Ley de abastecimiento: intervenciones tibias y neo-liberalismos recargados

Por Emiliano López

El Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de regulación del consumo, la producción y los precios que armó revuelo mediático bajo el título de “Ley de Abastecimiento”. En realidad son tres proyectos que se engloban bajo el nombre de Relaciones de Consumo y que apuntan al establecimiento de un nuevo sistema de defensa del consumidor, a una nueva propuesta para el control y monitoreo de precios y, por último, a una reforma de la Ley de Abastecimiento del año 1974, ya flexibilizada en 1991.

Sin duda, los proyectos que provocan mayor escozor entre las organizaciones patronales y las oposiciones conservadoras, son las últimas dos iniciativas que mencionamos. Por un lado, el monitoreo de precios de acuerdo al proyecto estará a cargo de un Observatorio mixto conformado por representantes de los diferentes ministerios nacionales y tres integrantes de asociaciones de usuarios y consumidores legalmente reconocidas. En el proyecto se plantea la posibilidad de esta nueva entidad para actuar de oficio en el control de los precios y la disponibilidad de bienes, y podrá elevar un dictamen a la Secretaría de Comercio sobre conductas que pudieran distorsionar el mercado. Por otro lado, el proyecto que modifica la ley 20.680 de abastecimiento apunta a efectivizar las penalidades y distorsiones que sean detectadas por el mencionado Observatorio. La Secretaría de Comercio podría aplicar precios mínimos o máximos, presentar una exigencia de continuidad de los servicios, garantizar los volúmenes de producción que se colocan en el mercado, entre otros puntos relevantes, a través de multas, clausuras de la empresa, suspensiones en la prestación de servicios al Estado, inhabilitación y pérdida de concesiones. Un punto no menor, que ha sido reivindicado por los medios afines al gobierno nacional, es el hecho de que la modificación de la ley remueve la posibilidad de expropiación estatal, la suspensión de patentes y el arresto de los responsables empresariales.

Las reacciones empresarias: neoliberalismo del siglo XXI

Más allá de la imprecisión en la que aún permanecen los proyectos de ley, la reacción empresaria no tardó en llegar. Las asociaciones empresarias de mayor peso mostraron los dientes y criticaron la propuesta del oficialismo porque favorece una “intervención estatal arbitraria que desincentiva la inversión, el aumento de los precios y el deterioro del mercado de trabajo”. Y la oposición conservadora salió a apoyar estos reclamos de los empresarios con iguales argumentos neoliberales.

Desde su punto de vista, el problema es siempre la intervención estatal. En sí, su postura se basa exclusivamente en aquel mito de “achicar el Estado es agrandar la nación”, cuando la historia

reciente de nuestro país no deja dudas de los resultados a los que ha llevado esta premisa para el pueblo trabajador.

Una regulación estatal débil

La propuesta de regulación intenta hacer más aplicables las sanciones hacia quienes desabastezcan mercados o aumenten los precios sin justificación. Como en otras oportunidades, parece que la posición del gobierno desconoce al menos dos aspectos clave.

El primero de ellos, de carácter más netamente económico, es que los cambios en los esquemas de fijación de precios no pueden lograrse a través de tenues regulaciones sino mediante cambios en la estructura económica. En una economía donde el 90% de la producción y comercialización está en manos privadas, con una concentración en cada rama de actividad que no es menor al 75% salvo alguna excepción, donde el 86% de las empresas más grandes son extranjeras, difícilmente pueda modificarse el poder para fijar precios a través de algunos subsidios selectivos, multas e inhabilitaciones.

El segundo aspecto, en un plano más político, es que el gobierno realiza propuestas abstractas sin alentar las correlaciones de fuerzas necesarias para alterar la estructura de poder económico que rige la vida de la mayor parte del pueblo. Sin cambios más profundos, sin una incidencia estatal y de las organizaciones populares en el control de la producción y la comercialización de productos, difícilmente se logre un control efectivo del poder económico de los dueños del país.

En este como en otros temas de la política nacional, la discusión parece polarizada entre “lo posible” y las alternativas conservadoras. Consideramos que una alternativa popular a esta falsa disyuntiva debe defender necesariamente una mayor intervención estatal, pero que tenga como objetivo la transformación de la estructura de poder económico vigente y la mejora constante de los niveles de vida del pueblo trabajador. Esta lógica de la intervención estatal, que no está en discusión en los grandes medios, sólo puede ir acompañada de una mayor participación popular que modifique sustancialmente las relaciones de fuerza existentes en el plano económico.