Las “Restricciones Expresas” a Los Derechos Humanos

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El Juego de la Suprema Corte (http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/)

l c a s o V a r i o s 1 3 9 6 y l a s “ r e s t r i c c i o n e

e x p r e s a s ” a l o s d e r e c h o s h u m a n o s

OCTUBRE 13, 2015

El pasado viernes 25 de septiembre de 2015, se publicó en el Semanario Judicial de la Federació

la tesis XVI/2015 (http://bit.ly/1YFMGiz) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al igual qu

la resolución del expediente varios 1396/2011 (http://bit.ly/1ReCt7Z) (“Varios 1396”) del cual

procede dicha tesis. Esta ejecutoria también se difundió por el Diario Oficial de la Federación

(DOF) del 14 de agosto de 2015 (http://bit.ly/1hCbLKa).

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Como aconteció con el caso Radilla (varios 912/2010

dicho expediente tuvo por objeto que la Suprema

Corte precise para el Poder Judicial de la Federación

(PJF) la condena de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) en los casos Fernández

Ortega y Rosendo Cantú. Omitiré aquí los muy

importantes temas sobre los que versaron estos

asuntos, y me enfocaré a un punto del Varios 1396

que trasciende al sistema mexicano de derechos

fundamentales en su integridad.

La referida tesis aislada reproduce los pasajes básicos

del considerando sexto de la resolución de que

procede. En ellos la Corte primeramente reiteró la idea que sentó en Radilla (párr. 17) de que

“no [le] corresponde […] analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por aquel

[tribunal] internacional es correcta o no”. Pero pocas líneas abajo la Corte señaló que para

determinar las obligaciones del PJF frente a una sentencia condenatoria de la CIDH es necesar

“analizar siempre”: 1) los deberes que expresamente imponen tales fallos —aunque esto no se

expresa así en la ejecutoria—; y 2) según los términos de la resolución, no de la indicada tesis,

la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó

vulnerados la [CIDH], con aquellos que se encuentran dispuestos en la

Constitución […] o en los tratados que el Estado Mexicano celebre y que, por

tanto, se comprometió a respetar, en el entendido de que, si alguno de los deberes

del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá

prevalecer ésta en términos de […] la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.).1

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La última jurisprudencia proviene de la contradicción de tesis 293/2011 (CT 293), en la cual la

Suprema Corte estableció la doctrina de las “restricciones expresas” a los derechos humanos,

resumida así en la indicada jurisprudencia P./J. 20/2014 (http://bit.ly/1KQClHc):

las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se

relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que […] cuando en la

Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos , se

deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le

brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como

norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el

resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma.

Relacionado con la CT 293, el Varios 1396 lleva a pensar que si una resolución de la CIDH fuer

contra una “restricción [constitucional] expresa al ejercicio de los derechos humanos”, los

tribunales mexicanos —y por extensión, cualquier otra autoridad— deberán hacer caso omis

de aquel fallo para que “prevalezca” tal restricción. Esta idea es inquietante porque haría

ineficaz la pertenencia de México al sistema interamericano de derechos humanos,

desconociendo la cosa juzgada internacional y el principio de buena fe en el cumplimiento d

los tratados internacionales. La situación a que llevaría esta posición se asimila a la de cualquie

justiciable que se negara a cumplir una resolución judicial que le disguste, so pretexto de que

“va contra sus principios”.

Acrecienta la inquietud que este criterio sea parte de la tesis aislada referida al inicio de este

comentario, lo cual a grandes rasgos hace suponer que determinó la respuesta a una cuestión

jurídica (ratio decidendi), y que por ende goza de efectos vinculantes en algún grado, aunque

no de carácter obligatorio. La práctica de nuestro país estima en tal medida estos elementos,

que en los hechos la Corte puede ejercer a su través un ascendiente “moral” sobre los demás

tribunales, pese a que en términos formales su precedente no sea de aplicación forzosa.

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Para explicarnos esta decisión no se requiere un complejo ejercicio interpretativo o reformul

la “soberanía”. El examen de la ejecutoria del Varios 1396 esclarece qué decidió en realidad el

máximo tribunal, y hace concluir que esta decisión no debe verse como obstáculo al

cumplimiento de las resoluciones de los tribunales internacionales. La razón de lo anterior es la

equivocidad con que en ella se emplea el término “restricción”.

Aparte del ya indicado, el único sentido con que la Corte utiliza este vocablo en el Varios 139

apunta a las “restricciones constitucionales” al fuero militar . En el considerando octavo de su

resolución la Corte señaló in nuce que

En efecto, el mandato constitucional en comento establece dos restricciones que

no permiten una libre configuración legislativa: / (I) Está prohibida la jurisdicción

militar sobre personas que no pertenezcan al Ejército; y, / (II) Cuando en un

delito o falta del orden militar estuviese complicado un civil (paisano), conocerá

del caso la autoridad civil que corresponda.

