaron, literalmente, a dictar leyes. Ocurrió de

ese modo en buena parte porque el propio ministro Boloña quiso entrar al lucrativo, exclusivo y

poderoso negocio del manejo privado de pensiones. Pensó en el lucro antes que en los pensionistas.

Boloña fue defenestrado por el presidente Fujimori, que puso en su lugar al ex presidente de la CONFIEP

Jorge Camet (constructor enriquecido durante su larga gestión de 5 años al mando del ministerio) y

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cuando se formaron las AFP Boloña pasó a ser accionista fundador de una de ellas. Los registros de 1994

indican que poseía 6.66% de las acciones de la AFP Horizonte.

Interrogue al respecto a un tecnócrata que en ese momento estaba en el MEF y cuyo nombre

debo guardar en reserva. Recuerda que durante la gestión de Boloña eran los inversionistas que les

decían: “esto es lo que queremos”. Y así se hacía con la venia del ministro. Las AFP desde entonces se

han acostumbrado al apoyo incondicional de ministros y presidentes, desoyendo al mismo tiempo los

consejos técnicos bien intencionados que buscaban respetar la libertad de decisión del pensionista.

Mientras tanto las AFP comenzaron a fusionares e integrarse al sistema financiero, concentrando

todavía más poder económico, cobrando comisiones excesivas, considerando al pensionista una suerte

de cautivo al que le podían decir, en la medida que lo creían “miope”, que las AFP podían quedarse con

su dinero la mayor parte del tiempo, tiempo alargado gracias a las absurdas tablas de mortalidad

importadas del sur.

LOS “DEMOCRATAS”

El 2000, con la salida de Fujimori, las AFP tuvieron algunos tropiezos, pero pronto armaron

lobbies para enfrentar los retos de la democracia. Sufrieron algunos reveses durante el gobierno de

Toledo gracias a que el directorio del BCRP desoyó sus sugerencias de concederles más libertad de

movimiento a sus inversiones en el exterior. En este breve periodo, los lobbies no dieron resultado, a

pesar que el MEF de Kuczynski hizo lo que pudo para defenderlas.

Pero apenas terminó esta breve primavera democrática volvimos a lo mismo. El BCRP pasó a

estar dirigido por Julio Velarde, que alternaba trabajos entre la universidad y la banca privada. García y

sus ministros apoyaron a las AFP incondicionalmente en la medida que su gobierno se apoyaba en los

grupos que compone al cartel financiero: bancos, aseguradoras, financieras, brokers de bolsa, para

mencionar solo el brazo financiero de estas corporaciones diversificadas.

Terminado el segundo alanismo, apareció por un breve momento una posibilidad de cambio

con las reformas propuestas por Humala en su programa de La Gran Transformación. Pero en abril del

2011, antes de la primera vuelta electoral, la entonces presidenta de la Asociación de AFP, Beatriz

Merino, pidió una cita privada con el entonces candidato radical y a partir de ese lobby el cambiante

Humala giro fue alejándose de su programa original.

El lobby de las AFP funcionó efectivamente en el Congreso y siempre mantuvo el apoyo en el

MEF. No hay que olvidar que Segura pasó de ser gerente del Banco de Crédito al MEF el 2011, apenas

elegido el gobierno, y que el Grupo Crédito dirige la AFP Prima y tiene la aseguradora El Pacifico, una de

las más grandes. Dada el favorecimiento del MEF de Castilla y Segura, este ministerio intentó obligar el

2014 a los trabajadores independientes a aportar a las AFP. La medida fue rechazada por movilizaciones

callejeras, hasta que el Congreso, temeroso de la ira popular, abandonó el proyecto y derogó la ley. En

este momento las AFP debieron batirse en retirada.

Pero estas orgullosas empresas no aprendieron la lección. Siguieron presionando no solo para

mantener el sistema vigente sino que incluso, gracias a una torpe (por decir lo menos) medida de la SBS,

fueron favorecidas por una norma que quiso institucionalizar una tabla de longevidad encargada a una

consultora internacional que planteaba un promedio de vida absurdamente alto, por encima de la

expectativa de vida en Japón o Alemania. El debate suscitado ha obligado al superintendente Daniel

Schydlowsky a la renuncia.

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La marea continua en alza. La semana pasada el Congreso aprobó una norma que permite la

libre disposición de los fondos cumplida la edad oficial de jubilación de 65 años. Dos derrotas en una

semana. Y se vienen más. La crítica es sólida y ha roto el cerco mediático porque proviene de gente

educada, informada y con recursos. No hay olvidar que los 2 millones y medio de aportantes son la parte

formal de la economía, en su mayoría profesionales liberales. Cuando empezaron a aportar a las AFP

eran jóvenes. Ahora se están jubilando en números mayores y la pensión que les toca no alcanza.

La libre disposición a los 65 años es un avance, pero queda pendiente la tarea de disminuir el

poder de las AFP. Hay que empezar por su directorio: debe tener presencia en ellos de representantes

de los pensionistas y del Estado, el mismo que debería tener parte de las acciones. Más adelante hay

que romper el cartel financiero, prohibiendo que un mismo grupo tenga AFP y empresas de seguro y

aumentando el número de AFP, lo que puede darse creando una AFP estatal o mixta. Enderecemos el

árbol empezando por la raíz.