Ley

Orgánica

De Procedimientos

Administrativos

INTRODUCCIÓN

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Desde las civilizaciones antiguas las sociedades humanas han debido

suministrar los recursos con los cuales hacían y hacen frente a sus

constantes necesidades. Inicialmente el grupo que controlaba el poder en la

comunidad era el mismo que determinaba cuál era la mejor forma de

satisfacer los requerimientos comunales.

Hasta el siglo XVIII, como hemos explicado, la idea de Estado se

encontraba confundida con la persona del monarca, baste recordar la frase

de Luis XV, con la cual con la cual se ilustra el fenómeno de plenipotencia al

ser él, el máximo exponente del absolutismo: "El Estado soy yo". Con el

advenimiento de la Ilustración en occidente, la precisión de los elementos

que integran el Estado moderno, tal y como hoy lo conocemos, se

conformaron plenamente. El gobierno se entendió, a partir de las ideas de los

filósofos políticos de la época, sólo como uno de los elementos del fenómeno

estatal, al cual, la población que es la esencia de la existencia del Estado, le

puede organizar, estructurar y modificar para lograr el beneficio de la

sociedad.

Hoy la mayor parte de los Estados han conformado su estructura

gubernamental según las pautas de la división de poderes; que fue la

respuesta que Montesquieu encontró para ofrecer una solución al

absolutismo despótico que privó en Europa hasta el fin de la edad Media.

La Administración Pública:

2

Se puede definir como el contenido esencial de la actividad de

correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión,

que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para

suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las

necesidades públicas y lograr con ello el bien general, dicha atribución tiende

a la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico

especializado que norma su ejercicio y se concreta mediante la emisión y

realización del contenido de actos administrativos emitidos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su

Artículo 141 la concibe así:

"La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y

se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad,

eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el

ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho"

En Venezuela, se rige un sistema presidencialista de gobierno, el cual

establece que el presidente de la República es a su vez Jefe de Estado y

Jefe del Ejecutivo Nacional concediéndole como atribución según la

Constitución Nacional el de dirigir la acción de gobierno más no se explica de

forma clara que es el máximo jerarca de la Administración Pública; sin

embargo el da instrucciones al coordinador de la Administración Pública y

para realizar esta actividad el mismo debe estar investido del carácter de

máximo jerarca . Por otra parte podrá nombrar y remover al Vice- Presidente

Ejecutivo y a los Ministros.

Las disposiciones constitucionales, obviamente, incidieron con mas

fuerza en el poder ejecutivo que como es sabido abarca orgánicamente las

funciones administrativas y de gobierno, al punto de que la potestad 3

organizadora, en los casos indicados en dichas disposiciones, materia de

reserva legal en constituciones anteriores se transfirió al presidente de la

república con lo cual se modifico el sistema existente con miras a flexibilizar y

optimizar la Administración Pública, entendida como organización al servicio

de los ciudadanos.

Además de las atribuciones conferidas al Presidente por la

Constitución Nacional, la LOAP le atribuye al Presidente de la República

dirigir la Administración Pública Central del Poder Nacional, análisis que

permite concluir que son muy pocas las funciones administrativas que se le

atribuyen al Presidente de la República como órgano unipersonal o en pocas

palabras

No obstante, los principios rectores de la organización y función

administrativa de la eficiencia y eficacia, plasmados en la propia Constitución

Política (artículos 140, inciso 8°, y 191), deben entenderse, en todo momento

y bajo cualquier circunstancia, subordinados a los derechos fundamentales y

deben ceder ante éstos, puesto que, constituyen el fundamento y la base de

entero ordenamiento jurídico.

La administración pública, en cuanto procura y atiende los intereses

públicos o la satisfacción de las necesidades colectivas, deben estar

provistas de una serie de prerrogativas extraordinarias. Así, se entiende por

trámites administrativos las diligencias, actuaciones o gestiones que realizan

los particulares ante los órganos y entes de la Administración Pública para la

resolución de un asunto determinado.

El Procedimiento Administrativo:

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El Procedimiento Administrativo está regulado básicamente por las

leyes específicas en cada país dentro del derecho administrativo. En

Venezuela, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Publicado en

Gaceta oficial Nº 2818 Extraordinaria de 1º de Julio de 1981. Así, los

principios generales del procedimiento administrativo Recoge las bases y

criterios para la correcta realización del procedimiento y lo constituye:.

Características

- Pluralidad; En el procedimiento confluyen múltiples actos jurídicos que, si

bien se dirigen a un iso fin, cada uno cumple su función específica.

- Individualidad; Cada acto administrativo conserva su singularidad.

