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7/30/2019 La Responsabilidad Que a Todos Nos Toca - Revisado (5
de Mayo de 2013)
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La responsabilidad que a todos nos toca.
5 de mayo de 2013
Lcdo. William Ramirez Hernndez*
Nosotros tenemos una de las sociedades ms desiguales del mundo y
esto implica que
los que ms tienen, tienen que aportar ms para que los que menos
tienen, aporten menos.
As es mi gobierno. Con esas palabras el Gobernador de Puerto
Rico, Alejandro Garca
Padilla, despach los reclamos de las abogadas y abogados a los
efectos que deben estarexentos de cobrarles el IVU a sus clientes,
segn un rotativo del pas.
Mucho se ha dicho sobre la saturacin de abogados y abogadas en
nuestra sociedad
contempornea; nmeros logrados gracia en parte a los reclamos y
batallas de derechos
civiles que se fueron forjando a travs de los aos para hacer ms
disponible la educacinavanzada a sectores menos privilegiados. Lo
que antes estaba accesible solo a los hijos
de las familias adineradas e influyentes hoy es un poco ms
accesible a las hijas e hijos
de familias humildes, y en nmeros muy reducidos a las hijas e
hijos de familiasindigentes. No se equivoquen, no estoy hablando
solamente de costo. Todos sabemos
que la matrcula de la Universidad de Puerto Rico es ms razonable
y accesible que la de
otras instituciones del pas y del extranjero que aceptan
estudiantes no admitidos por la
Universidad de Puerto Rico, particularmente si estos cualifican
para asistenciaeconmica.
La realidad es que accesibilidad se logra cuando se toma en
consideracin que la
abrumadora mayora de nuestros estudiantes cargan con muchas
deficiencias
primordialmente de escuelas pblicas que, con algunas
excepciones, no preparan a lashijas e hijos del menos pudiente para
lograr entrada a nuestras facultades de derecho.
Recuerdo que hace unos aos, durante una de las visitas del
"American Bar Association",
organizacin acreditadora de las facultades de derecho, uno de
los visitantes, un seorafro-americano, me pregunt dnde estn los
estudiantes negros? No veo diversidad?
Ese visitante tom conocimiento de lo que muchos en Puerto Rico
conocemos a vocesbajitas, que nuestras escuelas de derecho y otras
escuelas de educacin avanzada carecen
de diversidad significativa. Aunque hemos visto una leve mejora
desde aquella
conversacin con nuestro visitante. Un recorrido de las escuelas
"Ivy League" en Estados
Unidos refleja que existe ms diversidad en esas prestigiosas
facultades de derecho que laque existe en las facultades de derecho
en Puerto Rico, y de igual forma en las
instituciones pblicas de las diversas jurisdicciones de Estados
Unidos. Florida es un
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caso muy particular, y supongo que habr otros ejemplos, ya que
en dicho estado se est
logrando hacer accesible el estudio del derecho, pero mediante
la creacin de facultadesdirigidas a servir ciertos sectores de la
sociedad.
No se cierran las puertas a las instituciones tradicionales
establecidas por el estado en
esas jurisdicciones, pero se hace menos necesario evaluar
solicitudes de estudiantes queprovienen de grupos minoritarios.
Estos tienen sus propias facultades; los afro-
americanos tienen su facultad de derecho en la Universidad
Florida A&M, institucin
histricamente negra, mientras que los hispanos tienen su
facultad de derecho en laUniversidad Florida International. Y todo
sigue igual, acceso limitado a las facultades
tradicionales.
Se preguntaran, y que tiene que ver todo esto con la intencin de
aplicarle el IVU a los
servicios legales que prestan los abogados y abogadas en Puerto
Rico? Sencillo, la
palabra es Acceso! Acceso a la Justicia! Acceso al sistema
judicial, donde alegadamente
todos somos iguales ante la ley.
El gobernador de Puerto Rico parte de un hecho conocido y
aceptado, que la persona que
tiene abogado o abogada es por lo general adinerada; sin embargo
personas pobres o lapersona trabajadora promedio no tiene acceso a
representacin legal. Gran parte de
nuestra sociedad no tiene acceso a la justicia. Puertorriqueos
indigentes podrn tener
acceso a representacin legal en algunos asuntos de naturaleza
civil, aunque no en todaslas circunstancias de naturaleza civil, a
travs de los servicios de la Corporacin de
Servicios Legales de Puerto Rico. En asuntos criminales, podran
tener acceso a
representacin legal a travs de Asistencia Legal de Puerto Rico.
Sin embargo, la tablaeconmica para cualificar a la persona que
solicita servicios legales es muy restrictiva y
aun cualificando, los servicios no estn disponibles para todos
los asuntos legales quepudieran surgir.
En Puerto Rico vimos recientemente como una madre, sin tener
acceso a representacin
legal, fue encarcelada por una jueza, sin el derecho a fianza.
Claro est, se trataba de unasunto civil donde nuestro sagrado
derecho a la fianza no tiene cabida. De igual forma,
cerca de mitad de nuestra ciudadana no puede pagar los servicios
legales que necesitan,
en muchas ocasiones para salvarse de un desahucio por no poder
cumplir con susresponsabilidades econmicas mensuales o cualquier
otro asunto urgente que oprime su
familia; aun cuando pudiera estar empleada.
Sin embargo, ante este cuadro social muchas de las abogadas y
abogados del pas ajustan
sustancialmente sus honorarios o en ocasin trabajan libre de
costo para hacer accesible
nuestros sistemas judiciales a personas que de otra forma no
tendran posibilidad decontratar los servicios de una representacin
legal. Entre estas abogadas y abogados estn
los hijos e hijas de las familias humildes que, como este
servidor, por alguna providencia
lograron entrar a este crculo tradicionalmente reservado para
los pudientes o
privilegiados e influyentes.
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Sin embargo, hoy vemos como una brecha que se abre
limitadamente, con los justes
mencionados, nuevamente se cierra. El costo del IVU es del
cliente, el consumidor; loque en un pas de tanta pobreza, desempleo
o subempleo aporta a cerrar nuevamente una
brecha muy limitada que hace nuestro sistema legal un poco ms
accesible. Por otro lado,
no se puede pretender que las abogadas y abogados de los pobres
carguen con esta doble
tributacin sobre ingresos muy reducidos. Sobre la representacin
legalpro bono no hayque decir mucho que no sea que es ms comn de lo
que se conoce. Supongo que este no
es el consumidor de servicios legales en que el gobernador
estaba pensando cuando dijo,
De repente todos dicen que se les cobre a los dems menos que a
ellos. Pues no, aquhay una responsabilidad social que todos deben
asumir, . . ."
Muchos de los puertorriqueos ya han aportado suficiente a
nuestra sociedad al perdersus empleos para ser subempleados, o al
extraer sus familias, mudndolas a otras
jurisdicciones fuera de Puerto Rico para que corporaciones
pueden proteger su margen de
ganancia y para que nuestro gobierno tenga disponible ms dinero
para pagar sueldos
exorbitantes u otorgar contratos muy atractivos a los llamados
"expertos" que suelen
contratar para los trabajos de servicios u obras pblicas.
No seamos simplistas en la bsqueda de soluciones a nuestro
dilema econmico, laresponsabilidad social que nos impone las
circunstancias actuales recae sobre todos y
todas, comenzando con nuestros dirigentes gubernamentales.
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El autor es Abogado, Director de la Unin Americana de Libertades
Civiles en Puerto
Rico y miembro de la Junta de Directores de la Corporacin de
Servicios Legales de
Puerto Rico.