Se deduce por lo anterior que la Suprema Corte aludió a las “restricciones”, a los confines que

Constitución impone a la justicia castrense, no a una “restricción expresa al ejercicio de los

derechos humanos” . Desde luego que el fuero militar solo puede extenderse al ámbito que

constitucionalmente se le haya otorgado y que ninguna autoridad —ni la legislativa— puede

llevarlo más allá del perímetro con que la ley fundamental lo ha “restringido”; y por otra parte

las “restricciones expresas” a que alude la jurisprudencia P./J. 20/2014 son las que prevé la

Constitución para “el ejercicio de los derechos humanos”. La Corte refiere dos objetos distintocon el término “restricción” en el Varios 1396; y la diferencia entre ellos es determinante.

Me parece insostenible que la extensión del fuero militar sea un derecho humano al cual

aplique la CT 293. No hay un “derecho (humano) a someterse a la justicia castrense” que sea

“restringido” por lineamientos constitucionales en los términos de la jurisprudencia P./J.

20/2014; el derecho fundamental aquí presente es justamente lo contrario: la inmunidad frent

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a esa potestad jurisdiccional como posición tutelada por el artículo 13 de la Constitución,

fortalecida —no “restringida”— por las mencionadas sentencias de la CIDH y por lo que

efectivamente resolvió la SCJN en el Varios 1396.

La alusión a la jurisprudencia P./J. 20/2014 no fue indispensable en el Varios 1396, y de ningún

modo determinó las conclusiones a que la Corte arribó en él. Por tanto, atendiendo a laigualdad en la aplicación de la ley en que se basa la fuerza del precedente judicial, esta

referencia no puede tomarse por la ratio decidendi de esta resolución ni tener efecto

vinculante, sino que ha de considerarse un mero obiter dictum , algo “dicho de paso” por el

tribunal.

Sin embargo, de persistir en sus descontextualizados términos, la tesis P. XVI/2015 fomentará l

idea de que México podría desconocer las resoluciones de la jurisdicción internacional con

base en una “restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos”. Pero muy al margen de

lo que puede discutirse en torno a ella, esta cuestión no fue objeto del pronunciamiento de la

Corte en el expediente Varios 1396, cuya resolución no contiene estudio ni conclusión a su

respecto. De esta suerte, dicha tesis induce a una confusión innecesaria e inconveniente

porque da una impresión errónea de lo que decidió la Suprema Corte. En tal virtud, pienso qu“por seguridad jurídica debe corregirse [dicha] tesis y darse a conocer el verdadero criterio de

[Pleno de la Corte] que no fue reflejado con fidelidad [en ella]”.

Rubén Sánchez Gil. Doctor en Derecho por la UNAM. Profesor en la Facultad de Derecho de

la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Investigador Nacional nivel I del Sistema

Nacional de Investigadores. Twitter: @RSanchezGil (http://www.twitter.com/RSanchezGil)

Cursivas añadidas.

Cursivas añadidas.

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¿Es constitucional la "LeyPeña Nieto"?

(http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=814)

Véanse los artículos 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 27 de la

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Cfr. SJF 1011727 (http://bit.ly/1L2Pkce

Cfr. artículo 2.A delAcuerdo General 20/2013 del Pleno de la SCJN (DOF, 12 de diciembre de

2013 (http://bit.ly/1O0xbg2)).

Véase Taruffo, Michele, Cinco lecciones mexicanas: Memoria del Taller de Derecho Procesal ,

México, TEPJF, 2003, pp. 204-205, http://bit.ly/1OrtLWe (http://bit.ly/1OrtLWe).

Como la que intenté en “¿Qué sucederá con el principio pro persona?”, El Mundo del Abogad

México, año 17, núm. 194, junio de 2015, pp. 46-49 (versión electrónica en

http://bit.ly/1cA1VoR (http://bit.ly/1cA1VoR)); y el mucho más ampliamente efectuado por

Alejandra Medina Mora F., Pedro Salazar Ugarte y Daniel Vázquez en Derechos humanos y

restricciones. Los dilemas de la justicia , México, Porrúa-UNAM, 2015.

Cfr. SJF 246982 (http://bit.ly/1KR9Uc7).

Cursivas añadidas.

Cfr. SJF 2005530 (http://bit.ly/1KRjnzg).

SJF 181761 (http://bit.ly/1P5eybS).

Te recomendamos:

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Para entender (y no olvidar)

el caso Atenco


Los jornaleros de SanQuintín ante la ComisiónInteramericana


Crítica (http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?cat=52).

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