- Temporalidad; Los actos se proyectan en un concreto marco temporal a

través de una determinada estructura o disposición.

- Coordinación; Existe un desarrollo secuencial porque el acto posterior

viene legitimado por el acto anterior.

- Progresividad; Es necesaria la ordenación de los actos del procedimiento

en distintas etapas o fases.

- Instrumentalidad; Todos los actos se avocan a la consecución de un

determinado fin, que es el que corresponde a cada procedimiento

administrativo.

Objeto

- Controla la actuación de personas que tienen potestades para desplegar

actividades administrativas.

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- Permite materializar la función administrativa de los órganos del poder

público.

- El autorizado dirige y coordina el procedimiento.

- La administración puede corregir los vicios.

- Exige un control administrativo.

- La LOPA regula los principios generales.

Qué estudia?

- Permite encausar las actividades administrativas.

- Garantiza el derecho de los interesados/ colectividad.

- Permite el cumplimiento de principios constitucionales.

- Norma de fondo y de forma los actos administrativos.

- Permite encausar las actividades administrativas.

- Garantiza el derecho de los interesados/ colectividad.

- Permite el cumplimiento de principios constitucionales.

- Norma de fondo y de forma los actos administrativos.

El procedimiento Administrativo lo constituyen:

El principio de unidad: El procedimiento es un único proceso que tiene un

comienzo y fin. Todos los procedimientos deben resolverse

independientemente de la forma de inicio y, así mismo, deben ser

notificados.

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Principio de Contradicción: La resolución del procedimiento se basa en los

hechos y en los fundamentos de derecho, esto se consigue a través de la

comprobación de los hechos, a través de las pruebas. En general, pueden

acreditarse los hechos por cualquier medio admisible de derecho.

Principio de imparcialidad: La administración en su actuación será

imparcial, sin someterse a favoritismo o enemistades.

Abstención: los funcionarios se abstendrán y se lo comunicaran a su

superior jerárquico en los siguientes casos:

- Por tener interés personal en el asunto.

- Por tener parentesco hasta 4º grado de consanguinidad y en 2º en

afinidad.

- Por tener amistad o enemistad manifiesta.

- Por ser testigo del procedimiento.

La no abstención no invalida el acto pero crea responsabilidad en el

funcionario.

Recusación: El interesado puede solicitar la recusación en cualquier

momento del procedimiento, planteando las causas por escrito, se

comprobaran los documentos presentados y el superior lo admitirá o no, de

esta decisión no cabe recurso.

Principio de oficialidad: El procedimiento debe ser impulsado de oficio en

todos sus trámites. La administración tiene la obligación y responsabilidad de

dirigir el procedimiento, ordenando que se practique todas las diligencias

necesarias para dictar la resolución. Es responsabilidad de tramitar el

procedimiento a los titulares del órgano y el personal que esté a su cargo.

7

El interesado

El concepto de interesado se encuentra señalado en las normas

pertinentes en cada estado en concreto.

1. Son interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promueven

como titulares de derechos o intereses legítimos. Los intereses legítimos

pueden ser individuales o colectivos. También es interesado quien, sin haber

iniciado el procedimiento, tenga derechos que puedan resultar afectados por

la decisión que en el mismo se adopte o aquéllos cuyos intereses legítimos

(individuales o colectivos), puedan resultar afectados por la resolución y se

personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses

económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en

los términos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica

transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición, cualquiera que

sea el estado del procedimiento

Fases del Procedimiento El procedimiento administrativo general carece de

fases, en mérito del principio de unidad de vista, se reconocen diversos

estados en su tramitación, que son los siguientes:

Capítulo I (Iniciación)

Capítulo II (Ordenación)

Capítulo III (Sustanciación)

Capítulo IV (Terminación del Procedimiento).

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Iniciación

De oficio por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, por

orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir

un periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias del

caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

A instancia de parte. Estas solicitudes de iniciación del procedimiento

deberán reunir los siguientes requisitos:

- Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo

representa y del medio y lugar preferente para notificaciones.

Se podrán acumular varias pretensiones de contenido y fundamento idéntico

o sustancialmente similar, salvo que las normas reguladoras de los

procedimientos específicos dispongan otra cosa.

- Hechos, razones y petición en donde se concrete con claridad la solicitud.

- Lugar y fecha.

- Firma del solicitante (no tiene porque ser el interesado puede ser su

representante) o acreditación de autenticidad de su voluntad expresada

por cualquier medio.

- Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.

Con respecto a la Administración estas deberán:

- Establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes en los

procedimientos de resolución numerosa.

- Dar un plazo de subsanación de defectos en las solicitudes, pudiendo

ampliarse en algunos casos por sus características especiales.

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Además, con respecto a los solicitantes, se establece generalmente

que:

- Tienen derecho al correspondiente recibo de los escritos presentados que

acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia donde

figure la fecha de presentación anotada por una oficina.

- Tienen derecho a acompañar al modelo de solicitud los elementos que

estimen convenientes, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta

por el órgano al que se dirijan.

Respecto al lugar de presentación de las solicitudes:

- En los registros de los órganos a los que se dirijan.

- En los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración.

- En las Oficinas de Correos.

- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero.

- En cualquier otro registro que establezcan las disposiciones vigentes.

Subsanación y mejora de la solicitud

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos anteriormente

señalados y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable,

se requerirá al interesado para que, en un plazo determinado, subsane la

falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así

no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que

deberá ser dictada en los términos previstos en la norma aplicable.

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Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de

concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, a

petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los

documentos requeridos presente dificultades especiales.

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el

órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora

voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta que

se incorporará al procedimiento.

Medidas provisionales

Las normas de procedimiento establecen que, iniciado el

procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá

adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que

estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera

recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.

Algunas legislaciones establecen que, antes de la iniciación del

procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia

de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los

intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los

supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. En este

caso, las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o

levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá

efectuarse dentro de un plazo posterior a su adopción, el cual podrá ser

objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin

efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de

iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

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Por otro lado, no se podrán adoptar medidas provisionales que

puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o

que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante

la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de

circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el

momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución

administrativa que ponga fin al procedimiento.

Ordenación

La ordenación se halla conformada por todas las actuaciones que han

de preordenar el desarrollo del procedimiento hasta su finalización, para

permitir la realización efectiva de los actos de instrucción.

Como principio que rige esta fase tenemos el de impulso de oficio, a

tenor del cual no es preciso que el administrado solicite el desarrollo del

proceso, dado el interés general que anima el procedimiento administrativo.

Igualmente, se halla también presidida por el principio de celeridad,

que ha de impregnar todo el procedimiento, a la vez que por el principio de

eficacia, coordinándose ambos al exigirse que se acuerden en un sólo acto

los trámites que admitan impulso simultáneo, sin precisarse impulso

sucesivo.

Siempre que se incumplan los principios aludidos, cabe la reacción del

interesado a través de la queja o reclamación.

Instrucción

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La instrucción es el conjunto de actos por medio de los cuales se

aportan al órgano decisorio los elementos de juicio necesarios para que dicte

resolución, impulsándose de oficio sin merma del derecho del interesado a

proponer lo que convenga a sus intereses, con posibilidad de presentar

alegaciones las partes, proponer práctica de pruebas, con los informes

preceptivos y facultativos correspondientes.

Los actos de instrucción necesarios para la determinación,

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba

pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio por el órgano que tramite

el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer

aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites

legal o reglamentariamente establecidos.

Es decir, esta fase del procedimiento se halla presidida por el principio

de oficialidad. Esto significa que, aún en el caso que el interesado no aporte

los elementos de conocimiento necesarios para el debido conocimiento, debe

la Administración de oficio procurárselos.

Los resultados de los sondeos y encuestas de opinión que se

incorporen a la instrucción de un procedimiento deberán reunir las garantías

legalmente establecidas para estas técnicas de Existen una serie de trámites

que se desarrollan durante la fase de instrucción:

Trámite de Alegaciones.

Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento

anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u

otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano

competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

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En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de

tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los

plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser

subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones

podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la

correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Trámite de Prueba

- Medios y período de prueba. Los hechos relevantes para la decisión

de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba

admisible en Derecho.

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados

por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del

mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no

superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse

cuantas juzgue pertinentes.

El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas

propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes

o innecesarias, mediante resolución motivada.

- Práctica de prueba. La Administración comunicará a los interesados, con

antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la

realización de las pruebas que hayan sido admitidas.

En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se

practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado

puede nombrar técnicos para que le asistan.

En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse

pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la

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Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la

liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los

gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y

cuantía de los mismos.

Trámite de Informe

- Petición. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán

aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que

se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o

fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los

que se solicita.

- Evacuación. Salvo disposición expresa en contrario, los informes

serán facultativos y no vinculantes.

Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una

disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento

permitan o exija otro plazo mayor o menor.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la

responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán

proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe

solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean

determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá

interrumpir el plazo de los trámites sucesivos.

Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública

distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de

vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el

plazo sin que aquél se hubiera evacuado, se podrán proseguir las

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actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta

al adoptar la correspondiente resolución.

Participación de los ciudadanos

- Trámite de audiencia. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente

antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los

interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las

informaciones y datos que sean confidenciales por mandato de la ley.

Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince,

podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen

pertinentes.

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su

decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o

justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el

procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni

otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

- Actuación de los interesados. Los actos de instrucción que requieran

la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que

resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible,

con sus obligaciones laborales o profesionales. Los interesados podrán, en

todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en

defensa de sus intereses.

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En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas

necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de

igualdad de los interesados en el procedimiento.

Información pública.

El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando

la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información

pública.

A tal efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, de la

Comunidad Autónoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que

cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la

parte del mismo que se acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para

formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. La

incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los

recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por

sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten

alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la

Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas

aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas

podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de los

ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones

reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las

disposiciones y actos administrativos.

Terminación

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La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos

los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea la forma de iniciación.

Hay supuestos en los que la resolución consiste en la declaración de

las circunstancias que concurran en cada caso, con indicación de los hechos

producidos y las normas aplicables. Esto se produce en los casos de

prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o

desistimiento de la solicitud, así como desaparición sobrevenida del objeto

del procedimiento.

Se exceptúan de la obligación de resolver, los supuestos de

terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los

procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al

deber de comunicación previa a la Administración.

- Normal. La forma normal de terminación del procedimiento es mediante

una resolución que decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por el

interesado y otras derivadas del propio expediente. La decisión será

motivada en los casos en que proceda.

- Anormales. El desistimiento, la renuncia y la caducidad o abandono son

formas de finalización anormales que solo se pueden producir en los

procedimientos incoados a instancia de los particulares.

- Desistimiento. El interesado puede desistir de su solicitud siempre y

cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. No obstante la

Administración puede limitar el desistimiento si la cuestión suscitada en

el procedimiento fuera de interés general o conveniente sustanciarla. El

desistimiento no impide al interesado seguir conservando los derechos

que le amparan que podrá hacer valer, si lo desea, en otro

procedimiento.

- Renuncia. Es igual que el desistimiento, si bien el interesado que

renuncia pierde los derechos que le amparan. 18

- Caducidad. Que consiste en la paralización del procedimiento por causa

imputable al interesado una vez que la Administración le ha advertido de

la misma si no realiza actuaciones sustanciales y necesarias y han

trascurrido tres meses desde la comunicación.

- Silencio administrativo. Se produce en aquellas situaciones en las que la

Administración no ha resuelto expresamente y la Ley realiza la

presunción de que si lo ha hecho.

- Por convención. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos

con personas de derecho público o privado siempre que no sean

contrarios al Ordenamiento jurídico ni versen sobre materias donde no es

posible la transacción.

La ejecución

Las normas jurídicas suelen establecer la presunción de validez de todos los

actos administrativos y, en consecuencia, producen plenos efectos jurídicos.

Esto se denomina "ejecutividad" del acto administrativo. La ejecutividad del

acto administrativo es de interés a todos los efectos, pero especialmente

cuando los interesados obligados a cumplir el mismo no lo hacen.

Medios de ejecución forzosa

Las legislaciones establecen que los actos de las Administraciones Públicas

sujetos al Derecho administrativo son inmediatamente ejecutivos. A tal fin las

Leyes establecen distintos medios de ejecución forzosa cuando los

particulares no cumplen voluntariamente lo establecido en el acto

administrativo.

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o Apremio sobre el Patrimonio. Es el procedimiento de cobro de la

Administración de las cantidades líquidas adeudadas a la misma y que

no han sido abonadas voluntariamente. Se trata de una situación que se

aplica especialmente, aunque no exclusivamente, en materia tributaria.

Requiere que se expida el certificado de descubierto, el embargo de los

bienes del deudor y la subasta pública de los mismos.

o Ejecución subsidiaria. Es la realización por la Administración, o a través

de personas que se determinen por la misma, de actos que imponen

obligaciones de hacer y que no sean personalísimos, ante el

incumplimiento del sujeto obligado. Este procedimiento, concretamente se

prevé para el restablecimiento de la legalidad urbanística, con la ejecución

de una obra por parte de la Administración o de empresa contratada. Los

costes resultan a cargo del obligado, pudiendo seguirse para ello el

apremio sobre el patrimonio.

o Multa correctiva. Que es la imposición de multas reiteradas en lapsos

de tiempo para obligar a cumplir lo ordenado. Esta imposición de multas

esta reservada a los actos personalísimos en que no quepa la

compulsión directa, o no sea conveniente o cuya ejecución el obligado

pudiera encargar a un tercero. Las multas son compatibles con las

sanciones administrativas.

Tomando en cuenta lo anterior, y con la finalidad de eliminar la

burocracia del proceso se emite el Decreto N° 368 de fecha 5 de octubre de

1999. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.393 de fecha 22 de octubre de 1999,

sobre:

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Ley sobre Simplificación de Tramites Administrativos

La simplificación de los trámites administrativos tiene por objeto

racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares ante la

Administración Pública; mejorar su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de

lograr mayor celeridad y funcionalidad en las mismas; reducir los gastos

operativos; obtener ahorros presupuestarios; cubrir insuficiencias de carácter

fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con los

ciudadanos.

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos

De acuerdo al contenido, la ley está estructurada de la siguiente manera:

- TITULO I: Disposiciones fundamentales:

Capítulo I. Disposiciones Generales. Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Disponen los

derechos y responsabilidades de la colectividad y los entes gubernamentales

ante la resolución de los asuntos que lo afecten.

Capítulo II. De los actos administrativos. Artículos 7 al 29; se relacionan con

los requerimientos aclaratorios de los límites de acción, nulidad y jerarquía

de los actos administrativos.

- TITULO II: De la actividad administrativa:

Capítulo I. Disposiciones generales. Artículos 30 al 35; expresan los

principios, reglamentos e instrucciones referentes a la estructura y funciones

de los organismos, así como los métodos y procedimientos para la

tramitación de la solicitud.

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Capítulo II. De las inhibiciones. Artículos 36 al 40; Referidos a las

limitaciones de los funcionarios a tramitar la solicitud de acuerdo a sus

aptitudes y la designación de otro.

Capítulo III. De los términos y plazos. Artículos 41, 42 y 43. Se relacionan

con el tiempo establecido para la solicitud o tramitación de parte y parte.

Capítulo IV. De la recepción de documentos. Artículos 44, 45 y 46.

- TITULO III: Del procedimiento Administrativo:

Capítulo I. Del procedimiento ordinario. Artículos 47 al 66. Establece las

etapas básicas de tramitación de la solicitud de parte del interesado;

iniciación del procedimiento, sustanciación del expediente y terminación del

procedimiento.

Capítulo II. Del procedimiento Sumario. Artículos 67, 68 y 69. Para los casos

excepcionales que necesitan celeridad (habilitados), previa aprobación del

superior jerárquico.

Capítulos III y IV. Del procedimiento en casos de prescripción y de la

publicación y notificación de los actos administrativos. Artículos 72 al 77.

Tramitación de solicitudes generales de interés colectivo.

Capítulo V. De la ejecución de los actos administrativos. Artículos 78, 79 y

80. Regula la ejecución del acto referida por las garantías y derechos

constitucionales.

- TITULO IV: De la revisión de los Actos en vía Administrativa:

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Capítulo I. De la Revisión de Oficio. Artículos 81 al 84; Establecen la revisión

de la solicitud, procedencia, legitimidad, nulidad, correcciones, vicios, etc.

Capitulo II. De los Recursos Administrativos. Artículos 85 al 99. Del recurso

de reconsideración, del recurso jerárquico y del recurso de revisión. Indican

los mecanismos de impugnación de la respuesta solicitada en caso de ser

considerada injusta, siempre y cuando sea procedente.

- TITULO V: De las sanciones:

Artículos 100 al 106: Imponen las multas a los funcionarios que cometan

faltas contra el acto administrativo, establecidas la Ley Orgánica de la

Hacienda Pública Nacional y aplicadas por el Ministerio correspondiente.

- TITULO VI: Disposiciones Transitorias:

Artículo 107. En los procedimientos administrativos iniciados antes de la

fecha de vigencia de esta Ley, se aplicaran los plazos de la misma a partir de

dichas fechas, si con ello se reduce la duración del trámite.

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Conclusión.

Los actos administrativos constituyen una parte esencial de la

administración pública, para el logro de los objetivos que esta pretende

alcanzar.

En sentido amplio el acto administrativo se aplica a toda clase de

manifestaciones de la actividad de los sujetos de la administración publica; y

en el sentido estricto, comprende y abarca las manifestaciones de la voluntad

del Estado para crear efectos jurídicos, particularmente esta ultima, de

significación mas restringida y especifica.

Como todo acto debe estar normado por el Estado, quien establece

términos para regularlo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,

de manera detallada y tomando en cuenta tanto, las organizaciones o entes

como a la colectividad busca englobar los estatutos generales para lograrlo.

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